Científicos denuncian que algunas universidades están ofreciendo becas a jóvenes doctores en lugar de contratos

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que agrupa a colectivos, organizaciones y sindicatos del ámbito de la investigación, ha denunciado que algunas universidades están ofreciendo las convocatorias Margarita Salas para jóvenes doctores como becas y no como contratos postdoctorales.

Según recuerdan desde la Coordinadora, estas ayudas están pensadas para la formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación de 2-3 años en universidades públicas españolas, universidades y centros de investigación extranjeros u Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles, de manera que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.

Tal y como expone el colectivo en un comunicado, la «inmensa mayoría de universidades» han convocado estas ayudas en forma de contratos postdoctorales, pero «unas pocas» –y ponen de ejemplo las universidades de Sevilla, La Laguna, Huelva y las Palmas de Gran Canaria– han optado por convocarlas en forma de ayuda económica o beca, al menos en los dos primeros años de duración, proponiendo posteriormente la firma de un contrato en el tercer año al volver necesariamente a una universidad pública española.

Pero además, en los casos de las universidades de Sevilla, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria, la situación es, según la Coordinadora, «aún peor», pues ofrecen la firma de un contrato en el último año si el beneficiario regresa obligatoriamente a dichas universidades.

La Marea Roja entiende que dichas convocatorias incumplen la Ley de la Ciencia, que establece que «los programas de ayudas de las Administraciones Públicas que tengan por objeto la realización de tareas de investigación en régimen de prestación de servicios por personal investigador que no sea laboral fijo o funcionario de carrera, deberán requerir la contratación laboral del personal por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas para las que vaya a prestar servicios».

«Consideramos que volver a la dinámica de ‘becas de investigación’, sin contrato ni cotización a la seguridad social, después de 40 años de lucha para que desapareciera esta figura en favor de los contratos, es dar pasos atrás en el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador más joven», señalan los investigadores.

La Marea Roja afirma que algunos de los argumentos en los que se escudan estas universidades son que así pretenden evitar el pago de la cuota patronal de la Seguridad Social que recaería en el hipotético contrato, incrementando supuestamente así la cuantía de la ayuda percibida por los beneficiarios, «argumento completamente deleznable», según los científicos, y que además las hace compatibles con contratos postdoctorales, de tal forma que «dejan la puerta abierta a que los beneficiarios tengan a la vez un contrato para así evitar que abandonen la ayuda si consiguen uno».

Para el colectivo, «esgrimir esa limitación presupuestaria para negar la posibilidad de hacer un contrato postdoctoral no solo es culpar de la escasa financiación a los beneficiarios, sino que es retroceder en el tiempo 20 años».

«Entendemos que no son argumentos de peso y que se ha optado por emplear estos sustanciosos fondos para convocar una suerte de ‘bolsas de viaje’. Dado el reducido número de contratos postdoctorales que existen en España, el número de personas que verdaderamente se beneficiarían de compatibilizar estas ayudas con un contrato postdoctoral, si es que hubiera alguna, sería anecdótico, mientras que si estas ayudas se sacaran como contratos, serían una fuente de contratación más para jóvenes doctores», asegura la Coordinadora.

Por todo ello, solicita a las universidades que convocan las ayudas como becas y no como contratos, que reconsideren su postura y modifiquen sus respectivas convocatorias para que estas ayudas sean adjudicadas como contratos postdoctorales durante la totalidad de su ejecución. E instan al Ministerio de Universidades y a la Crue para que conmine a dichas universidades a comprometerse de forma real con el futuro de los jóvenes investigadores en España.