El Arzobispado de Valencia considera que los casos de presuntos abusos a menores «no es solo un problema que compete a la Iglesia», en cuyo seno se registra un porcentaje del 0,2 por ciento del total de supuestos, y sostiene que «un abuso es un abuso en todas las entidades, lugares y personas» sin que se le pueda «poner apellido».
En estos términos se ha pronunciado el director de la Oficina de Protección del Menor del Arzobispado de Valencia, el sacerdote Daniel Juan Tortosa, en relación a la posibilidad de la constitución en el Congreso de los Diputados de una comisión específica sobre los casos de abusos a menores relacionados con la Iglesia.
«¿Por qué una investigación para los cometidos por personas dentro de la Iglesia y no para cometidos contra las personas, por qué ese apellido?, ¿por qué dejar fuera a personas abusadas en el entorno familiar, que es el que cuenta con el porcentaje más alto de casos de abuso, o en el entorno educativo no católico, u otros entornos institucionales o sociales dependientes de la Administración?», se ha preguntado el sacerdote.
A su juicio, «es el momento de ir codo con codo y no hacer lecturas partidistas de este tema, dejando a las instituciones a las que les corresponde que determinen qué hacer. Estamos a disposición de las instituciones judiciales para todo ello. No es solo un problema que compete a la Iglesia, hoy mismo ha salido el porcentaje de casos en el seno de la misma, el 0,2 por ciento del total de abusos. Pero ante todo no debemos olvidar lo más importante: una sola víctima lo es todo para nosotros y una es demasiado».
Igualmente, desde la Oficina recalcan que los abusos «no los comete la Iglesia sino miembros dentro de la Iglesia; no son abusos de la Iglesia sino en la Iglesia. Al igual que un abuso en el seno de una familia no es un abuso de la familia sino de una persona dentro de la familia», ha informado el Arzobispado en un comunicado.
La Oficina es un servicio diocesano puesto en marcha hace dos años fruto de la petición del Papa Francisco a todas las diócesis del mundo frente a casos de abusos sexuales. Se trata de una entidad «de las primeras abiertas en España, con el objetivo de estar siempre del lado de la víctima, escuchándola, acompañándola y recibiendo toda la información, en comunicación siempre y a disposición de las instituciones judiciales», ha explicado el director del servicio.
NINGUNA DENUNCIA FORMAL EN DOS AÑOS
Tortosa ha recalcado que un solo caso «para esta Oficina es demasiado y una sola víctima son muchas y lo son todo para nosotros, es el axioma desde el que partimos». En todo caso, ha incidido en que en estos dos años no han recibido ninguna denuncia formal aunque sí existe una denuncia que la Oficina de Protección del Menor interpuso ante la Fiscalía al tener conocimiento de un caso, en enero de 2021, en el que estaría implicado un laico.
El resto es información de casos recogidos a través de los medios de comunicación, dos en concreto, en los que han contactado con las víctimas y están esperando respuesta. Respecto a hechos ocurridos en el pasado, ha indicado que la Oficina «está abierta para acoger y escuchar todos los casos, para poner en sus manos lo que sea necesario y emprender las acciones que sean oportunas ante las instituciones judiciales». De estos últimos, han recibido información de casos de los años 50, 60 y principios de los 70 del siglo XX.
«Todos han prescrito a nivel civil y canónico pero no nos importa: lo que nos importa es estar al lado de la víctima, conocer los nombres de las víctimas para poder ayudarlas y acompañarlas, y ofrecer todos nuestros medios e instrumentos para que puedan reparar y sanar el daño», ha afirmado. En esta línea, ha subrayado que el problema es «que no podemos contar sólo con datos sociológicos o de realidades que han ocurrido sin caras, sin personas a las que dirigirnos», y ha hecho incapié en que «es una obligación de todo español, al tener conocimiento o noticia de un posible caso de abuso sexual, ponerlo en conocimiento y disposición de la Fiscalía».
En el caso de la Oficina, «cuando recibimos información sobre un posible caso, automáticamente nos ponemos en marcha para verificarlo y, si tenemos el nombre de la víctima, contactamos con ella e iniciamos una investigación y comprobamos si con toda esta información se puede iniciar un proceso penal, informando a la Fiscalía, y en ese caso se apartaría al sacerdote implicado de su ministerio», ha detallado.
CONTRASTAR DATOS
Desde la puesta en marcha de la Oficina, ha dicho, «nos pusimos a trabajar buscando aquellas personas que hubieran sido abusadas, contrastando datos publicados en los medios de comunicación y realizando muchas más acciones para lograr nuestro objetivo, que es estar al lado de toda aquella persona que haya sufrido esta lacra del abuso, en su niñez o adolescencia, para que no vuelva a ocurrir».
En este periodo, «ningún sacerdote ha sido apartado porque no existen denuncias formales hasta la fecha», excepto el caso de un laico llevado a Fiscalía. Tortosa ha defendido que la Oficina de Protección del Menor «ofrece un espacio seguro a todas las víctimas que quieran acudir a nosotros y ponemos todos nuestros medios a su disposición».
Además, ha añadido que ofrecen «la máxima disponibilidad y todos los medios a nuestro alcance y, si es necesario, pondremos más medios pero en este tema no se nos puede achacar de inmovilismo, al contrario».
Según el sacerdote, «nuestro principal fundamento es estar cerca de las víctimas, conocerlas y acompañarlas. Si hay algún tipo de necesidad reparativa, de acompañamiento psicológico o de terapia, también están a su disposición. Las víctimas son las que han sufrido cada caso y es con ellas con quienes tenemos que estar, y si es necesario un asesoramiento legal, tanto penal como canónico, también lo ofrecemos».
