Moody’s ha incrementado la probabilidad de impago de OHL después de que la constructora no haya hecho efectivo el pago de los intereses correspondientes a sus bonos de deuda de 593 millones de euros, previsto para el pasado 15 de marzo.

La agencia de calificación ha añadido de esta forma el indicador de ‘impago limitado’ a su nota actual de ‘Ca-PD’, es decir, de ‘inminente riesgo de impago’, a la espera de la ejecución del acuerdo de refinanciación.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía recuerda que ya anunció el pasado mes de febrero que este cupón no se pagaría en la fecha prevista, sino que sería asumido en la fecha en la que se implemente la operación.

Debido a que se trata de un hecho descontado, su cotización en Bolsa no se ha visto afectada por esta decisión de Moody’s. De hecho, sus títulos se tiñen de ‘verde’ pasadas las 14.00 horas, con un ligero repunte del 0,15%, hasta los 0,65 euros por acción.

La previsión es que el plan se acometa el próximo mes de mayo, toda vez que tanto los accionistas como los acreedores y bonistas ya han dado su visto bueno a una operación que permitirá reducir el pasivo en 105 millones de euros y retrasar el vencimiento de los bonos de 2023 a 2026.

Esta reducción del pasivo provendrá de una quita de 37 millones de euros y una capitalización de deuda de 68 millones de euros, que se llevará a cabo a través de una ampliación de capital. A esta operación se suman otras dos ampliaciones por un máximo de 71 millones de euros.

«La designación de ‘impago limitado’ en OHL refleja que el retraso en el pago de intereses constituye un incumplimiento según la definición de Moody’s. Esta calificación permanecerá asignada a la nota hasta que el grupo efectúe el pago, que se espera que tenga lugar cuando complete su propuesta de refinanciación en mayo de 2021», explica la agencia de calificación.

Moody’s advierte de que, en caso de no cumplir con sus obligaciones de pago de intereses y repago de deuda, le seguirá bajando la calificación, lo que supondría el mayor riesgo posible como emisor de deuda a largo plazo, es decir, el ‘default’ o suspensión de pagos.

No obstante, la vista en el tribunal londinense que está tramitando la solicitud de refinanciación se celebrará el próximo jueves 15 de abril de forma telemática, debido a las restricciones por el Covid-19, cuando se prevé la aprobación definitiva del proceso.

VENTA DEL HOSPITAL DE TOLEDO

Por otra parte, la compañía ha comunicado también a la CNMV el cierre de la venta a un fondo gestionado por DIF Capital Partners de su participación del 33,34% en el nuevo hospital de Toledo por 74,6 millones de euros.

Las plusvalías por esta operación oscilan entre los 45 y 50 millones de euros para el grupo que dirige José Antonio Fernández Gallar. La transacción también incluye la venta del 100% del capital social de Mantohledo, la sociedad operadora.

OHL se adjudicó en 2015, junto con Acciona y ACS, el contrato de obras de construcción y futura gestión en concesión de los servicios no sanitarios del hospital por un importe de 1.855 millones de euros.

Un centenar de responsables políticos y de los principales directivos de las empresas europeas, entre los que se encuentran el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, han reclamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una alianza con la Unión Europea (UE) para afrontar el desafío de la crisis climática que empiece por asumir el objetivo de reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030.

En una misiva remitida al nuevo inquilino de la Casa Blanca, los firmantes abogan por una mayor ambición que pasaría por un objetivo climático de reducir al menos un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, respecto a 2005.

Esta meta casi duplicaría el objetivo establecido por la Administración Obama tras la firma del acuerdo climático de París en 2015 y después de que Estados Unidos diera la espalda a esta lucha durante el mandato de Donald Trump.

A ambos lados del Atlántico, ahora compartimos el mismo objetivo: lograr la neutralidad de carbono para 2050″, señala el documento, que considera que la alianza entre Estados Unidos y Europa «es fundamental para abordar el cambio climático y permitir una transición justa y sostenible.

La iniciativa, liderada por el eurodiputado francés y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Pascal Canfin, destaca que Estados Unidos es uno de los socios comerciales «más importantes de Europa», por lo que defiende que «actuando juntos, se puede marcar la diferencia».

Además, subrayan que Europa un plan para la transición basado en el Pacto Verde Europeo, que, más allá de verse alterado por la crisis del Covid-19, se ha acelerado.

Estamos implementando un plan de recuperación que salvará y transformará nuestra economía para alinearla con la trayectoria del Acuerdo de París. De hecho, movilizará 250.000 millones de euros para la lucha contra el cambio climático en solo tres años. ¡Este es el mayor impacto de inversión verde jamás aprobado en Europa!», aseguran.

Esta carta se publica en vísperas de que la Casa Blanca celebre los próximos 22 y 23 de abril una cumbre virtual sobre clima con líderes de países de la UE como Alemania, Italia, España o Polonia, así como de México, Jamaica o Indonesia, entre otros.

La carta, además de por el presidente de Iberdrola, está respaldada por numerosos ejecutivos de empresas punteras en Europa como Renault, IKEA, EDF, Veolia o la energética alemana E.On, entre otras.

El presidente del comité de empresa de Aernnova, Juan Carlos Gómez, ha afirmado que defenderán la nulidad de los 82 despidos previstos en la planta de Berantevilla en el juicio contra el ERE, que se celebra este martes, porque la dirección ha utilizado la pandemia como «excusa» para aplicar una reducción de personal «ya planificada y decidida con anterioridad» al covid.

En declaraciones previas a los medios, durante la concentración que la plantilla ha llevado a cabo ante el Palacio de Justicia de Bilbao, en la que han estado acompañados por trabajadores de ITP-PCB y Tubacex, Gómez ha acusado a la dirección de la empresa de no haber mostrado «en ningún momento ninguna voluntad ni intención de negociar» de cara a sustituir el ERE por algún tipo de ERTE para evitar los despidos anunciados, un total de 82, de los que 55 son de manera «forzosa».

Tal y como ha indicado, este comité ha llegado a este juicio «como ultima medida para buscar la nulidad de los despidos porque han dejado otra alternativa», ya que estaban «dispuestos a aceptar cualquier medida provisional pero la empresa no ha tenido ninguna intención de sentarse a negociar ni explorar otra fórmula alternativa».

En este sentido, ha añadido que nunca se ha puesto sobre la mesa ante el comité de empresa «alternativas» cuando, según ha indicado, «estábamos dispuestos a aceptar cualquier modelo o condición en forma de ERTE». Como ejemplo de la falta de voluntad de la dirección, Gómez ha aludido al mantenimiento de los 55 puestos de trabajo eliminados de forma «forzosa, solo hubieran supuesto estar 11 días más en ERTE este año».

A juicio del presidente del comité de Aernnova en la planta alavesa de Berantevilla, «por desgracia, ha habido que recurrir a los tribunales porque la empresa en ningún momento ha mostrado ninguna voluntad de negociar porque anunciaron un 20% de despidos y han aplicado un 20% de despidos, ni uno menos», ha criticado.

Gómez ha recordado que durante el mes que duró el periodo de consultas, «despreciaron todas y cada una» de sus «propuestas y alternativas al despido colectivo» y decidieron «ejecutar los despidos aprovechando la reforma laboral a pesar de que existían y existen esas alternativas».

AHORRAR COSTES

Desde su punto de vista, la pandemia solo ha sido para la dirección de la empresa «una excusa para hacer limpieza en las plantillas, ahorrar costes y destruir empleos».

El juicio contra los despidos se ha celebrado este mártes tenía que haberse desarrollado el pasado 16 de febrero pero tuvo que ser aplazado al dar positivo por covid uno de los abogados que debía tomar parte en la vista.

En este punto, Gómez ha afirmado que el veredicto judicial respecto a su demanda, va a ser «muy importante», además de para los trabajadores despedidos, para los que se encuentran en idéntica situación en empresas como ITP o Tubacex en la que, según ha denunciado, «también están aprovechandose de una situación totalmente coyuntural por la crisis para hacer unos despidos que ya tenían decididos con anterioridad y por eso ellos también están aquí», ha agradecido.

En esa línea, para el representante sindical, el fallo sobre Aernnova «es fundamental porque puede servir de base para lo que pueda hacerse en otras empresas como ITP o Tubacex y en otras que puedan venir después donde también se recurra al coronavirus como excusa para despedir.

En su opinión, su demanda tiene base jurídica para buscar la nulidad porque «están aprovechando una situación coyuntural que todo el mundo sabe que va a tener solución más tarde o más temprano» y lo que ocurre es «la consecuencia evidente de esa situación». «Pero la empresa siempre ha hablado de problema estructural, cuando nosotros defendemos que, en un contexto como el actual, no debe estar permitido despedir mediante un ERE», ha apuntado.

En el comunicado leído ante los concentrados ante la sede judicial, el comité de Aernnova ha lamentado que «pese a pedir amparo a las administraciones para emplazar a la empresa a buscar fórmulas alternativas», tampoco ellas, ni los partidos que las conducen, «han tenido ninguna voluntad de encontrar otras vías que eviten la destrucción de empleo, después de haber dado millones de euros a la empresa en ayudas y subvenciones».

La dirección de BBVA ha convocado a la representación legal de los trabajadores este viernes, 16 de abril, para la celebración de una primera reunión ante su voluntad de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) en España, que afectará tanto a los servicios centrales como a la red comercial.

La entidad ha asegurado en una carta dirigida a los empleados que su objetivo es explorar conjuntamente fórmulas que permitan minimizar el impacto en la plantilla.

En la carta, BBVA apoya su decisión en el contexto de «profunda transformación» para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales.

El banco considera que para garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta «imprescindible» continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir su estructura de costes.

En este sentido, ha asegurado que pretende abordar el proceso con actitud dialogante, con el compromiso de seguir criterios de objetividad y con la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos.

El pasado mes de enero, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ya había adelantado ejecutaría en la primera mitad de 2021 un plan de reestructuración de costes en España que aún se encontraba en fase de estudio pero para el que se estaban considerando «todas las opciones».

«Vamos a emprender alguna acción en la primera mitad de 2021. Tenemos el serio compromiso de revisar nuestra base de costes y de explorar la posibilidad de reestructurarla a principios de año», indicó entonces Genç.

Este anuncio ha sido ahora confirmado y dará el pistoletazo de salida este mismo viernes. La decisión de BBVA se produce paralelamente al inicio de conversaciones de la nueva CaixaBank con sindicatos tras la absorción de Bankia, que prevé la salida de al menos 7.000 empleados.

También acaba de finalizar el plan de salidas voluntarias de Banco Sabadell, por el que han dejado el banco 1.817 empleados. En Reino Unido, planea cerrar otras 164 sucursales más de su filial TSB en el año 2021, afectando a 900 empleos.

Asimismo, una vez se haga efectiva la fusión entre Liberbank y Unicaja Banco, ambas entidades previsiblemente procederán a acometer un proceso de estas características, aunque ya han asegurado que pretenden llevarlo a cabo «con rigor y seriedad», dando cumplimiento a la normativa y con el mayor acuerdo posible entre las partes.

A finales del año pasado, Banco Santander y la representación sindical firmaron un ERE que suponía la amortización de 3.572 puestos de trabajo, la reubicación de 1.500 empleados y el cierre de 1.033 oficinas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este martes a CEOE que «se remangue» y se ponga «en serio» a renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que, desde su punto de vista, no puede limitarse a una negociación de carácter salarial.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa para presentar el balance de la negociación colectiva de 2020 y del IV AENC, que tenía vigencia de 2018 a 2020.

Para Sordo, es «el momento de facilitar criterios, protocolos y buenas prácticas». El líder sindical ha reconocido que el AENC de 2020 ha estado totalmente influenciado por la pandemia y que ha dificultado su normal desarrollo en términos económicos, sociales y logísticos.

«No es fácil negociar un convenio cuando la movilización está tan seriamente restringida como lo ha estado a lo largo de 2020», ha dicho, tras afirmar que, pese a la «difícil situación pandémica» se ha conseguido, a través de la negociación colectiva, que se mejore el poder adquisitivo al menos de los convenios colectivos suscritos.

También ha aprovechado para afirmar que los acuerdos por el empleo y la negociación colectiva «se han demostrado como una buena herramienta para orientar las políticas laborales».

De hecho, ha puesto en valor que el IV AENC supuso «un punto de inflexión en la deriva que las políticas salariales estaban teniendo en España, porque el país llevaba tres años en los que le costaba que el crecimiento económico se tradujera en una mejora de salarios.

«Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que todo el mundo coincide que estamos en un momento de enrome importancia, es necesario abordar la negociación de renovación del AENC», ha resaltado, tras señalar que «sería incomprensible que en un momento histórico una herramienta orientativa como el AENC se quedase bloqueada por cortoplacismos de los intervinientes».

Además, ha incidido en lo necesario que es incrementar la senda de los salarios más bajos y que, para ello, se necesita el concurso de la AENC y del salario mínimo interprofesional. «La subida del SMI es inexcusable en España», según Sordo, que ve necesario revertir la situación y derogar lo aspectos más lesivos de esta reforma laboral.

Por otro lado, ha denunciado la generalización de las inaplicaciones en el país, que han sido propiciadas por la reforma laboral, ya que «abrió toda una gama de posibilidades para que las empresas dejasen de aplicar lo que se pacta».

«Hay que establecer procedimientos que permitan acotar cuando hay razones económicas que justifiquen algún tipo de estas medidas y, sobre todo hay que apostar por acabar con la rotación laboral», según Sordo, que cree que existe riesgo de que, en la segunda parte del año haya una devaluación salarial.

De hecho, considera que «se está filtreando con un riesgo» y que «el riesgo es que las empresas y sectores que se han acogido durante mucho tiempo a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) estén trabajando y recuperando la actividad con menos plantilla».

También ha criticado que la posición empresarial «está sufriendo una regresión en los últimos meses» y está diciendo que no hay que hablar de cosas que firmaron hace tres años.

«Esto nos preocupa de sobre manera, es verdad que se firmaron con redacciones que pueden tener su punto de interpretación, pero cuando se dice que las partes firmantes compartimos la necesidad de que cuando en periodos de negociación estos conserven su vigencia, parece evidente que se está enmendado la ultractividad de duración tasada en un año», ha dicho.

Además, ha apostillado lo necesario que es avanzar en la mejora de los salarios en España y retomar la agenda. «Empieza a ser factible que en la parte final del verano tengamos un nivel de vacunación que permita recuperar buena parte de la movilidad económica en España y, si esto es así, vamos a ir a un ciclo de crecimiento económico muy intenso para el que se requiere un modelo laboral distinto», según Sordo.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que pretende aprobar el Gobierno tiene por objetivo «restituir al consumidor eléctrico de algo que no le correspondía pagar solamente a él» y abaratar el recibo de la luz.

En su participación en la jornada ‘Wake Up Spain’ organizada por ‘El Español’ e Invertia, Bogas aseguró que este fondo propuesto por el Gobierno para repartir las cargas que actualmente soporta el recibo de la luz por el desarrollo en el pasado de las renovables permitirá «restaurar una situación inicial y propiciar una mayor utilización de la electricidad».

A este respecto, indicó que el FNSSE repartirá unos 7.000 millones de euros, asumidos actualmente por el cliente eléctrico, entre todas las energías, «sin efecto retroactivo y de una manera muy prudente» y consideró, además, que llevará a un precio de la energía «más competitivo».

Bogas recordó que España es el sexto país de la UE con el recibo de la luz «más caro», algo que consideró que aún así tiene «mérito» si se tiene en cuenta que el 50% del recibo no tiene que ver con el suministro.

En lo que respecta al cierre de las nucleares, previsto en el periodo 2027-2035, reiteró que si todo se desarrolla como está previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no habrá problema.

No obstante, destacó que la nuclear «juega un rol importantísimo» para dar firmeza al sistema y para abaratar el precio de la energía. «En España se han cerrado 10.000 MW de carbón y en 2030 4.000 MW de nuclear. Y el PNIEC incluye desarrollo de bombeo, de baterías, solar térmica y de hidrógeno verde», dijo, añadiendo que además existen los ciclos combinados para garantizar esa seguridad del suministro.

De todas maneras, advirtió que si no se consiguen esas metas del PNIEC, habrá que contar con esta tecnología, «porque el objetivo no es la nuclear, sino luchar contra el cambio climático.

COMPROMISO CON EL CIERRE DEL CARBÓN.

Por otra parte, indicó el compromiso de la compañía con las regiones donde está cerrando sus centrales de carbón, con la clausura de más de 5.000 megavatios (MW) en la Península Ibérica que cubrirá con el desarrollo de unos 5.700 MW renovables, ya que «ni nos vamos ni nos desentendemos».

«El objetivo es que nadie de las zonas locales donde estaban las centrales se quede atrás, y ya hay 4.000 personas que se están formando para la nueva transición energética», dijo.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, ha publicado este martes el informe sobre la Estadística de Extranjeros Residentes en España en 2020, del que se desprende que se ha producido un aumento del 2% en este colectivo, con respecto a 2019. Esta cifra es el menor incremento registrado desde 2016, una situación de Inclusión achaca a la pandemia.

Para la realización de este documento, el observatorio realiza un perfil sociodemográfico del país y analiza las restricciones en la movilidad y sus consecuencias en el crecimiento de población extranjera respecto a años anteriores.

A través de estos datos, el departamento que dirige José Luis Escrivá recoge que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, España cuenta con 5.800.468 extranjeros entre sus ciudadanos, lo que supone un 2% más que un año antes. Este porcentaje es, sin embargo, inferior al crecimiento acumulado en los últimos diez años, que marcaba el 19%.

Los expertos apuntan que esta situación se consecuencia del «impacto de la pandemia» y de la «imposición de restricciones en la movilidad internacional«. Así, el número de residentes extranjeros registra el menor incremento interanual desde 2016.

Sobre el incremento de las llegadas, el informe señala que, «como en años anteriores», se debe al aumento de ciudadanos en Régimen de Libre Circulación UE, que aumentó en 100.930 personas más (3%), frente a los 36.190 (1,6%) en Régimen General. El 61% de los extranjeros residentes pertenece al primero de los regímenes.

NACIONALIDADES Y PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

En el detalle estadístico se muestra que 15 nacionalidades representan casi el 75% del total de residentes extranjeros en España. Ocho de ellas corresponden a países de la Unión Europea, entre los que destacan Rumanía, Reino Unido e Italia. Entre los colectivos más numerosos de países de fuera de la UE se encuentran los de Marruecos, China, Venezuela, y Ecuador.

El observatorio destaca especialmente el colectivo venezolano ya que, según explica, es el único de fuera de la UE que ha crecido durante el último año, con un incremento anual de más del 50%.

El estudio destaca, además, la situación de los extranjeros procedentes de Reino Unido como segunda nacionalidad con mayor crecimiento en 2020. Aunque, indica, existe mucha diferencia con Venezuela, ya que su porcentaje de aumento se encuentra en el 6%, sí que señala que esto se produzca en un contexto de crisis sanitaria y de Brexit.

En cuanto al perfil sociodemográfico de los extranjeros residentes que arroja el estudio, los expertos destacan que es «muy heterogéneo». Así, recoge que la edad media de la población extranjera residente roza los 40 años y los hombres predominan sobre las mujeres. Sin embargo, existen grupos más maduros entre los procedentes de la UE –como los británicos (media de 54 años) y alemanes (media de 49 años)– frente a otros mucho más jóvenes, como los pakistaníes y marroquíes (con una media de 33 años).

POR AUTONOMÍAS

Sobre su distribución territorial, dos tercios de ellos viven en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Además, solo siete provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia) concentran el 57% del total.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población, Almería, Baleares, Lleida, Girona y Alicante son las que tienen una mayor proporción de población extranjera entre sus habitantes.

Por el contrario, Ceuta, Palencia y Soria son las que registran el menor número de residentes extranjeros, con menos de 10.000 personas procedentes de otros países, cada una.

Otro datos que destaca este informe es el impacto que la pandemia ha tenido, también, sobre la llegada de extranjeros con autorización de estancias por estudios, que en 2020 fue de 35.344. En este caso, el descenso, en relación al año anterior, es de un 40%. En este caso, explican los expertos, no se producía una caída similar desde 2012.

La gestora Mutuactivos considera que, tras un «nefasto» 2020 en muchos aspectos, este año se presenta como «el año de la recuperación económica a nivel global», ya que pese a los contagios del primer trimestre, «la economía sigue mejorando».

«A pesar de la nueva ola de contagios del primer trimestre, la economía sigue mejorando y los mercados descuentan ya la vuelta a la normalidad en los próximos meses», ha comentado el director de inversiones de la gestora, Emilio Ortiz, en su última carta trimestral a los clientes.

En cuanto a los riesgos de inflación, Ortiz ha insistido en que será de carácter coyuntural y que «no hay motivos para pensar en un incremento sostenido que requiera un cambio en las actuaciones de política monetaria».

Asimismo, no cree que los bancos centrales vayan a subir los tipos de interés mientras se mantenga el endeudamiento de los gobiernos en estos niveles, ya que considera que «la manera más sencilla de reducir el exceso de deuda es mantener bajos los costes de financiación». Una subida de estos podría ser mala para los mercados, argumenta.

RENTA FIJA

Ante este contexto, Mutuactivos está ajustando sus carteras de renta fija, que ha estado marcada en el primer trimestre del año por la subida de la rentabilidad de la deuda gubernamental, unas mayores expectativas de inflación y una mayor confianza en la economía.

«Nuestros fondos se han comportado bastante bien en este comienzo de año. La mayoría de nuestros productos de renta fija han conseguido resultados positivos a pesar de las subidas de tipos», ha añadido Ortiz.

La gestora compró ‘swaps’ de inflación, primero en Estados Unidos y luego en Europa, y se han puesto cortos de deuda americana, lo que ha hecho posible el aumento de rentabilidad de la cartera.

RENTA VARIABLE

En renta variable, por su parte, Mutuactivos considera que la bolsa es uno de los mercados con más potencial y rentabilidad. «La recuperación económica en un entorno de muy bajos tipos de interés sigue favoreciendo a la renta variable, que se ha revalorizado algo más de un 4% a nivel global durante este primer trimestre», ha señalado Ortiz.

Destacan valores cíclicos con empresas de primer nivel y solventes que han sufrido por la pandemia, como IAG y el Aeropuerto de Zurich, así como otros de crecimiento, con compañías como Grenergy, Red Eléctrica, Aker Carbon, Google o Facebook.

Ortiz revela, además, que las compañías que más rentabilidad han aportado a las carteras son Nokia, Vivendi, Naturgy o Euskaltel.

March Vida, compañía de seguros de vida del Grupo Banca March, ha lanzado un plan de jubilación para diredtivos de empresas tras la reducción del límite deducible de las aportaciones anuales a Planes de Pensiones y PPA de 8.000 a 2.000 euros.

Esta nueva normativa da mayor relevancia a la canalización del ahorro para la jubilación a través de planes de empresa, por lo que March Vida ha decidido lanzar este producto en el que el capital aportado no será objeto de imputación fiscal hasta un máximo de 100.000 euros –o el 30% de su salario bruto– y la tributación sólo se producirá cuando el beneficiario reciba la prestación.

Se trata de un seguro colectivo de vida-ahorro que se configura como una solución eficiente desde el punto de vista fiscal para que las empresas ayuden a sus empleados a planificar su ahorro para el momento en que dejen de trabajar.

Esta fórmula ofrece un vehículo de ahorro óptimo para la jubilación para el empleado, así como una herramienta útil de retención por parte de la empresa.

El producto se lanza en formato unit linked, lo que ofrece la posibilidad de diversificar la inversión en una variedad de instrumentos. En el caso del Plan de Jubilación para Directivos de March Vida, el capital puede destinarse, entre otros, a los fondos perfilados de March Asset Management.

También se puede optar por la opción Ciclo de Vida, en virtud de la cual la empresa que contrate este seguro colectivo de vida-ahorro puede establecer que la política de inversión se adapte en cada momento en función de la edad o perfil de riesgo del empleado.

La entidad explica que la reducción en el límite máximo anual deducible de las aportaciones individuales a Planes de Pensiones y PPA en un 75%, de 8.000 euros a 2.000 euros, introducida por la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha generado la necesidad de buscar alternativas de ahorro para la jubilación.

En el caso del plan de jubilación para directivos de March Vida, la eficiencia fiscal se obtiene a través de un sistema de retribución flexible, de forma que el empleado puede renunciar a la parte de su salario que desea ahorrar y la empresa realiza una aportación a la póliza en su nombre, por ese mismo importe.

PIAS Y SIALP PARA CLIENTES PARTICULARES

Para los clientes particulares, los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático), con un límite de aportación anual de 8.000 euros, y SIALP (Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo), con un límite de 5.000 euros, se sitúan como las opciones más adecuadas.

En ambos casos, estos importes son independientes de la aportación que se realice a Planes de Pensiones y PPA. Así, un cliente que contratase las tres opciones de productos de ahorro para la jubilación podría aportar hasta 15.000 euros anuales.

March Vida recuerda que en los PIAS y SIALP la ventaja fiscal no se produce en el momento de realizar la aportación, como en el caso de los Planes de Pensiones y PPA, sino en el momento de recibir la prestación.

La plataforma online de negociación de CFDs Plus500 ha registrado un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 121,7 millones de dólares (102 millones de euros) en el primer trimestre, un 47% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando obtuvo 231,6 millones de dólares (194,5 millones de euros).

La plataforma explica en un comunicado que han conseguido este resultado al apoyarse en una base de costes «fuerte y flexible» y en su modelo de negocio, y ha añadido que el margen de Ebitda es del 60%, frente al 73% del año anterior.

No obstante, Plus500 ha asegurado que continúa invirtiendo en tecnología de marketing con el objetivo de obtener oportunidades que impulsen su retorno de inversión, así como en I+D, con un nuevo programa que les ha permitido hacer «grandes progresos».

Si bien la caída es abultada respecto al mismo periodo de 2020, es mejor a la registrada el trimestre anterior, cuando el Ebitda fue de 19,9 millones de dólares (16,7 millones de euros), por lo que ha subido el 512%.

Los ingresos de la compañía hasta marzo fueron de 203,2 millones de dólares (170,7 millones de euros), un 36% menos, gracias a las condiciones comerciales atractivas. Respecto al trimestre anterior, estos han subido un 121%.

Por su parte, el número de clientes activos asciende a 269.743, un 39% más, en tanto que los nuevos clientes han aumentado en los tres primeros meses de 2021 en 89.406, un avance del 8%.

El promedio de ingresos por usuario (ARPU) fue hasta marzo de 753 dólares (633 euros), un 54% menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien registra un aumento del 76% respecto al cuarto trimestre de 2020, cuando este era de 427 dólares (359 euros).

En cuanto al coste medio de adquisición de los clientes (AUAC), fue de 473 dólares (397 euros), un 26% menor al del primer trimestre de 2020 y un 48% inferior respecto al cuarto.

«Plus500 ofreció un excelente desempeño durante el primer trimestre de 2021, gracias al impulso positivo alcanzado en 2020. Este rendimiento ha sido consecuencia de la fuerza y agilidad de nuestra tecnología y su capacidad para responder rápidamente a los desarrollos del mercado, eventos noticiosos y requisitos de los clientes», ha valorado el director ejecutivo de la plataforma, David Zruia.

Los saldos en efectivo a 31 de marzo de 2021 eran de 675,6 millones de dólares (568 millones de euros), desde los 593,9 de diciembre de 2020.

Además, la compañía recompró 1.550.563 acciones en el primer trimestre a un precio promedio de 13,64 libras esterlinas (15,77 euros), para una contraprestación total en efectivo de 29,2 millones de dólares (24,5 millones de euros), como parte de sus programas de recompra.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha señalado que la política económica del Gobierno durante la pandemia y a día de hoy «está bien orientada» y ha sido acertada, aunque cree que la ejecución «no tanto», criticando además que hay sectores que están «especialmente maltratados», como es el caso del turismo.

«La política ha sido acertada, la partitura es buena y lo dije en los primeros días de la pandemia, pero la ejecución no tanto», ha señalado Bonet durante su comparecencia este martes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados.

No obstante, ha destacado que mecanismos como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido muy buenas medidas, aunque cree que deben revisarse ante la necesidad de que algunos sectores puedan aguantar.

En opinión del presidente de la Cámara de España, lo que no se puede permitir es que se quede nadie atrás desde el punto de vista de personas vulnerables, ya que cada vez hay más, y que no todas las empresas viables puedan continuar por la crisis.

«Hay que poner el foco en la empresas y la colaboración público-privada», ha insistido Bonet, tras criticar que el turismo, uno de los principales sectores para la economía española, no cuenta actualmente con el apoyo que debería tener.

El presidente de la Cámara de España ha subrayado la estrecha relación existente entre el comercio y el turismo y el efecto dinamizador de este último sobre el conjunto de la economía, tal como se pone de manifiesto en el estudio ‘Impacto de la actividad turística en la economía española’, que ha sido impulsado por la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de España y remitido al Congreso de los Diputados.

En dicho documento se constata que el turismo constituye uno de los principales motores de la economía española, no solo por su contribución directa al PIB o a la creación de empleo, sino por ese efecto dinamizador sobre otros sectores productivos. Solo el sector de alimentación y bebidas debe el 10,5% de su producción total al turismo. Este porcentaje se eleva al 11% en el caso de la energía, y llega hasta el 50% en actividades como los servicios deportivos y recreativos, y los servicios de alojamiento, comida y bebidas.

En cuanto al empleo, el 11,7% de los puestos de trabajo del sector de servicios de seguridad, administrativos y para edificios, dependen de la actividad turística. En el caso del comercio minorista, el 5,8% del empleo del sector se debe a la actividad turística. En los servicios deportivos y recreativos, y los servicios de alojamiento, comida y bebidas, en torno al 50% del empleo se deben al turismo.

URGE A ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Durante su intervención, Bonet ha urgido a acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19 para asentar la recuperación de la economía española, señalando que la recuperación de la movilidad, tanto a nivel nacional como internacional, y la eliminación de las restricciones actuales a los contactos sociales son condiciones indispensables para la reactivación de la economía.

«En caso contrario, perderemos también la temporada turística del próximo verano y las consecuencias de la crisis serán todavía más profundas y duraderas», ha advertido.

José Luis Bonet se ha referido también en su intervención al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el presidente del Gobierno presentará mañana ante el Congreso de los Diputados y que será el instrumento para canalizar los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU que España recibirá en los próximos seis años.

«Este Plan será una oportunidad inmejorable para la reconstrucción de nuestro país, lo que nos exige centrar nuestros esfuerzos en diseñar las medidas más adecuadas para la transformación y modernización de nuestro tejido productivo y garantizar el pleno aprovechamiento de los recursos que vendrán. El ‘shock’ ha sido de tal magnitud que estamos obligados a reinventarnos», ha afirmado el presidente de la Cámara de España.

España es uno de los países de Europa en los que más ha crecido el ahorro, un 42% hasta marzo de 2021, y uno de los más afectados por la caída del consumo, que ha descendido un 25% con respecto a los niveles pre-Covid.

Así se desprende del ‘Monitor Económico ifo-N26, elaborado por el banco móvil N26 y el el Instituto ifo (Instituto Alemán de Investigación Económica), que analiza la recuperación económica en las principales economías europeas: España, Italia, Francia y Alemania.

Los resultados revelan que los niveles de ahorro se han disparado en los cuatro países desde que comenzó la pandemia del Covid-19 y, de hecho, España muestra un nivel superior al de Francia e Italia, aunque inferior al de Alemania.

Durante el confinamiento en abril de 2020, datos de estudios previos de N26 revelaron que la tasa de ahorro había aumentado entre los hogares europeos, siendo España el país donde más personas (un 73%) declararon que las medidas de aislamiento les habían ayudado a ahorrar algo más, por delante de alemanes (64%), franceses (62%) e italianos (35%).

De acuerdo a los resultados del Monitor Económico ifo-N26, los clientes españoles de N26 ahorraron un 38% más en sus cuentas durante 2020 y, a finales de marzo de 2021, se observó que ahorraban un 42% más en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

CAÍDA DEL GASTO

Aunque el gasto de los consumidores se estabilizó en la segunda parte de 2020, el barómetro revela que se redujo a la mitad en el primer confinamiento desde niveles iniciales y ahora se encuentra un 25% por debajo.

Al contrario, el gasto en Alemania casi se ha recuperado totalmente, habiendo alcanzado ya un 85% en comparación a los niveles previos a la pandemia.

Si se establece un índice de referencia del gasto del consumidor de forma previa a la pandemia en 100 euros, el gasto de los clientes franceses fue el que más aumentó entre los dos periodos de confinamiento, en un 50%. Para Italia, este incremento es solo del 30%.

Por su parte, si un español gastaba 100 euros en enero de 2020, su gasto se redujo a 50 euros tras el primer confinamiento, pero tras el segundo, su gasto se sitúa en 75 euros.

N26 explica que el descenso del gasto desde que comenzó la pandemia fue fruto de las medidas de confinamiento y la incertidumbre económica, pero cree que la economía europea está en vías de recuperación y los niveles de gasto siguen remontando, acercándose a los niveles previos en ciertos mercados.

Por otra parte, el barómetro analiza el uso de los pagos móviles, que continúa aumentando en detrimento de los pagos en efectivo. Este cambio de hábito se ha convertido en la nueva normalidad dominante en Europa«, añade.

Los resultados reflejan que, a medida que los niveles de consumo se recuperan, la popularidad de los pagos móviles sigue aumentando. Según datos internos de N26, el uso de Apple Pay y Google Pay entre los clientes españoles ha aumentado un 79% durante el último año, con lo que el país se sitúa a la cabeza en crecimiento de pagos móviles, seguido por Francia (con un aumento del 74%).

«La digitalización de los hábitos financieros es una realidad imparable y el auge de los pagos móviles es tan solo la punta del iceberg de un futuro en el que el contactless será el rey», ha indicado la directora general de N26 para España y Portugal, Marta Echarri.

El 77% de las entidades financieras ya mide la productividad de sus empleados, pero lo hacen de forma superficial e insuficiente, por lo que muchas decisiones de gestión se toman con datos poco concretos, según un informe de PwC.

El 15% registran el trabajo por horas, a un nivel de tareas, en tanto que el 44% lo hace diariamente y el mismo porcentaje, semanalmente, en tanto que el 25% realiza estudios periódicos y el 1% desconoce cómo se está haciendo.

El estudio, que parte de una encuesta elaborada entre más de 500 altos directivos del sector financiero en 15 países distintos, defiende que «conocer mejor a los empleados es una importante oportunidad de reducción de costes para el sector financiero».

«Un estudio temporal detallado generará los datos necesarios para identificar a los que más rinden y a los que quedan atrás, mejorar la organización del trabajo y dejar claro qué acciones específicas aumentarían la productividad y el compromiso», sostiene la firma.

El 44% de las entidades argumentan que los programas de registro de productividad son muy costosos, en tanto que el 39% no tiene tiempo y el 38%, señala la resistencia de los empleados.

Asimismo, el presupuesto medio que dedican cada año las entidades financieras a programas de cambio se sitúa en torno al 14% de sus gastos operativos, según las estimaciones de la consultora, mientras que el 25% de los encuestados asegura dedicar entre el 21% y el 30%.

En cuanto al tipo de programas que han puesto en marcha, el 60% destaca la educación especializada; el 51%, los mentores y ‘coaches’ laborales; el 43%, la asociación con consultoras; otro 43%, los programas de comisiones de servicio o de retorno a la empresa; el 35%, el uso de contratistas, y el 5%, no ha puesto en marcha medidas para crecer y retener talento.

ECONOMÍA DE PLATAFORMAS

El informe defiente que las entidades financieras podrían aprovecharse de la llamada economía de plataformas, que consiste en tener pocos empleados a tiempo completo y un porcentaje mayor de trabajadores por proyectos, ya que hace que las organizaciones sean innovadoras, ágiles y rentables.

De las entidades entrevistadas, el 50% utiliza el ‘crowsourcing’ o externalización abierta, frente al 21% registrado hace dos años, y la mayoría asegura que este modelo ha generado un valor alto o muy alto para la compañía.

Además, el uso de metodologías de trabajo ‘agile’ ha disminuido en los últimos dos años del 77% al 64%, en tanto que los departamentos que más las utilizan son los de IT, con el 56%; los de finanzas, con el 46%, y los de desarrollo de negocio, con el 40%.

Todas las empresas estarán obligadas desde mañana a un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También afectará este registro al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pero con las peculiaridades establecidas en su legislación específica.

La norma sobre igualdad salarial se aprobó en octubre del año pasado para su entrada en vigor a los seis meses, es decir, mañana 14 de abril. Tiene por objetivo impulsar la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. Se trata, en definitiva, de combatir la llamada brecha salarial de género.

El registro salarial al que obliga la norma deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo. Con este fin, deberá figurar la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

El periodo temporal de referencia del registro salarial será con carácter general el año natural, aunque podrá modificarse. Los representantes sindicales de la empresa deberán ser consultados, con una antelación de al menos 10 días, antes de la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberán ser consultados cuando el registro sea modificado.

En las empresas que cuenten con representación sindical, el acceso al registro se facilitará a los trabajadores a través de ella, teniendo derecho los trabajadores a conocer el contenido íntegro del mismo.

En caso de no existir representantes sindicales, la información que facilitará la empresa no será la de los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que se limitará a las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres.

Para facilitar todo este proceso a las empresas, el Gobierno ha consensuado con los agentes sociales una herramienta fácil de manejar, en la que las empresas sólo tendrán que ir añadiendo sus datos.

AUDITORÍAS SALARIALES

Según mandata la norma, las empresas obligadas a hacer un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, cuyo objetivo es el de obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución.

Actualmente, todas las empresas con más de un centenar de trabajadores en plantilla deben tener un plan de igualdad, una obligación que a partir del 8 de marzo de 2022 se exigirá también a las empresas de entre 50 y 100 trabajadores.

La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, salvo que se determine otra inferior en el mismo.

La norma especifica lo que deberá incluir el registro salarial en aquellas empresas obligadas a llevar a cabo una auditoría retributiva (aquellas que tienen obligación de contar con un plan de igualdad).

Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas deberán reflejar en su registro salarial, además, las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo.

Cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de los trabajadores de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un 25%, el registro de estas empresas obligadas a la auditoría deberá incluir una justificación de que dicha diferencia no responde a motivos relacionados con el sexo de los trabajadores.

La auditoría retributiva implica para las empresas la obligación de realizar un diagnóstico de la situación retributiva en la empresa y de establecer un plan de actuación para la corrección de las desigualdades salariales, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y personas responsables de su implantación y seguimiento.

LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO PODRÁ SERVIR PARA ACTUACIONES JUDICIALES

Según establece esta ley, la información retributiva o la ausencia de la misma derivada de su aplicación podrá servir para llevar a cabo acciones administrativas y judiciales, incluyendo la puesta en marcha de las sanciones que pudieran corresponder por discriminación. También podrá utilizare esta información en procedimientos de oficio.

En lo que respecta a los trabajadores a tiempo parcial, la norma establece que tienen los mismos derechos, incluidos los retributivos, que los trabajadores a tiempo completo. En este sentido, se señala que el principio de proporcionalidad en las retribuciones percibidas resultará de aplicación cuando lo exijan la finalidad o naturaleza de éstas y así se establezca por una disposición legal, reglamentaria o por convenio colectivo.

Asimismo, la ley advierte de que cualquier reducción proporcional deberá garantizar asimismo que no tenga repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados con la maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes.

La inversión en el sector inmobiliario en España, sin contar compras de suelo ni edificios adquiridos para uso propio, fue de alrededor de 1.600 millones de euros en el primer trimestre del año, un 60% menos que en el mismo periodo de 2020, cuando registró la cifra récord de casi 4.000 millones de euros.

Según cifras provisionales de CBRE, en los últimos 12 meses el volumen de inversión alcanzó los 7.200 millones de euros, un 50% menos que en los 12 meses anteriores, si bien son cifras que duplican y hasta casi triplican las alcanzadas en el arranque de todos los años entre 2010 y 2013.

«Como está sucediendo en gran parte de los países europeos, el mantenimiento de las restricciones a la actividad y la movilidad en las primeras semanas de 2021, junto con el lento avance de las campañas de vacunación, está retrasando la reactivación de la economía, a expensas de la recuperación del gasto y del turismo», explica la directora del departamento de Research de CBRE España, Lola Martínez Brioso.

Por sectores, el multifamily (residencial en alquiler y residencias de estudiantes) sigue ampliando distancias frente al resto de segmentos, con más de 736 millones de euros invertidos en el primer trimestre, lo que supone un 42% menos que en los tres primeros meses de 2020.

Por su parte, la inversión en retail fue de 75 millones de euros, por debajo del primer trimestre de 2020, que fue un periodo extraordinario debido a grandes operaciones en centros comerciales gestadas en 2019 (como Intu Asturias) y sumadas a una buena actividad de High Street en los meses anteriores a la llegada del Covid-19.

La mayor actividad sigue registrándose en el sector de los supermercados, destacando la operación de la cartera de supermercados de Grupo Lar vendido a Blackbrook Capital por 59 millones de euros.

OFICINAS, LOGÍSTICA Y HOTELES

Con 280 millones de euros invertidos en el primer trimestre de 2021, el sector oficinas es otro de los que experimentan mayores diferencias en su comparativa interanual, aunque también ha registrado un volumen inferior a los dos trimestres anteriores. Frente a las 20 transacciones del primer trimestre de 2020, se registraron ocho en el primer trimestre de 2021.

En el sector logístico-industrial, el volumen de inversión en el primer trimestre se situó en torno a los 150 millones de euros. «El apetito por parte de los inversores por el sector logístico sigue siendo muy alto, también en naves logísticas de proximidad o última milla, si bien hay falta de producto de calidad construido y alquilado en todos los focos logísticos importantes del país», señala Martínez Brioso.

Por último, la inversión en hoteles alcanzó los 273 millones de euros, una cifra ligeramente superior al volumen transaccionado en el primer trimestre de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social y el Banco de España han acordado comenzar a trabajar conjuntamente en el diseño de un sistema colaborativo de datos al que podrán acceder científicos e investigadores siempre que la información vaya a ser utilizada con fines científicos de interés público.

En un comunicado conjunto, las cuatro instituciones han señalado que promoverán la incorporación futura de otras entidades que, al igual que ellas, sean titulares de registros administrativos u otras bases de datos granulares de interés para la investigación.

Este nuevo sistema surge a raíz del aumento de la demanda de información por parte de los investigadores ante las cada vez más numerosas bases de datos y se concibe como una iniciativa conjunta de los cuatro organismos, por lo que no eliminará los actuales procedimientos que cada una de ellas tienen actualmente en vigor para proporcionar información a medida a los investigadores.

Según han destacado, el acuerdo alcanzado entre estas cuatro instituciones «permitirá satisfacer múltiples necesidades de investigadores y científicos en beneficio del interés público a través del aprovechamiento de la información contenida en sus registros y bases de datos».

La explotación de esta información se realizará de acuerdo con las normas que avalen el secreto estadístico, la confidencialidad de los datos y la protección de los datos personales contenidos en dichas bases.

El INE será el que ejerza el papel de coordinador de este sistema conjunto de datos, lo que permitirá racionalizar y ahorrar los recursos públicos, pues este organismo ya viene desarrollando tareas similares en su producción estadística.

Este sistema de datos colaborativo contará con un Comité de Gobernanza, participado por las cuatro instituciones, que tendrá como misión delimitar las bases de datos que se pondrán a disposición de los investigadores, aprobar las peticiones de acceso para los diferentes fines que se contemplen, colaborar con las restantes instituciones que faciliten sus bases de datos y, en general, vigilar el buen funcionamiento del sistema.

Asimismo, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes usuarios, se construirá un sistema técnico de acceso seguro en remoto a los diferentes registros y bases de datos que complementará los procedimientos de acceso seguro actualmente disponibles en los laboratorios o los espacios dedicados de las cuatro instituciones.

La información a la que se podrá dar acceso a usuarios con fines científicos de interés público es la que figura en las bases de microdatos de las que son titulares el INE, la AEAT, la Seguridad Social y el Banco de España, con las necesarias garantías de seguridad, secreto estadístico, protección de datos personales y sometimiento a la Ley vigente.

Además de las bases de datos estadísticas procedentes de sus encuestas, el INE también podrá conceder acceso a registros administrativos, tanto a los elaborados o coordinados por él, como a los de otra titularidad pero que utiliza para elaborar sus estadísticas.

El acceso a investigadores con fines científicos de interés público debe estar respaldado legalmente. De esta manera, las cuatro instituciones acuerdan continuar trabajando para adaptar el marco legislativo y jurídico específico de cada institución para cumplir este objetivo.

El acuerdo alcanzado entre estas cuatro instituciones se plasmará en un convenio de colaboración.

Javier Hidalgo ha presentado su dimisión como consejero delegado del grupo turístico Globalia en un momento marcado por la desintegración de la empresa debido a la venta y la fusión de las principales compañías que forman el holding turístico fundado por su padre Juan José Hidalgo hace 50 años.

El hijo del fundador de uno de los principales grupos turísticos españoles dejará de liderar el ‘holding’ formado por la aerolínea Air Europa, las agencias Halcón Viajes y Viajes Ecuador, así como la cadena de hoteles Be Live.

La salida de Hidalgo, avanzada por ‘Expansión’ y ‘VozPópuli’, llega tras los rescates del Gobierno al grupo turístico y tras pasar por una dura etapa con el negocio resentido por la crisis del turismo provocada por el coronavirus.

La compañía, que llegó a facturar en 1997 cerca de 4.000 millones de euros, está pasando por una situación delicada tras el parón del sector turístico durante el último año provocado por la pandemia del coronavirus, lo que le ha llevado a vender sus negocios a diferentes empresas.

La primera que salió a la venta fue la aerolínea Air Europa, que finalmente pasará a formar parte de International Airlines Group (IAG), el holding liderado por Iberia. La operación, que se retrasó como consecuencia de la pandemia, finalmente se concretó en 500 millones de euros, la mitad del dinero que habían acordado las dos partes en noviembre de 2019.

Previamente, el Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre el rescate público de la aerolínea Air Europa por valor de 475 millones de euros a través de dos préstamos con seis años como plazo máximo de amortización, en una operación «necesaria» debido al «carácter estratégico» de la compañía presidida por Juan José Hidalgo.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrará en el consejo de administración de Air Europa con dos puestos y podrá decidir sobre el nombramiento del CEO y sobre posibles regulaciones de empleo en la compañía.

Tras su regreso al grupo turístico familiar hace cinco años, Hidalgo también se ha tenido que hacer cargo del resto de procesos en marcha como la fusión de Halcón Viajes a Ávoris, que forma parte del grupo Barceló.

El directivo también consiguió que la SEPI concediera otro rescate por valor de 320 millones de euros para Ávoris Corporación Empresarial, sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia.

La operación de ayuda temporal a Ávoris Corporación Empresarial será canalizada a través de un préstamo participativo de 163,2 millones de euros y de un préstamo ordinario de 156,8 millones de euros. La empresa dispondrá de un plazo máximo de seis años para amortizar en su totalidad los préstamos que reciba.

El acuerdo por el que se autorizó el apoyo financiero temporal a Ávoris incorpora varias condiciones, entre ellas la designación por el Consejo Gestor del Fondo de un observador con voz y sin voto en el consejo de administración, así como el establecimiento de una comisión de seguimiento del plan de viabilidad.

Globalia ha declinado hacer comentarios sobre la dimisión del hasta ahora CEO del grupo que estaría negociando también la venta de la división de hoteles Be Live y a la espera también de la salida de la compañía del servicio de handling (asistencia en tierra a aviones) que no está incluido en la venta de Air Europa.

SEGUNDO MÁXIMO ACCIONISTA.

Estas dos grandes operaciones suponen la despedida de Javier Hidalgo del holding turístico que fundó su padre hace 50 años muy afectado por la pandemia del coronavirus, la cancelación de vuelos, las restricciones de viajes internacionales, las cuarentenas, los toques de queda y las limitaciones de movilidad.

En enero de 2019 Javier Hidalgo, amplió su capital accionarial en Globalia hasta el 17%, después de adquirir un 7% adicional a Unicaja. El hijo del fundador se convirtió ya en julio de 2018 en el segundo mayor accionista de Globalia (10%), por detrás de su padre Juan José Hidalgo, el empresario salmantino que fundó el grupo turístico y del que es actual presidente, que controla el 51%.

Tras hacerse con esta participación, Javier Hidalgo controlaba el 17% de Globalia, después de regresar al accionariado del grupo turístico tras cinco años fuera, cuando en 2013 vendió su participación del 5% al empresario y exministro balear Abel Matutes.

La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 1,590 billones de euros en el cuarto trimestre de 2020, lo que supone una caída del 1,9% en tasa interanual, según las Cuentas Financieras publicadas por el Banco de España este miércoles. Por su parte, la deuda de los hogares se situó en el 62,5% del PIB.

A pesar de esta caída, la riqueza de las familias sigue en máximos y se sitúa ya muy por encima de los niveles previos a la crisis económica de hace más de una década, ya que en el primer semestre de 2007, justo antes del comienzo de la recesión, rozaba el billón de euros.

El Banco de España explica que, en relación con el PIB, los activos financieros netos representaron el 141,8%, ratio 11,6 puntos porcentuales superior a la de hace un año debido, especialmente, al retroceso del PIB.

El saldo de activos financieros -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- de los hogares e ISFLSH alcanzó a finales de 2020 un importe de 2,347 billones de euros, un 1,7% inferior al de un año antes.

CAÍDA DE LA BOLSA

Esta disminución se debe a revalorizaciones netas negativas, de 118.100 millones de euros, que se concentraron principalmente en el primer trimestre de 2020, provocadas por la caída del precio de los activos en los mercados financieros como consecuencia de la pandemia, mientras que las transacciones fueron positivas, con una adquisición neta de activos financieros de 77.600 millones de euros en el último año.

En relación con el PIB, los activos financieros totales de los hogares e ISFLSH representaron un 209,2% a finales del cuarto trimestre de 2020, 17,4 puntos porcentuales más que un año antes, debido al fuerte retroceso experimentado por el PIB.

Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se encontraba en efectivo y depósitos (el 42% del total), seguido de participaciones en el capital (23%), seguros y fondos de pensiones (17 %) y participaciones en fondos de inversión (15%).

Por su parte, el componente de efectivo y depósitos fue el que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares (en 3,8 puntos porcentuales) con respecto a un año antes, mientras que el peso de las participaciones en el capital fue el que más cayó (-5,2 puntos) como resultado, fundamentalmente, del componente de revalorizaciones, que fue negativo.

SUBE LA DEUDA DE EMPRESAS Y BAJA LA DE LAS FAMILIAS

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas y de los hogares e ISFLSH alcanzó 1,653 billones de euros en el cuarto trimestre de 2020, un 147,4% del PIB, un 2,5% por encima de la cifra registrada un año antes.

El incremento de la deuda agregada es fruto de un comportamiento dispar de estos dos sectores, ya que la deuda consolidada de las sociedades no financieras aumentó alcanzando un 84,9% del PIB (si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio sería un 107,7%), mientras que la de los hogares e ISFLSH disminuyó situándose la ratio en un 62,5% del PIB.

Las operaciones netas acumuladas en 2020, correspondientes a la financiación consolidada recibida por las empresas y los hogares e ISFLSH, fue de 47.700 millones de euros, lo que representó un 4,3% del PIB.

En términos netos, las sociedades no financieras captaron financiación nueva equivalente al 4,6% del PIB, mientras que los hogares e ISFLSH cancelaron financiación por un importe que supuso un 0,4% del PIB.