El jurado popular del juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla contra Enrique R.B., el varón acusado de asesinar en octubre de 2018 a su expareja en el rellano de la escalera de un bloque de viviendas de la calle Carena, en el barrio de Los Pajaritos, ha declarado al mismo "culpable de matar intencionadamente y con alevosía" a la mujer, de nacionalidad marroquí, atacándola "por sorpresa" con un cuchillo y sin darle oportunidad alguna de defenderse.

Así se ha pronunciado por unanimidad el jurado popular, después de las sesiones celebradas esta semana en la Audiencia en el marco de la vista oral. Asumiendo la tesis de la Fiscalía, los miembros del jurado han considerado probado que el acusado y la mujer víctima del crimen habían mantenido una "relación sentimental análoga a la matrimonial", hasta finalizar la misma por decisión de ella, extremo que Enrique R.B. "no acababa de aceptar" tras salir de prisión.

En ese contexto, y mientras ambos residían en el mismo bloque de viviendas de la calle Carena, en el barrio desfavorecido de Los Pajartios, marcado por situaciones de exclusión social y delincuencia, los miembros del jurado han considerado probado que sobre las 8,00 horas del 23 de octubre de 2018, Enrique R.B. "esperó escondido" a Fátima en el rellano del segundo piso del bloque, armado de "un cuchillo de grandes dimensiones".

Allí, según el veredicto del jurado, la asaltó por sorpresa "con el propósito de causarle la muerte" y le clavó un cuchillo "en bastantes ocasiones", provocándole heridas en el corazón y los pulmones que derivaron en su "muerte inmediata". Tras ello, según los miembros del jurado, este hombre que había salido de la cárcel en marzo de 2018, intentando a continuación regresar con su expareja, se habría desecho del arma blanca usada para los hechos.

CREÍA TENER "SUPERIORIDAD" POR LA "CONDICIÓN DE MUJER" DE ELLA

Según los miembros del jurado, Enrique R.B. obró de ese modo interpretando que tenía "superioridad" respecto a Fátima por la "condición de mujer" de la víctima, considerando en su veredicto que el acusado es culpable de haberla "matado intencionadamente, de forma alevosa, por sorpresa y sin darle lugar a defenderse", porque consideraba que la víctima "carecía de libertad y de capacidad" propia para decidir la finalización de la relación que habían mantenido.

Mientras el acusado manifestó durante el juicio que fue ella quien le tendió a él una emboscada en el rellano de la escalera y se "abalanzó violentamente" sobre él con el cuchillo por motivos de celos, falleciendo al clavarse el arma durante un "forcejeo" entre ambos por el control de la misma; los miembros del jurado han tenido en cuenta para su veredicto las testificales de las peritos forenses, según las cuales el cadáver presentaba una "gran cantidad de heridas" incisocontusas, incluyendo el "degüello" y con la circunstancias de que las acometidas habrían sido realizadas "desde detrás".

Apoyándose en los testimonios de las forenses, el jurado ha incluido en el veredicto la determinación de que "no es posible que las lesiones" detectadas en el cadáver derivasen de un "accidente" durante un "forcejeo" por el control del cuchillo.

Además, el jurado ha valorado que las peritos forenses señalaron que el cadáver presentaba marcas asociadas a un intento de "defensa", así como el testimonio de un testigo protegido que aseguró haber visto al acusado salir del portal del edificio con una bolsa en la que se apreciaban tanto sangre como el propio cuchillo.

ASESINATO CON ALEVOSÍA

Tras el veredicto del jurado, el juez del tribunal encargado del caso ha calificado los hechos de asesinato con alevosía con las agravantes de parentesco y género, quedando pendiente de dictar la correspondiente sentencia con la pena que se imponga al acusado.

Ante ello, la fiscal del caso ha mantenido su petición de que el acusado sea condenado a 25 años de prisión y a la medida de libertad vigilada post penitenciaria durante diez años por tal calificación, así como el pago de una indemnización de 180.900 euros a los dos hijos menores de edad de la víctima, de once y 13 años de edad a la fecha de los hechos.

La Junta de Andalucía, en representación de ambos menores al estar al frente de la tutela de los mismos, se ha adherido a la petición del Ministerio Público, mientras la defensa del acusado ha solicitado para el mismo que la pena impuesta responda a la "extensión mínima legal que sea posible" en este caso.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha rechazado este viernes que el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Josep Enric García, tenga que dejar este puesto como consecuencia de la estafa de 4 millones de euros registrada el pasado año en la compañía y ha descartado que este tenga alguna responsabilidad respecto a ese fraude.

Ribó se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto a la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, a San Vicente de la Roqueta tras finalizar las obras arqueológicas de este espacio.

"Yo no soy partidario de la salida del gerente de la EMT porque creo que no es responsable de ese tema. Yo no soy partidario, creo que no es una responsabilidad suya", ha respondido el primer edil preguntado por si es partidario de que García abandone su cargo en la compañía a partir de al estafa detectada.

Tras ello, ha considerado que "la responsabilidad es muy clara" y la ha alejado de directivos de la entidad. Joan Ribó ha situado la responsabilidad en "la persona que, de alguna manera, indujo este tema y las personas que lo permitieron", en alusión a la jefa de Administración de la EMT, despedida tras conocerse el fraude, y Caixabank, la entidad a través de la cual se realizaron las transferencias de esta operación.

"Estoy hablando de una entidad bancaria y de una persona. Creo que estas son las responsabilidades, que están muy claras incluso a nivel judicial", ha precisado el alcalde de la capital valenciana.

Preguntado por si además de las responsabilidades que puedan surgir en el proceso judicial abierto para investigar la estafa podría darse alguna otra de carácter político, Ribó ha resaltado que él no forma parte de la comisión de investigación de la EMT y que eso es algo que no puede decir. "No estoy en la comisión y no lo puedo decir. Esto se está trabajando en estos momentos", ha expuesto.

No obstante, ha apuntado la conveniencia de contar en la compañía con "mecanismos de mejora" que impidan que se puede producir de nuevo un hecho como este "Creo que se tendrá que hablar de mecanismos de mejora. Ha habido un tema y se tienen que buscar los mecanismos para que esto no pase más", ha planteado, además de instar a "hacer un esfuerzo" para que sea así.

"Por tanto, se tienen que plantear los mecanismos y se tienen que buscar responsabilidades, independientemente del tema judicial que está siguiendo su marcha y tiene su dinámica", ha añadido el primer edil. Ha dicho que los trabajos de la comisión de investigación están "muy adelantados" y que "en el momento acabe debe presentar las conclusiones".

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha censurado que la Xunta fíe a "la política de la lluvia" la lucha contra los incendios forestales, un combate que debe abordarse, según los socialistas gallegos, a través de planes para fijar población en el rural y fondos para el cuidado de las áreas naturales.

Caballero se ha desplazado este viernes a la parroquia de Carzoá, en el municipio ourensano de Cualedro, donde se registró uno de los incendios forestales de mayor envergadura de los vividos en los últimos días en la provincia ourensana.

"En nuestro pueblo ardió todo: fincas, casas, huertas, cobertizos... El siguiente nivel es cobrarse una vida humana, que no pasó esta vez de milagro", ha relatado Tomás Fernández, nietos de los propietarios de una vivienda en Carzoá que resultó calcinada.

En declaraciones a los medios, acompañado por este vecino y el secretario provincial del PSOE ourensano, Gonzalo Caballero ha señalado que lo sucedido en los últimos días "es una llamada atención" para cambiar la forma de actuar contra los incendios desde la Administración autonómica.

"No podemos seguir teniendo una política forestal y contra incendios que se construya en torno a la esperanza de que llueva. A lo largo de estas jornadas, todo el mundo estaba pendiente de que lloviese para evitar que el fuego no fuese a más. No nos podemos resignar a que la política de lucha contra el fuego sea la política de la lluvia", ha aseverado el líder de los socialistas gallegos.

Para Caballero, la Xunta debe ejercer las "muchas competencias" que tiene "para conseguir una política de medio rural que cuide el territorio y una política de prevención y lucha contra los incendios que eviten situaciones de tanto riesgo".

Unos objetivos que pasan, según los socialistas, por la "vertebración territorial" para cuidar el medio rural, ya que la fijación de población y el mantenimiento de actividades agrarias pueden evitar que los montes registren "incendios masivos" en el momento en el que se da "una chispa".

Además, ha solicitado "fondos" para "ayudar" a los ayuntamientos pequeños y sus vecinos, sobre los que "no" puede recaer la respoanblidad de "cuidar el terriotorio y el medio natural".

"Pedimos al presidente de la Xunta que no escatime esfuerzos, que no deje de tomar ninguna decisión para defender el medio natural, el medio rural y tomar todas las medidas de prevención", ha abundado Caballero tras apelar a que "nunca más" pueda producirse lo vivido en Ourensen en los últimos días.

El Papa Francisco se reunirá este sábado 19 de septiembre en el Palacio Apostólico del Vaticano con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), respectivamente, así como con el secretario general de la CEE, Luis Argüello.

La cita, que tendrá lugar a las 11.00 horas, según ha confirmado la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española, se enmarca en un encuentro habitual para conocer a los nuevos dirigentes del episcopado español poco tiempo después de su elección.

"Este encuentro, habitual tras unas elecciones en la CEE, se ha atrasado hasta esta semana con motivo de la pandemia", han manifestado desde la CEE.

Además, este jueves, el Papa Francisco recibió en privado a los arzobispos de Barcelona y Madrid, como antesala de la reunión oficial de este sábado, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano en su boletín diario.

Juan José Omella y Carlos Osoro fueron elegidos presidente y vicepresidente de la CEE el pasado 3 de marzo, justo la semana antes de que se decretara el Estado de Alarma en España por la emergencia sanitaria.

Tanto Omella como Osoro fueron creados cardenales por el Papa Francisco, el 28 de junio de 2017 y el 19 de noviembre de 2016, respectivamente. Además, los dos arzobispos siempre apuestan en sus declaraciones por seguir los pasos de Bergoglio y se les conoce como "los hombres del Papa en España" por su cercanía al Pontífice.

PANDEMIA DEL COVID-19 Y VALLE DE LOS CAÍDOS

El encuentro del Pontífice con la cúpula de la CEE se produce en medio de la pandemia del Covid-19 que en estos días ha empeorado en España con un aumento de contagios, presión en los hospitales y en las UCIs y medidas de confinamientos o restricciones a la movilidad en algunas comunidades autónomas.

Asimismo, tiene lugar unos días después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunciara que convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil y que los monjes benedictinos que viven en la basílica tendrán que salir "automáticamente", de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros.

El proyecto de rehabilitación del Castillo de Los Moros, en Cartagena, da un paso más con la realización de los sondeos geotécnicos en la cara oeste de la fortificación, que se vienen llevando a cabo durante esta semana, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Una vez realizados los sondeos, se podrán determinar las características del subsuelo con el fin de poder proceder con las garantías técnicas necesarias a la consolidación del citado muro.

Esta intervención se enmarca dentro de los trabajos previstos desde el Área de Patrimonio Arqueológico en la fortaleza para este trimestre, donde se contemplan diferentes actuaciones de la limpieza, documentación y consolidación de las estructuras, previas a un estudio completo que permita conocer mejor el Castillo.

"Recordamos que es una fortificación del siglo XVIII y se trata de uno de los símbolos más característicos del barrio de Santa Lucía", ha explicado la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

INGENIERÍA MILITAR EN PLENO SIGLO XVIII

El Castillo de Los Moros, situado en el popular Barrio de Santa Lucía, trata de una fortificación del siglo XVIII, construida según proyecto del ingeniero militar Juan Martín Cermeño, siendo, el también ingeniero militar, Mateo Vodopich el encargado de llevar a cabo las obras de construcción, que se desarrollaron entre 1773 y 1778.

Responde a la tipología de Obra Coronada, con un baluarte central y dos medios baluartes en los extremos, unidos por cortinas, que se completa con un foso seco por el lado oriental y un muro perimetral que protege el baluarte norte.

El castillo estuvo dotado de 18 cañones y 200 hombres, quedando las posiciones artilleras hacia el exterior y libre de defensas hacia las murallas de la ciudad, ya que su finalidad era actuar como puesto avanzado, protegiendo el flanco oriental del Cuartel de Antigüones, el Cuartel de Marina y las Puertas de San José.

La Reina Sofía se sumará este sábado a la campaña de limpieza de basura en entornos naturales '1m2 por las playas y los mares' del Proyecto LIBERA, la iniciativa ambiental de Ecoembes y SEO/BirdLife con la que colabora desde 2018 a través de la fundación que lleva su nombre.

Doña Sofía repetirá así como 'Héroe Libera' en Málaga para conmemorar el Día Internacional de la Limpieza de Playas 'EU Beach Clean Up 2020'. Junto a la Reina participará también la representación española de la Comisión Europea. Se trata del primer acto en el que participa la madre de Felipe VI tras regresar de su estancia de verano en Baleares.

La 'EU Beach Clean Up 2020' es una de las iniciativas de la UE para encabezar los esfuerzos mundiales para reducir y evitar la contaminación por el abandono de residuos, incluida la basura marina, mediante una apuesta por una estrategia multidisciplinar que combina innovación,voluntariado, protección, concienciación y divulgación.

Se trata del tercer año consecutivo en el que doña Sofía participará en la actividad de recogida de residuos abandonados en entornos naturales y conocerá el trabajo de voluntarios y buceadores que luchan contra esta problemática que amenaza la biodiversidad.

Además, se dará a conocer el trabajo de caracterización de la basuraleza encontrada tras la temporada estival que servirá para buscar soluciones ante este problema ambiental.

La jornada de limpieza comenzará a las 13.00 horas en Málaga y junto a la Reina Sofía también participarán el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín; el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo; el alcalde presidente de Rincón de la Victoria (Málaga), José Francisco Salado; el coordinador de la Red de Vigilantes Marinos, Antonio Márquez y la representante de Ecodive, Gemma Infante. Estas organizaciones forman parte del Proyecto LIBERA.

El otoño, que comenzará el martes 22 de septiembre a las 15.31 horas, será con gran probabilidad más cálido y seco de lo normal en toda España, al menos 0,6 grados centígrados (ºC) de media más caluroso, tras el noveno verano más cálido desde que hay registros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la rueda de prensa estacional de la AEMET, la portavoz Beatriz Hervella ha pronosticado que la señal de la predicción para los meses de octubre a diciembre apunta que hay "una mayor probabilidad" de que las temperaturas estén en el tercil cálido respecto al periodo de referencia 1981-2010 y las precipitaciones en el tercil inferior en toda España, lo que se traduce en que será más seco y más cálido de lo que indican los valores normales.

En concreto, ha dicho que, al menos será una media de 0,6ºC más cálido pero que esta anomalía podría alcanzar 1ºC en los sistemas Ibérico, Central, los sistemas montañosos del noroeste y en la Sierra de Cazorla.

Además, la estación llegará tras un verano de carácter también cálido, que, según ha precisado el portavoz Rubén del Campo, ha tenido una temperatura media de 23,9ºC, es decir, 0,9ºC más cálido de lo normal. Esta anomalía se deben en mayor medida a las máximas, donde la anomalía alcanzó 1,1ºC, que a las mínimas que también fueron 0,7ºC más calurosas que los valores climatológicos.

Por meses, el mes con mayor desviación fue julio que tuvo un carácter "muy cálido" con una anomalía de 2,2ºC superior al valor normal; frente a junio que tuvo un carácter normal, con apenas 0,1ºC por encima de la media, y agosto, que resultó muy cálido, con una media de 0,8ºC superior al valor normal.

Del Campo ha destacado, de hecho, que junio ha sido el único mes de 2020 que ha tenido una temperatura media normal y ha añadido que, de hecho, el año natural, desde enero hasta el mes de agosto empata con 2017 que fue el año más cálido de la serie, pues se acumula una temperatura media de 17,1ºC, que es 1,4ºC más cálido de lo normal.

"Si septiembre acaba con más calor de lo normal, el año 2020 ya sería más cálido de lo normal en España desde que hay registros y, de momento, la primera quincena de septiembre sí está siendo cálido", ha destacado.

De hecho, ha explicado que este año es el noveno más cálidos de este siglo y también el noveno más cálido desde que comenzó la serie, en 1965, lo que significa que los nueve años más cálidos desde que hay registros en España se han producido en el actual siglo, y 2020 es también el sexto verano consecutivo que termina con carácter "cálido", lo que confirma "la tendencia al calentamiento".

Del Campo ha agregado que esta tendencia no se observa solo en tierra, sino que también se observa en el entorno oceánico, ya que el mar Mediterráneo ha alcanzado este verano la cuarta temperatura más cálida en superficie desde 1981, ya que ha estado entre 0,8 y 0,9ºC más cálido de lo normal y ha aumentado en verano en 1,6ºC desde los años '80. "El Mediterráneo se está calentando claramente", ha insistido. No obstante, en 2020 el agua de superficie del Atlántico ha estado ligeramente por debajo de lo normal.

LAS OLAS DE CALOR SE DUPLICAN EN LA ÚLTIMA DÉCADA

En cuanto a las olas de calor, el portavoz ha indicado que en el periodo junio-septiembre se han registrado dos: la primera "muy larga" del 25 de julio al 2 de agosto que dejó "las jornadas más cálidas de la estación" y varios récord, como el del aeropuerto de San Sebastián, que el 30 de julio alcanzó 42,2ºC, la temperatura más alta desde que comenzaron sus registros en 1956; o el del 2 de agosto en Melilla, cuando no se bajó de 31,8ºC, la mínima histórica más alta en la ciudad autónoma.

La segunda ola de calor se dio entre el 6 y el 10 de agosto, que dejó y en Canarias hubo un episodio cálido, entre el 25 y el 27 de agosto. Ese día, el 27 de agosto, la temperatura mínima del aeropuerto de Tenerife se llegó a una mínima de 29ºC, la más alta de una serie que comenzó en 1941.

En este contexto, Hervella ha precisado también que junto con estas dos olas de calor de 2020, se cierra una década en la que las olas de calor han ido en aumento. En concreto, en el último decenio se han registrado 23 olas de calor, frente a las 11 o 12 de media que se contabilizaron en las tres décadas anteriores. Desde el año 1975 se han contabilizado en España 67 olas de calor, de las que en torno a un tercio, 23, se han producido de 2010 a 2020.

Por tanto, Del Campo ha hecho hincapié en que "prácticamente se ha duplicado" su número en los últimos diez años y, además se ha duplicado también el número medio de días al año en el que España ha estado bajo las condiciones de ola de calor.

En la última década el número de días al año eran 14, mientras que en las tres décadas anteriores la media era de 6 días, lo que según Hervella supone que "en los últimos diez años se ha soportado en España más del doble de días en situación de ola de calor" y también ha observado un "ligero aumento" en la intensidad de las mismas. "Actualmente en España se registran más olas de calor, más largas y más intensas que en décadas anteriores", ha sentenciado.

En la misma línea, Hervella ha destacado que el número de días en el que el índice térmico universal, que mide el estrés térmico al que están sometido el cuerpo humano, supera en 2020 el número medio de días del año 2003, cuando se registró una ola de calor histórica que provocó 65.000 muertes en Europa, de las que 10.000 se atribuyen a Francia y 35.000 en España. "Este año estamos teniendo más días con estrés térmico extremo que en 2003" ha insistido.

VERANO Y AÑO MÁS LLUVIOSO DE LO NORMAL

En cuanto a las precipitaciones, este verano se registraron valores en torno a los normales con un junio húmedo, un julio seco y un agosto húmedo, que dan un verano húmedo en su conjunto, con una media de 75 litros por metro cuadrado.

Por zonas, el verano fue húmedo o muy húmedo en el norte y en el este peninsular, así como ambos archipiélagos, y seco en general el suroeste peninsular, buena parte de Andalucía y Canarias. No obstante, las precipitaciones fueron "irregulares" y en muchas ocasiones en forma de chubascos tormentosos.

El portavoz ha explicado que una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA) los días 11 y 12 de agosto, dejó precipitaciones récord en Córdoba, con 58 litros por metro cuadrado, el día más lluvioso de agosto de su historia de datos, que comenzaron en 1959 y el más lluvioso del verano y en Ciudad Real, con 28 litros por metro cuadrado, el más lluvioso en agosto desde en 1971 empezó a acumular los datos.

Por otro lado, una ciclogénesis explosiva sobre las islas británicas "inusualmente profunda" para ser verano, dejó "abundantes precipitaciones" en Galicia y Asturias a mediados de agosto.

En esa línea, el año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2019 y que terminará el próximo 30 de septiembre está resultando un 11 por ciento más húmedo de lo normal y, según Del Campo, en "casi todas" las cuencas ha llovido por encima de los valores normales, excepto en las del Guadiana, Gualquivir y Sur, donde las lluvias acumuladas son inferiores a los valores normales.

También el año natural, de enero a agosto, está teniendo un carácter húmedo y coincide en el dato con el año hidrológico, pues está resultando un 11 por ciento más lluvioso que los valores normales.

Por último, los meteorólogos señalan que fuera de España también se han batido récords, ya que este 2020 tiene el segundo junio, el tercer julio y el cuarto agosto más cálidos del planeta desde 1880 y destacan que los cinco agostos más cálidos de la Tierra han tenido lugar en los últimos cinco años y la extensión del hielo marino del Ártico fue la menor para el mes de julio desde que comenzó a monitorizarse en 1979.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha propuesto otorgar la Medalla de Oro de la institución al cantautor y compositor Lluís Llach y a la maestra Teresa Codina en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la cultura y la pedagogía, respectivamente.

El Consell Executiu del martes aprobará así la propuesta de otorgarles "la máxima distinción honorífica" de la Generalitat, según un comunicado de Presidencia.

La Medalla de Oro de la Generalitat se creó en 1978 para reconocer a las personas que han presentado servicios eminentes y extraordinarios a Catalunya en el ámbito político, social, económico, cultural y científico, y el año pasado fue para la demógrafa y geógrafa Anna Maria Cabré y el escritor Josep Vallverdú.

Llach, que nació en Girona el año 1948, fue uno de los integrantes del grupo de artistas denominado 'Setze Jutges', en el que se incorporó en 1967, y se convirtió en una de las figuras más populares de la 'Nova Cançó'.

CANCIÓN CATALANA

Además de letras propias, ha puesto música a textos de poetas como Kavafis, Joan Salvat-Papasseit, Joan Oliver, Josep Maria de Sagarra, Màrius Torres y Miquel Martí i Pol, y en 2007 cerró 40 años de una carrera artística que le ha llevado a actuar en muchas partes del mundo y a lograr éxitos discográficos sin precedentes en la canción catalana.

El cantautor también entró en política y salió elegido diputado de JxSí, candidatura electoral que se fraguó en 2015 para concurrir a las elecciones y que integraban CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres.

Por su parte, Teresa Codina nació en Barcelona el año 1927, estudio magisterio y filología clásica, y completó su formación en París.

Fundadora y directora de la escuela Talitha (1956) y pionera de la renovación pedagógica, ha destacado por su compromiso con la educación de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

Con Marta Mata, Pere Darder y otros maestros participó en la fundación de la Associació de Mestres Rosa Sensat, y en 1974 creó, con Basilio González, el Institut Can Tunis, a instancias de la asociación de vecinos.

Posteriormente, también creó la escuela Avillar Chavorros (1978) y Xavó Xaví (1988), y en 1977 encabezó el un proyecto de educación global en el barrio gitano de Can Tunis.

El magistrado español Carlos Gómez Martínez ha sido elegido miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2024, ha informado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. El pasado mes de marzo, Gómez fue el ponente de la sentencia que absolvió de delitos al juez Miguel Florit, procesado por incautar sus móviles a una periodista de Europa Press y otro de 'Diario de Mallorca', aunque consideró que fue una decisión injusta.

España presentó la candidatura de Gómez en marzo de 2019, para una elección que estaba prevista para el 15 de junio de 2020 pero se retrasó. La elección se celebró finalmente este 17 de septiembre en Nueva York.

El Comité de Derechos Humanos es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han firmado. Gómez es el primer español que forma parte de este Comité.

Carlos Gómez Martínez, miembro de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) desde 2019. Anteriormente, desde 1989, presidió la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Baleares. Entre 2004 y 2015 fue presidente de la Audiencia Provincial, un mandato cuyo tramo final coincidió con la instrucción del caso 'Nóos'.

En el ámbito internacional, ha colaborado en distintas misiones del Consejo de Europa de reconstrucción del Estado de Derecho en varios países de Europa, y ha participado como experto en proyectos hermanamiento de la Unión Europea sobre formación de jueces en Bulgaria, Croacia y Serbia.

APUESTA POR SITUAR ESPAÑOLES

Exteriores ha subrayado que tanto la candidatura de Gómez Martínez para este órgano como la de Mikel Mancisidor para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "se enmarcan en una política activa de promoción de la participación de expertos independientes españoles en los órganos de tratados", como una expresión más del compromiso de España con estos mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos.

Los expertos que integran los comités son elegidos y ejercen sus funciones a título personal, no como representantes de un Estado. Eso sí, son propuestos por sus respectivos Estados nacionales y son elegidos por votación secreta entre éstos. Los comités se reúnen dos o tres veces al año en sesiones de tres o cuatro semanas en Ginebra, de manera que la condición de miembro de un comité no supone una dedicación a tiempo completo.

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU es el órgano al que, en 2018, recurrieron el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica, y el procesado por el 1-O Jordi Sánchez para denunciar que se habían vulnerado sus derechos políticos. No obstante, no se trata de un órgano judicial, no emite resoluciones vinculantes ni sus decisiones pueden afectar a decisiones judiciales.

El director de Casa África, José Segura, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, han acordado este viernes mantener la colaboración en materia migratoria con el fin de aportar documentación sobre la situación del archipiélago a la Unión Europea (UE), ahora que comienza a elaborar una política sobre migración.

Así lo expuso Segura en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con Pestana, apuntando que hasta el momento han colaborado y continuarán, si bien han optado por poner un "foco de largo alcance", ya que entienden que el Covid está implicando un descenso de la actividad económica, así como traerá "crisis sociales", a lo que sumó que en las proximidades de Canarias --en África-- "hay situaciones complejas", que conllevará "movimiento de seres humanos".

Por ello, entiende que la UE tiene que "cooperar de manera potente" con su homólogo, con la Unión Africana, y la "voz de Canarias tiene que oírse", de ahí que se hayan comprometido a hacer llegar documentos sobre la situación del archipiélago desde el punto de vista migratorio, que "no se parece en nada a la del Mediterráneo".

Europa no tiene todavía una política migratoria común, se está comenzando a elaborar y tenemos que estar muy en guardia porque aquí hay una especificidad", apuntilló para agregar que la problemática de esos países "condicionan que esas personas se lancen a buscar otros horizontes.

ESPAÑA SALVA MUCHAS VIDAS

Segura también ha subrayado que España salva "muchas vidas" con sus medios en el mar, al tiempo que ha incidido en que hay que tener "el sentido humano de decir pobrecillos han estado navegando en condiciones infrahumanas y no han perdido la vida".

Por ello, consideró que hay que "sentir la satisfacción" de que es un pueblo que hace lo que puede "para ayudar a quienes han tenido la inmensa valentía" de salir al mar porque cuando arriban a las costas, "no saben ni dónde han llegado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recordó que si bien las islas sufrieron entre los años 2004 y 2006 una crisis migratoria, también es que "entonces las fronteras estaban abierta y ahora están cerrada", lo que admitió "complica" la gestión.

Añadió que la migración "es un tema complejo, de muchos perfiles, de muchos palos que hay que tocar", en relación a la política exterior, de seguridad o de colaboración internacional, entre otros, si bien matizó que "al final son seres humanos" que llegan a las costas canarias "buscando un mundo mejor", por lo que se le debe dar un trato humano e intentar tener los mejores recursos.

De todos modos, puntualizó que hasta ahora han llegado a Canarias más de 5.300 personas, lo que "eso significa prácticamente 12 años de inmigración" en las islas, y en los últimos diez años "no se ha consolidado una red de centros", que podría haber permitido otra gestión de la situación de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

"SE DA LO QUE SE TIENE"

En relación a lo vivido en Arguineguín, afirmó que cuando se produce esta situación "se da lo que se tiene", los migrantes "se han ido derivando a otros centros y esa imagen se ha ido mejorando", si bien entiende que la "clave" se encuentra en los resultados de los PCR para "no" cometer el "error" de derivarlos "rápidos a un centro y poder producir un brote" que entonces implicaría otras responsabilidades.

Pestana aseguró que sí tienen sitio pero "todo lleva un tiempo" porque cuando llegan a las costas hay que identificarlos y documentarlos porque salen con una orden de expulsión, pero para poderlos derivar también se necesitan las PCR. Agregó que estos días ha habido "más de 450 inmigrantes en Arguineguín, hoy hay 180 y si se tienen las PCR probablemente salgan otras 100, 80", pudiéndolo dejar casi libre el muelle de Arguineguín.

Pestana también resaltó la necesidad de buscar una red de centros por islas, ya que en el mar afirmó que se tienen los medios "tanto humanos como recursos de naves y aeronaves", ahora "falta que en tierra", donde hay algunas cosas, se sigan reforzando centros". Además el Ministerio de Defensa tiene identificada una serie de infraestructuras en las que se trabaja y las concretarán responsables del Estado.

Cataluña ha registrado hasta este viernes 111 grupos estables confinados en 87 centros educativos a causa del coronavirus, 43 más que los contabilizados hasta el jueves, ha informado la Consejería de Educación de la Generalitat en un comunicado.

Los grupos se dividen en: cuatro en guarderías privadas, 14 en guarderías municipales, 31 en escuelas de segundo ciclo de Infantil y Primaria, 23 en institutos de ESO, Bachillerato y FP, cuatro en institutos escuela, 26 en centros privados concertados, ocho en centros privados y uno de escuelas de enseñanzas artísticas superiores.

Asimismo, el departamento ha destacado que el 98,4% de centros de Cataluña tienen la totalidad de sus grupos en funcionamiento.

Los grupos confinados se reparten entre Barcelona, Igualada, Artés, Manlleu, Piera, Torelló, Vic, Cambrils, Cabrils, Granollers, Masnou, Balenyà, Mollet del Vallès, Montgat, Sant Pol de Mar, Rubí, Terrassa, Badalona, Gavà, Santa Coloma de Gramenet, Calldetenes, Centelles, Caldes de Montbui, Mataró, Sabadell y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

También hay grupos confinados en Salou, Tarragona, Reus, Valls, Vila-seca, Tortosa (Tarragona), Girona, Olot, Bescanó, Celrà, Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols, Vilafant, Figueres, Forallac (Girona) y Lleida.

También se mantiene confinadas la guardería Petit Montessori --antigua guardería Tintín-- y la guardería municipal de Gràcia, ambas de Barcelona.

Las nueve asociaciones ecologistas representadas en el Consejo Extremeño de Caza han solicitado, entre otras cuestiones, la suspensión durante dos temporadas de la media veda en la comunidad autónoma, así como que no se permita la actividad cinegética en las zonas afectadas por incendios forestales.

Estas asociaciones Adenex, AMUS, ANSER, DEMA, Ecologistas en Acción, Grus, SEO/Birdlife y la Sociedad Extremeña de Zoología, quienes tras la reunión del consejo de este pasado jueves han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios.

También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.

También, tras los graves incendios de este verano en el norte de Cáceres, han pedido que no se cace en las zonas incendiadas. En concreto, sobre esta cuestión, piden que sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética.

Una propuesta que encontró la oposición del sector de la caza, si bien los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONG ambientales, indican en una nota de prensa.

Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una "muy escasa vigilancia" de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una "mayor intensidad" en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.

En la reunión del consejo se abordó la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es "muy preocupante". Por un lado, la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza.

El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie "Vulnerable", que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fue creada para poder cazar estas dos especies migratorias.

El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola "bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas", en concreto de 7 a 5 por cazador y día, en lugar de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.

Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que "no tiene competencias en conservación".

Las ONG ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés "no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor", cuyas poblaciones no dejan de descender.

Otra cuestión abordada fue la petición de las ongs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de la sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios.

Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas "ponen en duda" y en todo caso les parece "insuficiente", así como "el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto".

En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto "social" (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).

Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la "nula" atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión, consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONG ambientales, pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha celebrado este viernes el "éxito" de las instituciones españolas de Formación Profesional (FP) en el programa Erasmus+ de la UE.

Así se refleja, según ha explicado en las Resoluciones de las Acciones Centralizadas de Formación Profesional correspondientes a la Acción Clave 2 (Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas) y la Acción Clave 3 (Apoyo a las reformas de las políticas) del programa, que ha dado a conocer la Comisión Europea.

En concreto, señala que el proyecto europeo 'Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector', de la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), de la Región de Murcia, está entre los 7 proyectos seleccionados, con un importe adjudicado a esta organización de 3,9 millones de euros.

Además, destaca que una docena de organizaciones españolas participan como socios de otros proyectos financiados por la Comisión Europea, entre las que se encuentran: el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la UNED, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, centros de FP y otras organizaciones.

Tal y como explica la SEPIE, el objetivo general de esta Convocatoria de Acciones Centralizadas Erasmus+ en FP ha sido apoyar la creación y el desarrollo de plataformas de cooperación transnacional de Centros de Excelencia Profesional, para así conectar a centros que operan en un determinado contexto local a escala europea.

SOCIOS ESPAÑOLES EN TODOS LOS PROYECTOS

Pero, además, la Comisión Europea también ha publicado las Resoluciones de la Convocatoria de las Alianzas para las Competencias Sectoriales, la Acción Clave 2, en la que organizaciones españolas aparecen como coordinadoras de un proyecto en cada uno de los dos lotes y como socias en prácticamente el resto de proyectos de estas convocatorias.

Así, en el primer lote, 'Design and delivery of VET', que comprende alianzas para las competencias sectoriales centradas en el diseño y la aplicación de la FP, se han financiado seis proyectos, uno de los cuales está coordinado por una institución del País Vasco (Politeknika Ikastegia Txorierri), que ha recibido una financiación de 986.386 euros.

En tres de los otros 5 proyectos financiados en esta convocatoria también se encuentran socios de organizaciones españolas. Así, en el lote sobre la aplicación de un nuevo enfoque estratégico se financiará un proyecto coordinado por la Universitat de Barcelona, que recibirá más de 3,9 millones de euros.

Además, apunta SEPIE, "en todos los proyectos financiados de este lote existen socios españoles".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este viernes en rueda de prensa ante los datos "preocupantes" sobre la expansión del coronavirus en algunas comunidades autónomas, que él "pediría el estado de alarma".

"Si yo fuera presidente de determinadas comunidades autónomas, con los datos epidemiológicos que tienen, yo pediría la declaración del estado de alarma en mi comunidad", ha dicho, recordando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo "esa oferta" ante una petición del propio Barbón en una Conferencia de Presidentes.

Barbón, que no hizo mención expresa la situación concreta de ninguna comunidad, sí recordó que en su momento pidió que se prorrogase el estado de alarma para Madrid, Cataluña y algunos territorios de Castilla y León, con el objetivo de que todas las autonomías pasaran por la fase 3 de la desescalada y minimizar así los riesgos ante la recuperación de la movilidad. "Hubiera sido, sin duda, un acierto", ha apuntillado.

Además, ha destacado cómo fue criticado por ello, llegando a ser "acusado de 'madrileñofobia'" por defender lo que considera "lo mejor para Asturias y España".

De este modo, ha remarcado que con el levantamiento del estado de alarma, las comunidades recuperaron sus competencias para tomar decisiones. "No pido más a otros presidentes y presidentas de comunidades que lo que hacemos en Asturias: tomar decisiones", ha dicho, aprovechando para mostrar su "apoyo y solidaridad" con la población de esos territorios y reiterar su ofrecimiento para facilitar toda aquella información que pueda ser útil ante la pandemia.

Adrián Barbón ha apuntado que Asturias es la única comunidad con una incidencia por debajo de 100 contagios por 100.000 habitantes (con 77,92 casos) en los últimos 14 días, y ha destacado que este jueves se batió un "nuevo récord" de pruebas, con 4.068 pruebas PCR y 92 positivos, con una tasa del 2,26% de positivos, continuado por debajo del 5% marcado por la OMS. Actualmente hay 33 pacientes en planta hospitalaria y 10 en la UCI.

"Vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para doblegar la curva y volver a controlar la expansión del coronavirus en Asturias", ha aseverado, negando que la "respuesta asturiana" sea una cuestión de "éxito" ni de "suerte", sino de "mucha gente, haciendo muchas cosas bien en muchas partes de Asturias".

Entre otras actuaciones, ha apuntado que está funcionando "muy bien" para controlar la COVID-19 tanto el cribado periódico que se realiza a los procesionales de las residencias de mayores, como la consideración de brote si se confirma un único caso en estos equipamientos. Asimismo, ha asegurado que actualmente no existe colapso ni en los centros de Atención Primaria ni en los hospitales asturianos.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que fue uno de los integrantes del tribunal que juzó el 'procés' independentista en Cataluña; la magistrada María José Rivas Velasco y el juez Francisco Javier Parra Iglesias han tomado posesión como miembros de la Comisión de Ética Judicial.

Lo han hecho en un acto celebrado este viernes en la sede del Consejo General del Poder Judicial al que ha asistido el presidente del alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

Los tres nuevos integrantes de la Comisión, que fueron elegidos el pasado mes de julio en un proceso abierto a toda la Carrera Judicial para la renovación parcial de este órgano, dan el relevo al que hasta hoy ha sido su presidente, el magistrado del Supremo Ignacio Sancho Gargallo, al magistrado Gonzalo Sancho Cerdá y a la juez Teresa García Villanueva.

A todos ellos Lesmes les ha mostrado su agradecimiento por la labor realizada durante los dos años de su mandato. Lesmes también ha tenido palabras de reconocimiento para el catedrático de Filosofía del Derecho Luis Prieto Sanchís, único miembro no judicial de la Comisión y cuya renuncia voluntaria por motivos personales también se ha producido hoy.

Lesmes ha intervenido en el acto destacando que la creación de la Comisión de Ética Judicial en abril de 2018 supuso la puesta en marcha de un mecanismo novedoso de consulta que, a día de hoy, se ha consolidado como un instrumento útil al servicio del juez. Se trata tambíen de un órgano representativo de la Carrera Judicial, integrado por miembros que proceden de todos sus estratos y cuya elección es plenamente democrática.

La vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, ha inaugurado este viernes la iniciativa 'Aulas Feministas' que se celebra este año en las Pitiusas, señalando que la pandemia "ayuda a reposicionar lo que es importante", como la "potencia transversal del feminismo en todos los estados y en este momento".

Calvo ha declarado que es necesario que el "machismo, recubierto de mercado, de liberalismo, de neoconservadurismo, no nos despiste de nuestra estrategia y objetivos".

Dicho objetivo es "profundizar la democracia" por cuanto la mujer representa más de la mitad de la población. Por ello, se necesita que el estado democrático responda a sus expectativas, a la mejora de sus derechos, a la calidad de libertades, a la garantía de la seguridad y a la particular especificidad de algunas luchas y esperanzas.

Según Calvo, hay que seguir luchando por lo que importa, por el salario o por la independencia económica. Además, ha afirmado que hay que trabajar para acabar con la violencia o con las violaciones y "contra todo lo que hace que todavía no seamos ciudadanas de plena democracia".

"Somos imbatibles", ha dicho, asegurando que el 8 de Marzo es una de las "grandes fechas del planeta". Calvo ha comenzado su intervención virtual destacando "cuánta falta hace ahora que estemos juntas siempre, pero ahora más que nunca".

Según ha afirmado, la pandemia está "ordenando las jerarquías de lo que es más importante y de lo que es menos importante" y ha venido a dar "grandes lecciones".

También ha asegurado sentirse "muy reconfortada" con sus "compañeras" del Govern que desarrollan políticas de Igualdad y llevan a cabo la agenda feminista de Baleares. "Infatigables todas", ha reconocido, destacando también la calidad de las ponentes que participan en la iniciativa.

Por último, Calvo ha señalado que hace años se evidenció que las mujeres necesitan participar de la ciudadanía y democracia, derechos y libertades. "Se llaman derechos humanos. Son nuestros y queda mucho por pelear", ha concluido.

La iniciativa Aulas Feministas se celebra en las Pitiusas y en Ibiza tendrá lugar vía telemática debido a la situación actual de la pandemia.

En cambio, la ponencia del viernes por la tarde en Formentera mantendrá su formato telemático y presencial con público asistente, según informó el miércoles en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad.

Las Aulas Feministas contarán con 11 representantes de varios ámbitos del feminismo o que destacan por su activismo tanto en el ámbito social como académico en la lucha para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.

Estas jornadas nacen con el fin de ser un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el feminismo y su poder transformador tanto en el ámbito social, económico y cultural.

El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra Enrique R.B., acusado de apuñalar mortalmente a su expareja de nacionalidad marroquí en el barrio hispalense de Los Pajaritos el 23 de octubre de 2018 le ha declarado culpable de matar a la víctima "intencionadamente, con alevosía, por sorpresa y sin darle lugar a defenderse".

El veredicto ha sido alcanzado por unanimidad de los miembros del jurado, que han considerado que el acusado obró de tal modo por la condición de mujer de la víctima, llamada Fátima, y entender él que por ser hombre gozaba de "superioridad" sobre ella.

Según el jurado, el acusado no aceptaba que Fátima hubiese decidido acabar con la relación sentimental que ambos habían mantenido, porque consideraba que ella carecía de "libertad y capacidad para decidir" tal extremo.

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para suprimir el apartado del Código Penal que contempla penas de prisión para los 'piquetes' de huelga e impulsar una revisión de las sentencias firmes ya dictadas en el aplicación de ese precepto vigente desde 2015 y que fue aprobado por la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy. Su derogación es uno de los compromisos alcanzados por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La proposición no de ley consta de un único artículo, la supresión del tercer apartado del artículo 315 de la Ley Orgánica del Código Penal, que se refiere a coacciones para iniciar o continuar una huelga y prevé penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multas de dieciocho a veinticuatro meses.

En su iniciativa, el PSOE recoge además una disposición transitoria para la revisión de sentencias: "Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga", reza la disposición propuesta.

EL DELITO DE COACCIONES YA PROTEGE LA LIBERTAD

En su exposición de motivos, los socialistas critican que este artículo 315.3 del Código Penal "debe desaparecer" del ordenamiento punitivo "toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

Y es que, a su juicio, con la aplicación de forma agravada de las coacciones previstas, frente a una genérica más atenuada, "se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical".

"ENTRAMADO DE LEYES QUE ASFIXIAN LA CAPACIDAD DE PROTESTA"

La reforma de este artículo 315 se incluyó dentro de la conocida como 'Ley Mordaza', el paquete de reformas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que entró en vigor en julio de 2015, y que el PSOE encuadra como parte del "proceso constante y sistemático de las libertadas" desarrollado por este Ejecutivo

Como la reforma laboral "no pareció suficiente", esgrime el PSOE, "se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el avance de la pandemia en la región se celebrará el próximo lunes a las 12:00 en la sede de la presidencia autonómica, en la Puerta del Sol, según ha informado Moncloa.

El objetivo de este encuentro, según estas fuentes es el de "doblegar la curva" de esta segunda ola de coronavirus, que está afectando especialmente a la Comunidad de Madrid.

Según Moncloa, los equipos de ambos gobiernos preparan, desde este jueves y durante todo el fin de semana, "un espacio de cooperación en la lucha contra el COVID-19".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar confinamientos en Madrid, ya que cree que hay una situación sanitaria de "máxima criticidad" por el coronavirus.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha advertido de que "es inevitable que en Madrid se hagan confinamientos, es absolutamente inevitable" y ha dicho que se debería seguir el ejemplo de la Generalitat, que confinó Lleida y defiende que ahora es una de las regiones con mejor situación sanitaria.

Por eso, considera que tomar medidas en Madrid es urgente: "Si vas dejando pasar el tiempo es peor. Perder una hora en Madrid es un riesgo altísimo. No puedo entender que no se hayan producido estos confinamientos, cómo no se toman decisiones".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha ordenado el traslado de otros cinco presos de ETA, algunos con delitos de sangre por atentados, y ya suma 63 condenados por vínculos con la organización terrorista que han sido acercados a prisiones más próximas al País Vasco y Navarra.

Lierni Armendaritz González de Langarik pasará del centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, al de El Dueso, en Cantabria. Ingresó en prisión el 16 de enero de 2001 y cumple una condena de 30 años por atentado, colaboración con banda armada, asesinatos, homicidios, tenencia de armas, estragos, robo con fuerza y falsificación de documento público.

Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en julio de 2023 y, según Instituciones Penitenciarias, "acepta la legalidad penitenciaria y se compromete a hacer frente al pago de la responsabilidad civil". A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión gallega, la Secretaría General ha resuelto progresarla a segundo grado y "su traslado a centro próximo a su vinculación familiar por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos".

Jesús Arcauz Arana deja Murcia II para seguir su condena en Valladolid. Ingresó en prisión el 17 de enero de 1997 y cumple una condena de 30 años por atentados, homicidios frustrados, estragos y terrorismo. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en octubre de 2015. A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Murcia, será progresado a segundo grado y trasladado a centro cercano a su vinculación familiar.

Juan Carlos Herrador Pouso será trasladado también a El Dueso, en este caso desde Ocaña I (Toledo). Según Prisiones, ha aceptado la legalidad penitenciaria y por eso se acepta también su progresión al segundo grado. Ingresó en la cárcel el 2 de abril de 2007 y tiene una condena de 19 años por colaboración con banda armada y depósito de armas. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en junio de 2021.

Unai Fano Aldasoro pasará de Soria a Bilbao. Se trata de un etarra que ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y cumple una condena de 20 años por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos, tenencia de armas, robo y hurto. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023.

De él señala Instituciones Penitenciarias que "acepta la legalidad penitenciaria y ha reconocido por escrito el dolor causado". Mantiene su clasificación en segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento, será trasladado a centro próximo a su entorno familiar.

Gorka Loran Lafourcade, por su parte, será trasladado del centro penitenciario de Algeciras a la prisión palentina de Dueñas. Ingresó en prisión el 29 de diciembre de 2003 y cumple una condena de 20 años por colaboración con banda armada, tentativa de homicidio y depósito de armas.

Como del resto, Prisiones asegura que acepta la legalidad penitenciaria. En este caso cumple las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2018. La Secretaría General ha acordado progresarle a segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión gaditana, su traslado a centro próximo a su entorno familiar.