El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este martes el «tacticismo electoral» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el Plan de Recuperación y que lo «fíe todo a las ayudas europeas», presentando «nuevos brotes verdes sin plan de reformas» y «sin contar con nadie».
Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya anunciado en una rueda de prensa en Moncloa que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 20 inversiones en sectores principales para los tres próximos años, con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.
En concreto, el plan contempla 13.200 millones para abordar una estrategia de movilidad sostenible; 6.820 millones para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana; 4.315 millones para la modernización de las administraciones públicas, atajando la temporalidad que sufre; 4.060 millones en un plan de digitalización de las pymes; 4.000 millones para avanzar en el 5G; y 3.780 millones en política industrial y estrategia economía circular.
«PRESENTA LOS NUEVOS BROTES VERDES SIN PLAN DE REFORMAS»
Según Casado, el presidente del Gobierno «lo fía todo a las ayudas europeas» y presenta «los nuevos brotes verdes sin plan de reformas, sin detallar proyectos, sin presentarlo a Bruselas y sin contar con nadie».
«Su tacticismo electoral es una irresponsabilidad solo a la altura de sus mentiras», ha proclamado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, poco después de que haya finalizado la rueda de prensa de Sánchez.
Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha echado en cara a Sánchez que haya repetido en su comparecencia lo mismo que contó este lunes públicamente en un foro. «¿Lo volverá a repetir mañana en el Congreso? Pero el debate democrático brilla por su ausencia», ha enfatizado, para añadir que si es un plan «de todos», todos deberían «formar parte de este proyecto».
EL PP PIDE REMITIR AL CONGRESO LOS INFORMES DEL PLAN
Precisamente, el presidente del Gobierno acudirá este miércoles al Congreso de los Diputados para exponer ante el Pleno las líneas de ese Plan de Recuperación, abriéndose un debate parlamentario con todos los grupos parlamentarios.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha solicitado al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que remita a las fuerzas parlamentarias los informes sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que los grupos sepan el contenido de lo que se va debatir este miércoles en la Cámara.
«Pedimos respeto y transparencia a esta Cámara», ha asegurado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. La dirigente del PP ha señalado que durante la pandemia el Gobierno ha utilizado el estado de alarma para «amordazar» al Congreso y éste sería un ejemplo más.
Socios del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, como EH-Bildu, Más País-Equo o Compromís, han expresado este martes en el Congreso su recelo ante las medidas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dirigidas a retrasar la jubilación, y le han instado a buscar más ingresos para el sistema público de pensiones.
Entre las reformas planteadas para el sistema público de pensiones, Escrivá apuesta por medidas que incentiven el retraso de la edad efectiva de jubilación para aproximarla a la edad legal y defiende cambiar la percepción acerca de una jubilación más tardía. Asimismo, este lunes en su comparecencia ante el Pacto de Toledo rechazó que este alargamiento de la vida laboral pudiera colisionar con las oportunidades laborales de los jóvenes.
«No entendemos qué obsesión tiene este Gobierno en intentar que la gente se jubile más tarde», ha replicado en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, que cree que el problema del mercado laboral son las dificultades de los más jóvenes por encontrar un empleo y buenas condiciones salariales. «Si sigue adelante con este proyecto no contará con nuestro apoyo», ha advertido.
Por ello, ha invitado al Gobierno que «si quiere que sea sostenible» el sistema de pensiones, se ‘destopen’ las bases máximas de cotización «de quienes más cobran», complementar con los Presupuestos Generales del Estado los ingresos del sistema y evitar ajustes salariales para garantizar que las cotizaciones de los asalariados de hoy «ayudan a sostener las pensiones de quienes tienen todo derecho a jubilarse».
BILDU: NO TODOS LOS TRABAJOS SON IGUALES Y PIDE NO PENALIZAR
También ha cuestionado el retraso de la jubilación EH-Bildu, que aun concediendo que «el hecho de que se incentive puede estar bien», ha recordado que «no todas las profesiones ni los trabajadores son iguales» ni «puedes seguir trabajando a partir de los 65 años en buenas condiciones».
«Hay muchos trabajos que son físicos y la gente llega muy deteriorada y cansada a esa edad», ha señalado su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, apuntando a que, cuando se habla de estas bonificaciones se piensa «en gente muy concreta» y no en la clase trabajadora. «Si puede estar bien incentivar, lo que no puede estar bien es penalizar, tendría que ser voluntario», ha aclarado.
Asimismo, Aizpurua ha recordado que, al tiempo, es necesario crear empleo, especialmente para los jóvenes –«Tenemos unas tasas de paro increíbles», ha dicho– alertando de que «si no hay trabajo ni trabajadores, no hay cotizaciones», y recordando la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012.
COMPROMÍS VE A ESCRIVÁ ACTUANDO DE FORMA UNILATERAL
Por otro lado, Compromís considera que Escrivá, está actuando de forma unilateral en materia de pensiones y ha puesto en duda que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, o los sindicatos, vayan apoyar las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación.
«De lo que pude escuchar de algún partido de Gobierno, probablemente estas decisiones se estén tomando de manera un tanto unilateral», ha afirmado este martes, concediendo que «algunas» propuestas por Escrivá, como eliminar la jubilación obligatoria al llegar la edad legal, «se pueden plantear».
En todo caso, ha puesto en cuestión que sus medidas puedan consensuarse con los sindicatos. «Antes de tomar medidas habría que escuchar también a los sectores sociales, a las fuerzas sociales», ha dicho, reclamando «una evaluación seria» sobre el impacto de un retraso en la jubilación sobre el empleo juvenil.
EL PDeCAT SEÑALA QUE ESTA REFORMA «CONDICIONA» LA LLEGADA DE FONDOS
Por otro lado, también se ha referido a los cambios propuestos por Escrivá el PDeCAT, cuyo portavoz en el Congreso, Ferrán Bel, ha asegurado estar al tanto de estos cambios en conversaciones con el Ministerio, pero ha dicho estar «a la expectativa» de cómo piensa plasmar las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo en sus reformas.
En este sentido, Bel cree que acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal «puede contribuir a la sostenibilidad del sistema», y ha señalado que la reforma del sistema de pensiones forma parte del conjunto de reformas «que en Europa se está pidiendo al Estado» y que, por ello, «condiciona» la llegada de fondos europeos para afrontar la crisis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado hoy la intención de subir los impuestos que ayer adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegando que el Ejecutivo tiene que amoldarse a los intereses de todas las comunidades, aunque ha dicho comprender la promesa de Ángel Gabilondo «en su autonomía» como candidato a la Comunidad de Madrid, que se ha comprometido a no subir los impuestos a los madrileños.
Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo durante la rueda de prensa que ha dado tras el Consejo de Ministros para explicar el Plan de Recuperación que mañana expondrá en el Parlamento.
Pedro Sánchez ha sido preguntado por las declaraciones que realizó ayer la ministra de Hacienda, en las que adelantó que tiene «especial interés» en subir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en 2022 y por la posible contradicción que esto supone con la promesa del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, quien se ha comprometido a no subir los impuestos a los madrileños.
El jefe del Ejecutivo ha precisado que «en la autonomía de su condición como candidato», Gabilondo realiza su propuesta para Madrid porque «se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene el respaldo del PSOE de Madrid».
Pero ha añadido que «la tarea del Gobierno es la de amoldar todas esas sensibilidades y demandas largamente acumuladas durante estos años», en referencia a las que han tenido algunas comunidadesaAutónomas acusando a la Comunidad de Madrid de hacer ‘dumping fiscal’ por tener los impuestos más bajos en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. «España es un país diverso con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal», se ha justificado Sánchez.
El presidente del Gobierno se ha amparado en las recomendaciones que ha realizado la Unión Europea específicamente a España para que lleve a cabo una reforma fiscal. «Lo dice», ha espetado Pedro Sánchez para respaldar la decisión de poner en marcha esa reforma.
De hecho, se ha justificado por no haber iniciado antes esta reforma alegando que el Gobierno de España ha antepuesto la recuperación económica y la recuperación de los niveles de PIB anteriores a la pandemia ante cualquier otra consideración, incluida la del sistema fiscal.
PRIMERO RECUPERACIÓN Y DESPUÉS, SEGUIRÁ SU HOJA DE RUTA
Pero ha dejado claro que, aunque primero se va a volcar en la recuperación y en la consolidación de la actividad económica, luego va a continuar con su «hoja de ruta». Un camino, ha dicho, que incluye tareas que «no solo» ha asumido en el Gobierno de coalición, sino que también le marca Europa, como es, ha añadido, cómo sostener el nivel del estado del bienestar en el futuro, una vez acabe la inyección de recursos públicos en los próximos seis años como consecuencia de la pandemia.
En este contexto, ha defendido la Comisión de Expertos creada para este fin de reformar el sistema fiscal y que ayer presentó María Jesús Montero para apuntar que no solo los gobiernos socialistas han puesto en marcha comisiones de expertos, sino que también lo han hecho los gobiernos del PP. Incluso, ha añadido, las creadas por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro «también hablaban de la necesidad de modificar algunos impuestos».
Y en ese debate, según Pedro Sánchez, cada territorio tiene su propia «perspectiva», citando expresamente a Isabel Díaz Ayuso o a los presidente de Castilla y León y de Galicia. El presidente ha dicho estar convencido de que a pesar de que son del mismo partido, «tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio».
Ha alegado, en este sentido, que hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración, como es el caso de Madrid y otros, que tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación.
Además, ha argumentado también que el debate de la reforma fiscal es un debate necesario, no solo en España, sino que se está produciendo «en todo el mundo». Y ha vuelto a reiterar la propuesta del presidente de los EEUU, Joe Biden, de elevar el Impuesto de Sociedades a nivel mundial para «acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes» en una economía cada vez más globalizada. «España no es una isla, queremos estar en los debates y aportar nuestra perspectiva», ha remachado.
Nvidia ha completado las novedades anunciadas en su evento GTC con el anuncio de Morpheus, un marco de trabajo para ciberseguridad que hace uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para detectar y prevenir las amenazas de forma automática.
Morpheus es un marco de trabajo basado en la nube de forma nativa que utiliza tecnologías de aprendizaje automático para «identificar, capturar y tomar acciones» frente a amenazas de ciberseguridad, como ha explicado la compañía en un comunicado.
Entre los tipos de amenazas se encuentran algunas que hasta ahora no era posible detectar por mecanismos automáticos, según la empresa, como la filtración de datos sensibles no encriptados, los ataques de ‘phishing’ y el ‘malware’.
Morpheus combina el uso de las herramientas de IA de Nvidia con dispositivos como las nuevas unidades de procesamiento de datos (DPU) BlueField-3, presentadas este lunes, con las que permite asegurar los centros de datos desde el núcleo hasta las aplicaciones ‘edge’.
Al utilizar BlueField-3, la herramienta de Nvidia convierte cada nodo de computación en un «sensor de defensa» que analiza cada paquete de datos a alta velocidad sin necesidad de replicar los datos para mantener la seguridad.
Nvidia ha reivindicado a Morpheus frente a la mayor parte de sistema de ciberseguridad a través de la IA actuales, que estos analizan habitualmente muestras del 5 por ciento de los datos del tráfico de la red.
La herramienta aplica funciones de telemetría en tiempo real, aplicación de políticas y procesamiento de aplicaciones ‘edge’ «sin sacrificar en costes o rendimiento», y también permite que los desarrolladores de ‘software’ creen nuevas capacidades de IA.
Nvidia ya trabaja para el desarrollo del marco de Morpheus con varias compañías de ciberseguridad como ARIA Cybersecurity Solutions, Cloudflare, F5, Fortinet y Guardicore, asícomo los proveedores de nube híbrida Canonical, Red Hat y VMware. Además, ya permite que otras empresas pidan acceso anticipado.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y el presidente de UNICEF en Aragón, José Manuel Pomar, han firmado un convenio para la desmovilización de 50 niños y niñas soldado en Sudán del Sur durante este año por importe de 130.000 euros.
Del total de la cantidad, 100.000 euros los aporta el Ejecutivo autonómico con cargo al Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos y el resto UNICEF, con la finalidad de que medio centenar de menores dejen de participar en campañas de guerra, puedan volver con sus familias en la mayoría de los casos y tener una vida normalizada y acorde a su edad.
Tras la firma del convenio, Broto ha señalado que en el anterior convenio se atendió a 68 menores, pero esta edición se ha bajado la cuantía porque hay que hacer una posterior evaluación y seguimiento de los menores en su reinserción y vuelta a la normalidad.
Ha destacado que con esta firma se «apuesta por la infancia y porque sin libertad se hipoteca su futuro y se condiciona la vida de estos menores». Para Broto, una sociedad «solo es libre cuando apuesta por la libertad de todo el mundo y la apuesta por la cooperación es para que todos puedan hacer su proyecto de vida».
La consejera ha relatado que Sudán del Sur ha sido el último país en independizarse, en el 2012, pero desde 2013 sufre «grandes conflictos entre la mayoría árabe y la cristiana».
«GARANTÍA»
Con este convenio se pretende que los niños vuelva a ser niños, que estén con sus familias y la apuesta por la cooperación internacional, de la mano de UNICEF, es garantía y un ejemplo muy grande.
La consejera María Victoria Broto ha resaltado que el hecho de que un solo niño soldado pueda ser rescatado, acogido y reinsertado «es ya un logro infinito», pero ha reiterado que la voluntad es seguir cooperando para que sean muchas más las vidas liberadas y para que «esa puerta a la esperanza no la cierre la falta de apoyo».
Por su parte, el presidente de UNICEF, José Manuel Pomar, ha puesto el acento en que «la renovación de este convenio logrará que estos niños y niñas puedan contar con los recursos necesarios que les permitan comenzar una vida ajena a la violencia de un conflicto que ha violado sistemáticamente sus derechos, y es –a la vez– buena muestra del compromiso del Gobierno de Aragón con la infancia y con los más vulnerables».
PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN
El objetivo del programa es el registro y liberación de 20 niñas y 30 niños afectados por el conflicto armado en este país africano, especialmente de los liberados de grupos y fuerzas armadas, favoreciendo la reunificación familiar y su reintegración socioeconómica.
Para ello, se establece, entre otras actuaciones, un plan individualizado de atención integral que incluye la situación familiar, apoyo psicosocial, cobertura de necesidades básicas y de desarrollo y generación de ingresos.
Con esta intervención se pretenden restablecer los derechos humanos básicos de los menores y lograr que éstos cuenten con los recursos necesarios que les permitan comenzar una vida ajena a la violencia de un conflicto extremo y olvidado, ofreciéndoles atención médica y psicológica, así como la posibilidad de volver a la escuela o de contar con una salida profesional.
Este proyecto se va a llevar a cabo fundamentalmente en los antiguos estados de Oeste y Centro Gran Ecuatoria (WES), Jonglei, Unity y Oeste Bahr el Ghazal (WBGZ). Este año se va a intensificar la labor de integración y seguimiento posterior para minimizar las posibilidades de fracaso de este complejo proceso.
ATENCIÓN INTEGRAL
Aunque el objetivo inicial del convenio de 2020 era la liberación de 68 menores, la situación pandémica obligó a circunscribirlo a 44 –42 niños y dos niñas–, pero tal como ha explicado el presidente de Unicef, esto ha posibilitado destinar los recursos psicológico y de reinserción a otros 103 pequeños con los que Unicef ya había trabajado retirando de la violencia en 2019.
De los 44 liberados, 22 han podido regresar con sus familias y los otros 22 se encuentran centros de «tránsito» para recibir apoyo en su reinserción. En todos los casos, se trabaja la atención integral de los menores, tanto médica como psicológica; facilitar su vuelta a la escuela y, en algunos casos, a la formación profesional, a fin de lograr su plena reinserción.
El proceso para obtener estos logros se fundamenta en el apoyo por parte de UNICEF a la Comisión Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración (NDDRC), la entidad gubernamental que en Sudán del Sur está al cargo de las acciones de sensibilización e incidencia con los grupos armados y comandantes, autoridades locales y miembros de las comunidades.
La continuación del proyecto en 2021, y pese a las dificultades añadidas para el trabajo de UNICEF por influencia de las restricciones provocadas por la pandemia por COVID-19, permitirá que otros 50 niñas y niños sean desmovilizados de las fuerzas y grupos armados, y que todos ellos reciban atención médica y psicosocial, educación, formación, y actividades generadoras de ingresos adaptadas al contexto y a cada situación individual como parte de un proceso de protección integral que culmine con su reintegración social en familias y comunidades.
TRAYECTORIA
La Fundación UNICEF-Comité Español es la única organización que mantiene una relación privilegiada con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), siendo la única entidad con representación en Aragón que tiene en estos momentos la capacidad y experiencia suficiente en este ámbito de protección, puesto que es una de las pocas agencias que, desde 2019, puede dar apoyo a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (NDDRC) –órgano estatal que tiene el mandato y la responsabilidad de la liberación y reintegración de los niños y niñas previamente reclutados por grupos y fuerzas armadas–.
En la actualidad, se calcula que hay 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo, que se convierten en combatientes involuntarios.
Desde el estallido del conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, se han reportado más de 3.000 casos verificados de graves violaciones contra la infancia. Según el acuerdo de paz suscrito, la reintegración de estos niños debería haber empezado en 2019. UNICEF y sus aliados estiman que hasta 300 niños podrían ser liberados a principios de 2021 y otros 410 que fueron liberados en 2019 y reintegrados socialmente en sus comunidades, deberían recibir servicios de reinserción económica.
A la firma del convenio han asistido la directora general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Natalia Salvo, el comisionado para la Infancia del Gobierno de Aragón, Florencia García Madrigal; y el secretario de UNICEF, Luis García Medrano.
El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha dicho este martes que el calendario con el que se trabaja para el lanzamiento del certificado para turistas inmunizados de coronavirus contempla que el sistema esté «totalmente operativo» ya a finales del mes de junio, tras su tramitación legal y desarrollo técnico contrarreloj de aquí a entonces.
«Queremos ser capaces de empezar con proyectos piloto a inicio de junio y poder arrancar con todo el sistema a finales de junio», ha indicado Reynders a la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento europeo, al pedirle los eurodiputados mayor precisión sobre los tiempos.
En el curso del debate, el supervisor europeo para la protección de datos (EDPS), Wojciech Wiewiórowski, ha advertido de los problemas que plantea la iniciativa por el riesgo de crear «falsas expectativas» en materia de seguridad que no pueden garantizarse con los datos que hay, al tiempo que ha avisado de la falta de información concluyente sobre los tiempos de inmunización.
Bruselas apuntó en la presentación de la propuesta que debería echar a andar «en verano», sin aclarar si pensaba en el inicio o final de la temporada, pero tras el primer mes de trabajo y contacto con Estados miembro e instituciones, el comisario cree que se dan las condiciones para fijar junio en el calendario.
El Parlamento europeo, con quien el Consejo debe negociar los detalles del certificado, prevé tramitar la propuesta por el procedimiento urgente para permitir la adopción de un eventual acuerdo en la sesión plenaria de la primera semana de junio.
El objetivo es contar con un certificado digital –en versión online y en papel– que sea gratuito para todos los europeos y que recoja la información médica relevante con respecto al coronavirus, esto es, si el titular del documento está vacunado (cuándo y con qué suero), si está inmunizado por haber superado la enfermedad o si dispone de un test negativo reciente.
Con ello, los Estados miembro podrán adaptar a la situación médica de cada viajero las restricciones ligadas a la pandemia, por ejemplo eximiendo de la obligación de presentar una PCR negativa o de seguir una cuarentena si se acredita estar inmunizado.
Por eso, Reynders ha querido insistir en que «en ningún caso se trata de un pasaporte» y que la Comisión no tiene intención de regular su uso «más allá» de lo ya propuesto, porque el único objetivo que se persigue es reactivar progresivamente el derecho a la libertad de circulación que los europeos gozan dentro del espacio común y que se ha visto limitado durante la pandemia.
También ha precisado que la propuesta prevé que el certificado registre la administración de otras vacunas con permiso de emergencia en algún Estado miembro, aunque no cuente aún con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), porque «no se puede excluir» que más adelante el medicamento sea aprobado por la autoridad europea.
En este caso, el comisario ha puesto como ejemplo la vacuna rusa Sputnik V que está en proceso de examen en la EMA, aunque no hay fecha para una posible decisión. Además ha advertido de que no se podrá obligar a un Estado miembro a aceptar certificados de vacunas que no hayan sido aprobadas para el uso en su territorio.
PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la nueva Ley de Vivienda un nuevo gravamen a los pisos vacíos, que se materializará en forma de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque aún no han pactado sobre la cuantía que tendrá.
Por su parte, ambas formaciones siguen sin lograr un consenso sobre la regulación del precio del alquiler, medida recogida en el acuerdo de gobierno de coalición, y las posiciones al respecto se mantienen «alejadas».
Así lo han indicado fuentes de Unidas Podemos tras la reunión que han mantenido este martes los equipos negociadores sobre la nueva Ley de Vivienda, encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
El principal avance en el encuentro de hoy radica en ese compromiso de incluir en la futura normativa un recargo del IBI a la vivienda vacía, de cara a estimular que aflore al mercado para aumentar la oferta.
No obstante, ambos socios de coalición no han cerrado la cuantía que debe tener ese recargo. Para avanzar en ello, se organizará próximamente un encuentro con un equipo del Ministerio de Hacienda, mientras que este miércoles está prevista una reunión con Justicia para abordar los desahucios.
El departamento que dirige José Luis Ábalos ya esbozó en el marco de estos contactos su apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
En concreto, el Ministerio de Transportes abogaba por recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición «clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota de este tributo a aquellos inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal del inmueble.
SIN AVANCE SOBRE EL 30% DE ALQUILER SOCIAL A GRANDES PROPIETARIOS
Al igual que ocurre con la regulación del alquiler, tampoco se han producido progresos sobre la responsabilidad que deben tener los grandes propietarios de vivienda en el marco de la futura ley, pues Unidas Podemos demanda que se establezcan una serie de obligaciones para los grandes propietarios.
De esta forma, dichas fuentes han detallado que el PSOE «continúa sin aceptar» la propuesta planteada por Unidas Podemos para que los grandes tenedores de vivienda destinen al alquiler social el 30% de su parque.
PUNTOS DE LA NEGOCIACIÓN
La negociación sobre la nueva Ley de Vivienda, que acumula ya cierto retraso, ha experimentado progresos respecto a las medidas para frenar desahucios y, ahora, sobre el recargo del IBI a la vivienda vacía.
Sin embargo, en el aspecto nuclear de la regulación del alquiler las conversaciones siguen enquistadas. El PSOE apuesta por un modelo de incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar los precios del alquiler, algo que para Unidas Podemos es un incumplimiento del acuerdo de gobierno. Por tanto, el socio minoritario exige que se establezca un sistema que paute obligaciones a los propietarios encaminadas a poner techo al precio del arrendamiento en zonas de mercado tensionado.
Otra de las propuestas de la formación morada en el marco de esta ley es fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más).
El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha advertido del cierre masivo de tiendas del sector de la moda en los próximos meses ante la complicada situación económica que está atravesando la industria por el impacto del coronavirus.
«Uno de cada cuatro comercios del textil está cerrado y con el inicio de la temporada de verano, que acaba de empezar, es muy probable que muchos comerciantes, que no están viendo la luz, no puedan soportarlo más y van a cerrar en masa. Cuidado, que nos podemos ir al 40%-50% de comercios cerrados y el comerciante es que da vida a las calles», ha advertido Zamácola durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados.
El directivo ha recordado que el textil cerró 2020 con un descenso de las ventas del 40%, que se ha convertido en la «mayor caída de la historia», mientras que el inicio de 2021 no está siendo bueno con un descenso acumulado del 45% de los ingresos en lo que va de año, en la que los comerciantes han tenido que «hacer promociones agresivas, por lo que los márgenes son ridículos».
De esta forma, Zamácola ha destacado que esta situación no solo está afectando a pymes, ya que también afecta a grandes grupos. «H&M ha anunciado 1.100 despidos en España y Zara, la mejor marca que tenemos en el sector, por primera vez en su historia ha vendido sus stocks a una plataforma digital. Para que veamos que la situación es muy complicada para todos», ha subrayado.
Por otro lado, el presidente de Acotex ha vuelto a lamentar el «silencio administrativo» del Gobierno y las diferentes Administraciones ante la peticiones de ayudas y reuniones solicitadas por el sector y su oferta para colaborar en encontrar soluciones para revertir esta situación.
De esta forma, la patronal textil ha vuelto a solicitar en el Congreso de los Diputados a las Administraciones medidas financieras, laborales como la prórroga de ERTE y la flexibilización laboral, y fiscales como la reducción de IVA, que considera «fundamental».
«INSUFICIENTE» EL PLAN DE AYUDAS DE 11.000 MILLONES
Zamácola ha asegurado que el plan de ayudas aprobado por el Gobierno de 11.000 millones de euros es «insuficiente», al tiempo que ha reconocido que «llegan muy tarde» para los sectores afectados. «Recibir 20.000 euros de compensación para una empresa que ha perdido 400.000 euros es algo insuficiente. A mis asociados, por las connotaciones que tiene, les he dicho que para esa porquería de ayuda que no la cojan, pero habrá que ver como ir a por más ayudas», ha indicado.
Respecto a los ICOs, el directivo de Acotex ha señalado que fueron una «muy buena idea», pero que estuvieron «prostituidos» por las entidades financieras. «Me parece que han estado repartidos de forma desigual e injusta», ha indicado.
«España está hecha una porquería sanitaria y económicamente, porque la pandemia nos ha afectado a todos», ha recalcado sobre la situación general en la que se encuentra el país.
Por último, el directivo ha pedido más «sintonía» a todos los partidos políticos. «Da pena escuchar estas batallas con la situación tan complicada tenemos. No sé si es campaña por las elecciones de Madrid, pero se están peleando en foros que creo que no son los adecuados», ha recriminado a los políticos.
La Junta de Andalucía va a mantener entre esta semana y la que viene reuniones por videoconferencia con representantes de los fabricantes de las vacunas contra la Covid-19 ‘Sputnik’ y Janssen, y ha avisado de que, «si la Unión Europea y el Gobierno de España no aumentan la adquisición de dosis, en primer lugar», y si el Ejecutivo central no suministra a Andalucía las dosis que le «corresponden» a la región «por lo que representamos como población en el país, Andalucía se plantea acudir a los mercados sin duda» para su compra.
Así lo ha advertido este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha dado cuenta de las reuniones que en los próximos días él mismo va a mantener junto con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con representantes de las vacunas de Sputnik y Janssen.
En concreto, ha detallado que este martes asistirá junto a Aguirre a una videoconferencia «con los responsables de la vacuna ‘Sputnik'», y la semana que viene hará «exactamente igual» con Janssen, y ha añadido que el consejero de Salud hizo lo propio «la semana pasada con AstraZeneca».
Bendodo ha explicado, en todo caso, que un requisito indispensable antes de la adquisición de cualquier vacuna es que ésta esté «aprobada» por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), algo que no ocurre actualmente con la rusa ‘Sputnik’, pero ha reiterado que desde la Junta «no descartamos ningún planteamiento» y quieren «estar preparados por si el ritmo de vacunación se ve afectado», ya que «cada semana nos llevamos una sorpresa con el descenso de dosis que llega a Andalucía» respecto a las inicialmente anunciadas por el Gobierno.
El consejero portavoz ha aclarado, no obstante, que «desde el Gobierno andaluz seguimos apostando por la compra centralizada» de vacunas que «lidera la Unión Europea» y que, por tanto, incluye a España, pero ha subrayado que «Andalucía necesita vacunar al mayor ritmo posible».
En esa línea, ha subrayado la «decepción» que siente la Junta por el «incumplimiento permanente» del Gobierno de España con «los porcentajes de vacunación», y el «jarro de agua fría» que, para los andaluces en general y el sector turístico en particular, supuso el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que sería a finales de agosto cuando se lograría que el 70% aproximado de la población española estuviera vacunado, cuando el «compromiso» del Gobierno era que fuera «en junio», según ha remarcado Bendodo, que ha resaltado que llevar «dos meses más tarde» el cumplimiento de ese propósito afecta «seriamente» al sector turístico.
De esta manera, desde la Junta piden que la UE y el Gobierno «espabilen», porque la Unión Europea se está «quedando atrás en la campaña de vacunación», según ha opinado Bendodo antes de avisar de que «Andalucía va a empezar a acudir a los mercados para sondear con compañías farmacéuticas la posible adquisición de vacunas, no para ahora», sino para ir estableciendo «una estrategia propia de vacunación» teniendo en cuenta que «posiblemente tendrán que administrarse estas vacunas en próximos meses y años», según ha añadido.
LA CAMPAÑA FUNCIONA «COMO UN RELOJ» EN ANDALUCÍA
Bendodo ha defendido que la campaña de vacunación contra la Covid-19 «funciona como un reloj» en Andalucía, donde, «vacuna que llega, vacuna que se pone», y en ese sentido ha resaltado que la semana pasada fue de «récord» con la administración de 350.000 dosis en la comunidad autónoma, que está «preparada para poner hasta medio millón de vacunas a la semana», según ha reiterado.
Ha puesto de relieve que Andalucía es «la primera comunidad autónoma» en la que la campaña de vacunación «prácticamente alcanza el 100% de los mayores de 80 años»; en concreto, «el 99,8%» de esa franja de edad «tiene ya una dosis puesta, y el 64,5% las dos» que completan la pauta, según ha detallado.
Igualmente, ha especificado que entre el colectivo de andaluces de entre 70 y 79 años de edad se han puesto 192.640 vacunas, y el 29,6% tiene ya una primera dosis, y esto «se va a incrementar, porque desde ayer ya se está empezando a citar a andaluces con esa edad para administrarle la vacuna de Janssen», que es de una única dosis, según ha recordado.
En el tramo de edad entre 60 y 69 años se han puesto al menos una dosis a 220.211 personas, el 24% del total, según ha concretado Bendodo, que ha insistido en subrayar que, «dosis que llega a Andalucía, dosis que se inyecta en cuestión de días», de forma que «en los próximos días» serán ya «dos millones» las dosis que habrá administrado la comunidad autónoma desde que se inició la campaña.
LLEGADA DE PRIMERAS VACUNAS DE JANSSEN
El consejero portavoz ha aclarado que la previsión es que esta semana lleguen a Andalucía un total de 286.710 vacunas; en concreto, 184.860 de Pfizer, 24.800 de AstraZeneca, 50.900 de Moderna y, entre este martes y este miércoles, las primeras 26.150 de Janssen.
Al hilo de esta última cifra ha aprovechado para insistir en reclamar al Gobierno que distribuya «de manera rigurosa las vacunas que llegan», porque está «incumpliendo» tanto el criterio de reparto por población como por «población ajustada», según ha criticado Bendodo, que ha reclamado por ello «criterios justos y transparentes».
Y es que, según ha abundado, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que esta semana llegan las primeras 300.000 vacunas de Janssen a España, de las que 26.150 van a llegar a Andalucía, el «8,7%» de ese total pese a que Andalucía concentra al «17,9% de la población de España y tiene el 16,4% de la población entre 70 y 79 años» de edad, que es a la que se le va a inocular dicha vacuna, según ha recordado Bendodo, que ha agregado así que «Andalucía debería recibir mañana algo más de 50.000 vacunas de Janssen», casi el doble de las que van a llegar.
Finalmente, y después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) hayan recomendado este martes suspender la administración de la vacuna Janssen, ante la posibilidad de que provoque trombos, Bendodo ha reiterado un mensaje de confianza en las vacunas, que «son seguras» y «están testadas», según ha remarcado, aunque, «como todos los medicamentos, tienen efectos secundarios», pero sus beneficios son «muchísimo mayores que sus contraindicaciones», según ha sostenido. «A lo que hay que tenerle miedo es al virus, no a las vacunas», ha zanjado el consejero portavoz.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido este martes la actuación de la Consejería de Sanidad en Cantabria en relación a las medidas restrictivas decretadas por la pandemia del Covid y ha achacado a «motivos políticos» las «voces discordantes» que han surgido en esta materia.
Así se ha pronunciado Revilla a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el Gobierno autonómico para valorar su vacunación, después de que tuviese que cancelar el acto con los medios previsto a la salida del centro de salud de El Astillero, al ser increpado por una veintena de hosteleros, que según ha dicho no representan a la Asociación Empresarial de la Hostelería de Cantabria (AEHC).
El presidente regional ha asegurado que «da la cara siempre» y no se «esconde». «Son momentos de tensión, donde la gente está preocupada», ha valorado Revilla, que ha recordado que no lleva guardaespaldas y va siempre en su coche.
Asimismo, ha afirmado que «Cantabria es la región de España, junto con Canarias, donde menos muertos ha habido por habitante, fruto de una sanidad muy rigurosa», pese a ser «la más envejecida».
También, ha sostenido que la sanidad de Cantabria es un «orgullo», se ha preocupado por que «no haya saturación de UCIs», y él como presidente «hace lo que dice Sanidad» en esta materia.
«Cantabria ha hecho las cosas razonablemente bien», ha defendido Revilla, para quien las voces «discordantes» que ha habido se debe a «motivos políticos». «Si los sanitarios dicen una cosa, hagamos lo que dicen los sanitarios. No busquemos un enfrentamiento político por el hecho de diferenciarte de los demás».
Cuestionado sobre el grito «más ayusos, menos revillas», proferidos por los hosteleros en su protesta, ha señalado que «la señora Ayuso (Isabel Díaz Ayuso, prrsidenta de la Comunidad de Madrid) tiene su sistema y nosotros tenemos el nuestro» y que lo que más le preocupa de la pandemia del Covid es «el número de personas que mueren».
A su juicio, desde hace un tiempo ha notado que «hay insultos» que «sacan a relucir a la presidenta de Madrid, que tiene su sistema, que yo no entro ni critico, pero que respeten el nuestro, que se basa en criterios universales sanitarios», ha trasladado.
De esta forma, Revilla ha reconocido que la gente está «encrespada» y que el único objetivo de este grupo de hosteleros era «boicotear» el acto y «hacerse notar», entendiendo, ha apuntado, la «situación terrible» que está viviendo «mucha gente» debido a la pandemia y las restricciones decretadas al efecto.
En este sentido, ha insistido en que «en Cantabria ha primado el criterio sanitario» y que el cierre de los interiores «se hace porque Sanidad manda hacerlo». «Es una doctrina universal», ha defendido.
Además, ha recordado que solo son de sus competencias el cierre perimetral y el horario del toque de queda, con previo informe de Sanidad.
«Estas medidas son dolorosas, pero son inevitables», ha valorado el presidente de la Comunidad, que ha apuntado que se está haciendo lo que dicen los expertos, que sostienen que «la movilidad y los interiores, donde no se está con mascarilla y pueden tener poca ventilación, son un foco de contagio». «No hay otra solución», ha aseverado.
Asimismo, ha reiterado que el «verdadero problema» de la pandemia es la presión hospitalaria. «Nos olvidamos de los muertos», ha considerado el presidente regional, argumentando que si las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) estuviesen totalmente ocupadas la gente «moriría de otras cosas».
No obstante, Revilla espera que esta sea «la última situación dura» que se tenga que tomar de aquí al verano, que confía que tenga «una cierta normalidad» si llegan las vacunas, teniendo así a finales de junio a un 60 por ciento de la población vacunada.
«No hay otra solución que la vacuna», ha reiterado el presidente cántabro, que aboga mientras tanto por «jugar» con el equilibrio de «no cerrar del todo la economía«, que sería «del todo insoportable», y «preservar» la sanidad, para conseguir que los ratios de la presión hospitalaria sean «soportables.
«Hay que aguantar unos días. Estoy convencido de que vamos a tener un buen verano», ha sentenciado.
A FAVOR DE TERMINAR CON EL ESTADO DE ALARMA
Cuestionado sobre su opinión acerca de mantener o no el estado de alarma después del 9 de mayo, Revilla se ha mostrado partidario de «terminar» con el estado de alarma «cuanto antes» porque «la gente no aguanta más» y dar a las comunidades autónomas «instrumentos jurídicos» para no estar en la «duda» de si lo que hacen es legal o no, en relación a las medidas que se tomaron en el País Vasco y fueron rechazadas por los tribunales.
En este sentido, se ha mostrado convencido de que las medias restrictivas que entrarán en vigor esta noche en Cantabria «serán recurridas mañana mismo por el sector de la hostelería», lo que le parece «muy bien» porque defienden sus intereses, pero espera que los jueces actúen «como siempre», con un criterio de «poner por encima la sanidad» a otro tipo de interés.
No obstante, Revilla ha dicho tener «mucha confianza» en que «las cosas van a cambiar muchísimo de aquí a un mes» por el ritmo de las vacunas, que «hoy se superarán en Cantabria las 110.000 de primera dosis.
El Gobierno ha tramitado el 70% de las 228.994 propuestas de sanción por desobediencia que impusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del primero estado de alarma decretado en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia de Covid-19, en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’. A fecha de 24 de marzo de 2021, quedan en tramitación 67.292 y han finalizado 161.702 expedientes.
Los datos se recogen en una respuesta parlamentaria, sobre los expedientes por las infracciones del artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’ tramitados por las Delegaciones del Gobierno, bajo competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es decir, sólo alude a las multas por desobediencia dentro del millón de propuestas sancionadas en los tres primeros meses de pandemia.
El Gobierno aclara en su respuesta a la pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que en la estadística no se incluyen datos de Cataluña y País Vasco, ya que «han asumido competencias en materia de seguridad y las Delegaciones del Gobierno no son competentes para tramitar los expedientes sancionadores». Tampoco aparecen los expedientes en aplicación de otras leyes con las que las autoridades pueden sancionar a los infractores.
DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Según los datos hasta el 24 de marzo de 2021 de los que sí dispone el Gobierno, la comunidad autónoma en la que se impusieron más propuestas de sanción por no cumplir las restricciones del primer estado de alarma fue Andalucía: se redactaron 59.005 multas en aplicación del artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’, de las que se han tramitado ya 43.889 (74%) y quedan pendiente 15.116.
La cifra de Andalucía es nueve veces superior a la Comunidad de Madrid, donde se tramitaron 5.614 multas –la mitad, 2.800, expedientes ya finalizados– de acuerdo al mismo artículo de la ‘ley mordaza’, una norma aprobada durante la mayoría absoluta del PP que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a reformar.
La estadística no incluye, por tanto, las multas de entre 600 y 600.000 euros que la propia Comunidad de Madrid advierte que puede imponer en aplicación a otras leyes: la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública y la Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Las propuestas de sanción en Madrid dentro del primer estado de alarma en aplicación de la ‘ley mordaza’ son similares a las impuestas en Aragón (5.837 multas), Extremadura (5.354), Asturias (4.390), Navarra (4.240) o La Rioja (4.272). Los que presentan cifras más bajas son las ciudades de Ceuta (1.807) y Melilla (2.622).
Tras Andalucía, las regiones con más multas tramitadas son Canarias (34.828, de las que 21.371 son expedientes finalizados), Castilla y León (24.732, de las que 17.321 están ya tramitadas), Comunitat Valenciana (23.876 multas, tramitadas 19.993), Castilla-La Mancha (18.236 multas, con tramitadas 15.646) o Galicia (15.918 multas, con 12.396 finalizadas).
MÁS DE UN MILLÓN DE MULTAS TRAMITADAS
Tras la declaración del primer estado de alarma, el Ministerio del Interior informó cada día tanto de las propuestas de sanción como de los detenidos por infringir las restricciones de movilidad en un confinamiento domiciliario estricto, con una cifra global que superó el millón de multas.
Las 228.994 propuestas de sanción de las que habla en su respuesta el Ejecutivo se refiere a las tramitadas por el artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’, que sanciona como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse o aportar datos falsos o inexactos. La sanción oscila entre los 601 y 30.000 euros.
El Gobierno explica que la competencia sobre los procedimientos sancionadores «una vez finalizado el primer estado de alarma corresponde a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla».
«Los procedimientos sancionadores se inician a la vista de las denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no todas las denuncias se convierten en expediente sancionador, ya que corresponde al instructor determinar si, a la vista de la denuncia, procede o no el inicio del procedimiento», añade el Gobierno, que aporta datos sobre expedientes tramitados por procedimiento abreviado y los archivados.
El primer estado de alarma se saldó con 1.142.127 multas impuestas en toda España –desde el 14 de marzo al 21 de junio–, frente a las 220.296 sanciones del segundo estado de alarma –desde 26 de octubre hasta la fecha–. Asimismo, en el primero de los estados de alarma se llevaron a cabo 9.173 detenciones, por 2.952 en el segundo.
El Gobierno ha ido ofreciendo datos de las multas a través de algunas respuestas parlamentarias. La anterior se remonta a octubre de 2020, cuando se habían finalizado 7.408 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado. Es decir, por entonces no llegaba ni al 1% del millón de multas tramitadas, sumando las cursadas tanto en aplicación de la ‘ley mordaza’ y de otras como la Ley General de Salud Pública.
La ayuda oficial al desarrollo (AOD) alcanzó en 2020 una cifra récord de 161.200 millones de dólares, un 3,5 por ciento más que en 2019, como resultado del gasto adicional hecho por los países donantes para asistir a los países en vías de desarrollo a afrontar la crisis desatada por la COVID-19, según los datos publicados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En concreto, los países que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, entre los que figura España, gastaron 12.000 millones de dólares en actividades relacionadas con la COVID-19, en parte como nuevos gastos y en otra redirigiendo programas de desarrollo ya existentes.
No obstante, el total de la AOD supuso en torno al 1 por ciento de la cantidad que los países movilizaron en el último año para medidas de estímulo económico en su propio territorio.
«Los gobiernos han destinado 16 billones de dólares a medidas de estímulo por la COVID-19 pero solo hemos movilizado el 1 por ciento de esta cantidad para ayudar a los países en vías de desarrollo a afrontar esta crisis que no tiene precedentes», ha lamentado al respecto el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, durante la presentación de los datos.
En este sentido, ha abogado por «hacer un esfuerzo mucho mayor para ayudar a los países en desarrollo con la distribución de vacunas, con servicios hospitalarios y a apoyar a los ingresos y los medios de vida de los más vulnerables en el mundo para forjar una verdadera recuperación mundial».
Según ha explicado la OCDE en un comunicado, el aumento de la AOD en 2020 vino motivado también por un incremento de los préstamos por parte de algunos donantes. Así, el 22 por ciento de la AOD bilateral fue en forma de préstamos e inversiones, frente al 17 por ciento de años anteriores, mientras que el resto fueron subvenciones.
0,32% DE LA RENTA NACIONAL BRUTA
Por otra parte, la OCDE ha indicado que la ayuda oficial al desarrollo de los países que integran el CAD supuso el 0,32 por ciento de su Renta Nacional Bruta (RNB), un ligero aumento respecto al 0,3 por ciento de 2019 pero lejos del objetivo del 0,7 por ciento. Solo seis países alcanzaron este objetivo: Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Reino Unido.
En el caso de España, fue del 0,24 por ciento de la RNB, como ya había adelantado el Gobierno hace unas semanas. En 2019, la ayuda oficial al desarrollo fue del 0,21 por ciento, por lo que se ha producido un ligero aumento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para mejorar la seguridad de las presas y embalses que establece las exigencias mínimas de acuerdo con su tamaño y en función de los daños ocasionales que pueden provocar aguas abajo.
Además, el nuevo reglamento determina los estudios, comprobaciones y actuaciones que debe efectuar el titular en cada una de las fases de vida de la presa. Según el Gobierno, el nuevo reglamento pone fin a la doble normativa vigente hasta la fecha.
El texto establece tres nuevas normas técnicas de seguridad. La primera, sobre clasificación de presas y embalses, y la elaboración e implantación de sus planes de emergencia. Una segunda, determina los requisitos exigibles para el proyecto, construcción y puesta en carga de las presas y el llenado de los embalses. Esta norma será obligatoria a partir de la entrada en vigor del Real Decreto para la redacción de nuevos proyectos y servirá de marco de referencia obligatorio para las presas en explotación, junto al historial de comportamiento de las mismas.
En tercer lugar, una norma sobre explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de las presas, que obliga a que todas estas infraestructuras dispongan del preceptivo manual de ‘Normas de Explotación’.
Con este Real Decreto se da cumplimiento al artículo 364 del anterior Real Decreto en el que se aprobaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que establece la necesidad de que las Normas Técnicas de Seguridad sean aprobadas por Real Decreto.
Entre las principales novedades destaca que acaba con la doble normativa que existía hasta el momento. Por un lado, una Instrucción de 1967 regulaba la construcción y explotación de las grandes presas particulares. Por otro lado, un Reglamento Técnico de 1996 establecía los parámetros de seguridad de las presas estatales. De este modo, se unifica toda la normativa en vigor y acaba con la situación de transitoriedad en la que coexistían los anteriores reglamentos, que imponían distintas exigencias y requisitos de seguridad.
A partir de ahora se aplicará la norma tanto a presas catalogadas como grandes (las de una altura mayor de 15 metros o las que tienen entre 10 y 15 metros pero almacenan más de 1hm3 de agua) como a las que, a pesar de no ser grandes presas, han sido categorizadas como A ó B. Es decir, aquéllas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pudiese afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, y también aquéllas susceptibles de ocasionar daños materiales o ambientales importantes.
Las tres nuevas normas abarcan todos los requisitos de seguridad que requieren las presas en todas las fases de su vida, lo que implica que los titulares de las presas tendrán un catálogo completo de pautas a seguir para garantizar la seguridad de la presa no sólo durante los primeros tiempos de explotación, sino, en el caso de presas vinculadas al aprovechamiento hidroeléctrico, durante la vigencia de la concesión y también en el momento el que se revierta a la administración, una vez extinguido el período de operatividad.
El control de todos los requisitos de seguridad será gestionado por la Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses.
Por un lado, se reforzará el papel y se ampliarán las competencias del Comité de Implantación de los Planes de Emergencia de Presas. Los embalses y presas de Categorías A o B deberán contar con su propio Plan de Emergencia. También se abre la puerta al uso de sistema de avisos a la población más modernos e igual de eficaces que las sirenas que se venían usando hasta la fecha.
Se impulsará la vigilancia de las presas en explotación, a través de revisiones periódicas de seguridad por parte de equipos independientes del titular y de los distintos planes de inspección y mantenimiento vigentes.
Todas estas revisiones deberán quedar documentas y archivadas para que puedan ser consultadas por las Administraciones competentes en materia de seguridad de presas. En una segunda fase, se aprobarán mediante otro Real Decreto, las Normas Técnicas de Seguridad relativas a las Balsas.
PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la nueva Ley de Vivienda un nuevo gravamen a los pisos vacíos, que se materializará en forma de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aunque aún no han pactado sobre la cuantía que tendrá.
Por su parte, ambas formaciones siguen sin lograr un consenso sobre la regulación del precio del alquiler, medida recogida en el acuerdo de gobierno de coalición, y las posiciones al respecto se mantienen «alejadas».
Así lo han indicado fuentes de Unidas Podemos tras la reunión que han mantenido este martes los equipos negociadores sobre la nueva Ley de Vivienda, encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
El principal avance en el encuentro de hoy radica en ese compromiso de incluir en la futura normativa un recargo del IBI a la vivienda vacía, de cara a estimular que aflore al mercado para aumentar la oferta.
No obstante, ambos socios de coalición no han cerrado la cuantía que debe tener ese recargo. Para avanzar en ello, se organizará próximamente un encuentro con un equipo del Ministerio de Hacienda, mientras que este miércoles está prevista una reunión con Justicia para abordar los desahucios.
El departamento que dirige José Luis Ábalos ya esbozó en el marco de estos contactos su apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
En concreto, el Ministerio de Transportes abogaba por recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición «clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota de este tributo a aquellos inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal del inmueble.
SIN AVANCE SOBRE EL 30% DE ALQUILER SOCIAL A GRANDES PROPIETARIOS
Al igual que ocurre con la regulación del alquiler, tampoco se han producido progresos sobre la responsabilidad que deben tener los grandes propietarios de vivienda en el marco de la futura ley, pues Unidas Podemos demanda que se establezcan una serie de obligaciones para los grandes propietarios.
De esta forma, dichas fuentes han detallado que el PSOE «continúa sin aceptar» la propuesta planteada por Unidas Podemos para que los grandes tenedores de vivienda destinen al alquiler social el 30% de su parque.
PUNTOS DE LA NEGOCIACIÓN
La negociación sobre la nueva Ley de Vivienda, que acumula ya cierto retraso, ha experimentado progresos respecto a las medidas para frenar desahucios y, ahora, sobre el recargo del IBI a la vivienda vacía.
Sin embargo, en el aspecto nuclear sobre la regulación del alquiler las conversaciones siguen enquistadas. El PSOE apuesta por un modelo de incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar los precios del alquiler, algo que para Unidas Podemos es un incumplimiento del acuerdo de gobierno. Por tanto, el socio minoritario exige que se establezca un sistema que paute obligaciones a los propietarios encaminadas a poner techo al precio del arrendamiento en zonas de mercado tensionado.
Otra de las propuestas de la formación morada en el marco de esta ley es Otras fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más).
El que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, ha enviado un escrito de conformidad al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la pieza denominada ‘Ayuntamiento de Boadilla’ en el que reconoce los hechos que le imputa el Ministerio Público en su escrito de acusación.
«Reconozco los hechos descritos en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y mi autoría y participación en los mismos», dice en una carta de reconocimiento fecha el 3 de marzo, añadiendo además que cobró comisiones por intermediar en adjudicaciones a constructoras.
En esa carta, señala también que se abre a ampliar en la medida de su conocimiento las cuestiones relatadas en el escrito de Anticorrupción tanto sobre actos en los que él haya tomado parte como de aquellos sobre los que posea conocimiento indirecto a través de otras personas.
Para Pablo Crespo la Fiscalía Anticorrupción solicitaba en su escrito –de 2016– una pena de 64 años y siete meses de cárcel por esta pieza concreta. Con este paso, el considerado ‘número dos’ de la trama corrupta se suma así a las confesiones que en el marco de esa pieza han realizado en los últimos días tanto el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa como el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra.
«Deseo manifestar mi arrepentimiento sincero por mi actuación en loshechos que originaron este procedimiento (…), soy consciente asimismo del daño económico causado por los delitos cometidos y es mi deseo reparar dicho daño mediante mi colaboración con la Administración de Justicia (…) facilitando la transferencia de los fondos de mi propiedad que se encuentran en el extranjero», indica.
Crespo, quien permanece cumpliendo condena en la cárcel de Valdemoro, realiza además una enumeración detallada de cada asunto con el que se le relaciona en el escrito provisional de Fiscalía. Así, explica que recibió 593.000 euros por intermediar en adjudicaciones públicas en favor de las constructoras Teconsa, Constructora Hispánica y UFC.
También reconoce ser administrador de las sociedades Special Events, Pasadena Viajes, Technology Consulting Management, Rialgreen y Boomerangdrive, y que administraba o dirigía de hecho Orange Market y Down Town Consulting desde finales de octubre de 2002.
Del escrito de acusación apunta que también es exacta la descripción que el Ministerio Público hace de la estructura del grupo de sociedades de eventos y viajes, y el detalle de la toma de control de algunas de ellas por parte de la sociedad Hator Consulting, de la que apunta que participaban Correa (50 por ciento), José Ramón Blanco Balín (30 por ciento) y él mismo con un 20 por ciento. Añade que la también encausada Isabel Jordán llevaba la gestión «directa y diaria» del llamado ‘Grupo Pozuelo’.
Además, recalca que efectivamente se daba una concertación entre él, Correa, el que fuera alcalde de Boadilla Arturo González Panero, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad César Tomás Martín Morales y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor –que participó tras su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003–. Si bien apunta que no puede señalar a José Galeote a pesar de que le consta la buena relación que tenía con Correa.
LAS FACTURAS POR SERVICIOS IRREALES
Asimismo, reconoce que por orden de Correa emitió cuatro facturas desde Special Events contra la U.T.E. FCC/SUFI por un total de 84.818,46 euros «a sabiendas de que los servicios no eran reales y que el cobro de esas cantidades ocultaba una entrega de fondos de la citada U.T.E. en relación con una adjudicación en la cual había intermediado Correa».
También señala que es verdad que intermedió en la adjudicación para Constructora Hispánica de la obra del ‘Parque del Deporte y la Salud’ de Boadilla, y que el constructor Alfonso García-Pozuelo abonó una comisión de entre el 3 por ciento y el 4 por ciento del precio de adjudicación. Indica que él cobró por ello 120.000 euros.
En este sentido, también dice que es cierto el proceso por el que se adjudicó a UFC una parcela y que para encubrir la percepción de fondos «se emitieron facturas de contenido irreal a las sociedades de José Luis Ulibarri, también encausado, que era administradas por otro procesado Jacobo Gordon. De esa mordida reconoce haber recibido 90.000 mas IVA que cobró desde la mercantil CRESVA.
En esa misma sociedad reconoce que percibió 288.000 euros por intermediar en una adjudicación a Teconsa. Y añade que personalmente retiró en efectivo en la sede de esa constructora un millón de euros que posteriormente fue distribuido entre los miembros de la trama.
GASTOS DE LA CAMPAÑA DEL PP
En este punto, destaca que Isabel Jordán ordenó pagar gastos del Partido Popular de Boadilla relativos a las elecciones municipales de 2007 con los fondos recibidos en esa operación por Easy Concept SL –120.000 euros facturados a CRESVA–.
Crespo da por bueno el relato de hechos de Fiscalía sobre contratos menores en Boadilla y que recibió fondos también en su cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la sociedad Mall Bussiness de la que es beneficiario.
ESCRITO DE CONFORMIDAD
Además, en el escrito de conformidad presentado por su defensa, se modifican las conclusiones provisionales para adherirse a las de la Fiscalía, y no se opone a la calificación jurídica de los hechos: delitos continuados de cohecho pasivo y activo, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Si bien, entienden que concurren circunstancias modificativas de responsabilidad penal por la atenuante analógica de confesión «dada la colaboración activa y el reconocimiento de hechos», y por la «dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del presente procedimiento». Por eso consideran que debe rebajarse la pena señalada para cada uno de los 23 delitos que reconoce en dos grados. De este modo, interesan que en lugar de solicitar una pena de 64 años y siete meses de cárcel, debe quedarse en 12 años y 9 meses.
El Gobierno andaluz ha pedido este martes a todos los andaluces un «esfuerzo más para que no se desboque» la cuarta ola de la pandemia en la que ya está inmersa la comunidad autónoma, con un tasa de incidencia en estos momentos de 225 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que es el «doble» que la de mediados de marzo.
Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha manifestado que en esta cuarta ola que ya se está notando se está multiplicando de forma muy preocupante el número de contagios.
«Ya se va notando la apertura de la movilidad que se hizo en Semana Santa», según ha recalcado el consejero, quien ha indicado que si la pandemia nos ha enseñado algo es que la movilidad es sinónimo de contagios: «El hecho de que estemos duplicando la incidencia acumulada ahora, respecto a mediados de marzo, se debe fundamentalmente a esa situación».
Pese al cierre provincial, según ha indicado el consejero, la movilidad se ha aumentado y los datos de contagios lo ponen de manifiesto.
Asimismo, ha lamentado el crecimiento «preocupante» en el número de personas hospitalizadas por Covid-19, que hoy se sitúa en 1.473, de los que 297 se encuentra en UCI. Ha recordado que en el mes de marzo se logró bajar de los mil ingresados.
Ha señalado, no obstante, que el comienzo de la cuarta ola no está teniendo la «agresividad» del inicio de la tercera ola, porque la vacunación ya está teniendo resultados.
Bendodo ha indicado que la situación más preocupante en cuanto a la evolución de la incidencia de la pandemia está en las provincias de Sevilla y Granada, ya que copan el mayor número de ingresados.
El consejero ha insistido en que la cuarta ola sigue avanzando y, por tanto, quedan meses duros: Abril y mayo van a ser meses claves, que van a medir también el punto de inflexión en la campaña de vacunación para llegar a junio en las meres condiciones posibles.
REUNIÓN COMITÉ DE EXPERTOS
El consejero ha anunciado que la próxima semana se celebrará una nueva reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la pandemia de Covid-19, para abordar la situación y posibles nuevas medidas ante la cuarta ola.
Respecto a si el comité de expertos podría decidir sobre reducción de horarios comerciales y de la hostelería o ampliación de la vigencia del toque de queda, el consejero ha indicado que hay que esperar a la evolución en los próximos días, pero se puede augurar que, al ritmo que vamos, la próxima semana estaremos «peor» que esta.
«En función de como estemos la semana que viene se modularán las medidas de restricción. No me quiero aventurar a si se van a mantener o se van a endurecer en función de la incidencia», según ha dicho.
Elías Bendodo ha recordado, en cualquier caso, que cada semana se actualiza el mapa de niveles y este jueves, cuando se volverán a reunir los comités territoriales de salud de cada provincia, y los municipios que prácticamente estaban en nivel dos, esta semana pasarán a nivel tres, por el ritmo de multiplicación de los contagios y la subida de la tasa de incidencia, lo que al final va a suponer «más limitaciones».
Ha mostrado su preocupación por que la tasa de incidencia estuviera ayer en torno a 200 casos por cada 100.000 habitantes y, en un día, ha pasado a 225, pese a que la movilidad está restringida entre las provincias.
Unidas Podemos difiere del cheque de 12.000 euros a las personas que opten por retrasar su jubilación planteado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y apuesta por destinarlo a incentivar ‘contratos relevo’, incentivando con esa cantidad la contratación de personal joven para que releven a los empleados que llegan a la edad de jubilarse.
Además, reitera su «advertencia clara» al ministro sobre la necesidad de cumplir el acuerdo de gobierno y presentar una reforma «más ambiciosa» del sistema de pensiones, que pasa por derogar el factor de sostenibilidad y garantizar la revalorización de las pensiones.
La diputada del grupo confederal y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha reiterado en declaraciones a La Sexta, que seguirán dando la «matraca» a Escrivá para «defender el sistema público de pensiones» y garantizar su «suficiencia», es decir, la capacidad de tener prestaciones «justas».
Y es que ha enfatizado que el acuerdo de gobierno de coalición, suscrito por PSOE y Unidas Podemos, recoge un «compromiso clarísimo» con los pensionistas, que pasa entre otras cosas por garantizar ese «poder adquisitivo».
La parlamentaria ha insistido en que la suficiencia de las pensiones pasa por eliminar el factor de sostenibilidad, que «en la práctica» implicaría «perder cuantía de las pensiones a medio plazo».
También ha dicho que hay dos cuestiones que preocupan a su formación. Una es incentivar el retraso de la jubilación con ese cheque de 12.000 euros. En su lugar, abogan por usar ese dinero en fomentar ‘contratos relevo’, medida que no es nueva en el programa de Unidas Podemos, para que personas jóvenes se incorporen al mercado laboral, máxime en una situación de paro «absolutamente desbocada».
También le inquieta que miles de ciudadanos tengan que alargar su estancia en el mercado laboral no porque les apetezca, sino al «no tener otra opción» por querdarles una pensión «insuficiente». De esta forma, garantizar esa revalorización debe centrar la reforma del gobierno y, en consecuencia, recordaron esa obligación a Escrivá.
Sobre la revalorización de las pensiones al IPC, ha apuntado que es una reivindicación no solo de Unidas Podemos sino también de sindicatos y colectivos de justicia, pues es una cuestión «de justicia» que no se pierda poder adquisitivo.
NO ENTIENDEN POR QUÉ «NO ECHA MANO» DEL CONSENSO EN EL PACTO DE TOLEDO
Pero esta iniciativa «no es suficiente» y, por tanto, piden al ministro que se acoja a los mecanismos abordados en el Pacto de Toledo, pues no entiende por qué «no echa mano» a esos «consensos» para desplegar una reforma «más ambiciosa». «No es suficiente con el índice de revalorización al IPC, tenemos que ir un poco más allá (…) para dar seguridad a los pensionistas de hoy y mañana».
Vidal ha subrayado que esperan que Escrivá traiga un proyecto de reforma de las pensiones, dado que ayer no dio una fecha concreta en el Congreso, y ha apuntado que cuando analicen el contenido completo decidirán su voto. Así, ha puesto de manifiesto que Unidas Podemos «no se va a mover de la defensa de pensiones dignas, suficientes y de un sistema público».
Por tanto, el grupo parlamentario se reafirma en su defensa «férrea» del pacto de gobierno de cara a cumplir uno de los compromisos adquiridos en la coalición, algo que también han transmitido los ministros de Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo.
Fuentes de la formación morada han destacado que la reforma de las pensiones está en el ámbito del diálogo social y esperan que éste se circunscriba al programa de Gobierno.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido que la transición energética se aborde desde «la visión de la España productiva» y no desde el punto de vista de «la España extractiva, la que vive de la regulación».
En su participación en la jornada ‘Wake up Spain’, organizada por ‘El Español’ e Invertia, Imaz afirmó que es necesaria una regulación «que no pase costes o ineficiencias de un sector a costa de la España competitiva».
En este sentido, aseguró que la transición energética no puede suponer que «los costes del consumidor suban». «Tienen que bajar», añadió.
Por ello, consideró que se debe poner encima de la mesa temas como reducir los costes de peajes y distribución de la electricidad «para tener una industria competitiva». Tenemos energías, como la hidráulica, con costes operativos cero que facturan al precio más alto de la tecnología que entra en el sistema», recordó.
Además, Imaz señaló que entre los objetivos de la transición tiene que figurar el «garantizar en Europa la seguridad de suministro» de materias primas, para lo que abogó por una estrategia europea «muy clara.
APUESTA CLARA POR LA INDUSTRIA.
Asimismo, estimó necesario definir una estrategia energética como país y defendió una «apuesta clara» por la industria, «que es quien va a dar oportunidades a los jóvenes, que crea empleos bien pagados».
Igualmente, el ejecutivo Repsol añadió que todo ello debe ir acompañado de una estrategia de economía circular para poder reutilizar todos los materiales.
Por otra parte, Imaz reiteró que el petróleo va a seguir siendo necesario en el futuro, aunque con un uso «más limpio», y afirmó que asociar electrificación con descarbonización «no es del todo preciso», ya que se necesitarán «otras energías para muchos sectores».
Más País-Equo quiere que las personas que están exentas de declarar en el IRPF por sus ingresos bajos no se vean obligados a pagar por haberse visto afectadas por un ERTE y, en consecuencia, contar con más de un pagador en la declaración.
Y es que, tal y como ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso su portavoz, Íñigo Errejón, aquellos contribuyentes que no alcanzan los 22.000 euros en ingresos anuales no están obligados a hacer la declaración de la renta, pero este umbral se rebaja a los 12.000 euros en caso de tener más de un pagador.
Algunas de aquellas personas que a raíz de la pandemia de Covid-19 se vieron inmersas en un ERTE pasarían a estar en este segundo grupo, ya que se considera al Estado como segundo pagador pese a no haber cambiado de trabajo.
Para Errejón, esta situación «va a resultar un problema» para todas las personas hasta ahora exentas de declarar por no llegar a 22.000 euros y que este año se han visto afectadas por un ERTE y que ahora «temen llevarse un susto».
Asimismo, Más País-Equo ha planteado al Ministerio de Hacienda la necesidad de reforzar la plantilla con más técnicos «ante un posible colapso» en la Agencia Tributaria, ya que esta situación aumentará el número de declaraciones en la campaña de 2020.
LA PROPUESTA DE BIDEN Y LA TASA COVID A GRANDES FORTUNAS
Por otro lado, Más País ha planteado al Gobierno sumarse a la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de impulsar una tributación mínima efectiva de las grandes empresas del 21% a nivel mundial, y a liderar esta propuesta en el seno de la Unión Europea.
Celebrando esta invitación a un «pacto global» por la «justicia fiscal», ha señalado que ello serviría «para acabar con la competencia fiscal a la baja», y por ende los paraísos fiscales, y para evitar deslocalizaciones de empresas por razones tributarias.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno «ya se comprometió» ante el Congreso durante la investidura en su acuerdo de coalición a fijar una tributación mínima efectiva del 15% del Impuesto sobre Sociedades y «todavía no lo ha realizado».
Errejón también ha señalado otra iniciativa fiscal a seguir, la del impuesto sobre las grandes fortunas, o ‘tasa Covid’, planteada por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), una propuesta a la que también se ha referido la portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
«Esperamos que Sánchez rectifique en este tema, porque no podemos dejar que el peso de la crisis recaiga en los de siempre. Es de sentido común, deben pagar quienes más tienen», ha abogado la diputada de Bildu, incidiendo que para sufragar la salida de la crisis «los fondos tienen que salir de algún sitio.
WIKO ha anunciado Power U10, Power U20 y Power U30, tres integrantes de una nueva gama de ‘smartphones’ con autonomía de hasta cuatro días, uso multitarea fluido y pantallas superpanorámicas que llegarán a España en las próximas semanas con un embalaje ecológico.
Los tres modelos de Power U destacan por su autonomía, con una duración de hasta cuatro días en el caso del Power U30 y U20 gracias a una batería de 6.000 mAh, y de tres días y medio en el Power U10, con una batería de 5.000 mAh.
Según una nota, WIKO incorpora la tecnología AI Power para optimizar el consumo de la batería y la actividad de las aplicaciones.
Los terminales también tienen una pantalla «superpanorámica» inmersiva con paneles de 6,8 pulgadas y aspecto 20:5,9 que permiten maximizar el espacio de visionado. No incluyen marcos y añaden la cámara frontal en un ‘notch’ en forma de V.
Los ‘smartphones’ también se caracterizarán por su capacidad de almacenamiento, cámaras con tecnología de optimización y mejora de imágenes, diseños nuevos respecto a los anteriores de la marca y sistema operativo Android 11, la última versión de Google, según ha destacado la compañía.
El Power U10 estará disponible en azul (Carbon Blue) y turquesa. El U20 tendrá reflejos multicolor en sus modelos gris (Slate Grey) y azul (Navy Blue), mientras que el WIKO Power U30 tendrá un efecto gradicente disponible en azul (Carbone Blue) y menta (Mint). Llegarán a España en las próximas semanas.
El ‘packaging’ será ecológico, gracias a una línea de embalaje con cartón ‘kraft’ reciclado con un 70 por ciento de papel reutilizado. Además, tiene menos colores y poca cantidad de tinta, y protege los smartphones con una bolsa biogradable, con la que reduce los componentes de plásticos.
El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), ha destacado los «avances» que, a su juicio, se están produciendo en la política científica del Ejecutivo «de la mano de la Universidad y los centros de investigación».
Además, ha reafirmado su «compromiso unívoco» con la ciencia, la investigación y la transferencia del conocimiento «para recuperar el terreno perdido en la última década en inversión pública enI+D+i».
Así lo ha hecho durante una visita este maetes al Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) para conocer la evolución de los proyectos relacionados con la COVID19 dentro del Plan Regional de Transferencia del Conocimiento, en la que ha recordado que el Presupuesto de 2021 marca «un máximo» en inversión en este tipo deproyectos, con una partida de 500.000 euros.
En este sentido, ha anunciado que en los próximos días se conocerán los proyectos que recibirán financiación del Gobierno dentro de la segunda convocatoria de proyectos de transferencia del conocimiento en áreas de ingeniería, biotecnología y ciencias sociales, por 78.000 euros.
Además, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja con máxima celeridad para tener cuanto antes el anteproyecto de ley de Ciencia que, según ha destacado, ayudará a resolver los problemas que hay a día de hoy en Cantabria en ese ámbito, ha informado en un comunicado el Ejecutivo.
El vicepresidente ha reconocido que Cantabria «aún está lejos» del objetivo de destinar el 2,12% del PIB a I+D, tal y como plantea la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027, y se ha mostrado convencido de que es necesario atajar»la brecha en ciencia en Cantabria», que destina el 0,8% del PIB a esta área.
«Para hacer ciencia hace falta financiación», ha afirmado el vicepresidente que ha reclamado «el máximo respeto» para la ciencia y la investigación.
Zuloaga ha mantenido que «nadie puede pedir resultados inmediatossin los suficientes recursos económicos y humanos».
El director del IDIVAL, Galo Peralta, ha asegurado que «ahora es el momento de incrementar la inversión en ciencia», teniendo en cuenta además los niveles de los que parte la comunidad autónoma, y ha asegurado que el IDIVAL es una «máquina de investigación de granrelevancia.
Cerca de mil familias del colegio público Miguel de Unamuno, en el distrito de Arganzuela, y comunidades de vecinos del entorno presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo ante la instalación de una cocina fantasma en un barrio residencial y «pegada al centro escolar» porque «generará tráfico, ruido y contaminación».
Reclaman así «la protección del derecho a la salud de los niños del colegio Miguel de Unamuno y vecinos del barrio». También se ha puesto en marcha una campaña en Change.org para recoger firmas. En pocas horas han conseguido reunir 1.650.
La comunidad educativa y vecinal ha firmado un comunicado en el que explican que las cuatro chimeneas de estas cocinas industriales dan directamente al patio del colegio, lo que supondrá «poner en riesgo la salud del alumnado».
Ya han pedido al Ayuntamiento de Madrid que paralice de inmediato las obras de las cocinas y la apertura del negocio industrial. «Creemos que la producción de comida a destajo para su reparto a domicilio en estas instalaciones pondrá en riesgo la salud de los alumnos y vecinos por el aumento de tráfico, ruido y contaminación, en una zona que debería ser segura para los niños y residentes y no un polígono industrial», han argumentado.
Las familias del colegio y el vecindario están solicitando la paralización de la licencia de obra vía reclamaciones a la Junta de Distrito de Arganzuela y al área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, aplicable también a las siguientes licencias que se necesitan para su apertura.
Ponen sobre la mesa que la decisión de conceder este tipo de licencias «se contradice con las declaraciones del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la comisión de febrero», cuando declaró que como las cocinas industriales se engloban dentro de ciertas modificaciones del Plan General, suspenderían el otorgamiento de licencias mientras se tramita dicha modificación.
Fue en Semana Santa cuando conocieron que iba a abrirse un negocio de cocinas fantasmas en el edificio que colinda con el patio del colegio. Los repartidores deberían rodear el colegio Miguel de Unamuno para recoger y salir con los pedidos, unido a que dos de las tres calles en las que se encuentra el centro, Alejandro Ferrant y Juana Doña, quedarían «invadidas por las motos.
A Fuentes le han alertado de la «peligrosidad derivada de tener una fábrica de actividad industrial pared con pared con el colegio» porque «no es solamente un obrador». Según han podido conocer, «se están instalando doce cocinas industriales que estarán equipadas con doce cocinas a gas de cuatro fuegos, 24 freidoras y doce hornos de gas».
Navarra detectó este lunes 168 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.228 pruebas (1.116 pruebas PCR y 1.112 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,5%.
Por otro lado, 197 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cuatro más que el día anterior.
Este lunes se produjeron 13 ingresos relacionados con el coronavirus, tres de ellos en la UCI, y se notificó un deceso de días previos, un hombre de 78 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es 1.141, ha informado el Gobierno foral en una nota.
Navarra continúa siendo, una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de Covid-19 realiza en relación con su población: 1.193,37 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 801,61 por cada mil habitantes.
Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 17% y en la de Estella, el 13%. Los demás positivos (21%) se reparten por otras zonas de Navarra.
En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 15 a 29 años y el de 45 a 59 años, con el 27% y 23%, respectivamente. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 19%, y el de menores de 15 años, con el 14%.
Finalmente, se encuentra el grupo de 60 a 75 años, con un 13%, y el grupo de los mayores de 75 años, con un 4% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 37,5 años. Con respecto al género, el 53% de los casos son hombres y el otro 47%, mujeres.
Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 197 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (cuatro más que ayer), 40 de las cuales se encuentran en puestos UCI (tres más que ayer) y otras 14 en hospitalización domiciliaria (una menos que ayer). Los demás, 143 pacientes, están en planta (dos más que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.
La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 56.739 casos confirmados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 20 inversiones en sectores principales para los tres próximos años, con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.
Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a la celebración de la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia a la que han asistido todos los miembros del Ejecutivo.
En concreto, el plan contempla 13.200 millones para abordar una estrategia de movilidad sostenible; 6.820 millones para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana; 4.315 millones para la modernización de las administraciones públicas, atajando la temporalidad que sufre; 4.060 millones en un plan de digitalización de las pymes; 4.000 millones para avanzar en el 5G; y 3.780 millones en política industrial y estrategia economía circular.
Asimismo, se destinarán 3.590 millones en un plan de competencias nacionales en digitalización; 3.400 millones irán al sector turístico del país; 3.380 millones para el desarrollo de la ciencia e innovación y 3.165 millones para la integración de energías renovables.
«El Plan de Recuperación es la mayor oportunidad para España desde su entrada en la UE hace 37 años», ha recalcado Sánchez asegurando que el país «no va a dejar escapar la oportunidad que se presenta con los fondos europeos, no solo para abordar la urgencia de la crisis, sino también para diseñar el modelo de futuro del país para en la próxima década».
Así, en el periodo 2021-2023 se movilizarán inversiones públicas por importe de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.
El presidente del Gobierno señaló que el Plan, articulado en cuatro ejes, se compone de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102, reformas, con dos objetivos fundamentales: impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible.
Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, el 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según ha especificado Sánchez durante su comparecencia.
En cuanto a las reformas, el presidente ha adelantado algunas de las que se pretenden abordar, como son la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados o la ley de Aguas.
Además, también ha hecho mención a la modernización de las Administraciones Públicas, la economía circular, la movilidad sostenible, la ciencia y la vivienda.
«Tenemos un horizonte de esperanza extraordinaria. Hay un plan que ya está en marcha y lo tenemos todo listo para desarrollarlos al día siguiente de que se apruebe en Bruselas», ha remarcado el presidente.
Sánchez destacó que se trata del plan económico «más ambicioso y más trascendental» de la reciente historia económica de España y la «mayor oportunidad» para España desde su entrada en la UE hace 37 años. «Operaciones como esta se presentan un par de veces en un siglo y no la vamos a dejar pasar», reiteró Sánchez, que indicó que tendrá un impacto en el PIB de 2 puntos anuales y permitirá la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.
Sánchez presentará mañana miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Congreso de los Diputados a petición propia antes de enviarlo este mismo mes de abril a Bruselas, y por la tarde la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, convocará la mesa del diálogo social para trasladar el plan a los agentes sociales.
UN DOCUMENTO «ABIERTO» A LAS SUGERENCIAS QUE TENGAN LOS PARTIDOS
Preguntado acerca de si el Plan podrá recoger aportaciones o cambios propuestos por los grupos parlamentarios, Sánchez afirmó que se trata de un documento «abierto» y que el Gobierno está en una «escucha constante y permanente» respecto a los partidos, cuyas sugerencias serán «bienvenidas».
Además, aseguró que para su elaboración se ha contado con las aportaciones de «todos los sectores» que han mostrado interés por compartir su experiencia, y que se ha llevado a cabo mediante un proceso «participativo», con el concurso también de las comunidades, las corporaciones locales y el «diálogo intenso» con la Comisión Europea.
«ELEMENTOS POR AFINAR» CON BRUSELAS
Precisamente sobre la negociación con la Comisión acerca del Plan, al que tiene que dar su visto bueno, Sánchez reconoció que todavía existen «elementos por afinar» con Bruselas, pero que en general el Gobierno está «muy satisfecho» con el proceso.
Así, negó que haya habido un retraso en la aprobación del Plan, que podría aprobarse la semana que viene, y aseguró que España será «uno de los primeros países» de la UE en remitir el plan a Bruselas, dado que es uno de los estados que lo tiene más avanzado. «Estamos en tiempo y forma y lo vamos a presentar en el mes de abril, por tanto niego la mayor», reiteró sobre el supuesto retraso.
Por último, indicó que con independencia de cuándo dé luz verde la Comisión al desembolso del dinero, España ya ha incluido en los Presupuestos de este año los primeros 27.000 millones de inversión y se han empezado ya a desplegar con la aprobación este mismo martes del Plan Moves III de ayudas directas al vehículo híbrido y eléctrico.
El centenar de antiguos presidentes y primeros ministros mundiales que conforman el Club de Madrid, entre los que figuran Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han remitido un informe con propuestas al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de cara a la reforma del organismo internacional y a la consecución de un «multilateralismo efectivo».
El informe se ha elaborado a raíz de una petición expresa cursada por el propio Guterres el pasado noviembre, quien les pidió que compartieran «ideas» con él «sobre cómo podemos poner en marcha un multilateralismo inclusivo, en red y efectivo que es necesario para abordar los grandes desafíos mundiales actuales y futuros».
El documento lleva por título ‘Nuestra Agenda Común. La ONU despuésdel 75’ y una serie de doce compromisos, resultado de un proceso de consulta interna llevado a cabo por los miembros del Club de Madrid, que integran antiguos gobernantes de más de 70 países, junto a sus asesores.
«Ha llegado el momento de encaminar al mundo por una nueva senda más equitativa, segura y sostenible, apta para el siglo XXI y capaz de no dejar a nadie atrás», sostiene el presidente del Club de Madrid, Danilo Turk, en el prólogo del informe, que ya ha sido remitido a Guterres, subrayando la necesidad de «voluntad política, reformas significativas y una implementación medible».
Los expresidentes defienden la necesidad de una nueva agenda de seguridad global que amplíe la definición de seguridad a las amenazas relacionadas con la salud, la energía, la ciberesfera, la alimentación y el clima y que «ayude a producir mejores respuestas de gestión de crisis».
La pandemia, subraya el documento, ha recordado que «estas amenazas pueden tener un impacto global potencialmente devastador, a menos que estemos preparados y reaccionemos rápido», por ello desde el Club de Madrid por «un sistema de respuesta de emergencia más robusto y un sistema de alerta temprana más fiable para las amenazas tradicionales y no tradicionales».
Asimismo, destacan la importancia de situar la Agenda 2030 en el centro de las iniciativas globales, de hacer que los Derechos Humanos sean el centro de todas las conversaciones relativas a la paz, la seguridad y el desarrollo, y de celebrar una segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social para el mundo después de la COVID-19.
REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
Por otra parte, advierten de que «las reformas de la ONU nunca estarán completas sin una reforma del Consejo de Seguridad que refleje las realidades del siglo XXI y lo transforme en un órgano más representativo, efectivo, eficiente, responsable y eficiente».
Sin embargo, reconocen que es «improbable» que en un futuro próximo se modifique la composición del Consejo de Seguridad o el poder de veto de que gozan los cinco miembros permanentes, por lo que plantean que al menos este se use «con moderación».
En otro orden de cosas, destacan el papel de los jóvenes y defienden la creación de un nuevo órgano de la juventud y con la juventud, querepresente sus nuevas voces y permita su participación en los procesos reales de toma de decisiones a nivel multilateral.
Igualmente, apuestan por acelerar los compromisos para cumplir el Acuerdo de París sobre cambio climático, llaman la atención sobre las «grietas en los sistemas democráticos» y piden que se haga rendir cuentas a los países en lo que se refiere a sus compromisos en materia de igualdad de género y de participación de la mujer.
También advierten del peligro de la desinformación y la propagación de ‘fake news’ y apuestan por la adopción de un nuevo Contrato Social para la Edad de la Inteligencia Artificial, además de advertir de la necesidad de un «plan urgente y coordinado de crecimiento» tras la pandemia que no deje a nadie detrás.
La prioridad en estos momentos, remachan en su informe los antiguos dirigentes, debe ser controlar la pandemia y para ello la mejor opción es «una distribución equitativa de las vacunas, especialmente a los países en desarrollo». En este sentido, apuestan por fortalecer la autoridad de la OMS y sus recursos.
El Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander a devolver 50.000 euros más las costas a un cliente que adquirió bonos convertibles en acciones de Banco Popular en octubre de 2009, a pesar de que la Audiencia Provincial de Oviedo revocara la sentencia de Primera Instancia al considerar que la acción de anulabilidad había caducado.
En Primera Instancia se había dictado la nulidad del contrato de adquisición de bonos convertibles de Banco Popular por entender que la entidad había incumplido sus obligaciones de información concurriendo los vicios en el consentimiento.
No obstante, la Audiencia Provincial dictó posteriormente que había transcurrido el plazo para demandar. En cualquier caso, el Alto Tribunal ha revocado ahora esta sentencia, ratificando la del Juzgado número 3 de Primera Instancia de Mieres (Asturias), según el fallo.
El Supremo corrige así la sentencia de Segunda Instancia indicando que si la fecha de conversión obligatoria de los bonos en acciones prevista en el contrato era noviembre de 2015 y la demanda se presentó en julio de 2017, «es patente que la acción no estaba caducada».
De este modo, considera que la sentencia recurrida de la Audiencia Provincial ha infringido la jurisprudencia de la Sala de lo Civil. «En consecuencia, este motivo de casación debe ser estimado», recoge el fallo del Tribunal Supremo.
El socio director de Vallverdú Abogados Rubén Cueto, quien ha defendido al demandante, ha asegurado que en los casos contra el Banco Popular se está encontrando con muchas excepciones procesales planteadas por Banco Santander para evitar que los jueces entren en el fondo del asunto.
A día de hoy tenemos más de 40 recursos en el Tribunal Supremo contra Banco Santander por el fenómeno Banco Popular en relación, entre otras cosas, con la aplicación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión«, ha señalado el abogado.
Según ha dicho, mediante unificación de criterios, la Audiencia Provincial de Oviedo está impidiendo que las demandas prosperen, si bien confía en que el Supremo revoque los fallos por vulnerar la normativa comunitaria y la jurisprudencia consolidada, pues dicho criterio no ha sido acogido por el resto de Audiencias Provinciales en España, a excepción de la de Cantabria.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva convocatoria para apoyar proyectos de I+D+I en ‘Líneas Estratégicas’, destinada a financiar proyectos de investigación industrial en colaboración entre empresas y organismos de investigación, con una dotación de 107,5 millones de euros.
Con estas novedosas ayudas, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), destinará 64,5 millones de euros en subvenciones y 43 millones en créditos a proyectos de investigación que deberán avanzar tanto en el ámbito científico como en el desarrollo tecnológico y la innovación de los 23 desafíos identificados a los que tienen que ir dirigidos dichos proyectos.
Parte de las ayudas bajo la modalidad de subvención –43 millones del total máximo de 64,5 millones–, está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por lo que dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, correspondientes a las medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Entre los objetivos prioritarios de esta convocatoria se encuentran la búsqueda de mayor impacto y retorno a la sociedad, en términos amplios, de los resultados de las actividades financiadas con recursos públicos, desde la investigación básica hasta el mercado, así como el fomento de la colaboración en I+D+I, de forma especial entre el sector público y el sector empresarial, ampliando así el alcance e impacto de la investigación realizada en universidades y organismos públicos de investigación.
Esta convocatoria está abierta a Organismos Públicos de Investigación (OPI), universidades, institutos de investigación sanitaria, otros centros públicos de I+D+I, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica, centros privados de I+D+I, empresas o asociaciones empresariales sectoriales.
Los proyectos seleccionados en concurrencia competitiva contarán con un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 2 millones de euros, y la duración de los mismos será de 3 años. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado.
LOS 23 DESAFÍOS
Las entidades tienen que presentar sus proyectos dirigidos a una de las líneas estratégicas seleccionadas, que para esta convocatoria son 23: Enfermedades animales emergentes y zoonosis: de la biodiversidad de los patógenos a la producción sostenible de alimentos de origen animal; Mejora sostenible de la productividad vegetal: desarrollo de programas y productos fitosanitarios innovadores; Nuevos sistemas de observación, modelización y gestión de ecosistemas marinos; Sostenibilidad de plásticos: síntesis, reciclaje y valorización; y Una nueva generación de baterías.
Asimismo, tendrán que versar sobre: Conversión eficiente de la luz solar a combustibles y productos químicos; Tecnologías de edificios inteligentes; Estrategias inteligentes de movilidad urbana y metropolitana; Patrimonio cultural; Implementación experimental de tecnologías cuánticas; Robots para ayudar a las personas; Combustibles sostenibles; Gemelos digitales: modelización y diseño; Nuevas estrategias de biofabricación: de los órganos en un chip, organoides o bioimpresión 3D, a la aplicación clínica; y Nanomateriales y nanotecnología para el diagnóstico de enfermedades humanas.
Igualmente, son desafíos: Nuevos enfoques para comprender los mecanismos y establecer nuevas estrategias para la inmunoterapia del cáncer de tumores sólidos; Enfoques innovadores para mejorar la comprensión e identificación de dianas terapéuticas novedosas para la arterioesclerosis; Desinformación, engaños y noticias falsas a través de canales públicos y privados; Estrategias para abordar la despoblación y las desigualdades socio-espaciales; Cambio demográfico y el futuro de los servicios públicos: salud y pensiones; Mantenimiento predictivo de infraestructuras mediante sistemas inteligentes; Explotación y modelado de la complejidad en escenarios de previsión de riesgos; y Plásticos en ambientes naturales.
Andalucía no publica este martes la actualización sobre la incidencia del coronavirus en Andalucía «por motivos técnicos», según indica en su web el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ofrece los datos diarios de la pandemia en la comunidad, la cual registró este lunes 3.192 positivos y tres muertes, después de que el domingo no se informara de la incidencia de la enfermedad en la región.
«Por motivos técnicos no ha sido posible la publicación de los datos correspondientes al 13/04/2021», se especifica concretamente en la IECA, que tampoco ha actualizado este martes la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma.
No obstante, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha advertido de que la tasa de incidencia en Andalucía supera la media nacional y se acerca a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días catalogada como «riesgo extremo», por lo que ha insistido en la necesidad de «ser muy cautos».
Por su parte, Andalucía registra este martes 1.473 hospitalizados por coronavirus, 80 más que la víspera y 173 más que hace una semana, y mantiene 297 pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco menos que la víspera cuando se superó el umbral de 300 por primera vez en un mes.
Granada es la provincia con más hospitalizados con 345 y 77 de ellos en UCI, seguida de Sevilla con 334 y 69 en UCI; Málaga con 159 y 29 de ellos en UCI; Almería, con 159 y 51 en UCI; Cádiz con 147 y 26 en UCI; Córdoba, con 132 y 25 en UCI; Jaén, con 124 y 13 en UCI, y Huelva, con 73 y siete en UCI.
Cabe recordar que hace dos semanas la Consejería de Salud y Familias notificó solo 138 casos de coronavirus en Andalucía «debido a un fallo en el sistema», ya que el día anterior, explicó entonces, «no se generaron todos los registros nuevos en la base de datos de Red Alerta, por lo que el número de nuevos casos de Covid-19 contabilizados en esa fecha fue menor del esperado».
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha considerado que en la oferta presentada por el fondo australiano IFM para hacerse con hasta un 22,69% de la energética se debe valorar «de una forma ponderada y equilibrada» las condiciones «razonables» que se pueden exigir en la operación por el Gobierno como compañía estratégica y el hecho de que siga habiendo interés por los inversores extranjeros por las empresas españolas.
En su participación en la jornada ‘Wake Up Spain’ organizada por ‘El Español’ e Invertia, Reynés, que recordó el «deber de pasividad» en la operación de la directiva de la compañía, ya que la última decisión corresponde a los accionistas, señaló que esta OPA está sometida a la aprobación del Gobierno, debido al ‘blindaje’ que se aprobó el año pasado para las empresas estratégicas ante la situación por el Covid-19.
No obstante, indicó que hay que «valorar de una forma ponderada y equilibrada las condiciones razonables que se pueden exigir a la compañía y a sus accionistas de compromiso con el país y con la estabilidad del sistema energético y, por otro lado, ponderar que siga habiendo inversores extranjeros que se interesen por compañías españolas».
DISCREPA CON EL FNSSE.
Por otra parte, Reynés mostró su discrepancia respecto a cómo está planteado el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), ya que, en su opinión, «es mejorable la asignación de la participación» entre todos los sectores energéticos.
A este respecto, indicó no entender que los gasistas tengan que «atender» a cubrir el déficit del sistema eléctrico, «como no debería ser al revés» y que los eléctricos tuvieran que ayudar a un posible déficit del sistema gasista.
«Como eléctrico, por supuesto estamos dispuestos a participar en cualquier solución del sistema eléctrico», añadió Reynés.
Además, defendió el papel del gas natural dentro de la transición energética y la descarbonización de la economía, con un rol importante para el biogás.
En este sentido, consideró que la descarbonización no se puede «alcanzar solo con la electrificación. «Estamos convencidos de que no va a poder alcanzar las últimas esquinas de la sala, por lo que hace falta el gas», añadió.
El directivo también recordó que Naturgy ha presentado en torno a un centenar de proyectos, con una inversión asociada de casi unos 14.000 millones de euros, a los fondos europeos.
Siempre nos apetece ver películas de héroes: acción, montón de golpes, balas y escenas imposibles. Pero ligado a todo esto siempre hay alguna preciosa mujer. Por casi norma general deben llevar ropa ceñida, buenas armas y una actitud femme-fatale; no lo neguemos, nos dejan sin aliento durante un par de escenas. ¿Qué heroínas nos han dejado con la boca abierta en la gran pantalla?
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La Mujer Invisible (Los 4 Fantásticos)
Una pena que, siendo tan preciosa, no se deje ver con facilidad. No sólo conquista nuestros corazones, también el de Sr. Fantástico (qué suerte tienen algunos).
Aunque sus arrebatos de enfado o vergüenza la camuflen bajo su principal poder, tiene un gran corazón que si se deja ver con cada acción. ¿Quién no sufrió un nudo en el estómago al verla esforzándose todo lo que pudo para expandir su campo de fuerza? Un poder simple pero muy efectivo.
No sólo tiene efectividad en las situaciones de riesgo; los malditos directores saben cómo dejarnos pegados al asiento con algo como un escudo. ¿Cómo narices logró refrenar la expansión de una explosión? ¡Qué mujer!
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Trinity (Matrix)
Entre ese corte de pelo, la piel pálida y los tremendos ojos azules, tiene todas las papeletas para ser una perfecta seductora. Y para colmo, viste toda en látex.
Trinity debe de ser uno de los personajes ficticios con más imitadores. No niegues que has intentado imitar su patada en el aire. Esos movimientos ralentizados, parados unos segundos y analizados desde cada ángulo nos daba mucho que pensar. Al menos le dio ideas a la princesa Fionna en Shrek.
Con munición suficiente como para hacer un puente que cruce el globo entero, se lanza desde edificios, en moto y sufriendo leves rasguños. Esta mujer se deja de debilidades femeninas y lleva Matrix en las venas, por lo que es pura película de acción en sí misma.
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Katniss Everdeen (Los Juegos del Hambre)
Trenza desaliñada, ojos brillantes, cara de niña, pero no te fíes, pues sabe lo que se hace con el arco. Sabe cazar, buscarse la vida y cuenta con un carácter no muy tierno. Aún con lo arisca que es, se ha hecho un hueco en la gran pantalla.
Testaruda y fuerte, eso ha hecho que se haya ganado muchos seguidores desde las butacas del cine. Heroína revolucionaria, impactante por el realismo de sus vicisitudes (sobreviviendo a los problemas del entorno).
No importa por su llameante vestuario, aunque a muchos espectadores les encantó, eso seguro.
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Espectro de Seda II (Watchmen)
Ella es el mejor ejemplo de que la ocupación de superheroína puede pasar de generación en generación, igual que la belleza. Teniendo en cuenta cómo era la primera Espectro de Seda, Laurel heredó las dos mejores cosas de su madre.
Explosivamente guapa, ceñida en látex amarillo y negro y una preciosa melena, deja embobados a todos los que pasan por su lado. Sin embargo, qué peligro acercarse a ella, con sus capacidades físicas. Gran elasticidad y fuerza, maestría del combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién se esperaba la escena del callejón? Aunque dejase de lado el traje de seda que daría validez a su nombre, Laurel lo sobrelleva de maravilla, ¿o no?
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Sook (The Interview)
Necesitamos alguna asiática en esta lista. ¿Quién mejor que la sexy coreana Sook? Nadie puede olvidar su entrada en escena bajando del helicóptero, al más puro estilo mujer fatal.
Una mujer dura, con una sonrisa excesivamente tierna. Aún estando en una comedia, en lugar de risa, su velocidad al hablar resulta muy atractiva. No viste látex, pero sí hará increíbles fantasías en tu cabeza con esos trajes militares… al menos hasta que coja una ametralladora y se ponga a matar a diestro y siniestro.
Aún con la primera impresión de mujer dura e imposible, ¿quien diría que acaba siendo la verdadera heroína de esta película?
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Liz Sherman (Hellboy)
Comencemos con las mujeres que no sabríamos catalogar en el buen o mal camino. No podemos negar que Liz es un encanto, pero ser la pareja del Diablo no parece un punto muy positivo.
Esa muchacha perdida del psiquiátrico, tiene mucho potencial para esta lista. Además de una apariencia encantadora, cuidado con ella. «Pirómana» la denominaron, pero es mucho más que eso. Es un mechero andante de flamas azules, que quema todo lo que hay a su alcance.
Lo sentimos, pero a menos que seas ignífugo, como Hellboy, esta chica es inalcanzable. No te dejes llevar por esa cara de inocencia y sus tiernas palabras, porque si la cabreas, te achicharra como un pollito.
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Selene (Underworld)
Los vampiros se dejaron de chorreras y vestidos del XIX, ahora visten trajes de cuero. Una heroína de la gran pantalla, de esas que cada vez que te mira con esos ojos azul celeste, ralentizan la escena.
Esta vampiresa no sólo amenaza y aterroriza con los colmillos, también lo hace con su gatillo fácil. Intimidatoria, constante en su trabajo y muy fiel a aquellos que decide seguir. Se abrirá paso a balazos, o incluso abriendo agujeros en el suelo, para poder lograr alcanzar lo que se le ha ordenado o quiere descubrir.
Por todo ello nos llega muy hondo, especialmente cuando se lanza al peligro con complejas piruetas.
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Jean Grey (X-Men)
Una superheroína clásica, ¿quién no ha visto X-Men? ¿Quién no entiende las disputas entre Lobezno y Cíclope por conseguir a esta preciosa pelirroja?
Dulce, tierna y bienintencionada. Profesora excelente, preocupada por todos y deslumbrante con esa cara bonita. ¿Por qué está en la parte de chicas no tan buenas? Por su evolución hacia Fénix, donde expuso totalmente la capacidad de sus habilidades. Eso sí que fue impactante, aunque los ojos totalmente negros y las venas marcadas le quitaron bastante encanto, al igual que esa locura incontrolable.
Pero no podemos olvidar que Jean Grey es una superheroína, que nos dejó a todos anclados al asiento, como cuando paró una mole de agua que se abalanzaba contra ella y sus compañeros.
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Viuda Negra (Vengadores)
Elasticidad como método de camuflaje y sigilo, manipuladora y máximo ejemplo de heroína en traje ceñido. Ahora bien, si no trabajase para S.H.I.E.L.D. ¿seguiría siendo denominada como buena?
Esta increíble espía rusa, domina a la perfección el combate cuerpo a cuerpo, al igual que las armas. Relaciones públicas de la agencia secreta, convence a todo aquel que quieren hacer entrar. Además de por su físico, ¿por qué más nos impresiona?
Sus peleas son bastante impresionantes pero, ¿quién aparte de ella logró confundir a Loki, dios de los trucos?
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Catwoman (Batman)
Una de esas mujeres difíciles de catalogar como mala o buena. Nació como villana en Gotham City, pero muchas veces sus acciones la han llevado por el camino correcto. Por ello, pensemos en la Catwoman interpretada por Anne Hathaway en The Dark Knight Rises.
Será una ladrona, aprovechada cada vez que ve la posibilidad, pero otorgó una gran ayuda a Batman. Heroína anónima, de esas que salvan la ciudad y desaparecen en la oscuridad. Aunque no nos confundamos, quiso desaparecer, teniendo en cuenta sus malos «hobbies».
No neguemos que sus escenas eran de lo más sensuales, con esos pasos felinos, pero lo que más alucinaba era verla en esa enorme moto.
A poco más de 24 horas del séptimo capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ – en el que Rocío Carrasco abordará el fallecimiento de Rocío Jurado en 2006 tras no superar un cáncer de páncreas contra el que luchó con uñas y dientes durante casi dos años – Antonio David Flores ha salido al paso de las últimas informaciones que le señalan como el autor de grabaciones comprometidas de la tonadillera y José Ortega Cano en su casa de La Moraleja.
Sin poder ocultar sus nervios en los momentos más complicados de su vida, pero confesando que no tiene miedo de lo que pueda contar su exmujer en su serie documental, Antonio David ha desmentido que le preguntase a su hija Rocío qué pasaría con los pisos de Miami de su abuela tras su muerte – como ha asegurado Rocío Carrasco – y ha confesado que si no habla es por orden de su abogado, Iván Hernández, que en los próximos días tomará medidas legales contra aquellos que han injuriado y vulnerado el honor del excolaborador
– CHANCE: Antonio, buenas tardes.
– ANTONIO DAVID: ¿Qué tal? Buenos días.
– CH: ¿Cómo te encuentras?
– ANTONIO DAVID: Muy bien
– CH: ¿Qué te parece toda la documentación que está saliendo en ‘El Mundo’? Contradice muchas de las cosas que estamos viendo en el documental, simplemente eso.
– ANTONIO DAVID: Prefiero no hacer ninguna declaración.
– CH: ¿Por qué?
– ANTONIO DAVID: Porque tengo las instrucciones de mi abogado.
– CH: ¿Y qué instrucciones te ha dicho de seguir?
– ANTONIO DAVID: Y nada, entonces pues estamos en esas, ¿vale?
– CH: Entendemos que vas a tomar acciones legales.
– ANTONIO DAVID: Sí, claro. Ya lo anuncié hace unos días, sí.
– CH: ¿Tenéis miedo a lo que se pueda ver mañana en el séptimo capítulo?
– ANTONIO DAVID: ¿Miedo a qué? No, miedo ninguno.
– CH: Te noto preocupado, cosa que me parece normal.
– ANTONIO DAVID: Bueno, es normal, ¿no? Muchas cosas las que se están contando, pero nada más, aquí estamos.
– CH: ¿Tú recuerdas en algún momento decirle a tu hija algo de unas propiedades de Rocío Jurado en Miami?
– ANTONIO DAVID: No, no voy a hacer ninguna declaración sobre el asuntasunto. No voy a hacer ninguna declaración.
– CH: Entiendo que así es tu forma de desmentirlo.
– ANTONIO DAVID: Sí, si te vale esa, perfecto.
– CH: ¿Cómo están tus hijos?
– ANTONIO DAVID: Bien, ahí van.
– CH: Y de las grabaciones que se están hablando, parece ser que tú ponías grabaciones en la casa de La Moraleja de Rocío Jurado. ¿Qué te parece todo lo que está saliendo respecto a ese tema? Tenías una capacidad y un don para grabar todo y que no te escapara nada.
– ANTONIO DAVID: ¿Eso quién lo ha dicho? Muy bien. Estupendo, ya lo veremos.
– CH: ¿Hablarás? ¿Escucharemos tu versión o tendremos que esperar a seguir leyendo en ‘El Mundo’?
– ANTONIO DAVID: Si es que no sé, no sé.
– CH: ¿Y Olga? ¿Cómo la estás viendo?
– ANTONIO DAVID: Bien, muy bien. Espero que siga así.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este martes que las próximas semanas serán «complicadas, como consecuencia de los efectos de la Semana Santa», pero ha asegurado que gracias a la aceleración de la vacunación que prevé y al marco jurídico con el que cuentan las comunidades autónomas será posible levantar el 9 de mayo el estado de alarma.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros, por segunda semana consecutiva, en la que ha presentado las líneas generales del Plan de Recuperación que aprobará y remitirá próximamente a Bruselas.
Al ser preguntado sobre la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de prorrogar el estado de alarma, Sánchez ha defendido que el escenario es «completamente distinto» al de hace meses, gracias a ritmo que está cogiendo la vacunación y también al desarrollo de la cultura de la cogobernanza, que tiene como epicentro el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
ELUDE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Es más, al ser preguntado sobre si tiene previsto volver a reunir la Conferencia de Presidentes, tal y como le ha pedido el líder del PP, Pablo Casado, Sánchez no ha contestado explícitamente, pero ha dado a entender que no está en sus planes, al asegurar que el Consejo Interrtitorial es «el escenario» donde reside «el corazón de las decisiones de las medidas que se tienen que poner en marcha».
A este respecto, ha vuelto a defender que el Tribunal Supremo ha avalado que las decisiones de este órgano son «de obligado cumplimiento», al rechazar los recursos presentados por formaciones políticas contra las medidas adoptadas por el CISNS, como el de Vox contra el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa.
Por ello, ha reafirmado que el marco jurídico existente es suficiente para que las comunidades hagan frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, rechazando así la petición del PP de impulsar una nueva ley de pandemia, o la consideración del Consejo de Estado de actualizar la ley de salud de 1986 que da cobertura a las medidas de los gobiernos autonómicos, con el aval judicial.
«El marco jurídico en el que se van a desenvolver las comunidades va a seguir siendo ese Consejo Interterritorial y el control de los tribunales. Por lo tanto, a lo largo de estos meses de pandemia somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas para abordar con garantías la pandemia en este estadio», ha enfatizado.
«ESCENARIO COMPLETAMENTE DISTINTO» AL DEL VERANO PASADO
Y a continuación, ha recalcado que el «estadio ahora es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas». «Estamos vacunando y poniendo dosis a medio millón de personas al día», ha celebrado.
«Es un escenario completamente distinto al que hemos vivido en verano porque la vacunación es muy intensa. El escenario es completamente distinto al de hace unos meses», ha reiterado.
No obstante, ha reconocido que «la pandemia evidentemente continúa» y que hay que seguir actuando con «absoluta prudencia», sobre todo porque, según ha pronosticado, va a haber «semanas complicadas como consecuencia de los efectos de la Semana Santa». «Pero contamos con instrumentos y herramientas jurídicas y con un proceso de vacunación cada día más intenso», ha zanjado.
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha avanzado este martes que se prevé diferenciar la celebración de Sant Jordi por municipios de menos de 5.000 habitantes o más grandes, en los que plantean ubicar paradas ante establecimientos y en zonas perimetradas, ha explicado en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu.
En los municipios de menos de 5.000 habitantes serán los ayuntamientos y las entidades las que dinamicen la jornada, como se hace habitualmente por Sant Jordi y, en los de más de 5.000 se plantea ubicar paradas delante de librerías y floristerías, y habilitar zonas perimetradas preferentemente al aire libre y con aforo limitado.
Preguntada por estas zonas perimetradas, ha avanzado que previsiblemente tendrán control de aforo en entradas y salidas, así como las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante la pandemia de coronavirus, y ha descartado concretar más detalles sobre la jornada, porque próximamente lo hará la Conselleria de Cultura y el Gremi de Llibreters en una rueda de prensa.
En cuanto a la firma de libros, ha planteado que se pueda pedir con antelación en la librería en la que se compre el ejemplar que éste pueda estar dedicado y firmado por el autor, y que se pueda recoger en el establecimiento en días posteriores, ha explicado Budó.
Ha defendido que la jornada se celebre este año con todas las medidas epidemiológicas vigentes pero diferenciando de este modo entre los municipios de más o menos de 5.000 habitantes, y también según las actividades que suele promover cada municipio durante Sant Jordi, que el año pasado no se celebró a causa de la pandemia.
Budó ha asegurado que la decisión se ha planificado desde el comité técnico del Procicat y se ha trabajado con la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació de Micropobles de Catalunya.
ESTUDIAN CONFINAR POR VEGUERÍAS
Preguntada por los medios, ha explicado que se valora la posibilidad de modificar el confinamiento comarcal, vigente hasta el próximo lunes: «Es una petición que está sobre la mesa, para poder leer las restricciones de movilidad en un ámbito que no sea estrictamente comarcal, como podría ser el ámbito de las veguerías».
También se analizará durante esta semana la posibilidad de fijar excepciones a las restricciones de movilidad, en casos como poder asistir a espectáculos culturales fuera de la comarca, ha dicho Budó, que ha destacado que durante los próximos días se comprobará la evolución de los datos epidemiológicos después de Semana Santa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha hecho públicas este martes dos sentencias en las que anula los nombramientos de los magistrados de la Sala de lo Militar de este órgano Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) infringió el procedimiento para cubrir dichas plazas al omitir el trámite de recabar determinados informes.
La Sala ordena retrotraer el procedimiento al momento en que debieron solicitarse dichos para que se soliciten de forma inmediata tras la notificación de las sentencias. Además, concede un plazo de un mes al CGPJ para que formule la propuesta de provisión de las dos plaza vacantes.
En relación a los informes preceptivos, la Sala parte del artículo quinto de la base de la convocatoria que establecía que se recabarían informes de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y del Presidente de la Sala Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo, y del Ministerio de Defensa.
ACTUAL SITUACIÓN, SIN PODER NOMBRAR
El Supremo señala también que una cuestión que no puede dejar de estipularse con claridad en las actuales circunstancias es la situación del Consejo General del Poder Judicial, tanto del Pleno como, obviamente, de su Comisión Permanente, ya que la convocatoria de la plaza litigiosa y su provisión se produjeron en prórroga de su mandato, por lo que su renovación, largamente retrasada, podría producirse en cualquier momento.
En sus sentencias, afirma que, sin embargo, la renovación, de producirse, es ajena a la ejecución de estas sentencias, que afecta al propio órgano constitucional, no a una determinada composición del mismo. «Esta sentencia habrá de ser cumplida en sus propios términos por el Consejo General del Poder judicial con esta u otra composición personal».
Igual sucede en el supuesto de que el legislador modificara la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos antes de su renovación o, incluso, que modificara la configuración de sus órganos internos, por muy improbable que todo ello ocurra en el breve plazo en que esta sentencia ha de ser ejecutada», concluye la Sala.
Así, el TS concede un plazo de un mes al CGPJ para que formule la propuesta de provisión de las dos plaza vacantes. La convocatoria añadía que también se podrían recabar de las Universidades, centros de formación, Administraciones y organismos en los que la persona que opte a la plaza alegue haber prestado servicios o realizado actividades, así como de los Colegios Profesionales correspondientes.
La Sala indica que una vez incluida su exigencia en las bases con carácter preceptivo, el órgano decisor no puede prescindir de ese elemento del procedimiento mes y medio más tarde, ya que «fuera cual fuera la razón por la que no se solicitaron los informes, no puede admitirse que en tan breve lapso de tiempo los mismos hubiesen pasado de ser útiles a prescindibles hasta el punto de no ser siquiera solicitados».
SE CONSIDERARON INÚTILES
En definitiva, la Sala rechaza que pueda admitirse que el Pleno del Consejo entendiera que pese a aprobar la necesidad de unos informes preceptivos -otra cosa hubiera sido que se hubiesen configurado como opcionales- el 28 de octubre, cubriera la plaza sin recabarlos, en contra de lo que preveía la base quinta, por considerarlos inútiles, el 28 de noviembre.
«Tales informes quizás no hubieran cambiado la decisión, pero si el Consejo había acordado que se solicitasen es porque entendía que su contenido podía ayudar a formar la decisión que había de adoptar, fuese o no distinta a la que adoptó con infracción del procedimiento previsto en las bases», subraya el tribunal.
El Supremo estima en su sentencia el recurso de un candidato a las plazas convocadas, que fue incluido en una de las dos propuestas para cubrir los puestos que se elevaron al Pleno. En concreto en la que resultaría elegido Ricardo Cuesta.
La sentencia se refiere a la propuesta de dos candidatos para cada uno de los puestos que antecedió al nombramiento, y destaca que el acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019 justificaba la propuesta de dos nombres, pese a que consideraba «idóneos» para la plaza a cuatro candidatos; «con potencialidades muy similares».
Concluye que «lo que no podían hacer era prescindir lisa y llanamente de las exigencias legales y hacer una amigable componenda con ambas plazas, dos candidatos para cada una de ellas, decisión que abre la puerta a todo tipo de posibles especulaciones sobre la selección de cada una de las duplas, justo lo contrario a la voluntad de objetivación del legislador en los criterios que deben guiar estos nombramientos, fuera del núcleo de amplia discrecionalidad que comportan en cuanto a la decisión del Pleno sobre el candidato a promover en definitiva para la plaza».
ALCANCE DE LA DECISIÓN
La sentencia aclara que la nulidad de dichos actos «por razones estrictamente procedimentales y de exclusiva responsabilidad del órgano decisor» no debe redundar en perjuicio de los legítimos intereses de los aspirantes a ser promovidos a las plazas vacantes en la Sala Quinta del Tribunal Supremo a que su solicitud sea tramitada y resuelta de conformidad a derecho.
Para la Sala, el respeto a la posición jurídica de los que en su momento firmaron unas convocatorias con cumplimiento de todos los requisitos personales y profesionales hace que se deba retrotraer el procedimiento al momento en que la Comisión Permanente decidió los solicitantes que elevaba al Pleno para que éste decidiera a quien promovía a la plaza vacante sin que se hubieran solicitado previamente los referidos informes preceptivos, para que dicha irregularidad sea subsanada.
Agrega que lo dicho en relación con la propuesta de la Comisión Permanente requiere que dicha propuesta sea, al menos, de tres candidatos; una terna, salvo que se motive cumplidamente la concurrencia del supuesto extraordinario que contemplan las bases de una propuesta con más candidatos.
El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se ha comprometido a que si su partido llega al Gobierno tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo, se devolverán a los alumnos las tasas universitarias y de cursos de Formación Profesional de grado superior del curso académico 2020-2021 para que con ello puedan pagar la matrícula del próximo año.
Tras las limitaciones del último año a causa de la pandemia del coronavirus, «propongo devolver las tasas de la matrícula universitaria de este año y de la Formación Profesional de grado superior y canjearlas por un cheque que sirva para pagar la matrícula del año siguiente», ha anunciado en una entrevista en ‘Telemadrid’.
Para aquellos alumnos que terminen la carrera o su formación profesional este año, plantea que «puedan invertirlo en una mejor formación, un máster o un buen curso, público o privado».
APOYAR A UN COLECTIVO GOLPEADO POR LA CRISIS
Según Cs, esta medida beneficiaría a 200.000 estudiantes de las universidades públicas madrileñas y a 31.000 estudiantes de FP, a quienes se les reintegraría un cheque por el importe de los créditos matriculados en primera matrícula.
Su objetivo es dar un apoyo excepcional a un colectivo que, a su juicio, está siendo «especialmente golpeado por la crisis social y económica» derivada de la pandemia, ya que la necesidad de realizar clases online ha dejado a un 33% del alumnado «sin posibilidad de seguir su formación académica», ahora resulta más difícil hacer prácticas en empresas y las expectativas futuras de empleabilidad de los jóvenes han empeorado.
Bal ha defendido que cuando Ciudadanos gobierna se pueden «mantener los impuestos bajos» y, al mismo tiempo, «potenciar unas políticas sociales fuertes». En cambio, cree que el PSOE «jamás va a defender» una presión fiscal baja y el PP «siempre se ha despreocupado de las políticas sociales cuando ha gobernado en solitario».
El candidato de la formación naranja ha prometido este mismo martes recuperar, en el tramo autonómico del IRPF, la deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual. Asimismo, ha dicho que Cs estudiará la posibilidad de «ampliar, en la cuantía y en la edad», el programa de ayuda al alquiler del que se pueden beneficiar los jóvenes de menos de 35 años en la Comunidad de Madrid.
Cuando le han preguntado de dónde obtendría el dinero para financiar esas políticas, ha respondido que Madrid «es una comunidad rica» y que los ingresos se pueden conseguir haciendo «una buena gestión, que es marca de Ciudadanos», y luchando contra la corrupción para evitar que el dinero público «en los bolsillos de ciertos responsables políticos o en la financiación irregular» de partidos como el PP.
RETOMAR EL ACUERDO DE GOBIERNO CON EL PP
Por otro lado, el también portavoz adjunto de Cs en el Congreso ha reiterado su apuesta por reeditar el gobierno de coalición que su partido ha compartido con el PP en la Comunidad de Madrid en los últimos dos años, antes de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), convocara elecciones anticipadas «de forma precipitada e irreflexiva» para «tener un rédito electoral».
En su opinión, ese fue un ejecutivo «de éxito» que hizo una buena gestión en ámbitos como la economía o la cultura, donde los consejeros eran de Cs, y en los dos próximos años se debería continuar aplicando el acuerdo de 155 puntos que ambos partidos firmaron al inicio de la legislatura y ejecutar las medidas que han quedado pendientes.
En este contexto, el aspirante de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha dicho que él se presenta a las elecciones para que «los extremos» no gobiernen ni decidan las políticas que se aplican y, en el caso del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, lo ve dentro de «un pack» con Unidas Podemos y con Más Madrid.
Por último, sobre si estaría a favor de tomar medidas como el cierre del interior de los locales de hostelería para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, Bal se ha referido a la situación en comunidades como Navarra y Euskadi, que actualmente tienen una incidencia acumulada de casos similar a la de Madrid y que han aplicado medidas más restrictivas.
«¿Verdaderamente la solución es cerrar las barras de los bares? No, porque en esas comunidades autónomas miren cómo están», ha argumentado, abogando por centrar los esfuerzos en vacunar rápidamente a la población para que «se salven vidas y se salven empleos», sin establecer una disyuntiva entre estos dos objetivos.
Familias y víctimas de Jorge Ignacio P.J., el presunto asesino de Marta Calvo, han solicitado al juez que se le amplíe la imputación a nuevos delitos contra la salud pública y contra la libertad sexual y han introducido la circunstancia agravante de género: «Existe un mismo patrón. Los hechos han sido cometido contra mujeres por el hecho de serlo y con intención de dejar patente un sentimiento de superioridad».
Este martes se ha celebrado una nueva vista en el Juzgado de Instrucción número 20 de València, con la comparecencia del investigado, tras solicitarlo una de las acusaciones –que representa a las familias de dos supuestas víctimas mortales a manos de Jorge Ignacio y de otras cuatro mujeres más que sobrevivieron– con la intención de ampliar los delitos que imputan a Jorge Ignacio.
Esta acusación, que ejerce el letrado Juan Carlos Navarro, solicitó la vista tras las últimas declaraciones incorporadas al procedimiento por parte de presuntas víctimas de Jorge Ignacio, que relataron que mantuvieron relaciones sexuales con el acusado y que éste les drogó y les introdujo cocaína por sus zonas íntimas.
El investigado, sin embargo, ha vuelto a negar hoy que haya matado a ninguna mujer. Ha utilizado su turno de palabra para explicar en qué consiste una ‘fiesta blanca’ y ha asegurado que no ha matado a ninguna chica. Es más, ha asegurado que eran las mujeres las que metían las drogas en las fiestas, han indicado letrados.
Y preguntado por el cuerpo sin vida de Marta Calvo, que él aseguró que descuartizó después de que muriera accidentalmente, ha insistido en que él ya dijo a la Guardia Civil donde se deshizo de él. Es decir, en el vertedero. «Es evidente que en el vertedero no está, con lo que sigue ocultando el cuerpo de Marta y no sabemos con qué intención», ha afirmado la abogada de la familia de Marta, Pilar Jové, en declaraciones a los medios de comunicación.
10 VÍCTIMAS Y 33 DELITOS
En la comparecencia, las acusaciones de las 10 víctimas –tres de ellas fallecidas– acusan al investigado de 33 delitos en total al sumarle hechos punibles relacionados con los delitos contra la salud pública, la libertad sexual y las figuras agravadas de los delitos de homicidio y/o asesinato.
El abogado Juan Carlos Navarro, para justificar estas nuevas imputaciones, ha introducido el término de feminicidio y ha asegurado que de la prueba practicada hasta la fecha existe un patrón en el ‘modus operandi’ del investigado que se puede concretar en una triple secuencia alevosa.
FEMINICIDIO Y MISMO ‘MODUS OPERANDI’
El abogado expone que el acusado siempre contrataba a mujeres que se prestaban a consumir sustancias estupefacientes y a practicar sexo. Con este objetivo –siempre según su relato de hechos– generaba en ellas una situación de confianza para poder acceder a la desnudez de la mujer, sin objeciones.
De esta forma no las elegía para practicar sexo, sino que su propósito era acceder a las partes íntimas de las mujeres e introducirles cocaína que, por la cantidad y pureza, era letal.
Esta situación –afirma el letrado– generaba «relajación y confianza» en las mujeres, lo que constituye una alevosía proditoria –de trampa– y llevaba a un nuevo escenario: ya contratadas, las mujeres se prestaban a tomar una copa y allí se introducía algún tipo de sustancia que disminuía las facultades volitivas de las víctimas, lo que significaría una alevosía de desvalimiento.
Y tras ello, dentro de una alevosía sorpresiva, la mujer, que ya había consumido la sustancia de «atontamiento» y de cocaína esnifada, comenzaba el uso del arma homicida: introducir cocaína de gran pureza en cantidad letal en las partes íntimas de las mujeres. «El resultado ha generado que en algunos casos las mujeres han podido reaccionar expulsando la sustancia letal estupefaciente, pero en otros ha provocado la muerte», mantiene el letrado en su escrito.
Ante estos hechos, se solicita que se atribuya al investigado la circunstancia agravante de género: «Los hechos han sido cometidos contra mujeres por el hecho de serlo y con intención de dejar patente un sentimiento de superioridad».
El letrado recuerda en su escrito que desde el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, permite aplicarse esta agravante a toda forma de violencia contra las mujeres, motivado porque el agresor se siente superior y como medio para demostrar a la víctima que la considere superior, disfrutando como agonizan, convulsionan o fallecen.
Además, el letrado alude a un trato degradante y humillante que conduce a tipificar esta conducta como delito contra la integridad moral: «El hecho de utilizar a todas las mujeres de forma instrumental, contratándolas con la excusa de realizar actos sexuales y, sin embargo, buscar dominarlas y someterlas a su perversión, introduciéndolas sustancia estupefacientes sin su consentimiento».
Hasta ahora, el juzgado mantiene el procedimiento contra el acusado por dos delitos de homicidio/asesinato consumado; tres delito de homicidio en grado de tentativa; un delito de omisión del deber de socorro; un delito contra la integridad moral/lesiones; contra la salud pública; un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual.
El presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, se ha comprometido este martes a crear 500 puestos de trabajo para jóvenes hasta el 2025, año en que tiene previsto comenzar a fabricar su coche eléctrico en Martorell (Barcelona).
Durante su intervención en el simposio ‘Wake up, Spain’, organizado por El Español, Invertia, D+I y EY, Griffiths ha dicho que habrá que «transformar» a los trabajadores actuales, pero también «hay una gran oportunidad para la gente joven», por lo que apostará por la formación dual, con clases y prácticas.
Ha afirmado que su objetivo es mantener los puestos de trabajo que tiene en la planta de Martorell o hasta incrementarlos, pero para ello necesita encontrar «más valor añadido en la cadena de fabricación», por lo que considera imprescindible tener la fábrica de baterías cerca.
«Seat fue la empresa que puso a España sobre ruedas, y ahora tiene que ponerla sobre ruedas eléctricas», ha defendido, y ha añadido que este año habrá que tomar decisiones importantes al respecto y acelerar la transformación, electrificación y digitalización de la industria, en sus palabras.
«DEMOCRATIZAR» LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Además, se ha propuesto «democratizar» la movilidad eléctrica vendiendo coches con precios que oscilen entre los 20.000 y los 25.000 euros, una vez empiecen a fabricar coches eléctricos en Martorell (Barcelona), algo que espera hacer en 2025.
De hecho, Griffiths ve «posible» vender 100.000 coches eléctricos en España durante 2021 y 2022, lo que supondría pasar de abarcar el 5% al 10% del mercado de la automoción, pero para ello es necesario establecer 20.000 puntos más de recarga y trabajar para crear demanda.
Griffiths ha asegurado que para su proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno y de otros actores del sector energético, y ha considerado que los fondos de recuperación europeos serán importantes, puesto que después de la crisis del coronavirus no solamente hay que recuperarse sino que también «reinventarse».
CUPRA DE MÁS BENEFICIOS QUE SEAT
Preguntado por el proyecto de Cupra, Griffiths ha asegurado que la compañía obtiene mucho más beneficios con sus ventas que con las de Seat y que con Cupra tienen la oportunidad de globalizarse –quieren enfocarse en países como Australia–, mientras que Seat es una marca muy enfocada al mercado europeo.
También ha insistido en que Seat es «una marca para gente joven», una parte de los cuales, según ha afirmado, no quiere ser dueño de un coche sino que pagar para utilizarlo, es decir, contratar suscripciones.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra el Covid –Moderna o Pfizer– y ha trasladado sentirse «muy contento» y encontrarse «muy bien» y sin síntomas.
«Hoy por fin me han puesto la vacuna. Estoy muy contento», ha valorado Revilla en declaraciones a los medios en el Gobierno, después de que se cancelara el acto previsto con la prensa a la salida del centro sanitario de Astillero, debido a los abucheos por parte de una veintena de hosteleros que le increparon.
El presidente autonómico ha señalado que no siente dolor en el brazo, ni cansancio, ni cefaleas, tampoco dolores articulares o musculares, ni tiene fiebre.
Si aguanto 14 días espero no tener que ingresar en ningún hospital porque a mi edad el Covid no es igual que cuando lo gente joven», ha manifestado.
Revilla fue citado este martes a las 12 horas en el centro de salud de Astillero, municipio donde reside, al formar parte del colectivo de 70 a 79 años –tiene 78– del plan de vacunación, y ya ha sido citado para recibir la segunda dosis el 4 de mayo, aunque ha apuntado que con una dosis la vacuna ya es «en un 90 por ciento eficaz».
«Estaba deseando ponérmela», ha dicho Revilla, que ha recordado que tiene una actividad «muy variada todos los días» y lleva «muchos meses de un lado para otro», y aunque «guarda» las normas de seguridad, ha señalado que tiene «cierta edad» y «patologías».
El presidente regional se ha referido al 40 por ciento de las personas que estaban convocadas este lunes para vacunarse con AtraZeneca y no se la han puesto. «Me parece un error», ha opinado.
«Si hay una gran parte de la población que no se vacuna hemos conseguido poco», ha lamentado Revilla, que ha apelado al interés personal y a la solidaridad con los demás para vacunarse.
Asimismo, ha reiterado que la vacunación es «la única solución», los incidentes son «mínimos» y se han vacunado con AstraZeneca tanto los médicos como gran parte de la población de Reino Unido, incluida la ‘Reina madre’ y el primer ministro, «que a partir de la semana que viene va a hacer una vida normal».
En este sentido, ha apuntado que su solicitud de vacunarse con AtraZeneca, que fue denegada, era para «ejemplarizar» y ha afirmado que en caso de haberla recibido hubiese sentido «la misma tranquilidad» que con la administrada, cuya vacuna ha asegurado que desconoce.
«No es AtraZeneca porque me la han negado, en función del protocolo que dice ahora que es hasta 65 años», ha indicado el presidente, que ha asegurado que no ha preguntado cuál ha recibido, pero supone que sea Moderna o Pfizer.
Finamente, Revilla ha pedido al Gobierno central y a la Unión Europea «que nos manden vacunas» para no tener que ver gente «indignada» ni volver a cerrar durante 14 días los interiores de la hostelería, ha dicho.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya utilizado «la presentación de los fondos europeos» para hacer campaña y le ha exigido que se ocupe de España y no tanto de la candidatura en Madrid.
En declaraciones a los medios, en el Salón de Arte Moderno, la dirigente madrileña ha censurado que Sánchez esté «moviendo sus anuncios a conveniencia» para hacer campaña en un momento en el que «la economía está tan tocada y en el que los ciudadanos lo están pasando mal».
Además, ha sostenido que todos los anuncios que hace son «mentiras». En este punto, ha hecho hincapié en que «debe 413 millones de euros» a la autonomía, 359 que corresponden al IVA de 2017 y 54 de las entregas a cuenta de 2019.
Ha puesto en cuestión también la anunciada «subida de impuestos», lo que «espanta a la iniciativa privada y al capital que son clave» para la economía de Madrid. «Me gustaría que diera el mismo trato al resto de comunidades. Nosotros desde luego seguiremos defendiendo nuestra autonomía fiscal y nuestras políticas de bajada de impuestos para fomentar más empleo y más recuperación», ha subrayado.
Asimismo, ha criticado que les hayan «discriminado» en el reparto de los fondos RIAC cambiando «los criterios». En este sentido, ha recordado que a Madrid se le asignará un 12% de los mismos cuando aportan a la economía nacional un 19%. También ha censurado que se les haya perjudicado en las ayudas directas a las empresas por el mismo criterio».
Ayuso ha desgranado que también están «infradotados» en otras muchas cosas, como en Transporte donde «nada más llegar aparcaron el plan de Cercanías del anterior gobierno del PP» y en Dependencia donde están haciendo frente al 80% de la misma y no al 50%.
Además, ha denunciado «el daño que causó a la economía madrileña el paso de fases durante la primera ola», en el que el Gobierno dejó «a Madrid atrás solo por contentar a sus socios», y el estado de alarma que aplicó «contra» la región».
Los aeropuertos de la red de Aena que forman parte del programa ‘Airport Carbon Accreditation’ (ACA) avanzan en el compromiso de adelantar a 2026 la obtención de neutralidad en carbono, tras renovar su certificación ACA, un programa que permite, de manera voluntaria, evaluar y reconocer los esfuerzos de los aeropuertos para la gestión y reducción de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas a su actividad.
Los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat han ascendido del Nivel 2 al 3 «Optimización», lo que implica, además de tener un programa de gestión y reducción de emisiones, involucrar a las terceras partes y evaluar sus emisiones.
Asimismo, los aeropuertos César Manrique-Lanzarote, Málaga-Costa del Sol y el de Palma de Mallorca han renovado la certificación ‘Airport Carbon Accreditation’ Nivel 2 «Reducción»; mientras que el de Alicante-Elche, Menorca y Santiago-Rosalía de Castro, han renovado el Nivel 1 «Inventario».
En el marco de la estrategia de Aena para abordar el reto de la lucha contra el cambio climático, los aeropuertos acreditados en nivel 2 y en nivel 3 han realizado un Plan de Gestión del Carbono que consiste en la implementación de un conjunto de medidas para reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), optimizando tanto el consumo de energía en edificios e infraestructuras, como minimizando el consumo de combustibles fósiles.
Los ocho aeropuertos de Aena que se encuentran acreditados en este programa concentran el 70% de los pasajeros de la red. ‘Airport Carbon Accreditation’ es el único programa mundial de certificación de gestión del carbono para aeropuertos que cuenta con apoyo institucional.
Evalúa y reconoce de forma independiente a los aeropuertos que se encuentran en diferentes etapas de su camino hacia una gestión integral de sus emisiones de CO2 a través de seis niveles de certificación, que son «Inventario», «Reducción», «Optimización», «Neutralidad», «Transformación» y «Transición», los dos últimos de reciente creación en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
La neutralidad en carbono forma parte del principal objetivo estratégico incluido en el Plan de Acción Climática 2021-2030 de Aena, que incluye actuaciones para la mitigación de los efectos del cambio climático. Estas acciones permitirán a Aena alcanzar en 2026 la neutralidad en carbono y en el camino hacia la consecución del Net Zero en 2040, se obtendrá una reducción del 94% en 2030 de las emisiones por pasajero asociadas a las operaciones propias de Aena.
Todo ello, forma parte del compromiso de Aena de hacer frente a la emergencia climática, que debe abordar el sector de la aviación, no solo llevando a cabo actuaciones en los aeropuertos, sino trabajando de forma colaborativa con las aerolíneas y las empresas del sector para implementar soluciones innovadoras que nos permitan alcanzar una aviación más sostenible y libre de carbono.
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, ha considerado «imprescindible» abordar un plan económico y políticas concretas para el comercio en «estrecha» colaboración con las organizaciones empresariales más representativas del sector, al tiempo que ha reclamado ayudas directas a los subsectores más afectados por la crisis del Covid-19, tras unas pérdidas de facturación de 12.000 millones de euros y el cierre de cerca de 63.000 negocios.
En su comparecencia en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, Campo ha señalado que tras casi un año de cierres forzados de establecimientos, de «continuas y rigurosas» limitaciones en su actividad, «son muchas las empresas del sector que se encuentran en una situación muy vulnerable».
Según datos de CEC, el comercio minorista ha registrado en 2020 una caída de facturación acumulada sin precedentes (20%-25% de media), afectando de forma particular a los negocios ligados al equipamiento de la persona, que han registrado una caída que alcanza el 40%, así como aquellos ubicados en los territorios más dependientes del turismo.
«Los datos reales indican unas pérdidas de facturación de 12.000 millones de euros que ya ha provocado el cierre de cerca de 63.000 negocios. Un escenario que, según los principales servicios de estudios, seguirá empeorando debido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas», ha resaltado.
En términos de empleo, en 2020, el conjunto del comercio cerró el año con una caída de 94.000 afiliados respecto a 2019, una cifra que se espera se vea incrementada «notablemente» cuando finalicen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), según ha indicado Campo.
«El sector del comercio es una pieza estratégica en el desarrollo económico y social del país, y más allá de las medidas paliativas urgentes que esta pandemia requiere, es imprescindible abordar el ‘día después’, de modo que podamos afrontar las consecuencias que sin duda alguna producirá esta pandemia, en relación con la oferta comercial derivada de los cierres», ha señalado.
AMAZON:»TRABAJAR EN LAS MISMAS CONDICIONES Y PAGAR LOS MISMOS IMPUESTOS»
En este contexto, respecto a la grandes plataformas del comercio electrónico, entre ellas Amazon, el presidente de la CEC ha indicado que «no hay que tomar medidas contra nadie, siempre que todos trabajen en las mismas condiciones y paguen los mismos impuestos»
«El comercio de proximidad es el más rápido en dar el gérenro, cobra en el momento y no antes y cambia en el momento el producto», ha señalado Campo, quien ha señalado además que el embalaje de un producto en un comercio físico es 2,5 veces menos que el que se compra a través de la red.
No obstante, ha considerado «muy necesario» potenciar e incentivar la digitalización del sector, especialmente a la micropyme, para lo que ha propuesto la creación de las Oficinas Técnicas de apoyo digital al comercio local.
Por otro lado, durante su intervención, Campo ha resaltado que el impacto que sobre la actividad comercial tendría la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo podría ser «nefasto»
«Resulta una medida desproporcionada que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero y sus efectos en la lucha contra el fraude están en entredicho. En este sentido, en los pocos países dónde se ha implantado no ha funcionado. No hagamos experimentos en plena contracción del consumo», ha indicado.
Por otro lado, Campo ha indicado que, según un reciente estudio de la C4 de CEOE, los nuevos costes de origen regulatorio surgidos en los últimos años y que el sector comercial asume de manera directa ascienden a 1.475 millones al año, a los que deben añadirse 299 millones anuales que van contra el bolsillo del consumidor.
No se debe incrementar todavía más la presión impositiva y normativa sobre el sector, pues impacta directamente en la inversión empresarial, imprescindible para la recuperación de la economía que tenemos por delante», ha indicado.
Asimismo, ha considerado «imprescindible» una moratoria legislativa que no añada más complejidad a la ya «complicada» gestión en un periodo en el que está en juego la supervivencia de miles de comercios y teniendo en cuenta, según Campo, que un establecimiento comercial en España está afectado por más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales.
Respecto al Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia y en relación con las ayudas directas a autónomos y empresas, Campo ha afirmado no entender el criterio restrictivo basado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que «excluye un número importante de empresas en situación de gran vulnerabilidad», por lo que solicita que el único criterio aplicable para acceder a estas ayudas se base en criterios económicos y no por CNAE de comercio.
Por último, al tiempo que, por otrolado, ha considerado «imprescindible» que la cadena de valor del gran consumo tenga un acceso «prioritario» al plan de vacunación frente al Covid-19.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al Gobierno central al advertir que no son las comunidades autónomas las que «presionan» para abordar el fin del estado de alarma previsto para el próxmo 9 de mayo. «Quien presiona es el virus», ha advertido, para así reclamar «seguridad jurídica» para gestionar la pandemia.
De este modo ha respondido el mandatario gallego al ser preguntado al respecto, tras participar en el foro ‘Wake Up, Spain!’ organizado este martes en Madrid por ‘El Español’, un día después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo estatal, María Jesús Montero, advirtiese que la decisión se adoptará de acuerdo con expertos y no por «presión» de las autonomías.
Así, Feijóo ha dicho este viernes que las comunidades precisan «herramientas» de carácter legal para luchar contra una enfermedad que «sigue produciendo muertos y contagiados» al incrementar en los últimos días las incidencias tanto a siete como a 14 días.
En este contexto, y ante la previsión de que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma, el presidente de la Xunta ha recordado que «hace un año» pidió una ley para gestionar la pandemia, algo a lo que el Gobierno «se ha negado».
«La única fórmula que ha utilizado ha sido el estado de alarma», ha añadido, al tiempo que ha lamentado que esta sea ahora «la solución menos mala» para tener «un mínimo de garantías para tomar decisiones».
Sin esta herramienta, ha advertido, cada administración autonómica dependerá «de la ratificació o no» de las autoridades judiciales a la hora de imponer restricciones. Esto ya ocurrió durante el verano pasado, cuando varias comunidades acudieron a los respectivos tribunales para ratificar unas medidas que eran «similares», pero las sentencias fueron «no convergentes».
Así, en vista de la previsión de que en menos de un mes concluya el estado de alarma, el presidente gallego ha mostrado sus sospechas sobre el razonamiento político que hay detrás de esta decisión.
«Comprendo que los socios del Gobierno, en este momento que se está constituyendo el Gobierno catalán, igual no están por el ‘sí’ con el estado de alarma. Pero eso no tiene nada que ver con que no sean necesarias las herramientas jurídicas para gestionar», ha añadido.
Y es que, de acuerdo con sus previsiones de vacunación, el virus va a «seguir teniendo mucho impacto en la salud de la gente» y «por supuesto en la economía» por lo menos «hasta el mes de julio o agosto.
LEY GALLEGA DE SALUD
Aparte de todo ello, el presidente gallego ha afeado que «la respuesta» del Estado a la reforma de la ley gallega de salud –una norma que nació con el objetivo de gestionar la pandemia– fuese presentar un recurso de inconstitucionalidad.
«La cogobernanza a la que se refiere el Gobierno de España no se la cree nadie, porque si primero no te dan instrumentos y tú buscas un instrumento asesorado con expertos y con el visto bueno del Parlamento lo primero que hacen es denunciarte, no creo que sea razonable», ha proseguido.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha apoyado este martes una declaración impulsada por profesionales sanitarios, agencias públicas y organizaciones internacioneales para la liberación de patentes de las vacunas del coronavirus para hacer llegar las dosis a «todo el mundo».
«Es una cuestión de justicia y una cuestión de ética», ha reivindicado Colau en rueda de prensa junto al presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, y al epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla.
Colau se ha comprometido a trasladar esta petición al Gobierno y también, al ser enviada especial ante Naciones Unidas de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), ha reivindicado que ejercerá esta «capacidad de interlocución» para pedir esta liberación de patentes.
La alcaldesa también ha asegurado que esta declaración se discutirá en el pleno municipal y ha instado al resto de grupos a apoyarla: «Espero que haya un consenso unánime entre todos los grupos».
Los primeros firmantes de la declaración son la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Amnistia Internacional, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Medicus Mundi, Metges del Món, Metges Sense Fronteres y Oxfam Intermón, además de profesionales sanitarios.
DECLARACIÓN
En la declaración reclaman a las autoridades estatales y europeas que activen los mecanismos excepcionales previstos en la legislación internacional para que las industrias farmacéuticas que disponen de vacunas de probada eficacia liberen temporalmente las patentes.
De esta manera, se conseguirá una transferencia de conocimiento y producción con las que «acelerar al máximo la capacidad global de producción de las vacunas y, especialmente, tras las inversiones públicas multimillonarias concedidas».
Asimismo, piden que las negociaciones se lleven a cabo con «transparencia» y que los acuerdos establecidos entre los estados y las farmacéuticas, así como sus condiciones, se hagan públicos y se asegure, así, una cobertura global, siguiendo criterios de salud pública y empezando por los sanitarios y los colectivos más vulnerables.
«CUESTIÓN DE EFICACIA»
La alcaldesa de la capital catalana ha defendido que esta liberación de patentes es también una «cuestión de eficacia» de la estrategia de vacunación para inmunizar el máximo de personas ante una eventual mutación del virus que invalide las vacunas aprobadas actualmente.
«En una situación de pandemia como esta nadie estará seguro hasta que todos estén seguros», ha asegurado Trilla, que ha abogado, textualmente, por vacunar mucho y muy rápidamente con el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo a nivel mundial.
Nvidia ha anunciado este lunes en su evento GTC su primer procesador (CPU) para centros de datos, Grace, un equipo basado en ARM, compañía que adquirió el año pasado, y ha adelantado también que los procesadores para ordenadores portátiles con núcleos ARM recibirán tecnologías de su familia de tarjetas gráficas RTX.
Grace es el primer procesador para centros de datos de la compañía, y se llama así en honor a la programadora estadounidense Grace Hopper, pionera en programación informática.
El chip de Nvidia permite un rendimiento hasta diez veces superior en tareas de Inteligencia Artificial (IA) complejas y de alto rendimiento con respecto a los modelos actuales con arquitectura x86, como entrenar a modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) con hasta un billón de parámetros, según ha informado Nvidia en un comunicado.
Grace funciona junto a las unidades gráficas (GPU) de Nvidia y busca evitar los cuellos de botella en el entrenamiento de nuevos modelos de IA, cuyo número de parámetros se duplica cada dos meses y medio.
Entre los primeros que utilizarán el nuevo procesador de Nvidia se encuentran el Centro Suizo de Computación Científica (CSCS) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos (Estados Unidos), que contarán con nuevos superordenadores fabricados por HPE operativos en 2023, cuando se espera que esté disponible el chip.
El rendimiento de Grace se basa en el uso de la cuarta generación de la tecnología NVLink de Nvidia, que proporciona una banda ancha de 900 GB por segundo entre el procesador y la GPU, 30 veces más que las soluciones actuales.
El dispositivo emplea también el sistema de memoria RAM LPDDR5x, que duplica la banda ancha y mejora la eficiencia energética hasta en diez veces con respecto a la tecnología anterior. También incluye «coherencia de caché unificado» en un mismo espacio de memoria, lo que simplifica la programación.
TECNOLOGÍA RTX EN ORDENADORES ARM
Asimismo, Nvidia ha anunciado durante GTC que busca acercar las tecnologías gráficas presentes en su serie RTX a los ordenadores portátiles que funcionan procesadores basados en núcleos fabricados por ARM.
El acuerdo, que incluye al fabricante de procesadores MediaTek -que usa núcleos ARM en sus chips y es actualmente el primer vendedor de chips del mundo- busca «proporcionar ordenadores portátiles eficientes en el consumo de energía sin comprometer la capacidades multimedia», según ha explicado Nvidia.
La tecnología desarrollada por Nvidia y MediaTek se basa en el uso de una «plataforma de referencia» que dará soporte tanto a Chromium (para los ordenadores Chromebook con sistema Chrome OS-, como al sistema de código abierto Linux y los kits de desarrollo de ‘software’ (SDK) de Nvidia.
Nvidia ha anunciado también otras novedades relacionadas con ARM, entre las que destaca el uso de sus núcleos en su nueva plataforma de IA para vehículos con conducción autónoma Atlan, así como las nuevas unidades de procesamiento de datos (DPU) BlueField-3, con hasta 400 Gbps para centros de datos.
Abanca ha obtenido el certificado Residuo Cero de Aenor para sus sedes corporativas de A Coruña (Rúa Nova, 30) y Madrid (Recoletos, 4), tras superar la auditoría realizada por la entidad certificadora en estas instalaciones.
Este sello se concede a las organizaciones que integran en su estrategia medioambiental una apuesta clara por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.
Según informa Abanca en un comunicado, el certificado Residuo Cero pone el foco en los puntos de generación de residuos y contribuye al impulso de la economía circular, ya que se prioriza la reutilización y el reciclaje.
El director Región Atlántica de Aenor, Martín Pita, fue el encargado de entregar el certificado a la responsable del proyecto Residuo Cero dentro del área de Gestión y Mantenimiento de Inmuebles de Abanca, Paynima Rizo, y a la responsable del área de Sostenibilidad, María García, en un acto en la sede del banco en A Coruña.
Durante la entrega, Martín Pita destacó que «este certificado está en línea con las directrices de economía circular y ayuda al cumplimiento de los desarrollos normativos de Abanca por ser una entidad sostenible y desarrollar productos y servicios financieros sostenibles. «Esto es, que sus destinos son la reutilización, el reciclado o la valorización energética con recuperación de energía y no el depósito en vertedero».
El certificado refleja que el banco consigue volver a introducir en la cadena de valor el 95% de los residuos generados en estas dos sedes, por encima del 90% exigido para obtener este sello medioambiental, y que solo un 1,16% se envía a vertedero.
EXTENSIÓN A OTRAS SEDES
La obtención de la certificación Residuo Cero es el resultado de un proyecto puesto en marcha por el banco en septiembre de 2020 en el marco de suestrategia de sostenibilidad y de su política energética y ambiental, destaca Abanca.
Paynima Rizo explicó que «entre las medidas adoptadas por el banco dentro del proyecto Residuo Cero se encuentran la instalación de puntos de reciclaje, denominados Eco Corner, en cada una de las plantas de estas dos sedes corporativas para facilitar la segregación en origen de las diferentes facciones de residuos». A esto se une una campaña de concienciación entre los empleados.
María García subrayó que «en el éxito del proyecto ha sido clave la implicación de todos los profesionales usuarios de las instalaciones certificadas, que han demostrado el máximo compromiso a la hora de adaptarse a las nuevas medidas».
«Esta es la primera fase de un proyecto que se ha iniciado en las sedes de A Coruña y Madrid porque son las que concentran mayor número de personas, pero que se extenderá progresivamente a otros edificios corporativos y oficinas de la red comercial», valora.
Abanca es uno de los signatarios fundadores de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas y se ha adherido tanto al Compromiso Colectivo para la Acción Climática promovido por UNEP FI, la iniciativa financiera del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, como al Acuerdo por el Clima alcanzado por las principales entidades financieras españolas en la COP25 de Madrid.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a la acusada de matar a su cuñada en Torrelavega a 14 años y nueve meses de prisión por un delito consumado de asesinato por alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psíquica.
Además se condena a Pracelis Dominga Torres Valenzuela a inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y a la prohibición de aproximarse a menos de un kilómetro a la hija y al hermano de la víctima, a sus domicilios, sus lugares de trabajo o a cualquier otro lugar que frecuenten durante un periodo de 18 años.
También se le impone libertad vigilada de ocho años tras el cumplimiento de la pena de prisión y una indemnización de 60.000 euros a la hija de la víctima.
De este modo la Audiencia ha aplicado la pena de acordada por todas las partes -Fiscalía, defensa y acusación particular ejercida por la familia- en el juicio celebrado la semana pasada, después de que el jurado popular declarara culpable por unanimidad a la acusada de asesinar a puñaladas a su cuñada en Torrelavega y prender fuego después a la vivienda en la que convivían.
En la sentencia, la Sala parte de la «inexistencia de controversia» con relación a los hechos, ya que la acusada los reconoció parcialmente y su defensa mostró «plena conformidad» con los escritos de calificación de ambas acusaciones, sumándose todas las partes para solicitar las mismas penas.
Los nueve miembros del jurado estuvieron de acuerdo en su veredicto -que emitieron el pasado 9 de abril- en todos los hechos objeto de deliberación menos uno: el relacionado con el trastorno de la ya condenada, que está interna en la unidad penitenciaria de psiquiatría del Hospital Valdecilla.
En este punto, consideraron por mayoría -de seis miembros- que en el momento de los hechos, el 26 de julio de 2019, la inculpada padecía un trastorno psicótico y de la personalidad no especificados, con «rasgos inmaduros», que «mermó gravemente» pero no anuló sus facultades cognitivas y volitivas, es decir, su capacidad para conocer el alcance y trascendencia de sus actos y de actuar conforme a dicha compresión.
Este aspecto, a juicio de la Sala, implica la aplicación de la eximente incompleta de responsabilidad, al tener alterada ambas capacidades intelectivas y volitivas «gravemente mermadas»a consecuencia del trastorno que padecía.
ALEVOSÍA Y ENSAÑAMIENTO
Sin embargo, la magistrada considera que la mujer actuó con alevosía, ya que aprovechó que su cuñada estaba sola en su dormitorio para atacarla, de forma «sorpresiva e inesperada» y sabiendo que no tendría la posibilidad de defenderse.
Al respecto, el tribunal entendió probado que le dio golpes en la cara y el cuerpo, logrando tirarla boca arriba sobre la cama, acuchillándola así de manera reiterada y con una navaja de unos 22 centímetros de hoja en el rostro, tórax y abdomen, siendo mortales las que afectaron a órganos vitales como el corazón, los pulmones o la aorta.
Y también le causó múltiples cortes sen el cuello y lesiones en brazos y piernas, privando con este ataque a la víctima de «toda posibilidad de defenderse».
Para llegar a esta conclusión, la magistrada y los jurados se han basado en los informes forenses, que entendieron que la condenada -que estuvo cinco horas en el domicilio con la víctima- trató de decapitar y amputar partes del cuerpo, posiblemente con la intención de hacerlo desaparecer.
«Basta examinar el informe médico forense de autopsia, así como el resto de los informes emitidos por el instituto de toxicología a que el mismo se refiere, y atender a las detalladas explicacionesefectuadas en el acto del plenario por los peritos forenses, para concluir que la acusada necesariamente tuvo que atacar a su víctima de forma rápida e inesperada, logrando tras un pequeño forcejeo, derribar a la víctima boca arriba sobre su propia cama», recoge la sentencia, que destaca la «violencia y brutalidad» del ataque.
Basándose en los mismos análisis y en el veredicto, la juez señala también que hubo ensañamiento, teniendo en cuenta que cuando la agredida estaba ya casi sin vida y con escasa conciencia, su cuñada siguió apuñalándola -con cortes en el cuello y espalda-, con la intención de «aumentar de forma innecesaria el dolor». Y destaca igualmente que, tras el ataque, la mujer guardó el arma en la cocina e intentó prender fuego a la casa y al cuerpo sin vida.
«Esta magistrada, al igual que los miembros del jurado, entiende que quien obra así revela un singular desprecio a los sentimientos y a la dignidad humana del agredido», explica en la sentencia, que no es firme y contra la que puede interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia deCantabria.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este martes que se destinarán un total de 3.400 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía para apoyar al turismo, uno de los sectores más importantes de la economía nacional y uno de los más afectados durante la pandemia.
«El sector turístico en nuestro país es muy importante y no solo merece el apoyo, el respaldo de todas las administraciones públicas sino que también merece una inyección de recursos públicos para abordar una mayor competitividad durante los próximos años», ha manifestado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se han presentado las líneas básicas del Plan de Recuperación Económica que presentará en las próximas semanas a Bruselas para recibir los 140.000 millones de los fondos europeos.
El presidente, que calificó el plan como «el mayor esfuerzo de modernización que ha hecho España en los próximos años», aseguró que este supone una oportunidad que España «no va a dejar pasar».
El plan «el más ambicioso y trascendental de la historia económica de España» es, según Sánchez, una inversión «excepcional y única» que supone «el impulso más importante de nuestra historia en inversión pública»
Durante los próximos seis años España va a emprender un total de 212 medidas (110 inversiones y 102 reformas) de las cuales el presidente destacó una veintena de inversiones: la estrategia de movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, la modernización de las administraciones públicas, el plan de digitalización de las pymes, una nueva política industrial y nuevo plan de competencias digitales, entre otros.
«Se trata de aprovechar esta oportunidad que solo se da dos veces en la vida con reformas que han sido muchas veces aplazadas por desidia, falta de voluntad política o por el bloqueo que hemos sufrido en los últimos años», afirmó Sánchez
El presidente ha desgranado en qué se invertirá la primera parte de esos fondos: un 39% para transición ecológica, un 29% a transformación digital, un 10,5% de los recursos destinados a educación y formación y un 7% para I+D+I.
Tras informar en su comparecencia ante los medios, Sánchez presentará el plan este miércoles ante el pleno del Congreso, y será aprobado en una próxima reunión del Consejo de Ministros para ser enviado a Bruselas antes del 30 de abril.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha absuelto a un acusado de haber abusado sexualmente de una hijastra de 14 años en Pamplona. En su declaración judicial, la menor exculpó a su padrastro y relató que fue ella quien, estando él dormido y «borracho» en el sofá, se puso encima suya y mantuvo la relación sexual sin que el procesado se percatara, ha informado el TSJN.
En el juicio, celebrado el pasado 5 de marzo, el fiscal y la acusación particular solicitaron seis años de prisión para el inculpado por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años con la concurrencia de la atenuante de embriaguez. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.
A tenor de la prueba practicada, los magistrados consideran que no está probado que, en el mes de marzo de 2018, el procesado, «al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación», hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra.
Tanto su madre como su padrastro se enteraron de que la menor estaba embarazada el mismo día en que dio a luz, el 1 de diciembre de 2018, ha añadido el TSJN.
En el momento de su detención, el 13 de diciembre, el encausado prestó su consentimiento para la obtención de muestras de ADN. El informe del perfil genético realizado por el laboratorio de Nasertic determinó que la probabilidad de que sea el padre biológico del bebé es de 99,999999987%.
En la sentencia, que puede ser recurrida, el tribunal recoge el informe pericial forense, según el cual, «desde el punto de vista médico», no se puede descartar «la posibilidad fisiológica de tener una erección del pene en estado de impregnación alcohólica, en dosis moderadas de alcohol con cifras de alcoholemia medias (1,54 g/l de alcohol en sangre)». De modo que, según el informe forense, «el expresado nivel de alcoholemia no impide esta actividad/función fisiológica».
Los jueces indican que no pueden proclamar sin duda alguna que los hechos ocurrieran conforme a lo mantenido tanto por la fiscalía como por la acusación particular, ejercida por la madre. Respecto de esta última, señalan que se vio obligada a presentar denuncia contra su marido por parte de los responsables de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas como medida de protección de la menor y como requisito para implementar el programa especializado de intervención familiar.
En relación con la prueba practicada, el tribunal destaca que, desde su primera declaración, el inculpado «ha mantenido una versión constante y uniforme» acerca de los hechos imputados, que siempre negó.
Respecto de la menor, la Audiencia señala que, en la prueba preconstituida, a preguntas de la juez instructora, fue «incapaz de hacer una acción libre de lo sucedido y durante la declaración adoptó una postura corporal algo encogida y cerrada, mantuvo la cabeza y la mirada baja». «A las preguntas formuladas respondió de modo difícilmente audible y en forma muy breve, en muchas ocasiones solo con monosílabos de sí o no. No dio detalles. Ante preguntas concretas, recurrió a decir no sé o se adhirió a las respuestas proporcionadas por la juez y la perito psicóloga forense», describe el tribunal.
En cualquier caso, concluyen los magistrados, «valorando el contenido íntegro de las expresadas declaraciones, no es posible obtener los elementos» de convicción «que permitan considerar la realidad de una conducta penalmente relevante reprochable» al acusado.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha rechazado el cierre del campamento de migrantes de Las Raíces, tal y como han solicitado algunas administraciones públicas, partidos políticos y ONG, incluso el presidente canario, Ángel Victor Torres, y ha asegurado que las tensiones que se están viviendo en este espacio desde su apertura «se acabarán limando», como ha ocurrido en otros centros del archipiélago.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar, por quinta vez, este centro que, recordó, es un recurso de emergencia que se habilita para hacer frente a la acogida de migrantes que han llegado al archipiélago procedentes del continente africano y que ha surgido con carácter temporal», si bien admitió que el deseo del Gobierno pasa por tener más centros de menor capacidad.
Durante su visita dijo haber visto un campamento «organizado, con medios y gente especializada que hace un trabajo profesional y comprometido en la gestión del mismo; cerca de 280 profesionales que están haciendo todo lo mejor posible y mejorando cada día ese recurso», apostilló el delegado del Gobierno.
Anselmo Pestana pidió a quienes han criticado este espacio que le den una «oportunidad» para que siga mejorando y funcionando como ha sucedido en otros centros donde también se ha vivido «problemas iniciales» porque «hay que adecuar la convivencia de muchas personas, lo que da lugar a algunas tensiones que poco a poco se han ido limando y que también aquí, estoy seguro, se van a ir limando», reiteró el delegado.
Pestana hizo hincapié en que cuando se ha producido algún problema de convivencia se ha intentado resolver dentro del centro y cuando esto no ha sido posible, tal y como ocurrió hace una semana, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para «ayudar a resolverlo, rebajar la tensión y detener a los responsables».
Preguntado por un informe del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna donde se ponen en evidencia algunas deficiencias en Las Raíces, el delegado indicó que hay distintos informes en el mismo sentido y por eso se han ido mejorando las circunstancias del campamento. En esta línea, confía en que, igual que hubo problemas con la comida o el suministro de agua, todos estas deficiencias se vayan resolviendo.
En cualquier caso, ha insistido en que se trata de un centro de emergencia donde se intenta combinar protocolos covid con la necesidad de tener una cierta capacidad de alojamiento para que no se repita la situación que se vivió en el muelle de Arguineguín.
CAMPAMENTO IMPROVISADO.
Al finalizar su visita, el delegado del Gobierno ha recibido un escrito por parte de un grupo de migrantes en el que señalaban que ellos estaban colaborando con el funcionamiento del centro y haciendo lo posible por la convivencia de personas de cinco nacionalidades distintas que se encuentran acogidas, y en el que además criticaban el campamento improvisado que está fuera de las instalaciones.
En el escrito, solicitaban que las autoridades sanitarias acudieran a este lugar para ver las condiciones sanitarias y se quejaban de que en este espacio circulaba alcohol y se medicaba a la gente sin indicaciones médicas, lo que «alteraba la buena convivencia en el interior del centro. De hecho, Pestana apuntó que el altercado ocurrido el mates pasado, tal y como le han trasladado, se inició fuera del campamento de Las Raíces.
A este respecto, Anselmo Pestana comentó que, si bien este altercado terminó con la detención e ingreso en prisión de varios migrantes, el resto de intervinientes le han señalado que «hubo un abrazo final en el que las personas se pidieron disculpas e hicieron una especie de promesa de no volver a cometer ese error».
Por otro lado, destacó que hoy ha empezado el Ramadán y por ello se han tenido que adecuar los horarios y las comidas en el centro, dado que la mayoría de los migrantes acogidos son de religión musulmana. Además, resaltó que la gente estaba «muy tranquila», lo que, en su opinión, «es una buena señal».
El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que «no ha lugar a la admisión» de un recurso de casación interpuesto por un varón, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a cinco años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales sobre su nieta, cuando la misma contaba 11, 12 y 13 años de edad.
La sentencia del Supremo, emitida el pasado 11 de febrero, analiza el citado recurso de casación contra esta condena impuesta en diciembre de 2019 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
En dicha sentencia condenatoria, la Sección Séptima de la Audiencia declaraba probado que «entre el verano de 2011 y mediados de 2013», el acusado, abuelo de la menor, de 11, 12 y 13 años de edad a la fecha de los hechos, «realizó a la misma tocamientos en sus pechos, piernas y órganos genitales», precisando que «en julio de 2011», cuando la niña viajaba en coche «junto con sus padres, su hermano pequeño y el propio acusado; ocupando la menor el asiento trasero, estando en un lado su hermano y al otro el recurrente, éste aprovechó que estaba oscuro, pues era de noche, para tocar los pechos y la entrepierna» de la chica.
«A partir de aquí se sucedieron múltiples sucesos similares cuando la menor y su familia acudían entre semana a almorzar a casa de sus bisabuelos. Cuando terminaban de comer, mientras los adultos retiraban los platos y recogían la cocina, la menor iba a casa del acusado, que estaba enfrente, para así conectarse a Internet», ocasiones en las que «cuando la menor estaba sola en el dormitorio de su abuela, su abuelo entraba y comenzaba a realizarle tocamientos libidinosos, llegando incluso en ocasiones a tumbarla en la cama, echándose sobre ella, sujetándola con una mano mientras con otra le tocaba los senos por dentro de su ropa y también sus órganos genitales por fuera de su ropa interior».
ABUSOS «DOS VECES AL MES»
«Estos hechos ocurrieron aproximadamente dos veces al mes», zanja la sentencia inicial condenatoria, que impone al abuelo de la víctima cinco año años de cárcel, cinco años de prohibición de acercarse a la menor y otros cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.
En su recurso de apelación, el condenado alegaba que en el juicio del que emana la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia, «no se practicó prueba de cargo bastante para ser condenado, pues la misma se basó en la declaración plenaria de la víctima y en ella no concurrieron los requisitos jurisprudencialmente exigidos».
Así, señalaba entre otros aspectos la supuesta «falta del requisito de la persistencia en la incriminación, pues la víctima declaró ante los agentes que cuando les contó a sus padres los hechos fue en diciembre de 2013, mientras que en su exploración manifestó que se lo contó a su madre el mismo día del viaje en coche» en 2011.
«LA DISCREPANCIA DE LAS FECHAS»
No obstante, el Supremo indica que la Audiencia consideró que respecto a «la discrepancia advertida en relación con las fechas, siendo real tal divergencia, la misma era irrelevante pues no afectaba al núcleo de los hechos denunciados y, de otro lado, era explicable en la medida en que la víctima, ante los agentes actuantes, no quería perjudicar a su madre, pues esta no denunció los hechos cuando se los contó, sino que lo hizo en el año 2013, después de que se lo recomendasen los Servicios Sociales».
A tal efecto, indica que la Audiencia sostiene que «pese a que la declaración plenaria era menos descriptiva, la víctima mantuvo idéntica versión en cuanto a los lugares en que los hechos ocurrieron, la forma de abordarla por parte del acusado y las partes de su cuerpo en que aquel le tocó», toda vez que «esa parquedad descriptiva evidenciada en el acto del juicio tenía su origen tanto en el nerviosismo evidenciado, como en su clara intención de no perjudicar a su familia».
«La denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe ser inadmitida, pues se constata en el juicio se practicó prueba de cargo bastante y que el tribunal la valoró de forma racional y motivada, lo que le permitió concluir de forma lógica que el recurrente realizó los hechos por los que fue condenado en la forma descrita, sin que tal conclusión pueda ser considerada como ilógica o irracional y, por tanto, sin que pueda ser objeto de tacha», concluye el Supremo, que resuelve que «no ha lugar a la admisión» del recurso de casación formulado por el condenado.
