El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido de que la llamada que Carmen Calvo supuestamente hizo en nombre del Gobierno a Enrcarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional, para que avalara el decreto ley que impuso el estado de alarma frente a la pandemia del coronavirus supone una «intromisión» del Ejecutivo en el poder judicial.
Así se ha referido Bal, en una rueda de prensa en la sede de Cs, a las informaciones según las cuales Roca, vicepresidenta del tribunal, aseguró este miércoles, durante el pleno del TC, haber recibido «presiones» de la ya exvicepresidenta primera del Gobierno.
La sentencia de este miércoles fue aprobada con los votos de seis de los jueces del Tribunal Constitucional –Roca entre ellos–, que sostienen que, para confinar a la población el año pasado, el Gobierno debió haber declarado el estado de excepción, no el estado de alarma, mientras que los otros cinco magistrados no apoyan esta tesis.
El dirigente de Cs ha afirmado que la actuación de Calvo fue «una intromisión en la arquitectura constitucional del Estado y en la necesaria independencia con que los magistrados del TC deben formar su criterio y emitir su voto en las sentencias».
PIDE «PRUDENCIA Y DECORO» A ROBLES AL HABLAR DEL TC
Además, se ha declarado «estupefacto» ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha criticado a los magistrados de ese órgano por hacer «elucubraciones doctrinales». «Debería tener más prudencia como miembro del Gobierno de España y más decoro como magistrada a la hora de hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional», ha subrayado.
Bal ha dicho que «no se pueden tolerar los ataques al poder judicial» por parte de dirigentes políticos cuando los tribunales «fallan en un sentido contrario al que desean», que es lo que cree que hace el Gobierno. «No es más que populismo puro y duro», ha concluido.
En este sentido, ha censurado también las palabras del portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, que «insulta» al TC llamándolo «Tribunal Voxtitucional» simplemente porque no le gusta la decisión que ha adoptado.
Sobre la sentencia en sí, el portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha destacado que deja claro que «el confinamiento era la herramienta indispensable para poder luchar contra la pandemia», pero que el estado de alarma no era la herramienta jurídica adecuada para aplicarlo, sino que había que haber declarado el estado de excepción, por ofrecer «mayores garantías de control parlamentario del Gobierno» ante la limitación de derechos fundamentales.
Aparte de ofrecer «seguridad jurídica» de cara al futuro, el Tribunal Constitucional «apuesta por el régimen de mayores garantías constitucionales», lo cual es «una buena noticia», ha celebrado.
EL CONFINAMIENTO ERA «LA ÚNICA MEDICINA» FRENTE AL VIRUS
En cuanto al confinamiento de la población, decidido por el Gobierno y respaldado por el Congreso, «era la única medicina que teníamos» frente al virus en un periodo en el que se vivían «momentos de angustia» en la sociedad española y el Gobierno «daba palos de ciego», ha recordado Bal, cuyo partido siempre apoyó el mantenimiento del estado de alarma.
Por otro lado, el diputado ha señalado que el fallo del Constitucional pone de manifiesto que la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, «no es clara». Aunque el estado de alarma está pensado para las situaciones de epidemia, el tribunal no lo ve adecuado para establecer un confinamiento y en este caso se decanta por el estado de excepción, pero la ley dice que este instrumento es para cuando se producen graves disturbios de orden público.
Por tanto, ninguna de estas dos herramientas jurídicas «casa al cien por cien» con la situación que se dio durante la pandemia del Covid-19, según Bal. En este punto, ha asegurado que él pidió reiteradamente a Calvo el año pasado que se reformara esta ley, pero el Ejecutivo se negaba porque no quería «molestar a sus socios nacionalistas e independentistas» ampliando su poder frente a las comunidades autónomas.
LA ALTERNATIVA DEL PP AL ESTADO DE ALARMA NO SERVÍA
Respecto al plan B que el PP proponía aplicar como marco jurídico para las limitaciones de libertades y derechos tras el fin del estado de alarma, Bal cree que «no iba a durar ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional», porque los ‘populares’ sostenían que «se podían restringir derechos fundamentales por ley ordinaria» y, por tanto, con «muchas menos garantías» que las que ofrece el estado de excepción o el de alarma.
En su opinión, el PP «ha estado jugando a tratar de mezclar dos problemas que no tienen nada que ver», hablando de una «ley de pandemias», cuando la sentencia del TC no dice «nada relativo a la legislación ordinaria», sino que se refiere a la norma de 1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio, que es una ley orgánica.
Por otra parte, el vicesecretario general de Cs ha recordado que, de cara al levantamiento del estado de alarma, también estuvo reclamando al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que las medidas que adoptasen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios fueran ratificadas por la Audiencia Nacional para así unificar los criterios en toda España.
Pero Calvo no accedió a ello, según Bal, porque eso también «molestaría» a los partidos nacionalistas e independentistas, que preferían que el aval judicial lo dieran los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades. El resultado de esto, ha añadido, es el «guirigay» actual que hace que unos tribunales convaliden el toque de queda en unos territorios y otros lo rechacen en otros.
AGILIZAR LA JUSTICIA DOTÁNDOLA DE MÁS MEDIOS
Por último, el diputado ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que «dote de medios suficientes a la Justicia y al Tribunal Constitucional» para que pueda responder de forma ágil a recursos como el que planteó Vox contra el decreto del estado de alarma.
En este sentido, ha afirmado que lo ideal habría sido que la sentencia se hubiera conocido el año pasado, mientras se debatían las prórrogas del estado de alarma –en vez de emitirse más de un año después de que se aprobara la norma–, y que el Ejecutivo «hubiera podido aplicar el estado de excepción» desde ese momento.
«Ningún gobierno en estos 40 años ha tenido el más mínimo interés en dotar a la Justicia de los medios necesarios para poder hacer su trabajo», y el de Sánchez «prefiere tener 22 ministerios y crear chiringuitos que invertir en el servicio de la justicia», que se ha revelado como «esencial en la pandemia para salvaguardar el régimen de garantías» al que tienen derecho «todos los españoles», ha manifestado.
