El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, propuso este vienes a los grupos políticos comparecer en el Congreso de los Diputados por el llamado ‘caso Dina’, como ya han pedido PP, Vox y Ciudadanos, pero dentro de una nueva comisión de investigación más amplia sobre las «cloacas» policiales y mediáticas, en la que se pueda llamar a declarar también a exmiembros del Gobierno como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, al excomisario José Villarejo y a periodistas.
Lo hizo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, la primera que concede desde que empezaron a publicarse informaciones acerca de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón podría imputarle en el caso tras retirarle la condición de perjudicado y también extractos de chats internos de Podemos que atestiguan la coordinación y complicidad de los abogados del partido y los fiscales anticorrupción de la causa.
El vicepresidente no aclaró si aceptará las solicitudes de comparecencia específicas si no se acepta su propuesta de comisión de investigación y, por lo demás, se reafirmó en su tesis de que él y Podemos deben seguir teniendo condición de parte perjudicada en la causa porque una copia del contenido del móvil de su exasesora Dina Bousselham apareció dentro del ordenador de Villarejo en un registro.
Lo atribuyó a que se intentó desacreditar a Podemos y a él mismo buscando primero indicios de un delito, luego de algún escándalo sexual a costa de la dignidad de su exasesora y, al final, sólo encontraron “una jota cantada por Echenique” (la versión humorística de ‘Chúpame la minga, Dominga’) y el “comentario muy desagradable” que él vertió diciendo que azotaría a la periodista Mariló Montero y por el que recordó que ya se disculpó, aunque lo atribuyó al contexto de charla privada.
Iglesias atribuyó las recientes publicaciones a “un nuevo intento de desestabilizar al Gobierno y sacar a Unidas Podemos del Ejecutivo”, igual que las inmediatamente posteriores a las elecciones de junio de 2016 habrían pretendido, a su juicio, impedir una coalición con el PSOE. Y, como entonces, auguró que éstas no tendrán ningún recorrido judicial, porque a su modo de ver no pretenden tenerlo, sino que sólo buscan espacio y tiempo en los medios de comunicación con el objetivo de “difama, que algo queda”.
En la vertiente judicial, descartó la posibilidad de que el juez le impute por daños informáticos al móvil de Bousselham. “No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto?”, exclamó con vehemencia. Apelando al último testimonio de su exasesora, que contradijo el primero, Iglesias dijo que “Dina en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera un mínimo deterioro”.
Explicó que el expresidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó a él la copia de la SIM del móvil diciéndole que era la única, algo que atribuyó a que así se lo dijeron al propio empresario, no una mentira suya. Entonces, al examinar el contenido del móvil, con muchas fotos íntimas de la chica, explicó: “Tomo una decisión: no someter a Dina a más presión. Habían salido informaciones que decían que teníamos una relación”.
Según esta versión, sólo cuando algunos medios de comunicación publican el contenido del teléfono, él le entregó la copia diciéndole: “Compañera, aquí está”. Y, ante la pregunta de si se la devolvió en buen estado, aseveró: “Por supuesto que sí”. Iglesias también descartó que la propia Bousselham divulgara copias de su móvil, preguntando si “una mujer de veintipocos años”, como la describió una y otra vez, iba a pasar fotos íntimas suyas a “tipejos” como los policías y periodistas implicados. No desmintió, eso sí, que los pantallazos que dieron lugar a las noticias que se publicaron en 2016 los divulgara ella misma.
Respecto al último punto en liza, si los fiscales anticorrupción dieron información privilegiada a los abogados de Podemos a finales de 2018, Iglesias repuso que, en el ejercicio de su independencia de criterio, “ha habidos momento en los que nuestros criterios como perjudicados han sido compartidos por la Fiscalía y ha habido otros momentos en los que no”.
SERVIMEDIA
La mano humana y en especial las imprudencias se encuentran detrás del 98 por ciento de los fuegos de Gran Canaria, queden en conatos o se conviertan en incendios, de ahí estas restricciones que abarcan la quemas ya sean forestales o agrícolas, da igual si es para quemar rastrojos, leña, basura o lo que sea, todas absolutamente todas están prohibidas hasta el 30 de septiembre, así que los permisos concedidos quedan como siempre suspendidos hasta esa fecha.
