El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que eximía a un entrenador de balonmano de Oviedo de indemnizar a un jugador del Santoña por difundir en emisoras de radio asturianas que, tras un partido entre ambos equipos, había llamado «niño mono» a otro jugador del conjunto ovetense, de nacionalidad colombiana y raza negra.

Así lo resuelve la Sala de lo Civil del Alto Tribunal en una sentencia, consultada por Europa Press, que desestima el recurso de casación interpuesto por el deportista cántabro tras el fallo de la AP, que a su vez revocaba uno previo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la villa santoñesa.

En ese pronunciamiento, el juez dio la razón al demandante y condenó al demandando a indemnizarle con 3.000 euros por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad, al haber divulgado en medios de comunicación hechos que consideraba «inveraces» y que afectaban «gravemente a su reputación», personal y deportiva.

Sin embargo, la Audiencia cántabra exoneró de la sanción al denunciado, extremo que ha reafirmado ahora el Supremo en otra sentencia, en la que recuerda que las declaraciones que dieron pie a este litigio se produjeron el 16 de febrero de 2016, tres días después del encuentro de vuelta entre los equipos, celebrado en el Principado.

En el de ida, disputado en Cantabria, el implicado se había referido al jugador en cuestión con frases como «quién ha dejado salir al mono de la jaula. El demandado las calificó de «xenófobas y racistas» cuando fue entrevistado por tales hechos, que su club había denunciado ante el Comité de Competición y Comisión Antiviolencia y de los que se había hecho eco la Prensa.

Ante este «supuesto» de colisión del derecho al honor del demandante, el jugador del Santoña, con el derecho a la libertad de información, el Supremo parte de una consideración previa: que «no hay derechos fundamentales absolutos».

Y a partir de ahí, sentencia que el entrenador demandado, a requerimiento de emisoras de radio, informó de una denuncia presentada y de las personas implicadas, «sin tomar iniciativa alguna» en la difusión del hecho en sí, que había adquirido «tintes noticiosos» y «repercusión en la Prensa», y sin haberse atribuido tampoco la condición de testigo presencial de los mismos.

«No se limitó a difundir meros rumores o una información sin contraste alguno», apunta el fallo, que aclara que con independencia del resultado de las denuncias formuladas ante las autoridades deportivas, incluso aunque sean archivadas, su tramitación no puede impedir informar hasta que haya una resolución firme.

«Las manifestaciones vertidas por el demandado se limitan a recoger los términos de las denuncias presentadas, sin que tampoco vengan acompañadas de frases vejatorias o descalificatorias del demandante, que incorporen un contenido adicional de menosprecio o desonsideración que sobrepasen los límites tolerables de la libertad de expresión», precisa el Supremo.

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal que ha analizado el recurso no ven razones para «disentir» del criterio de la Audiencia de Cantabria y desestiman así el recurso interpuesto.

El Papa ha alertado de que ha llegado el momento de «un cambio de rumbo» que traiga consigo un modelo socioeconómico más sostenible cuando se cumplen cinco años del acuerdo de París que comprometió a 195 países a reducir el calentamiento global por debajo de los 1,5° grados con relación a la era pre-industrial.

«Ha llegado el momento de un cambio de rumbo. No robemos a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor», ha señalado el Papa en un video mensaje dirigido a la cumbre virtual destinada a redoblar esfuerzos con el medio ambiente y a impulsar un nuevo acuerdo en vista de la COP26, que tendrá lugar en noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia.

Los firmantes del acuerdo de París deben realizar antes de que termine este año una revisión del estado de cumplimiento de sus compromisos. Pero solo unos veinte países, que representan menos del 5% de las emisiones mundiales, han dado este paso.

EMISIONES NETAS CERO

En la cumbre virtual organizada por las Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, junto con Chile e Italia, el Papa ha anunciado una nueva estrategia del Vaticano para reducir a cero las emisiones netas antes de 2050.

De este modo, ha asegurado que además de cumplir con una ruta de crecimiento sostenible con bajas emisiones de carbono, el Vaticano también impulsará un cambio en la cultura.

Así, ha aseverado que la Santa Sede se compromete a «promover una educación para la ecología integral» pues, para asegurar el éxito a largo plazo, «las medidas políticas y técnicas deben unirse con un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el ambiente».

Desde hace años, el territorio del Vaticano es en sí mismo un modelo sostenible donde priman las fuentes renovables y se favorecen los métodos de transporte eléctrico. Por poner un par de ejemplos, la nueva iluminación de la bóveda de la Capilla Sixtina permite reducir los costes de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 60% y en los Jardines del Vaticano se ha eliminado en solo tres años el uso de pesticidas de origen químico.

Sin embargo, el compromiso de la Santa Sede no se inserta en la tónica general. Entre los países que se han comprometido a la descarbonización de sus economías para mediados de siglo, no se encuentran ni Estados Unidos, ni China, ni India, los Estados con la cantidad de emisiones más altas del mundo.

Varios cientos de personas han secundado la manifestación en apoyo de la hostelería de Guipúzcoa celebrada esta tarde en San Sebastián para pedir «soluciones dignas» para el sector, en el día de la reapertura de bares y restaurantes en Euskadi como consecuencia de la flexibilización de las medidas preventivas decretadas el pasado 6 de noviembre para contener los contagios de coronavirus, acordada en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil del Euskadi (Labi).

La manifestación ha partido a las cinco y media de la tarde del Boulevard donostiarra. Los manifestantes han portado pancartas con lemas cómo «hostelería, soluciones dignas ahora» y «hostelería, rescate ya», además de carteles en los que se podía leer «SOS hostelería» en castellano y euskera.

Una caravana de camiones y furgonetas de distribuidores de establecimientos hosteleros ha encabezado la marcha emitiendo pitidos. La manifestación ha recorrido el centro de la ciudad para volver a finalizar en el Boulevard.

El decreto del Lehendakari de actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica, que ha entrado en vigor este sábado recoge que los establecimientos de hostelería y restauración vascos deberán cerrar como máximo a las 20.00 horas, incluido el desalojo de los clientes, y no podrán abrir al público antes de las 06.00 horas.

No obstante, la entrega de pedidos con cita previa en el propio establecimiento podrá realizarse hasta las 21.00 horas, debiendo estar, en cualquier caso, cerrado para cualquier otro servicio al público, mientras el reparto a domicilio se podrá realizar hasta las 22.00 horas.

Además, podrán ofrecer el servicio en sus terrazas al aire libre y tendrán en su interior restringida la disponibilidad en un 50% del aforo máximo, pero queda prohibido cualquier consumo en barra o de pie, y tanto sea en el interior como en el exterior, las personas usuarias deberán realizar su consumición sentadas en mesa.

TASAS DE INCIDENCIA

En los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la citada.

En la página web del Departamento de Salud se divulgará los lunes y jueves de cada semana una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de las Tasas por municipio, siendo eficaz su referencia a efectos de la apertura o cierre de los establecimientos a partir del día siguiente.

Por su parte, en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, cuando la situación epidemiológica local o la eventual existencia de brotes de contagio lo requieran, el Departamento de Salud adoptará las medidas de cierre de establecimientos que procedan.

De esta forma, los municipios vizcaínos de Arrigorriaga y Ermua, y los guipuzcoanos de Eibar, Arrasate y Ordizia, no han podido abrir sus bares y restaurantes este sábado al mantener una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días superior a 500 por cada 100.000 habitantes.

Además, entre los pueblos de menos de 5.000 habitantes tampoco ha abierto la hostelería de Aramaio, Iruña Oka/Iruña de Oca, Ribera Baja/Erribera Beitia y Zuia, cuya situación epidemiológica requiere la no apertura o el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración ubicados en ellos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado hoy en la Cumbre de Ambición Climática, organizada por Naciones Unidas (ONU), Reino Unido, Francia, Chile e Italia.

«La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Debemos entender, por tanto, que la acción climática no es solo una inversión potencial para nuestras economías, que lo es, sino una obligación para la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y también, una garantía de futuro para las próximas generaciones», ha señalado Sánchez durante su intervención.

El encuentro, según ha informado Moncloa, tiene como objetivo renovar los compromisos acordados en el Acuerdo de París en su quinto aniversario y elevar el nivel de ambición antes de la COP26 de Glasgow de noviembre 2021.

En esta cumbre, a nivel de jefes de Estado o Gobierno, intervienen 71 dirigentes cuyos países cumplen los requisitos para intervenir en la misma; que estén llevando a cabo planes y acciones ambiciosos y concretos sobre el clima.

Sánchez ha presentado la Estrategia a Largo Plazo del Gobierno de España para alcanzar la neutralidad climática en 2050, una medida aprobada el 3 de noviembre de 2020.

Las medidas del Gobierno de España, con perspectiva de equidad y justicia social, prestan especial atención a los colectivos y sectores vulnerables, y a los habitantes de zonas en declive demográfico.

Durante 2020, España ha presentado el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en enero se adhirió a la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, que se alinea con la decisión del Consejo Europeo de ayer de ampliar la reducción de emisiones del 40% al 55% para 2030, para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En octubre de este año, España ya se comprometió, junto a 10 Estados Miembros, a alcanzar este objetivo.

El Gobierno prevé que en 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos en España y que el 25% del consumo energético industrial proceda del hidrógeno verde en 2050. Las medidas buscan reducir el consumo un 50%, siendo más eficientes, y que el 97% sea de origen renovable.

El presidente del Ejecutivo ha destacado que estas transformaciones «exigen decisiones difíciles», especialmente para sectores como las centrales térmicas y las nucleares y la minería del carbón. «Por este motivo, se ha aprobado la Estrategia de Transición Justa, para asegurarnos de que nadie quede atrás», ha dicho.

«Esta estrategia es una apuesta colectiva por un mundo diferente en el que nuestras casas, nuestros edificios públicos, nuestros coches y nuestros medios de transporte, las oficinas y las fábricas estarán diseñados para contribuir al objetivo último de la neutralidad climática, al objetivo último, en definitiva, de salvar nuestro planeta. Por esto trabajamos», ha concluido el presidente.

La portavoz adjunta y de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado este sábado que el Consell «no puede instalarse en la opacidad sobre la llegada de migrantes a la Comunitat Valenciana en plena pandemia». A su juicio, «O desde el Gobierno de España intentan tomar el pelo a los valencianos, o es que las administraciones no hablan entre ellas».

Bastidas ha criticado la descoordinación entre el Gobierno de España y el valenciano al lanzar mensajes. «No podemos asistir a versiones contradictorias sobre cómo y cuándo han llegado los migrantes desde Canarias a la Comunitat Valenciana y en qué estado», ha censurado en un comunicado.

La parlamentaria ha lamentado que, «por un lado», hay «ministros que niegan el traslado al tiempo que se piden refuerzos en los aeropuertos», mientras que, por otro, está el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «pide que se garantice el cierre perimetral de la Comunitat porque sí están llegando esos migrantes», ha indicado.

La portavoz adjunta ha señalado que el PPCV «va a seguir pidiendo respuestas sobre lo que está ocurriendo» y ha pedido al President Puig «valentía y que comparezca en Les Corts, tal y como le hemos pedido desde el Grupo Popular, para explicar qué está ocurriendo».

Asimismo, Bastidas ha instado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a dejar «a un lado la demagogia y el titular fácil, porque aquí la única que lanza mensajes incendiarios es ella al acusar a la oposición, que hace su labor de preguntar».

Al respecto, ha señalado que Oltra «debería replantearse las cosas si tan extraño le parece que se intente saber qué está pasando en una situación de extrema delicadeza, con un alerta sanitaria, con un cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, con actividades restringidas por la noche y con la llegada de migrantes que no sabemos dónde están, en qué condiciones y entre los que ha habido casos positivos de Covid. Hacer estas preguntas y tratar de tener respuestas para velar por la seguridad de la gente es una cuestión de humanidad.

«Ya sabemos que a Oltra no le gusta que discrepen con ella y le molesta que le recuerden que se ha desentendido de los migrantes del Aquarius, porque así ha sido y han quedado fuera de la Renta Valenciana de Inclusión. Y ahora calla sobre el paradero de los 300 migrantes que vinieron la semana pasada. Este es el tipo de actitud que incendia la solidaridad», ha concluido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprochado las voces críticas ante la propuesta de Más Madrid de incluir como miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid a su padre, José Antonio Errejón, y ve «absurdo» que se abogue por su «muerte civil» simplemente porque su hijo es diputado.

En un amplio hilo en Twitter, el diputado en el Congreso reacciona a la polémica suscitada por esta propuesta de nombramiento, por el que «no cobrará ni un euro por participar como experto en un foro al que acudirán representantes de la academia, partidos, sociedad civil, patronal y sindicatos».

«Todos sin cobrar nada, ni directamente, ni en dietas», ha incidido Errejón para recalcar, además, que su padre está jubilado desde hace tres años «tras toda una vida de Técnico Superior de la Administración Civil con amplia experiencia en política medioambiental». Por tanto, su progenitor «obviamente tampoco necesita hacer currículum».

También ha replicado a los que señalan, pese a no ser remunerado, que «no es ético» que se le proponga para formar parte de este consejo, Errejón ha dicho que es un órgano consultivo que realizará informes no vinculantes, dado que las decisiones las adopta el Gobierno regional compuesto por PP y Ciudadanos, que no parecen «muy influenciables» por su padre.

«Otros dirán que, incluso aclarado todo esto, seguiría sin ser estético (…) Se supone que por llevar mi apellido -¡más bien yo el suyo!- debería retirarse de cualquier colaboración pública o política acorde con las ideas que compartimos. No comparto esa idea», ha ahondado el diputado de Más País.

Y es que para Errejón «hay que ser más estrictos en la vigilancia de privilegios o puertas giratorias de los poderosos, ocupen un escaño o un asiento en el consejo de administración de una gran empresa». Pero ha añadido «es absurdo pretender la muerte civil de un profesional porque su hijo sea diputado».

«Nadie de mi familia se ha beneficiado jamás -más bien al contrario- de que yo tenga visibilidad mediática o sea representante de la soberanía popular», ha proseguido el que fue cabeza de lista de Más Madrid en los últimos comicios autonómicos.

Por tanto, ha dicho que «las injusticias», como el señalamiento de su padre en esta polémica, «hay que nombrarlas, aunque a veces sólo sirva para dejar testimonio».

José Antonio Errejón ha desempeñado sus labores como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en el de Agricultura y presidió la delegación española para la armonización normativa en materia de Medio Ambiente previa a la adhesión a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Además, fue director del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

Cientos de personas se han sumado este sábado a la manifestación contra el despido colectivo de 136 trabajadores planteado por la empresa ITP Aero para sus fábricas de Barakaldo y Sestao. La movilización, convocada por el comité de empresa, se ha iniciado en Herriko Plaza en Barakaldo y ha concluido hasta la plaza del Kasko de Sestao.

La representación de los trabajadores ha reclamado a los Ayuntamientos de Sestao y Barakaldo, a la Diputación y al Gobierno Vasco que «adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la destrucción del tejido industrial de la ya dañada Margen Izquierda» y ha exigido a estas instituciones que «presionen» al grupo empresarial para «buscar una salida negociada con los trabajadoras que, en ningún caso, suponga ningún despido en las plantas de Sestao y Barakaldo».

En la marcha han participado representantes de formaciones políticas, como el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que ha destacado que ITP es una multinacional que ha ganado «cientos de millones de euros en los últimos años» y, aunque ahora «es verdad que está pasado por un bache», no se puede permitir que ese «bache económico se traduzca en el despido de 136 personas».

Casanova ha reclamado, además, que desde las instituciones se apoye al sector aeronáutico para la defensa del empleo y ha abogado también por exigir a las empresas que «han ganado cientos de millones en los últimos años, que se corresponsabilicen en esta situación y no recurran a despidos» para hacer frente a una «crisis coyuntural con medidas traumáticas e irreversibles».

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todo su equipo que se «desmarquen» de las declaraciones realizadas por Rodríguez Zapatero sobre Venezuela porque «no es presentable ni democrático que un expresidente de este país dé cobertura a un dictador como Nicolás Maduro».

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones esta tarde durante un acto de participación ciudadana realizado en El Espolón logroñés por venezolanos residentes en La Rioja convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela bajo el lema ‘Venezuela alza la voz contra Maduro’.

La portavoz en el Congreso ha pedido además al Gobierno central que la posición de España al respecto «sea la misma que en Europa».

Gamarra ha querido apoyar así este acto y mostrar su solidaridad con la comunidad venezolana en nuestro país y pedir «para ellos» lo mismo «que tenemos nosotros», es decir, «libertad y democracia».

Por tanto, ha reiterado, «hoy venimos aquí a apoyar la necesidad de que en un país como Venezuela la democracia esté presente y puedan tener un proyecto de futuro que ahora no tienen».

Además, ha finalizado, estos dos conceptos: Libertad y democracia «no son discutibles en el año 2020».

ELECCIONES LIBRES Y APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Por su parte, el presidente de ‘Alma Venezuela’, una de las asociaciones de venezolanos en La Rioja, Juancho Parra, ha querido rechazar «el fraude del pasado domingo» en el país que «no es constitucional en ningún caso».

También ha pedido «unas elecciones libres» que permitan «que podamos recuperar nuestra libertad» y pedir el apoyo de la comunidad internacional porque «no se van siete millones de venezolanos por la frontera porque lo estén pasando bien.

Finalmente, también ha exigido «la salida del dictador Maduro porque nos ha llevado a la quiebra total y absoluta».

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha pedido este sábado la creación de una tarjeta sanitaria única en toda España para que «todos los ciudadanos tengan acceso a la sanidad en condiciones de igualdad».

Lo ha dicho en declaraciones a los medios frente al Hospital de la Creu i Sant Pau de Barcelona, junto al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, la líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, y el diputado de Cs en el Parlament Jorge Soler, en el día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal.

Ha recordado que Cs y PSOE pactaron en el Congreso esta propuesta en noviembre, por lo que «cualquier español que viaje por el territorio nacional podrá ser atendido en condiciones de igualdad».

«A los nacionalistas les enfada mucho todo lo que sea homologarnos todos los españoles y darnos los mismos servicios, porque ellos prefieren la desigualdad y el privilegio», y se ha comprometido a impulsar la medida si alcanza la presidencia de Cataluña.

En cuanto a la investigación por presuntas irregularidades de la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta del PSC, Núria Marín, ha dicho que demuestra que la corrupción «no solamente afecta al mundo nacionalista».

Ha afirmado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, está «mirando para otro lado», y que Cs no lo consentiría, ya que cualquier militante acusado de corrupción tendría que poner su cargo a disposición del partido.

Y ha criticado que JxCat, ERC y el PSC hayan empezado una «lucha por las sillas» de la Diputación de Barcelona –de que la Marín también es presidenta–, tanteando la posibilidad de presentar una moción de censura.

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha manifestado que los usos para el Pazo de Meirás ya están definidos en un documento aprobado en el año 2012 por la Xunta de Galicia y que los usos «a mayores» que puedan darse al complejo deben respetar los que marca dicha declaración.

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida este sábado a Radio Nacional en la que Portela ha dicho que el gobierno de Sada, municipio en el que se ubica el Pazo de Meirás, no coincide «en todo» lo que plantea el plan presentado por el Ejecutivo autonómico pero sí comparte «la parte educacional y didática» del documento.

Así, cree que Meirás, recientemente recuperado para patrimonio público tras un proceso judicial culminado hace días, debe servir para actuar de memoria de los represaliados tras el golpe de estado de 1936 y el régimen franquista.

De este modo, el regidor considera que es positivo dedicar el espacio a rendir tributo a Emilia Pardo Bazán pero que eso «es compatible» con «recordar que muchos intelectuales fueron represaliados, se tuvieron que ir o fueron asesinados en el golpe del 36 o en la represión posterior».

Así las cosas, Portela cree que habrá acuerdo sobre los usos del pazo que, a su juicio, tendría que quedar gestionado por un ente que aglutinase «no solo» a las administraciones, sino también a entidades sociales relacionadas con la memoria histórica, de las que ha destacado el papel jugado antes de que las instituciones acelerasen las gestiones para recuperar el inmueble en manos de la familia del dictador.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de lo Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este sábado que está «muy decepcionado» con la regularización de la situación fiscal del Rey emérito, que supone el «reconocimiento» de defraudación, y ha pedido a la Justicia «que siga investigando».

«La regularización supone un reconocimiento de los hechos», ha señalado Bal ante los medios durante la concentración en la Puerta del Sol contra las elecciones parlamentarias de Venezuela del pasado 6 de diciembre.

Aunque Bal ha reconocido la importancia histórica del Rey emérito con la Transición española, ha insistido en que «no puede haber situaciones de impunidad» y que se debe aplicar la ley para todos sin privilegios.

Tras ser preguntado por la vuelta del rey emérito a España, Bal ha señalado que al ser un «ciudadano libre» y no estar sujeto a ninguna medida restrictiva penal, «puede tomar las decisiones que tenga por convenientes de acuerdo con la Casa Real.

PIDE AL GOBIERNO QUE NO RECONOZCA EL «FRAUDE ELECTORAL» DE MADURO

Bal ha acudido este sábado a Sol, junto a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís para «apoyar» que en Venezuela unas elecciones que «cumplan con los estándares democráticos», que permitan que se puedan presentar todos los partidos políticos.

El portavoz ha recordado que desde el Congreso su partido ha instado al Gobierno que no reconozca el «fraude electoral» de Nicolás el pasado 6 de diciembre, algo en lo que también piden a la Unión Europea. «Que no se blanquee a un tirano», ha insistido.

Las CCAA donde gobierna el PP adelantarán el plazo de inscripción del próximo curso para que la Ley Celaá no les afecte, según ha anunciado este sábado el presidente del PP, Pablo Casado.

«Allí donde gobierna el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia), las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado», ha declarado Casado tras su visita a la empresa de distribución farmacéutica Hefame en Murcia.

El líder del PP ha afirmado hará todo lo posible, dentro del marco competencial autonómico, para que le Ley Celaá no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de Educación.

Además, ha abogado por «un sector educativo de calidad» y ha destacado el impulso que el PP dará a la Educación porque está a punto de aprobarse «una mala ley».

Casado ha explicado que las regiones que tengan lengua cooficial, como es el caso de Galicia, «mantendrán el castellano como lengua vehicular, al igual que el gallego». Además, se añadirá el inglés para pasar «del bilingüismo al trilingüismo cordial».

«No vamos a permitir la merma en la calidad educativa», ha indicado Casado en referencia a que se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas. Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad», asevera

Ha insistido en que cuando el PP llegue al Gobierno de España derogará «esta injusta Ley» y la recurrirá al TC y a las instituciones europeas una vez aprobada.

El presidente del PP también ha propuesto a Sánchez un Pacto de Estado por la investigación para dedicar al sector «desde ya» un 2% del PIB español. En este sentido, ha apostado por seguir invirtiendo en el sector de la investigación y la biotecnología para los que reclama recursos privados y públicos porque «son fundamentales para combatir enfermedades y mejorar la salud de muchos enfermos.

Casado ha asegurado que el Gobierno puede contar con «la plena colaboración del PP para que el calendario de vacunación se haga de inmediato», y ha puesto en valor la labor de la industria farmacéutica y a los farmacéuticos, que han mantenido las farmacias abiertas «dando la atención necesaria y arriesgando sus vidas para dar afecto y confianza a los españoles que han pasado el Covid-19».

Por último, ha reclamado «equidad por población y por potencia económica» a la hora de repartir los fondos europeos. «No puede ser que como no hay un agente independiente para distribuirlos, se pueda favorecer a los gobiernos socialistas o a las empresas que ellos consideren», ha señalado.

La militancia de la CUP ha aprobado el preacuerdo con Guanyem para que la exalcaldesa de Badalona (Barcelona) Dolors Sabater encabece la candidatura de la formación a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

En rueda de prensa telemática este sábado, la exconcejal de la CUP en Barcelona Maria Rovira ha explicado que ahora es Guanyem quien debe ratificar el preacuerdo: «Ahora es necesario e imprescindible que Guanyem haga su propio proceso».

También ha aclarado que Guanyem se integrará en los espacios de gobernanza de la CUP como lo hacen las demás organizaciones, y además se crearán nuevos espacios para «trabajar posibles disensos que pueda haber».

Pero no es una coalición: «Habrá una manera de relacionarnos concreta que estamos acabando de establecer, y que en el preacuerdo ya se indican los marcos de esta relación», por lo que habrá una relación específica para estos comicios.

En el debate del preacuerdo que ha mantenido la militancia de la CUP se han compartido las diferentes opiniones sobre los puntos, y seguirán trabajando con Guanyem para «aterrizar algunas de las cuestiones».

CARLES RIERA

El diputado en el Parlament Carles Riera ha dicho que la CUP hace un paso adelante «ante la irresponsabilidad y la confrontación constante de los partidos que gobiernan, y el fracaso en la respuesta a la crisis y en el ejercicio de la autodeterminación».

«La CUP tomamos una decisión responsable y coherente en un contexto social y económico extremadamente grave para la gente«, y ha afirmado que la suma en la construcción de la unidad popular es imprescindible para Cataluña.

El Consell Nacional de ERC ha aprobado este sábado sus listas electorales para concurrir a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero con el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, como candidato a la Presidencia.

En su intervención, Aragonès ha defendido que las listas de ERC conforman un «equipo coral que representa la manera de ver la política de ERC: que el liderazgo es compartido y que lo que importa es el equipo y los valores republicanos».

En ese sentido, ha puesto en valor que las listas electorales aúnan, con un total de 175 candidaturas, «voces diversas» de orígenes, lenguas y trayectorias personales y políticas, algo que –ha asegurado– refleja la diversidad de la ciudadanía en Catalunya.

De este modo, Aragonès estará acompañado en la lista de Barcelona por la exalcaldesa de Berga (Barcelona) y exdiputada de ERC en el Parlament, Laura Vilagrà, como número dos, y por el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, como número tres.

Les siguen algunos diputados del Parlament que repiten en las listas y que en esta ocasión ganan relevancia, como la diputada Najat Driouech y el presidente del Consell Nacional de ERC, Josep Maria Jové, que ocuparán la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Tanto Josep Maria Jové como Lluis Salvadó, que se presenta como número dos en la lista de Tarragona, tienen actualmente una causa abierta por la organización de la jornada del 1-O de 2017.

CONSELLERS

Varios consellers de la Generalitat encabezan las listas, como la consellera de Salut, Alba Vergés, la de Justicia, Ester Capella, o el conseller de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, que lo hacen por Barcelona.

En el caso de Lleida, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ocupa el segundo lugar, después de la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, lidera la lista de la demarcación de Girona, seguida por el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià y la diputada independiente Anna Caula.

En Tarragona, la lista está encabezada por la diputada Raquel Sans, y le seguirán los republicanos Lluís Salvadó, Irene Aragonès y Carles Castillo; este último se dio de baja del PSC en septiembre, renunció a su escaño y fue el primer miembro de los socialistas catalanes en visitar en la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Por su parte, el conseller de Educación, Josep Bargalló, ocupa simbólicamente una de las últimas posiciones de la lista para Barcelona.

PRESOS DEL 1-O

También ocupa otro lugar simbólico es la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que cierra la lista por Barcelona, y que en octubre ya renunció presentarse como número 2 de la lista de los republicanos al alegar que Cataluña necesitaba «gente sobre el terreno.

Por otro lado, no forman parte de las listas los líderes republicanos independentistas condenados por el 1-O Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carmel Forcadell, aunque Aragonès ha asegurado que «tendrán voz».

MUNICIPALISMO Y PARIDAD

Las listas de ERC para estas elecciones son cremallera para garantizar la paridad de género, y en ellas figuran dos mujeres transexuales, Clara Palau y Fina Campàs, que pueden convertirse en las primeras diputadas transexuales de la historia del Parlament.

Además, un total de 106 de los 175 candidatos provienen del ámbito municipal para tejer consensos con el mundo local «con el objetivo de la independencia en común», ha informado la formación en un comunicado.

En Barcelona, también repiten en las listas diputados como Ernest Maragall o los independientes como Jenn Díaz, Ruben Wagensberg o Núria Picas, entre otros.

En la mañana de este sábado, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha visitado la localidad de La Roda (Albacete), donde ha defendido que ante «el mayor reto del país» el Gobierno de España está dando «la mejor y mayor respuesta de país», con un plan de «recuperación, transformación y resiliencia» sin precedentes en la historia de la Unión Europea.

«Por primera vez, Europa se encuentra con Europa», ha asegurado Darias, aseverando asimismo que para ello ha habido que endeudarse con el propósito de «dar respuesta» a la crisis sanitaria. Así lo ha defendido ante los medios de comunicación en el encuentro que ha tenido con el edil de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, en su visita al proyecto de rehabilitación de La Posada del Sol.

Asimismo, ha señalado que «la cooperación es la base para el desarrollo y el entendimiento es la base para la cooperación», una reflexión que expuesto aseverando que en su opinión «la política territorial que necesita este país no es otra que aquella orientada a crear un mínimo común de entendimiento».

De esta manera, ha manifestado que las personas que tienen representación pública están «obligados» a entenderse para dar respuesta a la ciudadanía. «Un entendimiento que nos permite comunicarnos, colaborar y trabajar juntos», ha dicho Darias.

Con su visita a La Roda, ha querido reconocer «el fantástico trabajo» que se realiza en los municipios de España, puesto que considera que los ayuntamientos «están en primera línea» y son «la primera puerta de entrada a las administraciones públicas».

Es por ello por lo que, como ministra, ha querido aprovechar su cargo para «conocer la realidad de cuantos municipios integran este país», ya que considera que de esta manera se consigue trasladar la acción del Gobierno «conocer mejor la realidad, las necesidades que presentan» y poder así, «trabajar juntos de la mano» para mejorar la vida de los ciudadanos.

AMORES DEFIENDE QUE ES UN MOMENTO «CRÍTICO» PERO DE «OPORTUNIDAD»

Por su parte, el primer edil de La Roda, Juan Ramón Amores, ha agradecido la visita de la ministra a la localidad rodense con quien se ha reunido para «facilitar un punto de unión con el Gobierno de España». «Estamos en un momento crítico, después, durante esta crisis sanitaria, social y económica, pero también es un momento de oportunidad».

Es por ello por lo que Amores ha manifestado que La Roda va a participar en los proyectos europeos con el propósito de conseguir llevar a la localidad infraestructuras que considera que son necesarias. Asimismo, ha asegurado que se van a preparar proyectos para que el municipio esté dentro de dicha convocatoria.

Asimismo, también ha señalado que el Gobierno de La Roda está dispuesto a participar en cualquier convenio de convocatoria pública, «no más que ningún pueblo de España, pero tampoco menos».

Amores considera que en estos momentos hay «una oportunidad histórica para ayudar a la gente«, y asegura que el único motor que le mueve para estar en la política es el de ayudar a la gente, reconociendo que, en su opinión, el Gobierno de España «está en la misma línea.

Así, ha querido defender además que para él en las instituciones «da igual el partido que las gobierne, da igual el color político» ya que lo «único» que hay que mirar son a las personas «para hacer un mundo mejor».

Por último, ha señalado que, aprovechando la visita de la ministra, le ha pedido, entre otros asuntos, que traslade al Gobierno central «la ilusión, la necesidad, la oportunidad de este edificio, simbólico y único», haciendo referencia a la Posada del Sol, para conseguir así que «no se caiga».

Es por ello por lo que le ha trasladado a Darias la petición de trasladar al ministro de Fomento la resolución que se necesita para poder rehabilitar las instalaciones, aunque ha querido dejar claro que de no darse la resolución necesaria, será el Ayuntamiento de La Roda quien lo haga.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado que lleva «doce años imputado ininterrumpidamente» y que ha sido «perseguido» por parte de jueces «socialistas» y una Fiscalía Anticorrupción que «no busca la verdad» sino que él «no escape». «En mi caso, el estado de derecho está quebradísimo», ha afirmado, antes de señalar que denunciará esta situación en los tribunales «hasta el final».

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de València haya ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Francisco Camps y otros cargos por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

Camps ha lamentado que lleva «doce años imputado ininterrumpidamente» desde que en 2009 se le investigase por los regalos de cuatro trajes y ha sumado nueve causas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, de las que quedan dos abiertas, según ha recordado, y en resto queda absuelto o son archivadas.

«Durante doce años he vivido los veranos y las navidades imputado. Siempre he estado imputado. Y no saben ustedes lo que significa de carga personal, además del dolor que significó para mí dejar se ser presidente de la Generalitat ganado como simpre limpiamente en las urnas», ha lamentado.

Francisco Camps ha contrapuesto su dimisión por la causa de los trajes con la actitud de la «cantidad de personas, cargos públicos, políticos de PSOE, Podemos, ERC, Bildu que tienen imputaciones, que están procesados y que no han dimitido absolutamente nada». Así, ha resaltado el «desnivel y desequilibrio» que cree que hay entre su dimisión y «lo que hoy está siendo la actitud política de la izquierda valenciana y española, del independentismo valenciano-catalán, el indepentismo catalán y el vasco».

El expresidente ha desgranado las nueve causas y ha destacado que cuatro son «como consecuencia del pacto de Ricardo Costa y Álvaro Pérez con la Fiscalía Anticorrupción en su correspondiente juicio en Madrid sobre la pretendida financiación irregular del PP», en los que estos han «variado a partir de 2018 completamente su argumentación y su relato», con «todo el apoyo de las instancias de la Fiscalía».

«LA FISCALÍA BUSCA QUE NO ME ESCAPE»

Ha denunciado «la persecución» a la que ha sido sometido «por parte de la Fiscalía Anticorrupción». «La Fiscalía Anticorrupción respecto de mí no busca nunca la verdad, busca que no me escape, es una cosa curiosísima, es una gran paradoja. El Ministerio Público, funcionarios del Estado, cuyo único objetivo es que no me escape», ha aseverado el ‘expresident’ de la Generalitat.

Ha asegurado que «continuará peleando» para defender su «dignidad como expresidente de la Generalitat y como ciudadano español».

Camps se ha referido a la causa de contratos menores cuya instrucción se abrió en 2008 y ha aludido, en este caso, a las grabaciones de «conversaciones de Villarejo, Dolores Delgado, Baltasar Garzón, todos siendo felices y tomando vino», unas conversaciones que sitúa como «inicio intelectual» de la investigación. Además, ha añadido que Delgado «es jefa del fiscal anticorrupción» que le «persigue».

«ESTO NO PASA NI EN CUBA NI EN VENEZUELA»

«Esto no pasa ni en Cuba ni en Corea del Norte ni en Venezuela, que son grandes dictaduras, una de ellas apoyada por Sánchez e Iglesias como es la de Venezuela».

También se ha referido a la cacería del exjuez Garzón con el exministro de Justicia Mariano Bermejo y Dolores Delgado. Ha insistido en que el exmagistrado Baltasar Garzón fue diputado nacional del PSOE y secretario de estado con Felipe González. «Un juez instruye a un político del PP siendo socialista en una causa que tiene que ver con su trabajo político».

Igualmente, ha subrayado que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata es «otro socialista, director general de Zapatero de Justicia en la época en la que se estaba instruyendo Gurtel», y «acaba de ser nombrado en los tribunales de la Haya, que necesita el apoyo y el visto bueno del gobierno de Sánchez e Iglesias, como, seguro, premio a los servicios prestados a la causa.

UNA «NOVELA NEGRÍSIMA»

Así, a su juicio, la situación es «de novela negra, negrísima, y una parte de la novela también algo rosa». «Al final estas cuestiones son las que hacen quebrar el estado de derecho. En mi caso el estado de derecho está quebradísimo y, desde luego, yo me iré hasta el final».

«Me iré a los tribunales a explicar lo que ha pasado, cosa que anuncio de antemano, lo que está pasando en España, con estos jueces que son socialistas, vuelven a la judicatura y otra vez a ser apoyados por el gobierno socialista», ha apostillado.

«XIMO PUIG ESTÁ EN TODAS MIS CAUSAS»

Por otra parte, ha señalado que en estos doce años el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «está en todas sus causas» y que el PSOE «ha pagado abogados» para que le «persigan» pero desde que Puig es ‘president’ «los pagan los valencianos. Ha reprochado que en la causa archivada por la visita del Papa «la Abogacía no quiso participar y han contratado a un abogado externo».

Por todo lo anterior, Francisco Camps ha ironizado: «Imagínese que me voy a La Habana o a Caracas y les digo a los amigos de PSOE y Podemos ‘fíjense, a mí en Madrid la Audiencia Nacional me ha instruido un socialista juez una causa cuya instrucción la comenzó otro socialista en el año 2008, Baltasar Garzón, el fiscal es amigo de la extrema izquierda radical comunista de Podemos y, además, la acusación popular es Ximo Puig, que ocupa el lugar del que yo dimití por los trajes'».

«Hasta los Castro dirían ‘no me lo puedo creer, nosotros somos comunistas dictadores pero hacemos las cosas de otra manera, que no se note tanto'», ha agregado.

En este punto, ha remarcado que su «miedo no es la quiebra del estado de derecho» en su caso sino la «quiebra del sistema que permite que esta relación del PSOE y Podemos con los jueces que instruyen a la gente del PP sea tan evidente. «Es un escándalo», ha enfatizado.

Camps ha asegurado que «va a seguir peleando» junto a sus abogados para que las causas que le restan, la de Valmor y «la del juez socialista de la Mata» –en alusión a la pieza del caso Gürtel que investiga el contrato del stand de grandes eventos de Fitur en 2007– para ver si «llegan a buen puerto al que han llegado las otras siete».

Fernando Valera Sánchez ha tomado posesión este sábado como nuevo obispo de la Diócesis de Zamora en una ceremonia que ha tenido lugar en la Catedral de la ciudad.

En un acto que ha contado con la presencia del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, del que fuera prelado de esta misma zona, Juan María Uriarte, o del administrador apostólico de León, Julián López, entre otros, el religioso murciano ha sustituido oficialmente a Gregorio Martínez Sacristán, que falleció en el puesto en el mes de septiembre de 2019.

La ceremonia ha tenido lugar ante 250 personas, «por debajo del 50% del aforo permitido», según ha informado la diócesis, y sin autoridades políticas de ningún tipo.

Cabe destacar que, inicialmente, se había anunciado la presencia del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, pero finalmente su asistencia se anuló unas horas antes de la ceremonia.

En cuanto a la celebración como tal, Valera ha entrado a la Catedral a eso de las once de la mañana y ha rezado frente a la zona donde reposan los restos mortales de su predecesor, en el trascoro del propio templo.

A continuación, el nuevo obispo ha accedido a la sala capitular y ha comenzado una celebración presidida por el nuncio en España, Bernardito Auza.

La primera intervención ha corrido a cargo del que ha sido administrador diocesano desde la muerte de Gregorio Martínez, José Francisco Matías, que ha dado la bienvenida al que ya es el nonagésimo octavo prelado de la diócesis zamorana.

El religioso ha hecho un dibujo del contexto social que se va a encontrar el obispo, en una de las zonas más castigadas de la España Vaciada.

Más tarde, tras la ordenación y la toma de posesión, Valera ha indicado en su homilía que viene «a una Iglesia con raíces profundas, situada en la España recia y fecunda en esperanza», y ha apelado a «la raíz de la fe para mostrar la gloria de Dios».

El nuevo obispo también ha aprovechado la ocasión para agradecer su nombramiento a los dirigentes eclesiásticos y para reconocer el apoyo de su familia, que estuvo representada en la ceremonia.

El acto ha concluido con un recorrido del prelado por el templo entre los aplausos de los asistentes.

El PSOE ha replicado a Podemos que su defensa de compensar a grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma responde a la necesidad de contar «toda la seguridad jurídica posible» para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables.

Según han informado fuentes de la parte socialista del Gobierno a Europa Press, las negociaciones para la aprobación del decreto «están avanzando» para tenerlo aprobado «lo antes posible», aunque han insistido en la complejidad del texto y en que se está intentando elaborar una norma que no sea recurrible desde el punto de vista constitucional, ya que los que pueden salir «perdiendo» son las personas afectadas por la vulnerabilidad económica.

Esta réplica se produce después de que Unidas Podemos haya acusado al PSOE de retrasar la aprobación del real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma, al insistir durante la negociación que se compense «con dinero público» a los grandes tenedores de vivienda.

Tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del decreto de paralización de los desahucios propuesto por Unidas Podemos», apuntaron a Europa Press fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que lidera Pablo Iglesias.

El principal motivo de discrepancia radica, según estas fuentes, en la exigencia por parte de los ministerios de Economía y Justicia de desplegar una «compensación» a los grandes tenedores de vivienda para que «no vean reducidos sus beneficios por esta medida.

La decisión de compensar a grandes propietarios afectaría tanto a los contratos de arrendamiento como a las viviendas okupadas. En este último caso, se establecerá un plazo de tres meses para que Servicios Sociales busquen un nuevo alojamiento a las personas que acrediten una situación de vulnerabilidad.

LA TENSIÓN SE REAVIVA

La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios ya generó una fuerte tensión entre los socios de Gobierno durante semanas, que se ha vuelto a reavivar pese a que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntaba recientemente que se podía abordar en el próximo Consejo de Ministros dado que se trabajaba en ajustar aspectos jurídicos.

Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Unidas Podemos volvió a plantear a finales de octubre, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previas a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.

Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario de la formación morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado morado, recalcaban que era un asunto prioritario, como medida sanitaria y desde el plano de protección social.

A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.

El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma.

Ese consenso pautaba abarcar a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y encargaba a las comunidades autónomas ofrecer la opción de realojo en forma de vivienda digna, cerrando la puerta a derivar a las familias en albergues o centros de acogida.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha manifestado que el Gobierno ya cuenta con una estrategia de vacunación contra el COVID-19 y ha señalado que en los consejos interterritoriales de Sanidad se analizan «cuáles son las actuaciones en materia de Salud», estableciendo así «un marco común». «Entre esas actuaciones estrategias y coordinadas, está la estrategia única de vacunación», ha afirmado.

De esta manera ha querido responder a la propuesta que de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que este viernes, tras reunirse en Talavera de la Reina, solicitaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar asuntos como la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Así lo ha expuesto desde La Roda (Albacete), donde ha estado este sábado visitando las instalaciones de la Posada del Sol para conocer el proyecto de rehabilitación de dichas instalaciones.

«Hace ya algunas semanas, España ha sido el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, que hemos aprobado una estrategia única de vacunación», ha señalado Darias, considerando que las declaraciones de este viernes de García-Page, Lambán y Fernández Mañueco se referían «a la existencia ya de esa vacunación». Una estrategia que ha permitido a España, junto a la Unión Europea, estar en un bloque con el que se va a permitir que a principios de años se pueda vacunar a «una parte importante» de España.

MUESTRA «RESPETO» AL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Por otra parte, Carolina Darias ha respondido a la situación que se está dando en los últimos días con el rey Juan Carlos, asegurando que el Gobierno de España tiene «respeto» al principio de igualdad. Un principio que asegura que es parte de todos los ciudadanos.

Asimismo, también ha querido dejar claro que el actual Gobierno «está convencido» de que «solo desde la solidez de las instituciones» se va a conseguir avanzar. Por último, ha señalado que la Jefatura del Estado «es una de las instituciones más importante» de España, aseverando que «la monarquía parlamentaria, como nuestro sistema político, tiene no solo tiene presente sino futuro».