Cinco vocales del sector progresista Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han apoyado este jueves que los 21 miembros del Pleno de este órgano que concluyeron su mandato hace más de dos años renuncien con efectos de 1 de enero de 2021 para obligar al Congreso y al Senado a llegar a los necesarios acuerdos para renovar la institución.
La propuesta ha sido lanzada por el vocal designado a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta y respaldada por Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo -todos ellos también designados por el partido mayoritario en el Gobierno- y Concepción Sáez, que lo fue por IU.
El contenido de esta enmienda será trasladado por Cuesta a un voto particular que apoyarán el resto de vocales señalados Son los mismos que han votado en contra del acuerdo apoyado por los otros 16 vocales de este órgano exigiendo al Congreso que recabe la opinión del Consejo de Europa antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que les impedirá hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.
El Pleno también exige al Congreso poder informar sobre esta reforma, un trámite consultivo que se elude por la tramitación parlamentaria elegida para llevar la reforma a cabo, que es la de la presentación de una Propuesta de Ley por parte de los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno.
RENOVAR ES UN IMPERATIVO CONSTITUCIONAL
Según el voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, renovar en el plazo legal las Altas Instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo General del Poder Judicial «es un imperativo constitucional, un Derecho-Deber de las Cámaras Congreso y Senado, tal como en reiteradas ocasiones ha afirmado el Tribunal Constitucional.
Para los discrepantes, obstaculizar dicha renovación constituye «un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales», además de un intento «artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial y de la Independencia del Poder Judicial.!
El voto abunda en argumentos que señalan que la pérdida de legitimidad y la no renovación en plazo genera un descrédito y una degradación de la Institución y frente a ello los vocales han venido realizando, «en general» una gestión muy Institucional, evitando «dar es espectáculo».
Por ello, entienden que deben evitar que las negociaciones para la renovación conviertan el órgano de gobierno de los jueces «en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición».
REPROCHES AL PP
«Quien Bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debe perder toda esperanza de sacarrédito político de su irresponsable conducta», añaden, en clara alusión al Partido Popular, aunque sin citarlo, que es el que está dando públicamente razones para no pactar a los nuevos vocales, señalando como obstáculo la presencia de Podemos en el pacto.
Añaden que condicionar la renovación de un órgano constitucional a la exclusión de miembros o Grupos en la participación en las decisiones de las Cámaras supone «un comportamiento arbitrario y un ataque a la esencia del sistema parlamentario».
Estos vocales apuntan que, en todo caso, se precisa una nueva regulación «que defina qué competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones es un requisito de legitimación democrática y de adaptación a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento».
Los vocales recuerdan en su voto la sentencia del Tribunal Constitucional de 2016 que recalca que el CGPJ es una institución «no subordinada a los demás poderes públicos», por lo que sus vocales «no pueden ser vistos como «delegados o comisionados» del Congreso y del Senado, por más que a una y a otra de estas Cámaras corresponda, por imperativo constitucional, la designación de parte de aquéllos»
En cuanto al informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que el Gobierno elude al presentarla como Proposición de Ley impulsada por los grupos parlamentarios que los sustentan, estos vocales consideran deberían poder informar de todas las que afecten al ámbito Orgánico del Poder Judicial, de la Justicia y de los Derechos y Garantías Fundamentales. Este punto coinciden con la mayoría de sus compañeros, que incluyen esta idea en el acuerdo que ha sido votado de forma mayoritaria.
A estos efectos bastaría, sino una leve modificación de la LOPJ, la modificación de Los Reglamentos Parlamentarios, Normas de interpretación, Resoluciones o Usos parlamentarios, indican.
Finalmente, recuerdan que la experiencia de bloqueos y retrasos en la renovación del CGPJ en distintas épocas como en el año 1996, en el año 2001, en el 2006 hasta el 2008, o en el año 2018 hasta la actualidad, tras 35 años de vigencia de la LOPJ, hace que sea necesaria su reforma, para regular el concepto y alcance de Consejo «en funciones», y una regulación más precisa y comprometida de los plazos y de la obligación de las Cámaras de poner en marcha los mecanismos de renovación.
