El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado el reencuentro con el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, de «agradable» y «emotivo», negando que haya habido reproches, después de verse las caras por primera vez desde octubre de 2017, aunque han limitado su presencia juntos y han evitado comparecer conjuntamente.

Tras una reunión de dos horas en la residencia del expresidente en Waterloo, el líder de Esquerra ha hecho declaraciones en solitario en las que ha asegurado que el reencuentro con Puigdemont ha sido «agradable» y «familiar» y lo ha limitado a un acercamiento personal.

El almuerzo no ha servido para profundizar en el rumbo del proyecto independentista, según ha indicado Junqueras. «Hemos hablado de la situación personal y de las familias, así como del compromiso compartido de luchar contra la represión», ha declarado en su comparecencia ante periodistas.

Sobre las posibles discrepancias con Puigdemont en el primer encuentro desde que huyera de España tras la declaración unilateral de independencia, el líder de ERC ha negado que hubiera reproches y ha dicho que ambos coinciden en la denuncia de la represión y en hacer frente común por la amnistia.

«No tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco. Ningún reproche y sí un compromiso explícito de luchar por la represión que todos sufrimos y sufre el conjunto de la sociedad», ha señalado sobre los detalles del encuentro.

Según Junqueras, dentro de la vivienda sí ha habido varios abrazos con el expresidente, pese a que frente a los periodistas solo han compartido espacio en la foto de familia junto a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Meritxell Serret, que han acompañado a Junqueras.

En todo momento, el dirigente de ERC ha limitado el alcance del encuentro a un acercamiento personal y para intercambiar experiencias tanto de quienes han estado en prisión como de los que se encuentran fuera de España. «Es un placer reencontrarme con los compañeros y con los amigos», ha zanjado.

CARGA CONTRA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Sobre las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a funcionarios, exaltos cargos y cargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern, el líder republicano ha cargado contra la «represión económica» que, a su juicio, ejerce la institución y ha asegurado que es un órgano «político, formado por políticos y de designación política».

«Está caducado y no se renueva simplemente porque el PP no quiere perder la mayoría que tiene para continuar ejerciendo una represión económica en contra de la disidencia política en lugar de investigar los casos de corrupción escandalosos que afectan al PP», ha argumentado, añadiendo que su partido al contrario que los ‘populares’ no tiene casos de corrupción.

El de este miércoles ha sido el primer encuentro entre los máximos líderes independentistas en casi cuatro años, un tiempo en el que han exhibido sus diferencias y los partidos que dirigen han chocado constantemente por el rumbo del proyecto independentista.

La cita ha tenido lugar en la residencia de Puigdemont a las afueras de Bruselas, después de que el expresidente evitara el encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo a la que acudió Junqueras este martes.

Los presidentes de Renfe y del Grupo Social ONCE, Isaías Táboas y Miguel Carballeda, respectivamente, han presentado este 7 de julio en el Museo del Ferrocarril el cupón de la ONCE de este sábado 10 de julio, que está dedicado al 80 aniversario de Renfe.

Bajo el lema ’80 Años Renfe Contigo’, cinco millones y medio de cupones difundirán la efeméride del nacimiento de la compañía ferroviaria por toda España. El presidente del Grupo Social ONCE ha señalado en el acto que «el ferrocarril nos acercó unos a otros y permitió a las personas ciegas desplazarse. Y lo sigue haciendo cada vez mejor, gracias a la accesibilidad de este servicio».

Por su parte, el presidente de Renfe ha agradecido al Grupo Social ONCE «el poder ser cada día un poco mejor, ya que la atención a las personas con discapacidad nace por exigencias de la sociedad y de organizaciones como la ONCE, que han solicitado mejoras que les hagan más iguales». Carballeda y Táboas han coincidido en que ambas organizaciones «seguirán recorriendo juntas nuestras vías en paralelo».

En julio de 2007, Renfe creó Renfe Atendo, un servicio gratuito para facilitar la accesibilidad de los viajeros con discapacidad y movilidad reducida. Desde entonces y hasta 2020, Renfe Atendo ha prestado más de 6,2 millones de asistencias.

Con motivo de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la entrada de nuevos operadores, Adif asumió en diciembre de 2020 el servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida, que ha pasado a denominarse Adif Acerca.

Los viajeros con discapacidad o movilidad reducida que lo necesiten pueden seguir solicitando a través de los mismos canales establecidos hasta ahora por las empresas ferroviarias el servicio Adif Acerca, que se presta en 141 estaciones con tráficos de trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia repartidas por todo el país.

En concreto, Adif Acerca facilita la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida en las estaciones, asistiéndolas, informándolas y ayudándolas en su tránsito por las mismas, y en la subida y bajada de los trenes, bien mediante medios mecánicos o el acompañamiento personal.

El servicio abarca desde el momento en que el viajero entra en la estación o es recogido en un punto de encuentro dentro de la misma, hasta que es acomodado en el tren y, una vez en destino, desde que baja del tren hasta que abandona la estación.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, junto con 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

El productor audiovisual José Luis Moreno ha recurrido la fianza de tres millones de euros que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le impuso para eludir la prisión en el marco de las pesquisas sobre la estafa de 50 millones de euros que habría perpetrado junto a socios y colaboradores a través de un entramado empresarial en lo que los investigadores han bautizado como ‘Operación Titella’.

Según fuentes jurídicas, el ventrílocuo ha presentado un recurso de reforma, que deberá resolver el propio juez, a apenas un día de que expire el plazo que le dio el instructor para depositar en metálico o con aval bancario esos tres millones de euros. Tenía hasta las 15.00 horas del 8 de julio para hacerlo.

El juez imputa a Moreno y al que sería su socio en esta presunta «organización criminal», Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

Moreno y Aguilera fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos en varias ciudades, y con registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.

De momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Así, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.

MORENO, UNO DE LOS CABECILLAS

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordenó dichos registros, a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés.

«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».

UN MILLÓN CADA DOS SEMANAS

Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el magistrado. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».

Toda esta dinámica fraudulenta, expone Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza». Los investigadores de la ‘Operación Titella’ creen que la organización contaba con más de 700 mercantiles.

El Parlament catalán ha aprobado este martes una propuesta de resolución presentada por PSC-Units, ERC, Junts, CUP, CatECP y Cs que declara Catalunya «zona de libertad» para las personas LGTBIQ, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra.

Con la aprobación de la propuesta, la cámara también se suma a la resolución del Parlamento Europeo que declara lo mismo para la UE, y rechaza toda violencia o discriminación por razón de sexo u orientación sexual, condena los crímenes LGTBIfóbicos, y reitera la responsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los derechos del colectivo.

La diputada del PSC-Units Sílvia Paneque ha lamentado que su primera intervención en el pleno se dé poco después del asesinato del joven Samuel en Galicia y en un contexto «de aumento del odio y de las agresiones» contra este colectivo, y ha pedido que Catalunya emprenda las acciones necesarias para ampliar, fortalecer y consolidar que todas las personas tengan las mismas libertades, por dignidad y derechos.

Desde la CUP, Basha Changue ha acusado a la extrema derecha de ser la culpable de la muerte de Samuel y de otras agresiones producidas recientemente en Catalunya, y ha advertido de que «los discursos de odio, en última instancia, provoca violencia y muerte, y permitir que estos discursos proliferen en el ámbito público acaba permitiendo que la intolerancia al diferente se instale en la sociedad, cada vez de forma más cómoda y desacomplejada».

El diputado de CatECP Jordi Jordan ha defendido que la propuesta representa un paso más en la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación del colectivo, y como ejemplo ha recordado también la muerte de Samuel, y ha asegurado que Catalunya «no debe resignarse nunca ante el odio, la violencia y las ideologías extremista o de ultraderecha que lo alimentan».

También ha recordado la muerte de Samuel la diputada de Junts Elsa Artadi, que ha pedido plantarse y confrontar la involución de derechos que, a su juicio, están sufriendo muchos lugares pese a todos los avances y conquistas alcanzados, y que es consecuencia «del avance de la derecha más radical, que está en instituciones europeas, en casi todos los parlamentos europeos, y que están unidos por la destrucción frente a los movimientos que aspiran a una sociedad mejor».

La diputada de ERC Jenn Díaz ha advertido a quienes legitiman la violencia con su discurso que desde su partido trabajarán para echarlos de las instituciones catalanas: «Estamos hablando de su machismo, racismo, de su LGTBIfobia y de su odio. Nos costará más o menos, pero no descansaremos hasta que los echemos de nuestras instituciones».

CS y PP

La diputada de Cs Anna Grau ha defendido que su partido siempre está con la defensa de los derechos y libertades individuales de las personas, momento en el que ha citado también al joven Samuel, pero ha manifestado sus reservas ante una iniciativa que puede «quedar en un brindis al sol».

Desde el PP, Lorena Roldán ha recordado la muerte de Samuel aunque ha pedido no convertirle en símbolo de nada por expresa petición del padre del joven, y ha manifestado su apoyo para convertir Catalunya en una zona de libertad para el colectivo LGTBI, pero ha pedido dotarla de contenido, herramientas y mecanismos legales para que el contenido «no se quede como una propuesta sobre el papel».

Por Vox, Mónica Lora ha acusado a determinados de grupos de condenar sólo las agresiones con la que pueden sacar rédito político, como la de Samuel, y ha elogiado políticas impulsadas por países como Hungría sobre la familia y el colectivo LTGBIQ frente a las impulsadas por España como la ‘ley trans’, y ha avisado: «Vayan con mucho cuidado. Actuaremos desde nuestro grupo legalmente contra los que recurran a injurias y calumnias por vincular nuestra formación política con algún tipo de delito».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha recomendado a los españoles que reduzcan el consumo de carne porque «perjudica a la salud y al planeta». En concreto, advierte de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y avisa de que para un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.

«¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y a nuestro planeta? Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, ni salarios ni economía, y nos lo estamos cargando», afirma Garzón en un vídeo publicado este miércoles en Twitter bajo la etiqueta ‘#MenosCarneMásVida.

Según precisa el ministro, si los españoles redujeran el consumo de carne hasta los niveles recomendados por la ciencia, «se evitarían el 50% de las emisiones de gases invernadero asociadas a la alimentación y el 20% de las muertes prematuras.

En un vídeo de seis minutos en el que se alternan imágenes de Garzón hablando, con otras del planeta, de explotaciones ganaderas y platos de comida, el ministro señala que, según la FAO, España es el país de la Unión Europea que más carne consume: «más de un kilo a la semana», frente a los 200-500 gramos recomendados por AESAN.

Cada año, según indica, se producen «7,6 millones de toneladas» de carne procedente «del sacrificio de 70 millones de animales: cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos y aves».

En concreto, Garzón hace hincapié en el «preocupante» consumo de agua necesario para que un trozo de carne llegue al plato. Según puntualiza, no es solo el agua que beben los animales, sino también la necesaria para producir el pienso, para transportar la carne o para envasarla, lo que «contribuye a acabar con las reservas del planeta».

También cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar del «riesgo» que tiene el consumo «excesivo» de carne roja «que puede traducirse en infartos, diabetes u otras enfermedades».

HACER UNA BARBACOA DE VEZ EN CUANDO

«Esto no significa que no podamos hacer una barbacoa con la familia de vez en cuando sino que lo hagamos con más moderación, y que seamos capaces de compensar esos días en que nos permitimos comer carne con un consumo en los días siguientes de mayor peso de ensaladas, arroces, legumbres y verduras», propone el ministro.

Asimismo, en cuanto a las emisiones de efecto invernadero, el titular de Consumo avisa de que las flatulencias de las vacas y las heces para piensos «generan ya más contaminación que los coches».

Si bien, precisa que no todos los tipos de ganadería son iguales, pues la extensiva es «mucho más sostenible que las grandes macrogranjas», y «ayuda a prevenir incendios, enriquecer suelos y crear puestos de trabajo que protegen la economía local».

GREENPEACE LO APLAUDE PERO PIDE NO CONCEDER LICENCIAS A MACROGRANJAS

Greenpeace ha celebrado el posicionamiento del Gobierno sobre la reducción del consumo de carne pero le resulta «paradójico» que se pida a la gente reducir su consumo de carne «mientras se conceden licencias para nuevas macrogranjas todos los días».

Por ello, reciben las declaraciones del ministro «con satisfacción pero a la espera de más». En concreto, solicitan una moratoria a la ganadería industrial, el apoyo a la ecológica para hacer frente a la emergencia climática y acabar con las subvenciones a la publicidad y promoción de carne y lácteos.

«La reducción del consumo de carne empieza a dejar de ser tabú en España. Es la primera vez que un Ministerio se posiciona tan claramente a favor de la reducción del consumo de carne y por ello desde Greenpeace lo aplaudimos», ha afirmado el responsable de agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim.

Si bien, ha añadido que «resulta inadmisible y paradójico que, por un lado se pida a la gente que reduzca su consumo de carne y, por otro, se estén concediendo licencias para nuevas macrogranjas, al ritmo de 1,5 diarias».

El presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro, ha reclamado este miércoles un sistema fiscal «justo, ordenado y completamente neutral», de forma que no se haga pagar «con el dinero de todos los españoles las juergas» que están viendo con los «avales» que plantea la Generalitat.

Así se ha pronunciado en las jornadas ‘España, Europa y libertad’ que organiza la delegación española del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en alusión a la decisión del Gobierno catalán de crear un fondo de 10 millones para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.

«Hagamos un sistema fiscal, el que queramos, justo, ordenado y completamente neutral, pero no me hagan pagar con el dinero de todos los españoles las juergas que estamos viendo de avales y de no sé qué», ha declarado Pizarro.

Es más, el también exdiputado del PP y expresidente de Endesa ha saludado hablar de impuestos porque, según ha dicho, «uno ya se cansa de hablar de seguridad jurídica viendo como está el patio», algo que ha ejemplificado con el refrán: «predicar en el desierto, sermón perdido».

DEFIENDE «CALCULAR BIEN» EL CUPO VASCO

Aparte del sistema de Canarias, Ceuta y Melilla, Pizarro ha hecho hincapié en los sistemas fiscales de Navarra y de las «tres provincias vascongadas» con su concierto económico y cupo con las Diputaciones forales, de forma que «recaudan todos los tributos y pagan un cupo por los servicios que presta el Estado».

«Durante muchos años el cupo es negativo, recaudan todos los impuestos y además el Estado les paga cosas», ha subrayado Pizarro, que ha destacado que «para ir de Pamplona a Bilbao hay muchas autopistas y para ir a Teruel, ninguna».

A su entender, hay una «sobrefinanciación» con esas comunidades «al albur de los vaivenes políticos». «No estoy en contra del convenio ni en contra del cupo, pero póngase bien, póngase en su sitio, calcúlese bien porque el Estado presta muchos servicios que con un cupo negativo no se pueden retribuir. Ojo con eso», ha exclamado.

DICE QUE LE «PREOCUPA MUCHO» CUIDAR EL GASTO

Pizarro ha señalado que el déficit público «es malo» y ha añadido que al final, el desequilibrio de las finanzas públicas es como la fiebre o el dolor, que es síntoma de una enfermedad mucho peor, que es la falta de competitividad de un país».

También ha reconocido que le «preocupa mucho» cuidar el gasto. «Hay un modelo de política que se cree que gobernar es gastar pero gobernar no es gastar, es elegir: cañones o mantequilla. Pero no se puede tener todo a la vez», ha avisado, para añadir que cuando uno se «desvía por esa pendiente» se va «directo al peronismo, donde se ponen «sueldos y pensiones para todos».

Pizarro ha avisado que eso «no hay país que lo aguante y lleva a un país completamente subvencionado donde se va expulsando a los que trabajan porque cada vez menos gente tiene que mantener a más gente que está cobrando del erario público». Entonces, ha alertado, «no se puede pagar el gasto y llega el ‘default'» como se está viendo en algunos países.

«SE HA HECHO INGENIERÍA SOCIAL CON EL RECIBO DE LA LUZ»

Tras asegurar que no se puede hacer «ingeniería social a través de los tributos», el expresidente de Endesa ha defendido «acondicionar» el sistema fiscal al servicio de la competitividad de un país. También ha confesado que le preocupa «la presión tributaria indirecta» y ha dicho que «hacen falta impuestos muy claros y muy sencillos».

En su intervención, ha rechazado los tributos «parafiscales» y ha defendido un sistema fiscal «único». «Aquí se ha hecho ingeniería social con el recibo de la luz, poniendo lo que se llamaban antes exacciones parafiscales, que son pagos obligatorios, impuestos por el Gobierno», ha declarado, para criticar además que en España se esté «desincentivando el ahorro».

Pizarro ha advertido además de que «cada vez que alguien pone una pensión a cargo del sistema de pensiones a quien no ha tributado, le está metiendo la mano en el bolsillo a los que han tributado toda su vida» porque «el dinero no es del Estado sino de los cotizantes de toda su vida».

En cuanto a las pensiones, ha dicho que forman parte del Estado del bienestar y ha reconocido que el sistema tiene que ser «sostenible», viendo «quién ha cotizado y quien no lo ha hecho. «La caja de la Seguridad Social es sagrada y eso es lo que hay que mirar», ha subrayado.

Pizarro ha participado en las jornadas del Grupo del PP en una mesa sobre fiscalidad y prosperidad que ha moderado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez. En el debate también han participado el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana y el exsecretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

«Como común denominador de los cuatro: no hemos roto nada y no todo el mundo lo puede decir. Por donde hemos pasado, hemos dejado las cosas un poco mejor de lo que las encontramos y no hemos creado ningún problema», ha resaltado el expresidente de Endesa al referirse a sus compañeros de mesa.

RODRÍGUEZ: SÁNCHEZ VE EL SISTEMA TRIBUTARIO UNA MÁQUINA DE RECAUDAR

Por su parte, Elvira Rodríguez ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez solo considere el sistema tributario como «una máquina de recaudar» y ha subrayado que el sistema tributario «no es neutral» sino una herramienta «importantísima» de la política económica.

Además, ha asegurado que las bases para las pensiones es «generar más puestos de trabajo» y ha advertido de que el crecimiento de la economía viene lastrado si no se aplican las políticas adecuadas. En este punto, ha hecho hincapié en que hay que expandir la base de la recaudación para generar más crecimiento.

Según Rodríguez, el camino pasa por «crear empleo y riqueza sostenible en el tiempo», algo que llevará al Estado a recaudara más sin necesidad de subir los impuestos e incluso podrá bajarlos. «Necesitamos crecer, incrementar la productividad y ser máscompetitivos», ha añadido.

La alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado este 7 de julio el primer encuentro presencial de su segundo año de andadura en una jornada celebrada en el Centro Financiero Génova de Madrid a la que han asistido 30 de los 75 CEO de las empresas adheridas a la alianza, desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, en torno a una visión común de diversidad, equidad e inclusión.

En concreto, los CEO asistentes han sido los de Accenture, Aenor, Adecco, Agilent Technologies, Air Liquide, Airbus, Alstom, American Express, Baker Mackenzie, Becton Dickinson, Capgemini, Elecnor, Exolum, HP, Iberdrola, Lafarge Holcim, Mahou San Miguel, Pfizer, Red Eléctrica, Renault, Sacyr, Schindler, Siemens, Stratesys, Verallia, y Worldline Iberia.

El objetivo de esta alianza es impulsar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento en España y a la reducción de la desigualdad y la exclusión social, como señalan sus impulsores.

Así, recientemente y, fruto del trabajo de esta alianza, se creó la Guía para acelerar la implantación de estrategias de diversidad en la empresa, hilo conductor para establecer un modelo de referencia y analizar los conceptos y elementos más estratégicos para la alta dirección de las empresas. Por ello, su rol como agentes impulsores de estas políticas y la figura del liderazgo inclusivo han sido los temas que han marcado la agenda de la jornada.

La sesión ha estado presidida por la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente de la Fundación Adecco, Enrique Sánchez, quienes han lanzado un mensaje de «compromiso con los principales retos sociales a los que nos enfrentamos en España y con la Agenda 2030 y, al mismo tiempo, de oportunidad para que estas políticas contribuyan a que nuestras empresas y nuestro país sea más competitivo».

Asimismo, han comentado que se vive un momento de «gran transformación social, digital y demográfica acelerada por el coronavirus y las empresas, y quienes las lideramos, debemos inspirar a nuestros equipos, a nuestros clientes, y en general a la sociedad, para generar un cambio real».

Si antes de la pandemia la Fundación Foessa cifraba en 6 millones a las personas en riesgo de exclusión social en España, la crisis económica de la Covid-19 podría sumar 8,5 millones de personas más, alcanzando al 31% de la población.

En este contexto, los directivos han coincidido en la necesidad de comprometerse para «no dejar a nadie atrás» e iniciar una nueva normalidad que sea inclusiva desde el principio. Además, han coincidido en que la COVID-19 está reordenando la agenda empresarial y las políticas de diversidad que han de ser una prioridad compartida por todas las organizaciones.

«Son un instrumento esencial para combatir la exclusión y la pobreza en España y, al mismo tiempo, motor de competitividad. Al valor que aporta la suma de diferentes talentos, hay que añadir los riesgos reputacionales y económicos de una mala gestión de la diversidad. En efecto, la información no financiera ya ocupa un lugar prioritario en los criterios de inversión, que tienen cada vez más en cuenta elementos como la transparencia, el compromiso social, la diversidad o la inclusión de las personas que lo tienen más difícil» ha declarado el presidente de la Fundación Adecco.

En palabras de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, «la diversidad es el factor diferencial de lo que va a ser la gestión de las personas hoy, pero sobre todo mañana, en un mundo con grandes transformaciones que en los últimos tiempos, debido a la pandemia, se han acelerado de forma muy relevante», al tiempo que ha añadido que «la recuperación desde las empresas y para la sociedad que queremos tiene a las personas en el centro y en su gran diversidad, porque los equipos multiculturales, con experiencia y con juventud, y entre hombres y mujeres, somos capaces de hacer las cosas mejor».

Mesonero ha señalado por su parte que «esta nueva era no se entiende sin la implicación personal de la figura del CEO, que ha de ser el punto de partida y la correa transmisora para que las estrategias de diversidad tengan un calado real en la organización y puedan alinearse con la Agenda 2030. Para ello, es fundamental potenciar el liderazgo inclusivo como elemento directamente proporcional al éxito de una compañía».

Además, las directivas y directivos presentes han resaltado la importancia de potenciar los valores, actitudes y habilidades que debe tener un líder inclusivo: compromiso, humildad, empatía, amplitud de miras y defensa de la igualdad, equidad e inclusión, entre otros.

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha concedido el premio ‘Puñetas de plata’ a Eva González Pérez, una abogada extremeña que lleva 20 años ejerciendo el Derecho en Holanda, por su trabajo en un caso de discriminación que afectaba a 26.000 familias inmigrantes y que provocó la caída del Gobierno holandés de Mark Rutte.

ACIJUR, que celebrará la décima entrega de estos premios en la primera quincena de octubre, ha reconocido a la abogada su labor, que derivó en la dimisión del Ejecutivo de Rutte tras verse cercado por un escándalo sobre ayudas sociales. Todo ello, después de que se confirmase que numerosas familias se vieron obligadas a devolver dinero tras ser acusadas de fraude de forma injustificada.

Por otro lado, la asociación ha concedido el Premio ‘Puñetas de oro’ a Maria Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo, por su trayectoria y su «compromiso de adaptar la legislación laboral a la realidad social» como, por ejemplo, en la sentencia de los ‘riders’.

La magistrada, que ingresó en la judicatura en 1987, tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Bilbao. Dos años después fue destinada al Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid, donde permaneció hasta 1996, año en el que fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Segoviano ejerció dicho cargo hasta su nombramiento, en 2006, como magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Además, el premio ‘Puñetas de Bronce’ ha recaído en el «Open Arbitraje», evento del arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, que para ACIJUR se «ha convertido en referente nacional e internacional, por su calidad e innovación con la que sorprende en cada edición.

Con la entrega de este galardón se reconoce además «la calidad de sus ponentes y lo atractivo de sus planteamientos gracias al entorno virtual y a las herramientas que lo hacen funcionar, en una materia como el arbitraje y por el creciente número de asistentes en cada edición». De hecho, desde ACIJUR han recordado que su sexta edición, la última hasta ahora, se siguió desde 45 países.

En la categoría ‘Puñetas Periféricas’, se ha otorgado el premio a la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, «por el impulso a la gestión telemática de la Justicia que ha implantado su Consejería» en la comunidad autónoma.

Esta iniciativa, han señalado desde la asociación, ha supuesto la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual AUREA, que ha conseguido la digitalización de 490 salas de vistas y ha facilitado que esta comunidad sea laautonomía que más telejuicios ha celebrado en el último año, unos 10.000, con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

Por último, ACIJUR ha concedido su Premio ‘Vete a Hacer Puñetas’ a los ‘Señalamientos de juicios para 2025’ por ser «inadmisible e injustificable, y no solo por la pandemia, que se estén convocando juicios» para ese año. «Cuando eso se produce, no solo se causan graves perjuicios a los ciudadanos sino que se deteriora gravemente la propia Justicia», han denunciado desde ACIJUR.

Este galardón, con una intención «crítica y de denuncia», se otorga a las personas, colectivos, instituciones o hechos de actualidad que se han significado por su negativa contribución a la mejora del Estado de Derecho, a la defensa de derechos y libertades y que han dificultado la labor de los periodistas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles que Vox «se reivindica poco» cuando afirma que durante esta legislatura, esta comunidad ha cambiado «poco» con el nuevo Ejecutivo, por cuanto forma parte del «acuerdo de gobernabilidad». Ha considerado que se ha avanzado «razonablemente bien en el cumplimiento de los acuerdos» suscritos.

En su turno de réplica al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, durante el debate sobre la situación de Andalucía, que se desarrolla ante el Pleno del Parlamento, Moreno ha lamentado que dicho dirigente haya venido a decir que el Gobierno andaluz ha «perdido la perspectiva de la realidad» y que él veía a Andalucía «desde el despacho», cuando «no es así», empezando por que en esta legislatura ya ha realizado 460 visitas institucionales a todas las provincias. «Estoy pegado a la calle y a la realidad», según ha apuntado.

A su juicio, esa afirmación de Vox sobre la pérdida de la perspectiva de la realidad por parte del Ejecutivo «no está cargada del suficiente rigor y forma parte más bien de una frase hecha», al tiempo que ha apuntado que sorprende que «coincida» con el PSOE-A al hacer ese tipo de valoraciones.

Asimismo, ha indicado que si Gavira afirma que en esta legislatura la realidad de Andalucía ha «cambiado poco», poco se «reivindica», por cuanto Vox forma parte de los acuerdos de gobernabilidad. Moreno le ha reprochado que atribuya a Vox todo lo positivo que se hace y que, en cambio, lo negativo se lo atribuya al Ejecutivo de PP-A y Cs.

El presidente ha dicho que él nunca ha negado ni en público ni en privado que «gracias al apoyo de Vox hemos tenido tres presupuestos y hay estabilidad» en Andalucía, lo que no resta que se intente sumar el máximo posible de apoyos en el gran reto de sacar adelante a Andalucía, en referencia al diálogo con otras fuerzas de la oposición.

«Estamos llevando a cabo políticas que transforman Andalucía y hay asuntos en los que su grupo ha participado activamente», ha dicho Moreno a Gavira, apuntando que no entiende por qué «siempre hay desconfianza o una valoración negativa sobre los acuerdos» firmados.

Ha dicho además, sobre la demanda de Gavira acerca de conocer el resultado de las auditorias de entes del sector público instrumental de la Junta, que su Gobierno es el «primer interesado en conocer» el resultado de esas auditorías, que están en una fase final y cuando estén concluidas, se publicarán.

Asimismo, el presidente ha expresado que se siente «más andalucista que autonomista», porque ama profundamente a Andalucía, pero también a España, y ha defendido el «modelo de éxito» del estado de las autonomías. «A mí me va a venir nadie a decir lo que tengo qué hacer en beneficio de los intereses de Andalucía», ha sentenciado.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este miércoles que con la investidura este miércoles del socialista Francisco Cuenca como alcalde de Granada se «recupera la normalidad» y se ha «restaurado la voluntad popular» que se planteó en las pasadas elecciones municipales, cuando fue la lista más votada por los ciudadanos.

En declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Granada, Ábalos ha hecho hincapié en que el evitar, por parte de otros partidos, que Cuenca pudiera gobernar se materializó en un acuerdo por parte de PP y Cs cuya «estabilidad y viabilidad» ha quedado retratada y ha supuesto «en definitiva dos años perdidos para Granada».

A su juicio, todo aquello fue «sabotear» la «voluntad popular», lo que ha tenido sus consecuencias, y por eso hoy «se recupera la normalidad sin esfuerzo alguno, sin ninguna intriga», ha dicho, «simplemente por la mera descomposición de un acuerdo que también se ve en otras partes de España, donde hay una operación de disolución de una formación política que en su día generó una expectativa interesante de renovación que, lamentablemente, el tiempo ha liquidado y una operación de fagocitación por parte del Partido Popular, que interpreta que necesita conseguir un espacio que perdió para ser una alternativa en el país».

«Lo malo –según ha agregado– es que no lo hace sobre las propuestas políticas, el proponer un proyecto mejor, sino simplemente promocionando el transfuguismo y eliminando el pluralismo político del país».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha destacado la experiencia municipalista que atesora el recién elegido alcalde y los concejales socialistas, se ha mostrado confiado en que «Cuenca gobernará con el perfil dialogante y el consenso que le caracteriza y lo hará pensando en todos los granadinos y en aquellas familias que lo están pasando mal y que no se merecían el espectáculo que hasta el último segundo han protagonizado las derechas».

«Con ambición y pasión, el Partido Socialista defenderá desde la Plaza del Carmen mediante una gestión sólida y propositiva los intereses y el desarrollo igualitario de la ciudad de Granada y lo hará –ha dicho Pepe Entrena– con la misma fuerza que lo ha venido haciendo desde la oposición y al igual que lo hizo en el anterior mandato socialista».

Entrena también ha hecho un llamamiento a la unidad al resto de fuerzas políticas para que a partir de este momento faciliten la gobernabilidad y colaboren en beneficio del interés general de la ciudad y desde la diferencia ideológica primen puntos de acuerdo y las soluciones para abordar el «apasionante tiempo que resta de mandato».

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ que impute tanto a Iberdrola Renovables como a Repsol y Caixabank por contratar los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora el juez deberá decidir si atiende estas peticiones del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas y fiscales confirman esta petición, que en el caso de Iberdrola llega en el marco de la pieza separada 17, en la que se investigan los diferentes contratos de la eléctrica con el comisario, cuando aun estaba en activo. La solicitud de imputación llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba a los fiscales si la compañía debía estar en la causa como investigada o como perjudicada.

De hecho, se paralizaron las declaraciones como investigados tanto del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como las de otros directivos y exdirectivos a la espera de conocer cuál era la situación procesal de la compañía.

En caso de que estas tres peticiones sean atendidas por el instructor, la de Repsol y Caixabank en el marco de la pieza separada 21, las tres compañías se sumarían a la lista de imputados en la que están de hecho ya algunos de los principales responsables o exdirectivos de cada una, como Isidro Fainé (Caixabank) o Antonio Brufau (Repsol).

LOS PROYECTOS PARA IBERDROLA

En el caso de la eléctrica, uno de los últimos pasos que la Audiencia Nacional ha acordado es la imputación de su presidente y de tres directivos, el ‘número dos’ y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Indiciariamente les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario.

En su auto, el magistrado explicaba que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios de Villarejo cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encontraban desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

La relación con el comisario habría arrancado según la resolución del juez en 2004 cuando la eléctrica contrató con Cenyt –empresa de Villarejo– a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto ‘Arrow’, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

A ese encargo siguieron otros, como el denominado ‘Black Board’ o ‘B-B’ que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro, o los de 2009 en los que Asenjo encomendó a Villarejo los denominados ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

En ‘Posy’ el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer «cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola». De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento otro de los directivos imputados, Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo «solo tenía conocimiento Sánchez Galán», y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

EL PROYECTO WIND PARA IBERDROLA RENOVABLES

Ya a finales de 2011, según el juez, el Grupo Iberdrola en esta ocasión a través de la mercantil Iberdrola Renovables Energía volvió a contratar a Villarejo cuando se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, dando lugar al denominado proyecto Wind.

En un primer momento, el trabajo se centró en investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para una serie de proyectos en Rumanía y «con quienes surgieron diferentes conflictos» que acabaron resolviéndose en favor de la eléctrica española en un procedimiento arbitral. En un segundo periodo, a partir de 2016, las pesquisas de Villarejo se centraron en localizar bienes de Eólica Dobrogea y de Kaap sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable.

De este asunto, que ha derivado en la petición de imputación de Iberdrola Renovables, se han localizado tres facturas recibidas de Cenyt que, por la fecha de su emisión, podría corresponder a los trabajos del proyecto Wind, una del año 2012, no asociada a ningún pedido, y dos del año 2017 que sí figuran asociadas a un pedido.

Dado que la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor en octubre de 2011, se entiende que las empresas que contrataron proyectos al comisario con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de responsabilidad. Ése sería el motivo por el que la imputación en el caso de la eléctrica recaería sobre Iberdrola Renovables, pues los trabajos arrancan en 2012.

EL ENCARGO DE REPSOL Y CAIXABANK

En noviembre de 2020, el juez acordó la imputación del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado– por los encargos que realizaron al comisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza 21 del caso ‘Tándem’. A esas imputaciones siguieron otras y culminaron con la citación como inivestigados de Fainé y de Brufau.

En ese primer auto de noviembre, les imputaba delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por el encargo que realizaron al comisario y que tenía por objetivo espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno por medio del denominado ‘Proyecto Wine’.

Ese trabajo tenía por objetivo salvaguardar los intereses de Repsol y Caixabank, que eran aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía. El juez trata de esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha instado al Gobierno de España este miércoles a intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que cubra las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a excargos de esta institución autonómica, como pretende hacer el Govern con el fondo de diez millones de euros que acaba de crear.

«Vamos a hacer todo lo posible para que estas personas devuelvan aquello que malversaron, aquello en lo que quebraron la caja común de todos los españoles», y evitar «que quienes sufrimos el golpe contra la democracia en 2017 seamos los que tengamos que pagar dos veces», ha declarado Bal en rueda de prensa en la sede de Cs al referirse al dinero público que antiguos cargos de la Generalitat usaron para impulsar el proceso independentista.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha indicado que, ante la aparente intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «condonar la deuda» que esas personas tienen con el tesoro público, su partido plantea una solución que ya aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña y que está «avalada por la Justicia».

«Pedimos al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda», María Jesús Montero, «que intervengan las finanzas de la Generalitat de Cataluña de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», ha manifestado.

Según ha precisado, en este caso no es necesario activar el artículo 155 de la Constitución, ya que basta con establecer «la indisponibilidad del crédito presupuestario y el cumplimiento de unos requisitos estrictos» por parte de la Generalitat para la utilización de su presupuesto.

«UNA CESIÓN TRAS OTRA» AL INDEPENDENTISMO

Ciudadanos teme que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos haga «una cesión detrás de otra» a los políticos separatistas catalanes, a los que considera «insaciables», y de esta manera se fomenten «los privilegios y los agravios» y se destruya la igualdad entre todos los españoles.

Bal ha señalado que ahora, tras indultar los líderes del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo, el Gobierno realiza un «ataque indisimulado» a la labor del Tribunal de Cuentas al pretender «perdonar las deudas» a personas que cometieron delitos de malversación con un dinero que, según ha apuntado, se debería haber destinado a financiar la educación o la sanidad.

En este sentido, ha criticado que miembros del Ejecutivo digan que las acciones del Tribunal de Cuentas contra antiguos cargos del Govern que «desviaron dinero público para cometer delitos» –a quienes reclama provisionalmente 5,4 millones de euros– suponen «palos en las ruedas» en el proceso de diálogo político con la Generalitat.

BARONES SOCIALISTAS «COBARDES»

Según el vicesecretario general de Cs, en realidad «son palos en las ruedas para que Sánchez se sostenga en el Gobierno con el apoyo y el chantaje de sus amigos los separatistas y humillando a todos los españoles».

«Basta ya de buscar atajos, retorcer las leyes y consentir cosas tan aberrantes jurídicamente como ese fondo que la Generalitat va a crear para avalar o contraavalar la deuda de los golpistas», ha exigido el diputado.

En este contexto, ha arremetido contra «los barones socialistas que se vienen muy arriba cuando hablan de la infrafinanciación de sus comunidades autónomas», como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y que ahora están «bien calladitos» ante Sánchez.

«Son muy valientes cuando se trata de pedirle más dinero al Gobierno de España y, sin embargo, muy cobardes cuando se trata de levantar la voz para evitar esta tropelía y esta nueva humillación que el presidente del Gobierno quiere causar a todos», ha lamentado.

RECURRIR DECISIONES CONCRETAS SOBRE EL USO DEL FONDO

Bal ha avanzado que Ciudadanos peleará para impedir que la Generalitat cometa lo que, según Bal, podría constituir un delito de prevaricación e incluso una nueva malversación, una «infracción contable al cuadrado».

El portavoz de la formación naranja ha adelantado que también acudirán a la Justicia, aunque no mediante un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por la Generalitat, ya que para eso Cs necesitaría 50 diputados en el Congreso. Lo que se plantean, según ha detallado, es recurrir las decisiones concretas de aplicación del fondo que vaya adoptando el fondo rector.

«Todo ello sin perjuicio de que esto se pueda denunciar ante la jurisdicción penal», ha añadido al indicar que alguna plataforma cívica catalana ya ha acudido a un juzgado para interponer una querella contra el Govern.

UN AUTOAVAL DE LA GENERALITAT POR UN DAÑO A SU PROPIO PATRIMONIO

El partido liderado por Inés Arrimadas también va a presentar en el Congreso unas preguntas dirigidas al Ejecutivo de Sánchez para que concrete qué medidas piensan tomar contra el fondo constituido por la Generalitat.

Bal ha explicado que algunos juristas ya han advertido de «inconsistencias» en ese mecanismo porque «no hay una extraordinaria y urgente necesidad» de crearlo y porque «se están invadiendo ámbitos de competencia del Estado».

Asimismo, ha afirmado que la Generalitat no puede establecer «una especie de autoaval respecto al daño que se ha causado al presupuesto de la propia Generalitat», del que tendrían que responder «con sus bienes personales» quienes han infligido ese quebranto en el patrimonio público.