La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 entidades sociales, pidió este viernes al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y a la portavoz social, Sara Giménez, que sitúen «lo social» en el centro de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo manifestó el presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante la reunión que una representación de la plataforma mantuvo con el grupo parlamentario para analizar la situación de las ONG de ámbito estatal y el peligro que supone para su acción social la merma de ingresos a los que se enfrenta en un contexto de crisis social y económica, que requiere más que nunca de su presencia e intervención.

Durante el encuentro, Poyato, explicó la “fragilidad económica” que viven las entidades sociales debido, principalmente, al modelo de subvenciones actual y aseguró que esto se ha acentuado aún más por la pandemia del coronavirus, llegando en ocasiones a estar “al borde del colapso” ante tanta demanda social.

En este sentido, defendió la propuesta del Tercer Sector de crear un fondo de emergencia financiera y económica superior a los 500 millones de euros para poder proteger y acompañar socialmente a los más de seis millones de personas en situación de pobreza o exclusión que se atienden de manera anual y que debido al coronavirus han aumentado de manera exponencial.

Además, insistió en que las ONG necesitan fórmulas compensatorias de financiación, a corto y largo plazo, que dejen atrás el modelo de subvenciones actual, para paliar los graves desajustes que están padeciendo las entidades sociales y afrontar con garantía y solvencia el desafío social.

Los representantes de Ciudadanos coincidieron en que es necesario que el Tercer Sector disponga de esa financiación estable y duradera que le permita seguir trabajando con garantía y solvencia. Así, se comprometieron a impulsar la mesa de diálogo entre Tercer Sector y el partido para trabajar, con una interlocución fluida, y poder sacar adelante iniciativas sociales.

La reunión, en la que ha participado también el secretario general de la PTS, Rafael de Lorenzo; el vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil, Luis Cayo Pérez Bueno, y la directora ejecutiva, María José Juanes, se enmarca dentro de la campaña #TercerSectorEsencial, una iniciativa que tiene como objetivo defender que las ONG de Acción Social son las que, con sus estructuras, redes e intervenciones, están contribuyendo a dar respuesta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables de la sociedad. La PTS ya se ha reunido con el líder del PP, Pablo Casado, y con el grupo parlamentario socialista.

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Junts per Catalunya acusó este viernes al PSOE y al PP de querer aprovechar la pandemia por coronavirus para recentralizar competencias de sanidad que ahora tienen las comunidades autónomas, motivo que señaló como uno de los que impiden el acuerdo con su grupo en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, el portavoz de Junts, Ferran Bel, subrayó que su grupo ha sido “crítico” desde el primer momento con los trabajos de esa comisión, y su escepticismo se ha ido confirmando con el tiempo.

Denunció que la gestión de los tiempos ha sido “pésima”, ya que primero estuvieron “dos semanas y media sin hacer nada”, intentando pactar una metodología que finalmente fue “impuesta” por la mayoría parlamentaria, y después de las muchas horas de comparecencia, lo más positivo del proceso, en menos de una semana se han tenido que redactar los borradores y las enmiendas.

De las más de cien enmiendas presentadas por su grupo, explicó, algunas se han aceptado con o sin transacción, pero las más sustanciales han sido aparcadas. Por ello, avanzó que, previsiblemente, solo votarán a favor del documento de trabajo sobre la Unión Europea, porque en los demás no hay posibilidad siquiera de una “pequeña aproximación”.

Particularmente en materia sanitaria y social, denunció no sólo una “pulsión recentralizadora”, sino una “voluntad política de aprovechar la pandemia para retirar una parte, de forma sutil o no tan sutil, de competencias” que ahora ejercen las comunidades autónomas.

Además, denunció que los documentos de conclusiones son “muy genéricos”, a modo de declaración de intenciones, sin memoria económica y sin calendario, con lo cual “la credibilidad es escasa” en cuanto a la puesta en práctica de esos compromisos.

Aseguró, sin embargo, que Junts mantendrá vivas sus enmiendas y su disposición a negociar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios que lo sustentan “hasta el último momento”.

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El PP finalmente se abstendrá este viernes respecto a las conclusiones del grupo de la Unión Europea de la comisión de reconstrucción del Congreso, sobre las que los populares lograron este miércoles un preacuerdo que se esperaba pudiera conducir a un voto afirmativo de este partido, algo que finalmente no ha sucedido.

El diputado popular Mario Garcés explicó esta mañana que el “principio de acuerdo” alcanzado este miércoles por su formación con PSOE y Ciudadanos se ha quedado en eso, aunque indicó que hay “margen de mejora” hasta que el dictamen final de la comisión se vote a finales de julio en el Pleno de la Cámara Baja.

Garcés se refirió a este asunto en la sesión que esta mañana celebró la comisión de reconstrucción, que reanudará sus trabajos a las 15.00 de esta tarde para votar definitivamente las conclusiones de los grupos de la UE, sanidad, servicios sociales y economía.

Al justificar la abstención este viernes del PP en el grupo de trabajo de la UE, Garcés señaló que podrían votar a favor en el Pleno del Congreso si el PSOE accede a modificar cuestiones como la contención de la deuda pública y eliminar la mención a Gibraltar que se hace en el documento objeto de negociación, que es el elaborado por los socialistas y Unidas Podemos. El diputado popular opinó que la formación socialista no cede a estos cambios porque es “rehén” de partidos de izquierdas e independentistas.

“PUERTA ABIERTA”

A este respecto, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, señaló que los partidos del Gobierno habían incorporado al texto de conclusiones del grupo de la UE el 50% de las enmiendas de otras formaciones políticas. Añadió que el documento que se votará este viernes podía perfectamente ser apoyado por el PP, al que dejó la “puerta abierta” para seguir negociando hasta que el dictamen de la comisión de reconstrucción se vote en el Pleno del Congreso.

Gómez aludía así al hecho de que el grupo de la UE aprobase internamente este miércoles el documento de conclusiones con 165 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos), 114 abstenciones (PP, ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu) y sólo seis votos en contra, del PNV.

A su vez, Marta Martín, de Ciudadanos, se refirió a que en el grupo de la UE se había realizado un trabajo “ejemplar” que permitirá a España llevar a la UE una posición “más fuerte” porque será conjunta. Esta diputada se pronunció de esta forma después de que su partido alcanzara este miércoles con PSOE y PP un acuerdo para introducir en el texto final enmiendas conjuntas.

Otros partidos también destacaron el espíritu de consenso que ha predominado en el grupo de trabajo de la UE. Así, Ana Oramas, de Coalición Canaria, dijo que su partido sólo votaría a favor del documento de conclusiones sobre la UE debido a la disposición al diálogo de los socialistas. También anunciaron votos favorables Ferran Bel, de Junts per Catalunya, e Inés Sabanés, de Más País.

Por su parte, Lucía Muñoz, de Podemos, se refirió a que su partido “no está cómodo” al incorporar “a las derechas” de PP y Ciudadanos al consenso del grupo de trabajo de la UE, aunque afirmó que España necesita llevar a la UE una posición de negociación “fuerte”. Asimismo, defendió que esta fortaleza del Gobierno en las instituciones comunitarias permitirá negociar unos Presupuestos del Estado con las fuerzas políticas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó este viernes la “unidad” que refleja el acuerdo cerrado con el diálogo social -patronal y sindicatos- como un “mensaje de confianza” en España para la Unión Europea y el mundo en general.

Desde los jardines del Complejo de la Moncloa, que sirvió de marco para escenificar el pacto por la reactivación económica y el empleo, Sánchez señaló que la recuperación económica es el “principal cometido” que se tiene por delante mientras “mantenemos a raya al virus”.

Sánchez ensalzó que la capacidad de “alcanzar acuerdos sólidos con regularidad” con las principales fuerzas sindicales y empresariales es un “excelente indicador de la salud democrática de un país y un mensaje de confianza” que se envía a los socios europeos y también al mundo.

De esta manera, destacó también que el acto en el que se dio cita la mitad del Gobierno además de los representantes empresariales y sindicales, es “un paso y es a la vez una guía” del camino que consideró que se debe seguir para “avanzar más rápido” en la recuperación. “La unidad no sólo ha salvado vidas, sino que puede salvar empleos, la unidad salva empresas”, reiteró Sánchez.

El jefe del Ejecutivo avanzó además la recuperación de las distintas mesas de trabajo del marco del diálogo social que quedaron aparcadas para centrar todo el contacto con empresarios y sindicatos en las consecuencias de la pandemia.

Además, ensalzó que España es un país “extraordinario” en el que toca ahora estar “todos a la altura” y “las señales de estos días indican claramente que, si actuamos con unidad, como hoy estamos haciendo, podemos hacer que la recuperación sea más pronta y más vigorosa”.

“Este es el camino, la unión sincera. Cuando España acuerda, España avanza, gana en confianza y en futuro. Protejamos empleos y empresas, y avancemos unidos a ese futuro de recuperación económica y de transformación”, remachó.

En este contexto, defendió la “convicción de que la Unión Europea, nuestro proyecto común, tiene que confirmar definitivamente su papel como el clavo del abanico de los planes de inversión y reforma que tenemos que poner por delante. «Unidos crearemos un proyecto común, transversal, basado en el acuerdo y en la negociación, para el relanzamiento de nuestra economía”, manifestó.

EMPLEO

“Aspiramos a una situación mejor que la que antes teníamos” porque “nos dirigimos a una nueva economía verde, digital e inclusiva”, sostuvo el presidente ante los agentes sociales.

En mensajes a la “confianza” de España, el presidente sumó que en las “últimas semanas” cerca de 1,5 millones de trabajadores han salido de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y la afiliación ha aumentado en 270.000 personas desde los mínimos de abril. “También los índices de consumo ofrecen cifras alentadoras dentro de la aguda problemática que afrontamos”.

Con esos datos, y tras la “caída” de este año, el presidente defendió que “vendrá la recuperación económica y en lo que queda de legislatura seremos capaces de crear, con las aportaciones del sector público y del sector privado, muchos empleos nuevos”. En sectores nuevos que van a florecer como consecuencia de la gran transformación que remos por delante” y que estará marcada por una economía “verde, digital e inclusiva” como repitió en varios momentos.

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La cuenta oficial del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la red social Twitter (@Cermi_Estatal) ha sobrepasado los 30.000 seguidores, quienes a través de este canal digital reciben información sobre la actualidad e interactúan con la plataforma representativa de la discapacidad organizada en España.

El Cermi Estatal accedió a las redes sociales a finales de 2012 y, además de en Twitter, está presente en Facebook, Instagram y Linkedin, una vez que aseguró una arquitectura especial que permite su uso por cualquier persona con discapacidad sin restricciones por ausencia de accesibilidad.

Desde sus distintas cuentas y posiciones en las redes sociales de uso más generalizado y extendido, el Cermi Estatal difunde sus propuestas y su acción de representación y defensa en favor de la agenda política de la discapacidad.

La entidad recuerda que “las redes sociales, como tantos otros entornos y soportes, siguen presentando barreras y limitaciones para las personas con discapacidad, al no estar concebidas y proyectadas con arreglo a parámetros de diseño universal”.

En este sentido, el Cermi exige a las empresas titulares de redes sociales en línea que estas han de reunir irrenunciablemente condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.

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El Congreso de los Diputados debatió esta mañana las conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados para los pactos de reconstrucción social y económica de España, que se votarán esta tarde aunque, de momento, no cuentan con el apoyo de PP y Ciudadanos que discrepan del enfoque que se otorga a las becas en el sector educativo.

El Gobierno, PP y Ciudadanos sí han encontrado cierto consenso en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en lo relativo a las conclusiones referidas a la reactivación de la economía o la política exterior en la Unión Europea. Sin embargo, el documento social no ha logrado el apoyo de Gobierno y oposición.

Lo que dificulta el consenso es, principalmente, las ayudas educativas limitadas a la escuela pública -y que excluyen a la concertada, según denuncian PP y Cs- y la “recentralización” de políticas, que fue el argumento más empleado entre los partidos nacionalistas para oponerse a las conclusiones.

La diputada Rosa María Romero (PP), lamentó que el incremento de ayudas que defiende el documento de conclusiones se limite a la escuela pública, al tiempo que defendió que “el empleo es la mejor política social”. Y es que “sólo así podremos garantizar nuestro estado de bienestar, sólo con una economía robusta”.

Asimismo, anunció su voto en contra porque, a su juicio, las medidas que plantea el documento elaborado en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados adolecen de una visión “a largo plazo”.

Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas afirmó que “la educación concertada presta un servicio público esencial” mientras el Gobierno “da carpetazo a las ayudas a la educación concertada porque ideológicamente no le gusta o la detesta”.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, también fue beligerante con este asunto y trasladó al PSOE y Unidas Podemos que “no tienen ni idea de lo que es la educación privada, donde van las élites, y lo que es la concertada”, donde, dijo, también acuden menores vulnerables que precisan de ayudas. “Los Salesianos forman a los ‘menas’”, añadió.

En esta línea, pidió a los socialistas y Podemos que “salgan de los ministerios” y “se pateen los barrios, donde la concertada está haciendo una labor social del demonio”. Sara Giménez, de Ciudadanos, se pronunció en esta misma línea y alertó de que los perjudicados son los niños, por lo que pidió que “no se centre en esto el debate” y “no se deje atrás a ningún niño”.

Desde Podemos, Pablo Echenique salió al paso de las críticas y dijo que las ayudas se deben centrar en la pública porque “la privada-concertada, en todo aquello que es deficitario económicamente como escuelas rurales o de educación especial, es más reticente, digamos, a la hora de ocuparse de ello”.

La diputada y exministra socialista María Luisa Carcedo también defendió el documento de conclusiones y acusó a la oposición de estar “desenfocando su finalidad”. Además, defendió el punto relativo a las ayudas en educación porque busca evitar “la segregación, que es lo que está pasando en nuestro sistema educativo”.

El PNV y Esquerra Republicana centraron sus intervenciones en acusar de “recentralización” al PSOE y Unidas Podemos. “No podemos votar favorablemente este texto, muchas medidas son competencias de las comunidades autónomas”, defendió el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Por ERC, Gabriel Rufián insistió en esta misma idea y trasladó a los partidos de gobierno que “están ustedes volviendo a repetir los errores de la crisis de 2008, que es intentar salir de ésta con la derecha”, en relación a los otros tres documentos de conclusiones en los que parece haber más posibilidad de acuerdo entre el Gobierno, PP y Ciudadanos, algo que, a priori, no ha funcionado en las conclusiones sociales.

Pese al frentismo y la falta de acuerdo escenificada por los portavoces en la comisión, el coordinador del grupo encargado de elaborar las conclusiones de Políticas Sociales ySistema de Cuidados, el diputado Enrique Santiago Romero (Unidas Podemos) defendió el “consenso” en la elaboración del texto y el esfuerzo realizado por los partidos.

“Entiendo los derechos sociales como derechos humanos”, dijo, y señaló que las conclusiones sitúan “en el centro los Objetivos de Desarrollo Sostenible” con “más políticas sociales para reforzar el Estado de Bienestar”. Asimismo, dio cuenta de las 32 comparecencias de personalidades del Tercer Sector y organizaciones civiles para contribuir a la elaboración de las conclusiones, al tiempo que llamó al “consenso” de los grupos parlamentarios “para alcanzar un acuerdo lo más unánime posible”.

Las conclusiones se votarán a partir de las 15.00 horas tras someter a votación alrededor de 900 enmiendas, a cuya incorporación está muy ligado el apoyo de los partidos de la oposición.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebrará el 29 de septiembre el seminario online ‘El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: herramienta efectiva para la denuncia de casos de violación de derechos humanos’.

El encuentro, que se desarrollará a través de la plataforma Zoom a partir de las 9.45 horas, será inaugurado por la primera mujer con discapacidad en formar parte del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW, por sus siglas en inglés), Ana Peláez Narváez.

Además, estará representada la Oficina de Peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que intervendrá Jorge Cardona, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Valencia y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con testimonios de personas que han denunciado vulneraciones de derechos por razón de discapacidad y que han generado una “condena” por parte de Naciones Unidas al Estado español. En concreto, la abogada Gema Fernández, de la asociación Womens Link Worldwide, pondrá sobre la mesa el caso condenatorio a España del Comité de la CEDAW por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación.

En este sentido, se compartirá el caso por la discriminación contra un guardia urbano con discapacidad sobrevenida por no garantizar que los policías que adquieran una discapacidad puedan pasar a desarrollar una segunda actividad, sin verse obligados a abandonar su actividad laboral. Expondrá su testimonio en primera persona el impulsor de aquella denuncia, Vicenç Flores.

Por último, las expertas Patricia Cuenca e Inés de Araoz detallarán otro caso que, aunque no ha concluido, ha sido admitido a trámite, fruto de una denuncia por falta de ajustes de procedimiento en una persona con discapacidad intelectual interna en un establecimiento penitenciario.

Para el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, que moderará esta última mesa, “estos son solo algunos testimonios que ejemplifican que la Convención Internacional de la Discapacidad no es un tratado decorativo, papel mojado, sino que es de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado, y las infracciones pueden llevar a reconvenciones y reprensiones al país”. En su opinión, “no se puede permitir que en pleno siglo XXI haya legislación de primera y de segunda en función de a quiénes proteja”.

Por ello, subraya la importancia de celebrar jornadas de este tipo, que sirven para impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad, sus familias y el tejido asociativo para denunciar las violaciones de derechos que, por desgracia, son más frecuentes de lo que pensamos”.

Por otra parte, el Cermi explica que el Protocolo facultativo es un instrumento jurídico internacional independiente, paralelo a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue aprobado junto con la Convención el 13 de diciembre de 2006. El Protocolo facultativo es objeto de un proceso separado de ratificación. El Protocolo es facultativo en el sentido de que los Estados no están obligados a ratificarlo cuando ratifican la Convención, pero España sí lo hizo.

“Con la adhesión al Protocolo facultativo, los Estados reconocen la competencia del Comité de recibir denuncias de particulares que afirmen que se han violado disposiciones de la Convención. En el Protocolo facultativo también se brinda a Naciones Unidas la oportunidad de realizar investigaciones cuando haya recibido información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de la Convención por un determinado Estado parte”, amplía el Cermi.

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‘El papel de las mujeres en la pandemia del coronavirus’ es el título del webinar que se celebrará el próximo lunes, 6 de julio, a las once de la mañana, organizado por Fundación ONCE y Fundación Cermi Mujeres y en el que participará Suelma Beiruk, ministra de Asuntos Sociales y Emancipación de la Mujer del Frente Saharaui; Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, y Concepción Díaz Robledo, presidenta de la Fundación Cermi Mujeres.

El webinar analizará cómo las situaciones de crisis «agrandan las desigualdades de género ya existentes y agravan las formas interrelacionadas de discriminación, especialmente hacia las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las refugiadas, las migrantes, las rurales, las niñas…, según informan los organizadores.

También se dialogará sobre el papel de las mujeres en el sector sanitario y de cuidados, en el hogar, más vulnerables a la violencia. «La pandemia del coronavirus está teniendo efectos no solo médicos, sino también sociales y económicos, que amenazan con cebarse de forma particular con las mujeres, en primera línea en los múltiples frentes abiertos».

«Estas situaciones se ven incluso mucho más recrudecidas en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad o de las cuidadoras de familiares con discapacidad. Algo parecido también sucede con las mujeres y niñas de los Campamentos de Refugiados Saharauis, con quienes desde el Grupo Social ONCE y muy especialmente desde Fundación ONCE, se mantiene una colaboración y acompañamiento constantes», recuerdan los organizadores del evento. Este webinar se puede seguir en ‘https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uiDiDQSuTaqBSxzA-APaVA’.

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Compromís votará este viernes a favor de las conclusiones de la comisión de reconstrucción de los grupos de trabajo de anidad, reactivación económica y la posición española ante la UE, y se abstendrá en las de política social si se confirma que no se aceptan sus enmiendas.

Así lo explicitó su diputado, Joan Baldoví, en rueda de prensa en el Congreso, en la que aseguró que van a votar sí “tampoco de forma entusiasta” a las conclusiones de estos tres grupos de trabajo, mientras que mantiene la abstención al cuarto “a la espera de si se nos admiten las enmiendas”.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica vota este viernes el dictamen final que su presidente, Patxi López, elevará al Pleno del Congreso para que lo convalide en una sesión en la segunda quincena del mes.

Justificó el voto a favor por el hecho de que fuera aceptada su enmienda “nuclear” de que el Gobierno se compromete a tener “el esqueleto de un nuevo sistema de financiación autonómica” en noviembre, promesa que también motivó el apoyo de Compromís a la investidura de Sánchez pero que considera especialmente urgente dado que las comunidades gestionan el 70% del Estado del bienestar y será decisivo en la actual pandemia porque “hacen falta recursos”.

Baldoví objetó que Compromís echa en falta “un compromiso para la derogación explícita y total de la reforma laboral” y también el impuesto a las grandes fortunas que postuló este partido como enmienda pero fue rechazada por el PSOE, el PP y Vox, aunque apoyada por Unidas Podemos.

Lo mitigó con la aprobación de una enmienda de Compromís que pedía una reforma de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista ayer.

Por último, volvió a pedir que se apruebe la enmienda transaccionada por varios grupos para que se permita a los ayuntamientos utilizar su superávit para políticas que mitiguen el impacto del coronavirus. No obstante, no condicionó a esta aprobación la posición de voto que Baldoví anunció desde el principio de la rueda.

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El diputado del Unidas Podemos, Pablo Echenique, aseguró este viernes que a la reforma del PP “no le van a quedar ni los palos del sombrajo” durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, después de que la diputa del EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, haya logrado que se vuelva a votar hoy la enmienda que lo plantea y ante las denuncias de la portavoz del PP, Elvira Rodríguez, de que sería un “error” derogarla.

“En el documento final nuestro grupo va a votar a favor de esa enmienda, pero independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles primero que forma parte del acuerdo del Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE y segundo, que viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo puedo afirmar, como ya dijo nuestro diputado Rafael Mayoral, que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo”, aseguró Echenique.

El diputado de Unidas Podemos reparó al respecto que el documento presentado junto al PSOE que servirá de base para elaborar el dictamen del grupo de trabajo para la Reactivación Económica dice que se luchará “contra la precariedad y la temporalidad en el mercado laboral en nuestro país”.

El miércoles pasado salió la propuesta de derogar la reforma laboral del 2012 a través de una enmienda introducida por EH-Bildu, que el PSOE tumbó una hora después forzando una segunda votación para cambiar su voto. Aizpurua tachó de “un auténtico disparate” que no se recogiese en el dictamen dicho voto y durante su defensa aseguró que persigue “un único objetivo: defender y respetar los derechos de los trabajadores”.

La diputada de EH-Bildu demandó que se sustituya “por una nueva legislación más justa y garantista con los derechos de los trabajadores”, que recupere la ultraactividad indefinida de los convenios, elimine la prioridad aplicativa de los convenios estatales o recupere “la necesaria autorización para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), dificultando que las empresas puedan despedir sin control y gratis”.

Para sufragar ésta y otras medidas, demandó crear nuevos impuestos para que “paguen más los que más tienen: los ricos y los bancos para poder hacer políticas que protejan a la ciudadanía”.

“Sería un error radical la derogación de la reforma laboral que permitió, en plena crisis, crear miles de puestos de trabajo”, advirtió a su vez la diputada del PP, Elvira Rodríguez, abogando, al contrario, por avanzar en un marco flexible donde “se tomen medidas para dotar al sistema de flexiseguridad pactada que permita la adaptación de las empresas a circunstancias sobrevenidas sin puestos de trabajo”.

“Es urgente. No hay más que recordar las cifras de paro que conocimos ayer”, alertó, recordando que el mismo gobernador del Banco de España ha explicado que la crisis ha sido más aguda en España que en países vecinos por la especialización de la economía y el tamaño de las empresas, pero también “por la alta tasa de temporalidad de nuestro empleo”.

Según recordó, el gobernador Pablo Hernández de Cos ha demandado, entre otras cuestiones, “reformas estructurales en el mercado de trabajo para dotarle de más flexibilidad y, al tiempo, de más seguridad, bajando la tasa de temporalidad en la empleabilidad de los trabajadores y en la eliminación de trabas para que nuestras empresas puedan y quieran crecer”.

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Fundación ONCE y EVAD, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, acaban de lanzar un nuevo curso de Técnico en QA y Testing para Videojuegos. Este curso, inédito en nuestro país, está orientado a personas interesadas en la industria de los videojuegos que busquen una formación, en excelencia, en uno de los procesos más importantes del lanzamiento de un videojuego como es el control de calidad del producto.

El curso, que comenzará el 21 de septiembre y finalizará el 18 de diciembre, estará compuesto de 240 horas lectivas y 60 horas de trabajo del alumno. Una vez finalizada la formación, los estudiantes contarán con 120 horas de prácticas laborales en una empresa o estudio de videojuegos.

Los interesados pueden obtener toda la formación a través de la web de EVAD, ‘www.evad.es’, y tienen hasta el 15 de septiembre para enviar sus datos con el objetivo de formalizar la inscripción.

La formación se impartirá en La Fábrica del Videojuego, situada en el campus universitario de Teatinos de Málaga. Además, el curso de Técnico en QA y Testing para Videojuegos tendrá un formato online, con las mismas características formativas que el presencial.

Por parte de Fundación ONCE, a través del programa ‘Por Talento Digital’, se becará a todas las personas con discapacidad que realicen la formación. De esta manera, Fundación ONCE contará con la colaboración de Inserta Empleo para la captación de personas con discapacidad que puedan realizarlo.

El Testeo y QA Quality Control (QA o Control de Calidad) se ha convertido en una disciplina de la creación de videojuegos clave para garantizar el éxito comercial y la aceptación de los productos por el público.

El curso de Técnico en QA y Testing para Videojuegos está concebido bajo la metodología ‘learning by doing’ (aprender haciendo), y basado en proyectos prácticos en los que los alumnos aprenderán de manera natural, con el apoyo y seguimiento de trabajos por parte del profesorado, y con la disponibilidad de realizar consultas a través de Campus Virtual de EVAD.

Además, en el marco de colaboración entre las dos entidades los participantes contarán con un módulo de formación específico sobre accesibilidad universal y diseño para todos, en el que se estudiarán los elementos de accesibilidad que deberían incluir los videojuegos para que puedan ser usados por todas las personas, independientemente de si tienen o no alguna discapacidad.

En el competitivo mercado actual, los videojuegos son cada vez más detallados y complejos, por lo que requieren de un mayor nivel de atención en el control de calidad y testeo. Este detalle se extiende a todos los procesos creativos y etapas del desarrollo para garantizar que el usuario final reciba el mejor producto posible.

Así, supone una excelente oportunidad para tender un puente entre el jugador y el creador de videojuegos en una disciplina en ocasiones desconocida para el público, pero sobre todo supone una oportunidad para entrar en el sector de los videojuegos, la mayor industria del entretenimiento que factura 1.479 millones de euros en España (2019) con más de 15 millones de usuarios.

Los interesados pueden consultar toda la información en ‘www.evad.es’, llamando al 640 223 434 o en el correo electrónico secretaria@evadformacion.com. En el caso de las personas con discapacidad también está habilitado el correo ‘portalentodigital@fundaciononce.es’.

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El Grupo Parlamentario Popular y las formaciones nacionalistas advirtieron este viernes de que no apoyarán ningún pacto en sanidad si no se admiten sus enmiendas en el documento de conclusiones del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. La creación de la Agencia de Salud Pública y el modelo descentralizado se sitúan como los grandes escollos.

Durante el último debate de este grupo de trabajo, su presidenta, la diputada popular Isabel María Borrego, aseguró durante su intervención que se ha querido «escuchar a la sociedad civil para reforzar la sanidad». Por ello, desde el 21 de mayo se han llevado a cabo 10 sesiones y 33 comparecencias de expertos de los sectores sanitarios.

Parte de estas opiniones se han incluido en el documento base de conclusiones elaborado por el PSOE y Unidas Podemos, al que también se han sumado algunas de las 326 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

En este sentido, la exministra de Sanidad y diputada del PP, Ana Pastor, señaló que en este documento «han sido incorporadas algunas de nuestras peticiones como establecer un plan de recursos humanos que dé estabilidad en el empleo a miles de profesionales sanitarios que llevan años en interinidad».

Junto a ello también se añadió la eliminación de la tasa de reposición del personal en los servicios sanitarios y la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, así como un mapa tecnológico de renovación.

«En este momento, añadió, estamos intentando transaccionar dos temas importantes como el calendario de reformas legislativas en el terreno sanitario y también incorporar un artículo para que se financien o se incorporen los recursos económicos necesarios cuando se tomen nuevas medidas».

SALUD PÚBLICA

Sin embargo, Pastor destacó que «quedan muchas cosas por resolver como la creación de una Agencia de SALUD PÚBLICA y Calidad Asistencial». «También está pendiente que los pacientes se incorporen y participen en las decisiones del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como las sociedades científicas».

A todo ello aún quedan enmiendas del Partido Popular sin aprobar como un plan de actuación frente a las pandemias «porque en estos momentos tenemos más de 50 rebrotes». «También hemos pedido planes de contingencia en todos los establecimientos sociosanitarios y que haya una red de laboratorios de microbiología conectados, así como un plan nacional de transformación digital de la sanidad».

Una transformación que también apoyó el diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, quien aseguró que «tenemos un sistema de salud para sacar pecho y sentirnos orgullosos aunque se han desvelado debilidades que hay que corregir».

Para este partido, es fundamental cambiar el plan de antibióticos para prevenir las resistencias y tener una Inversión sanitaria suficiente. A ello se incluye un plan de salud mental que prevenga los suicidios y trate los trastornos alimentarios, entre otros, así como transferir la sanidad penitenciaria al SNS.

Entre las enmiendas de Cs que aún quedan pendientes destaca la necesidad de crear un cuerpo sanitario de reserva «porque hay carencia de efectivos sanitarios con activación periódica, así como la creación de una agencia de salud pública por su debilitamiento».

DESCENTRALIZACIÓN

Los grupos parlamentarios nacionalistas resaltaron que no apoyarán el documento de conclusiones si no queda clara la descentralización sanitaria. En este sentido, el portavoz de ERC Gabriel Rufián subrayó durante su intervención que «en este grupo de trabajo está el fantasma de la recentralización que se puede llevar por delante las competencias de las comunidades autónomas».

En su opinión, «no tiene ningún sentido potenciar un Ministerio vaciado de competencias durante muchos años. Hay que mejorar las condiciones laborales, incrementar las plantillas y recursos, reforzar la Atención Primaria, invertir en investigación y cumplir con la ley de dependencia».

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insistió en que es fundamental que «en España haya una sanidad pública fuerte y el documento de conclusiones va hacia esa dirección», ya que contempla el aumento de la financiación de la sanidad alcanzando la media europea.

Además, recupera la universalidad de la sanidad pública; mejora las condiciones laborales de los profesionales sanitarios «para revertir una condición de interinidad que es una vergüenza y se aumentan las plantillas, así como nos prepara a posibles rebrotes y futuras pandemias».

A todo ello se incluye el refuerzo de la Atención Primaria, «una de las patas fundamentales del sistema sanitario» y recordó que «tenemos un sistema descentralizado».

Por último, la diputada socialista. Ana Prieto, lamentó la falta de consenso con el Partido Popular «porque en el último momento se han bajado del acuerdo, por lo que tiendo la mano para seguir trabajando».

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La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid), organizará un año más sus Campamentos de Verano inclusivos “Famma Kids Camp”, donde niños y niñas con y sin discapacidad podrán disfrutar de actividades de esparcimiento y aprendizaje en un entorno de diversión e integración social

Más de 70 familias con niños entre 4 y 14 años se beneficiarán este año del programa, que se desarrollará durante el mes de julio en el centro de Infantil y primaria Marqués de Suanzes, como es habitual desde 2006.

A causa de la pandemia de Covid-19, los campamentos dispondrán de más personal y protocolos de protección específicos, y se han suspendido salidas lúdicas que se han sustituido por actividades en el centro educativo al aire libre.

Además, se han establecido normas prioritarias para proteger la salud de los niños y de los trabajadores como el uso de mascarillas, la separación de espacios en zonas recreativas, rutas de transporte y comedores, y la toma de temperatura diaria.

También contarán con un profesional de coordinación y otro de enfermería, así como con los encargados de supervisar el adecuado transcurso de las actividades y la salud de los menores. Además, Famma ha establecido protocolos para intervenir en la detección y tratamiento en caso de contagios.

Durante la primera quincena de julio, la temática de los campamentos será la ‘Comunidad Hormiguera’ (Ant Colony), y en las dos últimas semanas del mes, el campamento girará en torno al lema ‘Descubriendo a mi artista’ (Discovering my artist).

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, propuso este viernes a los grupos políticos comparecer en el Congreso de los Diputados por el llamado ‘caso Dina’, como ya han pedido PP, Vox y Ciudadanos, pero dentro de una nueva comisión de investigación más amplia sobre las «cloacas» policiales y mediáticas, en la que se pueda llamar a declarar también a exmiembros del Gobierno como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, al excomisario José Villarejo y a periodistas.

Lo hizo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, la primera que concede desde que empezaron a publicarse informaciones acerca de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón podría imputarle en el caso tras retirarle la condición de perjudicado y también extractos de chats internos de Podemos que atestiguan la coordinación y complicidad de los abogados del partido y los fiscales anticorrupción de la causa.

El vicepresidente no aclaró si aceptará las solicitudes de comparecencia específicas cursadas por PP, Vos y Cs si no se accede a su propuesta de comisión de investigación. En cambio, abogó por esa otra sobre las ‘cloacas’, aunque ya se celebrara una en el Congreso sobre la presunta ‘policía patriótica’ creada por el exministro Jorge Fernández Díaz.

«Volvamos a hacerla, porque es el mismo caso. Yo no tengo ningún problema en dar allí todas las explicaciones», postuló, defendiendo el derecho de otros partidos distintos a PP y Vox a llamar a comparecer también a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Fernández Díaz, los policías implicados y los periodistas que publicaron las filtraciones.

«Vamos a dar la cara todos», emplazó, presuponiendo que a la derecha no le interesará cuestionar la supuesta estructura de las ‘cloacas’ sino sólo a él y prometiendo que estará «encantado» de responder a sus preguntas, pero que al mismo tiempo no permitirá que los responsables de las ‘cloacas’ «se vayan de rositas», como a su juicio pretenden algunos.

Preguntado si cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este caso, respondió que «sólo faltaría» e interpretó que no le ve más recorrido que el mediático. En otro momento, contestó que en su opinión las ‘cloacas’ siguen existiendo en la actualidad, pero en la práctica se refirió sólo a su dimensión «mediática, no tanto policial»: la de «dar apariencia de investigación a infamias y acusaciones falsas». En este sentido, alertó contra el peligro de «normalizar» el uso de la mentira como arma política, también para el periodismo.

Sobre los detalles del caso, Iglesias se reafirmó en su tesis de que él y Podemos deben seguir teniendo condición de parte perjudicada en la causa porque una copia del contenido del móvil de su exasesora Dina Bousselham apareció dentro del ordenador de Villarejo en un registro policial de 2017.

«Hay que ir a los hechos y es evidente quién es víctima», comenzó, asegurando que con el contenido del móvil robado a Bousselham se intentó desacreditar a Podemos y a él mismo. Primero, buscando indicios de un delito, luego de algún escándalo sexual «a costa de la dignidad» de su exasesora y, al final, con lo único que encontraron: “una jota cantada por Echenique” (la versión humorística de ‘Chúpame la minga, Dominga’) y el “comentario muy desagradable” que él vertió diciendo que azotaría a la periodista Mariló Montero y por el que recordó que ya se disculpó, aunque lo atribuyó al contexto de charla privada, en el que cualquiera hace comentarios que «tendrían una interpretación desagradable en lo público».

Iglesias atribuyó las recientes publicaciones a “un nuevo intento de desestabilizar al Gobierno y sacar a Unidas Podemos del Ejecutivo”, igual que las inmediatamente posteriores a las elecciones de junio de 2016 habrían pretendido, a su juicio, impedir una coalición con el PSOE. Y, como con las denuncias de supuesta financiación venezolana o iraní de Podemos, auguró que éstas no tendrán ningún recorrido judicial, porque a su modo de ver las demandas no pretenden tenerlo, sino que sólo buscan espacio y tiempo en los medios de comunicación con el objetivo de “difama, que algo queda”.

ÁMBITO JUDICIAL

En la vertiente judicial, reiteró que no está de acuerdo con que el juez le haya retirado la condición de perjudicado, decisión que su defensa ha recurrido, y se preguntó: «¿A quién perjudicó que en este país salieran esos pantallazos del móvil de Dina Bousselham? ¿Cómo que no somos los perjudicados? ¿A quien se perjudicó entonces?».

En la misma línea, descartó la posibilidad de que el juez le impute por daños informáticos al móvil de Bousselham. “No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto?”, exclamó con vehemencia. Apelando al último testimonio de su exasesora, que contradijo el primero, Iglesias dijo que “Dina en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera un mínimo deterioro” y preguntó «qué cambia eso», el que su copia se deteriorara, cuando había otras seis o siete en circulación.

Explicó que el expresidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó a él la copia de la SIM del móvil diciéndole que era la única, algo que atribuyó a que así se lo dijeron al propio empresario, no una mentira suya. Entonces, al examinar el contenido del móvil, con muchas fotos íntimas de la chica, explicó: “Tomo una decisión: no someter a Dina Bousselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación”.

Según esta versión, que ya expuso al juez, sólo cuando algunos medios de comunicación publican el contenido del teléfono, él le entregó la copia diciéndole: “Compañera, aquí está; esto es lo que tienen”. Y, ante la pregunta de si, entonces, se la devolvió en buen estado, aseveró: “Por supuesto que sí”.

Iglesias también descartó que la propia Bousselham divulgara copias de su móvil, preguntando si “una mujer de veintipocos años”, como la describió una y otra vez, iba a pasar fotos íntimas suyas a «tipejos» y “gentuza” como los policías y periodistas implicados. No pudo desmentir, sin embargo, que los pantallazos que dieron lugar a las noticias que se publicaron en 2016 los divulgara ella misma antes de que copias íntegras del contenido del móvil llegaran a Villarejo y periodistas.

Respecto al último punto en liza, si los fiscales anticorrupción dieron información privilegiada a los abogados de Podemos a finales de 2018, Iglesias contestó que «en ningún caso», que él confía en la independencia de la Fiscalía y que en ese caso, dentro de las «relaciones habituales» que tiene esta institución con las partes, se demuestra que “ha habido momento en los que nuestros criterios como perjudicados han sido compartidos por la Fiscalía y ha habido otros momentos en los que no”. Finalmente, dijo que no tenía «nada que decir» sobre las «bajezas» que, según sus palabras, se han publicado al respecto.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) considera que el hecho de que la legislación española siga contemplando las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad demuestra que “todavía se nos ve como ciudadanía de segunda categoría, menos merecedora del disfrute de ciertos derechos”.

“Se trata, en efecto, de una mancha en nuestra legislación, incomprensible desde una mirada de derechos humanos”, sostiene la secretaria general del Patronato de la FCM, Pilar Villarino, en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’.

Eso sí, Villarino precisa que “los últimos avances legislativos invitan al optimismo”, en alusión a que el Senado aprobara por casi unanimidad la admisión a trámite de una proposición de ley de Ciudadanos para erradicar del Código Penal la excepción que sigue vigente y que permite las esterilizaciones no consentidas, previa incapacitación judicial.

En cuanto a la situación generada por la pandemia, la también directora ejecutiva del Cermi Estatal alerta de que “la emergencia sanitaria y social está afectando de manera desmedida” a las mujeres con discapacidad.

“Hemos denunciado multitud de vulneraciones de derechos, vinculadas a los problemas en la atención sanitaria, a los cuidados y al respiro familiar, a la atención educativa, a la accesibilidad… Sin embargo, la mayor afectación en esta emergencia social ha sido, sin duda, el elevado riesgo de violencia doméstica y sexual, que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, obligadas durante días, semanas y meses a convivir confinadas con su agresor”, abunda Villarino.

Ante el proceso de reconstrucción, avisa de que las mujeres con discapacidad quieren ser “parte activa”, puesto que “los efectos devastadores de la pandemia obligan a repensar modelos caducos que deben ser sustituidos por otros presididos por la innovación social”.

‘PONTE EN MI LUGAR’

Por otra parte, la publicación ‘Cermi.es semanal’ también incluye una entrevista al director gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez, a raíz de la última campaña de visibilización ‘Ponte en mi lugar’, desarrollada junto a Cermi Comunidad de Madrid y que tiene como objetivo facilitar la movilidad de las personas con discapacidad durante el proceso de desescalada, apelando directamente al comportamiento de los usuarios.

“Conseguir la accesibilidad universal forma parte del ADN de esta organización. Queremos garantizar la movilidad en autobús a todos los ciudadanos, independientemente de su discapacidad física, intelectual, sensorial o por su edad”, ha argumentado Sánchez, quien explica, además, otras iniciativas llevadas a cabo desde EMT como el sistema de solicitud de parada para personas con discapacidad visual o la implantación del sistema de información acústica.

Asimismo, Sánchez anticipa que se ha firmado con el Comité de Empresa un Plan de desescalada propio que afecta a todos los servicios y que busca “garantizar y proteger la salud y seguridad, tanto de trabajadores como de usuarios, garantizar la prestación de los servicios públicos que EMT tiene encomendados y recuperar la confianza en el uso del transporte público”.

UN AGUJERO MUY NEGRO

Otro de los contenidos de la publicación es un artículo de opinión del director de ‘Cermi.es semanal’ y director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, en el que aborda la situación que se ha vivido en las residencias de personas mayores durante la pandemia, con la muerte de casi 20.000 residentes durante estos meses. Por ello, denuncia la falta de recursos de estos centros, a los que califica de “un agujero muy negro” y aboga por reformular el modelo.

“Los episodios que hemos vivido con la Covid-19 nos demuestran que hemos hecho bastantes cosas muy mal. No podemos dejar a más personas en el camino. Los políticos, da igual el signo porque todos dirigen comunidades autónomas o el Gobierno central, tienen que ser eficaces y olvidarse, por una vez, de sus ‘guerras’ y entrar en el mundo de la razón, de la organización”, apunta González Huesa.

Por último, la publicación semanal del Cermi incluye contenidos como el repaso a la actualidad sobre discapacidad y Tercer Sector de acción social de los últimos siete días, así como una entrevista con el naturalista y divulgador Joaquín Araújo, presidente de Proyecto Gran Simio en España. En ella, carga contra el “daño” que el ser humano hace al planeta, como ha demostrado el “respiro” que ha vivido la naturaleza durante el confinamiento por Covid-19.

“Nos consideramos extraordinariamente sabios por tener enciclopedias, diccionarios y la soberana estupidez de la Wikipedia, pero no sabemos de dónde venimos, lo que necesitamos realmente e ignoramos la mayor delicia de este mundo que es la belleza gratuita de lo que hace la naturaleza, ignoramos todo lo que está sucediendo, el daño que hemos causado. Esa es la principal enfermedad del bosque”, proclama este experto.

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Fundación ONCE se ha comprometido con el Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire a mejorar la inserción laboral y con ello la plena inclusión social de sus huérfanos con discapacidad, mediante la firma de un protocolo de colaboración entre ambas entidades.

En concreto, el protocolo lo han suscrito el coronel Carlos Alonso, director Interino del Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, en un acto en el que los dos han puesto de manifiesto la importancia de alcanzar acuerdos como este para mejorar la formación y con ello el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, las dos entidades se comprometen a colaborar para diseñar programas de orientación, formación e inserción laboral destinados a personas con discapacidad para mejorar acceso al empleo de calidad.

Asimismo, se proponen llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a ciudadanos, agentes sociales, organizaciones e instituciones, con la finalidad de dar a conocer el mundo de la discapacidad y las capacidades laborales potenciales de las personas de este colectivo.

Finalmente, Fundación ONCE y el Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire quieren participar en otras acciones de interés para ambas instituciones relacionadas con el empleo y la discapacidad, como pueden ser ferias, jornadas, seminarios u otras actividades similares.

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SUEZ en España ha publicado ‘2019 en un zoom’, un informe en el que la compañía presenta su estrategia y las acciones llevadas a cabo, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 frente a los grandes retos actuales como la emergencia climática o la escasez hídrica.

En un comunicado, SUEZ asegura que este informe es «un ejercicio de transparencia, comunicación y diálogo, dando respuesta a los temas más relevantes del ámbito económico, social, medio ambiental y de gobernanza de sus grupos de relación».

El informe ‘2019 en un zoom’ -que este año llega a su XVII edición- se vehicula a través de los compromisos del REwater Global Plan (RGP), el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2017-2021) de SUEZ en España. A través del RGP, explica la companía, se han fijado 10 compromisos «relacionados con el cuidado y preservación del planeta y con nuestra contribución a la calidad de vida de las personas, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que las Naciones Unidas fijan como hoja de ruta para 2030».

Así, se ha prestado especial atención a explicar cómo se han integrado los ODS en la estrategia corporativa -y por tanto en los compromisos del RGP- y cómo cada una de las principales acciones llevadas a cabo impactan en uno u otro objetivo, convirtiendo a la compañía en parte activa integrante de la respuesta ante los grandes retos globales.

De este modo, en ‘2019 en un zoom’ se abordan los compromisos en materia de lucha contra el cambio climático, preservación del recurso hídrico y de la biodiversidad, así como el acceso al agua o la concienciación ciudadana, entre otros.

En este sentido, SUEZ señala que ha reducido, en 2019, en un 83,7% las emisiones potenciales derivadas de su consumo eléctrico, gracias a la compra de energía verde y a la producción de energía renovable. Asimismo, con el fin de impulsar la economía circular en su actividad, ha logrado valorizar el 74% de los residuos generados en las plantas depuradoras y el 46% de los generados en potabilizadoras. Otro de los compromisos clave para la compañía es lograr garantizar el acceso al agua a todas las personas en situación de vulnerabilidad.

Además, en colaboración con las administraciones públicas locales, que son en último término los titulares del servicio, y con otras entidades sociales, SUEZ ha impulsado distintas iniciativas, como las tarifas y fondos sociales. Durante el 2019, nueve de cada diez hogares han podido tener acceso a fondos sociales y/o bonificaciones y cerca de 60.000 clientes se han beneficiado de alguna medida de flexibilidad de pago en los tres últimos años.

En paralelo, SUEZ en España ha publicado el ‘Póster 2019 en cifras: nuestra hoja de ruta’, donde se condensan los principales datos de referencia recogidos en el informe ‘2019 en un zoom’. Esta herramienta ayuda, aún más, a explicar cómo se contribuye a los retos y al futuro del agua.

Como cada año, el informe ha sido revisado de forma independiente y se ha tenido en cuenta lo establecido en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (Estándares GRI).

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