La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair advirtió este martes de que podría proceder a más cierres en sus bases en España si los problemas en las entregas de los aviones Boeing Max se prolongan y no puede recibir las diez unidades previstas para este año.

Así lo explicaron en un acto informativo en Madrid el director de Marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, y el responsable de Recursos Humanos, Darrell Hughes, quienes señalaron que la decisión sobre las bases a cerrar dependerá de la política comercial de la compañía.

En cuanto a las previsiones de entregas de los Max, Jacobs indicó que su expectativa es empezar a recibir las nuevas unidades en marzo o abril y que estas diez unidades estén volando a principios del verano.

Tras el cierre de las bases canarias de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote el pasado 8 de enero, Ryanair mantiene operativas en España nueve bases en las que cuenta con unos 3.000 empleados.

Estas bases están en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Girona. Además, Ryanair tiene operaciones en otros 17 aeropuertos.

Ryanair realizó un pedido de 135 aviones Max y tiene derechos para la adquisición de otras 75 unidades. Su previsión inicial era recibir 58 aeronaves en 2020, de las que como mucho llegarán diez.

“Estamos en manos de las autoridades de seguridad”, afirmó Jacobs, quien señaló que se espera que la FAA estadounidense pueda dar su autorización en marzo y que la agencia europea EASA lo haga en abril.

En cuanto a la decisión sobre las bases que se puedan cerrar, negó que esté supeditada a las relaciones con los sindicatos. De hecho, defendió que, en Alemania, donde cuenta con convenios con los pilotos y los TCP cerró dos de sus ocho bases (Hamburgo y Núremberg), porcentaje igual al de España, donde cerró tres de un total de 12. Además, desmanteló otras dos en Estocolmo y Belfast.

Como consecuencia de estos cierres, la compañía prevé que su tráfico en España en el ejercicio fiscal 2021, entre abril de este año y marzo del siguiente, se reduzca un 1,5%, rompiendo con muchos años de incrementos. En el conjunto de sus mercados, espera alcanzar los 156 millones de pasajeros, un 2% más. En España espera rozar los 51 millones.

“La única causa en la reducción de nuestro tráfico y del cierre de bases son los Max”, aseguró Jacobs, quien defendió que la demanda de sus vuelos sigue siendo muy fuerte.

Por su parte, Hughes defendió la legalidad del ERE aplicado por Ryanair en España que ha supuesto el despido de algo más de 200 empleados en Canarias y Girona, así como del nuevo modelo de contrato estacional aplicado a la plantilla que se mantiene en el aeropuerto catalán.

Además, aseguró que tanto los cien empleados que siguen en Girona como los cien de Canarias que han sido recolocados en otras bases europeas mantienen la antigüedad de sus contratos, aunque en el caso de los que han salido del país sus condiciones salariales se han adaptado a las de sus destinos.

Preguntado por las reticencias de la Inspección de Trabajo a sus nuevos contratos en Girona, explicó que la compañía se ha reunido con las autoridades laborales catalanas para aclarar que se trata de problemas “terminológicos”.

Por último, destacó que su intención es acordar convenios en España con los pilotos y los TCP y detalló que en el caso de los primeros está abierto ya un proceso negociador, algo que todavía no ha logrado con los tripulantes.

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) destacó este martes la “relativa estabilidad” en el ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2019, que sitúa en el 0,51% intertrimestral.

Así lo señaló en la actualización de su termómetro en tiempo real de la evolución de la economía española, que elabora a partir de las previsiones del crecimiento del PIB generado por el modelo ‘mipred’.

En concreto, este indicador indica que el crecimiento en el último trimestre de 2019 es 0,01 puntos superior al observado en el tercer trimestre, del 0,5%.

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La Policía Nacional intervino este martes, en un control rutinario en Melilla, más de 80 kilos de hachís distribuido en 68 paquetes y ocultos dentro de dos maletas.

Los agentes de la Policía Nacional sospecharon de la actitud del conductor de un vehículo en un control de acceso de vehículos en el Puerto Comercial de Melilla. Por ello, inspeccionaron el maletero y localizaron 68 paquetes de hachís escondidos en dos maletas.

Estas dos maletas tenían un peso más elevado del habitual, lo que también aportó sospechas a los agentes, que vieron que los paquetes estaban envueltos en cinta adhesiva, según un comunicado difundido por el Cuerpo.

El conductor aseguró a los agentes que la sustancia era «jabón», pero tras comprobar que la sustancia encontrada era hachís, se detuvo al conductor del turismo y se realizó el pesaje exacto de la sustancia intervenida, con un peso total de 80,3 kilos.

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El Consejo de Ministros aprobó este martes el nombramiento de Iván Redondo como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, una decisión con la que Pedro Sánchez le refuerza ante la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Según informaron fuentes gubernamentales, Redondo, además de seguir siendo el primer secretario de Estado y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, ampliará sus funciones al concentrar, además de todos los departamentos de asistencia a Sánchez -asuntos nacionales, institucionales, internacionales, comunicación con los ciudadanos-, la Secretaría General de Presidencia, la Oficina Económica del Presidente (Dirección General de Asuntos Económicos), el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) o las diferentes unidades de análisis.

Estas mismas fuentes también destacaron que el Consejo de Ministros ha decidido que la Secretaría de Estado de Comunicación con su actual titular, Miguel Ángel Oliver, se incorporará formalmente al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección de Redondo.

Según el decreto de estructura del Gobierno publicado ayer en el BOE, figuraba que «la Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del Gobierno, a efectos de su ejercicio», en este caso de la también titular de Hacienda, Maria Jesús Montero.

OFICINA A LARGO PLAZO

A su vez, Sánchez encargó a Iván Redondo -persona que en el PSOE no termina de encajar y a quien consideran responsable de la repetición electoral y del consiguiente descenso de escaños- la creación de la primera Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, una oficina de ‘Forest Unit’, según dichas fuentes, con la que España se suma a un “selecto grupo de países y organismos internacionales pioneros”, como Canadá, EEUU, Francia, Finlandia, Reino Unido, la Comisión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta oficina se encargará de “pensar estructuralmente en la España de los próximos 30 años” en aras de “aportar una mirada transversal, con metodología y a largo plazo, que contará con un comité de expertos de la sociedad civil y que elaborará una estrategia nacional”.

Las fuentes consultadas aclararon que “no se trata de adivinar el futuro, sino de analizar de manera sistemática la evidencia empírica disponible para identificar los posibles retos y oportunidades -demográficos, económicos, geopolíticos, medioambientales, sociales o educativos- que España habrá de afrontar en el medio y largo plazo, y de ayudar al país a prepararse ante ellos”.

También abominaron del “cortoplacismo” como uno de los “grandes defectos de la democracia”, lo que la creación de esta oficina vendría a paliar inoculando el “pensamiento estratégico” ante el cambio climático, la España vaciada o la “pérdida de relevancia económica para una nación” en la acción del Gobierno.

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, señaló este martes que las pensiones son «un pacto de Estado” en el que «todos los partidos políticos» tienen que tener «responsabilidad» y “la gente se tiene que sentar”.

Así lo dijo Garamendi durante su intervención en el Foro Justicia ICAM, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.

Garamendi señaló que la reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible a largo plazo “no es un tema que lo tiene que arreglar el Gobierno, ni lo arreglan dos ni tres… Esto es el Pacto de Toledo donde la gente se tiene que sentar”.

“Hay que saber cómo hacerlo”, incidió el presidente de CEOE, quien acto seguido pidió al nuevo Gobierno que vuelva a convocar dicha comisión parlamentaria. En este punto, recordó que fue por Podemos por lo que “saltó por los aires” ese pacto al salirse de la negociación. En su opinión, “hay margen para trabajar” en esa reforma.

Precisamente hoy, el nuevo Gobierno se reúne por primera vez y prevé aprobar la subida de las pensiones en un 0,9% con carácter general para este año que comprometió con Bruselas y no aplicó antes por encontrarse en funciones.

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El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid tendrán “de manera inminente” las pistolas táser “para su posible utilización” en las calles de la ciudad.

Así lo indicó tras visitar las obras de construcción de la nueva Unidad Integral de Distrito (UID) de la Policía Municipal en el distrito de Hortaleza, junto con la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

Almeida explicó que las pistolas táser ya están en pruebas y los agentes están haciendo los cursos correspondientes “para la adecuada utilización de los mismos como medio de defensa por parte de la Policía Municipal”.

200 PISTOLAS TÁSER

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el regidor madrileño anunció que dotaría a los agentes con más de 200 dispositivos eléctricos defensivos, dentro de una medida de “dotar de medios proporcionados y garantistas a los agentes en situaciones en las que se pueden producir lesiones a los propios policías o a terceros”.

El Ayuntamiento destinará a esta medida cerca de 500.000 euros -unos 2.000 euros por táser- que se distribuirán entre las 22 unidades de la Policía Municipal. Tras el anuncio de esta medida, Inmaculada Sanz, señaló que los agentes iban a ser instruidos para el empleo tras superar una “capacitación específica”.

“Vamos a hacer un protocolo perfectamente estudiado, tomando como ejemplo los más de 100 países que los tienen”, defendía en su momento la delegada del Área de Seguridad y Emergencias.

En España, policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra ya cuentan con estos dispositivos, mientras que agentes de países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania o Reino Unido también disponen de ellos.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertó hoy de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores.

Según sus cálculos, se pasaría de media de 967 euros por trabajador al mes en 2018 a 1.455 euros en 2020.

COAG dijo en un comunicado que es partidaria de unos salarios dignos y un empleo de calidad en el campo, “pero en un contexto de caída de rentas ( -8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado”.

”Resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con 2-3 trabajadores fijos. Nuestro coste laboral diario (69 euros), multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros al día). Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares”, señaló el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, al tiempo que vaticinó la destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas.

Esta organización pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del SMI. Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, COAG reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

COAG demanda al nuevo Gobierno una apuesta clara y decidida por el modelo social y profesional de agricultura, cuestión que cree que pasa por una cadena de valor agroalimentaria que remunere de forma justa el trabajo de agricultores y ganaderos, por la defensa del principio de preferencia comunitaria y por la exigencia en frontera a las importaciones de terceros países de los mismos estándares de seguridad alimentaria, aplicación fitosanitaria y coberturas socio-laborales de las producciones europeas.

“Estamos hablando de proteger a un modelo de agricultura con agricultores, verdadero pulmón económico y social de la España vaciada, con una gran potencial para generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural”, remarcó el directivo de COAG.

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Banca March ha encargado a Microsoft la herramienta para su gestión comercial en la nube.

March ha elegido la solución Dynamics 365 for Sales, que garantiza la seguridad de la información y permite la integración con múltiples sistemas, además de una información actualizada, centralizada y de fácil acceso.

De este modo, los gestores de Banca March aprovecharán la información existente para extraer conclusiones y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real y en las tendencias emergentes.

Asimismo, Dynamics 365 for Sales proporciona información contextual generada mediante IA que los gestores pueden emplear para centrarse en las necesidades de sus clientes forjando relaciones basadas en la confianza.

“Vimos la oportunidad de mejorar la usabilidad y agilidad de la agenda comercial como palanca para incrementar la eficacia comercial y la satisfacción de nuestros clientes. La clave del éxito del proyecto ha sido la estrecha colaboración desde el inicio con los propios gestores comerciales. Pero este proceso no termina aquí, gracias a todas las iniciativas en marcha y a la colaboración con Microsoft seguiremos avanzando en mejorar la excelencia en todos nuestros servicios”, explica Luis Javier Ruiz Fernández, director de la Unidad de Multicanalidad y Marketing Global de Banca March.

Andreaa Niculcea, responsable de la Transformación Digital de Banca March, asegura que “esta alianza con Microsoft ha hecho posible que seamos uno de los primeros bancos españoles que trabaja íntegramente en la nube y lo hemos logrado en tiempo récord. En tan sólo unos meses, el uso de la plataforma de Microsoft por parte de los gestores se ha incrementado en un 40% y también el tiempo de utilización, mejorando incluso los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas antes de la implantación”.

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Durante 2019 se crearon 94.742 empresas en España, lo que supone un 2% menos respecto a 2018 y la cifra más baja desde 2015, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B.

Las nuevas compañías surgidas en 2019 supusieron el nombramiento de 111.071 administradores, lo que, según Informa, “evidencia la existencia de unos órganos de gobierno reducidos en nuestro país”, siendo el régimen de Administrador único el más común. Tan solo el 22 % de los cargos creados este año están ocupados por mujeres.

En diciembre, el número de creaciones reflejó un incremento del 5% respecto al mismo mes del año anterior, para quedar en 7.856, cifra alejada de la más elevada del año que se alcanzó en febrero, mes en el que vieron la luz 9.428 empresas.

En cuanto al capital invertido para la creación de estas compañías, se produjo un incremento en el cómputo anual del 4%, para superar los 5.550 millones de euros, mientras que los datos de diciembre mejoraron un 7% respecto a un año antes, quedando en algo más de 455 millones de euros.

La comunidad que alcanzó más constituciones durante 2019 fue Madrid, que llegó a 22.106, un 23% del total, seguida de Cataluña, con 18.259, y Andalucía con 15.621. Madrid asciende un 0,5% respecto al año anterior, Cataluña creció un 3% (el mayor incremento en valor absoluto sumando 538) y Andalucía recortó algo más del 3% (la caída más abultada restando 539). En diciembre también fueron las que más alcanzaron, con 1.916, 1.533 y 1.252 creaciones respectivamente cada una. Además de Cataluña y Madrid, tan solo Castilla León, La Rioja, el País Vasco y Ceuta mejoraron sus datos en 2019.

Además, Cataluña lideró la inversión de capital acumulada, con 1.161 millones de euros, un 55% más que en 2018, seguida por Valencia con 1.120 millones de euros. En diciembre fue Madrid la que más sumó, 111 millones de euros, aunque cayó un 23%.

Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio fueron los sectores donde más empresas se constituyeron, tanto en el conjunto del año, 20.918 y 18.677, con bajadas del 4% en ambos casos, como en diciembre, 1.731 y 1.484 respectivamente. El sector con un aumento de altas más destacable desde enero fue Energía, con 1.067 empresas más para quedar en 3.028.

Por su parte, Intermediación financiera encabezó la inversión en 2019, acumulando 2.420 millones de euros, el 44% del total nacional. Construcción y actividades inmobiliarias desembolsó más de 1.490 millones de euros. En diciembre, Intermediación financiera fue también el primero, con 252 millones de euros depositados, un crecimiento del 127 % respecto al último mes de 2018.

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Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, y el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, inauguraron hoy la X Edición del ‘Spain Investors Day’ (SID), el foro en el que se dan cita las empresas españolas cotizadas en Bolsa con los grandes inversores y que abre el curso económico en España.

La inauguración reunió a más de 150 inversores internacionales de diferentes países, que acuden a Madrid para conocer los planes y proyectos de futuro de las 43 empresas cotizadas españolas asistentes a esta décima edición del SID.

La secretaria de Estado destacó el momento de fortaleza, que a su juicio, atraviesa la economía española, “a pesar del complicado escenario internacional, que ha crecido una media del 2,5% anual en los últimos cinco años”.

Cifra que demuestra la preparación de nuestras cotizadas, añadió Méndez, para afrontar los grandes retos económicos. La secretaria de Estado dijo que “la economía española es más abierta y competitiva y tiene un modelo de crecimiento equilibrado”.

José Luís Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, agradeció a los inversores la confianza en la capital de España y el papel protagonista de Madrid para el ecosistema empresarial español: “Madrid representa el 12% del PIB nacional y es una ciudad abierta para los negocios, como muestra que “la mitad de las empresas del Ibex-35 tienen su sede en la capital”.

Benito Berceruelo, presidente del SID, destacó en el acto de hoy que la décima edición de este foro ha reunido más empresas que nunca, un total de 43 grandes cotizadas, lo que demuestra la importancia y consolidación del SID.

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Carmen González ha sido nombrada nueva directora de Big Bang Media, una de las compañías de la productora The Mediapro Studio que se dedica tanto a la adaptación de formatos internacionales como al desarrollo de contenido propio. Sustituye en el cargo a Alberto Carullo, que seguirá colaborando con la compañía.

En la actualidad, Big Bang produce ‘Perdida’ para Atresmedia, un ‘thriller’ emocional rodado entre Valencia y Colombia; y ‘Caronte’ para Mediaset, un drama procedimental jurídico-policiaco.

González, que fue directora general de Contenidos de Telemadrid, regresa al Grupo Mediapro donde fue directora del Departamento de I+D y Proyectos de Globomedia en el 2000. En esta productora, que actualmente forma parte de The Mediapro Studio, comenzó su trayectoria laboral en 1993 como guionista y directora de programas.

González es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y posee un premio Talento otorgado por la Academia de la Televisión.

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La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) sugirió este martes al nuevo Gobierno que la Dirección General del Agua, actualmente integrada en el Ministerio de Transición Ecológica, pase a depender directamente del ministerio que se encargará de la gestión de las infraestructuras, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al considerar que “la prioridad de la política hidrológica debe ser sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca”.

Así lo indicó su presidente, Andrés del Campo, quien recordó que en esos planes se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo, y añadió que, de no darse dicha transferencia, “convendría que dependiera de Agricultura, al ostentar ya las competencias sobre el regadío”.

Asimismo, la organización lamentó “que el agua haya ido perdiendo protagonismo en la agenda política” y consideró que esta separación de poderes otorgaría más independencia y coherencia a la política de aguas, por lo que defendió que, “aunque el actual Ministerio para la Transición Ecológica mantuviese las competencias sobre la evaluación ambiental de las actuaciones relacionadas con el agua, las relativas a su impulso y desarrollo deberían corresponder al departamento dirigido por José Luis Ábalos, ya que si ambas competencias comparten cartera son a la vez juez y parte”.

Por otra parte, los regantes confían en que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, actualmente al frente de la planificación hidrológica, “cambie de actitud y empiece a reconocer la labor del regadío como sumidero de dióxido de carbono e importante freno a la España vaciada, como incluso demuestran los datos del INE, entre otros organismos; máxime teniendo en cuenta la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, como su propio nombre indica, asumirá la lucha contra el cambio climático y la despoblación de las zonas rurales y elevará de rango las cuestiones medioambientales”.

Por otra parte, los regantes piensan que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “es la persona idónea para negociar la futura Política Agrícola Común (PAC), dada su experiencia y su amplio conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas, así como para mitigar el impacto del ‘Brexit’ en el sector agroalimentario y hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos”.

De cara a la nueva legislatura, Fenacore aboga por la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente al cambio climático, y advierte sobre la amenaza que supondría la subida del precio del agua como medida para garantizar un uso eficiente, en contra de lo que recoge el ‘Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España’, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Además, la asociación alerta de que “las presiones autonómicas atentan contra una adecuada planificación hidrológica que debe regirse por el interés común y no por los intereses localistas que a menudo se originan pensando que el agua es del territorio que la tiene más cerca”.

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La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair advirtió este martes de que podría proceder a más cierres en sus bases en España si los problemas en las entregas de los aviones Boeing Max se prolongan y no puede recibir las diez unidades previstas para este año.

Así lo explicaron en un acto informativo en Madrid el director de Marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, y el responsable de Recursos Humanos, Darrell Hughes, quienes señalaron que la decisión sobre las bases a cerrar dependerá de la política comercial de la compañía.

En cuanto a las previsiones de entregas de los Max, Jacobs indicó que su expectativa es empezar a recibir las entregas en marzo o abril y que estas diez unidades estén volando a principios del verano.

Tras el cierre de las bases canarias de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote el pasado 8 de enero, Ryanair mantiene operativas en España diez bases en las que cuenta con unos 3.000 empleados.

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Inditex aportará 8,5 millones de euros a Cáritas española durante los próximos tres años para continuar apoyando su programa de empleo para personas en situación de riesgo o exclusión social y para seguir impulsando su proyecto de recogida de productos textiles para ser o reutilizados con fines sociales o reciclados.

Según la ampliación del acuerdo firmada este martes, Inditex asignará, por un lado, 5 millones de euros hasta 2022 para promover a través de Cáritas el acceso al empleo de personas desfavorecidas en España mediante iniciativas de economía social y capacitación profesional, así como de apoyo a potenciales emprendedores.

Desde 2011, Inditex ha destinado 11,5 millones de euros a este Programa de Empleo, que ha servido para que más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad hayan encontrado un empleo y para que más de 4.600 hayan recibido cerca de 1,2 millones de horas de formación homologada.

Por otro lado, Inditex contribuirá con 3,5 millones de euros al proyecto textil de Cáritas, que fomenta la recogida de ropa y calzado usados para ser reutilizados o reciclados en un proceso que promueve la integración y contratación de personas vulnerables.

Los nuevos fondos aportados por Inditex a esta línea de trabajo irán dirigidos fundamentalmente a la instalación de 300 nuevos contenedores para la recogida de prendas en calles de diferentes ciudades en España, así como a mejorar los sistemas de trazabilidad de dicha recogida y a impulsar la red de tiendas de segunda mano de Cáritas.

En los tres últimos ejercicios, Inditex ha destinado 3,5 millones de euros a este proyecto de gestión textil, que han posibilitado la creación y mantenimiento de más de 350 nuevos puestos de trabajo para personas desfavorecidas, la instalación de más de 1.800 contenedores de recogida y la recolección de más 48.000 toneladas de prendas que han traído consigo la entrega gratuita de 1,8 millones de unidades a las tiendas solidarias de Cáritas.

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El Ayuntamiento de Madrid informó este martes de las obras de la nueva sede de la Policía Municipal de Hortaleza, que finalizarán antes de que concluya el año 2020 y que dotarán al Cuerpo de 2.765 metros cuadrados, haciendo frente al incremento de personal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó este martes las obras de construcción de la nueva Unidad Integral de Distrito (UID) de la Policía Municipal en Hortaleza, que tendrán un presupuesto de 4,2 millones de euros, según un comunicado del Ayuntamiento de Madrid.

La nueva sede contará con 2.765 metros cuadrados divididos en cuatro niveles. El sótano albergará el archivo y un vestuario para personal de servicio, la planta baja contará con el espacio de atención al público y una sala multiusos y la primera y segunda planta estarán destinadas a vestuarios, oficinas, despachos, sala de reuniones y armería.

En la actualidad, la UID de Hortaleza se encuentra ubicada en un edificio prefabricado de dos plantas y el Ayuntamiento pretende implementar un plan para sustituir también por «edificios estables» las otras siete sedes prefabricadas con las que cuenta a día de hoy la Policía Municipal.

Además de adecuar los equipos al aumento de agentes previsto y ofrecerle mejores dotaciones laborales, estas actuaciones tendrán por objeto mejorar las sedes policiales para dar así el mejor servicio de atención directa al ciudadano.

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Enrique Lorca ha sido elegido nuevo presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), con lo que sustituye a José Miguel Báez, quien llevaba en el cargo desde 1989.

La entidad celebró elecciones presidenciales el pasado fin de semana y Lorca obtuvo 156 votos, por 130 de Báez, en tanto que cinco fueron en blanco, según informó este martes la CNAE.

Nada más conocerse el veredicto de las urnas, el presidente electo elogió la figura de su predecesor. «Es justo reconocer que Báez se hizo cargo de una entidad dividida y en bancarrota, y la convirtió en lo que es hoy», comentó, antes de destacar que «la prioridad absoluta de CNAE para la nueva Junta Directiva son las autoescuelas del país, máxime en esta época complicada, llena de incertidumbres y de retos mayúsculos, pero también apasionantes».

Enrique Lorca Sánchez es licenciado en Económicas por la Universidad de Murcia, licenciado en Comercio en Europa por Manchester Metropolitan University, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia y Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA Executive) por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Está al frente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur) desde 2015, año en que también accedió a la Junta Directiva de la CNAE. En mayo de 2019 se convirtió en presidente de la Federación Europea de Autoescuelas (EFA, por sus siglas en inglés), que agrupa a las federaciones nacionales de autoescuelas de 23 países del continente.

Lorca también pertenece a la Junta Directiva de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) desde 2016 y es miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Murcia desde 2018.

La CNAE agrupa actualmente a 58 asociaciones provinciales que dan servicio a unas 8.000 autoescuelas, las cuales emplean a cerca de 32.000 trabajadores.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Iván Redondo como director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, una decisión con la que Pedro Sánchez le refuerza ante la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Según informaron fuentes gubernamentales, Redondo, además de seguir siendo el primer Secretario de Estado y el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, ampliará sus funciones al concentrar, además de todos los departamentos de asistencia a Sánchez -asuntos nacionales, institucionales, internacionales, comunicación con los ciudadanos-, la Secretaría General de Presidencia, la Oficina Económica del Presidente (Dirección General de Asuntos Económicos), el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) o las diferentes unidades de análisis.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este martes la primera reunión del Consejo de Ministros para remitir a sus integrantes una carta en la que les anuncia su decisión de establecer esta reunión al inicio de cada semana y no los viernes como era habitual, “para anticipar y programar”.

En la epístola, medio que ya empleó Sánchez cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018, dejó claro que “España necesita un Gobierno de acción, un Gobierno que se ponga manos a la obra sin perder tiempo”.

Tras llamar a la confirmación de un Gobierno “proactivo, resuelto y ejecutivo”, proclamó la importancia de “incorporar a nuestro funcionamiento métodos de organización que nos permitan planificar y anticiparnos a los acontecimientos y también responder a los problemas con premura y eficacia”.

Por ello, les anunció que las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros serán al comienzo de cada semana y no los viernes, como era habitual, para “anticipar y programar”.

Al mismo tiempo, les trasladó que las comisiones de subsecretarios, se celebrarán los jueves, y no los miércoles, como sucedía hasta la fecha, para preparar las deliberaciones y acuerdos de la siguiente reunión del Consejo de Ministros.

Sánchez preludió su carta destacando que “no cabe mayor honor ni mayor responsabilidad cívica para cualquier demócrata con vocación de servicio público” que la de servir a España y a los españoles desde el Consejo de Ministros.

Apuntó que lo inédito de la fórmula del Gobierno de coalición en España debe servir como acicate a sus miembros para “fortalecer nuestras instituciones y para ampliar el espíritu de entendimiento y acuerdo”, no sólo entre los partidos que la integran, sino también con el resto de formaciones y “entre la política y la sociedad”.

Sánchez utilizó la heterogénea trayectoria de los ministros para dejarles claro que “componemos un Gobierno plural, pero nacido con un propósito firme de unidad; un Gobierno que se enriquece con procedencias diversas, pero que tendrá una sola meta; que hablará con varias voces, pero para emitir el mismo mensaje”.

El presidente del Gobierno recordó que, por encima de las reglas y procedimientos de coordinación establecidos por los partidos que conforman la coalición, sus miembros cuentan con “dos garantías de entendimiento y lealtad”: la “voluntad común de servir a España y a los españoles” y una “visión progresista de la sociedad”.

CINCO “GRANDES TRANSFORMACIONES”

A su vez, Sánchez explicó que España debe encarar con urgencia cinco “grandes transformaciones”: el robustecimiento de su economía ajustándola a la “revolución científica y tecnológica, generando empleo de calidad”; auspiciar la cohesión territorial mediante el “entendimiento y el equilibrio”; la promoción de la justicia social y el amparo de quienes cuentan con menos recursos; la toma de acción frente a la “emergencia climática” y el desarrollo de la “transición ecológica justa” de la economía”, además de la “plena igualdad real de la mujer y de todas las personas que aún hoy soportan cualquier tipo de discriminación en sus vidas”.

Por su parte, concedió que el “espíritu activo, ejecutivo y resuelto no está ni mucho menos reñido con la actitud dialogante que deberemos desplegar constantemente”, lo que le sirvió para proclamar que “tras un largo periodo de choques y desencuentros, los españoles desean avanzar en concordia. Tras episodios demasiado frecuentes de crispación estéril, los españoles desean avanzar rehuyendo los extremismos”.

Sánchez elogió el valor de la política, como elemento anónimo de “griterío y discordia”, al afirmar que ésta es susceptible de ser “provechosa para la sociedad”, “capaz de resolver problemas y no de crear o agravar problemas”, que “no se refugia en un lenguaje hermético y habla el lenguaje de la calle”, que “sirve”, que “practique en las instituciones lo que los ciudadanos hacen cada día en sus hogares, en sus trabajos, en sus vecindarios: expresar con libertad y respeto sus preferencias, dialogar sobre las diferencias y acordar”.

Por ello, glosó las guías del Gobierno de coalición al presentarlo como instrumento con la “vocación de servir a todos los españoles”, resuelto a “dialogar para resolver las diferencias” y dueño de un “espíritu activo y resolutivo”.

Sánchez cerró su carta trasladando “toda mi confianza y todo mi apoyo” y sabiéndose acreedor de la “dedicación” y “lealtad” de cada uno de los ministros”.

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El precio medio de la vivienda en alquiler subió el año pasado en España un 8,54% respecto al año anterior, según informó este martes el portal inmobiliario ‘pisos.com’.

La vivienda en alquiler en España tuvo en diciembre de 2018 una superficie media de 124 metros cuadrados y una renta media mensual de 966 euros, con un descenso mensual del 2,03% y uno trimestral del 1,63%. En el último semestre, creció un 2,44%, y en términos interanuales se incrementó un 8,54%.

Las regiones más caras para vivir de alquiler en diciembre de 2019 fueron Madrid (1.744 euros al mes), Baleares (1.394) y Cataluña (1.249), mientras que las rentas más económicas se registraron en Extremadura (459 euros al mes), Castilla-La Mancha (585) y Galicia (596).

Frente a noviembre, el incremento más llamativo tuvo lugar en Galicia (+2,91%). El mayor ajuste se produjo en Cataluña (-2,95%). Respecto al año pasado, Cataluña (+13,55%) fue la que más subió, y el único descenso fue el de La Rioja (-3,71%).

En la clasificación de provincias por renta, en diciembre de 2019 la primera posición fue para Madrid, con 1.744 euros al mes. Le siguieron Barcelona (1.531) y Baleares (1.394). En el lado opuesto, Teruel cerró la clasificación con 387 euros mensuales. Otras provincias económicas fueron Jaén y Ciudad Real (con 424).

La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Cuenca (4,81%), mientras que la que más los abarató fue Soria (-4,77%). De un año a otro, la mayor subida fue la de Albacete (17,69%). La renta que más se ajustó fue la de Álava (-5,20%).

En cuanto a capitales de provincia, Madrid fue la más cara para los inquilinos con una renta media de 1.990 euros al mes. Le siguieron Barcelona (1.949), Palma de Mallorca (1.338). Por el contrario, Teruel fue la más barata con 431 euros de renta mensual. Otras capitales de provincia económicas fueron Lugo (442) y Ciudad Real (456). Santa Cruz de Tenerife (5,42%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Tarragona (-5,47%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a diciembre de 2018, Tarragona (14,76%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Lugo (-13,60%).

CAMBIOS LEGISLATIVOS

Según Ferran Font, director de Estudios de ‘pisos.com’, “los intentos por maniatar este sector desde el Gobierno con leyes e índices que solo protegen a una parte y que desatienden otros problemas que el alquiler lleva arrastrando desde hace años, condena esta fórmula a un eterno segundo plano cuando se habla de acceso a la vivienda”.

Para el portavoz de ‘pisos.com’, “las medidas que se avecinan van a introducir serias diferencias entre regiones y ciudades, dado que habrá territorios que acepten los límites sugeridos por Fomento y otros que desarrollen su propia normativa ‘ad-hoc’”.

Font señaló que “estas brechas harán que la inversión inmobiliaria se redistribuya geográficamente, siempre y cuando los cambios perduren en el tiempo”.

Para Font, “era inevitable que los alquileres volvieran a una senda sostenible tras tocar techo, en vez de ajustarse a iniciativas partidarias que lo único que consiguen es menos eficacia y profesionalidad”.

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, alertó este martes de que el programa económico suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para gobernar en coalición elevará el déficit público al 3,5% del PIB, lo que supondría “un problema de estabilidad”.

Así lo dijo Garamendi durante su intervención en el Foro Justicia ICAM, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.

El máximo responsable de la patronal indicó que las partidas de gasto se incrementan en casi 25.000 millones de euros, mientras que los ingresos aumentan en unos 6.300 millones, según los cálculos de CEOE, “lo que significa que nos da la impresión que el déficit este año se nos va al 3,5%, eso ya es un problema con Europa”. En esta línea, añadió que “nos puede afectar”.

También se refirió a la deuda pública, alrededor del 100% del PIB, para alertar de que esa deuda “hay que pagarla” y aunque “algunos piensen que no pasa nada, puntapié y balón para adelante, eso dura un rato y la realidad es que hay que pagarla”.

Preguntado sobre una posible fuga de cerebros por una subida fiscal que afecte a los salarios más elevados, Garamendi señaló que “es muy difícil atraer talento efectivamente si lo que estamos es cargando contra la captación de ese talento”.

El presidente de la CEOE consideró que “el tema fiscal es de los temas más peligrosos y en estos momentos que 1.700 millones vayan a venir de doble tributación puede hacer deslocalizar empresas”.

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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se negó este martes en el Pleno del Parlamento Europeo a que, tras realizar una defensa de la autodeterminación de Cataluña, intervinieran representantes de PP y Ciudadanos para trasladar a los otros diputados comunitarios su visión sobre este asunto.

El episodio se produjo durante la presentación en la Eurocámara del programa de las actividades de la Presidencia croata del Consejo de la Unión Euroea, que este país ostentará del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Durante esta sesión intervinieron, alrededor de un minuto, representantes de distintos países para hablar de las que consideran deben ser las prioridades de este semestre en la UE. Entre los parlamentarios españoles que tomaron la palabra estuvieron Puigdemont y el eurodiputado del PP Esteban González Pons.

En su intervención, Puigdemont se refirió a que la situación de Cataluña es una “cuestión interna de la UE” y comentó que a esta comunidad autónoma debe encontrársele una “solución política a través del diálogo y de la negociación”.

Añadió que para solucionar la cuestión de Cataluña la UE debe aceptar su derecho a la autodeterminación, en referencia al planteamiento de los partidos independentistas de que se permita un referéndum sobre la separación de esta comunidad autónoma del resto de España. Además, sostuvo, al respecto, que “el derecho de autodeterminación es la vía más democrática” para resolver esta cuestión.

“EL NACIONALISMO ES EL ENEMIGO”

Tras pronunciar estas palabras, la Presidencia del Parlamento Europeo se refirió a que la intervención de Puigdemont había dado lugar a la presentación de dos ‘tarjetas azules’, que es la forma que tienen los diputados de preguntar o rebatir a otros miembros de la Cámara que han intervenido. No obstante, el interpelado puede rechazar que se le conteste.

Esto fue precisamente lo que sucedió este martes, ya que Puigdemont, tras hacer su defensa de la autodeterminación de Cataluña, rechazó que intervinieran los dos eurodiputados que habían presentado las ‘tarjetas azules’. Fuentes parlamentarias informaron de que estas peticiones de palabra habían sido planteadas por la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, y el de Ciudadanos, Luis Garicano.

Asimismo, antes de que interviniese Puigdemont tomó la palabra González Pons, quien dijo que “el nacionalismo es el enemigo de la paz” y afirmó que la UE debe rechazar “a los nacionalistas, a los separatistas y a los separadores”, en clara referencia, en el caso de España, a los independentistas catalanes.

Además, este eurodiputado del PP también se refirió a que la Eurocámara debe “respetar” y “aceptar” las resoluciones judiciales de los distintos países de la UE, en clara referencia a la polémica que ha habido con las actas de eurodiputados de Puigdemont, del exconsejero Toni Comín y del líder de ERC, Oriol Junqueras, al estar los tres investigados o condenados por el ‘procés’.

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Down España presentó este martes sus cinco principales demandas al nuevo Ejecutivo, entre las que destacó el cambio en la ley educativa para impulsar de forma definitiva la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema escolar ordinario.

En un comunicado, la confederación quiso también felicitar al nuevo Gobierno por su constitución y aplaudió la creación de una vicepresidencia encargada de las políticas sociales, que permita que «la discapacidad pueda llegar a ser una política prioritaria».

Además, reclamó una regulación clara y más ayudas económicas al Empleo con Apoyo, a fin de conseguir la inserción de estas personas en entornos laborales ordinarios y no sólo en Centros Especiales de Empleo.

También pidió dedicar financiación a la investigación específica sobre Síndrome de Down y a la incidencia de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o las patologías autoimmunes en este colectivo, y reclamó un cambio en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para evitar la «discriminación» por motivo de discapacidad que, a su juicio, recoge dicha norma para los fetos diagnosticados de Síndrome de Down.

Por último, reclamó la puesta en marcha de un observatorio o un centro de registro que permita tener datos estadísticos reales y fiables sobre el Síndrome de Down, a fin de «salir del oscurantismo» y disponer de «estadísticas en las que basar las políticas públicas.

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El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, ha captado este martes 5.105,88 millones de euros en una subasta de Letras a 6 y 12 meses, la primera de 2020 con este tipo de producto.

El Tesoro se había marcado un objetivo que oscilaba entre 4.500 y 5.500 millones de euros. La demanda de los inversores ha ascendido a 9.681,52 millones.

En concreto, el Tesoro ha captado 1.005 millones de euros en Letras a 6 meses, a un interés marginal del -0,452%, superior a la referencia del -0,580% de la subasta celebrada el 3 de diciembre.

Por otro lado, ha colocado 4.100,88 millones en Letras a 12 meses, a un interés marginal del -0,440%, superior al -0,448% de la subasta celebrada también el 3 de diciembre.

Ésta es la segunda de las cuatro subastas programadas por el Tesoro para el mes de enero después de que el pasado martes captara 5.488 millones en Bonos y Obligaciones.

En su Estrategia de 2020, el Tesoro ha previsto inicialmente que la emisión neta de deuda este año sea de 32.500 millones de euros, un 7,14% menos respecto a la estimación inicial de 2019, de 35.000 millones. Sin embargo, en 2019 la emisión neta fue finalmente de 19.960 millones, un 62,8% menos respecto a la estimación inicial de 2020, por lo que el Tesoro espera hacer revisiones a la baja a lo largo del año.

En cuanto a la emisión bruta, la estimación es de 196.504 millones, por lo que el Tesoro prevé que dicha emisión cierre por segundo año consecutivo por debajo de los 200.000 millones de euros, ya que en 2019 cerró en 192.814 millones, siendo la primera vez desde 2011 que se lograba bajar de dicha cifra. El objetivo del Tesoro es que toda la financiación neta se obtenga a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo.

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El Fútbol Club Barcelona superó al Real Madrid en 2019 y arranca este año como líder en el ranking de los clubs con mayores ingresos del mundo, con 840,8 millones de euros, 83,5 millones más que su máximo rival, que pasa a la segunda posición, según un estudio presentado este martes por Deloitte.

El equipo español se alzó con la primera posición por primera vez, después de obtener unos ingresos récord de 840,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto a la temporada anterior.

Según el análisis de Deloitte, el aumento de los ingresos del F.C. Barcelona se puede atribuir “al cambio de enfoque comercial del club, siendo un factor primordial la decisión de llevar a cabo actividades de ‘merchandising’ y de concesión de licencias en la propia entidad”.

El Real Madrid descendió al segundo puesto pese a que sus ingresos sumaron 757,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% con respecto a la campaña anterior. El club mantiene las cifras registradas y se mantiene a una distancia de 45,9 millones de euros del Manchester United, tercero en el ranking.

Los 20 clubs de fútbol con mayor facturación del mundo acumularon durante la pasada temporada 9.283 millones de euros en ingresos, lo que supone un incremento interanual del 12%, récord histórico.

Al F.C. Barcelona, Real Madrid y Manchester United (711,5 millones) le siguen el Bayern Munich (660,1 millones), el Paris Saint-Germain (635,9 millones) y el Manchester City (610,6 millones).

El ‘Top 20’ está liderado por los equipos ingleses, que sumaron 3.836 millones de euros en ingresos en la pasada campaña, seguidos por los españoles (1.965,7 millones), los alemanes (1.362 millones), los italianos (1.058,04 millones) y los franceses (856,7 millones).

El Atlético de Madrid es el otro equipo español presente en este ranking, donde mantuvo la decimotercera posición, con 367,6 millones de euros, lo cual supone un incremento del 21% de ingresos con respecto a la anterior temporada.

La responsable de Deportes de Deloitte, Concha Iglesias, aseguró que “reducir la dependencia de los ingresos por retransmisión y centrarse en la explotación de sus activos ha sido la estrategia que ha dado mejores resultados a los clubs que lideran la clasificación”. “La gestión financiera y comercial de equipos como el Barcelona o el Real Madrid es una referencia para otras instituciones del fútbol europeo y mundial”, añadió.

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Enagás ha vinculado el precio de su línea de crédito sindicado de 1.500 millones de euros a la reducción de sus emisiones de CO2, un 15% en 2025 respecto a 2018.

Según indicó la compañía en un comunicado, de esta forma vincula con la sostenibilidad medioambiental esta línea de crédito, con la que cuenta desde 2013.

Esta línea de crédito, que está participada por 11 entidades financieras nacionales e internacionales y tiene vencimiento en diciembre 2024, vincula su coste al cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la compañía.

Para ello, la agencia de calificación Vigeo Eiris ha emitido una valoración positiva sobre el alineamiento de este crédito con los llamados ‘Principios de los Préstamos Vinculados a Sostenibilidad’ (Sustainability Linked Loan Principles) de la Asociación del Mercado de Préstamos (Loan Market Association).

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El Real Jardín Botánico de Madrid logró llegar el año pasado a los 415.552 visitantes, lo que le permite asentarse entre los cinco museos más visitados de la Comunidad de Madrid y como uno de los más frecuentados en toda España.

Catalogado como ‘museo vivo’, el Real Jardín Botánico programó el pasado año cinco grandes exposiciones: ‘El Buque Fantasma’, de Eduardo Arroyo; ‘Mat Collishaw. Dialogues’; una muestra de ‘PhotoEspaña’; ‘Regnum Vegetabile. La colección Van Berkhey’, de producción propia, y ‘La naturaleza de las cosas’, de Chema Madoz.

Además, en esa lista de visitantes destacan los 25.246 estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria que participaron, durante seis meses del curso escolar 2018-2019 y el primer trimestre del actual curso, en los talleres y visitas escolares que organiza el Botánico.

El Real Jardín Botánico, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está ubicado en la denominada ‘milla cultural’ de Madrid, junto a los principales museos de la capital.

Desde 2013 mantiene unos porcentajes similares en el número de visitantes. El año 2009, con una cifra superior a las 485.000 visitas, sigue siendo el de mayor afluencia desde que en 1994 se comenzara a contabilizar el número de visitantes.

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Las principales organizaciones vitivinícolas de Estados Unidos y la Unión Europea pidieron este martes en un comunicado conjunto el fin de la guerra de aranceles que enfrenta a Bruselas y Washington.

Las entidades hacen un llamamiento a los gobiernos de la UE y de Estados Unidos para que faciliten el acceso a los mercados del vino de ambas partes mediante la eliminación de todos los aranceles sobre el vino.

“El vino no debe ser objeto de aranceles de ningún tipo por disputas comerciales que le son ajenas”, afirma el comunicado. “La imposición de aranceles como represalia crea incertidumbre económica y resulta en despidos, inversiones diferidas y aumentos de precios en los mercados de forma transversal”.

El comunicado lo firma por parte europea el Comité Européen des Entreprises Vins, que reúne a 23 organizaciones nacionales de 12 estados miembros de la UE, además de Suiza y Ucrania, así como un consorcio de 4 empresas vitivinícolas europeas líderes.

En representación de Estados Unidos figura el Wine Institute, la principal organización que representa a las bodegas de California en los Estados Unidos y en todo el mundo, con más de mil empresas de caldos afiliadas.

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La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, admitió este martes que la ‘tasa Tobin’ -el impuesto de nueva creación proyectado por el Gobierno sobre las transacciones financieras- “puede afectar a los clientes” de los bancos, ya que impactará sobre “los beneficios y rentabilidades de las entidades”.

Así lo reconoció durante un encuentro informativo organizado por Club Diálogos para la Democracia con el patrocinio de Unicaja Banco que estuvo moderado por el exministro de Industria, Miguel Sebastián, y donde Delgado precisó, no obstante, que se trata de un escenario todavía por comprobar.

La subgobernadora se mostró convencida, sin embargo y en términos generales, de que “cualquier subida de impuestos afectará a la banca” al elevar el consumo de recursos y deberán ser las propias entidades las “que tendrán que tomar sus decisiones de gestión”.

“Los bancos son privados y actúan en la economía en función de las circunstancias y de las decisiones que tomen los gobiernos”, relató. Sin embargo, a renglón seguido avisó de que las entidades “tendrán que actuar con criterio” y “con responsabilidad” en función de los desafíos de gestión que encaren.

Durante su intervención la subgobernadora alertó, de hecho, de que el “inmenso” proceso de integración financiero vivido por la banca en España ha provocado una competencia, a su juicio, “preocupante” porque ha conducido a trabajar con unos márgenes “superestrechos”.

Delgado efectuó esta reflexión al ser cuestionada sobre el aumento de comisiones que comienzan a aplicar las entidades y la opinión del Banco de España sobre su aplicación a los clientes. La alta rivalidad para Delgado prueba que la creación de entidades de mayor tamaño “no implica una reducción de la competencia entre los distintos actores”.

La subgobernadora explicó que el Banco de España no ha hecho un estudio sobre la situación de las comisiones y “no opina si es mejor o peor” porque “es neutral” mientras “se mantenga la solvencia y la estabilidad” del sistema bancario en su conjunto.

No obstante, sí defendió que “los bancos tienen que buscar sus propias palancas para seguir siendo rentables en el futuro” y, entre ellas, volvió a citar las posibilidades que ofrecen las fusiones, convencida de que hay margen para mayor concentración en España ya que el ahorro de costes es la palanca más fácil de aplicar en el actual escenario.

Al ser cuestionada sobre el nuevo Gobierno de coalición y la opinión del organismo sobre sus proyectos y cuentas, Delgado se mantuvo prudente explicando que el Banco de España es “un organismo técnico” que entre sus funciones tiene el “asesoramiento” al Ejecutivo y evaluar las políticas, pero “cuando se han decidido” y de una “manera técnica”.

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El presidente del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso afirmó este martes que el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado, puede «afectar a la seguridad jurídica», al menos «formalmente».

Alonso aseguró en el Foro de Justicia ICAM que aunque el hecho de que el fiscal general dependa del Gobierno «no es una cosa atípica», «estéticamente» no le gusta «en absoluto».

«Cuando uno tiene en frente a un fiscal lo que pretende es que defienda la legalidad, beneficie o no a unos posicionamientos», dijo el presidente del ICAM, que además afirmó que un fiscal general debe estar desvinculado de cualquier partido polítcio.

Alonso aseveró que «no pone el duda» la capacidad de Delgado», pero señaló que desde un punto de vista formal, es un tema que no le gusta «en asoluto».

NUEVO MINISTRO

El presidente del ICAM también opinó sobre el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de quien tiene «una buena concepción» y a quien califica de «maginífico jurista».

Alonso comentó que, aunque se tendrá que ver «el desarrollo», a su juicio es una «persona dialogante» con una amplia experiencia como gestor y una larga vida parlamentaria.

Hay que darle tiempo al Gobierno y ver que efectivamente cumple con aquellas cuestiones que son importantes», afirmó Alonso. En concreto, el presidente del ICAM recordó los «serios problemas» con el equipo anterior en lo que se refiere al pago a los abogados, por lo que reclamó que los abogados «no pueden trabajar gratis bajo ningún concepto» y más aún cuando es «una imposición legal».

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, advirtió este martes que “cambiar de golpe todo” en referencia a la derogación de la reforma laboral “no es fácil” y que si esa modificación es para “quitarle espacio de adaptación de las compañías a las circunstancias, pues lógicamente este país creará menos empleo”.

Así lo dijo Garamendi durante su intervención en el Foro Justicia ICAM organización por el Colegio de Abogados de Madrid en el que fue preguntado sobre la derogación de la reforma laboral, que ayer prometió la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El máximo responsable de la patronal señaló que “cambiar la reforma laboral en genérico nos deja como nos deja” y derogarla al completo es “imposible”, a su juicio, aunque matizó después que eso “no va a ser fácil”.

En cualquier caso, Garamendi señaló que su organización acudirá “con un espíritu totalmente abierto” al diálogo social al considerar que “se pueden mirar cosas” de la normativa laboral, pero advirtió de que “como realmente lo que hagamos es quitarle espacio de adaptación de las compañías a las circunstancias, pues lógicamente este país creará menos empleo”.

El presidente de CEOE defendió que la reforma laboral “ha sido clave” para que no cerraran más empresas de las que lo hicieron y criticó que “mucha de la gente que dice hoy que no le gusta la reforma laboral han utilizado la reforma laboral cuando las cosas les fueron mal”.

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año que el Gobierno pretende aprobar próximamente, Garamendi señaló que es «un auténtico drama» el hecho de que el Gobierno haya reconocido que la última subida del 22,3% ha generado economía sumergida y que «no pasa nada.

A la salida del acto, Garamendi añadió en declaraciones a los medios que prevén que se les convoque a la mesa del diálogo social pronto y allí expondrán sus planteamientos de diversos temas.

Al nuevo Gobierno, Garamendi trasladó desde el citado foro el mensaje de “estabilidad y moderación, eso significa rigor presupuestario, significa ortodoxia económica que es lo que nos va a dar la confianza para que este país siga avanzando”. “Mi obligación es trabajar con lealtad institucional con quien toque”, afirmó, y agregó que la valoración del Gobierno la irá haciendo conforme vaya adoptando medidas.

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El Partido Popular exigió este martes al Gobierno que “rectifique” el acuerdo que suscribieron los máximos mandatarios del PSOE y del PNV para la investidura en todo lo que afecta a Navarra e instó al Ejecutivo a “rechazar los ataques a la identidad” de la Comunidad Foral que, a su juicio, vierte el nacionalismo vasco.

Así lo demandó el Grupo Parlamentario Popular a través de tres iniciativas -presentadas en el Congreso y firmadas por la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, y la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán-, en las que reclaman al Gobierno que “rechace cualquier injerencia en el estatus jurídico y político de la Comunidad Foral de Navarra”, que está “definido y amparado en el Amejoramiento del Fuero y en la Constitución española”.

El PP recuerda que el pasado 30 de diciembre se hizo público el acuerdo suscrito por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, para apoyar la investidura del primero, en el que se incluía el traspaso en seis meses de las competencias de Tráfico a Navarra, así como determinar los objetivos de déficit en el marco de las Comisiones Mixtas de Concierto vasco y Convenio navarro.

Según el partido de Pablo Casado, resulta “sorprendente, por no decir indignante” que Sánchez y Ortúzar acuerden asuntos que corresponden a las instituciones navarras, por lo que en estas iniciativas remarcan que esa “intolerable injerencia” debe ser rechazada en todos sus términos, no sólo por el contenido sino también por la forma “ofensiva, invasiva y de total intromisión” en los asuntos de Navarra.

Por ello, el PP insta al Gobierno a “no tomar en consideración los acuerdos suscritos entre el PNV y el PSOE en todo lo que se refiera a la Comunidad Foral de Navarra”. Además, pide al Ejecutivo que rechace cualquier injerencia en el estatus jurídico y político de Navarra.

También demandan desde el PP que “la Guardia Civil de Tráfico y el resto de unidades se queden en Navarra”, ya que son “parte importante de la Comunidad Foral”. Así, con una de sus proposiciones no de ley los populares quieren que el Congreso inste al Gobierno a “manifestar reconocimiento y afecto a la Guardia Civil por el trabajo que desarrollan en Navarra y en el conjunto de España”.

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La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) pide al nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, que impulse las políticas universitarias para convertirlas en “una prioridad”. Por ello, insiste en que el nuevo marco legislativo favorezca la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria y en incrementar la financiación pública y privada.

Para la CCS, que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de las universidades privadas, la creación de un Ministerio de Universidades “debe permitir concentrar esfuerzos para trabajar en los urgentes cambios que necesita la educación superior para no seguir alejándose cada vez más de los estándares internacionales”.

En una nota, los consejos destacan la trayectoria profesional y conocimiento de la realidad universitaria del nuevo ministro, lo que en su opinión “abre una vía de esperanza y optimismo” ante las necesarias reformas de la universidad que los Consejos Sociales, representantes de la sociedad en la universidad pública, vienen reclamando desde hace años.

Como ha venido reiterando el presidente de la conferencia, Antonio Abril Abadín, la ausencia de dichas reformas “impacta negativamente de manera directa en la formación de nuestro capital humano, científico y tecnológico, que es nuestra mejor baza para seguir avanzando en crecimiento económico y bienestar social en el mundo digital global y competitivo de nuestro tiempo”.

Asimismo, la CCS reclama que las nuevas políticas universitarias faciliten la cooperación público-privada, la transferencia del conocimiento a la sociedad y mejoren la internacionalización de la institución y favorecer la empleabilidad de los estudiantes.

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Más de 30.000 personas presentaron una reclamación contra alguna aerolínea a lo largo del año 2019 a través de la plataforma ‘reclamaciondevuelos.com’, cifra que representa el doble de la registrada durante el ejercicio 2018. Vueling fue la más reclamada, con un 32% del total de denuncias.

Así lo anunció este martes la compañía a través de un comunicado en el que también precisó que a continuación aparecerían Iberia, con un 23%; Ryanair, con un 17%; Avianca y Air Europa, con un 6% cada una y Tap Portugal, con un 3%.

Los retrasos aglutinaron el mayor porcentaje de reclamaciones y la plataforma recibió 16.000 denuncias motivadas por retrasos de más de tres horas en un vuelo, cifra que también dobla las reclamaciones recibidas por el mismo motivo en el año anterior.

La segunda reclamación más habitual fue la cancelación de vuelos, que derivó en 6.350 reclamaciones y, tras ella, los retrasos y las pérdidas de conexión, con 3.100 reclamaciones.

A continuación se situó la pérdida de equipaje, con un total de 2.900 reclamaciones y la denegación de embarque, problema que se tradujo en 620 reclamaciones.

En este contexto, en 2019 la plataforma logró 4,6 millones de euros en indemnizaciones para los pasajeros afectados, cifra con la que, según su CEO, Rafael de la Peña, ésta ha “conseguido” que las compañías “que intentan esquivar las reclamaciones se vean obligadas a pagar en el 98% de los casos”.

Frente a ello, según sus cálculos, sólo el 5% de las reclamaciones realizadas directamente por los clientes para denunciar retrasos, cancelaciones, overbooking o problemas con el equipaje fueron aceptadas por las respectivas compañías.

Entre sus objetivos para 2020, De la Peña subrayó el reto de “doblar” el número de reclamaciones gestionadas y alcanzar los 10 millones de euros en indemnizaciones conseguidas.

“Nacimos para velar por los derechos de los pasajeros y esa sigue siendo nuestra misión y el reto que marcará 2020”, agregó en relación a un proyecto que, en los próximos meses, también pretende seguir contando con la “confianza de los usuarios” así como “sentar las bases” de su expansión internacional en Europa.

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CCOO denunció este martes que las enfermedades profesionales “son la gran cuenta pendiente de la prevención de riesgos en España”, después de que ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicara los datos de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social (Cepross), que reflejan que 2019 cerró con 27.343 partes comunicados de enfermedad profesional, un 13,5% más respecto a 2018.

“Las enfermedades profesionales son la gran cuenta pendiente de la prevención de riesgos en España” señaló Pedro J. Linares, secretario de salud laboral de CCOO, quien reclamó que “el nuevo equipo al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social debe tomar medidas para mejorar el procedimiento de notificación de contingencias profesionales que limiten los criterios economicistas que vienen aplicando tanto las Mutuas como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como actualizar el real decreto de enfermedades profesionales, añadiendo agentes, patologías y actividades laborales relacionadas para las que ya existe la suficiente evidencia científica”.

Para el sindicato, “existe un consenso extendido sobre la existencia de un enorme subregistro de enfermedades causadas por el trabajo, debido a que la mayoría de los casos son derivados a los Servicios Públicos de Salud como enfermedad común, con el consiguiente perjuicio para las trabajadoras y trabajadores afectados, para las cuentas de la sanidad pública y para la propia prevención en las empresas porque lo que no se registra no se previene”.

Por ello, CCOO considera que el incremento de la notificación de enfermedades profesionales” es una buena noticia para el objetivo de aflorar estas enfermedades profesionales, pero lo hace a un ritmo claramente insuficiente para poder visualizar el volumen real del daño causado”.

La central sindical destacó que las enfermedades causadas por agentes físicos agrupan el porcentaje mayoritario de los partes comunicados, el 85% en 2019, fundamentalmente por los trastornos musculoesqueléticos (80% del total), mientras que los casos de cáncer comunicados como enfermedad profesional sólo suponen un 0,2%: 63 partes, 41 de ellos con baja, “cuando las estimaciones más conservadoras de cáncer profesional en España se sitúan en torno a los 10.000 nuevos casos anuales”.

Asimismo, resaltó que “es significativo” el caso de las enfermedades producidas por el polvo de sílice cristalina, un agente cancerígeno para el que el anterior Gobierno proponía duplicar el límite de exposición profesional en el marco de la trasposición de la nueva Directiva de Cancerígenos y Mutágenos. En 2019 se comunicaron 462 silicosis y 5 cánceres de pulmón debidas a la exposición a este agente, frente a los 367 y 1 de 2018. La silicosis era una enfermedad en regresión en España hasta que hace aproximadamente una década volvió a experimentar un crecimiento en su notificación: en 2009 se comunicaron 203 partes de enfermedad profesional por silicosis frente a los 462 de 2019.

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La Universidad Complutense de Madrid (UCM), en colaboración con Metro de Madrid, ha abierto la convocatoria de CronoTeatro, una iniciativa que consiste en representar piezas teatrales de entre 2 a 6 minutos de duración en un espacio no convencional como es el Metro de Madrid.

Según los promotores de este original certamen, dirigido por César Barló, las propuestas deberán estar basadas en ‘Universos sostenibles’.

Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas hasta el día 13 de marzo a ‘cronoteatro@gmail.com’ y un comité de personas del ámbito del teatro y la literatura seleccionará las seis mejores piezas, que se representarán en la 7ª edición de CronoTeatro, que se celebrará del día 20 al 24 de abril, coincidiendo con la Semana de las Letras UCM.

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La Policía Nacional ha desmantelado en Cantabria una red criminal dedicada, presuntamente, a la trata y explotación sexual de mujeres procedentes de Colombia, en una operación iniciada tras la denuncia telefónica de un ciudadano al número habilitado a tal efecto.

Según informó la Policía, una denuncia telefónica recibida en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional (teléfono 900 10 50 90) reveló la existencia de una organización criminal de carácter familiar y origen colombiano que explotaba sexualmente a mujeres en dos pisos de citas ubicados en Santander y Torrelavega.

La operación policial ha finalizado con la liberación de tres mujeres y la detención de ocho integrantes de la red: cuatro en Santander, tres en Torrelavega y uno en Vinaroz (Castellón).

El grupo se dedicaba, presuntamente, a captar mujeres en situación de gran vulnerabilidad y extrema necesidad para, con falsas promesas laborales, trasladarlas desde Colombia hasta España, donde finalmente eran obligadas a prostituirse.

Estaba liderado por una mujer que dirigía toda la red desde el municipio cántabro de Torrelavega. En el siguiente nivel de la organización se encontraban sus dos hijos, que se encargaban del traslado de las mujeres a Cantabria, el control de los pisos de citas y de la gestión de los anuncios de los servicios sexuales en diversos portales de Internet.

Por otro lado, la red contaba con un captador, residente en Colombia, que era el encargado de captar a mujeres vulnerables y entregarlas el dinero necesario para que éstas pudieran viajar a la Península.

Una vez en España, las mujeres eran trasladadas a los dos pisos de citas, donde eran recibidas por las encargadas o “mamis”, último escalón de la red. En esos pisos eran obligadas, bajo amenazas y coacciones, a ejercer la prostitución para hacer frente a la deuda que habían contraído por los gastos del viaje y que ascendía a más de 5.000 euros.

Eran vigiladas a través de cámaras instaladas en los pisos y sólo podían salir a la calle una hora al día acompañadas por algún miembro de la organización.

Las “mamis” eran las encargadas de recaudar semanalmente todos los ingresos obtenidos por las mujeres. El 50 % de los ingresos de cada mujer se los quedaba la organización, y del 50% restante, cada mujer sólo podía disponer de 100 euros para sus gastos de alimentación, vestimenta e higiene; el resto de ese porcentaje estaba destinado al pago de la deuda adquirida con la red.

En los registros de los pisos y el de un tercero en Torrelavega se intervinieron 6.480 euros, varios teléfonos móviles y abundante documentación.

El Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual habilitó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico ‘trata@policia.es’ para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, siempre anónima y confidencial, pues no queda ni reflejada en la factura telefónica.

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