El concejal del Grupo Socialista, Alberto Torres, ha denunciado ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Gobierno de España la vulneración por parte del Ayuntamiento de Santander de sus derechos políticos como primer concejal sordo usuario de lengua de signos, por un "claro incumplimiento" del derecho nacional e internacional.

Así lo ha trasladado en un escrito dirigido a la OADIS de la Dirección General de las Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, según ha informado hoy el PSOE de Santander en un comunicado.

En concreto, Torres relata que tomó posesión en abril de 2020 y en mayo el PSOE presentó una moción, que fue aprobada, para recuperar las actas escritas de los plenos donde figuren las intervenciones de los diferentes interlocutores en el debate, así como una retransmisión de las sesiones que transcriba los debates, incorporando a su vez la lengua de signos telemática en todas las grabaciones municipales.

Pero 15 meses después, al no haberse incorporado estos medios, explica que se ve abocado a solicitar un intérprete de lengua de signos --que tiene que pedir con 48 horas de antelación y con una bolsa limitada de horas-- cada vez que quiere que revisar una grabación, lo que deriva en una "evidente" desigualdad en el acceso a la información "en perjuicio de la persona que tiene una discapacidad".

"Las personas sordas del municipio de Santander seguimos sin tener esta accesibilidad, lo que además supone una barrera a mi actividad específica como edil", expresa en el escrito.

Según plantea, esta situación supone un incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 sobre participación en la vida política y pública recoge que "los Estados Partes -- y España lo es-- garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones".

Para el concejal socialista, al incumplirse el mandato del Pleno del mes de abril, el Ayuntamiento de Santander incumple asimismo los artículos 13 y 22 de la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

También, en su opinión, se vulneran en el Ayuntamiento de Santander los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, así como la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce en su artículo 73 las infracciones y sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2013.

Con estos argumentos jurídicos, en los últimos plenos, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha tomado la palabra para explicar el voto contrario del Grupo Socialista a la aprobación de las actas de sesiones anteriores, precisamente por no ser accesibles para Torres ni para una mayoría de personas con discapacidad.

"Tras estos meses en los que se vienen incumpliendo sistemáticamente mis derechos de participación política sin que ningún responsable del Ayuntamiento haya puesto remedio a la situación, pongo en conocimiento del Gobierno de España todos estos hechos con el deseo de que pronto pueda ponerse fin a esta discriminación que sufrimos las personas sordas o con discapacidad auditiva del municipio de Santander", concluye su escrito Torres.

CONCEJAL DESDE ABRIL DE 2020

Alberto Torres se convirtió en el primer concejal sordo usuario de la lengua de signos en España al tomar posesión como concejal en abril de 2020. Aunque le correspondía haberlo hecho un mes antes, en sustitución de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, su nombramiento se postergó al cancelarse el pleno de marzo por la pandemia de COVID-19.

Nada más acceder a su cargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Estatal de Personas Sordad (CNSE) emitieron sendos informes que acreditan su grado de discapacidad y su necesidad de contar con intérpretes de lengua de signos "en todos los ámbitos y contextos comunicativos relacionados con el ejercicio de su cargo" en el Ayuntamiento de Santander.

En junio, el portavoz socialista solicitó formalmente a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que declarara el derecho de Torres a contar con dos intérpretes --por motivos de descansos cada 20-30 minutos recomendados por la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-como "medida de accesibilidad para desempeñar sus funciones propias como concejal".

Responsable del área de Accesibilidad, Solidaridad y Juventud del Grupo Socialista, Torres ha elevado al Pleno propuestas como la Oficina Municipal de Discapacidad, que fue aprobada en el mes de noviembre de 2020 aunque el equipo de Gobierno (PP-Cs) todavía no ha dado ningún paso para su puesta en marcha.

Un varón de unos 69 años ha sido detenido en Valladolid acusado de herir gravemente a su sobrino en un brazo con un cuchillo jamonero durante una discusión en el ámbito familiar, según informaron fuentes de la Policía Local.

Los hechos se produjeron en la tarde noche de ayer cuando el Servicio de Emergencias 112 solicitó la intervención policial en un piso del número 2 de la Calle San Ignacio, donde, al parecer, se estaba registrando una pelea entre los inquilinos del inmueble.

Personados en el lugar, los agentes observaron cómo un varón, asomado a la ventana, pedía gritos de auxilio porque, según él, había sido agredido por su tío con un cuchillo y encerrado en su habitación.

UN REGUERO DE SANGRE

La víctima sangraba profusamente de un brazo y un reguero de sangre era perfectamente visible no solo en el alféizar de la ventana sino también en la fachada del edificio y el pavimento de la calle cerca del portal.

La policía subió entonces hasta el piso donde se habían producido los hechos y fue el propio tío de la víctima, de unos 69 años, el que franqueó la puerta a los agentes y sin más palabras que un "¡ahí está!", señalando la habitación donde se hallaba el herido, fue hasta el salón a sentarse en un sofá.

El herido, de unos 48 años, quien presentaba graves lesiones en uno de sus brazos por arma blanca, relató entonces a los policías que su tío le había agredido con un cuchillo jamonero de grandes dimensiones y luego le había encerrado en la habitación. El arma en cuestión fue localizada poco después en un cajón de la cocina totalmente limpia.

Ante ello, el lesionado fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Clínico Universitario, donde ha sido intervenido al tener afectados los ligamentos, y el presunto responsable de las lesiones detenido como autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico.

El propio detenido, durante su traslado, esgrimió como justificación que ambos habían discutido en los últimos días debido a que su sobrino le estaba robando dinero.

La víctima ha presentado denuncia ante lo ocurrido y ha solicitado ya una orden de alejamiento de su tío.

La Fiscalía Anticorrupción ha localizado en bancos suizos la cantidad de 2,64 millones de euros en cuentas de una sociedad perteneciente a Ildefonso de Miguel, el exgerente del Canal de Isabel II, y de su mujer Concepción Ruano, que no ha sido declarada a la Hacienda pública.

Ana Cuenca, la fiscal del caso 'Lezo', en el marco de la pieza 5 relativa al blanqueo de capitales de la trama, remitió un informe el pasado 22 de julio al juez instructor, Manuel García-Castellón, en el que le indicaba que de la documentación recibida por las autoridades judiciales suizas fruto de las diversas comisiones rogatorias "se desvela" que existen ingresos no declarados a la Hacienda pública española.

En el escrito, que avanzaba La Razón, el Ministerio Público revela que esas cuentas bancarias suizas estaban a nombre de la sociedad Sparklingwater Management, detrás de la cual está Ildefonso de Miguel.

Además, indica que hubo hasta cuatro ingresos: uno de 1.717.284,99 euros el 1 de septiembre de 2008; otro de 214.198,82 euros el 4 de septiembre de 2008; otro de 250.000 euros el 30 de septiembre de 2008; y un último ingreso de 459.884 euros el 9 de febrero de 2011.

LAS DECLARACIONES, A DEVOLVER

Con esos datos sobre la mesa, Cuenca solicitó a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que comprobara en sus bases de datos si esos ingresos habían sido declarados, y tras acreditarse que no fue así, interesó que se cuantificaran las posibles deudas tributarias generadas por esos ingresos no declarados.

La Agencia Tributaria emitió dos informes en mayo y en julio. En el último de ellos especificaba que esos cuatro ingresos (tres de 2008 y uno de 2011) no fueron declarados y que por tanto "generaron unas cuotas no ingresadas de 935.856,46 euros en el ejercicio de 2008 y de 204.369,49 en el ejercicio de 2011.

En ese informe de Hacienda se especifica además que la declaración de la renta de Ildefonso de Miguel en 2008 le salió a devolver, por lo que se le abonaron 12.570 euros, y que en 2011 se le devolvieron 2.275,72 euros.

En la providencia del juez de 23 de julio que recogía el informe de la fiscal sobre esas cuentas suizas, se acuerda también la petición del Ministerio Público de traducir al castellano la documentación remitida por Suiza en contestación a varias comisiones rogatorias que llegaron en inglés y en alemán.

IGNACIO GONZÁLEZ EN LA PIEZA 5

En esta pieza, el juez rechazó en julio la petición de la defensa del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su esposa Lourdes Cavero para ser exonerados, según fuentes jurídicas.

La decisión se producía en consonancia con el criterio de la fiscal, y ello a pesar de que, en su escrito de alegaciones a la petición de la defensa, la acusación pública ya avanzaba que existen elementos que sustentan "un eventual sobreseimiento". La fiscal aplaza la posición final sobre este asunto a la resolución de las diligencias aún pendientes.

"Ciertamente la citada representación apunta elementos que sustentan un eventual sobreseimiento de sus representados. No obstante, no se puede desconocer que la fuerza actuante mediante oficio de 13 de julio de 2021 del que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal (...) solicitó la práctica de diligencias referidas a estos dos investigados que, tras su análisis, el Ministerio Fiscal considera pertinentes y útiles para agotar esta instrucción", decía Cuenca.

Por eso, y con el objetivo de poder emitir un informe valorando el global de las diligencias, considera mas adecuado "posponer su dictamen sobre la procedencia del sobreseimiento de ambos al momento en que se resuelva y, en su caso, se practiquen dichas diligencias", algo que prevé que sea en breve.

En este mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, la Fiscalía instaba el archivo de las actuaciones en la pieza 5 de este macrosumario para Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Aldeas Infantiles SOS ha alertado este miércoles sobre "la difícil situación a la que se enfrentan los jóvenes que han crecido privados del cuidado parental al cumplir los 18 años", coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto.

En este sentido, la ONG ha explicado que la mayoría de edad supone el cese del acogimiento y "hace que estos chicos y chicas tengan que enfrentarse a un proceso de transición a la vida adulta muy diferente al del resto de sus iguales, obligándoles a emanciparse once años antes".

"El proceso de dejar atrás el acogimiento es muy importante tanto para los jóvenes como para los profesionales responsables de su cuidado", ha declarado Aldeas Infantiles SOS, que ha añadid que "debe reflejar la eficacia de la inversión del Estado, tal y como marcan las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños".

Además, ha argumentado que Naciones Unidas, en su resolución sobre la protección de los niños privados del cuidado parental, "también subraya la importancia de asegurar que los jóvenes que salen del sistema de protección reciban un apoyo apropiado para preparar su transición a la vida independiente, incluida la ayuda para obtener acceso al empleo, a la educación o a la vivienda".

"Sin embargo, lo habitual es que estos jóvenes tengan que enfrentarse a una transición breve y acelerada a la etapa adulta al cumplir la mayoría de edad, lo que los sitúa en una clara desventaja respecto al resto de jóvenes y contribuye a su distanciamiento del sistema educativo y del mercado laboral, convirtiéndolos en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad", ha detallado la organización. "Sin formación adecuada, sin redes familiares que les sirvan de apoyo para continuar sus estudios y sin ayudas sociales durante esa transición a la vida adulta, difícilmente podrán integrarse con éxito en la sociedad".

La ONG ha agregado que, según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, en España, 50.272 niños, niñas y adolescentes viven bajo una medida de protección, ya sea de acogimiento residencial o familiar y, durante el último año, 6.222 cumplieron la mayoría de edad y tuvieron que hacer frente a la salida del sistema.

APOYA A 1.175 JÓVENES VULNERABLES EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO AÑO

Aldeas Infantiles SOS ofrece a estos chicos y chicas, a través de sus Programas de Jóvenes, recursos específicos hasta su plena integración social y laboral. En total, la organización acompañó durante el último año a 1.175 jóvenes en su camino a la independencia. Ayudarles a completar su proceso educativo, encontrar un trabajo, ser capaces de mantener relaciones maduras y establecer su propio hogar son algunos de los objetivos perseguidos.

"Desde Aldeas somos plenamente conscientes de las incertidumbres por las que atraviesan estos chicos al cumplir la mayoría de edad y tratamos de ayudarles para que su proceso de emancipación sea más fácil, brindándoles las mismas oportunidades que tendría cualquier chico de su edad", han asegurado desde la organización. De este modo, gracias a este recurso, los jóvenes de sus programas se independizan de media a los 27 años, una edad mucho más cercana a la de sus iguales, que se sitúa en torno a los 29 años.

Son varios los proyectos que integran los Programas de Jóvenes de la organización, con los que se ofrece una respuesta individualizada y adaptada a las necesidades de cada joven.

"En el Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta preparamos a los jóvenes que todavía no han cumplido la mayoría de edad para la siguiente fase de su vida. Cubrimos todos los posibles escenarios que se encontrarán, desde cómo alquilar un piso o hacer una entrevista de trabajo, hasta ayudarles a reflexionar sobre sus aspiraciones y los proyectos que les gustaría realizar", explican. En 2020, Aldeas acompañó a 98 adolescentes en este proceso.

Por otro lado, mediante el Proyecto de Autonomía, los jóvenes tienen la posibilidad de continuar recibiendo apoyo una vez cumplen los 18 años, ya sea de carácter residencial o educativo. Asimismo, se les apoya con los trámites burocráticos y se les brinda orientación académica y laboral hasta que lo necesitan.

Además, Aldeas cuenta con un Programa de Becas para ayudar a aquellos jóvenes que deciden retomar sus estudios, bien estén desempleados, bien estén trabajando. En el último año, la organización ha acompañado a 153 jóvenes con este proyecto.

El Proyecto de Emancipación ofrece a los jóvenes apoyos puntuales de diversa índole, ya sean económicos, psicológicos o de ayuda en la búsqueda de empleo. En 2020, Aldeas Infantiles SOS acompañó a 823 jóvenes gracias a este recurso.

La organización también cuenta con un Servicio de Empleo que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Se les ofrece información, asesoramiento, capacitación y acompañamiento en su búsqueda de empleo, así como seguimiento de sus procesos formativos y laborales. En el último año, este servicio atendió a 151 jóvenes.

Por último, Aldeas Infantiles SOS cuenta también con dos Talleres profesionales de automoción y de cocina. Están dirigidos a jóvenes de 16 a 18 años que, por diferentes motivos, han abandonado el sistema educativo y se encuentran en una situación de riesgo o vulnerabilidad. Al concluir la formación, los jóvenes realizan 120 horas de prácticas que les permiten tener una primera experiencia laboral y, en muchos casos, acceder a su primer empleo. En 2020, 48 jóvenes se formaron en estos dos talleres profesionales.

La directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), María Teresa Pérez, describe a la juventud actual como una "generación vulnerada" que, apunta, "no es lo mismo que vulnerable" e indica que, a pesar de haber sufrido "años de recortes y especulación", ha "demostrado ser mayoritariamente responsable, solidario consciente de las desigualdades" con motivo de la celebración, este 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud.

Este colectivo ha visto como la pandemia del Covid-19 ha agudizado su precariedad e inestabilidad laboral; ha mermado sus posibilidades de emancipación; y ha empeorado la calidad educativa, según los datos que se recogen en el 'Informe Juventud en España 2020', realizado por el INJUVE.

Tras preguntar a más de 6.400 jóvenes de entre 15 y 29 años, residentes en España, sus respuestas dejaron paso a datos como que más de la mitad (52%) de ellos tienen contratos temporales, una temporalidad 30 puntos superior a la del resto de la población.

La "falta de estabilidad y suficiencia económica" que esto supone es la razón que alega la mayoría (un 75%) para no emanciparse. De hecho, el año pasado, solo un 32,8% de los jóvenes se habían planteado esta posibilidad, frente al 48% que lo hacía antes de la pandemia.

UNA GENERACIÓN "FORZADAMENTE RESILIENTE"

Sin embargo, Pérez recuerda que la situación de los jóvenes ya era precaria como consecuencia de los recortes de la crisis de 2008 y las "normativas antifuturo" que se impusieron en ese periodo. En este sentido, destaca "la reforma laboral de 2012" que, a su juicio, supuso "prácticamente cronificar la precariedad, convertirla en un problema estructural y hacer muy difícil la emancipación".

Y, en este contexto, la directora general del INJUVE ha destacado, que "los jóvenes españoles son forzadamente resilientes". "A pesar de su situación socioeconómica y de la pandemia, han demostrado ser mayoritariamente responsables, solidarios y conscientes de las desigualdades", ha declarado.

Así, indica que "entre sus preocupaciones están el empleo, la vivienda y la educación, pero también están enormemente comprometidos con la igualdad de género y LGTBI y con el cambio climático".

Pérez también ha destacado que, "al contrario de lo que se suele decir", la juventud "sí se interesa por la política y sí participa", aunque "no se siente suficientemente escuchada".

UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

Al respecto, ha indicado, desde el INJUVE están "intentando cambiar esas dinámicas" porque, ha explicado, "es clave para la eficacia de las políticas públicas que éstas respondan a las necesidades reales de la juventud". "Nadie mejor que ellos y ellas mismas, como sujetos con voz propia, pueden reclamar al gobierno las medidas que necesitan para mejorar su vida", ha recordado.

A su juicio, "antes no había voluntad para atender sus demandas" pero "ahora sí" porque, ha apuntado, "la juventud es una prioridad para el gobierno de coalición".

Pérez ha explicado, en este sentido, que está en pleno proceso de elaboración de la nueva Estrategia Nacional de Juventud 2030 que, ha destacado, "está siendo un proceso participativo". Así, ha recordado la reunión de la Comisión Interministerial el pasado 22 de julio, que se encontraba "por primera vez" desde "hace más de 4 años", y en donde el Consejo de la Juventud de España (CJE) como representante de los jóvenes asociados pudo hablar con representantes de todos los departamentos del Ejecutivo.

Además, recuerda que en febrero de este año el INJUVE hizo una Consulta Pública a la juventud para saber sobre su conocimiento de la Agenda 2030, sus preocupaciones y demandas globales e incorporarlas a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que se lideró desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.

"También trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el CJE para elaborar el nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus aprobado recientemente", ha apuntado Pérez, antes de señalar que en septiembre se firmará un convenio con la Inspección de Trabajo para intensificar el control de empresas que abusen de forma fraudulenta de contratos temporales y parciales; y que trabaja con la DGT para aprobar unas ayudas a la obtención del carné de conducir para jóvenes con bajos recursos.

Del mismo modo, ha recordado que los jóvenes españoles son también beneficiarios de algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo recientemente como los ERTE, el Escudo Social, el Ingreso Minimo Vital, la prohibición del despido por baja medica, la Ley Rider o el nuevo Plan de Garantia Juvenil. También lo harán con el aumento en un 22% el presupuesto para becas universitarias, ha apuntado Pérez, así como, en futuro, con la Ley Trans y la ley de libertad sexual que se encuentran en proceso de tramitación.

EDUCACIÓN

Otro de los temas que más preocupa a los jóvenes es la educación. En este sentido, el Informe del INJUVE realizado en 2020 recoge que un 60% de este colectivo cree que su aprovechamiento del curso académico pasado se ha visto significativamente mermado; y un 11,2% afirman haber aprendido menos de la mitad que en un año normal.

En el curso 2021/2022 se enfrentan, además, a los cambios que llegarán con la puesta en marcha de la conocida como 'Ley Celaá'.

En esta materia, Pérez aboga por "una educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades" como "base de una sociedad democrática" y, por eso, considera "necesario formar" a los jóvenes "para acceder a nuevos perfiles de trabajo en sectores estratégicos para el futuro como la digitalización o la economía verde.

Sin embargo, apunta que, "ante el aumento de discursos de odio y su normalización y blanqueamiento por parte de algunos medios de comunicación que conlleva un incremento de agresiones", considera "esencial" que los jóvenes "reciban educación en valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual y al que piensa diferente".

Con la aparición de la pandemia, el colectivo ha sufrido en 2020 y en los últimos meses el señalamiento de la sociedad, que les ha culpado de falta de responsabilidad, por celebrar fiestas y botellones durante la crisis sanitaria y, como consecuencia, del aumento de los contagios por Covid-19.

Por ello, Pérez ha puesto en valor la situación de unos jóvenes que, en los dos últimos años, y como consecuencia de la pandemia, ha visto "paralizada su socialización".

El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional dos decretos del Gobierno Balear que reforman la ley sanitaria de las islas y establecen medidas de control de la pandemia de covid 19 una vez cesó el estado de alarma del pasado mes de mayo. La reforma también establece un régimen sancionador para hacer frente a los posibles incumplimientos de las regulaciones relacionadas con el coronavirus.

En un mensaje en Twitter de este jueves, la diputada de esta formación Macarena Olona Olona confirma la interposición del recurso porque la norma balear "impone la vacunación obligatoria y el confinamiento forzoso, entre otras medidas ilegales". No obstante, el punto de la vacunación no está contenido en la reforma señalada, según aclaró en su día la propia Consejería de Salud balear ante mensajes que aparecían en redes sociales señalando dicha obligatoriedad.

El recurso fue anunciado por Vox a mediados del pasado mes de julio, cuando en su página web señaló que llevaría al Tribunal Constitucional el Decreto 5/2021 del Gobierno de las Islas Baleares que entró en vigor el 7 de mayo.

Con ocasión de este anuncio, Vox ya señalaba que "el Ejecutivo balear que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Unidas-Podemos y Més per Mallorca (la marca blanca de Bildu en Baleares) pretende vacunaciones y confinamientos forzosos o confiscación de bienes, además del establecimiento de "un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19".

La reforma, que se tramitó como proyecto de Ley, regula medidas de confinamiento perimetral de una barriada, un municipio, una isla o todo el archipiélago, los controles a la entrada de las islas a través de puertos y aeropuertos, la restricción de las reuniones, la limitación a la movilidad en horario nocturno o la limitación de aforos en lugares de culto. Entre los nuevos artículos que se introducen en la ley sanitaria de 2010 se incluyen también medidas de intervención de centros de servicios sociales.

RÉGIMEN SANCIONADOR ESPECÍFICO

En cuanto régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas por paliar los efectos de la crisis por el COVID-19, la norma contempla que se puedan agravar las infracciones leves y graves cuando estas son cometidas en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de alerta sanitaria.

En este punto se incluye también un nuevo tipo infractor que sanciona los incumplimientos de la acreditación del resultado negativo de las pruebas diagnósticas que, en su caso, se establezcan, con carácter previo, como medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior.

El decreto incluye asimismo una disposición adicional única que fija precios y tarifas máximas que tienen que aplicar los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas. Así, se establece que las PCR costarán como máximo 75 euros y las pruebas de antígenos, 30 euros.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha condenado el asesinato machista de la mujer de 60 años ocurrido en Sevilla capital este martes, un caso que ya ha confirmado el Gobierno, por lo que ha ofrecido la atención del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a los tres hijos huérfanos que deja este suceso.

En un comunicado, la Consejería señala que esta es el sexto crimen por violencia machista en 2021 en Andalucía y el segundo en la provincia, así como el número 31 en España.

Los hechos ocurrieron ayer martes 10 de agosto cuando la pareja de la víctima le disparó con una escopeta de caza y, posteriormente, se suicidó con la misma arma. No había denuncias previas ni la víctima había acudido al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni a la red de Centros Municipales de Información a la Mujer.

Tampoco estaba dada de alta en VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de Género). La mujer tenía dos hijas y un hijo mayores de edad, para quienes se ha preactivado la atención psicológica en crisis por si quisiesen hacer uso de este servicio.

Rocío Ruiz ha mostrado su "más absoluta condena y consternación" y ha transmitido sus condolencias y afecto a la familia y amistades de la víctima.

Asimismo, ha reclamado la "participación de la sociedad, las administraciones, los partidos políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión para que se transmita un sentimiento de unidad frente a estos terribles crímenes contra las mujeres. "Por las grietas que dejemos, se colará el machismo y sus terribles consecuencias".

Por otra parte, la consejera ha destacado que "no se puede bajar la guardia ante la violencia de género". "Ya sabemos que no hay ni un perfil de víctima ni de victimario. Por eso es muy importante estar alerta ante cualquier señal que nos haga sospechar que una mujer puede estar sufriendo humillaciones, abusos o agresiones por parte de su pareja o expareja", ha dicho.

En esta línea, ha insistido en que con una simple llamada al teléfono de atención a las mujeres 900 20 09 99 o a las fuerzas de seguridad "podemos estar salvando una vida".

En la actualidad, Andalucía acumula 222 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.109 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos.

ACOGIDA DE 1.197 VÍCTIMAS EN EL PRIMER SEMESTRE

Un total de 1.197 víctimas de violencia de género, 661 mujeres y 536 menores que acompañan a sus madres, han sido acogidas en el Servicio Integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer durante el primer semestre de 2021.

Los recursos de acogida de Andalucía comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y refugio urgente e inmediata las 24 horas al día durante los 365 días del año.

El Instituto Andaluz de la Mujer atendió en 2020 a un total de 126.148 mujeres, lo que supone un incremento del 15% con respecto a 2019. Además, a través de los Centros Provinciales de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) y el Teléfono de atención a las mujeres (900 200 999) se dio respuesta a casi 180.000 consultas (179.059), de las cuales tres de cada diez están relacionadas con violencia de género, atendiendo cada día una media de 121 consultas sobre violencias machistas, un 17% más.

La Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, considera la violencia machista "una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan".

"Esta violencia no es una acción o acciones aisladas, es un entramado de conductas explícitas, mensajes normalizados y simbólicos que estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la subordinación de las mujeres a los hombres y de no permitir la existencia de ningún cuerpo, modelo y/o comportamientos que transgredan los límites marcados por el sistema heteropatriarcal vigente", agrega.

En ese sentido, la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores.

Además, la Junta de Andalucía se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reivindicado el estilo de oposición "firme", pero "responsable" de su partido ante un Gobierno "sin medidas" para paliar la subida de la luz. "Es nuestra obligación denunciar a este Ejecutivo que pone la política del retrovisor porque no tiene medidas para aplacar la escandalosa subida de la luz", ha señalado este martes.

En una entrevista en Antena3, Montesinos ha afirmado que la ciudadanía respalda su modo de hacer oposición tal como sostienen las encuestas. "Si hoy hubiera elecciones generales, Pablo Casado sería presidente del Gobierno", ha destacado en referencia al líder del PP.

Montesinos se ha expresado de este modo tras ser cuestionado por la utilidad para los ciudadanos del debate político y los cruces de acusaciones en un contexto de subidas históricas del precio de la luz. "¿Nos callamos, no decimos nada?" ha respondido Montesinos, que ha considerado que los ciudadanos entienden "muy bien" el modo de hacer oposición del PP.

En esta misma línea, ha asegurado que esta es una de las cuestiones que se deben sacar del "rifirrafe político" para llegar a grandes consensos, pero que el PP también tiene una labor de oposición y debe "denunciar" lo que el Gobierno está haciendo "mal". "Estas son cosas del comer, hoy hay muchos españoles pendientes de la luz para poner la lavadora o para saber si van a poder poner el aire acondicionado", ha añadido.

Así, ha reiterado que conseguir bajar el precio de la luz es una de las cuestiones que Casado ha incluido en los "grandes acuerdos", pero que el presidente Sánchez ha respondido "atacando". En opinión de Montesinos el problema es "el mismo de siempre", que cuando el PP "tiende la mano" para buscar un acuerdo, Sánchez responde "sacando a la ministra Montero" para "atacar al PP".

"Si Sánchez no puede o no quiere, que es lo que parece, lo que tiene que hacer de una vez por todas es permitir a los españoles hablar en las urnas", ha finalizado.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha afirmado este miércoles que si en vez de personas mayores estuvieran muriendo niños y jóvenes a causa del coronavirus "no se estaría debatiendo la obligatoriedad de la vacuna".

En una rueda de prensa para presentar los proyectos en materia de Servicios Sociales a financiar con fondos europeos, Santiago ha insistido, remarcando que se trata de una opinión personal que no pretende recoger el posicionamiento del Consell de Govern, en que si la mortalidad se hubiera dado entre la población más joven "la dicotomía economía-salud no se habría dado".

Aunque la consellera ha remarcado en varias ocasiones que se trata de una opinión expresada a título personal, ha defendido en todo caso la posición del Govern de no obligar a vacunarse --legalmente no puede hacerlo-- sino fomentarla de todas las maneras posibles.

En este sentido, ha defendido que para acceder a gimnasios y participar en entrenamientos y competeciciones deportivas a partir de septiembre se pida vacunación o una prueba de detección negativa. "No obligamos, pero damos alternativas", ha puntualizado.

Santiago ha recordado que fijar la obligatoriedad de la vacunación depende del Gobierno de España y que desde el Ejecutivo autonómico se está estimulando "todo lo que se puede".

Así, ha subrayado que el Govern ha sido de los primeros ejecutivos en abrir la vacunación a toda la población --desde este miércoles es posible acudir a vacunarse sin cita previa-- y también en exigirla para entrar a las residencias de personas mayores con la alternativa de la prueba negativa.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Troppo', ha desarticulado un grupo criminal y detenido en Burgos a seis personas, con edades comprendidas entre los 21 y los 62 años, presuntamente dedicados a introducir droga en el centro penitenciario burgalés, según informaron fuentes del Instituto Armado.

El origen de la Operación se remonta a marzo de 2020, cuando funcionarios de la Unidad canina del Centro Penitenciario de Burgos detectaron en el recinto de la prisión un envoltorio que contenía dos trozos de hachís, así como una tarjeta SIM de telefonía cuya tenencia está prohibida en el interior del penal.

Los guardias civiles encargados de la investigación llevaron a cabo numerosas pesquisas para averiguar el origen de la tarjeta SIM, ya que había sido dada de alta a nombre de una mujer residente en Burgos usurpando su identidad.

Es práctica habitual de las organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico el utilizar teléfonos con titularidades usurpadas o incluso en algunos casos ficticias, como medidas de seguridad para poder realizar las actividades ilícitas con total anonimato, dificultando las labores de identificación de los usuarios reales de los terminales.

Sin embargo, la pericia de los investigadores les llevó a la identificación de los individuos que estaban cometiendo el delito de tráfico de drogas bajo identidades usurpadas en sus comunicaciones, y que mantenían un "punto de conexión" común en el interior Centro Penitenciario de Burgos.

En las vigilancias efectuadas sobre los domicilios que usaban se observaron indicios de que, además de traficar con drogas, también llevaban a cabo actividades de cultivo ilícito de cannabis en varios lugares.

Los guardias civiles procedieron a la detención de las seis personas que componían la organización criminal, y solicitar orden judicial para la entrada y registro en dos viviendas. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, usurpación de identidad, falsedad documental y cultivo ilícito de cannabis.

En los registros domiciliarios se pudo observar que parte de la vivienda se dedicaba exclusivamente al cultivo de cannabis, donde se intervinieron numerosos efectos necesarios para el cultivo y tráfico de esta sustancia, como una báscula de pesaje, plantas cultivadas en macetas... y en el interior de una caja fuerte un total de 11.350 euros en billetes de diverso valor.

Además de la aprehensión de diverso material probatorio del delito de tráfico de drogas, y de la introducción de los estupefacientes en el Centro Penitenciario, se intervino el DNI que había extraviado una joven burgalesa, con el que habían dado de alta numerosas líneas telefónicas usurpando su identidad. Precisamente una de estas líneas telefónicas había dado origen a la operación.

La recuperación del Documento Nacional de Identidad extraviado, que usaban para contratar servicios de telefonía con fines delictivos, adquiere gran importancia, supone graves perjuicios a la persona que sufre la puesta a su nombre de contratos de servicios, y, en consecuencia, las ulteriores responsabilidades económicas y contractuales que pudieran devenir de dicha relación.

Las vigilancias habían puesto de manifiesto además que los detenidos llevaban a cabo cultivo de cannabis sativa de tipo 'outdoor' en una plantación ubicada en las cercanías de una pequeña localidad burgalesa, por lo que los guardias civiles procedieron a desmantelarla e incautar las plantas cultivadas.

La importancia de esta investigación deriva, entre otras cosas, en el destino de la droga, ya que se introducía en una prisión, lugar de especial sensibilidad y vulnerabilidad cuyo fin último es la rehabilitación social de los condenados.

Es significativo que los detenidos se favorecían para la introducción de sustancias estupefacientes en el interior del Centro Penitenciario de líneas telefónicas que hacían llegar a los presos para que pudieran comunicarse de manera encubierta con ellos, y con otras personas del exterior.

La operación finalizó con la inspección de dos locutorios ubicados en Burgos capital, donde se habían dado de alta irregularmente las líneas telefónicas.

En estas inspecciones, en las que participaron guardias civiles especialistas en Servicio Fiscal, se efectuaron 23 denuncias administrativas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Nº2 de Burgos, que dirigía la investigación.

Existen imágenes disponibles en el siguiente enlace: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2021/index.html

Agentes de la Policía Nacional han detectado una elaborada modalidad de fraude bancario en la que se combina el uso de SMS falsos -que simulan ser enviados por el banco de la víctima- y posteriores llamadas telefónicas de supuestos empleados de la entidad para perfeccionar la estafa.

El modus operandi comienza con un SMS en el que la víctima recibe una alerta, al parecer de su entidad financiera, con el siguiente texto: 'Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada'.

Según ha informado la Policía Nacional, los mensajes pueden presentar ciertas variaciones, pero siempre incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a su banco. Sin embargo, ese enlace en realidad conduce a una página falsa donde le solicitan los datos bancarios y personales, así como el usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de contacto.

Además, advierten a sus víctimas de que recibirán una llamada para realizar las verificaciones de seguridad oportunas. Una vez que los datos están en su poder, los ciberdelincuentes llaman a sus víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad.

APARIENCIA DE LLAMADA DEL BANCO

En algunos casos, la llamada puede mostrar un número de teléfono legítimo del banco, aunque realmente se trata de una "máscara" que oculta el número de teléfono desde el que realmente se emite la llamada. En esta llamada informan a la víctima de que existen movimientos sospechosos en su cuenta.

Para resolver esa situación y retroceder las supuestas operaciones fraudulentas le solicita las claves de firma electrónica con las que opera habitualmente. Mientras hablan, y para dar mayor credibilidad al engaño, pueden emitir nuevos SMS informado de las supuestas gestiones que están realizando o simular que transfieren las llamadas a otros departamentos.

Con este elaborado proceso, los delincuentes consiguen tener acceso total a la banca online de sus víctimas y pueden realizar pagos y transferencias mientras mantienen la comunicación con los estafados, a los que solicitan las claves necesarias para autorizar las operaciones.

Desde Policía Nacional recomiendan que, en caso de duda sobre la autenticidad de la llamada recibida, hay que colgar y llamar directamente al número de contacto del banco. "La primera norma que no debemos olvidar es que nunca se deben facilitar las claves secretas ni datos personales a través de ningún canal", ha subrayado el cuerpo policial.

NO FACILITAR CLAVES

En este sentido, ha explicado que las entidades financieras pueden comunicarse con sus clientes en caso de ser necesaria alguna verificación, pero en ningún caso van a solicitar claves secretas, datos bancarios ni firmar retrocesiones de operaciones.

En caso de dudar sobre la autenticidad de la llamada es mejor colgar e iniciar una nueva comunicación con el banco a través del número de contacto empleado habitualmente.

Además, hay que ser especialmente cauto con los SMS o correos que se reciben y prestar atención a los enlaces que puedan incluir, ya que en los casos de fraude nunca redirige a la página oficial de la entidad bancaria. Asimismo, estos SMS habitualmente contienen faltas de ortografía o frases carentes de sentido.

Otra medida eficaz para que los datos personales no sean comprometidos es no acceder a servicios online que requieran intercambio de información privada o realizar trámites bancarios desde dispositivos públicos o que estén conectados a redes wifi públicas.

En caso de recibir un SMS estas características es muy importante no facilitar ningún dato ni hacer click en los enlaces que contiene o descargar archivos adjuntos. La mejor opción para preservar la seguridad es ignorarlo, eliminarlo y en caso de duda contactar con el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria.

La red social Twitter ha suspendido durante una semana la cuenta de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene por difundir comentarios sobre la pandemia de coronavirus que han sido considerados "engañosos" por la compañía.

Greene afirmó el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos (DFA) "no debería aprobar las vacunas contra la COVID-19" y resaltó que las mismas están "fallando" y son ineficaces a la hora de contener la propagación del virus, "al igual que las mascarillas".

Tras ello, un portavoz de la compañía ha detallado que el tuit ha sido designado como "información engañosa sobre la COVID-19" y ha agregado que "la cuenta estará en modo de solo lectura durante una semana debido a las repetidas violaciones de las normas de Twitter", según la cadena de televisión estadounidense CNN.

Greene ha resaltado tras la decisión de Twitter que la red social ha tomado esta decisión contra ella "por decir la verdad y tuitear lo que mucha gente dice". "Tengo familiares vacunados que están enfermos con COVID-19. Los estudios muestran que la gente vacunada aún se contagia y contagia la COVID-19", ha argüido.

"En mi opinión, la FDA no debe aprobar estas vacunas hasta que haya más investigaciones", ha manifestado. "Si Marjorie Taylor Greene se atreve a decir la verdad, Twitter me suspende porque la verdad es ofensiva para los frágiles hipócritas en Twitter. Me niego a ser silenciada sobre estos asuntos vitales y el arma biológica china que supone la COVID-19", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que "permiten que se publoque pornografía en Twitter" y que "se publiquen mensajes sobre padres (...) cambiando el género a sus hijos en Twitter", pero "Twitter no permite una discusión real sobre la verdad por parte de una congresista electa porque sólo le interesa la agenda comunista de los demócratas para Estados Unidos".

"¿Por qué (el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony) Fauci critica duramente a los ciclistas al aire libre sin mascarilla pero guarda silencio por la sofisticada fiesta de cumpleaños de (el expresidente Barack) Obama en un evento supercontagiador para las élites de Hollywood y los demócratas?", se ha preguntado.

"¿Por qué está bien y es moral permitir que decenas de miles de migrantes positivos por COVID-19 entren en nuestro país y se les envíe a todos los estados con dinero de los contribuyentes mientras se fuerza a nuestros hijos a ponerse mascarilla para ir a la escuela?", ha cuestionado, según ha informado el diario 'The Washington Examiner'.

Greene, que en el pasado ha comparado la obligación del uso de mascarilla en el Capitolio con el Holocausto, ya ha sufrido otras dos suspensiones temporales previas en la red social por sus controvertidas declaraciones y se expone a un cierre de la cuenta en Twitter.

La congresista ya sufrió una suspensión similar este año tras publicar mensajes sobre una supuesta manipulación de los resultados en las elecciones al Senado en Georgia, lo que ha sumado a diversas teorías conspiratorias acerca de la pandemia.

Asimismo, la semana pasada sugirió a los estados del sur de Estados Unidos recibir a los "amigos del estado policial" del presidente, Joe Biden, con sus armas de fuego si se presentan en sus hogares para saber si han sido vacunados.

Greene, una de las más férreas defensoras de las teoría de la conspiración del expresidente Donald Trump, fue reprendida hace unos meses por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que sus "mentiras locas" son "un cáncer" para el partido y el país norteamericano.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha planteado mejorar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat sin ampliar la tercera pista, y ha pedido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que "no explique cuentos de hadas" asegurando que se compensará la afectación al entorno con más áreas protegidas.

"Para empezar a hablar de compensaciones actuales, en el caso de que se alargara la tercera pista y se afectara a La Ricarda", se debería hablar de las compensaciones no ejecutadas de la anterior ampliación del aeropuerto, ha reprochado Vilalta a la también exalcaldesa de Gavà (Barcelona) en una entrevista.

Ha tachado la postura de la ministra de irresponsable: "No nos pueden prometer cuentos de hadas de compensaciones que van a existir, cuando no se han cumplido las compensaciones anteriores", y ha defendido que en lo que se debería estar trabajando es en buscar el equilibrio para mejorar el aeropuerto sin que vaya en contra de la preservación del medio ambiente y su entorno.

Vilalta ha destacado que lo que defiende ERC es que llegue la inversión de cerca de 1.700 millones y que se decida desde Catalunya el proyecto --que no tiene por qué implicar alargar la tercera pista, según ella--, a través de la mesa técnica impulsada por el Govern de Pere Aragonès, con la participación de agentes sociales, económicos, territoriales e institucionales.

"Este es el acuerdo. El acuerdo no es para ampliar la tercera pista, el acuerdo es para poder invertir este dinero, y decidir desde aquí cómo vamos a invertirlo. Y esta inversión no necesariamente tiene que pasar por la ampliación de esta tercera pista", sino que se deben estudiar alternativas que no trinchen ni aplasten el territorio, ha dicho literalmente.

Así, califica de innegociable la preservación del entorno, y de línea roja la afectación a La Ricarda, por lo que ha pedido buscar alternativas para lograr que El Prat sea un aeropuerto de primera y no de segunda, algo que se favorecería si lo gestionara la Generalitat, y no Aena, según ella.

"SOCIOVERGENCIA DE SIEMPRE"

Cree que el debate sobre la ampliación se ha simplificado y pervertido, y que "ha habido una propuesta de Aena que se ha comprado acríticamente por aquellos que defienden la sociovergencia de siempre", y ha criticado a quienes han aplaudido el proyecto sin cuestionarse nada.

Preguntada por si apunta a Junts con estas críticas, ha sostenido que "no se tiene que señalar a nadie" y que cada actor sabe cómo ha reaccionado, también ERC, que considera que no se puede desarrollar un proyecto en contra de la opinión de los ciudadanos y de las instituciones del territorio afectado que no tenga en cuenta criterios medioambientales --los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat se oponen al acuerdo--.

CONSENSO EN EL GOVERN

Ha asegurado que hay consenso dentro del Govern, y que "otra cosa es dentro del Gobierno del Estado", cuyos socios mantienen discrepancias que también existen en el Ayuntamiento de Barcelona, entre su alcaldesa, Ada Colau, y el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, que sí defiende la ampliación, ha recordado.

"Las contradicciones las tienen mucho más los otros, y lo que dice el Govern, que es lo que dice ERC a nivel de Catalunya, es que si llega una inversión --y aquí está el acuerdo, en que llegue--, decidimos nosotros cómo se tiene que invertir" para mejorar la competitividad del Aeropuerto, ha subrayado.

Preguntada por si cree que el Govern puede perder el apoyo de la CUP, que rechaza ampliar el Aeropuerto, ha asegurado que trabajarán para no perderlo y seguir sumando esfuerzos, aunque augura que se generarán "muchas contradicciones y momentos de complejidad, porque aún se están gestionando inercias de 40 años de sociovergencias".

Ante la posibilidad de que esta inversión aleje la instalación de la fábrica de baterías eléctricas de Seat en Catalunya, ha advertido de que un proyecto no debería ir en detrimento del otro: "De hecho, lo queremos todo: queremos tener el mejor aeropuerto posible, y queremos preservar el medio ambiente, y justamente en esta línea queremos esta fábrica de baterías".

COMISIÓN BILATERAL

Sobre si sitúa la propuesta de Aena dentro de la 'agenda del reencuentro' promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado que "Aena hace una propuesta porque está en su agenda y porque ve beneficiados sus intereses, no porque piense en la mejora, el bienestar o el progreso de Catalunya" ya que, en ese caso, cree que habría hecho la propuesta de otro modo.

Vilalta ha descartado que esta inversión y otros acuerdos que se alcancen en espacios como la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat afecten al proceso independentista: "Hay un conflicto político que no se arreglará porque haya más inversión en el Aeropuerto, ni se solucionará por un traspaso en Rodalies. No, el conflicto político continuará estando".

Ha enfatizado que la comisión bilateral debe funcionar en paralelo a la mesa de diálogo, y ha destacado que la bilateral es necesaria para abordar los 56 traspasos que quiere la Generalitat: "Hay muchísimo trabajo por hacer, y el Estado se tiene que poner las pilas".

Un joven tuvo que ser reducido por agentes de la Policía Local de Sueca (Valencia) tras humillar y denigrar verbalmente a una mujer y, posteriormente, intentar agredir a un policía.

Lo hechos ocurrieron este fin de semana, cuando los agentes "se vieron obligados a reducir a un hombre después de haberse negado a identificarse, mostrándose con una clara actitud defensiva, desafiante e intentar agredir el policía que tenía más cerca". No lo consiguió al apartarse el agente y al ser reducido por el resto de compañeros, informan fuentes policiales.

La intervención comenzó con la denuncia de una mujer de que dos hombres la estaban humillando "con propuestas deshonestas y denigrantes". La denunciante iba acompañada de su pareja y pidió ayuda a la Policía Local en un estado "de tensión y nerviosismo", explican la mismas fuentes.

Personadas unidades policiales en el lugar de los hechos, en la zona de la plaza Jaume I, uno de los dos presuntos responsables se negó a cualquier colaboración y a su identificación. Después de que los agentes intentaran minimizar la situación por todos los medios, "llegó a posicionarse en una actitud de resistencia y negativa activa".

BOTELLÓN

Por otra parte, pero también durante el fin de semana, fueron sancionados veinte jóvenes a las dos de la madrugada --una hora más tarde del toque de queda establecido para Sueca y otras 76 poblaciones valencianas más-- en un botellón que habían organizado en la playa de Motilla, en les Palmeres.

Los asistentes no respetaban ninguna clase de medida de seguridad sanitaria, consumían bebidas alcohólicas y disponían de una ambientación musical, según comprobaron los agentes de la Policía Local.

Desde el mismo departamento municipal constatan que se han incrementado las actuaciones en intervenciones con vehículos de movilidad personal (patinetes, básicamente), al producirse algunos incidentes, incluido atropellos, en aceras y espacios por el que no pueden circular, siendo necesario la propuesta de sanción y i la inmovilización de algunos de ellos.

Con la llegada del mes de agosto, y por tanto de más turismo, han tenido un incremento significativo de intervenciones de auxilios humanitarios y sanitarios. Las exigencias policiales en la zona marítima, comporta que puedan producirse algunos delitos o robos en la ciudad.

"Por esta razón y de manera preventiva", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Ramírez, "se está procediendo a la identificación de personas que muestran alguna actitud sospechosa". El edil pide "a los vecinos y vecinas que el caso de observar alguna presencia de personas extrañas o desconocidas, contacten con la Policía Local con el fin de prevenir posibles robos".