El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha defendido que «si hoy hay libertad en Euskadi y en España es porque los socialistas arriesgamos». Además, se ha mostrado convencido de que «si hoy vamos a conseguir convivencia dentro de Cataluña y de Cataluña con España» es porque el presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno socialista «han arriesgado y van a arriesgar en beneficio del país».

«Sin miedo al qué dirán sin miedo a esa derecha sobreactuada, desorientada, bronca, insultante que hoy agita la bandera de Cataluña como en su día agitaba la bandera de ETA», ha resaltado Cerdán, al tiempo que ha subrayado que «si para algo» están los socialistas en política es para «trabajar en favor de la sociedad y no en beneficio propio, porque lo que nos preocupa es el futuro del país y no las próximas elecciones».

Cerdán ha realizado estas afirmaciones en San Sebastián en el acto de presentación del último libro del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ‘Jóvenes sin juventud’, donde ha estado presente, entre otros, la secretaria general del PSE-EE (PSOE), Idoia Mendia, así como el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prologado dicho libro y ha participado mediante un video, al igual que Eider Gardiazabal, presidenta de la Fundación Ramón Rubial, organizadora del evento.

En su intervención, se ha mostrado convencido de que la lectura de este libro «no va a dejar a nadie indiferente» porque recoge las vivencias de una generación de jóvenes socialistas vascos en una época en la que «te jugabas la vida» simplemente por reconocer que «eras socialista y a la que, precisamente, los socialistas, y por ser socialistas, conseguimos ponerle fin».

En esa línea, ha explicado que esa generación «está protagonizando hoy el relevo generacional en el socialismo vasco y navarro» y ha destacado que Eneko Andueza, Mikel Torres, María Chivite, o Javier Remírez, entre otros «perdieron parte de su juventud en la militancia política» y que en la actualidad están al frente de «las más altas responsabilidades».

De este modo, ha resaltado que «estos jóvenes compartieron un compromiso político prematuro que fue la lucha por la libertad y dieron un paso adelante. Su empeño, junto con el arrojo mostrado por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el Lehendakari Patxi López logró «la mayor de las conquistas en este país: derrotar al terrorismo». «Tenemos que decir con orgullo que si hoy hay libertad en Euskadi y en España es porque los socialistas arriesgamos», ha defendido, al tiempo que ha subrayado que «eso no nos lo va a arrebatar nadie».

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado, otro lado, que cuando los socialistas «somos valientes y miramos de frente a la ciudadanía, somos consecuentes en lo que decimos y lo que hacemos, la gente lo valora, como está valorando ya la acción de este Gobierno y del socialismo español en su conjunto».

«Hemos sido sinceros y valientes en la lucha contra el coronavirus, frente a los negacionistas, poniendo en marcha una campaña de vacunación que está siendo un éxito con la colaboración de las comunidades autónomas, para que en medio de la mayor crisis que ha vivido nuestra generación nadie se quede atrás, con la puesta en marcha de los ERTEs y el ingreso mínimo vital o el acuerdo para la reforma de las pensiones», ha sostenido.

Finalmente, ha insistido en que desde el Gobierno socialista están «siendo sinceros y valientes en el camino de la recuperación y mirando al futuro de la mano de Europa vamos a garantizar que llegue a todas las personas y todos los territorios, porque lo que nos mueve a los socialistas es trabajar para todos».

«JUVENTUD ROBADA»

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, por su parte, ha reivindicado «el sentido ético de la generación de jóvenes socialistas a la que ETA robó su juventud». «Hoy son hombres y mujeres que, hipotecaron su juventud, por defender los ideales del PSE-EE, mientras caían compañeros y amigos y sufrían atentados como el que padeció el entonces Secretario de Política Institucional de las Juventudes del PSE-EE de Euskadi, Edu Madina, con 26 años», ha recordado.

Andueza, en su libro comparte sus recuerdos y vivencias de aquellos que «se significaron políticamente» y transmite el «desamparo en que quedaron, afrontando el rechazo de gran parte de la sociedad». Además, realiza «un ejercicio de recuperación de la memoria reciente reivindicando el compromiso firme de no olvidar, pero con la mirada puesta en un horizonte de paz y justicia».

El dirigente socialista ha explicado que este libro viene a «saldar una deuda» que, a su juicio, tiene esta sociedad con una generación de Juventudes del PSE-EE que «supo aguantar y defender los valores socialistas y luchar por la libertad, en condiciones imposibles».

Andueza ha señalado que era importante su escritura porque quería reivindicar parte de su historia y de su relato ya que es también un fragmento de la memoria «colectiva» pero, sobre todo, porque pretende que esta obra sea un «legado para los hijos e hijas de esa generación de Juventudes del PSE-EE y que sepan el gesto de servicio que realizaron a su país por defender el Estado de Derecho y la libertad».

Además, ha recordado que, antes del 20 de octubre de 2011, «hubo generaciones que crecieron conviviendo con la violencia terrorista» y, se ha mostrado convencido de que esta sociedad «nos debe una juventud, pero no nos la vamos a cobrar porque los socialistas somos generosos».

De este modo, ha afirmado que «jóvenes que sufrieron el terrorismo porque asesinaron a sus padres o sufrieron su persecución, no han sido reconocidos públicamente porque hubo mucha gente en Euskadi que callaba». También esos afiliados a Juventudes que, tras lo vivido en los años de plomo, les «dejó secuelas», pero también «muchos aprendizajes» que están marcando su vida futura como la lucha por la paz y están empeñados en construir una convivencia «sólida», en Euskadi, «un país para todos, que sea de todos y a la vez de nadie».

Asimismo, en un video que se ha emitido en el acto, el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que leyendo el libro se ha vuelto a sentir «orgulloso» de los jóvenes socialistas de Euskadi «como ciudadanos, como demócratas y como compañeros de partido» y ha remarcado que la violencia es «lo peor que le puede suceder a una sociedad y que ninguna idea política puede ser defendida o reivindicada con el terrorismo». «No cabe el terrorismo en la política», ha concluido.

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que agrupa a colectivos, organizaciones y sindicatos del ámbito de la investigación, ha denunciado que algunas universidades están ofreciendo las convocatorias Margarita Salas para jóvenes doctores como becas y no como contratos postdoctorales.

Según recuerdan desde la Coordinadora, estas ayudas están pensadas para la formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación de 2-3 años en universidades públicas españolas, universidades y centros de investigación extranjeros u Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles, de manera que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.

Tal y como expone el colectivo en un comunicado, la «inmensa mayoría de universidades» han convocado estas ayudas en forma de contratos postdoctorales, pero «unas pocas» –y ponen de ejemplo las universidades de Sevilla, La Laguna, Huelva y las Palmas de Gran Canaria– han optado por convocarlas en forma de ayuda económica o beca, al menos en los dos primeros años de duración, proponiendo posteriormente la firma de un contrato en el tercer año al volver necesariamente a una universidad pública española.

Pero además, en los casos de las universidades de Sevilla, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria, la situación es, según la Coordinadora, «aún peor», pues ofrecen la firma de un contrato en el último año si el beneficiario regresa obligatoriamente a dichas universidades.

La Marea Roja entiende que dichas convocatorias incumplen la Ley de la Ciencia, que establece que «los programas de ayudas de las Administraciones Públicas que tengan por objeto la realización de tareas de investigación en régimen de prestación de servicios por personal investigador que no sea laboral fijo o funcionario de carrera, deberán requerir la contratación laboral del personal por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas para las que vaya a prestar servicios».

«Consideramos que volver a la dinámica de ‘becas de investigación’, sin contrato ni cotización a la seguridad social, después de 40 años de lucha para que desapareciera esta figura en favor de los contratos, es dar pasos atrás en el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador más joven», señalan los investigadores.

La Marea Roja afirma que algunos de los argumentos en los que se escudan estas universidades son que así pretenden evitar el pago de la cuota patronal de la Seguridad Social que recaería en el hipotético contrato, incrementando supuestamente así la cuantía de la ayuda percibida por los beneficiarios, «argumento completamente deleznable», según los científicos, y que además las hace compatibles con contratos postdoctorales, de tal forma que «dejan la puerta abierta a que los beneficiarios tengan a la vez un contrato para así evitar que abandonen la ayuda si consiguen uno».

Para el colectivo, «esgrimir esa limitación presupuestaria para negar la posibilidad de hacer un contrato postdoctoral no solo es culpar de la escasa financiación a los beneficiarios, sino que es retroceder en el tiempo 20 años».

«Entendemos que no son argumentos de peso y que se ha optado por emplear estos sustanciosos fondos para convocar una suerte de ‘bolsas de viaje’. Dado el reducido número de contratos postdoctorales que existen en España, el número de personas que verdaderamente se beneficiarían de compatibilizar estas ayudas con un contrato postdoctoral, si es que hubiera alguna, sería anecdótico, mientras que si estas ayudas se sacaran como contratos, serían una fuente de contratación más para jóvenes doctores», asegura la Coordinadora.

Por todo ello, solicita a las universidades que convocan las ayudas como becas y no como contratos, que reconsideren su postura y modifiquen sus respectivas convocatorias para que estas ayudas sean adjudicadas como contratos postdoctorales durante la totalidad de su ejecución. E instan al Ministerio de Universidades y a la Crue para que conmine a dichas universidades a comprometerse de forma real con el futuro de los jóvenes investigadores en España.

El sexto Informe de Monitoreo Global de Medios sobre Género, el ‘Global Media Monitoring Project’ (GMMP), destaca, en el ámbito nacional, el aumento de la presencia que ocupan las mujeres como fuentes de información en las noticias, ya que, en la categoría de persona experta, han pasado de representar el nueve por ciento al 34, en especial en los ámbitos sanitarios, educativos y asistenciales.

Además, aunque el porcentaje de mujeres que aparecen en noticias de prensa, radio y televisión sigue siendo ligeramente menor que la media europea –un 26 por ciento frente a un 28 por ciento–, en España sí se está muy por encima en la cifra de profesionales femeninas que trabajan en los medios, sobre todo en televisión, donde actualmente representan un 68 por ciento, cuatro puntos más que en 2015.

En relación con la edad, sin embargo, en los diarios digitales y Twitter se mantiene el sesgo entre hombres y mujeres detectado en el monitoreo de 2015, cuando ya se identificó que las mujeres son las que tienen mayor presencia informativa durante la edad comprendida entre los 35 y los 49 años (33%), mientras que hay un mayor porcentaje de varones (37%) que tienen entre 50-64 años.

El GMMP, presentado este pasado miércoles a nivel internacional, es la iniciativa más grande del mundo sobre la igualdad de género en las noticias y el periodismo. En España, este estudio se ha desarrollado a partir del trabajo de las universidades Autónoma de Barcelona, Cádiz, Internacional de Cataluña, País Vasco, Sevilla, Valencia, el Tecnocampus Maresme de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Málaga (UMA), actuando la institución malagueña como coordinadora del equipo científico nacional, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Igualmente, han participado los grupos de investigación ‘E-COM’ (de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información) y FEMCOM (Feminismo, Comunicación y Cooperación para la Justicia Social).

El sexto informe de la GMMP incluye datos de 116 equipos científicos y cubre 30.172 reportajes publicados en periódicos, transmitidos por radio y televisión y difundidos en sitios web de noticias y a partir de tweets de los medios de comunicación. En la investigación realizada en España se han analizado 563 informaciones procedentes de 32 medios.

«El objetivo es presentar un análisis de género sobre qué y cómo ha cambiado la presencia, representación y voces de sujetos y fuentes desde que se llevó a cabo el primer estudio en 1995», explica la profesora del departamento de Periodismo de la UMA Teresa Vera.

NOTICIAS SOBRE COVID

De acuerdo con la realidad del momento, por primera vez, este estudio incluye datos y análisis sobre la representación de género en las noticias relacionadas con la COVID-19. Las conclusiones muestran que la cobertura informativa de la pandemia sí enfoca y visibiliza la feminización de las profesiones sanitarias, así como de otras áreas.

Igualmente, también se ha abordado si esta cobertura ha tenido especial atención con las personas más vulnerables como mujeres en riesgo, migrantes, colectivo LGTBI. «En una situación crítica como la acontecida, los resultados nos parecen del todo insuficiente y no podemos más que reconocer que la cobertura informativa ha sido particularmente insensible a esta realidad», señala Teresa Vera, que lidera en la UMA la investigación y formación especializada en Estudios de las Mujeres y del Género.

Dos jóvenes españoles de 21 y 24 años, uno de los cuales ha sido detenido en Palencia, son los presuntos causantes del incendio que provocó daños en seis domicilios, cuatro vehículos, cuatro locales comerciales, cinco contenedores, y dos papeleras hace unos días en el barrio de San Pablo de la capital palentina.

Uno de los autores ha sido detenido en Palencia, mientras que el otro, residente en Miranda de Ebro, no ha regresado a su domicilio y actualmente se desconoce su paradero, por lo que se ha dictado una orden de busca y captura policial sobre el mismo a nivel nacional.

Según han comunicado desde la Comisaría de Palencia, la primera línea de investigación la aportó una actuación realizada la misma madrugada del suceso cuando el personal de la Brigada de Provincial de Seguridad Ciudadana de Comisaría identificó en la calle Don Miró a un grupo de tres jóvenes por estar causando molestias y ruidos a los vecinos. Estas personas coincidían plenamente con la descripción aportada posteriormente por los testigos del incendio.

En la investigación se ha podido averiguar también cómo durante la madrugada del pasado 11 de junio, dos de estas tres personas fueron identificadas a consecuencia de una actuación policial derivada de la quema de un total de cinco contenedores, en las calles Prado de la Lana y Marcelino García Velasco.

Con todos estos indicios, se pudo establecer que los autores materiales de los hechos fueron dos jóvenes españoles residentes en Miranda de Ebro y en Palencia, a los cuales acompañaba un tercero también de 21 años de edad y residente en la capital palentina.

A todos ellos les constan numerosos antecedentes policiales previos, por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas, violencia de género, y atentado a agentes de la autoridad.

De momento no existe una valoración precisa de los daños causados por el incendio, pero solo el valor de los contenedores y de las papeleras supera ampliamente los 10.000 euros. Afortunadamente, a los numerosos daños materiales no ha habido que sumar daños personales, gracias a la rápida intervención de patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos.

La comunidad educativa del colegio San Manuel de Málaga capital, donde trabajaba la mujer asesinada este jueves presuntamente a manos de su pareja, ha mostrado su «dolor y consternación» ante lo sucedido y ha asegurado que las circunstancias de su muerte «solo merecen nuestro rechazo».

María Ángeles, de 46 años, ha sido asesinada sobre las 08,50 horas en plena calle Fernán Núñez de la capital con una escopeta, presuntamente por su pareja sentimental, que después se ha disparado a sí mismo, confirmándose también su fallecimiento.

Desde el centro educativo han indicado a través de un comunicado que la mujer era cocinera de la comunidad de las Hijas de la Caridad del colegio San Manuel, vinculada y que gestiona el colegio.

Han incidido en que las circunstancias de su muerte «sólo merecen nuestro rechazo y nos produce una gran sensación de impotencia ante algo tan incomprensible e injusto, así como el firme compromiso de nuestra institución en la educación de nuestro alumnado contra toda forma de violencia».

Así, se han mostrado junto a la familia de María Ángeles, especialmente por sus hijos, antiguos alumnos de dicho centro educativo, en este momento «de profundo dolor».

Desde la Diócesis de Málaga han trasladado también, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, su sentir y ha acompañado «el dolor de los familiares y amigos de María Ángeles, asesinada hoy» y han pedido «sumar esfuerzos por el fin de la violencia».

Según las primeras indagaciones, un hombre de 55 años y nacionalidad española, habría disparado con una escopeta a su pareja, para posteriormente dispararse a sí mismo con el mismo arma, confirmándose también su fallecimiento.

Desde la Policía Nacional han precisado que no constan denuncias previas de violencia de género entre las partes. La víctima y su pareja convivían desde hacía dos años.

Un 67% de los españoles ha asegurado estar poco o nada de acuerdo con la afirmación de que «la juventud sólo ha pensado en hacer botellones» durante la pandemia del Covid-19, según se recoge de los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este jueves.

En este informe, también se destaca que un 84,4% aplaude cómo la mayoría de los jóvenes «ha seguido los protocolos anticovid en los colegios, institutos y universidades», con un uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, cuarentenas, entre otros.

Estas cifras está recogidas en el informe ‘Infancia y juventud ante la pandemia de la COVID-19’. Para elaborarlo, el equipo de José Félix Tezanos ha cuestionado entre el 25 de junio y el 5 de julio de este año a más de 2.000 personas. En el sondeo también se ha tratado el tema de la pobreza.

En este sentido, el trabajo, determina que un cuarto de la población del país (25,4%) no sabe cuál es el porcentaje de pobreza infantil que existe en España. Sólo un 14,6% lo sitúa entre un 21% y un 30%, que sería la respuesta correcta (que es un 27%); mientras que un 36% cree que esta por debajo de esa cifra.

Unos datos que son prácticamente iguales cuando el CIS pregunta a los sondeados por la situación de pobreza, en general, del país.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA POBREZA

En este sentido, el trabajo recoge que, para los españoles, las principales causas que explicarían la pobreza en España están el precio de la vivienda (57,3%), las adicciones (56,8%) y la situación del mercado de trabajo (56,5%). También se encuentra entre los motivos que han elegido más de la mitad de los encuestados (53,7%) el de haber nacido en una familia o entorno pobre.

En cuanto a las situaciones que están asociadas a la pobreza, los encuestados creen que la principal es «no poder pagar las facturas a fin de mes o retrasarse en los pagos» (92,2%), por delante de «estar desempleado mucho tiempo» (91,1%); o «no poder permitirse comida de buena calidad y variada» (82,1%).

Sobre las dificultades que pueden sufrir con más frecuencia los menores de familias pobres en su día a día, un 80,7% destaca la falta de acceso a dispositivos electrónicos o informático; un 80,3% el no tener un espacio propio para estudiar; y un 78,8% no poder acceder a una carrera universitaria o estudios de FP.

Sobre los jóvenes y adolescentes, uno de los datos más significativo que recoge este estudio, es que más de la mitad de la sociedad española (54,2%) piensa que se trata a este colectivo como ciudadanos de segunda frente a las generaciones anteriores.

UN FUTURO DIFÍCIL TRAS LA PANDEMIA

De ellos, la mayoría (un 47,4%) cree que esta situación es debida a la «falta de oportunidades laborales, empleos estables y de calidad», mientras que un 15,9% lo achaca a que «no se les brindan oportunidades».

Los españoles denuncian, además, que el futuro de los jóvenes se ha puesto más difícil con la pandemia del Covid-19. Actualmente un 73,2% cree que «las nuevas generaciones van a vivir peor que sus padres en general», mientras que antes de la pandemia era un 48,9%. Del mismo modo, un 82% estima que las administraciones públicas «no hacen lo suficiente en estos momentos por apoyar y ayudar a los jóvenes».

De estos últimos, el 49,4% cree que habría que «ofrecer más ayudas para encontrar empleo» y un 47,3% sostiene que hay que «mejorar las condiciones laborales, situación de los becarios».

SOLUCIONES

Como soluciones que puede dar el Estado para evitar la situación de pobreza de estos niños, un 96,9% creen que habría que fomentar la empleabilidad de sus padres, mientras que un 95,5% considera apropiado dar apoyo educativo a esos menores y un 94,1% otorgar becas comedor a las familias con menos recursos.

Eliminar los copagos para medicinas, ofrecer más viviendas sociales o mayor atención a la salud mental de los niños, son otras de las propuestas del CIS que están entre las más elegidas por los encuestados.

En este sentido, la mayoría (45,3%) cree que quien debe tomar medidas para tratar este problema es el Gobierno central, frente al 14,2% que piensa que son las autonomías las que deben responsabilizarse de este tema y el 16,3% que señala a los ayuntamientos.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que «nadie niega» que tiene que haber reformas políticas en Cuba pero ha desgranado que la única forma de que sean posibles es levantar el embargo económico que pesa sobre el país.

Además, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, utilice la situación «límite» del pueblo cubano con la única finalidad de «atacar al Gobierno».

En declaraciones a TVE, ha señalado que le «molesta muchísimo» que el líder del PP trate de hacer con un problema internacional «de este calado» una cuestión de política nacional.

Además, ha criticado que el jefe de la oposición demuestra, con su actitud, que «le da igual» los problemas de los cubanos y «lo único que quiere es atacar al Gobierno».

«Si realmente nos preocupa el pueblo cubano, lo que tenemos que trabajar es que se levante de una vez por todas ese embargo económico, que está haciendo que un país que ha sido capaz de sus propios medios de desarrollar dos vacunas (contra el Covid-19) que funcionan, sin embargo y a ese bloqueo económico no tiene ni los recursos suficientes para poder tener jeringuillas», ha desgranado Belarra.

Por tanto y ante esta situación de «excepcional y límite» que atraviesa el país caribeño, ha lanzado que si Casado tuviera preocupación ante la situación en Cuba, pediría el levantamiento del embargo.

Preguntada sobre cómo definiría el régimen cubano, la también secretaria general de Podemos ha explicado que la situación del país «no se puede entender desde ninguno de los parámetros a los que se está acostumbrados en Europa», sobre todo por seis décadas de embargo económico.

CREAR EL «CLIMA SUFICIENTE» PARA QUE HAYA REFORMAS EN CUBA

Por tanto, los representantes públicos deben ser «serios» y «poner soluciones» a un problema internacional de «primer nivel», destacando que multitud de naciones han pedido en la asamblea general de Naciones Unidas que se levante dicho bloqueo.

«Si a alguien le preocupa de verdad que los cubanos vivan mejor, a mí desde luego sí me preocupa, lo que hay que trabajar es para levantar ese embargo y eso permita generar el clima suficientes para que se puedan llevar a cabo las reformas políticas y sociales, que nadie niega que se tienen que dar en Cuba. Nadie niega que se tienen que dar, efectivamente se tienen que dar pero la única forma de que sea posible es levantar el embargo económico», ha zanjado.

Vox registrará en el próximo periodo de sesiones una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para evitar que los exministros puedan volver inmediatamente a la carrera judicial una vez que salen del Gobierno.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, después de que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo vaya a volver a su plaza como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tan solo una semana después de haber sido cesado por Pedro Sánchez. Pero también ha recordado el caso de su antecesora, Dolores Delgado, ahora fiscal general del Estado.

Para evitar que se sigan produciendo estas situaciones, Vox defenderá en el Congreso tras el verano una reforma legal que obligue a los ministros cesados a dejar pasar un determinado periodo de tiempo antes de poder volver a la carrera judicial.

En una entrevista en EsRadio, Olona ha explicado que su grupo parlamentario está hablando con las asociaciones de jueces antes de concretar los detalles de su iniciativa y, sobre todo, decidir el tiempo propuesto para que los exministros tengan que permanecer en ‘cuarentena’.

Una vez que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial de Juan Carlos Campo, el exministro volverá a su puesto en la Audiencia Nacional tal y como había solicitado.

El artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados en servicios especiales deben solicitar su reingreso en el servicio activo en un plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente del cese en el cargo e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes.

El artículo 354 de la misma norma determina que los jueces y magistrados en servicios especiales no perderán su antigüedad en la Carrera y tendrán derecho a que se les reserve la plaza que ocupaban al pasar a esa situación administrativa o la que hayan podido obtener durante el tiempo que han permanecido en la misma.

Los Bomberos de Zaragoza han sacado del agua el helicóptero de incendios del 112 que se precipitó en la Estanca del Gancho, en Ejea de los Caballeros, tras dos días de intenso trabajo.

La unidad de buceo se trasladó hasta el lugar el pasado 13 de julio tras atender la solicitud realizada por el Ejecutivo autonómico y, en la noche de este miércoles se ha podido rescatar del agua el aparato.

La aeronave se encontraba a unos quince metros de la orilla y estaba sumergida parcialmente en el agua, por lo que se veía desde la superficie.

Los trabajos de los bomberos se han centrado en reflotar el helicóptero para poder arrastrarlo a tierra, una labor complicada debido a la poca profundidad de la estanca y la turbidez del agua, que ha obligado a los buceadores a trabajar con nula visibilidad.

La operación se ha desarrollado en dos fases. La primera ha consistido en la colocación de unos globos elevadores en los patines del transporte para reflotarlo y enderezarlo a su posición inicial. En este punto, los efectivos desplegados tuvieron que extraer una tapa del helicóptero bajo el agua retirando los tornillos sin apenas visibilidad.

A continuación, ya por la tarde, una embarcación y un sistema de tracción arrastró el helicóptero a la orilla, para lo que se contó con material del la Compañía de Operaciones Anfibias del regimiento de Pontoneros. Desde ahí fue finalmente extraído con la ayuda de una grúa, entrada ya la noche.

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, se trasladó, a primera hora del miércoles, hasta el lugar para supervisar los trabajos que se han realizado con sumo cuidado para no dañar el helicóptero, de unos 4.300 kilos, ni eliminar pruebas que puedan resultar útiles para esclarecer las causas del siniestro.

El accidente se registró pasadas las 20.00 horas de este domingo sin que se produjeran heridos graves, ya que los ocupantes abandonaron por sus propios medios el helicóptero.

Vox ha anunciado este jueves que ha alcanzado un «acuerdo» con el Gobierno andaluz para «sacar adelante» el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que la próxima semana se someterá de nuevo al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y a la que el grupo Unidas Podemos ha planteado una enmienda a la totalidad.

En un audio difundido por Vox, el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha indicado que su formación ha llegado a un acuerdo con la Junta en relación a las propuestas que presentó para mejorar el texto del proyecto de ley.

Ha añadido que, así, la ley será «mejorada en aquellos aspectos que fueron denunciados en su momento por Vox y serán corregidos». Ha apuntado que se han eliminado aspecto «ideológicos innecesarios» y desde Vox se ha fomentado más simplificación, agilización y más reducción del tiempo para la concesión de licencias, al tiempo que se ha añadido más «colaboración público-privada».

«Esta ley ahora es mejor y lo es gracias a Vox y mejorará un proyecto de ley que ahora si beneficiará a todos los andaluces. Este es el espíritu del acuerdo y si se desvirtúa lo acordado con Vox, lógicamente el grupo parlamentario se replantearía su posición en relación con el proyecto de ley», según ha señalado Manuel Gavira.

Por su parte, la portavoz nacional de Vox, Patricia Rueda, que hoy ha mantenido un encuentro con el grupo parlamentario, ha indicado que estamos «ante una nueva victoria de Vox en nuestro empeño por mejorar la vida de los españoles».

Ha denunciado que el PP-A pretendía aprobar una nueva Ley del Suelo que traía «inseguridad jurídica, dudas a la propiedad privada y que avanzaba en las ideologías del consenso progre, incluyendo cosas tan delirantes como el impacto de género en el urbanismo o la implantación de la Agenda 2030, enemiga de los intereses de los españoles».

Ha señalado además que mientras Vox «trabajaba por mejorar ese texto, el Gobierno negociaba con el PSOE-A la paguita vitalicia para los expresidentes de la Junta, una auténtica vergüenza que demuestra que el PP y el PSOE siguen más interesados en el bienestar de los políticos que en garantizar el bienestar de los españoles».

«Queda constatado que el PP sigue siendo un PSOE de asimilación lenta que va tragando con todas las leyes y políticas de la izquierda», según Rueda, quien ha añadido que gracias a Vox se va a sacar a adelante un nuevo texto de la Lista «libre de ideologías, que garantice la seguridad jurídica y sea verdaderamente un motor para el desarrollo social y económico de nuestra región».

«Hemos impedido una Ley del Suelo socialista y no permitiremos que los expresidentes de la junta socialistas corruptos condenados sobren un solo euro de dinero público», según ha sentenciado la dirigente de Vox, quien ha exigido al Gobierno andaluz el «cumplimiento íntegro» de los acuerdos suscritos con este partido.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el primer decreto del estado de alarma revela que hay un «problema» con la Justicia, que son los jueces quienes hacen «oposición al Gobierno», y urge a renovar el Consejo General del Podemos Judicial y el resto de órganos judiciales.

En declaraciones a TVE, Belarra ha detallado que respetan las sentencias judiciales, como no puede ser de otra manera en una democracia, pero no comparten «para nada» esta resolución, que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus.

La también secretaria general de Podemos ha defendido que gracias a ese estado de alarma se logró salvar cientos de miles de vidas en España y se pudo contener, con esas medidas adoptadas de manera «rápida», en la primera ola los contagios de coronavirus.

«Hicimos lo que teníamos que hacer, lo pienso firmemente», ha añadido para, a continuación, enfatizar que hay «un problema muy serio con la Justicia», dado que «son los jueces los que están haciéndole la oposición al Gobierno».

Para Belarra, resulta «incomprensible» esta decisión, que la ciudadanía del país no entiende, y ha constatado que es «una urgencia» que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, así como el resto de órganos judiciales, para que actúen como «poderes independientes que tienen que ser».

SIGUE RECLAMANDO UNA EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA

También ha explicado que el Ejecutivo está preocupado por los «altísimos precios» que está experimentando la factura de la luz, que han suscitado la adopción de medidas como el anteproyecto para reducir beneficios caídos del cielo a las eléctricas y una bajada excepcional del IVA al 10% en el precio de la energía.

No obstante y pese a que son medidas «ambiciosas», la ministra ha desgranado que esto no es suficiente y que el «tiempo va poniendo encima de la mesa» que la «única manera de intervenir» el mercado eléctrico para aportar «transparencia y competitividad» es una empresa pública de energía.

Tras recordar que la puesta en marcha de esa energética pública no está en el acuerdo de coalición, Belarra ha señalado que no van a dejar de pedir a su socio de Gobierno su creación, pues entienden que es la única manera de hacer frente al «oligopolio» que constituyen las tres compañías que copan el 80% del mercado.

El Autobús de la Repoblación, una de las iniciativas de la feria Presura dedicada a la lucha contra la despoblación, recorrerá este verano el Camino de Santiago para visibilizar «una España rural pujante y emprendedora», a través de dar a conocer proyectos impulsados por mujeres en cada una de sus paradas.

La gira empieza el lunes 19 de julio en Zubiri (Navarra) y finalizará en Santiago de Compostela a mediados de septiembre, con el lema ‘Rural Femenino’. La iniciativa, promovida por El Hueco, cuenta un año más con el apoyo del Grupo Red Eléctrica y de su filial Hispasat, con el objetivo de impulsar la repoblación, reactivación económica y eliminación de la brecha digital en el medio rural.

Esta iniciativa de la V feria Presura 2021, que tendrá lugar en Soria entre el 4 y 7 de noviembre, recorre cada verano diversas provincias del medio rural para poner en valor las iniciativas que se están desarrollando en él y coincidiendo con el Año Santo, se sumará al Camino de Santiago.

La ruta del bus, que luce una imagen de una mujer con capa, como una heroína rural, empieza el próximo lunes en la localidad navarra de Zubiri y seguirá por tierras de la Comunidad Foral, con paradas en Pamplona (día 20) y Arcos (día 21). El día 22, el autobús llegará a Logroño, y seguirá por territorio riojano en Nájera (día 23) y Santo Domingo de la Calzada (día 24).

La semana siguiente, el autobús se detendrá el lunes 27 en Sigüenza (Guadalajara), para cambiar luego de comunidad y llegar a Burgos, en Castilla y León, con visitas a Belorado (día 28), Padroluengo (también el 28), y Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra, ambos el día 29.

En cada una de las paradas se realizará un programa de televisión en directo, que será retransmitido por PresuraTV en sus canales de YouTube y su página web, y que tendrá como protagonistas a personas emprendedores, especialmente mujeres, de cada localidad.

REACTIVAR LOS PUEBLOS CON INICIATIVAS FEMENINAS

«La reactivación de nuestros pueblos pasa, entre otras cuestiones, por apoyar y visibilizar a sus mujeres. Ellas pueden ser un referente para muchas otras», destaca la presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

«Las mujeres siempre han sido fundamentales para el medio rural, y lo seguirán siendo incluso más en el medio rural del siglo XXI que estamos rediseñando ahora», agrega el director de El Hueco, Joaquín Alcalde, quien se refiere también a la intención de «recuperar ese espíritu» de las Rutas Jacobeas por las cuales «circularon personas, mercancías y también ideas nuevas, diferentes maneras de ver el mundo».

Vox recurrirá ante la justicia la restricción a la reunión de grupos de más de 10 personas que ha impuesto la Generalitat a causa del aumento de la kincidencia del coronavirus, aunque no al toque de queda, ya que consideran que «ya está la sentencia del Tribunal Supremo» que lo dejó sin efecto.

Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de la formación en Les Corts, José María Llanos, que ha ofrecido una rueda de prensa este jueves junto a la síndica, Ana Vega, y la portavoz adjunta, Llanos Massó, para valorar los dos años de presencia del partido en la cámara valenciana.

Llanos ha apuntado que el Tribunal Supremo se pronunció en contra de que las comunidades autónomas pudieran acordar medidas restrictivas de derechos fundamentales de carácter generalizado y no individualizado.

En este sentido, ha indicado que «curiosamente», el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) avala tanto la restricción a la movilidad nocturna en municipios con alta incidencia, pero también las restricciones a las reuniones de grupos con carácter generalizado, «cuando eso efectivamente no se puede hacer atendiendo a las sentencias del alto tribunal».

Además de este anuncio, durante la rueda de prensa, los portavoces de Vox en Les Corts han repasado su actividad parlamentaria durante estos dos años. Vega ha precisado que han presentado alrededor de 3.000 iniciativas, mientras que Llanos ha apuntado que han llevado a cabo siete recursos, más el que van a presentar contra estas restricciones.

«GOBIERNO DE LA MENTIRA Y LA RUINA»

Vega ha calificado al Botànic II como el «gobierno de la mentira, la ruina y la muerte y la ocultación de las cifras de fallecidos». En este sentido, les ha acusado de «ocultar cifras de fallecidos» y de «pisar el acelerador para aprobar sus leyes ideológicas y liberticidas». Por ello, ha defendido que «la única alternativa posible que existe es Vox, no hay otra».

Respecto a su acción política, ha indicado que la pandemia ha marcado la agenda política y ha abogado por la devolución de competencias sanitarias al Gobierno central ya que «se hubiera gestionado mejor la pandemia con un solo director de orquesta». También ha indicado que solicitaron medidas para el seguimiento de las secuelas post Covid.

En el ámbito social, ha destacado sus «iniciativas de apoyo a la natalidad y a la mujer embarazada y al no nacido» y ha remarcado su petición de «eliminar la discapacidad como causa legal del aborto». Además, también ha arremetido contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que «no puede tener en sus manos las políticas sociales y mucho menos el control sobre los menores tutelados».

Además, ha resaltado el voto particular de su partido en la Comisión de la DANA «que solo ha servido para engordar los bolsillos de los diputados» y el «despilfarro» en À Punt, que ha considerado que «debería desaparecer». También ha remarcado su apoyo a la tauromaquia y ha pedido un Plan Hidrológico Nacional para «repartir el agua entre todas las regiones».

Por su parte, Llanos ha remarcado sus peticiones y recursos en el ámbito jurídico, como una PNL «en apoyo a las instituciones de la nación que el tripartito se negó a apoyar» porque «hay partidos que quieren la quiebra del orden constitucional y acabar con las instituciones», como «la corona». También ha pedido la derogación de la Ley de Memoria Democrática porque «habla de buenos y malos, de rojos y azules».

Por su parte, Massó ha remarcado las reivindicaciones de la formación en materia educativa y también ha criticado que el sistema autonómico no sostiene. «Ya lo veníamos diciendo, o autonomías, o pensiones», ha aseverado.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado este jueves que hay que esperar a leer la sentencia completa del Tribunal Constitucional sobre el primer decreto de estado de alarma, ya que, según ha dicho, incluso los toques de queda «pueden caer» tras ese pronunciamiento judicial.

«Incluso los toques de queda, que suponen limitaciones intensas al derecho a la circulación durante unas horas, pueden caer en el contexto de suspensión del Tribunal Constitucional. Hay que esperar a leer la sentencia, que todavía no conocemos el texto», ha declarado López, que ha animado al Gobierno a impulsar una Ley de Pandemias para dar «certidumbre» a las comunidades autónomas.

Así se ha pronunciado en un momento en que varias autonomías han impulsado el toque de queda en sus territorios tras el aumento de los contagios. La Justicia sí que ha avalado el toque de queda en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, algo que no ha ocurrido en Canarias, donde el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la petición del Gobierno regional para limitar la movilidad nocturna en las islas.

Sin embargo, están pendientes de ser ratificadas por la Justicia la decisión del Gobierno de Cataluña, que aprobó este miércoles el toque de queda para 158 municipios de su región, así como la del Gobierno de Cantabria, que pretende aplicar el toque de queda y limitar reuniones en 53 de sus localidades.

CREE QUE LLOP «SE APRESURÓ» AL VALORAR LA SENTENCIA DEL TC

En una entrevista en Telemadrid, el responsable de Justicia e Interior del PP ha señalado que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, «se apresuró» al hacer una valoración este miércoles sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando se «desconoce» la sentencia completa, «más allá del fallo».

En este punto, ha echado en cara al Gobierno que con sus declaraciones haya querido «trasladar desprestigio» a la labor del Tribunal Constitucional como, a su juicio, hicieron recientemente con el Tribunal Supremo tras su pronunciamiento en contra de dar los indultos a los condenados por el ‘procés’.

«Este es un Gobierno que tiene una guerra permanente con el Estado de Derecho y, desde luego parece que está más próximo a un Estado del revés que a un Estado de Derecho», ha manifestado el también consejero de la Comunidad de Madrid.

Ante la posibilidad de que el Estado tenga que devolver ahora el dinero de las multas que cobró tras el fallo del TC, López ha indicado que en este caso también «habrá que leer el texto de la sentencia». «Parece que todas las sanciones que no sean firmes obviamente carecerían de sostén legal para poder mantenerlas siempre que tengan que ver con acciones que tengan consecuencia del estado de alarma», ha añadido.

López ha subrayado que, más allá de lo que suponen las multas, el Estado no va a tener responsabilidad patrimonial porque, según ha explicado, el cierre de actividades económicas «se puede hacer con una ley ordinaria» y «sin necesidad» de recurrir al estado de alarma.

DICE QUE LA «DEJADEZ» DEL GOBIERNO ES «IRRESPONSABLE»

El secretario de Justicia e Interior del PP ha recalcado que «lo importante» tras el fallo del TC es que el Gobierno «tome nota» y haga como otros gobiernos europeos, «adaptando su legislación a una realidad» que se desconocía.

En este punto, se ha quejado de que haya pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y el Ejecutivo siga «sin hacer nada». «La dejadez de este Gobierno en esta materia es absolutamente irresponsable», ha denunciado.

Según ha recordado, Pablo Casado ofreció a Pedro Sánchez el pasado mes de abril reformar por lectura única la actual Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. «Es lo que tendría que haber hecho el Gobierno español, una ley orgánica que diera certidumbre a los ciudadanos y a las administraciones», ha concluido.

Vox calcula que la resolución del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma supondrá para el Estado la pérdida de un mínimo de 720 millones de euros, tanto en multas que deberá devolver como en la renuncia de cobro de aquellas que aún estaban pendientes.

Así lo ha explicado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, en una entrevista en EsRadio. Olona cree que el fallo del TC declarando inconstitucional el estado de alarma ha «escrito una página en el constitucionalimo» español y supone «un varapalo sin precedentes» para el Gobierno.

«En historia no se había producido un atropello igual derechos y libertades de los españoles», ha denunciado reivindicando como «un triunfo de Vox» la decisión del TC, ya que el partido fue el que interpuso el recurso contra el instrumento utilizado por el Ejecutivo y avalado por el Congreso para aplicar las medidas de contención de la pandemia.

Según ha explicado, Vox era consciente de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para contener el avance del Covid-19. Y de hecho así lo pidió su presidente, Santiago Abascal, días antes de que se decretara el confinamiento y por eso votó a favor la primera vez que el estado de alarma se sometió al control del Congreso.

Sin embargo, sostiene que las medidas no podían adoptarse «en contra de la Constitución» y el presidente, Pedro Sánchez, no podía ordenar el cierre de toda actividad económica excepto los servicios esencial sin contar con el Parlamento.

«Cuando vimos cómo este Gobierno abusaba del estado de alarma, denunciamos que se trataba de un estado de excepción encubierto», ha recordado explicando el cambio de postura de Vox y su recurso ante el Tribunal Constitucional.

Olona ha insistido en que eran «imprescindibles» medidas extraordinarias, pero «nunca al margen de la Constitución». «Nos tuvieron 98 días secuestrados», ha denunciado señalando directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por sus instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar lugares como iglesias o detener a personas que se saltaban el confinamiento.

Precisamente en este punto ha recordado que el ministro dijo que se habían interpuesto alrededor de 1.200.000 multas durante el estado de alarma, lo que lleva a Vox a calcular que, quedándose en la franja más baja de multa, el Estado va a tener que devolver o dejar de percibir unos 720 millones de euros.

En cualquier caso, considera que la «mayor multa» es la que sufrieron los empresarios llevados a la «ruina» por las obligaciones de cierre. Pero sin embargo «parece» que el Tribunal Constitucional va a impedir esas reclamaciones patrimoniales.

LA SENTENCIA INTENTARÁ ‘SALVAR’ AL PP

En este sentido, pese a la declaración de inconstitucionalidad, Olona cree que la sentencia –que aún no se conoce íntegra– incorporará términos «dolorosos» para Vox con el objetivo de no dejar en mal lugar al PP. De hecho, considera que si el recurso lo hubieran interpuesto los ‘populares’, el fallo hubiera contado con un consenso más amplio.

«Con todo el dolor de mi corazón, la sentencia no se ha dictado en términos estríctamente jurídicos», ha reprochado Olona, que además ha denunciado «enormes presiones políticas» también por parte del Gobierno. La última, según ha asegurado, de la ya exvicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo a la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca.

El que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, el burgalés Juan Vicente Herrera, ha puesto en valor este jueves la labor de promoción desarrollada durante su mandato junto al Ayuntamiento de Burgos para poner en valor el Sistema Atapuerca.

Herrera ha realizado estas declaraciones minutos antes de recibir el «Premio Evolución» a los Valores Humanos, que comparte con el exalcalde de Burgos, Ángel Olivares.

El expresidente de la Junta ha manifestado sentirse muy ilusionado por recibir ese galardón, que premia la labor de promoción e impulso del Sistema Atapuerca, un proyecto «de gran relevancia nacional y de gran dimensión científica, divulgativa y social».

Al mismo tiempo Herrera ha querido reconocer y agradecer la visión de Ángel Olivares para poner en valor este proyecto. «Ángel Olivares tuvo coraje, voluntad y capacidad de enganchar e ilusionar, buscando cómplices para definir este proyecto. Yo fundamentalmente aprendí del alcalde», ha advertido.

En este sentido ha recordado que a las pocas semanas de tomar posesión como presidente de la Junta, en el año 2001, se reunió con Olivares, cristalizando un compromiso institucional para impulsar lo que hoy conocemos como Sistema Atapuerca.

«Lo que hoy veo en este premio es la voluntad de primar lo importante y los intereses generales, poniendo en valor todo lo que Atapuerca suponía.

Ángel Olivares vio que había una posibilidad de ponerlo en valor, de atraer riqueza y de atraer talento a Burgos. Fue una apuesta histórica y 20 años después podemos decir que es una historia de éxitos», ha concluido Herrera.

También ha hecho mención especial a los consejeros de Cultura, el fallecido Tomás Villanueva y Josefa García Cirac, que durante su mandato también impulsaron este proyecto.

Por su parte Ángel Olivares ha suscrito las palabras de Juan Vicente Herrera y ha reconocido que se trata de un proyecto de «excelencia profesional y de relevancia internacional«, que hace que Burgos sea una referencia en todo el mundo.

En este sentido ha advertido que el mérito de este proyecto es colectivo y de toda la ciudadanía burgalesa. «La ciudad de Burgos ha conseguido un gran activo, porque este proyecto atrae y retiene talento y genera confianza», ha puntualizado.

Coincidiendo con la campaña de excavación, el acto de entrega ha tenido ligar en la sierra de Atapuerca ante una representación de miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, y lo conducen sus codirectores Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.

También han asistido al acto los patronos y colaboradores de la Fundación Atapuerca junto con otros representantes tanto del ámbito público como del privado.

Los ‘Premios Evolución’ fueron creados en el año 2009 por la Fundación Atapuerca para reconocer a quienes contribuyen a mejorar el conocimiento sobre la evolución humana y a construir una sociedad mejor formada y más justa.

Se conceden cada dos años y el jurado está formado por los miembros del Patronato de la Fundación Atapuerca. Tiene dos modalidades: por un lado, el ‘Premio Evolución’ a la Labor Científica y por otro el ‘Premio Evolución’ a los Valores Humanos.

En esta VII Edición de los Premios, el profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París, Yves Coppens, recibe el ‘Premio Evolución’ a la labor científica por su trabajo de investigación y de impulso al conocimiento de la prehistoria que ha sido y es muy importante, así como su constante apoyo al Proyecto Atapuerca.

Coppens es paleoantropólogo, prehistoriador y profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París y del Collège de Francia.

Por su parte, Juan Vicente Herrera y Ángel Olivares reciben ex aequo el ‘Premio Evolución’ a los valores humanos por su labor crucial en la promoción de las instituciones que conforman el Sistema Atapuerca, entre los que destacan el Museo de la Evolución Humana (MEH), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), y el Fórum Evolución, así como su apoyo constante al Proyecto Atapuerca.

Los Premios se materializan mediante la entrega de dos esculturas donadas por el artista burgalés Oscar Martín.

La escultura representativa del premio a los valores humanos, titulada por el autor ‘Adición’, se trata de una figura antropomorfa.

La escultura representativa del premio a la labor científica lleva por título «Dualidad», y representa a dos homínidos que se apoyan espalda con espalda.

La mayoría de las asociaciones de jueces han afeado a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, que intente «deslegitimar» el fallo del Tribunal Constitucional en el que se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el decreto-ley por el que el Ejecutivo declaró el primer estado de alarma.

Llop se pronunció este miércoles horas después de que se diera a conocer la decisión del tribunal de garantías y destacó la división que había habido en el seno del Pleno al momento de resolver el recurso y señaló que Moncloa respeta el criterio de los seis magistrados que han apoyado este fallo, «si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido otros cinco magistrados del mismo órgano».

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), asegura que le causa «gran tristeza» que la ministra utilizara «argumentos que no buscan más que deslegitimar la decisión» del Constitucional.

Reprocha a Llop que enfatizara que el fallo fue de seis magistrados y recuerda que aunque figuran votos particulares de cinco jueces, la resolución fue firmada por el Pleno y, por tanto, es una decisión que adopta el tribunal.

Además, considera que la sucesora de Juan Carlos Campo «desenfoca» el debate al insistir que la decisión del Gobierno de limitar la circulación de personas y coches salvó vidas, porque -precisa– «el Constitucional no ha dicho que el confinamiento fuera un despropósito», sino que tenía que hacerlo a través de otro instrumento jurídico, en este caso, del estado de excepción.

APM: SE DEBE RESPETAR LOS FALLOS SIN PEROS

Por su parte, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lamenta que la actitud del Ejecutivo sea criticar un fallo cuando no le favorece e insiste en que «desde la responsabilidad institucional» deben respetarse las decisiones que se adoptan por el Constitucional sin peros, «incluso cuando no te son favorables».

Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), considera que el Gobierno debía haber esperado a conocer el contenido de la sentencia para pronunciarse y recuerda que «vivimos en un estado de derecho que se basa en la separación de poderes» y que, por lo tanto, esperan «que no haya habido ninguna injerencia del Ejecutivo sobre el tribunal».

JJPD DISCREPA

Por el contrario, Ascención Martín, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, discrepa y recuerda que las resoluciones «son criticables». Asegura que aunque respetan la decisión de los magistrados, no comparten su criterio. Sin embargo, matizan, están a la espera de conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares.

El fallo adelantado este miércoles declara inconstitucional determinados apartados recogidos en el decreto-ley por el que el Gobierno aprobó el primer estado de alarma. En concreto, la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma; la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial; y la potestad del Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

La pandemia ha tenido efectos en la implementación de la Agenda 2030, que ya antes de la irrupción del Covid-19 no se estaba ejecutando al ritmo suficiente y que, de seguir así, estaba abocada a convertirse en papel mojado, por lo que Naciones Unidas ha instado a acelerar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y desde la Red Española del Pacto Mundial se alienta a las empresas a que actúen como «activistas del cambio» y generen un «liderazgo colectivo».

Movilización, aumento de la ambición y soluciones innovadoras son los tres ejes de trabajo señalados por Naciones Unidas para impulsar los ODS a partir de 2020, año que marca el inicio de la que la organización ha declarado la ‘Década de Acción’.

La ONU considera que para lograr la Agenda 2030 es necesario que todo el mundo la conozca y tome conciencia de la importancia de su impacto en la misma, y actualmente tres de cada cuatro ciudadanos (el 74%) a nivel mundial –hasta un 80% en el caso de los españoles– afirma haber oído hablar de los ODS, un dato que, a pesar de ser bastante positivo, no resulta suficiente teniendo en cuenta lo ambicioso de las metas marcadas, de ahí la importancia de la movilización.

La Red Española del Pacto Mundial, en su publicación ‘ODS Año 5, El liderazgo colectivo en la Agenda 2030: una década para la acción’, señala que para dar a conocer y concienciar de la importancia de la Agenda 2030 es fundamental que los ODS se integren en las agendas políticas de todos los países y en las estrategias empresariales, impulsando acciones de comunicación con narrativas innovadoras o conectando movimientos sociales para crear fuerzas de cambio.

En concreto, apunta que el liderazgo empresarial es esencial para lograr los objetivos dirigidos a erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario, que requieren la implicación de todos, ya que a través de las empresas se puede llegar a la población general.

Tal y como indica la Red Española del Pacto Mundial, solo en España hay alrededor de 2.860.755 empresas que emplean a 15.532.951 personas, lo que supone alrededor de un 33% de la población total del país. Las compañías impactan sobre todas estas personas de forma directa, y también en todos sus grupos de interés y en el conjunto de la población a través de sus productos, servicios o acciones de marketing y comunicación.

En este sentido, BBVA lanzó el pasado abril una sección de sostenibilidad en su web corporativa destinada a contenidos que abordan temáticas relacionadas con los ODS y ahora lanza una newsletter semanal con el mismo propósito, acercar los retos de la sostenibilidad y la economía al gran público, esta vez con una herramienta que facilita el acceso a artículos interesantes sobre diferentes temáticas, frente al exceso de oferta informativa y la falta de tiempo para leer todo lo que se publica.

La nueva newsletter de sostenibilidad del BBVA incluye los contenidos que el banco ya publica en todos sus canales de comunicación: tribunas de expertos, entrevistas de interés, vídeos, ‘podcast’, entre otros; que versan sobre su compromiso por un futuro más verde e inclusivo, la relación de los seres humanos con el planeta, la inclusión social, la economía circular, las energías renovables, la movilidad sostenible, la alimentación saludable y con respeto a la biodiversidad, y las infraestructuras sostenibles.

Para darse de alta en la ‘newsletter’ hay que acceder directamente a la página de suscripción (https://www.bbva.com/es/alta-newsletter/) y elegir la opción de la newsletter semanal de sostenibilidad. Asimismo, en todas las noticias de bbva.com aparece al pie de las mismas un faldón que dirige a esa misma página de suscripción.

«EMPRESAS CIUDADANAS»

El director de la Cátedra Liderazgos y del Observatorio de los ODS de Esade, Àngel Castiñeira, ha recalcado el concepto de «empresas ciudadanas», es decir, «organizaciones con capacidad para empoderar comunidades, trasladar buenas prácticas susceptibles de incorporarse en los entornos familiares y asociativos y, en definitiva, liderar y acelerar el cambio hacia economías y sociedades verdes».

«Hay una primera tarea de formación, información, comunicación y reporte que todas las empresas deberían realizar en relación con sus grupos de interés internos: esto incluye a empleados, junta de gobierno, directores ejecutivos, líderes sénior y accionistas. En paralelo a esta tarea, las empresas se deben también a sus grupos de interés ‘externos’ que incluyen a toda su cadena valor: proveedores, distribuidores, clientes e inversores. Y por supuesto, también a las comunidades en las que operan, los reguladores y gobiernos y la sociedad civil en general», ha explicado.

Gracias al conocimiento, la tecnología, la fortaleza financiera y la capacidad de innovación, anticipación y transformación en materias como la eficiencia y el ahorro energéticos, el reciclaje de residuos, la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono, la generación de energía renovable o el cuidado de la biodiversidad, por ejemplo, algunas empresas pueden ejercer un fuerte liderazgo responsable en sostenibilidad y la creación de alianzas y las colaboraciones de diversos tipos: público-privadas, privadas-no lucrativas, entre otras.

Para afianzar su liderazgo sostenible, BBVA canalizará 200.000 millones de euros en financiación sostenible hasta 2025, lo que supone doblar los 100.000 millones, objetivo inicial anunciado en febrero de 2018.

Asimismo, la entidad ha anunciado recientemente que dejará de financiar el carbón en los próximos años o su compromiso para ser neutro en emisiones de carbono en 2050, no sólo en sus propias emisiones sino también en las de los clientes.

Miquel Iceta se estrenará el próximo miércoles 21 de julio como ministro de Cultura ante el pleno del Congreso, que debatirá la convalidación del Real Decreto que otorga la garantía de Estado a la colección de Carmen Thyssen, según han señalado fuentes parlamentarias.

Iceta ya ha participado en varios actos oficiales desde su toma de posesión el pasado lunes: desde la firma oficial para la participación de España como país invitado de honor de la Feria de Frankfurt hasta la reelección de Gregorio Marañón como presidente del Teatro Real, en una reunión del Patronato.

El próximo miércoles supondrá la ratificación de la garantía a la colección y, tras el anuncio del Consejo de Ministros para dar luz verde al acuerdo del alquiler el pasado martes, se espera que la firma llegue la siguiente semana, según fuentes próximas a la baronesa –el Real Decreto deberá ser validado antes por el Congreso–.

El Gobierno ha asegurado en el Real Decreto por el que se reconoce a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza la garantía de Estado que la «urgencia» en esta tramitación está justificada por el riesgo de que la baronesa «retire» las obras, en caso de no alcanzarse un acuerdo para su exhibición estable.

Tal y como señala el texto del Real Decreto, la prórroga para el préstamo gratuito de la colección –que se han ido ampliando durante los últimos años– vencía este próximo 15 de julio, «corriéndose el riesgo de que los titulares de la Colección retiren las obras», en caso de no alcanzarse un acuerdo mediante contrato de arrendamiento.

«Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de articular los medios necesarios para asegurar, antes de que se produzca el vencimiento de la actual prórroga, que el Patrimonio Histórico español pueda seguir disfrutando, con las necesarias garantías, de un conjunto de obras de arte de la calidad y prestigio de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza», señala el documento.

El Ejecutivo califica de «imprescindible dar estabilidad a la presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, como elemento fundamental y garantía de cohesión, unidad y calidad en la institución».

Y es por ello que, la «exigencia» de garantizar su permanencia en España, «impone la adopción del régimen preciso para hacer factible» la ocasión de incorporar al patrimonio cultural este conjunto de obras, de forma estable y con la adecuada seguridad jurídica.

El resultado es esta garantía de Estado que, como indica el documento, será para 425 obras para su exhibición en la colección permanente del museo. Los efectos de la garantía del Estado comenzarán en la fecha de formalización del contrato de arrendamiento, siempre que las obras se encontraran en la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y se extenderán durante toda la vigencia del mismo.

Además, especifica que si las obras integrantes de la Colección no estuvieran a disposición de la Fundación en el momento de formalización del contrato, los efectos de la garantía del Estado comenzarán en el momento en que se entreguen a la Fundación.

Asimismo, el valor individual inicial de las obras incluidas en el contrato será el que figura en la solicitud de garantía de Estado y la relación de las obras cubiertas, así como el valor económico correspondiente, individual y total, deberán actualizarse anualmente por Orden del Ministro de Cultura y Deporte.

EL MUSEO THYSSEN, «PREPARADO»

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ya está «preparado» para exponer la colección de Carmen Thyssen, con una planta habilitada para ello que albergará 180 obras y que está a la espera de la llegada de la pieza ‘estrella’ en las negociaciones de estos últimos meses, el ‘Mata Mua’ de Gauguin.

La colección Carmen Thyssen estará en la planta baja del museo, en las salas que hasta ahora se utilizaban para obras del siglo XX. En total, serán 180 obras para ocho salas que se exhibirán «en cuanto se pueda abrir», según han explicado fuentes del museo, que remarcan que las salas están «prácticamente montadas, a falta de algún detalle» y a la espera del ‘Mata Mua’.

TRES PRÓRROGAS PARA LA FIRMA

Hasta el día de hoy se han dado tres prórrogas para firmar este acuerdo, previsto en principio para el pasado mes de marzo, y en el que se espera también esté presente el hijo de la baronesa, Borja Thyssen.

El acuerdo se alcanzó el pasado 29 de enero y contemplaba que su colección se quedara en España por un plazo de 15 años y con la inclusión del ‘Mata Mua’ de Paul Gauguin, que salió del museo en junio del año pasado. Además, supondría el pago de 6,5 millones de euros anuales.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Congreso de los Diputados han organizado este jueves la primera reunión del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados.

El principal objetivo de la Oficina es proveer al Congreso de evidencias científicas sobre determinados temas de interés, con objeto de contribuir a la toma de decisiones informadas por el conocimiento científico disponible. Estas evidencias científicas se recopilarán mediante procesos estandarizados, se ofrecerán de forma transparente, en un lenguaje cercano y estarán abiertas al público.

Con objeto de dotarse de un órgano de consulta, asesoramiento y conexión con el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, la Oficina ha creado el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Oficina. Este Consejo será un órgano asesor en materia de asesoramiento científico al poder legislativo y será de nivel técnico.

El Consejo cuenta con representantes de las principales instituciones, organismos y asociaciones de investigación de ámbito nacional, como: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Red centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu (SOMMA), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Asociación Ciencia en el Parlamento (CeeP), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y las Reales Academias (Instituto de España).

Las principales funciones del Consejo son: contribución al Plan Estratégico de la Oficina; contribución a la puesta en marcha y evolución de los protocolos de la Oficina; contribución a la propuesta de temas; participación en grupos de trabajo específicos; identificación de científicos y tecnólogos relevantes para los temas tratados por la Oficina; y apoyo y asesoramiento a la Oficina para que se consolide como un servicio de utilidad para el Congreso de los Diputados y como mecanismo de conexión entre ciencia, política y sociedad.

En esta primera reunión, ha participado la directora general de la FECYT, Imma Aguilar, que ha subrayado la importancia de «involucrar al sistema español de ciencia y tecnología en la creación de esta Oficina». «Y es por eso que el convenio contempla la creación de este Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, y que tiene el objetivo de dotar a la oficina de un órgano de consulta, asesoramiento y conexión con el sistema español de ciencia, tecnología e innovación», ha añadido.

También ha contado con la intervención de Blanca Hernández, Letrada de las Cortes Generales, que ha explicado el Convenio de colaboración que firmaron el pasado 2 de marzo el Congreso de los Diputados y la FECYT.

En su presentación, ha recalcado la neutralidad e institucionalidad de la Oficina: «La Oficina está al servicio de la Cámara de forma absolutamente institucional, neutral y objetiva con el fin de proporcionar a los órganos parlamentarios el conocimiento científico y empírico que pueda auxiliarles en el ejercicio de sus funciones, en el marco del convenio firmado con FECYT».

Durante la reunión, se ha expuesto a los asistentes el Modelo de funcionamiento de la Oficina, su hoja de ruta y las funciones del Consejo Asesor.

LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONGRESO

La Oficina se encargará de elaborar de manera imparcial e independiente informes que recojan el consenso científico y técnico de aquellos temas prospectivos de interés para los diputados. Toda esa información se publicará y será accesible también para el público en general y se coordinará desde la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones de la Secretaría General del Congreso y el departamento responsable de asesoramiento científico y tecnológico de FECYT.

Asimismo, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados organizará, junto con otras entidades, actividades de asesoramiento científico informal que sirvan para conectar a la comunidad científica con los miembros del Congreso de los Diputados y la sociedad.

El presupuesto anual estimado de la Oficina será de 324.000 euros anuales, de los que el Congreso de los Diputados aportará 200.000 euros y FECYT contribuirá con 124.000 euros. Anualmente, se presentará a la Mesa del Congreso una memoria económica anual.

La idea de crear una oficina de asesoramiento científico y técnico en el Congreso de los Diputados surgió en 2018 a propuesta de la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento y con la colaboración de FECYT.