La plataforma Somescola ha convocado una movilización el próximo sábado 18 de diciembre por la mañana en el Arco de Triunfo de Barcelona contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que ratificó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán.

En una rueda de prensa este lunes, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en nombre de la plataforma que aúna a 54 entidades, ha explicado que el acto pretende "dejar bien claro al Estado español que el modelo de escuela catalana no solo genera un gran consenso sino que moviliza".

Ha explicado que la movilización será "festiva, lúdica pero sobre todo reivindicativa" ya que tendrá lugar frente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), quien emitió la sentencia que fijaba un 25 por ciento para todo el sistema educativo catalán que, después, el TS reafirmó.

Cuixart, que ha citado el apoyo ciudadano y político que recibe la inmersión lingüística, ha dicho que las decisiones judiciales que fijan porcentajes "saben qué atacan: es un modelo de cohesión social, de país, de vertebración de una sociedad a la que el hecho migratorio le es estructural, por lo que es un motivo de autoestima colectiva".

A su vez, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo, ha considerado que las sentencias suponen un "nuevo intento de agresión al modelo de escuela catalana y a su enfoque pedagógico, que es de cohesión y consenso".

"INTRUSIÓN DE LOS TRIBUNALES"

"Es intolerable esta intrusión de los tribunales para regular un modelo y la política educativa del país, la pedagogía y lo que hacemos en las aulas día a día", ha enfatizado.

La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha lamentado los "argumentos falsos y peligrosos de instrumentalización de la lengua", pero ha expuesto que no debe generar miedo porque el 82% de los catalanes está a favor de la inmersión.

Ha afeado que la sentencia no es "un hecho aislado: los continuos ataques políticos y judiciales contra la lengua catalana y la educación en catalán responden a una voluntad de minorizar la lengua catalana en todos sus usos sociales".

Cuixart ha avanzado que habrá más acciones "prolongadas en el tiempo" y que el plan de movilizaciones contra las sentencias del 25% irá mucho más allá de este 18 de diciembre --en sus palabras--, y Gargallo ha afirmado que Somescola seguirá trabajando, ya sea con movilizaciones, acciones en los centros o apoyando a los docentes.

Unidas Podemos pretende llevar su proposición de ley de regulación de ley del cannabis en el primer semestre del año que viene, dado que la tendencia a su legalización es "imparable", como denota el compromiso adquirido por el nuevo gobierno alemán, y terminar con la "criminalización" del consumo propio.

De esta forma, el espacio confederal quiere que el PSOE acceda a la toma en consideración de esta propuesta y cambie su rechazo a legislar el cannabis, pues ya votó en contra de la propuesta de Más País. Un llamamiento que ya ha transmitido en público durante unas jornadas en el Congreso dedicadas a la regularización.

La diputada e impulsora de la iniciativa legislativa de Unidas Podemos, Lucía Muñoz Dalda, ha indicado que existe una respuesta social "clara" a favor de la regularización que busca revertir el enfoque "prohibicionista", limitar su consumo al ámbito privado y espacios habilitados, además de permitir el autoconsumo de forma restringida.

Al respecto, Muñoz ha emplazado al PSOE, como ya ha hecho el portavoz del grupo parlamentario Pablo Echenique, a convertir esa mayoría social que apoya el uso recreativo del cannabis en parlamentaria.

LOS BENEFICIOS SON "INAPELABLES"

Máxime, ha argumentado, cuando ya dejó a un lado su vertiente "negacionista" y accedió a debatir sobre una posible legislación para el uso medicinal de la sustancia a propuesta del PNV, que tiene una posición "razonable" sobre este fenómeno.

Muñoz Dalda ha recalcado que su formación será respetuosa con los trabajos de esta subcomisión y con los tiempos parlamentarios "para no mezclar debates", dado que el uso sanitario tiene un encaje jurídico "más complicado". No obstante, ha reafirmado que las bondades de permitir el uso recreativo y sanitario son "inapelables".

Eso sí, al tener un cupo limitado de iniciativas, el grupo parlamentario estima que el debate en sede parlamentaria debe volver a retomarse durante el primer semestre del año, al que quieren acompañar con la elaboración de un estudio económico pormenorizado del efecto que tendría esta medida.

De esta forma, ha estimado que ya será beneficioso el ahorro para el Estado de las partidas para perseguir el tráfico de marihuana o hachís, además de aflorar una recaudación de unos 3.000 millones de euros. Asimismo, el espacio confederal estima que saldrán unos 8.000 millones de euros anuales que ahora se despliegan en la economía sumergida y se podrán generar unos 100.000 empleos, que pueden repercutir sobre todo a la 'España vaciada', zonas en las que se quieren desplegar incentivos para la producción y consumo.

REGULAR NO ES LIBERALIZAR

La promotora de la proposición de ley ha destacado que regular no significa liberalizar sino que precisamente restringe el consumo para hacerlo "responsable" y potenciar, además, la prevención sobre el uso del cannabis es la población menor de edad.

Una de las principales pretensiones es regular las asociaciones para definir de forma pormenorizada aquellas sin ánimo de lucro y las que tienen un fin empresarial, con un sistema de licencias que evitará la acumulación de permisos y fomentará movimientos "muy innovadores" como las cooperativas de productores.

"NO REGULAR ES TIEMPO PERDIDO"

La proposición de Unidas Podemos está inspirada en la regulación de Uruguay y el impulsor de esta normativa en el país iberoamericano, Augusto Vitale, ha reivindicado la supervisión mediante el sector público, dado que el expresidente Pepe Mujica tenía claro que no habría legalización sin control.

"El modelo de Uruguay buscó aplicar una política basada en la evidencia", ha relatado para defender que, una vez se desplegó la regulación, se ha conseguir apartar a muchas personas de un uso indebido de la sustancia, teniendo claro que su consumo no debía perjudicar a terceros.

De esta forma, ha advertido de que no regular supone "perder un tiempo precioso" y ha contrapuesto que en su país el mercado negro se ha pegado un "batacazo", con una ley que se centra en la convivencia y en la salud pública.

"EL PATERNALISMO DEL ESTADO NO SE SOSTINE"

El portavoz de la plataforma por una regulación responsable del cannabis, Bernardo Soriano, ha reivindicado la legalización "integradora" que redunda en más control del consumo y "todo el ciclo de acceso" mediante un sistema de licencias "honesto", dado que el "paternalismo" del Estado hacia cuatro millones de consumidores "no se sostiene".

A su vez, ha negado que el cannabis tenga una relación causa-efecto con problemas de salud mental, dado que es una evidencia que hay una "multicausalidad" y ya está clasificada la sustancia como de "valor medicional y poca peligrosidad".

En cuanto al impacto económico, Soriano ve difícil extrapolar datos de forma objetiva pero ha comentado que el estado estadounidense de Colorado presenta una recaudación positiva para la administración, que ha aumentado de forma exponencial sin generar más consumo.

Algo que se explica por la transición desde el mercado negro a la legalización. Unos recursos que, de aprobarse esta ley irán a sanidad, educación y en los objetivos de la Agenda 2030 principalmente.

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado que el pasaporte Covid volverá a ser obligatorio en el interior de la restauración, gimnasios, centros de deporte y residencias a partir de la madrugada del jueves al viernes en Cataluña.

Lo ha dicho este lunes por la tarde en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat tras la reunión de la comisión delegada en materia de Covid-19 del Govern.

El Ejecutivo catalán decidió suspender la aplicación de dicho certificado el viernes pasado ante el colapso de la web por el incremento de solicitudes de descarga.

Así, el conseller ha emplazado a la ciudadanía a aprovechar el margen de días hasta su entrada en vigor para descargarlo y ha explicado que desde el Govern lanzarán una campaña de comunicación sobre cómo guardar el documento en el móvil.

Ha aclarado que incluirán una novedad respecto a la anterior resolución: el certificado pasará a ser obligatorio a partir de los 13 años en vez de los 12 --edad a partir de la cual está aprobada la vacunación en España-- y ha dicho que "no habrá ningún problema" con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para recibir el aval judicial.

El conseller ha subrayado que esta "no es una medida para estimular la vacunación", sino que la finalidad de aplicar el pasaporte Covid en estos ámbitos es ver si ayuda a controlar la pandemia y evita que el Govern tenga que impulsar nuevas restricciones de aforos y horarios, entre otras.

Al ser preguntado por posibles nuevas medidas, Argimon ha asegurado que no hay nuevas restricciones encima de la mesa, pero ha recalcado que los responsables del control de la pandemia van "día a día" y ha descartado hacer predicciones.

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado que se están estudiando los casos de dos personas que han dado positivo en Covid-19 con un test de antígenos rápido en el Aeropuerto de Barcelona procedentes de Sudáfrica y, por lo tanto, son dos casos sospechosos que pueden corresponderse con la variante ómicron del coronavirus.

Lo ha dicho este lunes por la tarde en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat tras la reunión de la comisión delegada en materia de Covid-19 del Govern, en la que ha concretado que las muestras ya se encuentran en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para su secuenciación y el martes tendrán los resultados.

Argimon ha pedido "paciencia" porque, a su parecer, todavía falta evidencia científica relacionada con esta nueva variante del virus, como si puede tener mas transmisibilidad que otras cepas o si escapa más el efecto protector de las vacunas y, por lo tanto, hay más probabilidad de reinfección entre vacunados.

Al ser preguntado por si estas personas harán un aislamiento especial, el conseller ha sostenido que harán cuarentena al haber dado positivo en Covid-19 pero el protocolo que aplicarán desde Salud será el "de siempre" y ha abogado por secuenciar y cribar del mismo modo que en variante anteriores.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes por la tarde el primer caso de paciente positivo en España con Covid-19 infectado con la variante ómicron.

La variante B.1.1.529 fue identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y Argimon aseguraba esta mañana que, tras detectar su presencia en países europeos, la previsión era que llegara a Catalunya en los próximos días.

El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, ha reconocido este lunes que el Gobierno no está de acuerdo "con lo que vive Venezuela" como lo demuestra el hecho de que no reconoce las elecciones en que fue reelegido Nicolás Maduro en 2018 ni las últimas legislativas de 2020.

Fernández Trigo ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para responder a preguntas formuladas al Gobierno por el PP en relación con Iberoamérica, incluido el estatus que se le confiere al líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 y reivindica ser el presidente legítimo del país.

En este sentido, el secretario de Estado se ha remitido a las declaraciones sobre estas cuestiones aprobadas a nivel europeo que consideraron que las elecciones de 2018 y 2020 "no cumplieron los estándares internacionales" y por tanto no reconoció sus resultados.

Por lo que se refiere a Guaidó, las declaraciones de la UE le reconocen a él y al resto de parlamentarios surgidos de las elecciones de 2015 "una legitimidad política particular, una especial relevancia como interlocutores políticos" puesto que se considera que esas fue la última vez que los venezolanos "se expresaron libremente en las urnas".

"Nosotros no estamos de acuerdo con lo que vive Venezuela", ha respondido en el turno de dúplica al senador del PP Antonio Alarcó, recordando que "no hemos reconocido a ese presidente" ni a su Parlamento pero sin responderle ante las críticas de este a la presencia frecuente del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

En cuanto a las elecciones regionales y municipales del domingo, ha remitido a las declaraciones que hijo el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las que señaló que no se habían dado las condiciones y respaldando el informe preliminar de la misión de observación de la UE.

Asimismo, Fernández Trigo, que fue encargado de negocios en Venezuela hasta su nombramiento el pasado mes de julio, ha reconocido lo difícil que fue para él "vivir y ejercer la función de jefe de misión" en esas circunstancias, asegurando que tenía que hacer "encaje de bolillos" para poder resolver los problemas de los españoles y defender los intereses de España.

NIEGA TRATO DE FAVOR A PLUS ULTRA

En este sentido, el secretario de Estado se ha defendido de las críticas de supuesto trato de favor por parte del Gobierno hacia la aerolínea Plus Ultra al haber solicitado retirar una nota verbal en la que se pedía a las autoridades venezolanas que autorizaran vuelos humanitarios de Iberia y Air Europa.

Así, ha detallado pormenorizadamente todas las gestiones realizadas, empezando por la petición el 23 de febrero de que se permitieran normalizar las conexiones aéreas con España tras hacer lo propio con otros países. A falta de respuesta, la Embajada cursó una nota verbal el 3 de marzo pidiendo autorización para dos vuelos humanitarios de Iberia (25 y 26 de marzo) y otros dos de Air Europa (15 y 16 de abril).

Dichos vuelos, ha explicado, iban a ser los últimos de los hasta 40 vuelos especiales organizados desde la Embajada a partir de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia para ayudar a salir a españoles que habían quedado varados.

Sin embargo, y por sorpresa, a mediados de marzo las autoridades venezolanas "autorizaron unilateralmente seis vuelos a Plus Ultra", el primero de los cuales se produciría el 24 de mayo.

Ante esta decisión, la Embajada solicitó el 19 de marzo que se anulase la nota verbal del 3 de marzo pidiendo autorización para vuelos humanitarios porque Iberia renunciaba a ello ya que consideraba que "no tenía sentido" si Plus Ultra iba a volar un día antes.

Además, ese mismo día, ha proseguido en su relato, se solicitó igualmente mediante nota verbal "igualdad de trato para todas las compañías españolas interesadas en la ruta Madrid-Caracas", una petición que reiteró la entonces secretaria de Estado para Iberoamérica, Cristina Gallach, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante su visita a Venezulea del 28 al 30 de marzo.

Desde entonces, ha defendido Fernández Trigo, se han cursado hasta finales de agosto otras nueve notas verbales pidiendo "trato de igualdad a Iberia y Air Europa", negando así inacción por parte del Gobierno en este asunto o trato de favor hacia Plus Ultra.

CARACAS AUTORIZA A VOLAR A IBERIA Y AIR EUROPA

Finalmente, ha anunciado, el Gobierno venezolano acaba de autorizar cuatro vuelos a las tres aerolíneas --cuatro de ida y otros tantos de vuelta-- entre el 12 de noviembre y el 12 de enero.

El secretario de Estado ha lamentado que se haya producido la prolongada interrupción en los vuelos directos y ha celebrado que se haya conseguido, "después de toda la insistencia, que Plus Ultra ya no tenga esa situación de privilegio sino que todos, en régimen de igualdad, tienen derecho a cuatro vuelos". "Lamento que no lo hayamos podido conseguir antes", ha asegurado.

El abogado valenciano Curro Nicolau ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la doctrina que el Tribunal Constitucional fijó con su sentencia sobre el segundo estado de alarma y declare nulo un decreto de la Generalitat de la Comunidad Valenciana por el que se impusieron medidas de restricción por la covid-19.

En un escrito remitido este mismo lunes, el letrado ha solicitado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que admita la sentencia del tribunal de garantías de 27 de octubre y proceda a declarar la nulidad de pleno derecho del Decreto 2/2021 de 24 de enero.

En concreto, el abogado ha impugnado texto por el que se limitaba la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorrogaba la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunidad Valenciana y se limitaba, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y salida de los municipios y grupos municipales con población superior a 50.000 habitantes.

Ha insistido en que dicho Decreto fue dictado al amparo de una norma que fue declarada nula e inconstitucional por el tribunal de garantías, en referencia al Real Decreto 926/2020 por el que se dictó el segundo estado de alarma. De ahí que, a su juicio, procede directamente declarar igualmente su nulidad.

Nicolau ha subrayado que de la resolución del Constitucional "se infiere que el presidente de la Generalitat Valenciana carecía de un título habilitante para dictar la norma impugnada en el presente proceso, siendo motivo suficiente para decretar la nulidad de pleno derecho del propio Decreto".

RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El abogado ha defendido que si el Gobierno de la Generalitat Valenciana quería imponer restricciones de derechos fundamentales para evitar la propagación del virus "debería haber acudido al mecanismo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA)".

Así, ha reprochado el hecho de que el presidente de la Generalitat asumiera como válida legalmente y constitucional su condición de "autoridad competente delegada", y sin recurrir al citado mecanismo del artículo 10.8 LJCA, decidió "imponer sin más la restricción de derechos fundamentales".

Nicolau ha asegurado que no tiene intención de "valorar" si dicha restricción era o no "adecuada y proporcional", algo que a su juicio "no es objeto de debate al ser nulo de pleno derecho el Decreto por falta de competencia y por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido y adecuado para la imposición de medidas restrictivas de derechos fundamentales".

NO "VENGAN A MAREAR LA PERDÍZ"

En este sentido, el letrado espera que ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía de la Generalitat Valenciana "vengan a marear la perdiz" con la "idoneidad, proporcionalidad o adecuación de las medidas adoptadas en pro del interés general". "Esta parte como ya ha manifestado en centenares de ocasiones no cuestiona el derecho a la vida frente a otros bienes o derechos en conflicto", ha añadido.

Nicolau ha destacado en su escrito que "sufrió en su propio cuerpo el virus SARSCoV2 y estuvo a punto de morir", por lo que, según ha dicho, "entiende perfectamente la necesidad de adoptar medidas para la protección de la salud pública, para evitar la expansión del virus y evitar el colapso del sistema sanitario". Así, ha insistido en que "no es este el debate".

El abogado ha defendido que si las medidas de salud pública deben adoptarse porque así lo dicen los expertos, deben aplicarse "al amparo de la jurisprudencia y del marco legal". "Resulta palmario y notorio que en el presente caso el presidente de la Generalitat Valenciana no respetó el marco legal y dio por válido el contenido del RD 926/2020, que ha resultado ser inconstitucional", ha señalado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado, sobre los españoles que se encuentran en países africanos donde ha proliferado la variante ómicron, que no tiene "noticia de que ninguno de ellos sea positivo".

"No tengo información al respecto en ese sentido", ha añadido el ministro en una entrevista en La Sexta, al ser preguntado acerca de si se ha detectado algún caso positivo de la variante B.1.1.529 en españoles que se encuentran en países del continente africano.

El titular de Exteriores ha explicado que desde ayer se ha puesto en marcha un "mapeo" para "saber dónde están los españoles en los países de África austral cuyos vuelos están siendo afectados hacia Europa".

"En países como Sudáfrica donde hay compañías aéreas europeas que siguen aceptando pasajeros del espacio Schengen para volver a Europa, les estamos ayudando a transferirles a esos vuelos cuando no tenían billetes para esos vuelos", ha detallado.

Por el contrario, en los países en los que no hay vuelos hacia Europa, el ministro ha asegurado que van a fletar un avión para repatriar a los españoles que se encuentren allí. "El mensaje es muy claro, ningún español se va a quedar varado en ningún país del mundo donde se vea afectado por esa suspensión de vuelos. Donde sea imposible fletaremos un avión", ha hecho hincapié.

Asimismo, ha detallado que la mayoría de españoles que se encuentran en esta situación "no están registrados en los consulados" al ser viajeros.

Sobre el primer caso de la variante sudafricana confirmado en la Comunidad de Madrid, el ministro ha señalado que no lo puede confirmar: "Conozco lo que he visto por la prensa", ha añadido, al tiempo que ha aseverado poder garantizar que "el Gobierno de España está tomando todas las medidas, no ahora con esta variante, sino desde el inicio del covid para hacer frente a cualquier eventualidad".

Por último, ha asegurado que "los controles en los aeropuertos son muy estrictos" y ha pedido a los españoles que vuelvan a España que cumplan los protocolos sanitarios de manera estricta y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

PRIMER CASO EN MADRID

La Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes el primer caso de paciente positivo en la región con Covid-19 infectado con la variante ómicron, el primero también en España.

La variante B.1.1.529, a la que se le presupone mayor transmisibilidad, fue identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y desde entonces ha llegado a países de Europa como Bélgica o Holanda, así como a Hong Kong o Israel.

Se trata de un varón de 51 años que regresó de Sudáfrica el pasado 28 de noviembre con una escala en Ámsterdam (Países Bajos). El positivo fue detectado mediante un cribado con test de antígenos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El paciente se encuentra con síntomas leves y en aislamiento guardando cuarentena. La Dirección General de Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos del vuelo que aterrizó en Madrid procedente de la capital holandesa.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha registrado hasta el momento 33 casos confirmados de la variante ómicron de la Covid-19 en ocho países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (UE/EEE), concretamente en Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, se ha mostrado de acuerdo con la medida incluida por el Senado en el texto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de ampliar la legislación española a todas las violencias sobre la mujer modificando la actual Ley de Violencia de Género, y no aprobando leyes específicas aparte sobre las mismas, como reclamó el Congreso.

"Nosotros estamos de acuerdo en que se modifique el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004", ha explicado Carmona, para añadir que esta situación permitiría a los juzgados especializados atender a todas las víctimas de violencia contra la mujer.

Aún así, ha explicado que, de ser así, habría que "ampliar la planta judicial" o bien "reconvertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género", porque sino, sería "inviable" asumir todos los casos.

Carmona se ha expresado así durante su comparecencia, este lunes, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Senado, en donde ha hecho un análisis de cómo este acuerdo ha cambiado la situación de la Justicia en torno a esta materia.

FORMACIÓN DE LOS ACTORES

En su intervención ha felicitado a la comisión por el "magnífico" texto redactado en la Cámara alta que, según ha explicado, por su buena esquematización ha sido "didáctico" para los órganos judiciales. También destaca que se han incluido las peticiones que el CGPJ hizo en su momento, muchas de las cuales, según ha apuntado, son "ya una realidad", mientras que otras "quedan por implementar" por necesitar "modificaciones legislativas".

Sobre los pasos dados desde el CGPJ, Carmona ha señalado que están "en fase" de especializar a todos los partidos judiciales y, también, haciendo un "esfuerzo" en materia de formación para que los jueces y magistrados se formen, no solo en "el temario de la oposición", sino también "en la escuela judicial" y de forma "continua" durante la profesión.

En este sentido, ha recordado que todos los jueces que trabajan en juzgados especializados en violencia de género están "obligados" a tener esta formación y que la comisión permanente del CGPJ ha aprobado que esto se extienda a otras especialidades. Carmona ha defendido esta medida señalando que, desde el Consejo entienden que "para dictar una sentencia justa se debe tener perspectiva de género".

En esta misma línea, ha destacado la labor de formación desde el órgano judicial para operadores jurídicos, sanitarios, AMPAs, profesores, responsables de recursos humanos o sindicales y otros actores con competencia en la materia con los que colaboran.

AVANZAR EN RECHAZO SOCIAL

También ha destacado las guías de buenas prácticas que realiza el CGPG para "homogeneizar" los criterios interpretativas y que "no haya víctimas de primera y segunda" dependiendo del territorio. Se trata, según ha indicado, de informar sobre "protocolos" de actuación en relación a la declaración de las víctimas, de los menores: criterios, lugar, información que hay que dar o el tiempo que hay que dedicar, entre otras cuestiones.

Pero, por otra parte, se ha referido a las carencias que aún se pueden observar a través de los informes trimestrales y anuales que el Observatorio que preside realiza sobre este tema. En este sentido, ha denunciado que para las mujeres que sufren esta lacra en localidades con menos de 100.000 o 50.000 habitantes "es imposible pedir ayuda" o que las denuncias por parte de familiares y amigos de a víctima aún supone solo un 1%.

Carmina ha señalado este "silencio" social como uno de los retos pendientes de la sociedad, así como el "rechazo total y absoluto al maltratador". En este sentido, ha lamentado que aún se esté dejando la denuncia "en manos" de la mujer maltratada.

En materia de violencia sexual, ha indicado que el 68% de las sentencias analizadas corresponden a delitos contra menores de edad y que del 31% que se comete contra adultos, el 97,7% tiene como víctimas a las mujeres.

DESTERRANDO MITOS

Carmona también ha "desterrado" algunos "mitos" sobre esta lacra señalando que los datos de asesinatos por violencia demuestran que "no hay un perfil" de mujer maltratada. Así ha indicado que la más joven en ser asesinada por su pareja fue una niña de 13 años en 2012 y la mayor de 95 años.

Del mismo modo, ha indicado que el 66,4% de los agresores son españoles, aunque ha reconocido que los extranjeros están "sobrerrepresentados" en las estadísticas y que "la mujer extranjera es especialmente vulnerable" en esta materia.

También ha destacado la maternidad como otra vulnerabilidad, dados los casos de asesinatos de menores contabilizados por violencia de género desde 2013: 47. Además, ha indicado que en las denuncias estudiadas por el CGPJ, el 13% de los menores huérfanos han sido testigos directos de la muerte de su madre.

Al respecto, ha celebrado la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ante la Violencia y las medidas de protección que incluye para los menores frente al maltratador. Carmona ha reconocido que, al ponerse en marcha el pasado agosto, aún no hay datos sobre la aplicación de las nuevas medidas pero se ha mostrado convencida de que va a suponer "una mayor protección de estos niños".

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid votará este martes, durante la sesión ordinaria de noviembre, si dedica una de sus calles a la escritora Almudena Grandes, fallecida este pasado sábado a los 61 años, si la nombra Hija Predilecta de la capital y si se renombra el Paseo de Coches de El Retiro en memoria de la escritora.

Serán tres proposiciones de urgencia las que se voten en la sesión. Por un lado, el PSOE solicitará que una calle y el Paseo de Coches del Retiro lleven el nombre de la autora de 'Los aires difíciles'. Más Madrid solicitará también que se dé su nombre a una calle, mientras que Recupera Madrid quiere que, además de una calle, Grandes sea Hija Predilecta de Madrid.

Nacida en Madrid en 1960, Grandes se dio a conocer en el año 1989 gracias a 'Las edades de Lulú', una obra que ganó el Premio de novela erótica Sonrisa Vertical y que la catapultó a la fama. Con obras como 'El corazón helado' o 'Malena es un nombre de tango' recibió el aplauso unánime de crítica y público. Madrid ha sido testigo y protagonista de todas sus historias, también de sus 'Episodios de una guerra interminable'.

PRIMERO, LA SESIÓN DE CONTROL

En esta jornada, el Pleno arrancará con la sesión de control. Así, el alcalde comparecerá a partir de las 9.15 horas para dar cuenta "del estado de cumplimiento de sus programa electoral así como de la previsión de ejecución del mismo".

A continuación se abre el turno de preguntas. Javier Ortega Smith (Vox) requerirá al regidor sobre "los acuerdos alcanzados con los exconcejales de Grupo Mixto". También desde Vox se preguntará por las terrazas de hostelería en la ciudad. La portavoz del PSOE, Mar Espinar preguntará sobre el estado de limpieza de la capital, y la concejala Emilia Martínez sobre el cumplimiento de los acuerdos del Pleno en materia de Igualdad y violencia de género.

Hasta 22 iniciativas componen el apartado propositivo del Pleno de la ciudad. Vox buscará apoyos para que el Ayuntamiento de Madrid "promueva y difunda con carácter permanente el conocimiento de los principios esenciales de la Constitución Española entre los madrileños en general con la edición de ejemplares suficientes y entre los más jóvenes en particular, a través de un cómic".

PRADO 30, EL FRANQUISMO Y LAS TERRAZAS

Prado 30, el edificio que estuvo okupado por La Ingobernable volverá a Cibeles de la mano de Recupera Madrid, que pedirá que se inicien los trámites necesarios para realizar una cesión parcial del edificio a la Consejería de Sanidad para que pueda implantar allí un centro de salud.

También desde Recupera Madrid se solicitará que el Pleno "condene de manera clara y taxativa" el régimen franquista, "así como cualquier tipo de homenaje a la figura del dictador Francisco Franco".

Desde la bancada popular se presentará una proposición para que el Pleno muestre su apoyo a los profesionales de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desarrollan su trabajo en España, con especial mención, en nuestra ciudad, a la Policía Municipal. Junto a Ciudadanos, el PP presentará una batería de medidas con motivo de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La sesión se celebra la víspera del 1 de diciembre, día de la lucha contra el VIH/Sida. Por ello, el PSOE presentará una propuesta, a través del edil Ramón Silva, con la que se quiere que el Ayuntamiento de la capital refuerce los mecanismos contra este virus.

De nuevo las terrazas de hostelería tendrá hueco en el Pleno de Cibeles. Más Madrid pedirá que se retire el proyecto de Modificación de la ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración y que se cree una mesa de negociación en la que estén presentes los grupos políticos y los diferentes sectores afectados.

Este mismo Grupo buscará apoyos para crear en 2022 un nuevo centro que dé atención a las mujeres víctimas de violencia sexual así como transformar el eje de entrada a la ciudad por la A42 y Santa María de la Cabeza, entre la M-40 y Atocha, "en un verdadero paseo y de reducir la contaminación".

Andalucía registra este lunes 29 un total de 883 contagios de coronavirus en 48 horas, más que los del sábado (877) y que los del lunes pasado (782), y contabiliza un nuevo fallecido, misma cifra que el sábado.

Así lo ha informado en declaraciones a la prensa el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha precisado que la incidencia en 14 días aumenta 4,5 puntos en 48 horas y se encuentra en 99,5 casos por cada 100.000 habitantes, superior también a los 71,1 del mismo día de la semana pasada. Es el dato más alto desde el 13 de septiembre (102,2).

Los 883 casos de este lunes y domingo se notifican tras los 741 del sábado, los 1.045 del viernes, los 983 del jueves, los 783 del miércoles, los 425 del martes y los 782 del lunes y domingo pasado.

Aguirre ha señalado que "hay disparidad" sobre el aumento de la incidencia y su proporcionalidad con la presión asistencial, lo cual es "el punto importante de cara a abordar lo que está pasando".

Así pues, ha afirmado que "la incidencia aumenta sobre todo en personas vacunadas que sufren como cualquiera de nosotros la infección, pero la evolución clínica no es tan malévola como antes".

Con respecto a los datos provincializados, Sevilla es la provincia que más positivos contabiliza con 200, seguida de Málaga con 159, Cádiz con 116, Jaén con 96, Almería con 85, Huelva con 80, Córdoba con 75 y Granada con 72.

Esta jornada se registra un fallecido en la provincia de Málaga.

LAS UCI SUBEN EN NUEVE EN 48 HORAS

La región registra una bajada de diez hospitalizados por Covid-19 respecto al sábado para situarse en un total de 255, lo que supone un aumento de 47 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) suben en nueve hasta 57, 16 más que la semana pasada.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 79 y 19 pacientes UCI, seguida de Sevilla con 41 y ocho en UCI, Jaén con 26 y cuatro en UCI, Almería con 25 y diez en UCI, Huelva con 24 y tres en UCI, Córdoba con 22 y seis en UCI, Cádiz con 20 y cuatro en UCI, y Granada con 18 y tres en UCI.

De acuerdo con los datos del comunicado diario de la Consejería de Salud y Familias sobre la situación del Covid-19 en la comunidad, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 822.003 casos confirmados --883 más en 48 horas-- y ha alcanzado las 11.401 muertos --uno más--. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.832, 15 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.327 --dos más-- y el número de curados es de 801.935, después de añadirse 324.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.401 fallecidos desde el inicio de la pandemia --uno más en 48 horas--, Sevilla con 2.338 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 2.009 --uno más--, Granada con 1.885, Cádiz con 1.622, Jaén con 1.092, Córdoba con 1.096, Almería con 936 y Huelva con 423.

CERCA DE 900 NUEVOS CASOS EN 48 HORAS

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 822.003 desde el inicio de la pandemia --883 más--, liderados por Sevilla con 179.503 --200 más--, seguida de Málaga con 159.051 --159 más--, Cádiz con 114.500 --116 más--, Granada con 110.156 --72 más--, Córdoba con 74.369 --75 más--, Almería con 72.113 --85 más--, Jaén con 65.236 --96 más-- y Huelva con 47.075 --80 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 57.832 --15 más--, con Sevilla a la cabeza con 13.046, seguida de Málaga con 10.685 --seis más--, Granada con 9.247, Cádiz con 6.734 --menos cuatro por ajuste en el recuento-- Córdoba con 5.408 --dos más--, Jaén con 5.271 --tres más--, Almería con 5.411 --tres más-- y Huelva con 2.906 --dos más--.

De ellos, 6.327 personas han pasado por la UCI en Andalucía --dos más en 48 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.266, seguida de Granada con 1.180, Málaga con 1.031 --dos más--, Almería con 780, Cádiz con 689, Córdoba con 665, Jaén con 496 y Huelva con 220.

La cifra de curados alcanza los 801.935 en toda la región, 324 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 174.623 --32 más--, seguida de Málaga con 155.781 --82 más--, Cádiz con 111.262 --29 más--, Granada con 107.964 --14 más--, Córdoba con 72.305 --96 más--, Almería con 70.436 --12 más--, Jaén con 63.924 --21 más-- y Huelva con 45.640 --38 más--.

LA INCIDENCIA, SUPERIOR A 50 EN TODAS LAS PROVINCIAS

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 99,6 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Córdoba a la cabeza con 131,8. Detrás se sitúan Huelva con 130; Almería con 112,9; Málaga con 11,3, Sevilla con 96,7, Jaén con 88,5, Cádiz con 87,9 y Granada con 52.5.

MÁS DE 4.000 CASOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS

Atendiendo a los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 8.358 casos en los últimos 14 días con una tasa de 98,74 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional de 199,02, y 4.355 en los últimos siete días con una tasa de 51,45, inferior a la nacional de 113,82.

El Gobierno contabiliza 304 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 1,71% de camas, inferior a la media nacional, situada en el 3,05%, y 63 en UCI, que registran una ocupación del 3,40% de las camas, inferior también a la media nacional del 7,33%. Además, registra 64 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 30 altas.

Alianza Verde, el partid ecologista de Unidas Podemos, ha reclamado "coherencia" al Gobierno con sus compromisos climáticos y, en consecuencia, que "deje de financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero".

El coordinador federal de Alianza Verde y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha registrado este lunes una pregunta parlamentaria en la que pide explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica por un reciente informe de las organizaciones Oil Change International y Overseas Development Institute, de los países de la iniciativa Export Finance for Future (E3F), en el que se indica que España es el mayor proveedor de financiación de combustibles fósiles en el extranjero.

En ese informe se detalla que esos países destinaron 19.000 millones de euros en financiar exportaciones para proyectos de combustibles fósiles en el extranjero entre 2018 y 2020, una cifra significativamente mayor que su apoyo a los proyectos de energía limpia (16.500 millones de euros). Y, entre ellos, España ocupa el primer puesto en este ránking, pues ha sido el mayor proveedor, con 6.200 millones de euros.

INCOHERENTE CON LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Según recuerda López de Uralde, estos países miembros de E3F (formada por España, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) se unieron durante la COP26 a un compromiso de 39 países e instituciones para poner fin a la financiación pública internacional del petróleo, el gas y el carbón sin restricciones para finales de 2022 y, en su lugar, dar prioridad a la financiación pública de las energías limpias, por lo que ahora "deberían poner fin a la financiación de combustibles fósiles en el extranjero de manera inmediata".

"Financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero no es coherente con los compromisos climáticos fijados en la ley de cambio climático española, y con los adquiridos en la COP26 por la UE y por el Gobierno de España", subraya.

En concreto, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos ha pedido una fecha al Ministerio del ramo en la que tenga previsto poner fin a estas inversiones, ya que "no tiene ningún sentido que España, con una ley de cambio climático pionera y con un liderazgo sólido en políticas climáticas, esté a la cabeza de las inversiones extranjeras en combustibles fósiles".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza este miércoles un viaje oficial a Egipto, acompañado de destacados empresarios españoles, con el objetivo prioritario de reforzar las relaciones bilaterales, en el marco del Mediterráneo, y buscar nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas, según fuentes gubernamentales. Será la primera visita de un presidente español desde 2009.

El jefe del Ejecutivo tenía previsto realizar este viaje en el mes de agosto, en una gira africana que también le iba a llevar a Kenia, pero la crisis que se generó en Afganistán tras la salida de las tropas estadounidenses y la llegada al poder de los talibán llevó a Moncloa a posponer el viaje.

Ahora Sánchez lo retoma, aunque solo su primera parada de Egipto, en un momento en el que se está viviendo un preocupante repunte de la incidencia del coronavirus, y el surgimiento de la nueva cepa ómicron, con mayor afectación en los países del sur de África.

No obstante, fuentes de Moncloa llaman a la calma y garantizan que el viaje del presidente y su delegación --en este caso, sin ningún ministro-- se va a realizar con todas las garantías de seguridad sanitaria. De momento, las nuevas restricciones a la llegada de viajeros están afectando a los países africanos del sur, donde se han registrado más casos.

ACTOR CLAVE EN ÁFRICA, ORIENTE PRÓXIMO Y EL MEDITERRÁNEO

Es más, el Gobierno defiende que era "absolutamente prioritario" retomar cuanto antes este viaje, para reforzar la relación bilateral del que consideran que es un "actor muy relevante" y una "potencia regional" en África, Oriente Próximo y el Mediterráneo. A este respecto, el Ejecutivo ve a Egipto como un socio estratégico para la estabilidad del norte de África y la orilla sur del Mediterráneo.

Eso sí, el viaje tendrá un marcado enfoque empresarial, que se justifica por el importante peso demográfico, la destacada industria cultural y cinematográfica y las "enormes posibilidades para las empresas españolas" que presenta, según las fuentes consultadas. De ahí que Sánchez vaya a viajar al país acompañado por una delegación de empresarios españoles de sectores como el energético, tecnológico, infraestructuras o defensa.

España es el cuarto proveedor de Egipto en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y Francia, y el tercero como destino de sus exportaciones, según datos de Moncloa. Aunque en los últimos meses se ha producido un aumento progresivo de la relaciones en el plano económico, el Gobierno considera que "todavía están por debajo de su potencial".

La primera cita del viaje será precisamente un foro empresarial, que tendrá lugar a primera hora del miércoles. Después, Sánchez mantendrá un encuentro con el presidente, Abdelfatá al Sisi, y ambos realizarán posteriormente una declaración institucional ante los medios de comunicación.

INVERSIONES E INDUSTRIA CULTURAL

A continuación, Sánchez se verá con el primer ministro, Mostafá Madbuli, y juntos firmarán los cuatro acuerdos previstos para reforzar la relación hispano-egipcia: uno sobre cultura; otro sobre juventud y deporte; y en el plano del impulso de las inversiones, la renovación del protocolo financiero de 2008 --con un incrementado del techo de inversión--, por un lado; y por otro, una declaración para poner en marcha el Consejo Económico y Empresarial entre España y Egipto.

Asimismo, el presidente aprovechará su presencia en Egipto para reunirse con el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Ahmed Aboul Gheit, al que el Gobierno considera un actor muy importante desde el punto de vista geopolítico.

Antes de regresar a España, el presidente visitará la planta potabilizadora de agua de Abu Rawash construida por FCC Aqualia, como ejemplo de uno de los "megaproyectos" impulsados en Egipto por empresas españolas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hay una "nueva amenaza de prevaricación" de la Generalitat de Cataluña con la "aquiescencia" del Gobierno tras solicitar el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a los centros educativos que no cambiaran su proyecto lingüístico tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reafirmaba la obligación de un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano.

"El independentismo tiene ahora más fuerza que nunca en el Congreso de los Diputados y existe una nueva amenaza de prevaricación del Gobierno de Cataluña con la aquiescencia del Gobierno de no cumplir la sentencia", ha alertado durante la entrega del Premio Sociedad Civil 2021, a título póstumo, al profesor Juergen Donges.

Ayuso ha consideraso que la situación social y política de España está "discurriendo por derroteros preocupantes y cada vez a una velocidad mayor".

Al hilo, ha recordado que Juerguen "llamaba la atención de algunos miembros del Gobierno para imponer una ideología en tiempo de crisis" y ha afirmado que esto "se ve" cuando no ha habido herramientas legales para afectar la pandemia, con los parlamentos prácticamente cerrados y "sin embargo, entre otras muchas reformas se ha visto introducida la Ley de Memoria Histórica".

La presidenta también ha cargado contra los últimos pactos del Ejecutivo central con "el brazo político de ETA o los independentistas" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Reivindicamos la necesidad de preservar la unidad nacional, la lealtad institucional, la solidaridad y la convivencia como un objetivo común", ha incidido la presidenta, quien ha advertido que "frente a todo lo anterior" en la región se defenderá "siempre la libertad" y la Constitución española y que "sea quien sea quien los ataque va a tener que recibir contestación" de la Puerta del Sol, ya sea en "materia fiscal, educativa, cultural o política".

Sobre la figura de Donges ha destacado que permitió avanzar hacia el mercado único o que formó parte del Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, conocido como 'los cinco sabios'. Un país que pasó de ser "el enfermo de Europa" a ser su "motor económico".

Asimismo, recordó que el catedrático fue "uno de los pocos" que defendió que no había que confinar Madrid porque ello llevaría al "borde del colapso" a la economía española.

"Esto lo hizo en los peores momento de la pandemia. Eso también fue gracias a que nosotros decidimos vivir a la madrileña (...) Para defender un modo de entender la vida. Cinco siglos de capitalidad, cinco siglos de no ser de nadie para ser de todos. Cinco siglos de unión cultural, de mestizado", ha expuesto la presidenta, quien se ha preguntado también "cuántas empresas en España no han cerrado por lo que se ha recaudado en Madrid" y "cuántos gobiernos no han seguido en la deriva autoritaria en la que se había metido en la pandemia gracias al ejemplo de Madrid".

Jurgen Donges nació en Sevilla en 1940 y falleció en Colonia el 25 de junio de 2021. En la universidad de esta ciudad alemana fue profesor emérito de economía política.

El segundo juicio al expresidente de la Generalitat Quim Torra se celebrará el 17 de marzo de 2022 en el Juzgado Penal 6 de Barcelona, según una diligencia consultada en la que la jueza ha fijado el juicio para las 9.30 horas de ese jueves.

En esta causa, Torra está acusado de no retirar, en septiembre de 2019, una pancarta en la fachada de la Generalitat que pedía la libertad de los presos del 1-O.

La causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano, por la que el TSJC ordenó retirar la pancarta de manera cautelar, dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d'Esquadra que la quitaran.

Una vez expirado el plazo que había fijado el tribunal, y cuando los Mossos ya tenían la orden de retirar la pancarta, dos operarios la quitaron del balcón de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo.

Unas horas más tarde, la Generalitat colgó otra pancarta con el texto 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.

En una causa anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó 18 meses a Torra por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.

DEFENSA

Tras conocerse la fecha de juicio, la oficina de expresidente de Torra ha defendido en un comunicado que los actos políticos del presidente y los miembros del Govern "están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, así como amparados por la libertad de expresión y de representación política".

Su defensa también sostiene que la pancarta era una manifestación del derecho a la libertad de expresión y "quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos".

Ven en la acusación de una "interpretación jurídica expansiva" del delito de desobediencia y la tachan de ser una extralimitación y arbitraria.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que impulse una Ley de Pandemias que evite la "desgobernanza" y se ha preguntado cómo pueden seguir sin ese marco jurídico casi dos años después del comienzo del coronavirus.

Pastor, que ha participado en el Foro ABC Salud bajo el título 'La sanidad española de la próxima década, sus retos, desafíos y oportunidades', ha defendido que "los ciudadanos tienen derecho a tener todos el mismo trato" y ha puesto como ejemplo que, si se pide el pasaporte Covid en una comunidad autónoma, "que se pida en todo el territorio".

"¿Cómo podemos seguir así después de casi dos años?", se ha preguntado, para criticar que no haya pasaporte vacunal y sí 17 maneras distintas de luchar contra un solo virus en esta sexta ola que está llegando y en la que, a su juicio, están "prácticamente igual que en la primera".

Pastor ha denunciado que es "negligente bloquear la Ley de Pandemias, solo por que lo reclame la oposición", y ha insistido en que "hay capacidad de diálogo y entendimiento porque hay que pensar en el futuro".

En su opinión, es inasumible que los tribunales de cada CCAA digan cada día lo que hay que hacer. "Estamos en diciembre, han pasado casi dos años y seguimos igual", ha abundado la exministra de Sanidad con Mariano Rajoy.

PRIMRE CASO DE LA VARIANTE ÓMICRON EN ESPAÑA

Pastor ha reclamado criterios científicos para aplicar restricciones ya que, a su juicio, el Ejecutivo se ha rodeado exclusivamente de criterios políticos. "Gobernar unpaís no es tener 17 modelos para un solo virus", ha enfatizado, para añadir que en la actual situación las comunidades "se buscan la vida como pueden".

Ana Pastor ha realizado estas declaraciones antes de conocerse que la Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de paciente positivo en la región con Covid-19 infectado con la variante ómicron. El Servicio de Microbiología del Hospital público General Gregorio Marañón ha secuenciado y confirmado este caso, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Se trata de un varón de 51 años que regresó de Sudáfrica el pasado 28 de noviembre con una escala en Ámsterdam.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha descartado este lunes 29 de noviembre que se produzca un traslado de piezas de museos nacionales a los lugares de origen de las obras, ya que "no se trata de alterar las colecciones, sino de encontrar colaboración".

"No hay previsión de traslado de obras pero sí hay previsión y compromiso de todas las administraciones de que todo sea de todos. Lo que aquí se expone es patrimonio de todos, accesible para todos y también los museos que tienen sede en Madrid tienen que cumplir con esa vocación", ha apuntado el ministro durante su visita al Museo Arqueológico de Sevilla.

"Tenemos una discusión muy curiosa sobre esta cuestión. Que existan museos nacionales es bueno y que las colecciones nacionales mantengan su identidad es bueno", ha señalado Iceta, tras recordar que en España hay 80 museos nacionales y de ellos 64 han sido transferidos a las comunidades autónomas.

"Queremos aprovechar la digitalización para esa mejor conexión, pero realmente los museos, hay que reconocerlo, no dejan de ser un lugar un poco artificial. Ninguna de las piezas que se exponen en ellos nació en ellos pero nos permiten tener una visión global", ha añadido.

Las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico, pendientes desde la década de los noventa, arrancan a finales de 2022, a lo más tardar principios de 2023, tras una inversión del Ministerio de Cultura y Deporte que superará los 20 millones de euros, de los cuales un millón está ya consignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, para que, en el plazo de tres años, puedan estar terminadas y permitir la reapertura al público del inmueble en 2026.

Por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico tiene prevista una inversión de 3,5 millones entre 2019 y 2022, con la que costear el traslado de piezas al Centro Logístico de Patrimonio Cultural de San José de la Rinconada (Sevilla), con 4.000 metros cuadrados; la adecuación de este espacio como almacén y la preparación del "mini arqueológico" que se habilitará en una sala de Santa Inés con su correspondiente plan museográfico, que prevé la instalación de pantallas en las que proyectar la evolución de las obras en el inmueble del Parque de María Luisa.

"Esto es ya una realidad. Este edificio es una auténtica maravilla que vamos a recuperar integrándolo en el parque y en la luz de Sevilla para hacerlo un Museo del siglo XXI", ha subrayado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, tras la visita cursada este lunes al Museo (antiguo Pabellón de las Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana del 29, obra de Aníbal González) con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, para conocer de primera mano el proyecto de intervención, firmado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que ganó el concurso en 2009.

Las 700.000 referencias con las que cuenta el museo estarán embaladas por completo en la primavera de 2022 de forma que, a partir de septiembre, pudieran empezar los trabajos en sí de obra. Ya se ha embalado el 92% de las piezas y un 20% está ya en el Centro Logístico del Patrimonio Cultural, han aclarado desde la Consejería de Cultura de Andalucía.

Quedan aún cinco grandes estatuarias, entre ellas la de Diana, y, en estos momentos, se están extrayendo y preparando los grandes paños de mosaicos, una tarea esta última que la está ejecutando el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) con un presupuesto de 300.000 euros.

En declaraciones a los medios, Iceta ha saludado la rehabilitación prevista ya que con ella se van a quitar "elementos que sucesivas reformas han ido modificando" la concepción original del edificio. "El Museo va a beneficiarse de esa luz que se va a recuperar para que las colecciones luzcan más", ha señalado el ministro, que ha reconocido, igualmente, que las administraciones tienen que pedir "disculpas porque este proyecto se ha demorado en exceso".

"Hoy, lo que queremos es celebrar el arranque del proyecto con fuerza. Sevilla va a ganar, el Parque de María Luisa va a ganar y le vamos a dar mayor fuerza a las colecciones albergadas en este Museo", ha abundado Iceta. Del Pozo ha confirmado que, tras la reapertura, el Arqueológico incorporará "colecciones maravillosas que han ido apareciendo" en los últimos años, como el ajuar de Montelirio.

Las actuaciones previstas más destacadas consistirán en el "rescate" del espacio del óvalo central como acceso y vestíbulo principal del Museo; la construcción de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones en el exterior del edificio que constará de dos volúmenes simétricos que alojarán una escalera y un ascensor accesible; la sustitución del lucernario existente en la sala oval por otro elemento de control solar; la incorporación de dos pasarelas curvadas en el nivel superior que conectarán las dos alas del edificio, la sustitución de los forjados existentes en las plantas baja y alta, la integración de las logias en el edificio con sistemas de atenuación y control de luz natural, y la recuperación del semisótano.

"La mudanza de este Museo pasará a la historia como uno de los grandes hitos, como un ejemplo de precisión y rigor", se ha mostrado orgullosa la consejera de Cultura, que, "de la mano" del ministro Iceta, ha subrayado la "colaboración y máxima lealtad institucional" en torno al proyecto de Vázquez Consuegra. Para Iceta, la rehabilitación planteada busca "realzar" el material, haciéndolo con "delicadeza y cariño".

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y sus 54 Bancos de Alimentos asociados han recaudado un total de 15,7 millones de euros en la Gran Recogida de Alimentos 2021, según los primeros resultados provisionales --del 19 al 28 de noviembre--, 12,3 millones menos que en la primera semana de la Gran Recogida de 2020, una disminución que atribuyen a la disminución del poder adquisitivo de la población española en el último año marcado por la pandemia de la Covid-19 o la subida de la luz.

El tesosrero de FESBAL, Gregorio Pérez, ha explicado que este dinero recaudado puede transformarse en unos 19 millones de kilos de alimentos y ha invitado a seguir colaborando porque la campaña de recogida seguirá abierta en la web 'www.granrecogidadealimentos.org', hasta el próximo 19 de diciembre.

"Ha inicidido negativamente el poder adquisitivo de las familias. Si la luz el año pasado costaba 20 euros, este año 200 y pico, el gasolil, el año pasado, 101 euros y este año, 150,40 euros, todo va incidiendo. También vean la conflictividad laboral que hay en España, eso redunda porque la gente tiene miedo. ¿Por qué durante la pandemia la ciudadanía ha ahorrado más? Por previsión por lo que podía pasar. Ahora como venga otra ola tenemos que estar preparados", ha valorado Gregorio Pérez.

En concreto, de los 15,7 millones de euros recaudados, según los datos provisionales hasta el 28 de noviembre, 12,5 millones de euros se han recogido en las cajas de los supermercados, donde los clientes podían donar 1, 2, 3 euros o la cantidad deseada; 2,4 millones de forma online; y 750.000 euros en bonificaciones. El objetivo es llegar a 21 millones de euros al cierre de la campaña.

El tesorero de FESBAL ha asegurado que la cantidad recaudada es una "cifra importante" pero "no suficiente" para atender a las más de 1,5 millones de personas que necesitan su ayuda, de las cuales más de 300.000 son niños y niñas de 0 a 15 años.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado al PSOE que apoye con sus diputados la regulación del cannabis en España y transformar la "mayoría social" que aboga por legislar su consumo en parlamentaria.

También ha reivindicado que el cultivo y la industria asociada al cáñamo puede ser un factor de desarrollo en las regiones de la denominada 'España vaciada', apostando por desplegar incentivos a su producción en estas zonas.

En el marco de las jornadas 'Unidas por la regulación integral del cannabis', organizadas por el grupo confederal en el Congreso, Echenique se ha dirigido "con todo el respeto" a su socio de coalición para que ayude a "arreglar esta importante ruptura de la democracia representativa" en esta materia.

"Sólo falta el PSOE para configurar en el Congreso la mayoría parlamentaria que ahí afuera ya es mayoría social. Si los 120 escaños del PSOE votan como piensan la mayoría de sus votantes, tenemos una mayoría de 195 escaños para regular el cannabis. Estoy seguro de que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a su homólogo alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, le puede dar muchos argumentos de por qué esto es una muy buena idea", ha lanzado ante el auditorio para destacar la decisión del "país más grande de la Unión Europea" va a seguir los pasos Urugua y Canadá para legalizar esta sustancia.

PIDE A SU SOCIO QUE NO RECHACE SU PROPUESTA, COMO HIZO CON MÁS PAÍS

En octubre la formación registró una proposición de ley de regulación del cannabis para revertir el enfoque "prohibicionista" y limitar su consumo al ámbito privados y espacios habilitados en la ley. Además, se establecen 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo o el máximo de 10 gramos de consumo al día.

Por ello y tras el voto en contra del PSOE a la iniciativa que ya impulsó Más País, Echenique ha aconsejado a los socialistas que accedan a legalizar esta sustancia, dado que la mitad de los españoles ya están a favor.

EL CIS ARROJA CONFIRMA EL APOYO MAYORITARIO

Al respecto, ha subrayado que el sondeo elaborado en abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que el 49,7% de los encuestados manifestó estar a favor de una regulación integral, incluyendo lo que denominan el uso adulto, frente al 40,9% que declaró estar en contra.

"Sin embargo, hace unas semanas pudimos ver que la situación es muy distinta en este Congreso de los Diputados. Cuando se votó la toma en consideración de la ley de Más País, sólo 75 diputados votamos a favor y 253 votaron en contra. Es decir, algo que tiene el apoyo de casi el 50% de la ciudadanía, en el hemiciclo apenas concita algo más del 20% de los apoyos", ha lanzado.

"LA PREGUNTA NO ES LEGALIZACIÓN SÍ O NO, SINO CUANDO SERÁ"

Por tanto, la pregunta para Echenique "ya no es legalización sí o legalización no", dado que "tarde o temprano" acabará ocurriendo, sino "cómo se va a hacer" y si España estará "en la vanguardia europea en la materia o en el furgón de cola".

El portavoz de Unidas Podemos ha apelado al "sentido común" para propiciar la regulación del cannabis, dado que los argumentos a favor son "numerosos y poderosos". El primero de ellos es la dimensión de la salud pública, dado que la legalización generará un control "más eficaz del consumo", velará por la calidad de la sustancia entre los adultos, protegerá "adecuadamente" a los menores y los impuestos específicos se dedicarán a sufragar también la sanidad pública.

3.000 MILLONES EN INGRESOS PARA EL ESTADO

Al hilo, ha citado la parcela económica dado que aflorarán desde la economía sumergida más de 8.000 millones de euros anuales que mueve ahora el negocio del cannabis, unido a la generación de más de 100.000 empleos y más de 3000 millones al año de ingresos adicionales al Estado.

Echenique también ha destacado que proporcionará a la población "grandes oportunidades" a un sector que, pese a la legislación actual, ya es "pujante" en España, con alrededor de 1.500 asociaciones cannábicas que dan empleo a más de 7000 personas.

Específicamente, ha destacado que hasta un 40% de las hibridaciones genéticas que se venden en todo el planeta han sido diseñadas en España y existe una importante industria del cáñamo en el país.

Por tanto, es hora de lograr una regulación integral que ponga en "primer plano el interés general" y aprovechar esta enorme oportunidad económica, con una legislación que evite la acumulación de licencias y dé incentivos a la producción en la 'España vaciada', territorios que además han sido víctimas de la "desindustrialización".

"Podríamos conseguir que la producción, procesado y venta del cannabis suponga una gran oportunidad para pequeños y medianos agricultores, pymes y autónomos", ha ensalzado.

LA REALIDAD SOCIAL DEL CANNABIS DESBORDA A LA JURÍDICA

Mientras, el coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López Uralde, ha explicado en que la proposición de ley del grupo confederal no pretende crear nuevos mercados ni sacar réditos económicos de donde antes "no se podía", sino "realizar una transición al mercado regulado y ordenar todas las actividades vinculadas a la planta que están en la ilegalidad hoy, sin dejar a nadie al margen, abordando de una vez un problema de alcance social y económico con el mayor rigor y la máxima seguridad posibles".

En este sentido, la diputada Lucía Muñoz Dalda, impulsora de la iniciativa, ha incidido en que la realidad social del cannabis en España "ha desbordado la realidad jurídica" y "tan sólo regulando" se puede conseguir seguridad y que "se reconozcan los derechos de las personas usuarias --4 millones de personas-- que son criminalizadas sistemáticamente".