La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo en la carrera judicial del exministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno. Concretamente estará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano en el que obtuvo destino en diciembre de 2019.

El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado mantener la continuidad en la situación administrativa de servicios especiales de la magistrada Pilar Llop Cuenca, que tras cesar como presidenta del Senado ha sido nombrada ministra de Justicia.

Campo había solicitado su reingreso a su plaza de magistrado el pasado lunes tras formalizarse su salida del Ministerio de Justicia con el traspaso de cartera a Pilar Llop.

El exministro tenía un plazo máximo de 10 días desde la publicación del cese para requerir el reingreso y de 20 días para incorporarse a su plaza, según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 355.

Tal y como establece la normativa, Campo –en calidad de juez– tiene derecho a que se le reserve la plaza que ocupaba cuando pasó a ser ministro y no perderá su antigüedad en la Carrera Judicial.

DEBERÁ ABSTENERSE EN CAUSAS POLÍTICAS

La ley del Poder Judicial –en su artículo 351, apartado f– establece también que los jueces y magistrados que «sean nombrados para cargo político o de confianza» o «elegidos para cargos públicos representativos» y reingresen en la Carrera correspondiente «deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».

En la Audiencia Nacional actualmente se instruyen causas en las que figuran como afectados o como acusaciones populares distintos partidos políticos; por ejemplo, el ‘caso Tándem’, en el que Podemos forma parte en alguna de sus piezas; el ‘caso Púnica’, que involucra al Partido Popular; o el ‘caso Gürtel’, en el que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) –vinculada al PSOE– está como acusación popular. Si alguna de estas causas llegase a la Sección Tercera, Campo –por ley– deberá abstenerse.

Hasta ahora, la juez María Teresa García Quesada ha desempeñado la plaza de magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mientras Campo se encontraba en «situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial», tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 3 de marzo de 2020.

Recientemente, la Sección a la que se incorporará Campo celebró el juicio -que el pasado 17 de julio quedó visto para sentencia– contra la cúpula de la caja de ahorros Sa Nostra por una operación inmobiliaria de 2008. Y el pasado abril confirmó la decisión del juez que instruye el ‘caso Tándem’ de no abrir investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos de los que, según la defensa del comisario José Manuel Villarejo, podría deducirse una supuesta connivencia del caso.

Asimismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal fue la que confirmó el auto por el que el juez de instrucción del ‘caso Pujol’ propuso juzgar a la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

SEO/BirdLife valora que, tras 25 años, el Parque Nacional de Cabañeros cuente con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) consensuado, una herramienta fundamental para asegurar un correcto uso y conservación de los valores de este espacio natural de Castilla La Mancha, y reclama que este plan se apruebe de manera urgente.

La ONG ambiental, que viene reclamando la aprobación de esta herramienta desde la creación del parque, en 1995, considera que el PRUG debería haber sido más ambicioso, pero reconoce que «no deja de ser el resultado de un proceso de consenso complejo entre todos los actores implicados en su conservación», tal y como ha informado la organización en nota de prensa.

Además, señalan que el trabajo debe continuar: «sin un plan de control de ungulados, basado en criterios científicos y ejecutado por personal especializado, el PRUG no será efectivo».

«Con la aprobación de este PRUG, el Parque Nacional de Cabañeros cuenta con una hoja de ruta que permitirá seguir unos criterios bien definidos que prioricen los recursos hacia la conservación de los valores naturales e impidan las principales amenazas a las que ahora se enfrenta el parque nacional», afirma Octavio Infante, responsable del programa de Conservación de Espacios de SEO/BirdLife.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife y representante en el Consejo Asesor de la Red de Parques Nacionales, señala que «tras demasiados años de trabajo y esfuerzo, corresponde celebrar que este plan haya visto por fin la luz». «Sin duda, su excesivo retraso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo mejorar la gobernanza de los santuarios de nuestra biodiversidad, que no pocas veces acaba atrapada en limbos de intereses políticos entre las distintas administraciones. Es preciso avanzar en la completa aplicación del régimen de protección de los parques nacionales».

Desde la organización aluden a la prohibición definitiva de la caza comercial, una actividad incompatible con la gestión y conservación del espacio según la Ley de Parques Nacionales, que ha sido uno de los temas que ha retrasado el proceso de aprobación de este instrumento obligatorio.

«El nuevo PRUG contempla un nuevo plan de control de ungulados, que regulará las poblaciones de ciervo (Cervus elaphus), incrementadas de forma artificial a lo largo de los años como consecuencia, principalmente, de la gestión cinegética con fines comerciales practicada en el interior del parque nacional» según Sara Cabezas, representante de SEO/BirdLife en el Patronato Rector del Parque Nacional de Cabañeros. Este Plan, aún por aprobarse, ha de contemplar la necesidad de basarse en criterios científicos, ser tutelado por la administración y ejecutado por personal especializado.

SEO/BirdLife valora, por otro lado, que el Plan Rector incluya un apartado específico sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 que se solapan con la figura del Parque Nacional y que incorpore, de igual modo, el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Montes de Toledo.

Por otro lado, la ONG ambiental también subraya la inclusión de la Estrategia y Plan de acción de Turismo Sostenible, en el marco de la adhesión en 2009 del Parque Nacional de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible, lo que posibilitará mejorar considerablemente la conservación y puesta en valor de este espacio natural protegido.

Por otro lado, llama la atención sobre algunas amenazas que puede llegar a afectar a Cabañeros. En particular, pone el acento en un proyecto de minería de titanio en los municipios de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, próximos al parque, y que se encuentra en estos momentos en información pública.

Asimismo, el despliegue renovable en las proximidades –tanto de proyectos fotovoltaicos como eólicos– puede conllevar afecciones para la biodiversidad que se protege bajo la figura del Parque Nacional de Cabañeros.

En este sentido, SEO/BirdLife conmina a la Junta de Castilla-La Mancha a aprobar, con urgencia, una planificación del desarrollo energético en la región que incluya una zonificación ambiental vinculante que considere aquellos espacios de mayor valor ambiental como zonas de exclusión. Además, la organización reitera su llamamiento a las empresas promotoras para que planteen proyectos responsables, basados en estudios de impacto ambiental solventes que alejen estas instalaciones industriales de los espacios ricos en biodiversidad imprescindibles para hacer frente al cambio climático.

En este sentido, la ONG considera que el PRUG debería haber delimitado su zona periférica de protección y su régimen jurídico, tal y como marca la ley de Parques Nacionales, a fin de ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al parque como a los agentes económicos y sociales de la zona.

La ley de diversidad familiar y apoyo a las familias reconocerá jurídicamente y protegerá a todas las familias de España sea cual sea «el estado civil, la orientación sexual o el origen de filiación», según el documento sometido a consulta pública por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que recoge los objetivos de la futura norma, y que ya ha recibido más de 250 aportaciones.

En concreto, uno de los objetivos que se marcan es «avanzar en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad de modelos de convivencia familiar» así como «contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias, incluyendo a todos los modelos de familias, con independencia de circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación». Así se indica en el documento del Ministerio de Derechos Sociales sobre el Anteproyecto de la ley.

En concreto, entre otros ámbitos, añade que se prevé regular el reconocimiento de las familias monoparentales a nivel estatal dotándolas de una acción protectora específica y la reforma de la Ley de protección a las familias numerosas.

«Es necesario ayudar a las familias en España atendiendo a su diversidad, en primer lugar a través de un reconocimiento legal de los distintos modelos familiares presentes en nuestra sociedad, ya que el actual ordenamiento jurídico no recoge adecuadamente ni con el suficiente grado de equidad las distintas realidades familiares», explica.

Se pretende, por otra parte, mejorar «significativamente» los apoyos para «atender las necesidades singulares que afectan a numerosas familias del país, ya sea por situaciones de dificultad o vulnerabilidad social y económica –las familias con hijos menores a cargo son las que mayor tasa de pobreza relativa presentan–, ya sea por razones estructurales o de composición de la unidad familiar».

Además, la ley, que prevén que esté aprobada a finales de año, propone medidas de apoyo a la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar «para avanzar en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ante los profundos cambios en la organización familiar».

En este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció este miércoles que están trabajando junto al Ministerio de Igualdad para aumentar los permisos de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses.

Entre otras medidas en el marco de la futura ley, también avanzó que se creará una prestación universal por crianza, que no dependerá de la renta familiar, a lo que se sumaría la introducción de un permiso retribuido por cuidado.

«En España tenemos un problema y es que existe una amplísima diversidad familiar, muchísimas maneras de tener una familia y sin embargo, vemos cómo no todas tienen sus derechos garantizados, en concreto existe un problema gravísimo de conciliación y tenemos una deuda pendiente con las familias que acaban de tener un bebé», ha explicado Belarra este jueves en una entrevista en ‘Las cosas claras’ de La 1 de RTVE.

En concreto, la ministra ha insistido en que «muchas madres sienten la presión de incorporarse prematuramente al trabajo» y ha recordado que, según la OMS, se debería mantener la lactancia exclusiva durante seis meses.

«Esto, con un permiso de cuatro meses, es muy poco tiempo y es difícil, por tanto, en el marco de la ley de diversidad familiar vamos a proponer que los permisos se amplíen; y esto va a formar parte de la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado pero, desde luego, creo que es una medida de absoluto consenso», ha subrayado.

LA DIFICULTAD DE CRIAR EN ESPAÑA

Asimismo, tal y como ya avanzó este miércoles, Belarra ha destacado que la ley de diversidad familiar «también viene a reforzar el apoyo a las familias, con una propuesta de prestación universal por crianza que básicamente reconoce lo difícil que es criar en España y, si no tienes buenas condiciones económicas, muchísimo más».

En este sentido, ha incidido en que tener un hijo en España aumenta «de forma muy considerable» el riesgo de pobreza y ha añadido que «eso la cuarta economía del euro no se lo puede permitir.

Precisamente, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, que es de un 26,4% en general, se incrementa hasta el 49,1% para las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo.

La ley de diversidad familiar se incluye como una reforma estructural del componente 22 del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha presentado para articular los fondos extraordinarios del programa NextGeneration UE.

Según recuerda el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea ha recomendado en reiteradas ocasiones a España la mejora del apoyo a las familias a fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social y «la pandemia de COVID-19 ha agudizado la necesidad de reforzar ese apoyo».

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y a los dos hijos del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad por la omisión de protección diplomática.

En la sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia recurrida, y que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso. Del total, 99.430 euros serán para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos.

Así, la ponencia del magistrado Wenceslao Olea Godoy declara que «los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado», en este caso Estados Unidos.

Eso sí, «siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismos de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable». En este caso concreto, la Sala concluye que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado a otorgar a la familia de Couso.

LAMENTA QUE EL ESTADO DIESE «POR BUENOS LOS ARGUMENTOS DADOS»

La sentencia señala, en esta línea, que el Estado «estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado».

Por eso, la Sala critica que el Estado optase por «dar la callada por respuesta» o que se limitase «a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó». «En cuanto si bien es cierto que el Estado español no puede imponer dicha declaración en el ámbito internacional, tampoco está obligado a dar por buenas esas explicaciones, como ya antes se dijo», apunta.

Para el Supremo, «lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes».

No obstante, para la Sala lo «decisivo» a la hora de «rechazar la argumentación del escrito de interposición» es que la Audiencia Nacional «no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesionalnacional que fallece en el ejercicio de su actividad».

«Sino que el título de imputación, necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado, como hemos visto», continúa, señalando que eso «lo deja claro la sentencia» de la Audiencia Nacional.

EL TS RATIFICA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La decisión del alto tribunal ratifica la sentencia dictada en enero de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que condenó al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establecía que el Estado no había emprendido «acciones ante otro Estado» que había «incurrido en un ilícito internacional» a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

«No consta la realización de gestión alguna tendente no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto de formularon por diversos grupos parlamentarios», decía la sentencia.

Así las cosas, la Abogacía del Estado recurrió la decisión de la Audiencia Nacional. La entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aludió a «cuestiones técnicas» para justificar la actuación de los servicios jurídicos del Estado, resaltando que el Ejecutivo «siempre ha mostrado sus solidaridad y apoyo a la familia de José Couso».

Para la familia del cámara, la sentencia de la Audiencia Nacional supuso entonces un éxito judicial después de 17 años litigando para tratar de traer ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina de Bagdad.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Badajoz, Ciudad Real y de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan, procedieron el pasado 7 de julio, a la detención de cinco personas por la comisión de tres delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados y otros relacionados, dando protección a dos niñas menores de edad.

A raíz de la denuncia de la inspección educativa de Fuente del Maestre (Badajoz), alertada por el repentino absentismo escolar de dos niñas de nacionalidad rumana, los agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de Badajoz iniciaron una ardua investigación que derivó en la provincia de Ciudad Real.

De las gestiones llevadas a cabo se pudo concluir que es práctica habitual entre determinado subgrupo cultural de origen rumano, el casamiento de niñas en edades tempranas, concretamente a partir de los doce años, concertándose el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de intermediarios a cambio de una contraprestación económica de 6.000 a 7.000 euros.

Una vez casadas, las menores abandonan la escuela y el entorno familiar, desplazándose a la vivienda de su nueva «familia política», donde contribuyen en las tareas domésticas hasta que alcanzan la edad mínima legal para poder obtener un contrato de trabajo y contribuir así económicamente.

Como resultado de las investigaciones se logró identificar a una familia con tres niñas que cumplían con el modus indicado. Los policías averiguaron que las dos hermanas mayores contrajeron matrimonio, conforme a sus ritos, a la edad de catorce años. La menor de las tres hermanas, de tan sólo doce años de edad en el momento de inicio de la investigación, estaba siendo preparada para el casamiento, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Se llevó a cabo un operativo para la localización de las menores y de las familias implicadas, teniendo en cuenta la elevada movilidad, temporalidad y nomadismo de los investigados, quienes varían su residencia continuamente como consecuencia de su actividad laboral como temporeros agrícolas.

En octubre de 2020, en la localidad de Almendralejo, fue localizada la mayor de las hermanas, que fue «casada» con catorce años y que actualmente ya había alcanzado la mayoría de edad. Por estos hechos los padres del cónyuge fueron puestos en su momento ante la autoridad judicial que conocía del asunto.

Recientemente se tuvo información de la posible residencia de la segunda de las hermanas y de su familia política en la localidad de Herencia (Ciudad Real). Con la colaboración de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y agentes de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan, se confirmó dicho extremo y se intensificaron las investigaciones, averiguándose además la residencia de la tercera de las hermanas y de sus progenitores en una localidad próxima.

Las operaciones policiales ‘Bucarest’ y ‘Nunta’ finalizaron en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el pasado 7 de julio cuando se procedió a la detención de ambas familias, tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente quien, ante la gravedad de los hechos, procedió a la retirada de la patria potestad de ambas menores de 14 y 15 años que quedaron bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El PP ha solicitado la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para informar de la «asunción de responsabilidades» derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus.

El PP tiene intención de forzar una votación sobre este asunto el próximo miércoles en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en periodos extraordinarios como el estival.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que la Justicia «es independiente» y «es muy grave que Sánchez presione a los jueces». «Pedimos su comparecencia en el Congreso y que asuma responsabilidades», ha recalcado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

GAMARRA EXIGE A SÁNCHEZ «SOMETERSE AHORA AL CONTROL DEL CONGRESO»

El jefe de la oposición, que ha pedido de nuevo al Gobierno sentarse con el PP para aprobar una Ley de Pandemias, ha afirmado que es «muy preocupante» que el Gobierno «arremeta contra el Constitucional por la alarma, como hizo con el Supremo por los indultos».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que el presidente del Gobierno «se excedió en sus poderes suspendiendo derechos de los españoles sin control parlamentario».

«Debe comparecer y dar explicaciones, someterse ahora al control del Congreso, no arremeter contra el TC», ha reclamado Gamarra en la misma red social, para confirmar que el PP ha registrado la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja.

EL PP PIDE TAMBIÉN QUE COMPAREZCA BOLAÑOS

Además, el Grupo Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, para que también rinda de cuenta de «la asunción de responsabilidades» derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los ‘populares’ también quieren incluir este debate en la Diputación Permanente de la próxima semana.

El PP ha informado de que con la petición de comparecencia de Sánchez y Bolaños pretenden que el Gobierno informe en sede parlamentaria de las consecuencias que tendrá el fallo del alto tribunal.

En el caso del nuevo ministro de la Presidencia también sería para que dé cuenta «del contenido de los informes que se emitieron en el proceso de formación del expediente de elaboración de la norma», según ha informado en un comunicado el Grupo Popular.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido de que la llamada que Carmen Calvo supuestamente hizo en nombre del Gobierno a Enrcarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional, para que avalara el decreto ley que impuso el estado de alarma frente a la pandemia del coronavirus supone una «intromisión» del Ejecutivo en el poder judicial.

Así se ha referido Bal, en una rueda de prensa en la sede de Cs, a las informaciones según las cuales Roca, vicepresidenta del tribunal, aseguró este miércoles, durante el pleno del TC, haber recibido «presiones» de la ya exvicepresidenta primera del Gobierno.

La sentencia de este miércoles fue aprobada con los votos de seis de los jueces del Tribunal Constitucional –Roca entre ellos–, que sostienen que, para confinar a la población el año pasado, el Gobierno debió haber declarado el estado de excepción, no el estado de alarma, mientras que los otros cinco magistrados no apoyan esta tesis.

El dirigente de Cs ha afirmado que la actuación de Calvo fue «una intromisión en la arquitectura constitucional del Estado y en la necesaria independencia con que los magistrados del TC deben formar su criterio y emitir su voto en las sentencias».

PIDE «PRUDENCIA Y DECORO» A ROBLES AL HABLAR DEL TC

Además, se ha declarado «estupefacto» ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha criticado a los magistrados de ese órgano por hacer «elucubraciones doctrinales». «Debería tener más prudencia como miembro del Gobierno de España y más decoro como magistrada a la hora de hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional», ha subrayado.

Bal ha dicho que «no se pueden tolerar los ataques al poder judicial» por parte de dirigentes políticos cuando los tribunales «fallan en un sentido contrario al que desean», que es lo que cree que hace el Gobierno. «No es más que populismo puro y duro», ha concluido.

En este sentido, ha censurado también las palabras del portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, que «insulta» al TC llamándolo «Tribunal Voxtitucional» simplemente porque no le gusta la decisión que ha adoptado.

Sobre la sentencia en sí, el portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha destacado que deja claro que «el confinamiento era la herramienta indispensable para poder luchar contra la pandemia», pero que el estado de alarma no era la herramienta jurídica adecuada para aplicarlo, sino que había que haber declarado el estado de excepción, por ofrecer «mayores garantías de control parlamentario del Gobierno» ante la limitación de derechos fundamentales.

Aparte de ofrecer «seguridad jurídica» de cara al futuro, el Tribunal Constitucional «apuesta por el régimen de mayores garantías constitucionales», lo cual es «una buena noticia», ha celebrado.

EL CONFINAMIENTO ERA «LA ÚNICA MEDICINA» FRENTE AL VIRUS

En cuanto al confinamiento de la población, decidido por el Gobierno y respaldado por el Congreso, «era la única medicina que teníamos» frente al virus en un periodo en el que se vivían «momentos de angustia» en la sociedad española y el Gobierno «daba palos de ciego», ha recordado Bal, cuyo partido siempre apoyó el mantenimiento del estado de alarma.

Por otro lado, el diputado ha señalado que el fallo del Constitucional pone de manifiesto que la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, «no es clara». Aunque el estado de alarma está pensado para las situaciones de epidemia, el tribunal no lo ve adecuado para establecer un confinamiento y en este caso se decanta por el estado de excepción, pero la ley dice que este instrumento es para cuando se producen graves disturbios de orden público.

Por tanto, ninguna de estas dos herramientas jurídicas «casa al cien por cien» con la situación que se dio durante la pandemia del Covid-19, según Bal. En este punto, ha asegurado que él pidió reiteradamente a Calvo el año pasado que se reformara esta ley, pero el Ejecutivo se negaba porque no quería «molestar a sus socios nacionalistas e independentistas» ampliando su poder frente a las comunidades autónomas.

LA ALTERNATIVA DEL PP AL ESTADO DE ALARMA NO SERVÍA

Respecto al plan B que el PP proponía aplicar como marco jurídico para las limitaciones de libertades y derechos tras el fin del estado de alarma, Bal cree que «no iba a durar ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional», porque los ‘populares’ sostenían que «se podían restringir derechos fundamentales por ley ordinaria» y, por tanto, con «muchas menos garantías» que las que ofrece el estado de excepción o el de alarma.

En su opinión, el PP «ha estado jugando a tratar de mezclar dos problemas que no tienen nada que ver», hablando de una «ley de pandemias», cuando la sentencia del TC no dice «nada relativo a la legislación ordinaria», sino que se refiere a la norma de 1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio, que es una ley orgánica.

Por otra parte, el vicesecretario general de Cs ha recordado que, de cara al levantamiento del estado de alarma, también estuvo reclamando al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que las medidas que adoptasen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios fueran ratificadas por la Audiencia Nacional para así unificar los criterios en toda España.

Pero Calvo no accedió a ello, según Bal, porque eso también «molestaría» a los partidos nacionalistas e independentistas, que preferían que el aval judicial lo dieran los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades. El resultado de esto, ha añadido, es el «guirigay» actual que hace que unos tribunales convaliden el toque de queda en unos territorios y otros lo rechacen en otros.

AGILIZAR LA JUSTICIA DOTÁNDOLA DE MÁS MEDIOS

Por último, el diputado ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que «dote de medios suficientes a la Justicia y al Tribunal Constitucional» para que pueda responder de forma ágil a recursos como el que planteó Vox contra el decreto del estado de alarma.

En este sentido, ha afirmado que lo ideal habría sido que la sentencia se hubiera conocido el año pasado, mientras se debatían las prórrogas del estado de alarma –en vez de emitirse más de un año después de que se aprobara la norma–, y que el Ejecutivo «hubiera podido aplicar el estado de excepción» desde ese momento.

«Ningún gobierno en estos 40 años ha tenido el más mínimo interés en dotar a la Justicia de los medios necesarios para poder hacer su trabajo», y el de Sánchez «prefiere tener 22 ministerios y crear chiringuitos que invertir en el servicio de la justicia», que se ha revelado como «esencial en la pandemia para salvaguardar el régimen de garantías» al que tienen derecho «todos los españoles», ha manifestado.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, han desarticulado la organización más activa dedicada a la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados, ha informado la Dirección General de la Policía este jueves en una nota de prensa.

Cinco personas han sido detenidas como presuntos miembros de un complejo entramado empresarial dedicado a la importación, comercialización y distribución irregular de toneladas de gases, que empleaban para la refrigeración.

La organización realizaba esta actividad incumpliendo la normativa comunitaria, ya que carecían de la cuota obligada, provocando la emisión de toneladas de gases a la atmósfera sin autorización. Esta cuota, el límite de gases que puede importar un importador en un año, está establecido por la UE para cada país y se fija como medida de protección del medio ambiente.

Se trata de la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, con la intervención de más de 27.000 kilogramos de gases fluorados, que tenían un valor de mercado superior a 250.000 euros. Además, se descubrieron más de 180.000 kilogramos, con un valor superior al millón de euros.

LA INVESTIGACIÓN

Las investigaciones comenzaron a partir de las inspecciones practicadas en dos naves industriales de empresas ubicadas en la localidad ciudadrealeña de Almagro y en el municipio madrileño de Campo Real, y que se llevaron a cabo al tener conocimiento de la descarga de dos contenedores de botellas de gases fluorados que habrían sido importados sin cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente.

En total, los agentes procedieron a la intervención cautelar de 2.126 botellas, equivalentes a más de 27.000 kilogramos de gases fluorados. Igualmente, fueron encontradas 1.068 botellas vacías ubicadas a la intemperie en un patio exterior, estando algunas de ellas prohibidas por la Unión Europea, con independencia del gas contenido.

Por último, localizaron un número indeterminado de botellas seccionadas por la mitad, lo cual suponía la emisión directa del gas residual a la atmósfera, así como un grave peligro.

Además de lo anterior, se observaron diferentes irregularidades de naturaleza administrativa relacionadas con la manipulación de recipientes, el etiquetado y repintado de botellas y la gestión de residuos, entre otros.

Distribuidos por España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal Tras avanzar en la investigación, los policías determinaron que el ‘modus operandi’ del grupo criminal consistía en la creación de empresas a nombre de testaferros que se llevarían dedicando desde el año 2018 a la importación de gases fluorados de China, eludiendo los controles aduaneros mediante la declaración en los documentos únicos administrativos de una partida arancelaria incorrecta que no correspondía con el género importado.

Posteriormente, una vez en los almacenes de Almagro y Campo Real, se distribuían los gases fluorados mediante una empresa de logística a clientes de España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal. Se calcula que el descubrimiento de la mercancía importada sería de más de 15.000 botellas de gases fluorados.

Aún se está analizando la documentación para calcular la cantidad total de gases importados. No obstante, teniendo en cuenta el volumen mínimo de los recipientes, los investigadores estiman que la cantidad de gas fluorado importado es superior a los 180.000 kilogramos.

En este punto, destacan que la mayoría del gas importado se trata de R134A, que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 1300, lo que significa que una emisión de una tonelada equivale a la emisión de 1.300 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo en esta cantidad al potencial de calentamiento global.

En resumen, este grupo era presuntamente responsable de la emisión a la atmósfera, incumpliendo la normativa comunitaria y, por lo tanto, sin autorización, de lo equivalente a más de 234.000 toneladas de dióxido de carbono.

Por otro lado, se realizó una nueva inspección en el establecimiento comercial de un cliente final, en Tarragona, averiguando que se habría distribuido género que había sido previamente intervenido de manera cautelar. Además, se habrían distribuido botellas de gases fluorados que no contenían el gas etiquetado y facturado, para lo cual se manipuló el recipiente.

Todo ello lo llevaban a cabo con ánimo de lucro, ya que la botella facturada tiene un valor seis veces superior, y evadiendo la carga fiscal asociada.

Finalmente, la Policía Nacional desarrolló un operativo policial en el cual se practicó una diligencia de entrada y registro en el domicilio fiscal de la principal empresa, procediéndose a la detención de cinco personas como miembros de un grupo criminal y esclareciéndose los delitos de contrabando, contra el medio ambiente, estafa, desobediencia grave y pertenencia a grupo criminal.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado este jueves que la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba, titular de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad, presentarán, en el plazo previsto para ello, que concluye el próximo lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues «no tiene en cuenta la libertad religiosa» y «se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».

A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha explicado que «se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino», actuando el Gobierno de la Nación «sin tener en cuenta a los propietarios», ni el hecho de que «el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica».

En consecuencia, «estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen», en cuanto a los bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pasarán a ser «Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás», ya que las competencias para decidir sobre ese bien las «tendrá una comisión gestora», en la que tendrá «mayoría la Administración civil».

Ello, en la práctica, según ha asegurado Demetrio Fernández, constituye «una expropiación bastante abierta», y por ello la Diócesis y el Cabildo presentan alegaciones a dicho anteproyecto de Ley, «dentro del plazo legal que se nos ha dado», que es «corto, en vacaciones y con una ola de calor, pero, a pesar de todo, ya está todo redactado y lo mandaremos».

Así lo harán, ya que les parece que «es una ley con intenciones invasivas, expropiadoras y que no tiene en cuenta la libertad religiosa», la cual, según ha aclarado el obispo, no consiste solo en poder «rezar el Ave María», sino el que pueda hacerlo «en público y en privado», y que «pueda tener los medios para poder hacer esa expresión sin un control excesivo del Estado, pues que se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».

Por eso presentan la Diócesis y el Cabildo de Córdoba alegaciones a dicho proyecto legislativo, sin saber, según ha dicho Demetrio Fernández, «si otras instituciones, que han hecho declaraciones públicas» en contra del anteproyecto de Ley, «tendrán un estudio tan exhaustivo como el que han hecho el Cabildo y la Diócesis de Córdoba», y que constituye «un verdadero alegato, largo, minucioso, profundo, artículo por artículo, en conjunto y en detalle», demostrando que «en Córdoba no estamos dormidos», ya que todo ello les ha «afectado profundamente».

En relación con ello, el obispo ha dicho alegrarse por las «declaraciones que han hecho las autoridades civiles, porque también les afecta a ellos», a «las autonómicas y locales», si bien, según ha resaltado Demetrio Fernández, el proyeco legislativo «afecta sobre todo a la Iglesia».

Por eso, ha dicho esperar que, «tanto a nivel de Conferencia Episcopal, como a nivel de secretario de Estado y de Nunciatura, pues haya declaraciones o aportaciones, porque se toca el núcleo de la relación Iglesia-Estado, sobre el cual hay unos acuerdos, hay una Constitución española y hay unas leyes» previas, pero «esta ley no tiene en cuenta nada de eso y quiere saltar por encima de todo. Por tanto, es una ley que nos ha dejado estupefactos».

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha defendido que «si hoy hay libertad en Euskadi y en España es porque los socialistas arriesgamos». Además, se ha mostrado convencido de que «si hoy vamos a conseguir convivencia dentro de Cataluña y de Cataluña con España» es porque el presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno socialista «han arriesgado y van a arriesgar en beneficio del país».

«Sin miedo al qué dirán sin miedo a esa derecha sobreactuada, desorientada, bronca, insultante que hoy agita la bandera de Cataluña como en su día agitaba la bandera de ETA», ha resaltado Cerdán, al tiempo que ha subrayado que «si para algo» están los socialistas en política es para «trabajar en favor de la sociedad y no en beneficio propio, porque lo que nos preocupa es el futuro del país y no las próximas elecciones».

Cerdán ha realizado estas afirmaciones en San Sebastián en el acto de presentación del último libro del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ‘Jóvenes sin juventud’, donde ha estado presente, entre otros, la secretaria general del PSE-EE (PSOE), Idoia Mendia, así como el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prologado dicho libro y ha participado mediante un video, al igual que Eider Gardiazabal, presidenta de la Fundación Ramón Rubial, organizadora del evento.

En su intervención, se ha mostrado convencido de que la lectura de este libro «no va a dejar a nadie indiferente» porque recoge las vivencias de una generación de jóvenes socialistas vascos en una época en la que «te jugabas la vida» simplemente por reconocer que «eras socialista y a la que, precisamente, los socialistas, y por ser socialistas, conseguimos ponerle fin».

En esa línea, ha explicado que esa generación «está protagonizando hoy el relevo generacional en el socialismo vasco y navarro» y ha destacado que Eneko Andueza, Mikel Torres, María Chivite, o Javier Remírez, entre otros «perdieron parte de su juventud en la militancia política» y que en la actualidad están al frente de «las más altas responsabilidades».

De este modo, ha resaltado que «estos jóvenes compartieron un compromiso político prematuro que fue la lucha por la libertad y dieron un paso adelante. Su empeño, junto con el arrojo mostrado por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el Lehendakari Patxi López logró «la mayor de las conquistas en este país: derrotar al terrorismo». «Tenemos que decir con orgullo que si hoy hay libertad en Euskadi y en España es porque los socialistas arriesgamos», ha defendido, al tiempo que ha subrayado que «eso no nos lo va a arrebatar nadie».

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado, otro lado, que cuando los socialistas «somos valientes y miramos de frente a la ciudadanía, somos consecuentes en lo que decimos y lo que hacemos, la gente lo valora, como está valorando ya la acción de este Gobierno y del socialismo español en su conjunto».

«Hemos sido sinceros y valientes en la lucha contra el coronavirus, frente a los negacionistas, poniendo en marcha una campaña de vacunación que está siendo un éxito con la colaboración de las comunidades autónomas, para que en medio de la mayor crisis que ha vivido nuestra generación nadie se quede atrás, con la puesta en marcha de los ERTEs y el ingreso mínimo vital o el acuerdo para la reforma de las pensiones», ha sostenido.

Finalmente, ha insistido en que desde el Gobierno socialista están «siendo sinceros y valientes en el camino de la recuperación y mirando al futuro de la mano de Europa vamos a garantizar que llegue a todas las personas y todos los territorios, porque lo que nos mueve a los socialistas es trabajar para todos».

«JUVENTUD ROBADA»

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, por su parte, ha reivindicado «el sentido ético de la generación de jóvenes socialistas a la que ETA robó su juventud». «Hoy son hombres y mujeres que, hipotecaron su juventud, por defender los ideales del PSE-EE, mientras caían compañeros y amigos y sufrían atentados como el que padeció el entonces Secretario de Política Institucional de las Juventudes del PSE-EE de Euskadi, Edu Madina, con 26 años», ha recordado.

Andueza, en su libro comparte sus recuerdos y vivencias de aquellos que «se significaron políticamente» y transmite el «desamparo en que quedaron, afrontando el rechazo de gran parte de la sociedad». Además, realiza «un ejercicio de recuperación de la memoria reciente reivindicando el compromiso firme de no olvidar, pero con la mirada puesta en un horizonte de paz y justicia».

El dirigente socialista ha explicado que este libro viene a «saldar una deuda» que, a su juicio, tiene esta sociedad con una generación de Juventudes del PSE-EE que «supo aguantar y defender los valores socialistas y luchar por la libertad, en condiciones imposibles».

Andueza ha señalado que era importante su escritura porque quería reivindicar parte de su historia y de su relato ya que es también un fragmento de la memoria «colectiva» pero, sobre todo, porque pretende que esta obra sea un «legado para los hijos e hijas de esa generación de Juventudes del PSE-EE y que sepan el gesto de servicio que realizaron a su país por defender el Estado de Derecho y la libertad».

Además, ha recordado que, antes del 20 de octubre de 2011, «hubo generaciones que crecieron conviviendo con la violencia terrorista» y, se ha mostrado convencido de que esta sociedad «nos debe una juventud, pero no nos la vamos a cobrar porque los socialistas somos generosos».

De este modo, ha afirmado que «jóvenes que sufrieron el terrorismo porque asesinaron a sus padres o sufrieron su persecución, no han sido reconocidos públicamente porque hubo mucha gente en Euskadi que callaba». También esos afiliados a Juventudes que, tras lo vivido en los años de plomo, les «dejó secuelas», pero también «muchos aprendizajes» que están marcando su vida futura como la lucha por la paz y están empeñados en construir una convivencia «sólida», en Euskadi, «un país para todos, que sea de todos y a la vez de nadie».

Asimismo, en un video que se ha emitido en el acto, el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que leyendo el libro se ha vuelto a sentir «orgulloso» de los jóvenes socialistas de Euskadi «como ciudadanos, como demócratas y como compañeros de partido» y ha remarcado que la violencia es «lo peor que le puede suceder a una sociedad y que ninguna idea política puede ser defendida o reivindicada con el terrorismo». «No cabe el terrorismo en la política», ha concluido.

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que agrupa a colectivos, organizaciones y sindicatos del ámbito de la investigación, ha denunciado que algunas universidades están ofreciendo las convocatorias Margarita Salas para jóvenes doctores como becas y no como contratos postdoctorales.

Según recuerdan desde la Coordinadora, estas ayudas están pensadas para la formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación de 2-3 años en universidades públicas españolas, universidades y centros de investigación extranjeros u Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles, de manera que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.

Tal y como expone el colectivo en un comunicado, la «inmensa mayoría de universidades» han convocado estas ayudas en forma de contratos postdoctorales, pero «unas pocas» –y ponen de ejemplo las universidades de Sevilla, La Laguna, Huelva y las Palmas de Gran Canaria– han optado por convocarlas en forma de ayuda económica o beca, al menos en los dos primeros años de duración, proponiendo posteriormente la firma de un contrato en el tercer año al volver necesariamente a una universidad pública española.

Pero además, en los casos de las universidades de Sevilla, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria, la situación es, según la Coordinadora, «aún peor», pues ofrecen la firma de un contrato en el último año si el beneficiario regresa obligatoriamente a dichas universidades.

La Marea Roja entiende que dichas convocatorias incumplen la Ley de la Ciencia, que establece que «los programas de ayudas de las Administraciones Públicas que tengan por objeto la realización de tareas de investigación en régimen de prestación de servicios por personal investigador que no sea laboral fijo o funcionario de carrera, deberán requerir la contratación laboral del personal por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas para las que vaya a prestar servicios».

«Consideramos que volver a la dinámica de ‘becas de investigación’, sin contrato ni cotización a la seguridad social, después de 40 años de lucha para que desapareciera esta figura en favor de los contratos, es dar pasos atrás en el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador más joven», señalan los investigadores.

La Marea Roja afirma que algunos de los argumentos en los que se escudan estas universidades son que así pretenden evitar el pago de la cuota patronal de la Seguridad Social que recaería en el hipotético contrato, incrementando supuestamente así la cuantía de la ayuda percibida por los beneficiarios, «argumento completamente deleznable», según los científicos, y que además las hace compatibles con contratos postdoctorales, de tal forma que «dejan la puerta abierta a que los beneficiarios tengan a la vez un contrato para así evitar que abandonen la ayuda si consiguen uno».

Para el colectivo, «esgrimir esa limitación presupuestaria para negar la posibilidad de hacer un contrato postdoctoral no solo es culpar de la escasa financiación a los beneficiarios, sino que es retroceder en el tiempo 20 años».

«Entendemos que no son argumentos de peso y que se ha optado por emplear estos sustanciosos fondos para convocar una suerte de ‘bolsas de viaje’. Dado el reducido número de contratos postdoctorales que existen en España, el número de personas que verdaderamente se beneficiarían de compatibilizar estas ayudas con un contrato postdoctoral, si es que hubiera alguna, sería anecdótico, mientras que si estas ayudas se sacaran como contratos, serían una fuente de contratación más para jóvenes doctores», asegura la Coordinadora.

Por todo ello, solicita a las universidades que convocan las ayudas como becas y no como contratos, que reconsideren su postura y modifiquen sus respectivas convocatorias para que estas ayudas sean adjudicadas como contratos postdoctorales durante la totalidad de su ejecución. E instan al Ministerio de Universidades y a la Crue para que conmine a dichas universidades a comprometerse de forma real con el futuro de los jóvenes investigadores en España.

El sexto Informe de Monitoreo Global de Medios sobre Género, el ‘Global Media Monitoring Project’ (GMMP), destaca, en el ámbito nacional, el aumento de la presencia que ocupan las mujeres como fuentes de información en las noticias, ya que, en la categoría de persona experta, han pasado de representar el nueve por ciento al 34, en especial en los ámbitos sanitarios, educativos y asistenciales.

Además, aunque el porcentaje de mujeres que aparecen en noticias de prensa, radio y televisión sigue siendo ligeramente menor que la media europea –un 26 por ciento frente a un 28 por ciento–, en España sí se está muy por encima en la cifra de profesionales femeninas que trabajan en los medios, sobre todo en televisión, donde actualmente representan un 68 por ciento, cuatro puntos más que en 2015.

En relación con la edad, sin embargo, en los diarios digitales y Twitter se mantiene el sesgo entre hombres y mujeres detectado en el monitoreo de 2015, cuando ya se identificó que las mujeres son las que tienen mayor presencia informativa durante la edad comprendida entre los 35 y los 49 años (33%), mientras que hay un mayor porcentaje de varones (37%) que tienen entre 50-64 años.

El GMMP, presentado este pasado miércoles a nivel internacional, es la iniciativa más grande del mundo sobre la igualdad de género en las noticias y el periodismo. En España, este estudio se ha desarrollado a partir del trabajo de las universidades Autónoma de Barcelona, Cádiz, Internacional de Cataluña, País Vasco, Sevilla, Valencia, el Tecnocampus Maresme de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Málaga (UMA), actuando la institución malagueña como coordinadora del equipo científico nacional, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Igualmente, han participado los grupos de investigación ‘E-COM’ (de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información) y FEMCOM (Feminismo, Comunicación y Cooperación para la Justicia Social).

El sexto informe de la GMMP incluye datos de 116 equipos científicos y cubre 30.172 reportajes publicados en periódicos, transmitidos por radio y televisión y difundidos en sitios web de noticias y a partir de tweets de los medios de comunicación. En la investigación realizada en España se han analizado 563 informaciones procedentes de 32 medios.

«El objetivo es presentar un análisis de género sobre qué y cómo ha cambiado la presencia, representación y voces de sujetos y fuentes desde que se llevó a cabo el primer estudio en 1995», explica la profesora del departamento de Periodismo de la UMA Teresa Vera.

NOTICIAS SOBRE COVID

De acuerdo con la realidad del momento, por primera vez, este estudio incluye datos y análisis sobre la representación de género en las noticias relacionadas con la COVID-19. Las conclusiones muestran que la cobertura informativa de la pandemia sí enfoca y visibiliza la feminización de las profesiones sanitarias, así como de otras áreas.

Igualmente, también se ha abordado si esta cobertura ha tenido especial atención con las personas más vulnerables como mujeres en riesgo, migrantes, colectivo LGTBI. «En una situación crítica como la acontecida, los resultados nos parecen del todo insuficiente y no podemos más que reconocer que la cobertura informativa ha sido particularmente insensible a esta realidad», señala Teresa Vera, que lidera en la UMA la investigación y formación especializada en Estudios de las Mujeres y del Género.

Dos jóvenes españoles de 21 y 24 años, uno de los cuales ha sido detenido en Palencia, son los presuntos causantes del incendio que provocó daños en seis domicilios, cuatro vehículos, cuatro locales comerciales, cinco contenedores, y dos papeleras hace unos días en el barrio de San Pablo de la capital palentina.

Uno de los autores ha sido detenido en Palencia, mientras que el otro, residente en Miranda de Ebro, no ha regresado a su domicilio y actualmente se desconoce su paradero, por lo que se ha dictado una orden de busca y captura policial sobre el mismo a nivel nacional.

Según han comunicado desde la Comisaría de Palencia, la primera línea de investigación la aportó una actuación realizada la misma madrugada del suceso cuando el personal de la Brigada de Provincial de Seguridad Ciudadana de Comisaría identificó en la calle Don Miró a un grupo de tres jóvenes por estar causando molestias y ruidos a los vecinos. Estas personas coincidían plenamente con la descripción aportada posteriormente por los testigos del incendio.

En la investigación se ha podido averiguar también cómo durante la madrugada del pasado 11 de junio, dos de estas tres personas fueron identificadas a consecuencia de una actuación policial derivada de la quema de un total de cinco contenedores, en las calles Prado de la Lana y Marcelino García Velasco.

Con todos estos indicios, se pudo establecer que los autores materiales de los hechos fueron dos jóvenes españoles residentes en Miranda de Ebro y en Palencia, a los cuales acompañaba un tercero también de 21 años de edad y residente en la capital palentina.

A todos ellos les constan numerosos antecedentes policiales previos, por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas, violencia de género, y atentado a agentes de la autoridad.

De momento no existe una valoración precisa de los daños causados por el incendio, pero solo el valor de los contenedores y de las papeleras supera ampliamente los 10.000 euros. Afortunadamente, a los numerosos daños materiales no ha habido que sumar daños personales, gracias a la rápida intervención de patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos.

La comunidad educativa del colegio San Manuel de Málaga capital, donde trabajaba la mujer asesinada este jueves presuntamente a manos de su pareja, ha mostrado su «dolor y consternación» ante lo sucedido y ha asegurado que las circunstancias de su muerte «solo merecen nuestro rechazo».

María Ángeles, de 46 años, ha sido asesinada sobre las 08,50 horas en plena calle Fernán Núñez de la capital con una escopeta, presuntamente por su pareja sentimental, que después se ha disparado a sí mismo, confirmándose también su fallecimiento.

Desde el centro educativo han indicado a través de un comunicado que la mujer era cocinera de la comunidad de las Hijas de la Caridad del colegio San Manuel, vinculada y que gestiona el colegio.

Han incidido en que las circunstancias de su muerte «sólo merecen nuestro rechazo y nos produce una gran sensación de impotencia ante algo tan incomprensible e injusto, así como el firme compromiso de nuestra institución en la educación de nuestro alumnado contra toda forma de violencia».

Así, se han mostrado junto a la familia de María Ángeles, especialmente por sus hijos, antiguos alumnos de dicho centro educativo, en este momento «de profundo dolor».

Desde la Diócesis de Málaga han trasladado también, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, su sentir y ha acompañado «el dolor de los familiares y amigos de María Ángeles, asesinada hoy» y han pedido «sumar esfuerzos por el fin de la violencia».

Según las primeras indagaciones, un hombre de 55 años y nacionalidad española, habría disparado con una escopeta a su pareja, para posteriormente dispararse a sí mismo con el mismo arma, confirmándose también su fallecimiento.

Desde la Policía Nacional han precisado que no constan denuncias previas de violencia de género entre las partes. La víctima y su pareja convivían desde hacía dos años.

Un 67% de los españoles ha asegurado estar poco o nada de acuerdo con la afirmación de que «la juventud sólo ha pensado en hacer botellones» durante la pandemia del Covid-19, según se recoge de los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este jueves.

En este informe, también se destaca que un 84,4% aplaude cómo la mayoría de los jóvenes «ha seguido los protocolos anticovid en los colegios, institutos y universidades», con un uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, cuarentenas, entre otros.

Estas cifras está recogidas en el informe ‘Infancia y juventud ante la pandemia de la COVID-19’. Para elaborarlo, el equipo de José Félix Tezanos ha cuestionado entre el 25 de junio y el 5 de julio de este año a más de 2.000 personas. En el sondeo también se ha tratado el tema de la pobreza.

En este sentido, el trabajo, determina que un cuarto de la población del país (25,4%) no sabe cuál es el porcentaje de pobreza infantil que existe en España. Sólo un 14,6% lo sitúa entre un 21% y un 30%, que sería la respuesta correcta (que es un 27%); mientras que un 36% cree que esta por debajo de esa cifra.

Unos datos que son prácticamente iguales cuando el CIS pregunta a los sondeados por la situación de pobreza, en general, del país.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA POBREZA

En este sentido, el trabajo recoge que, para los españoles, las principales causas que explicarían la pobreza en España están el precio de la vivienda (57,3%), las adicciones (56,8%) y la situación del mercado de trabajo (56,5%). También se encuentra entre los motivos que han elegido más de la mitad de los encuestados (53,7%) el de haber nacido en una familia o entorno pobre.

En cuanto a las situaciones que están asociadas a la pobreza, los encuestados creen que la principal es «no poder pagar las facturas a fin de mes o retrasarse en los pagos» (92,2%), por delante de «estar desempleado mucho tiempo» (91,1%); o «no poder permitirse comida de buena calidad y variada» (82,1%).

Sobre las dificultades que pueden sufrir con más frecuencia los menores de familias pobres en su día a día, un 80,7% destaca la falta de acceso a dispositivos electrónicos o informático; un 80,3% el no tener un espacio propio para estudiar; y un 78,8% no poder acceder a una carrera universitaria o estudios de FP.

Sobre los jóvenes y adolescentes, uno de los datos más significativo que recoge este estudio, es que más de la mitad de la sociedad española (54,2%) piensa que se trata a este colectivo como ciudadanos de segunda frente a las generaciones anteriores.

UN FUTURO DIFÍCIL TRAS LA PANDEMIA

De ellos, la mayoría (un 47,4%) cree que esta situación es debida a la «falta de oportunidades laborales, empleos estables y de calidad», mientras que un 15,9% lo achaca a que «no se les brindan oportunidades».

Los españoles denuncian, además, que el futuro de los jóvenes se ha puesto más difícil con la pandemia del Covid-19. Actualmente un 73,2% cree que «las nuevas generaciones van a vivir peor que sus padres en general», mientras que antes de la pandemia era un 48,9%. Del mismo modo, un 82% estima que las administraciones públicas «no hacen lo suficiente en estos momentos por apoyar y ayudar a los jóvenes».

De estos últimos, el 49,4% cree que habría que «ofrecer más ayudas para encontrar empleo» y un 47,3% sostiene que hay que «mejorar las condiciones laborales, situación de los becarios».

SOLUCIONES

Como soluciones que puede dar el Estado para evitar la situación de pobreza de estos niños, un 96,9% creen que habría que fomentar la empleabilidad de sus padres, mientras que un 95,5% considera apropiado dar apoyo educativo a esos menores y un 94,1% otorgar becas comedor a las familias con menos recursos.

Eliminar los copagos para medicinas, ofrecer más viviendas sociales o mayor atención a la salud mental de los niños, son otras de las propuestas del CIS que están entre las más elegidas por los encuestados.

En este sentido, la mayoría (45,3%) cree que quien debe tomar medidas para tratar este problema es el Gobierno central, frente al 14,2% que piensa que son las autonomías las que deben responsabilizarse de este tema y el 16,3% que señala a los ayuntamientos.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que «nadie niega» que tiene que haber reformas políticas en Cuba pero ha desgranado que la única forma de que sean posibles es levantar el embargo económico que pesa sobre el país.

Además, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, utilice la situación «límite» del pueblo cubano con la única finalidad de «atacar al Gobierno».

En declaraciones a TVE, ha señalado que le «molesta muchísimo» que el líder del PP trate de hacer con un problema internacional «de este calado» una cuestión de política nacional.

Además, ha criticado que el jefe de la oposición demuestra, con su actitud, que «le da igual» los problemas de los cubanos y «lo único que quiere es atacar al Gobierno».

«Si realmente nos preocupa el pueblo cubano, lo que tenemos que trabajar es que se levante de una vez por todas ese embargo económico, que está haciendo que un país que ha sido capaz de sus propios medios de desarrollar dos vacunas (contra el Covid-19) que funcionan, sin embargo y a ese bloqueo económico no tiene ni los recursos suficientes para poder tener jeringuillas», ha desgranado Belarra.

Por tanto y ante esta situación de «excepcional y límite» que atraviesa el país caribeño, ha lanzado que si Casado tuviera preocupación ante la situación en Cuba, pediría el levantamiento del embargo.

Preguntada sobre cómo definiría el régimen cubano, la también secretaria general de Podemos ha explicado que la situación del país «no se puede entender desde ninguno de los parámetros a los que se está acostumbrados en Europa», sobre todo por seis décadas de embargo económico.

CREAR EL «CLIMA SUFICIENTE» PARA QUE HAYA REFORMAS EN CUBA

Por tanto, los representantes públicos deben ser «serios» y «poner soluciones» a un problema internacional de «primer nivel», destacando que multitud de naciones han pedido en la asamblea general de Naciones Unidas que se levante dicho bloqueo.

«Si a alguien le preocupa de verdad que los cubanos vivan mejor, a mí desde luego sí me preocupa, lo que hay que trabajar es para levantar ese embargo y eso permita generar el clima suficientes para que se puedan llevar a cabo las reformas políticas y sociales, que nadie niega que se tienen que dar en Cuba. Nadie niega que se tienen que dar, efectivamente se tienen que dar pero la única forma de que sea posible es levantar el embargo económico», ha zanjado.

Vox registrará en el próximo periodo de sesiones una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para evitar que los exministros puedan volver inmediatamente a la carrera judicial una vez que salen del Gobierno.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, después de que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo vaya a volver a su plaza como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tan solo una semana después de haber sido cesado por Pedro Sánchez. Pero también ha recordado el caso de su antecesora, Dolores Delgado, ahora fiscal general del Estado.

Para evitar que se sigan produciendo estas situaciones, Vox defenderá en el Congreso tras el verano una reforma legal que obligue a los ministros cesados a dejar pasar un determinado periodo de tiempo antes de poder volver a la carrera judicial.

En una entrevista en EsRadio, Olona ha explicado que su grupo parlamentario está hablando con las asociaciones de jueces antes de concretar los detalles de su iniciativa y, sobre todo, decidir el tiempo propuesto para que los exministros tengan que permanecer en ‘cuarentena’.

Una vez que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial de Juan Carlos Campo, el exministro volverá a su puesto en la Audiencia Nacional tal y como había solicitado.

El artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados en servicios especiales deben solicitar su reingreso en el servicio activo en un plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente del cese en el cargo e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes.

El artículo 354 de la misma norma determina que los jueces y magistrados en servicios especiales no perderán su antigüedad en la Carrera y tendrán derecho a que se les reserve la plaza que ocupaban al pasar a esa situación administrativa o la que hayan podido obtener durante el tiempo que han permanecido en la misma.

Los Bomberos de Zaragoza han sacado del agua el helicóptero de incendios del 112 que se precipitó en la Estanca del Gancho, en Ejea de los Caballeros, tras dos días de intenso trabajo.

La unidad de buceo se trasladó hasta el lugar el pasado 13 de julio tras atender la solicitud realizada por el Ejecutivo autonómico y, en la noche de este miércoles se ha podido rescatar del agua el aparato.

La aeronave se encontraba a unos quince metros de la orilla y estaba sumergida parcialmente en el agua, por lo que se veía desde la superficie.

Los trabajos de los bomberos se han centrado en reflotar el helicóptero para poder arrastrarlo a tierra, una labor complicada debido a la poca profundidad de la estanca y la turbidez del agua, que ha obligado a los buceadores a trabajar con nula visibilidad.

La operación se ha desarrollado en dos fases. La primera ha consistido en la colocación de unos globos elevadores en los patines del transporte para reflotarlo y enderezarlo a su posición inicial. En este punto, los efectivos desplegados tuvieron que extraer una tapa del helicóptero bajo el agua retirando los tornillos sin apenas visibilidad.

A continuación, ya por la tarde, una embarcación y un sistema de tracción arrastró el helicóptero a la orilla, para lo que se contó con material del la Compañía de Operaciones Anfibias del regimiento de Pontoneros. Desde ahí fue finalmente extraído con la ayuda de una grúa, entrada ya la noche.

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, se trasladó, a primera hora del miércoles, hasta el lugar para supervisar los trabajos que se han realizado con sumo cuidado para no dañar el helicóptero, de unos 4.300 kilos, ni eliminar pruebas que puedan resultar útiles para esclarecer las causas del siniestro.

El accidente se registró pasadas las 20.00 horas de este domingo sin que se produjeran heridos graves, ya que los ocupantes abandonaron por sus propios medios el helicóptero.

Vox ha anunciado este jueves que ha alcanzado un «acuerdo» con el Gobierno andaluz para «sacar adelante» el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que la próxima semana se someterá de nuevo al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y a la que el grupo Unidas Podemos ha planteado una enmienda a la totalidad.

En un audio difundido por Vox, el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha indicado que su formación ha llegado a un acuerdo con la Junta en relación a las propuestas que presentó para mejorar el texto del proyecto de ley.

Ha añadido que, así, la ley será «mejorada en aquellos aspectos que fueron denunciados en su momento por Vox y serán corregidos». Ha apuntado que se han eliminado aspecto «ideológicos innecesarios» y desde Vox se ha fomentado más simplificación, agilización y más reducción del tiempo para la concesión de licencias, al tiempo que se ha añadido más «colaboración público-privada».

«Esta ley ahora es mejor y lo es gracias a Vox y mejorará un proyecto de ley que ahora si beneficiará a todos los andaluces. Este es el espíritu del acuerdo y si se desvirtúa lo acordado con Vox, lógicamente el grupo parlamentario se replantearía su posición en relación con el proyecto de ley», según ha señalado Manuel Gavira.

Por su parte, la portavoz nacional de Vox, Patricia Rueda, que hoy ha mantenido un encuentro con el grupo parlamentario, ha indicado que estamos «ante una nueva victoria de Vox en nuestro empeño por mejorar la vida de los españoles».

Ha denunciado que el PP-A pretendía aprobar una nueva Ley del Suelo que traía «inseguridad jurídica, dudas a la propiedad privada y que avanzaba en las ideologías del consenso progre, incluyendo cosas tan delirantes como el impacto de género en el urbanismo o la implantación de la Agenda 2030, enemiga de los intereses de los españoles».

Ha señalado además que mientras Vox «trabajaba por mejorar ese texto, el Gobierno negociaba con el PSOE-A la paguita vitalicia para los expresidentes de la Junta, una auténtica vergüenza que demuestra que el PP y el PSOE siguen más interesados en el bienestar de los políticos que en garantizar el bienestar de los españoles».

«Queda constatado que el PP sigue siendo un PSOE de asimilación lenta que va tragando con todas las leyes y políticas de la izquierda», según Rueda, quien ha añadido que gracias a Vox se va a sacar a adelante un nuevo texto de la Lista «libre de ideologías, que garantice la seguridad jurídica y sea verdaderamente un motor para el desarrollo social y económico de nuestra región».

«Hemos impedido una Ley del Suelo socialista y no permitiremos que los expresidentes de la junta socialistas corruptos condenados sobren un solo euro de dinero público», según ha sentenciado la dirigente de Vox, quien ha exigido al Gobierno andaluz el «cumplimiento íntegro» de los acuerdos suscritos con este partido.