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COAG augura que la subida del SMI disparará un 50% los costes laborales en el campo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertó hoy de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores.

Según sus cálculos, se pasaría de media de 967 euros por trabajador al mes en 2018 a 1.455 euros en 2020.

COAG dijo en un comunicado que es partidaria de unos salarios dignos y un empleo de calidad en el campo, “pero en un contexto de caída de rentas ( -8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado”.

”Resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con 2-3 trabajadores fijos. Nuestro coste laboral diario (69 euros), multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros al día). Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares”, señaló el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, al tiempo que vaticinó la destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas.

Esta organización pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del SMI. Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, COAG reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

COAG demanda al nuevo Gobierno una apuesta clara y decidida por el modelo social y profesional de agricultura, cuestión que cree que pasa por una cadena de valor agroalimentaria que remunere de forma justa el trabajo de agricultores y ganaderos, por la defensa del principio de preferencia comunitaria y por la exigencia en frontera a las importaciones de terceros países de los mismos estándares de seguridad alimentaria, aplicación fitosanitaria y coberturas socio-laborales de las producciones europeas.

“Estamos hablando de proteger a un modelo de agricultura con agricultores, verdadero pulmón económico y social de la España vaciada, con una gran potencial para generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural”, remarcó el directivo de COAG.

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