Las lluvias de los últimos días, unido al deshielo de la nieve en la serranía, han provocado que durante la mañana de este viernes el caudal del río Júcar a su paso por Cuenca capital esté aumentando hasta los 34,5 metros cúbicos por segundo, siendo su valor normal entre los 2 y los 5 metros por segundo.

Dicha subida del caudal del río está provocando que varias partes del paseo fluvial que discurre junto a dicho río se esté viendo anegada por el aumento del caudal, como es en la zona del barrio de San Antón, donde el agua está ocupando los espacios para viandantes.

Desde esta madrugada, el Ayuntamiento de Cuenca ya había cortado los accesos a dichas zonas fluviales debido a la fuerte tormenta que ha tenido lugar durante la madrugada, llegándose a registrar rachas de viento de hasta 64 kilómetros por hora y habiendo registrado los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta 12 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

Mayor cantidad de precipitaciones se han registrado en la serranía de Cuenca en las últimas 24 horas, también según la Confederación Hidrográfica del Júcar, como los 27,4 litros en el embalse de La Toba, los 22,6 litros en la Ciudad Encantada o los 18,6 litros en Tragacete.

VIENTO

Mientras, los servicios municipales del Ayuntamiento de Cuenca han atendido durante este viernes más de una veintena de incidencias debido al fuerte viento, que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían alcanzar los 100 km/h. A esta hora siguen actuando Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos, Protección Civil y Parques y Jardines y personal de Cauler.

En nota de prensa, el Consistorio ha indicado que la caída de tejas y saneamiento de fachadas ha sido una de las más repetidas, produciéndose en las escaleras entre Ciudad de Paju y República Argentina, Francisco de Luna, Juan Gómez de Mora o Doctor Galíndez, así como en el colegio San Julián y la Escuela de Arte Cruz Novillo.

La ciudad ha sufrido también la caída de ramas y árboles, como en Las Quinientas, parque de Villa Luz, Villa Román, inmediaciones del helipuerto, junto a parque de San Fernando, zona del Castillo o Fuente del Oro.

El concejal de Servicios Públicos, Adrián Martínez, ha indicado que aunque recientemente se ha realizado un apeo y el Servicio de Parques y Jardines revisó todas las zonas verdes tras la borrasca 'Filomena', sigue existiendo riesgo de que el viento provoque la caída de ramas e incluso de árboles enteros pues se da la circunstancia de que la tierra está muy húmeda y, debido a naturaleza, hay especies que no tienen un sistema raticular lo suficientemente fuerte.

En el caso del arbolado, se ha ido retirando según se tenía constancia de la incidencia, y en unos y otros casos se han balizado aquellas zonas en las que se ha considerado pertinente.

A esto hay que sumar el cerramiento "arrancado" en una urbanización de Cerro de la Horca y el desplazamiento y caída de contenedores por toda la ciudad.

Tal y como se había informado, Policía Local precintó a primera hora de la mañana los accesos al paseo fluvial y zonas de recreo próximas a los ríos debido al riesgo de caída de ramas y árboles, y también ante un cierto crecimiento del caudal.

Voluntarios de Protección Civil mantienen la vigilancia por aquellas zonas y se mantiene la advertencia de no acercarse por aquellas zonas ni estacionar el vehículo en lugares como el Recreo Peral o el Bosque de Acero.

Desde el Ayuntamiento de Cuenca se mantiene la recomendación de no transitar por parques, jardines ni zonas arboladas, e ir con cautela por las vías públicas, a pesar de que la alerta de la Aemet finalizaba en el mediodía de hoy, pues los servicios municipales se mantienen a esta hora atendiendo incidencias.

El presidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que le dan "vergüenza" los políticos que "se saltan la cola" de la vacuna del Covid y se la ponen antes que personas consideradas prioritarias en el protocolo establecido, por lo que cree que estos dirigentes deberían dimitir y "de forma fulminante" además.

"Esto es muy demoledor para los ciudadanos" y, más allá de la "anécdota", resulta "desmoralizante", ha opinado el regionalista, que también ha criticado que directivos de Ambuibérica se hayan antepuesto en el suministro de la dosis al personal sanitario de la empresa, concesionaria del servicio de ambulancias en la región. "Otros caras con todas las de la ley", les ha llamado.

Revilla ha respondido así este viernes a preguntas de los periodistas sobre el hecho de que cargos públicos se adelanten en el proceso de inmunización frente al coronavirus y la denuncia de los trabajadores de Ambuibérica, que aseguran que la empresa ha vacunado al gerente, el exgerente -que "está en el País Vasco"- y a una treintena de empleados del ámbito administrativo y de oficinas, con lo que técnicos del transporte sanitario urgente se han quedado sin la dosis.

"Es tremendo", ha resumido el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, para quien los políticos que se han vacunado antes de lo previsto "tienen que dimitir fulminantemente. Yo no estaría ni un día", ha aseverado.

En este sentido, supone que a "todos" los dirigentes les pueden ofrecer la posibilidad de ponerse la vacuna primero que a otros ciudadanos, pero aceptarlo y "saltarse la cola" es algo que a su juicio "no pasa por la mente de cualquier político decente".

Y más cuando hay gente que está "muriendo" por el Covid y otros están perdiendo a familiares o sus negocios, mientras los cargos públicos están entre las personas que, en general, tienen "un mayor nivel de protección", pues por ejemplo no viven en residencias, cárceles o lugares donde la probabilidad de contagio es mucho mayor, ha comparado.

Por eso, Revilla siente "vergüenza del comportamiento" de quienes, aprovechando su cargo, se inmunizan antes, y también de "alguno que se pasa de listo y, no tocándole, aprovecha que pasa por allí la vacuna y se la pone".

"Aquí hay que estar a la cola", ha sentenciado el presidente cántabro, que este sábado cumplirá 78 años y calcula que le tocará vacunarse hacia el próximo mes de marzo o abril.

Por lo demás, al regionalista no le consta, como tampoco a su consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez, que en Cantabria se hayan vacunado cargos públicos sin que les corresponda.

Así, aunque no sabe si habrá habido algún tipo de ofrecimiento al respecto, está "convencido" de que no se ha llevado a cabo. Y si fuera así, ha advertido de que él sería "el primero" en pedir dimisiones.

Al hilo, y a propósito de la vacunación en Ambuibérica, le parece "muy bien" que se ponga el foco en los políticos, que "deben dar más ejemplo que nadie", pero en un 'segundo nivel' ve "muy mal" lo que han hecho los directivos de la empresa, "otros que se han saltado el protocolo".

"¡Hombre, por favor! ¡Los jefes no llevan las ambulancias!", ha exclamado Revilla, para concluir que "se han pasado de la raya" y son "otros caras, con todas las de la ley".

El hermano del sacerdote Rubén Pérez Ayala, uno de los cuatro fallecidos en la explosión de la calle Toledo por un escape de gas, presidió este jueves en la parroquia Santa Catalina Labouré una Misa funeral por él y por David Santos, feligrés de la parroquia también fallecido, y ha pedido que esto "no permita dudar del amor de Dios".

"Que esto no nos permita dudar del amor de Dios", indicó el sacerdote Pablo Pérez de Ayala citando las palabras que pronunció el padre de ambos cuando veía "cómo se apagaba" la vida de su hijo.

Antes de comenzar la celebración, y ante los féretros de los difuntos, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ofreció un responso. El féretro de Rubén estaba recubierto con su casulla y su estola, y con su Biblia, que fue rescatada de entre los cascotes, según informa el Arzobispado de Madrid.

"¿Es Dios un monstruo?", planteó el catequista de David y Rubén, Cristóbal Arjona, en la monición de entrada. "¿Esto tiene sentido? ¿Es posible el consuelo?", se preguntó, para añadir que la respuesta es la Resurrección de Cristo.

Por su parte, el celebrante aseguró que Rubén y David fueron dos hermanos de comunidad "que han partido juntos" y que ya en este mundo estaban unidos por una "amistad verdadera, fundada en Jesucristo".

Este jueves, día en que se cumplían los siete meses de la primera misa de Rubén, recordaba el sacerdote sus palabras en su también primera homilía como presbítero, en las que decía tener la "certeza de que el Señor no le iba a abandonar".

Así se lo dijo Pablo Pérez de Ayala a Sara, la mujer de David Santo, otro de los fallecidos. "Tú sabes que el Señor nunca te ha defraudado", subrayó, al tiempo que indicó, como dice la Escritura, que "el Señor no abandona a la viuda y al huérfano".

También puso como ejemplo de fe y confianza a los niños explicando que las hijas del feligrés fallecido decían este jueves que su padre las va "a cuidar desde el cielo", y que uno de los sobrinos había preguntado si "el tío Rubén se ha llevado el teléfono al cielo".

El sacerdote apeló también a la esperanza y concluyó su homilía reconociendo que fue una "gracia" administrarle a su hermano la Unción y la indulgencia.

La ceremonia íntima, a la que asistieron familiares y allegados, así como hermanos de comunidad y catequistas del Camino Neocatecumenal, fue concelebrada por numerosos sacerdotes, entre ellos, Alejandro Aravena, Moisés León y Gabriel Benedicto, de la Parroquia de la Virgen de la Paloma, en la que se produjo el suceso, que se encontraban allí en el momento de la deflagración y que resultaron ilesos.

También participaron el vicario general de la diócesis de Madrid, Avelino Revilla; el rector emérito del seminario Redemptoris Mater de Madrid, Juan Fernández, y el vicario episcopal de la III, donde se ubica La Paloma, Alfonso Lozano.

Tras la Misa funeral, que reunió a más de 14.000 espectadores simultáneos en YouTube, los entierros serán este viernes también en la intimidad familiar. En los próximos días se darán los detalles del funeral diocesano, que será presidido por el arzobispo de Madrid.

La discoteca Teatro Barceló de Madrid ha asegurado respecto a las imágenes difundidas a través de redes sociales de gente bailando sin mascarilla ni distancia de seguridad dentro del establecimiento, como "un hecho puntual que tuvo lugar en un momento concreto, coincidiendo con el cierre de la actividad del local".

Los responsables de Teatro Barceló han emitido un comunicado en relación con dichas imágenes, cuyo contenido aseguran "lamentar", con el fin de "aclarar el hecho puntual que tuvo lugar en un momento concreto, coincidiendo con el cierre de la actividad del local".

En un comunicado, detallan que "en estos momentos la sala está recabando toda la información con el objetivo de poder interpretar correctamente estas imágenes, como un hecho puntual y extraordinario, en el contexto del final de la sesión y como consecuencia de una reacción espontánea de una parte del público, localizado en una zona muy concreta de la sala".

"En este sentido y queriendo situar en el contexto los 9 segundos del vídeo, la sala quiere dejar claro que inmediatamente después de las imágenes, el personal de control de acceso de la sala reaccionó con la mayor celeridad expulsando del local al grupo de personas que participa en las imágenes, por incumplimiento de la normativa sanitaria", aseguran los responsables de la discoteca.

REFORZARÁN LAS MEDIDAS INTERNAS NECESARIAS

Añaden que "asumiendo lo sucedido, pero queriendo poner en valor la capacidad de reacción, el compromiso por la seguridad y el rigor en el cumplimiento de la normativa, acreditado por la sala a lo largo de toda su trayectoria y muy especialmente durante este periodo tan difícil provocado por la crisis sanitaria", la sala "reforzará las medidas internas necesarias que permitan garantizar que un hecho de estas características no pueda volver a producirse".

"Entendiendo el malestar que pueden provocar estas imágenes, la sala quiere transmitir un mensaje de responsabilidad y compromiso, tal y cómo viene actuando a lo largo de toda su historia", agregan los responsables de Teatro Barceló.

DISCULPAS

Asimismo, han enviado "un sincero mensaje de disculpa tanto ante la opinión pública, como a los responsables sanitarios y a los compañeros del sector del ocio y los espectáculos que puedan sentirse afectados negativamente por las imágenes que se han difundido".

Tras recalcar "la importancia de la rápida reacción del personal de admisión que actuó de forma inmediata ante la reacción espontánea del público", la sala ha puesto de manifiesto "la implicación" de todos los agentes que forman parte de este sector, "pero muy particularmente del público y los clientes, cuya responsabilidad es fundamental para el buen funcionamiento de las sesiones y los establecimientos".

La provincia de Almería y su capital son las primeras de Andalucía en rebasar la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en esta tercera ola del coronavirus; una marca que también supera Jerez de la Frontera (Cádiz) dentro de las ciudades andaluzas con una población de más de 100.000 habitantes aunque, por el momento, ninguno de los dos municipios sufrirá restricciones adicionales al cierre perimetral hasta que se revisen las medidas el próximo lunes.

Con 30.757 casos acumulados de covid-19 tras sumar este viernes 823 nuevos positivos --la cifra más alta notificada en un solo día hasta ahora--, la provincia de Almería sitúa su tasa en los 1.031,5 casos por cada 100.000 habitantes, esto es, 235,6 casos por encima de la media andaluza y 118,9 por encima de la segunda provincia más afectada, que es Huelva (912,6), seguida de Cádiz (885,2), según se desprende de los datos facilitados por el Gobierno andaluz.

La provincia almeriense ha doblado prácticamente su tasa en una semana después de que superara la franja de 500 casos por cada 100.000 habitantes hace ocho días, siendo también la primera provincia andaluza en hacerlo por entonces con 542 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo, Almería capital se convierte también en la primera de las andaluzas en superar la tasa del millar de contagios, con 1.020,5 casos por cada 100.000 habitantes, si bien las restricciones al comercio no esencial no afectarán a la ciudad por el momento hasta que se produzca una revisión de medidas el próximo lunes por parte del comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Almería, cuya decisión no entrará en vigor hasta el próximo miércoles.

Las provincias andaluzas han empeorado considerablemente su tasa de contagio con respecto hace dos semanas, cuando solo dos de ellas, Jaén y Almería, tenían un volumen por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la tasa de contagio era de 217,3 casos en Jaén, 203,1 en Almería, 195 en Cádiz, 154,7 en Málaga, 153,7 en Córdoba, 148,7 en Granada, 141,6 en Huelva y 102,7 en Sevilla.

La capital almerienses se distancia del resto de capitales andaluzas en el incremento de su tasa, ya que la segunda más afectada es Málaga, con 795,6 casos por cada 100.000, seguida de Granada con 781,2 casos y de Huelva con 763,6. No obstante, este viernes todas las capitales andaluzas se sitúan ya por encima de la tasa de 500 casos tras la incorporación de Sevilla, que asciende hasta los 519,3 contagios por cada 100.000 habitantes.

Con la capital son ya 35 los municipios almerienses que superan o han superado la tasa del millar de casos por cada 100.000 habitantes, ya que en 34 de ellos se aplicará desde este sábado además del cierre perimetral la suspensión del comercio no esencial. Asimismo, a los 23 municipios con cierre perimetral por superar la tasa de 500 casos --entre los que se incluye por el momento la capital-- se unen, sin restricciones aún, las localidades de Tíjola (649,5), Bacares (813) y Bentarique (840,3).

Actualmente, el número de casos activos y potencialmente contagiadores en la provincia se sitúa en los 10.507. Almería registra este viernes ocho nuevos fallecidos hasta los 349 acumulados, con dos decesos en Chirivel y otros dos en Vera así como uno en la capital, Lubrín, Albox y Antas. En cuanto a las recuperaciones, son 142 los curados que sitúan la cifra de personas recuperadas en 19.901.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'operación Kitchen', Manuel García Castellón, ha ordenado el expurgo de varios "archivos y documentos especialmente sensibles" que fueron incautados al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo al entender que pueden afectar a "secretos de Estado".

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 20 de enero, afirma que es "inaplazable la necesidad de excluir del procedimiento la indicada información, sin perjuicio de que justificado cumplidamente un interés concreto y legítimo pueda solicitarse su desclasificación, conforme este juzgado ya tiene solicitado del Consejo de Ministros de la Nación en otras ocasiones".

Mientras tanto, la documentación apartada del caso debe "quedar precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad", advierte el magistrado, al mismo tiempo que ordena la puesta en conocimiento de este "descubrimiento o hallazgo" al Centro Nacional de Inteligencia, "adoptando entretanto las medidas de protección que se estimen pertinentes".

Según indica la resolución, entre la documentación excluida se encuentran denuncias, recopilación de informaciones sobre terrorismo yihadista, varios documentos con información bancaria sobre terceros y archivos de audios, que fueron encontrados en la carpeta denominada 'Marcel', que fue, entre otras, incautada en los registros que se produjeron en noviembre de 2017 tanto en el domicilio y en las oficinas del comisario como en las de su socio Rafael Redondo.

"Entre este material se ha podido tomar conocimiento de la existencia de información archivos y documentos especialmente sensibles, afectos a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecte gravemente a la seguridad de las personas o que perjudique a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento", indica el juez García Castellón.

ADVERTENCIA DE ANTICORRUPCIÓN

El expurgo se ha ordenado a petición de la Fiscalía Anticorrupción que en un escrito remitido al juez un día antes, advirtió de que en la documentación aportada por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en relación a informe de 2020 sobre la conexión del comisario, también jubilado, Marcelino Martín-Blas con el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, se observan documentos que "por su formato o contenido tendrían clasificación legal de secreto".

Según explican los fiscales César de Verdes-Montenegro y Miguel Serrano, los documentos "contienen datos concretos sobre fuentes, datos o informaciones que puedan revelar aquellas, de los servicios policiales de información".

También consideran que dicha información puede estar relacionada con "secretos oficiales, relativo a los medios y técnicas operativas utilizados en las lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".

Con todo ello, el magistrado recuerda en su auto, en el que acepta esta petición de Anticorrupción, que "desde el comienzo de la presente investigación se ha puesto de manifiesto que entre la documentación intervenida al investigado José Manuel Villarejo Pérez, se encontraría un ingente material documental e informático que este mantenía depositado sin ninguna habilitación legal para ello después de su jubilación como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2016".

YA SE ADOPTARON OTRAS "CAUTELAS"

Por ello, durante la investigación se han adoptado "sucesivas cautelas para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida", como ocurrió en noviembre de 2017, tras la detención de Villarejo. También se hizo en enero de 2018 cuando el magistrado requirió a la Policía Judicial que informase de cualquier hallazgo en el análisis de los dispositivos informáticos de contenidos que puedan comprometer la seguridad del Estado o información que pudiera estar legalmente clasificada.

Asimismo, en diciembre de 2018, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso como especial cautela que antes de facilitar copia del material intervenido a las partes las partes se procediera a evaluar el impacto de los documentos intervenidos por si pudieran contener información legalmente clasificada conforme a la legislación de secretos oficiales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 27 años, tras presuntamente lanzar a otro por la ventana de un segundo piso en Valencia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los arrestados están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo con intimidación y allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron a mediodía en un piso del distrito valenciano de Russafa. La Policía recibió un aviso en el que se le alertaba del incidente y se trasladó hasta el lugar indicado.

Una vez allí, los agentes asistieron a la víctima, un hombre que se encontraba en el patio de luces del edificio y que, al parecer, habría sido lanzado por la ventana de su vivienda. Tras ello requirieron asistencia sanitaria.

Así mismo, realizaron varias comprobaciones en el domicilio y observaron que la puerta de acceso estaba forzada y entreabierta. En la vivienda, además, encontraron restos de sangre en el suelo, así como un palo de escoba doblado en el salón, y comprobaron que la ventana desde la que habría sido lanzada la víctima estaba totalmente abierta y varios cables de tendedero fracturados.

Los investigadores descubrieron que los cuatro detenidos habían entrado a la fuerza en la vivienda y habían atacado a sus tres moradores y lanzado por la ventana a uno de ellos. También habían sustraído un teléfono móvil.

Los policías establecieron un dispositivo para localizar a los agresores, que lograron detener. Todos ellos, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

El precipitado fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad, donde permanece ingresado, mientras que sus dos compañeros de piso solo presentan lesiones leves.

El Consejo de Europa ha instado al Gobierno de España a trabajar de forma integral en la lucha contra todos los tipos de violencia que sufre la mujer, según se recoge en el informe del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO).

Este documento, analiza y evalúa el nivel de cumplimiento de las medidas legislativas y de otra índole que dan efecto a las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

Tal y como señala el Ministerio de Igualdad, el análisis presentado por el Ejecutivo tiene fecha de 31 de enero de 2019, aunque el documento del GREVIO también se refiere a actuaciones implementadas entre los años 2016 y 2017 como, por ejemplo el Pacto de Estado alcanzado en el Congreso, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) o las mejoras del sistema de evaluación del riesgo para la víctima de la Policía, entre otras.

Desde el Gobierno, también se ha informado a los expertos sobre otras futuras normas y políticas públicas más inminentes en materia de violencia contra las mujeres. En este caso, se refiere a la futura aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la redacción de la Estrategia Nacional de lucha contra las Violencias de Machistas 2021-2025 o la ampliación y mejora de la línea telefónica 016.

VEN "CARENCIAS" Y "RETOS"

Con este escenario, las conclusiones del informe del GREVIO destaca "la firme determinación de las autoridades españolas por implementar políticas en el área de la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, así como su papel pionero en el desarrollo de un marco legal progresista en relación con la violencia en el ámbito de la pareja o expareja".

Sin embargo, en el informe también se detectan "carencias y retos" que, según los expertos, han de guiar la acción política del Gobierno e instituciones públicas en los próximos años, y dar pleno cumplimiento al Convenio de Estambul.

Según precisa el informe, estas carencias están relacionas, entre otros, con el abordaje integral de todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en dicho convenio, con la coordinación interinstitucional y la necesidad de garantizar niveles comparables de protección, asistencia integral a toda las formas de violencia y apoyo en todas las comunidad autónomas, para todas las víctimas de todas las formas de violencia de género.

Del mismo modo, llama a mejorar la seguridad y protección de los menores que viven en entornos en los que sus madres están sufriendo violencia de género.

PROPUESTAS

Así, desde el GREVIO proponen al departamento que dirige Irene Montero mejorar la implementación del Convenio de Estambul en relación a todas aquellas formas de violencia que reciben en este momento menos atención en la legislación, adoptando para ello un enfoque holístico en la prevención, protección y persecución de tales formas de violencia.

Los expertos señalan que esto es de "particular importancia" en relación con la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y el aborto/esterilización forzosos.

Del mismo modo, pide que se fortalecezcan las medidas de prevención y a luchar contra la violencia que afecta a las mujeres que están o podrían estar expuestas a discriminación interseccional --con discapacidad o pertenecientes a grupos minoritarios--; garantizar que la recogida y recopilación de datos se extienda a todas las formas de violencia de género recogidas en el convenio; mantener y desarrollar esfuerzos para involucrar a la sociedad en la lucha contra esta lacra; o aumentar sus esfuerzos proporcionando información a todas las víctimas de violencia contra la mujer.

Adoptar un enfoque coordinado y amplio en la prestación de servicios médicos y forenses; proporcionar o coordinar servicios de apoyo especializados para mujeres desde un enfoque de género en todas las comunidades autónomas; acelerar la ampliación del alcance de la línea nacional; tener un número suficiente de centros que deriven a las víctimas en situaciones de violación o violencia; o proseguir con las modificaciones del Código Penal a fin de que el delito de violación tipifique la falta de consentimiento, son otras de las recomendaciones del GREVIO.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la negativa del Gobierno central a que las comunidades adelanten el toque de queda más allá de las 22,00 horas "aboca" a las comunidades a adoptar "medidas más restrictivas".

Así, ha avanzado la implantación de mayores limitaciones en los próximos días --el comité clínico se volverá a reunir el lunes-- que afectarán "aún más" a la hostelería, a la práctica del deporte e "incluso al aislamiento municipal".

En una intervención abierta a los medios antes de participar en la reunión del foro de los fondos europeos 'Next Generation' junto al vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, y al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Feijóo ha insistido en pedir que Estado que "rectifique" esta decisión.

De hecho, ha asegurado que las medidas restrictivas serían "menores" si "el toque de queda funcionara a partir de las 20,00 horas y todos nos refugiásemos en nuestras casas, las medidas restrictivas serían menores".

Por eso, como el Gobierno "no va a dar las herramientas" a las comunidades, estas tendrán que "utilizar otras" para "restringir la movilidad y determinadas conductas y comportamientos que tienen una mayor interacción social".

Cabe recordar que la Xunta decretó el cierre total de toda actividad no esencial en Xinzo (Ourense), Viveiro (Lugo) y Arteixo (A Coruña) a partir de este jueves por tener una incidencia mayor al millar de positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En cualquier caso, ante la posibilidad de que esta situación se extienda a otros municipios, Feijóo se ha remitido a lo que decida el comité clínico el lunes, si bien este viernes lo que habrá será una reunión de "una subcomisión" de este órgano.

Todas estas declaraciones las ha realizado el presidente gallego después de conocerse que la pandemia encadena ya varias jornadas con récords de contagios en Galicia --este viernes, los datos de Sanidade reflejan más de 1.800 infecciones en 24 horas-- y aumento progresivo de la presión hospitalaria --932 ingresados, 137 de ellos en cuidados intensivos--, lo que "acredita la enorme tensión que está sufriendo el sistema sanitario.

Aunque ha reiterado que la gallega está "entre las tres" comunidades con "menor presión" de UCI, Feijóo ha apelado a que esto "anime a seguir tomando medidas más estrictas y más restrictivas en los próximos días", lejos de "tranquilizarse".

UN GOBIERNO QUE "IMPIDE" GESTIONAR

Asimismo, el presidente de la Xunta ha lamentado que el Gobierno de España "ya no esté al frente de la pandemia" y que "impida a las comunidades autónomas gestionar con medidas más razonables". "Nos aboca a medidas más restrictivas", ha remarcado.

En este sentido, Feijóo ha explicado que si las comunidades piden una herramienta no lo hacen "simplemente por una confrontación política o por molestar al Gobierno", sino porque quieren "acertar".

Al hilo, ha puesto como ejemplo de gestión otros países como Portugal, donde el primer ministro, António Costa, decretó la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, "una decisión de una enorme trascendencia". "Es un primer ministro que está al frente de una crisis", ha valorado.

También ha celebrado las "primeras decisiones" del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden; que el francés Emmanuel Macron pusiese el toque de queda a partir de las 18,00 horas; así como la gestión del británico Boris Johnson y la "continua toma de decisiones" de la canciller alemana, Angela Merkel.

"Y, sin embargo, en España parece ser que quien lidera la pandemia es un ministro que ya no es ministro, sino que es el candidato en unas próximas elecciones (Salvador Illa) y que, cuando los presidentes autonómicos pedimos que se nos deje trabajar, se nos niega las herramientas básicas", ha censurado Feijóo.

"¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR?"

Por eso, desde "la responsabilidad de la gestión", se ha preguntado "qué más tiene que pasar para decirle a los ciudadanos que después de trabajar hay que irse a casa". "Si no, vamos a poner en cuestión la propia capacidad de seguir trabajando, de seguir impartiendo docencia, o vamos a colapsar los centros sanitarios", ha advertido.

"La lógica y el sentido común nos llevará a tomar una decisión inmediata. Es mucho mejor prevenir que lamentar y ya no estamos en fase para seguir pensando. Tenemos que actuar y se lo digo desde una comunidad con una presión hospitalaria de las tres más bajas de España", ha sentenciado el presidente de la Xunta.

El alcalde de Luesia, Jaime Lacosta, ha justificado su vacunación contra la COVID-19, el pasado 13 de enero, por su labor en el Patronato de la residencia de ancianos Fundación Aruej: "Mi vacunación no se hizo estrictamente por mi condición de alcalde sino por mi labor en el Patronato de la residencia, colaboración que desempeño de forma gratuita y altruista en tanto que alcalde y que me lleva a sus instalaciones con frecuencia".

El Partido Popular de Zaragoza ha abierto expediente al alcalde, y le exige su dimisión ante su "falta de ejemplaridad", expediente que se resolverá por el Comité de Derechos y Garantías del PartidoPopular de Aragón.

En un comunicado, Lacosta ha explicado algunas de las labores "diversas" que desarrolla al respecto. "El mismo día de la vacunación y el anterior, como consecuencia de la tormenta 'Filomena', me dediqué a terminar de limpiar la nieve de la carretera y el acceso a la residencia con mi tractor y mi tiempo de trabajo, para que el equipo de vacunación, que tuvo que desplazarse en todoterreno, pudiera acceder sin problema y así cumplir los plazos previstos de vacunación".

En palabras del edil, Luesia es "un pueblo pequeño", de trescientos vecinos, "casi todos mayores, y todos colaboran en lo que podemos, el primero el alcalde".

Jaime Lacosta ha subrayado que su vacunación se ha realizado siguiendo los protocolos establecidos por el Centro de Salud de la zona, situado en Ejea de los Caballeros. Este centro había previsto un protocolo de vacunación que incluía a ancianos residentes, trabajadores y, "en último término, en caso de que sobrasen viales, a las personas que, por su contacto estrecho con la residencia, como es mi caso, pudieran ser objeto de vacunación para evitar riesgos", ha apuntado.

Lacosta ha expuesto que una situación "similar" ha ocurrido en la localidad vecina de Asín, con 90 habitantes censados y una residencia de "características parecidas", en la que además del alcalde --Rogelio Garcés--, "se decidió vacunar al propio alguacil que también desarrolla estas labores".

El alcalde de Luesia ha añadido: "En ningún momento hice nada para ser vacunado. No estaba presente en la residencia durante el proceso de vacunación y desconocía que estuviese incluido en ningún listado al respecto".

"SOBRABA UN VIAL"

Así, tras vacunar a los residentes y trabajadores, según ha relatado Lacosta, sobraba un vial y, por ello, le llamaron, y coincidió en ese momento que estaba en su por el mal tiempo, pues generalmente desarrolla su trabajo de agricultor autónomo en zonas alejadas del pueblo o con mala cobertura. Así ha agregado: "Acudí a la residencia y el equipo de vacunación me vacunó, todo ello en apenas cinco minutos, sin tiempo para pensar".

En cuanto a las razones para administrarle la dosis, Lacosta ha precisado que el equipo de vacunación le dijo que era "contacto estrecho y continuo" con la residencia y porque, en caso contrario, "tenían que tirar la vacuna sobrante del vial abierto, ya que no se podía reaprovechar".

ABANDONA LA MILITANCIA DEL PP

Jaime Lacosta ha calificado de "lamentable" la actuación del PP de Zaragoza: "Solo me llamó para pedir mi dimisión. Ni me escuchó, ni contrastó ni matizó la información en las fuentes que le indiqué".

A su entender, la respuesta del PP ha sido la de un partido "raptado por el pavor mediático y las redes sociales". Por ello, Lacosta ha resaltado que ha pedido por teléfono al responsable del partido su cese como militante.

El edil ha considerado que cuenta con el apoyo y respaldo de sus vecinos ya que conocen su trabajo en el Ayuntamiento desde 1999 y los últimos 17 años como alcalde".

Además ha asegurado que he visto pasar a muchos responsables políticos del PP y de otros partidos a lo largo de todos estos años, "personas que viven de la política", mientras que él ha apuntado que ha llevado a cabo su labor de alcalde de forma vocacional y altruista, a costa de su tiempo y de su trabajo.

De este modo, ha depositado en los vecinos de Luesia la potestad de decisión sobre esta y otras cuestiones en cuanto a su labor como alcalde. "Decisión que acataré, como no puede ser de otra manera, y sin rechistar", ha avanzado.

Más allá de su caso personal, Lacosta ha querido plantear varias cuestiones: "¿El plan de vacunación está bien pensado desde las autoridades nacionales y autonómicas? ¿Hay instrucciones claras al respecto desde arriba o son los centros de salud, es decir, los trabajadores de a pie los que tienen que llevarlas a cabo como buenamente pueden? ¿Hay medios suficientes y adecuados para aprovechar los viales? ¿Son cinco o seis dosis? ¿Tienen los centros de salud las jeringuillas adecuadas para optimizar hasta el último recurso?".

Igualmente, se ha preguntado quién es el encargo de proveer dichas instrucciones y recursos o si se tienen que aprovechar todas las dosis de vacuna, aplicando criterios "hasta cierto punto razonables", como considera que ha ocurrido en su caso o si, por el contrario, ha que tirar las sobrantes.

"¿Qué político ha decidido que se tiren? ¿Tenemos cifras de cuántas se están tirando? ¿Qué piensa el Gobierno de todo esto? ¿Qué piensa el PP? ¿Qué piensa el resto de partidos políticos? ¿Alguien está pensando todo esto mientras la pandemia nos devora?".

Con todas estas cuestiones se ha mostrado "atrapado" en medio de "tanta pregunta sin respuesta" y ha pedido responsabilidades a los dirigentes que deben contestarlas.

Finalmente, Lacosta ha reiterado en el comunicado su compromiso como alcalde de Luesia, donde vive y trabaja "todos los días del año", junto a su familia y sus vecinos, y ha pedido disculpas a quienes haya podido decepcionar.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación laboral, y han liberado a once personas que vivían en circunstancias de habitabilidad muy deficientes, hasta tal punto que dormían hacinadas en colchones dispuestos sobre palés y ladrillos.

Siete personas han sido detenidas por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos a los trabajadores, acusadas de captar a ciudadanos rumanos en situación de extrema necesidad o vulnerabilidad, han explicado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.

El propio grupo criminal estaba compuesto por ciudadanos rumanos que captaban a compatriotas en la localidad de Movileni. Los integrantes de este grupo ofrecían a sus víctimas trabajo en España por una cantidad de 500 euros al mes.

Así, trasladaban hasta veinte personas desde Rumanía y permanecían con las víctimas en España durante la campaña de la aceituna, aproximadamente de noviembre a febrero. Después, las víctimas regresaban a su país sin que llegaran a cumplirse las condiciones ofrecidas en el momento de la captación.

Las víctimas trabajaban durante extensas jornadas y, en ocasiones, sin alta en la Seguridad Social, en fincas agrícolas de la localidad malagueña de Antequera.

Los alojaban en naves de almacenaje en las propias fincas, en condiciones muy precarias y en circunstancias de habitabilidad muy deficitarias. Las víctimas dormían hacinadas en colchones dispuestos sobre palés o ladrillos, organizados en cubículos. No podían abandonar la finca en ningún momento ni tenían contacto con terceras personas. Dado este aislamiento, quedaban a merced de los tratantes.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron las gestiones pertinentes con las autoridades policiales de Rumanía a través de la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Rumanía. La investigación culminó con dos entradas y registros realizados en la localidad de Antequera, donde residían las víctimas. Entre el material incautado había documentación diversa y 3.000 euros en efectivo.

Fue en esta misma ubicación donde se liberaron a las once víctimas de este entramado criminal y donde se realizaron las siete detenciones por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

Por último, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

El fuerte viento ha provocado el derrumbe de la lanza de roca de parte del tejado de una fábrica de Alicante sobre el edificio de un colegio, según ha informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos han recibido un aviso sobre las 10.20 horas de este viernes en el que se alertaba del incidente que ha afectado a un colegio, cuyos niños se encuentran bien en el interior del edificio.

En la actuación ha intervenido una Unidad Mando Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Autoescalera (AEA), un sargento, un cabo y cuatro bomberos.

Los obispos extremeños han trasladado a los fieles de las tres diócesis y "a todas las personas de buena voluntad", la necesidad de "extremar las medidas sanitarias" establecidas por las autoridades, así como "favorecer una cultura del cuidado de unos con otros y de cada uno consigo mismo", ante la "alarmante situación sanitaria" provocada por la pandemia de Covid-19.

De esta forma se han pronunciado, a través de un comunicado conjunto, el arzobispo metropolitano de Mérida-Badajoz, Celso Morga; el obispo de Plasencia, José Luis Retana, y el administrador diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano, quienes han mostrado su "gran preocupación y zozobra" por esta situación.

Y es que, según señalan, en las últimas semanas tanto la incidencia acumulada de la Covid-19 como en hospitalizaciones y la ocupación de las UCI "se han disparado de manera alarmante" en Extremadura, ante lo cual, las autoridades sanitarias "tienen el gran reto de encontrar las medidas más adecuadas para frenar la expansión del virus y doblegar la curva de crecimiento".

En ese sentido, los obispos extremeños han trasladado su "reconocimiento sincero" a los sanitarios por los "esfuerzos que realizan a favor de todos", así como hacerse eco de su "apremiante llamada a la responsabilidad".

Ante esta situación, han realizado un llamamiento a las comunidades parroquiales, a los fieles cristianos y, en general, a todas las personas de buena voluntad por "la necesidad de extremar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades civiles, favorecer una cultura del "cuidado" de unos con otros y de cada uno consigo mismo.

Además, y "frente al peligro de interpretaciones simplistas, preguntarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros en una situación tan dramática como la actual", señalan los obispos extremeños, quienes señalan que les "duelen las consecuencias económicas y sociales que la presente situación está teniendo para tantas personas y familias".

Una situación ante la que confian en que "puedan salir adelante y que se procuren las medidas económicas necesarias para ello", señalan los obispos, quien alentan a los sacerdotes de las tres diócesis a que en esta situación "redoblen la atención, también la específicamente espiritual, a las personas enfermas y sus familiares.

"Animados por la fe, mantenemos la esperanza de que la lucha contra un virus tan destructor nos ayude, finalmente, a ser más humanos y más hermanos", concluyen los obispos extremeños.

La isla de Formentera pasará al nivel 4 de riesgo extremo tras los últimos casos registrados en la Isla. Por el momento, este nivel se mantendrá hasta el 30 de enero.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha recordado en rueda de prensa que hay 100 casos activos y son unos datos "muy preocupantes". También ha explicado que hace una semana se cerró perimetralmente la Isla, lo que fue "una buena decisión" y además, se está realizado el seguimiento a las personas que regresan a la Isla, a quienes se recomienda que se aíslen voluntariamente.

Entre los cambios más destacados con el nuevo nivel, las reuniones sociales en interior y exterior podrán contar con un máximo de seis personas pertenecientes a un máximo de dos núcleos de convivientes y el toque de queda será a las 22.00 horas.

Otra novedad es que las terrazas deberán cerrar a las 18.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos, entre otras medidas. El comercio seguirá con un aforo del 50 por ciento y se cerrarán interiores de bares o restaurantes y las terrazas reducirán también su capacidad.

Ferrer, en su comparecencia, ha pedido nuevas ayudas para la pequeña y mediana empresa en una situación "muy delicada" y ha solicitado que dichas ayudas sean "fáciles y rápidas".

VACUNACIÓN

Sobre la vacunación, la presidenta ha exigido que la campaña se realice de manera ágil y con una mejor distribución. Incluso, ha considerado que la llegada de la vacuna de Oxford podría permitir vacunar al 70 por ciento de la población de cara a la temporada porque es "imprescindible llegar al verano" con un número importante de inmunizados.

Desde el Consell también han vuelto a pedir un cribado masivo en la Isla, algo que ya solicitaron en diciembre. La presidenta ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" y que se reduzcan al máximo los contactos.

Esta misma semana, Ferrer envió una misiva a la presidenta del Govern, Francina Armengol, solicitando nuevas medidas ante el aumento de casos de COVID-19 en la Isla.

CAMBIOS "NECESARIOS" ANTE UNA SITUACIÓN "CRÍTICA"

Por su parte, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha informado que este viernes se ha celebrado un Consell de Govern extraordinario para adoptar medidas relativas a Ibiza y Formentera.

En relación a Formentera, la consellera ha resaltado la incidencia de casos especialmente destacable entre mayores de 65 años, lo que justifica también el cambio de nivel, así como la "elevada tasa de positividad" que se está registrando. "Es importantísimo en estos momentos críticos extremar las precauciones", ha señalado.

Según ha repasado Costa, la incidencia acumulada de casos, de 707 casos en Baleares a 14 días por cada 100.000 habitantes y una tasa de positividad del 9,6 por ciento. En Formentera es de 833 casos por cada 100.000 habitantes; en Ibiza es de 1.970 casos; en Menorca de 503 casos por cada 100.000 habitantes y en Mallorca, de 498 casos.

Costa ha destacado la estabilización de casos en Mallorca, mientras que la situación es "preocupante" en Menorca. En las Pitiusas, todavía no se habría llegado al pico de contagios en esta nueva ola.

CIERRE PERIMETRAL DE IBIZA

En relación a Ibiza, desde el Govern han decretado el cierre perimetral de la Isla desde este sábado en las mismas condiciones que Formentera, una situación que se reflejará en un decreto que este viernes firma la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Así, sólo se permitirán desplazamientos por causas sanitarias, educativas o laborales, entre otros motivos justificados. En la Isla, ha añadido, la situación epidemiológica es "muy elevada, muy preocupante".

"Quedan días de extrema dificultad", ha manifestado Costa. El próximo día 30 volverán a revisarse las medidas adoptadas este viernes.

Sobre el cribado solicitado en Formentera, Costa ha reconocido que la decisión no está adoptada, aunque en Ibiza se van a llevar a cabo en todos los municipios de la Isla.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que "deben dimitir todos" los "sinvergüenzas" que se han vacunado contra el coronavirus, "saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos".

Así lo ha indicado en Twitter para enfatizar que cada día "aparecen más" casos de vacunación sin cumplir los criterios marcados en la esfera pública, situación que relaciona con el delitos de prevaricación y malversación.

Precisamente hoy se ha conocido que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos militares ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro del plan de vacunación de las Fuerzas Armadas.

Aparte, el exconsejero de Murcia Manuel Villegas ya dimitió de su cargo al trascender que se vacunó contra el coronavirus. En contraposición, el consejero del ramo ceutí, Javier Gerrero, ha rechazado renuciar a su puesto.

"Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación", ha manifestado de forma genérica.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha culpado este viernes al Gobierno de la falta de vacunas y jeringuillas que están padeciendo las autonomías y ha recalcado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está "más preocupado de obtener votos de que se pongan vacunas" y usa su Departamento como "plataforma electoral".

"Es una inmoralidad política que no haya dimitido a estas alturas", ha proclamado Gamarra en una entrevista en TVE, a la vista de la proximidad de las elecciones catalanas que, en principio, se prevén para el 14 de febrero.

Gamarra ha recalcado que no existe una "estrategia nacional de vacunación", ya que, según ha resaltado, "faltan jeringuillas", "no llegan las vacunas" y "hay autonomías que están suspendiendo sus planes de vacunación" ante esta situación.

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

La dirigente del PP ha señalado que el Gobierno tendría que estar garantizando el abastecimiento de todo aquello en lo que pueda haber "escasez" y ha recordado que para ello se dotó de un estado de alarma que "le permite un sistema de compras por emergencia". "¿Dónde está? ¿Para qué quiere el estado de alarma el Gobierno de España? ¿Para no ejercer, para estar ausente y huido?", se ha preguntado.

En este punto, la portavoz del Grupo Popular ha apuntado que el "candidato Illa" está "utilizando el ministerio como plataforma electoral y ha recalcado que, en vez de estar pensando en las vacunas, está pensando en los votos".

Al ser preguntada si el PP apoyaría en el Congreso una modificación del decreto del estado de alarma para ampliar el toque de queda a las 20.00 horas, Gamarra ha asegurado que "no es necesaria una modificación del decreto del estado de alarma" en el Congreso porque "la prórroga aprobada habilita al Gobierno a llevar a cabo esa modificación". De hecho, ha añadido que así lo ha reconocido el propio ministro José Luis Ábalos.

Gamarra ha precisado que lo que reclaman las autonomías son instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia después de que el Gobierno les haya "dejado solas" y ha recordado que el PP lleva meses pidiendo un plan jurídico y una Ley de Pandemias, como en otros países.

"¿No será que si el ministro Illa toma decisiones para hacer frente a la pandemia con medidas duras esto afecta al candidato Illa?", ha exclamado, para añadir que hay un "conflicto de intereses" y por eso el PP lleva pidiendo su dimisión desde primeros de año.

El Govern ha decretado el cierre perimetral de Ibiza, una situación que se reflejará en un decreto que este viernes firma la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Según ha avanzado la consellera de Presidencia, Pilar Costa, sólo se permitirán desplazamientos por causas sanitarias, educativas o laborales, entre otros motivos justificados. En la Isla, ha añadido, la situación epidemiológica es "muy elevada, muy preocupante".

"Quedan días de extrema dificultad", ha manifestado Costa. El próximo día 30 volverán a revisarse las medidas adoptadas este viernes.Sobre Ibiza, Costa ha avanzado que los cribados se celebrarán en todos los municipios de la Isla.

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha afirmado este viernes en el juicio que "no tiene los papeles" de los trabajos que realizó en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y ha aseverado que actuó "de buena fe" dando por buena el acta remitida por la Secretaría del Rectorado sin saber que hubiera una firma falsificada.

La exdirigente popular, que abandonó la política el 25 de abril de 2018, se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del TFM. La declaración se produce después de que ayer un juez archivara la querella que interpuso contra los periodistas de 'eldiario.es' que destaparon el caso.

La fiscal Pilar Santos considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa del trabajo "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. La exdirigente popular se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel, la misma pena que se pide para Feito.

Rosado ratificó el primer día de la vista la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde, fallecido en 2019, y Feito.

NO DEFENDIÓ EL TFM

En su declaración, ha relatado que solo entregó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en un acto "informal" y ha reconocido que ni siquiera lo leyó, indicando que solo habló algo en líneas generales y sobre la bibliografía. "No defiendo ni leo el trabajo, solo lo entrego. No estaba Álvarez Conde", ha aseverado la expolítica, quien ha querido dejar claro que el acta no era de defensa de su TFM sino del tribunal evaluarlo.

Cifuentes ha relatado que Dionisio Ramos le habló del máster en noviembre de 2011 y decidió matricularse al poder compaginarlo con su trabajo como diputada parlamentaria y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Así, tendría un modelo no presencial con trabajos para suplir la asistencia y los exámenes.

"Álvarez Conde es la persona que me explicó la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fijó el calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidades parecidas. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo era a través de Álvarez Conde", ha narrado.

Además, ha indicado que le resultaba más cómodo trabajar sobre papel y no en un ordenador. "Cuando tenía los trabajos hechos, los mandaba en papel a través de alguien del equipo o de mi gabinete". "No guardo ningún ejemplar. He estado buscando el TFM. Eran trabajos de trámite que mandaba. He estado buscando otros trabajos a lo largo de mi vida académica. No he encontrado ninguno. No sé si es lo normal. Ni siquiera mi primer borrador que hice", ha recalcado.

"Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanzas y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa... No los tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones", ha recalcado. Además, ha señalado que hubo varios borradores del TFM, que mandó a Conde.

UNA NUEVA CITA EN SU AGENDA

La fiscal ha preguntado a Cifuentes por qué no entregó su agenda electrónica en la instrucción. En la primera sesión, su letrado José Antonio Choclán aportó una nueva prueba en relación a una cita extraída de su agenda de 2012 en la que consta la fecha y el día en el que defendió su máster.

"Quizás se podría haber llevado acabo más investigaciones en la instrucción. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber accediendo a mi agenda de la Delegación y cuando me marcho, mi secretaria también cesa. Y esa información se guarda en un pendrive y es ese el pendrive entregado", ha detallado.

Al respecto, ha subrayado que esa cita demuestra que esa fecha constaba en la agenda y que no habría sufrido manipulación posterior. De hecho, el perito Luis E.Hellín realizará en la vista la pericial de cómo se extrajo esta cita.

SOLICITÓ EL TÍTULO EN 2014, LO RECOGIÓ EN 2017.

Cifuentes ha explicado que en 2014 solicitó el título de su máster porque estaba actualizando su currículum, si bien no lo recoge hasta finales de 2017. "No necesitaba el título para nada. No me aportaba ningún nivel académico que no tuviera incorporado en mi currículum", ha relatado insistiendo en que el grado de máster ya lo tenía incorporado.

Al parecer, entonces le comentaron algún tipo de error administrativo sin conocer que había algún tipo de problema con la transcripción de las calificaciones. "Cuando me lo dan entiendo que es porque tiene todos los requisitos y que se han cumplido porque si no es así, una universidad no da el título. Yo no soy consciente de que hubiera algún tipo de problema hasta que salta a los medios", ha recalcado.

En cuanto a la publicación de la noticia, ha señalado que encargó a su gabinete que hablaran con la universidad y que recabaran los documentos acreditativos de que había hecho este máster de postgrado.

"Les pido una copia del título. No tenía ningún documento ese momento acreditativo de que había realizado el máster y se lo pedí a mi gabinete. Pedí una copia del título, de la matrícula y del pago para demostrar que había realizado el máster", ha agregado.

"NO HABLÉ CON NADIE DE LA UNIVERSIDAD".

"No hablé absolutamente con nadie de la universidad. Tenía una llamada del rector pero no quise contestar para que nadie dijera que pudiera haber influido", ha señalado y ha indicado que mostró el documento del acta sin que se pudiera plantear que hubiera una firma falsificada.

"Yo le aseguro que ni me lo hubiera imaginado. No se me hubiera pasado por la cabeza exhibirlo y mandarlo a los periodistas. Actué de buena dando por bueno un documento remitido por la Secretaría del rector. La buena fe la presumía absolutamente de la universidad cuando me mandaron el acta. Lo doy por bueno. No tenía ningún motivo para pensar que había una firma falsificada", agregado.

Respecto al acta, ha insistido al abogado de la URJC que ella no lo firmó y que si ha habido "mala praxis" de la universidad que "lo mire".

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSC de querer mantener el 14F por "cálculos electorales clarísimos" y ha pedido al Govern que que acate la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) igual que hace Cs.

En rueda de prensa telemática este viernes, ha reprochado al PSC haber provocado que las elecciones se celebren el 14 de febrero y no el 30 de mayo por un "conflicto de intereses" en el seno del partido.

Carrizosa se ha mostrado crítico con el candidato del PSC y ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien le acusa de no haber "hecho aquello que era de esperar en un ministerio de sanidad, cuando en una comunidad autónoma de más de 7 millones de personas se convocan unas elecciones, que es opinar a cerca de su viabilidad sanitaria".

"Ellos estaban con sus cálculos electorales. Al coincidir el ministro de Sanidad con el candidato a la Generalitat, eso suponía un conflicto de intereses y, por tanto, no hemos podido contar con el Gobierno de España para conocer el parecer del ministro al respecto de estas elecciones", ha afirmado.

Además, el candidato naranja ha reclamado al resto de formaciones que asuman la resolución del TSJC, porque "solamente quedan 23 días" para la celebración de los comicios, y ha llamado a la ciudadanía a votar para acabar con el actual Govern.

GARANTIZAR EL 14F

Carrizosa ha exigido al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que garantice que las elecciones se van a poder celebrar el 14 de febrero y que todos los ciudadanos puedan ir a "votar con la mayor tranquilidad y confianza posibles".

Por la parte de Cs, ha asegurado que la formación naranja está preparada para concurrir al 14F: "Si por decisiones judiciales tenemos que concurrir, pues nosotros lo haremos y estamos preparados".

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112) ha desactivado este viernes el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (INUNCAM), que se puso en marcha el martes ante la previsión de precipitaciones lluvias que se esperaban y que han caído pero levemente estos días en la región.

Además, dada la situación de presencia de nieve helada en cornisas, cubiertas de edificios y calles en la Comunidad como consecuencia de la borrasca Filomena, su deshielo podía provocar algunas inundaciones, algo que no ha sucedido.

Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada desde la madrugada y hasta mañana la alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora en la sierra de Madrid y hasta los 90 en el área metropolitana y Henares, Sur, Vegas y Oeste.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha insistido en que el PSOE ha incumplido el acuerdo de coalición al presentar en solitario la Ley de Igualdad de Trato, al tener pactado que se iba a registrar conjuntamente.

"Nosotros nos ajustamos a lo establecido en el protocolo del acuerdo de gobierno y creemos que se ha incumplido ese acuerdo", ha insistido el también dirigente de IU en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

En el grupo parlamentario recibieron ayer con "enorme malestar" el registro "sorpresa" por parte del PSOE de la Ley de Igualdad de Trato y mostraron su "preocupación" por esta decisión "unilateral", sin contar además con el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, competente en la materia.

Fuentes de Unidas Podemos revelaron que los grupos parlamentarios y el Ministerio llevaban "meses" negociando el contenido y estaban "ultimando" los detalles de la negociación, por lo que su presentación conjunta "era inminente".

También recordaron que el paquete legislativo "antidiscriminatorio" en la agenda parlamentaria entre los socios incluye tanto la Ley de Igualdad de Trato como la Ley por la Igualdad LGTBi y la Ley Trans.

PSOE: NO ESTAMPARON SU FIRMA

Mientras, el PSOE replicó ayer que tenía acordado con Unidas Podemos presentar juntos en el primer trimestre de 2021 la Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación pero, cuando ha llegado el momento de registrarla, el grupo confederal estampó su firma.

Fuentes del grupo parlamentario socialista explicaron que esta norma está dentro de acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones y que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores, sin que se pudiera llegar a aprobar. De hecho, los socialistas la definen como 'Ley Zerolo' en memoria de su fallecido dirigente Pedro Zerolo.

Las mismas fuentes aseguraron que PSOE y Unidas Podemos llevaban meses negociando para avanzar en esta ley y que en dichas reuniones se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos.

Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tenía más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este viernes que para España la reivindicación de la soberanía de Gibraltar es "irrenunciable" si bien ha reconocido que no cabe esperar que Reino Unido ceda en este asunto.

"No vamos a renunciar a la soberanía sobre Gibraltar (pero) tampoco creo que lo vayan a hacer los británicos", ha sostenido en una entrevista en el 'Programa de Ana Rosa' la jefa de la diplomacia, recalcando que se trata de una reivindicación "irrenunciable" que se ha mantenido durante tres siglos.

"Pero después de 300 años habíamos dejado de resolver cuestiones que les preocupan a los ciudadanos" como son la "competencia fiscal desleal, vertidos en la bahía, precios del tabaco diferentes, contrabando", ha añadido. "Esas son las cuestiones que a nosotros nos importan además de reivindicar la soberanía", ha insistido.

Ahora, el Gobierno ha considerado que "es el momento de resolver problemas relativos a la movilidad de nuestros ciudadanos y a la competencia leal en nuestro comercio y lo hemos puesto por escrito", ha señalado, justificando así el principio de acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre Gibraltar el pasado 31 de diciembre, que sentará las bases para un futuro acuerdo entre Londres y la UE sobre el Peñón y que en último término dejará a este territorio dentro del espacio Schengen.

Una vez completado ese acuerdo, algo que se espera que ocurra en un plazo de seis meses, Gibraltar entrará a formar parte del espacio Schengen y se derribará la Verja, si bien la ministra ha recalcado que esto no significa que "vamos a hacer menos controles" sino que estos se trasladarán al puerto y el aeropuerto del Peñón.

Además, ha insistido González Laya, la futura integración de Gibraltar en el espacio sin fronteras va a "facilitar la vida de los ciudadanos" tanto del Campo como del Peñón.

Así pues, ha recalcado la titular de Exteriores, "no renunciamos a la soberanía pero lo que queremos también es más justicia fiscal, más comercio justo y que los ciudadanos puedan compartir la prosperidad".

La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha indicado que en la comunidad autónoma andaluza ya se han administrado 193.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 y ha añadido que "cuando acabe este fin se semana, tendremos el cien por cien de las vacunas gastadas y en espera de cómo llegan las vacunas".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas durante su visita a las obras ejecutadas en el centro de salud de Jabalquinto (Jaén). En lo que respecta a la sexta dosis que se puede obtener de los viales de vacuna, García ha incidido en que "en Andalucía desde que se autorizó esa sexta dosis, en Andalucía se ha estado sacando esa sexta dosis".

Ha añadido que lo que no se ha hecho ha sido "obligar a nadie a sacar esa sexta dosis" porque lo que se ha dicho es que "ya está permitido" y "enfermería, que están totalmente especializados, lo están haciendo muy bien".

Sobre este punto ha incidido en que "Andalucía fue una de las comunidades autónomas que pidió cuando vio que esa sexta dosis se podía sacar de un vial que se autorizara porque no podíamos hacerlo sin autorización".

En lo que respecta a la polémica suscitada sobre las jeringuillas, la número dos de Salud ha apuntado que "todas las jeringuillas sirven para poner una vacuna. "Dicen que la más adecuada es la de un milímetro, pero la de dos milímetros sirve perfectamente", por lo que "no hay un problema con las jeringuillas".

Ha apuntado que los profesionales andaluces están utilizando la de un milímetro y sólo "en algún sitio muy concreto donde no han llegado, se han utilizado las de dos milímetros y se pueden utilizar ambas".

Por encima de todas estas cuestiones, García ha destacado que "la capacidad es de enfermería y enfermería lo está haciendo bien y está sacando la sexta dosis siempre que es posible", algo que, según la viceconsejera, llevan haciendo desde que se autorizó.

En el caso de que sobren dosis, García ha dicho que si se da el caso en un centro de salud de un municipio de que sobran dosis, está "muy claro a quien hay que ponérsela, a grandes dependientes". En el caso de un centro hospitalario, si sobran dosis "todavía tenemos gente de hospital que no se han vacunado porque no eran de primera línea", sean del grupo dos o del grupo tres o cuatro.

Por último, García ha querido agradecer la labor a todos los profesionales sanitarios que tras casi un año de pandemia y de "estrés total" siguen día a día a pesar de estar "cansados y agotados".

El abogado Gonzalo Boye ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 un escrito mediante el que aporta prueba documental y pericial con el objetivo de demostrar "la inexistencia de delito" por su parte en la causa por la que la jueza María Tardón propone juzgar a José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', y a otras 45 personas por operaciones en las que se pretendía introducir casi cuatro toneladas de cocaína y blanquear el dinero obtenido de la droga.

En el escrito de 72 páginas,  Boye apunta que estas pruebas fueron ya relacionadas durante su declaración indagatoria ante la magistrada el pasado 18 de enero, y es relevante con respecto a las concretas imputaciones que se vierten en el auto de procesamiento contra el letrado.

La jueza imputa a Boye, que ejerce la defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

Su procesamiento tiene origen en el uso de correos humanos por la organización de Sito Miñanco para mover dinero hacia Colombia y de la detención el 6 de febrero 2017 de varios de los investigados en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

La jueza explicaba en su auto cómo ante esa aprehensión, los procesados García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de "personas de confianza" los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Y fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Sito Miñanco y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro.

En dicha reunión, éstos les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido. Según la jueza la idea era hacer ve que esa documentación confeccionada por los abogados, había sido adquirida y vendida a terceros por otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Sin embargo, según la juez, este negocio "no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía".

Ahora, Boye trata de desmontar esa tesis de la magistrada y para ello aporta diferente documentación, como datos de la actividad empresarial y económica de Manuel González Rubio "que acredita que no es esa suerte de 'correo humano' que se describe en el auto de procesamiento" y documentación que acreditaría que González Rubio es el dueño del dinero intervenido en Barajas.

También aporta en el escrito documentación que, dice, prueba la incorporación a las actuaciones "de una supuesta evidencia corroboradora de las falsarias declaraciones de Puentes Saavedra y González Rubio, con intento de quebranto de la fe pública judicial propia de la Letrada de la Administración de Justicia".

A esto suma un expediente de 2010 obtenido del propio despacho de abogados de Boye y que está relacionado con varios encargos profesionales del coprocesado Manuel Pedro González Rubio. Con esto trata de demostrar que ambos se conocían con anterioridad por lo que el contacto de 2017 no habría sido el primero que tuvieron.

También aporta documentación referente a la geolocalización de los teléfonos móviles intervenidos a Miñanco, Puentes Saavedra y González Rubio, que, a su juicio, acreditan que es "absolutamente falso que Sito Miñanco acudiera al despacho de Gonzalo Boyé en febrero de 2017". En esa supuesta reunión habrían pactado como recuperar el dinero intervenido en Barajas.

DEFIENDE QUE NO BLANQUEÓ CAPITALES

Con esto, el abogado trata no solo de demostrar "su absoluta falta de participación en un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en concurso ideal con un delito de falsificación" sino también que tampoco existe delito alguno de blanqueo en los hechos por parte de nadie, y "la mendacidad de las declaraciones incriminatorias de los dos coprocesados Puentes Saavedra y González Rubio".

Esas declaraciones para Boye son clave en su imputación pues sin ellas "no se habría podido asignar la situación de investigado ni posteriormente habría podido dictarse auto de procesamiento contra su persona". "Sin la declaración incriminatoria de Puentes Saavedra de 24 de julio de 2019, no se habría autorizado diligencia de entrada y registro en los domicilios personal y profesional de mi mandante", dice el escrito.

A ello suma la declaración incriminatoria del también coprocesado González Rubio de 8 de julio de 2020, e indica que "es clave para atribuir en el auto de procesamiento conductas punibles a Gonzalo Boye". Apunta además que ha sido ratificada y ampliada por el mismo González Rubio en su declaración indagatoria de 7 de enero de 2021.

Andalucía prevé aprobar en el próximo Consejo de Gobierno el plan de contingencia para un posible escenario de 7.000 pacientes ingresados en hospitales de la comunidad con Covid-19 ante el ascenso de ingresos y después de que en la jornada de este viernes se haya registrado la mayor subida de hospitalizados de la pandemia tras 20 días consecutivos con aumento de pacientes.

Así lo ha dado a conocer este viernes la viceconsejera de Salud, Catalina García, en declaraciones a los medios en Jabalquinto (Jaén), después de que el martes la Junta de Andalucía acordase activar de nuevo el plan 4.500, que habilita hasta más de 15.200 camas convencionales y 2.600 en unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"La semana pasada se aprobó el 4.500 y esta semana irá a Consejo de Gobierno el Plan 7.000", ha anunciado García, a la vez que ha explicado que el objetivo es que cuando un hospital tenga que evacuar "esté totalmente programado" y cada provincia sepa "exactamente qué hacer".

La viceconsejera de Salud ha destacado la "preocupante situación" en la que se encuentran los hospitales andaluces, donde "quizás este sábado estemos por encima de la segunda ola" en cuanto a número de hospitalizados.

Ante ello, la viceconsejera de Salud ha apelado a la responsabilidad ciudadana, "única herramienta que tenemos junto con la vacuna" para bajar la incidencia del Covid.

"La diferencia con las otras olas es el gran número de positivos diarios, avanzamos muy rápidamente, las hospitalizaciones han subido muy rápidamente", ha advertido García, al tiempo que ha puesto como ejemplo que en la jornada de este viernes se han sumado 267 pacientes en los hospitales, mayor subida diaria de ingresos de toda la pandemia.

SUPERADO EL PICO DE MARZO

Este viernes los hospitales andaluces han registrado la vigésima subida de ingresados hasta 3.310, 267 más que el día anterior, 602 más que en el pico alcanzado el 30 de marzo (2.708) y a 168 del pico de hospitalizados de la segunda ola del 10 de noviembre (3.478).

Los pacientes que se encuentran se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 453, 21 más que la víspera, 15 más que en el pico máximo alcanzado en marzo (438) y a solo 75 de los 528 del pico en UCI de la segunda ola de noviembre.

PLAN 4.500

La Junta de Andalucía acordó el martes activar de nuevo el plan de contingencia para un posible escenario de 4.500 pacientes ingresados en hospitales de la comunidad con Covid-19 ante el crecimiento "vertical" de los ingresos.

Así, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento el martes de la actualización del estudio sobre recursos asistenciales elaborado por la Consejería de Salud y Familias ante un posible escenario de 4.500 pacientes ingresados por Covid-19 en Andalucía.

En atención a este estudio, y llegada esta situación, la Consejería ha previsto la activación de todos los planes de contingencia, así como un cese de la actividad asistencial normal en función de las instrucciones recogidas en los planes de contingencia de cada hospital, según confirmó la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.

De este modo, se prevé que Andalucía pueda incrementar su capacidad hospitalaria de 13.267 camas convencionales y 1.425 UCI disponibles a un total de 15.280 camas convencionales y 2.604 de UCI, incluyendo 534 quirófanos sin actividad quirúrgica.

El plan de contingencia se diseñó en función de la gestión previa de los dos picos epidémicos asistenciales del 30 de marzo y del 17 de noviembre, y el modelo de proyección está basado en los porcentajes de hospitalización provinciales y de pacientes en hospitalización convencional y UCI.