La ley de diversidad familiar y apoyo a las familias reconocerá jurídicamente y protegerá a todas las familias de España sea cual sea «el estado civil, la orientación sexual o el origen de filiación», según el documento sometido a consulta pública por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que recoge los objetivos de la futura norma, y que ya ha recibido más de 250 aportaciones.
En concreto, uno de los objetivos que se marcan es «avanzar en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad de modelos de convivencia familiar» así como «contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias, incluyendo a todos los modelos de familias, con independencia de circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación». Así se indica en el documento del Ministerio de Derechos Sociales sobre el Anteproyecto de la ley.
En concreto, entre otros ámbitos, añade que se prevé regular el reconocimiento de las familias monoparentales a nivel estatal dotándolas de una acción protectora específica y la reforma de la Ley de protección a las familias numerosas.
«Es necesario ayudar a las familias en España atendiendo a su diversidad, en primer lugar a través de un reconocimiento legal de los distintos modelos familiares presentes en nuestra sociedad, ya que el actual ordenamiento jurídico no recoge adecuadamente ni con el suficiente grado de equidad las distintas realidades familiares», explica.
Se pretende, por otra parte, mejorar «significativamente» los apoyos para «atender las necesidades singulares que afectan a numerosas familias del país, ya sea por situaciones de dificultad o vulnerabilidad social y económica –las familias con hijos menores a cargo son las que mayor tasa de pobreza relativa presentan–, ya sea por razones estructurales o de composición de la unidad familiar».
Además, la ley, que prevén que esté aprobada a finales de año, propone medidas de apoyo a la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar «para avanzar en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ante los profundos cambios en la organización familiar».
En este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció este miércoles que están trabajando junto al Ministerio de Igualdad para aumentar los permisos de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses.
Entre otras medidas en el marco de la futura ley, también avanzó que se creará una prestación universal por crianza, que no dependerá de la renta familiar, a lo que se sumaría la introducción de un permiso retribuido por cuidado.
«En España tenemos un problema y es que existe una amplísima diversidad familiar, muchísimas maneras de tener una familia y sin embargo, vemos cómo no todas tienen sus derechos garantizados, en concreto existe un problema gravísimo de conciliación y tenemos una deuda pendiente con las familias que acaban de tener un bebé», ha explicado Belarra este jueves en una entrevista en ‘Las cosas claras’ de La 1 de RTVE.
En concreto, la ministra ha insistido en que «muchas madres sienten la presión de incorporarse prematuramente al trabajo» y ha recordado que, según la OMS, se debería mantener la lactancia exclusiva durante seis meses.
«Esto, con un permiso de cuatro meses, es muy poco tiempo y es difícil, por tanto, en el marco de la ley de diversidad familiar vamos a proponer que los permisos se amplíen; y esto va a formar parte de la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado pero, desde luego, creo que es una medida de absoluto consenso», ha subrayado.
LA DIFICULTAD DE CRIAR EN ESPAÑA
Asimismo, tal y como ya avanzó este miércoles, Belarra ha destacado que la ley de diversidad familiar «también viene a reforzar el apoyo a las familias, con una propuesta de prestación universal por crianza que básicamente reconoce lo difícil que es criar en España y, si no tienes buenas condiciones económicas, muchísimo más».
En este sentido, ha incidido en que tener un hijo en España aumenta «de forma muy considerable» el riesgo de pobreza y ha añadido que «eso la cuarta economía del euro no se lo puede permitir».
Precisamente, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, que es de un 26,4% en general, se incrementa hasta el 49,1% para las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo.
La ley de diversidad familiar se incluye como una reforma estructural del componente 22 del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha presentado para articular los fondos extraordinarios del programa NextGeneration UE.
Según recuerda el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea ha recomendado en reiteradas ocasiones a España la mejora del apoyo a las familias a fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social y «la pandemia de COVID-19 ha agudizado la necesidad de reforzar ese apoyo».
