En el marco de la celebración del Consejo de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se debatirá la suspensión temporal de las patentes de las vacunas de la Covid-19, Salud por Derecho denuncia que las medidas propuestas por la Unión Europea (UE) en este sentido son «claramente insuficientes».
«La UE ha presentado un nuevo texto que contempla medidas claramente insuficientes para aumentar la producción y distribución de vacunas y demuestra una firme posición europea para impedir el consenso y obstaculizar la negociación del texto definitivo sobre la iniciativa de India y Sudáfrica, que vuelve a retrasarse», expresan desde Salud por Derecho.
Tras meses de deliberaciones y retrasos en la decisión sobre la suspensión temporal de patentes de las vacunas y otros productos de la Covid-19, la próxima reunión del Consejo de los ADPIC, que tendrá lugar este martes y este miércoles en la OMC, estaba destinada a ser en la que se comenzase a negociar un texto definitivo, especialmente tras el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa presentada en octubre de 2020 por India y Sudáfrica.
«Sin embargo, la Comisión Europea ha presentado una alternativa a esta propuesta, lo que supone una nueva traba en la negociación y una muestra más de la postura alejada que tiene el bloque europeo con la suspensión temporal de las patentes, pese a los repetidos compromisos de la presidenta de la CE, Ursula Von Der Layen, reconociendo a las vacunas como un bien público global», lamentan desde Salud por Derecho.
En este sentido, añaden que la nueva propuesta de la UE reconoce la necesidad de «acelerar la producción» y se asienta en tres pilares. En primer lugar, la Comisión propone «limitar la aplicación de barreras a la exportación» de las vacunas y de otros productos contra la Covid-19, y anima a los países productores a exportar una parte justa de su producción doméstica. «Lo cierto es que, pese a eliminar estas barreras que existen a la exportación, esta propuesta no ataja el verdadero problema que es, como la propia UE reconoce, una enorme y urgente falta de dosis y de producción a nivel global», advierte la directora de Salud por Derecho, Vanessa López.
En segundo lugar, la UE insta a los gobiernos a alentar e incentivar «enérgicamente» a los laboratorios farmacéuticos para que amplíen la producción y «garanticen un suministro adecuado y asequible de vacunas a los países bajos y medios durante la pandemia». Entre las propuestas, Europa señala el intercambio de conocimiento (‘know how’), precios escalonados según la renta de los países o animar a las compañías a alcanzar acuerdos de licencias voluntarias.
«Estas fórmulas llevan existiendo décadas y, pese a ello, estamos en la situación en la que estamos. La mayoría de los acuerdos alcanzados sobre licencias voluntarias, por ejemplo, son muy restringidos a una parte del proceso, es decir, nunca se comparte ‘la receta’ total ni existe un intercambio de conocimiento completo», señala López. «En un contexto tan excepcional como el actual, propuestas tan limitadas suponen graves restricciones en el tiempo y en la forma para una producción efectiva y rápida como la que necesitamos», sentencia.
Salud por Derecho recuerda que estos acuerdos se pueden limitar a producir solo para una zona geográfica concreta. «Además, al ser entre entidades privadas, no son transparentes y, por tanto, no podemos conocer sus términos», señalan desde dicha entidad. De este modo, son las empresas propietarias de la propiedad intelectual las que escogen con quién realizan estos acuerdos, descartando empresas si así lo desean. «En los últimos meses, hemos conocido a través de distintas informaciones publicadas que son ya varias las compañías que han querido llegar a acuerdos voluntarios con varias farmacéuticas sin haber recibido respuesta», puntualizan desde Salud por Derecho.
Por último, la UE recuerda en su propuesta la posibilidad de hacer uso de las licencias obligatorias, ya recogidas en los ADPIC. «Las licencias obligatorias hay que solicitarlas producto por producto y país por país. Este procedimiento dilataría mucho los plazos, mientras que la propuesta de India y Sudáfrica es un planteamiento mucho más amplio y su aprobación abarcaría todas las tecnologías para hacer frente a la Covid-19», recuerda López. «Además, la propuesta de la UE se centra en las patentes, pero no explica cómo van a abordar otros aspectos de la propiedad intelectual que son cruciales para producir las vacunas, como los secretos comerciales».
Por todo ello, para Salud por Derecho, la propuesta de la UE supone «un nuevo retraso en la negociación de un texto definitivo y necesario en el seno de la OMC y demuestra la falta de voluntad del bloque europeo para negociar la mejor solución a los problemas de producción y a la enorme escasez de dosis». En este sentido, añaden que «las propuestas que va a llevar a la OMC no suponen, en ningún caso, una mejora significativa ni soluciones reales para la magnitud de esta pandemia».
Los últimos datos publicados sobre la vacunación a nivel global advierten de que, de los 2120 millones de dosis de vacunas de la Covid-19 administradas en todo el mundo, solo el 0,3 por ciento se han puesto en países de bajos ingresos. Según la alianza People’s Vaccine, al ritmo actual de vacunación en estos países, con 63.000 personas al día, estos tardarían 57 años en alcanzar el mismo nivel de protección que los siete países más ricos.
En los días previos a la reunión de la OMC se siguen sumando apoyos a la suspensión de patentes, y son ya 106 países a favor (63 miembros de la OMC). «Sin embargo, una decena de miembros siguen trabando la negociación y retrasando el consenso necesario para adoptar la medida», señalan desde Salud por Derecho. El listado lo forman, además de la UE, Reino Unido, Australia, Japón, Singapur, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Noruega y Suiza.
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
España, por su parte, ha demostrado una actitud favorable en las últimas semanas, reconociendo la necesidad de eliminar las barreras que suponen la propiedad intelectual para garantizar el acceso justo y equitativo a las vacunas, y siendo el primer país que, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha puesto a disposición de todos los países una tecnología (test serológicos de la Covid-19 con una eficacia del 99%) en C-TAP, la iniciativa solidaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aumentar la producción y facilitar el acceso rápido, igualitario y asequible a los productos sanitarios contra la Covid-19.
«La posición del Gobierno de España es positiva y ahora debe ejercer la presión necesaria para dar la vuelta a la postura de la UE y conseguir el apoyo a la propuesta de la exención temporal de patentes, no solo sobre las vacunas, sino sobre todas las tecnologías y medicamentos de la Covid-19. España debe participar activamente en el proceso de negociación en el seno de la OMC», concluye Vanessa López.
