Un 67% de los españoles ha asegurado estar poco o nada de acuerdo con la afirmación de que «la juventud sólo ha pensado en hacer botellones» durante la pandemia del Covid-19, según se recoge de los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este jueves.
En este informe, también se destaca que un 84,4% aplaude cómo la mayoría de los jóvenes «ha seguido los protocolos anticovid en los colegios, institutos y universidades», con un uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, cuarentenas, entre otros.
Estas cifras está recogidas en el informe ‘Infancia y juventud ante la pandemia de la COVID-19’. Para elaborarlo, el equipo de José Félix Tezanos ha cuestionado entre el 25 de junio y el 5 de julio de este año a más de 2.000 personas. En el sondeo también se ha tratado el tema de la pobreza.
En este sentido, el trabajo, determina que un cuarto de la población del país (25,4%) no sabe cuál es el porcentaje de pobreza infantil que existe en España. Sólo un 14,6% lo sitúa entre un 21% y un 30%, que sería la respuesta correcta (que es un 27%); mientras que un 36% cree que esta por debajo de esa cifra.
Unos datos que son prácticamente iguales cuando el CIS pregunta a los sondeados por la situación de pobreza, en general, del país.
PRINCIPALES CAUSAS DE LA POBREZA
En este sentido, el trabajo recoge que, para los españoles, las principales causas que explicarían la pobreza en España están el precio de la vivienda (57,3%), las adicciones (56,8%) y la situación del mercado de trabajo (56,5%). También se encuentra entre los motivos que han elegido más de la mitad de los encuestados (53,7%) el de haber nacido en una familia o entorno pobre.
En cuanto a las situaciones que están asociadas a la pobreza, los encuestados creen que la principal es «no poder pagar las facturas a fin de mes o retrasarse en los pagos» (92,2%), por delante de «estar desempleado mucho tiempo» (91,1%); o «no poder permitirse comida de buena calidad y variada» (82,1%).
Sobre las dificultades que pueden sufrir con más frecuencia los menores de familias pobres en su día a día, un 80,7% destaca la falta de acceso a dispositivos electrónicos o informático; un 80,3% el no tener un espacio propio para estudiar; y un 78,8% no poder acceder a una carrera universitaria o estudios de FP.
Sobre los jóvenes y adolescentes, uno de los datos más significativo que recoge este estudio, es que más de la mitad de la sociedad española (54,2%) piensa que se trata a este colectivo como ciudadanos de segunda frente a las generaciones anteriores.
UN FUTURO DIFÍCIL TRAS LA PANDEMIA
De ellos, la mayoría (un 47,4%) cree que esta situación es debida a la «falta de oportunidades laborales, empleos estables y de calidad», mientras que un 15,9% lo achaca a que «no se les brindan oportunidades».
Los españoles denuncian, además, que el futuro de los jóvenes se ha puesto más difícil con la pandemia del Covid-19. Actualmente un 73,2% cree que «las nuevas generaciones van a vivir peor que sus padres en general», mientras que antes de la pandemia era un 48,9%. Del mismo modo, un 82% estima que las administraciones públicas «no hacen lo suficiente en estos momentos por apoyar y ayudar a los jóvenes».
De estos últimos, el 49,4% cree que habría que «ofrecer más ayudas para encontrar empleo» y un 47,3% sostiene que hay que «mejorar las condiciones laborales, situación de los becarios».
SOLUCIONES
Como soluciones que puede dar el Estado para evitar la situación de pobreza de estos niños, un 96,9% creen que habría que fomentar la empleabilidad de sus padres, mientras que un 95,5% considera apropiado dar apoyo educativo a esos menores y un 94,1% otorgar becas comedor a las familias con menos recursos.
Eliminar los copagos para medicinas, ofrecer más viviendas sociales o mayor atención a la salud mental de los niños, son otras de las propuestas del CIS que están entre las más elegidas por los encuestados.
En este sentido, la mayoría (45,3%) cree que quien debe tomar medidas para tratar este problema es el Gobierno central, frente al 14,2% que piensa que son las autonomías las que deben responsabilizarse de este tema y el 16,3% que señala a los ayuntamientos.