El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calificado de «hito enorme» que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) haya llegado a más de 350.000 hogares y más de 800.000 personas beneficiarias «en poco más de un año».

«Siempre ha habido un poco de confusión. Nos pusimos un objetivo a medio plazo que se interpretó como algo que tenía que alcanzarse de manera inmediata pero, en una norma de la complejidad del IMV, el haber alcanzado en poco más de un año más de 350.000 hogares, más de 800.000 beneficiarios es un hito enorme. Las CCAA, en 20, años nunca llegaron ni de lejos a cifras de esa magnitud», ha asegurado Escrivá, en una entrevista en ‘la Sexta’.

Además, ha destacado que están «prácticamente al día» en la tramitación y ha puesto de relieve algunas iniciativas nuevas que permitirán «ver si hay familias vulnerables que por alguna razón no están recibiendo el IMV», como el registro de mediadores, con el que ONG del Tercer Sector podrán certificar situaciones de especial vulnerabilidad.

En este sentido, el ministro ha destacado que la actitud permanente con el IMV es «para ir mejorando la norma», si bien, ha reconocido que son un tipo de prestaciones que «cuesta un poquito desarrollarlas y que calen en todos los potenciales beneficiarios».

Por el momento, según ha indicado, han recibido más de 1,5 millones de solicitudes, aunque ha matizado que muchas de ellas eran personas que tenían «más renta» de la que se requiere para poder percibir el IMV.

En todo caso, Escrivá ha insistido en que «lo importante en este momento es que existe una renta mínima en todo el territorio que alcanza a un porcentaje muy importante de población y que seguirá creciendo en los próximos meses».

Más de 8.400 vuelos fueron cancelados por aerolíneas de todo el mundo durante el fin de semana de Navidad debido a que la variante ómicron continúa extendiéndose por todo el planeta, atrapando a cientos de pilotos y tripulaciones en cuarentena y haciendo imposible los viajes.

La nueva variante del coronavirus ha trastocado los planes de miles de viajeros, que esta Navidad han visto frustrada su posibilidad de volver a su casa a celebrar la Nochebuena ante la ola de casos entre el personal aéreo.

Según los datos de la web especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos FlightAware este lunes 27 de diciembre a las 13:30 horas (Central European Time -CET-) se habían cancelado un total de 2.208 vuelos en todo el mundo, ayer día 26 de diciembre se cancelaron 3.273 mientras que el día de Navidad tuvieron que suspenderse un total de 2.800 y el de Nochebuena otros 2.400.

A estas cancelaciones se suman los retrasos que continúan al alza, por ejemplo este lunes se han retrasado más de 4.524 vuelos en todo el mundo, pero en la jornada de ayer domingo, los retrasos alcanzaron los 15.917 vuelos.

Uno de los países mas afectados fue Estados Unidos donde se tuvieron que cancelar más de 2.800 vuelos por falta de personal durante el fin de semana de Navidad, uno de lo periodos con mayor actividad del año.

Además, una tormenta invernal en el noroeste de Estados Unidos se sumó a los problemas el domingo con el 20% de los vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, según el rastreador de datos FlightAware.com.

La cancelación de vuelos ha sido la tónica general entre las compañías estadounidenses que han suspendido mas del 10% de sus vuelos. Las cancelaciones en Estados Unidos solo el día de Navidad sumaron más de 900.

Las previsiones son que estas cancelaciones de vuelos se extiendan hasta el fin de semana festivo de año nuevo. Aún así en muchos países esta situación podría ser compensada por la reducción de cuarentenas por parte de algunos países que se reducen de diez a siete o incluso a cinco días.

Los mensajes de reclamaciones de los consumidores han multiplicado este fin de semana en las cuentas de Twitter de las aerolíneas. Los pasajeros no solo denuncian retrasos en los vuelos sino también caos en la organización de la programación lo que genera pérdidas de equipaje también.

Este fin de semana el mayor número de cancelaciones se ha registrado en el aeropuerto internacional de Xi’an Xianyang, en la ciudad del oeste de China, donde el Gobierno castigó a los funcionarios locales por no haber frenado un brote que provocó el mayor cierre desde la aparición del covid en Wuhan. Casi un tercio de los vuelos que salían del aeropuerto fueron cancelados el viernes y el sábado, según FlightAware.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pronosticado este lunes que la futura reforma laboral se notará de manera «relativamente rápida» en el mercado de trabajo, ya que la normativa entrará en vigor «de forma inmediata».

«Son mecanismos que se ponen en marcha de manera inmediata, que tienen que tener una incidencia clara (…). Tienen que manifestarse pronto. No es fácil dar un límite temporal concreto, pero lo veremos pronto», ha asegurado el ministro en una entrevista en ‘Al Rojo Vivo’.

Para conocer el impacto de la reforma, la normativa «establece una evaluación continua de los resultados» pasado un año, como ha señalado Escrivá.

SIN DUDAS SOBRE EL APOYO PARLAMENTARIO

El acuerdo alcanzado el pasado jueves 23 entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos se aprobará este martes, 28 de diciembre, en el Consejo de Ministros. De esta manera, el Ejecutivo cumple con los plazos fijados con la Comisión Europea y publicará la nueva normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como requisito para la recepción de los fondos europeos.

El texto se remitirá después al Congreso, donde varios grupos parlamentarios ya han expresado sus discrepancias. A pesar de esa oposición, Escrivá ha recordado que el Gobierno ya ha pasado «por este tipo de situaciones» y ha sacado, de igual manera, «leyes muy importantes».

«Es un proceso mucho más fácil de lo que ahora se puede esperar. Hay que explicar todos los elementos (…). La reforma es de tal amplio espectro y tan importante que creo que va a recibir muchos apoyos. No tendría muchas dudas al respecto», ha remarcado el ministro.

Entre los grupos que ya han adelantado su voto en contra está el Partido Popular, que ha prometido recuperar la reforma laboral de 2012, aprobada cuando gobernaba Mariano Rajoy.

A falta de conocer el texto definitivo, Escrivá se ha preguntado «qué es lo que no les gusta» a los populares sobre la reforma laboral y les ha afeado sus «actitudes tan poco constructivas y de negación absoluta».

«Es una respuesta que produce un poco de desconcierto. Es una reforma muy importante, aborda elementos centrales y va a poner coto a distintas disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo, como la precariedad y la temporalidad», ha añadido el ministro.

REFORMA «AMBICIOSA»

Pese a las críticas de algunos sectores sobre la falta de alcance de la reforma y las distintas valoraciones de los agentes sociales al respecto, aunque positiva tanto para los sindicatos como para la patronal, Escrivá ha defendido que se trata de una reforma «ambiciosa» que «moderniza las relaciones laborales» en España.

Aunque la patronal y los sindicatos coinciden en que se trata de una reforma positiva para el país, los empresarios insisten en que esta norma mantendrá muchos de los aspectos de la reforma de 2012. Para evitar la polémica, Escrivá ha preferido abordar el debate desde las problemáticas que aborda y mejora la futura normativa.

«¿Las estás abordando o no esta reforma? Es la pregunta que me haría. Tenemos un problema de temporalidad y precariedad, que genera mucha incertidumbre sobre los salarios futuros de muchos trabajadores y de expulsión y despidos en cuanto hay un poco de inestabilidad económica. Esos problemas se abordan en la reforma», ha zanjado el ministro.

Además, ha añadido que ese ha sido «el espíritu» con el que han estado negociando los agentes sociales durante los últimos nueve meses.

Preguntado por el mantenimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, Escrivá ha explicado que se cambian «las condiciones salariales» para que concluyan «en el ámbito de la negociación sectorial».

«Creo que esto se restaura y es importante. Hay que separar la parte salarial, para evitar la presión a la baja de los salarios que ha habido en España en los últimos años, de lo que son todas las condiciones específicas, organizativas, de horarios… que se tienen que seguir definiendo a niveles más bajos, siempre que sea posible», ha matizado.

SISTEMA DE PENSIONES «ABSOLUTAMENTE» SOSTENIBLE

Escrivá ha asegurado que la reforma del sistema de pensiones que está acometiendo su Ministerio es «absolutamente» sostenible, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de lo contrario si no se implementan «medidas adicionales».

El ministro ha pedido tiempo para valorar la reforma «en su integridad», teniendo en cuenta el primer bloque, aprobado este 2021, pero también el segundo, que se desarrollará en 2022.

«Es de una gran complejidad y detalle. Hay que ir discutiendo con los agentes sociales e ir respondiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, por bloques», ha precisado el ministro, convencido de que el resultado de la reforma evidenciará la sostenibilidad del sistema.

Además, su cartera se ciñe al informe ‘Ageing Report 2021’ de la Comisión Europea, que es uno de los «más sofisticado que hay».

«Puedo transmitir, con toda claridad, que tenemos un sistema que se ha reforzado extraordinariamente y que, además, a partir del año que viene, indefinidamente, se asegura el poder adquisitivo de las pensiones ante cualquier circunstancias», ha añadido, en alusión a la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

El porcentaje de personas que han sufrido una incidencia de ciberseguridad grave ha disminuido hasta el 28% en el primer semestre de 2021, dos puntos porcentuales menos respecto al segundo semestre de 2020, mientras que han aumentado en 2,6 puntos porcentuales los usuarios que realizan pagos a través de Internet en el primer semestre de 2021 (61%) respecto al semestre anterior (58,4%).

Los datos, que se desprenden del ‘Estudio sobre percepción y nivel de confianza en España. Cómo se protege la ciudadanía ante los ciberriesgos’, de ObservaCiber, también revelan que el 55,3% de los internautas ha experimentado algún incidente de ciberseguridad durante los primeros seis meses de 2021, frente al 55,8% del semestre anterior.

La incidencia más reportada son los correos no deseados de tipo ‘spam’ (85%), seguida de los virus informáticos u otros códigos maliciosos (14%). Tras sufrir problemas de seguridad, el 61% de los usuarios asegura haber realizado cambios en su hábito de navegación.

Asimismo, seis de cada diez usuarios han sufrido alguna situación de fraude durante los seis primeros meses del año, una cifra un punto porcentual más baja que el semestre anterior. Sin embargo, los hombres continúan siendo los que más sufren esta situación.

MEDIDAS Y HÁBITOS DE SEGURIDAD EN INTERNET

El uso de seguridad automatizable en el ordenador del hogar ha disminuido de nuevo en el primer semestre de 2021 de manera generalizada, a excepción del ‘firewall’ o cortafuegos (32%) y los programas antispam (24%).

Estas medidas son más utilizadas por los hombres que por las mujeres. En el caso de las medidas de seguridad activas, destaca el incremento del uso de contraseñas (60%), sobre todo por parte de la población masculina.

En cuanto a los dispositivos móviles, las medidas más utilizadas son el pin o patrón de desbloqueo (87%), el bloqueo automático (68%), el encriptado de datos (19%) y los gestores de contraseñas (43%). Sin embargo, se aprecia una disminución en el uso de copias de seguridad y antivirus, especialmente entre el género masculino.

Por otro lado, en el primer semestre de este año se percibe una mejora en la conducta de la banca ‘online’ y el comercio electrónico tanto en mujeres como hombres a través de la vigilancia periódica de los movimientos en las cuentas bancarias.

En cuanto a las redes sociales, las mujeres siguen siendo más prudentes a la hora de publicar información propia: el 44% tiene configurado su perfil para que solo pueda ser visto por sus amigos ocontactos, mientras que en los hombres este porcentaje se sitúa en el 38%.

Lo mismo ocurre a la hora de descargar aplicaciones en el dispositivo, ya que ellas se descargan ‘apps’ de plataformas oficiales y solo un 7% lo hacen desde sitios no oficiales, frente a un casi 15% de los hombres.

NIVELES DE CONFIANZA

El 55% de los internautas asegura tener mucha confianza en la realización de pagos con tarjetas de crédito en establecimientos públicos.

En cuanto a las operaciones bancarias, el 48% de los usuarios prefiere hacer las operaciones ‘online’. Los hombres tienen mayor confianza que las mujeres al realizar pagos y operaciones bancarias, tanto a través de Internet como presencialmente.

Respecto a ceder información privada, el 51% de las personas confía en dar sus datos personales a organismos públicos, mientras que el porcentaje desciende al 43% en caso de portales web.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), organización que engloba a las grandes petroleras del país, ha pedido «mayor contundencia» contra el fraude de biocarburantes cometido por algunos operadores.

En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni, Saras y Gunvor, aplaude la aprobación por parte del Gobierno de la resolución por la que se incrementa el pago obligatorio al fondo compensatorio en caso de no disponer de los certificados de biocarburantes, aunque cree que «no es suficiente por sí sola para atajar el fraude, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la competencia efectiva entre operadores».

En este sentido, considera que los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes «provocan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero arriesgando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)», además de sumar «la competencia desleal y la obtención de beneficios ilegítimos provocando la pérdida de ventas de quienes cumplen la normativa vigente».

En concreto, estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales, y, dada la falta de incentivo para introducir el biocarburante, hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo, ahorrándose el sobrecoste del biocarburante y obteniendo un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios. A esto se une el incumplimiento masivo de pagos al fondo compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados.

Por ello, AOP viene reivindicando la actuación frente a estas prácticas fraudulentas, «que no solo obstaculizan el avance real y efectivo en la reducción de emisiones, sino también provocan una competencia desleal dañando y desincentivando a las empresas cumplidoras».

Una de las medidas que la patronal de las grandes petroleras reclama es el establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor, ya que estima que «tendría un carácter claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude, y en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado».

Asimismo, aboga por «un sistema ágil» de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan.

UNA SENDA «CLARA» DE OBJETIVOS DE BIOCARBURANTES A 2030

Además, la asociación reivindica la necesidad de que la Administración marque una senda «clara» de objetivos de incorporación de biocarburantes a 2030 que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC.

La RED II prevé que el Estado debe imponer una cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte que, en 2030, ha de ser mínimo del 14%. Por su parte, el PNIEC fija un objetivo mayor, que pasa por alcanzar un 28% de renovables en el transporte en 2030.

Sin embargo, España aún no ha transpuesto por completo la RED II, fijando solo los objetivos a cumplir para 2021 y 2022, a diferencia de otros países europeos que ya tienen una ruta definida hasta 2030.

Para AOP, la ausencia de esta senda «provoca una inseguridadjurídica en la inversión desincentivando la misma y dificultando el alcance de los objetivos marcados».

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado el procesamiento de la antigua cúpula de Dia al considerar que las supuestas maniobras contables que se investigan no habrían sido la única causa del perjuicio económico que supuso el desplome de las acciones de la empresa de distribución, por lo que ha devuelto el caso al juez instructor para que decida el camino a seguir.

En un auto del 16 de diciembre, la Sala de lo Penal estima parcialmente un recurso de apelación presentado por el ex CEO Ricardo Currás, acordando dejar sin efecto al auto dictado el pasado 26 de febrero por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 donde el magistrado Alejandro Abascal propuso juzgar por un delito continuado de falsedad contable a cinco de los imputados.

En concreto, procesó a Currás; al que fuera su ‘número dos’, Armando Sánchez Falcón; a los ex directores comerciales de DIA Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo; y al ex director financiero Antonio Arranz Martín; así como a DIA España como responsable civil subsidiario, archivando la causa para el resto de personas investigadas.

La Sala ha anulado este procesamiento devolviendo la causa al juez instructor «para que provea la continuación del procedimiento de la manera que estime pertinente», esto es, archivando el asunto para todos los implicados o retomando la investigación penal en busca de indicios más sólidos que le permitan volver a su decisión inicial.

Abascal señaló a estas cinco personas por, presuntamente, haber engordado las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 mediante prácticas irregulares que habrían supuesto un incremento ficticio de casi 52 millones de euros y que, una vez destapadas con la regularización contable de 2018, habrían provocado el desplome de las acciones de DIA y la entrada de la empresa en causa de disolución.

Sin embargo, la Sala cree que «no puede considerarse hasta este momento suficientemente acreditado, ni siquiera a título meramente indiciario, que las operaciones contables supuestamente irregulares efectuadas bajo control y supuesta indicación del señor Currás, en el contexto económico financiero en que se producen, fueran idóneas por sí mismas para crear un perjuicio económico en los accionistas».

En este sentido, la Sala entiende que en la depreciación de las acciones de la mercantil podría haber influido un «conjunto de circunstancias», entre las que menciona «un ambiente sumamente especulativo sobre sus acciones sociales», «el anuncio de una previsión muy negativa de ganancias futuras» y «la objetiva existencia de operaciones financieras de gran calado para hacerse con el control de DIA por parte de potentes grupos inversores».

Asimismo, considera «muy relevante» el hecho de que en los hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) «no solo se hacía mención a la cuestión contable», sino también a la dimisión de Ana María Llopis como su presidenta y la consecuente renovación de la cúpula de DIA en ese momento.

«Todo ello hace que resulte imposible determinar con cierta seguridad la influencia que la información contable tuvo en la bolsa», concluyen los magistrados Fernando Andreu, José Antonio Mora Alarcón y José Ricardo de Prada, este último como ponente.

Para ellos, la «hipótesis más verosímil» con el resultado actual de las pesquisas dirigidas por Abascal es «la falta de incidencia real de las manipulaciones contables que se afirma que hubo, tanto en la caída de las cotizaciones bursátiles como en el perjuicio que se afirma haber sufrido por parte de los accionistas».

RECHAZA LA TEORÍA DE LA DEFENSA

No obstante, el tribunal rechaza el planteamiento de la defensa de Currás, que «niega radicalmente la existencia de cualquier falsedad» contable porque la instrucción no habría logrado establecer una «verdad de referencia» para comprobar la desviación respecto a la misma.

A esto, los magistrados responden que el delito de falsedad contable recogido en el artículo 290 del Código Penal no se refiere a «la mera mutación de la verdad de datos contables exactos y perfectamente establecidos de una entidad mercantil», sino a que se prive a los destinatarios de esos datos contables –ya sean la propia sociedad, sus socios o terceros– de una información veraz que refleje la auténtica situación económica y financiera de la empresa.

Así, señalan que Abascal parece anudar el delito a «la utilización de criterios contables irregulares, no admisibles, más que estrictamente falsos, como contrarios a la verdad, (…) aunque con el resultado de no reflejar fielmente la auténtica y objetiva situación económica y financiera de la entidad, en los estados contables correspondientes a los años 2016 y 2017».

En concreto, apuntan que estas maniobras serían «previsiones de ingresos no justificadas o la irregular periodificación de ciertas partidas a través de la utilización oportunista de varios ejercicios contables y su incorrecta imputación en ellos».

UN DELITO DIFÍCIL

En este contexto, la Sala ha querido poner de manifiesto «la dificultad interpretativa del tipo penal», por sus «dificultades técnicas» y, sobre todo, porque «adolece de una gran inconcreción», lo que obliga a acudir para su interpretación a «los principios generales del Derecho Penal, entre ellos el de lesividad, intervención mínima y proporcionalidad».

A este respecto, los magistrados subrayan que para apreciar el delito tipificado en el artículo 290 no basta con «una mera transgresión formal de normas administrativas contables que pudieran producir un peligro en abstracto, sino que ésta tendría que ser de cierta entidad o capacidad de impacto, idónea, para producir un perjuicio económico, lo que conlleva una cierta necesidad de concreción del peligro».

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado la guía de implementación de TIBER-ES, completando así la adopción a nivel nacional del marco de pruebas avanzadas de ciberseguridad publicado por el BCE, TIBER-EU.

El supervisor señala, a través de un comunicado, que TIBER-ES tiene como objetivo fundamental fortalecer la ciberresiliencia del conjunto del sector financiero español.

En este sentido, ha destacado que, si bien el Banco de España es la autoridad propietaria del marco local, cuenta con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Con la aprobación de la guía, que se publicará en la web del supervisor en las próximas semanas, finaliza el proceso de adopción del marco de pruebas avanzadas de ciberseguridad publicado por el BCE.

A partir de este momento las entidades o infraestructuras podrán manifestar su interés en realizar una prueba bajo TIBER-ES, dirigiéndose al buzón tiberes@bde.es, en el que también se atenderán las consultas de los posibles interesados.

Así, indica que cualquier institución financiera o infraestructura de mercado que opere en España puede someterse a una prueba TIBER-ES, de manera voluntaria, aunque afirma que el grado de sofisticación de estas pruebas las hace recomendables solo para aquellas que tienen un cierto nivel de madurez en ciberresiliencia.

Asimismo, asegura que, bajo que TIBER-ES suscribe y se adhiere a los principios de TIBER-EU, las pruebas realizadas bajo el marco español «garantizan el reconocimiento de las autoridades en otras jurisdicciones que también han adoptado localmente TIBER-EU».

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista verá cortada este martes la espiral bajista de los últimos días y repuntará un 8,6% con respecto a este lunes, situándose así de nuevo por encima de la cota de los 100 euros por megavatio hora (MWh).

En concreto, el ‘pool’ marcará para este martes una media de 104,36 euros/MWh, frente a los 96,08 euros/MWh de este lunes a los que le habían llevado cuatro jornadas seguidas de caídas, situándose en su valor más bajo desde principios de noviembre, según datos provisionales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

A pesar de esta subida, el precio de mañana será el tercero más bajo en lo que va de diciembre y estará muy lejos de los máximos históricos de la pasada semana, cuando se llegó hasta los 383,67 euros/MWh.

En cualquier caso, el coste de la electricidad en el mercado mayorista sigue disparado si se compara con los registros del mismo día del año anterior, cuando el precio se situó en 20,04 euros/MWh. El incremento de este martes en comparación con el 28 de diciembre de 2020 es del 420%, es decir, cinco veces más cara.

Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 176,03 euros/MWh, mientras que el mínimo será de 8,06 euros/MWh entre las 4.00 y las 5.00 horas.

Los precios del ‘pool’ repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

DICIEMBRE RONDA LOS 246 EUROS/MWH DE MEDIA.

Diciembre comenzó siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 y los 300 euros/MWh.

A pesar de las caídas de estos últimos días, el encarecimiento de la luz se ha desbocado y el precio medio mensual ronda ya los 246 euros, es decir, casi unos 50 euros más que el pasado octubre, el mes con el promedio más caro hasta la fecha.

PRÓRROGA EN LAS REBAJAS FISCALES

El Gobierno ha ampliado hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

En concreto, se han prorrogado hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.

España ha alcanzado un porcentaje de renovables en la demanda final de energía del 21,2%, superando así los objetivos europeos de penetración de energías renovables y eficiencia energética fijados para 2020, que estaba fijados en un 20%, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La consumación del objetivo se ha alcanzado tanto por el incremento de la producción de la energía limpia como por la reducción de la demanda provocada por la crisis sanitaria. En el caso de la eficiencia energética también se ha superado ampliamente el objetivo comunitario del 20%, consiguiendo un 35,4%.

El porcentaje de renovables eléctricas se ha incrementado del 37,13% al 42,94%. Entre los factores que han contribuido a este aumento destaca el crecimiento del 10,1% en la generación con renovables con relación al año anterior, que se ha combinado con el descenso de la demanda bruta del 4,81%.

El Ministerio destacó que estos resultados «consolidan la senda de descarbonización del sector de generación eléctrica, que, por segundo año consecutivo, ha batido récords en reducción de emisiones».

AUMENTA EL CONSUMO FINAL EN EL TRANSPORTE AL 9,54%

Mientras, el porcentaje de renovables en el consumo final de energía en el transporte aumentó del 7,61% al 9,54%. A ese crecimiento contribuyó la bajada de la demanda, así como, la política de fomento de los biocombustibles en el transporte de carretera que ha supuesto un impulso al incremento de este objetivo en los últimos años.

Por su parte, el porcentaje de renovables correspondiente a la producción de calor y frío subió del 17,20% al 17,97%, sobre todo por la reducción de la demanda.

Los objetivos de eficiencia energética comprometidos por España con la Unión Europea están establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, tanto en energía primaria (PEC) como en energía final (FEC), minorados los usos no energéticos.

Para el año 2020, el porcentaje de reducción de energía primaria alcanzó el 35,4%, superando holgadamente el objetivo comprometido por España, del 20%, sobre todo por la menor actividad económica derivada de la pandemia.

El consumo de energía primaria en España durante 2020 fue de 110.847 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep), lo que supuso una reducción del 12,0% respecto a 2019. De ellas, 64.794 ktep correspondieron a refino y usos directos y 42.917 ktep a producción eléctrica.

Mientras, el consumo de energía final, por su parte, experimentó un descenso del 13,4% con respecto a 2019, hasta un total de 79.436 kilotoneladas equivalentes de petróleo.

El Gobierno de España presentó el pasado 7 de diciembre a Eurostat la información relativa al objetivo de renovables y objetivo en transporte, establecidos ambos en la Directiva de Renovables.

El cálculo de los objetivos de eficiencia energética y el balance energético de España de 2020 se efectúan a partir de la información contenida en los cuestionarios anuales de combustibles fósiles sólidos y gases manufacturados, energía nuclear, gas natural, electricidad y calor, petróleo y productos petrolíferos, energías renovables y energía procedente de residuos, remitidos a Eurostat y a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado 25 de noviembre.

El Ibex 35 cotizaba con un alza de 0,49% en la media sesión, lo que llevaba al selectivo madrileño a situarse en los 8.605,7 enteros, marcado por la evolución de la variante ómicron de la Covid-19, que ya ha llevado a varios países a poner en marcha nuevas restricciones, y por la falta de grandes referencias macroeconómicas.

Los analistas de Renta 4 destacan las declaraciones de este fin de semana del Banco Central de China, en las que ha mostrado su compromiso con un mayor apoyo a la economía y con una política monetaria más proactiva.

Las mayores subidas en la media sesión en el selectivo madrileño las protagonizaban Grifols (+2,62%), Cellnex (+2,57%), Pharma Mar (+2,35%), Almirall (+2,00%), Siemens Gamesa (+1,94%), Rovi (+1,81%) y Meliá (+1,55%).

En el lado contrario se situaban Aena (-0,58%), Naturgy (-0,43%), Acciona (-0,42%) y CIE Automotive (-0,30%).

El resto de bolsas europeas cotizaban con subidas del 0,16% en París, del 0,23% en Fráncfort y del 0,26% en Milán, mientras que Londres se mantenía prácticamente plano (-0,02%).

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 76,21 dólares, tras caer un 0,09%, mientras que el Texas se colocaba en los 72,93 dólares, tras ceder un 1,17%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1316 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 74,95 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,519%.

El número de personas empadronadas en municipios rurales, aquellos que poseen menos de 30.000 habitantes y cuya densidad poblacional es inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, es de 7.538.929 personas, según datos del censo de 2020, lo que supone el 16% de la población española.

En concreto, las áreas rurales se extienden sobre el 84% de la superficie del país, según los registros que se recogen en la publicación ‘Análisis y Prospectiva – AgrInfo nº31’ sobre demografía de la población rural en 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De esta forma, se corrobora la importancia demográfica de las poblaciones rurales pequeñas, al observar que el 60% de la población que habita las áreas rurales está empadronada en municipios con menos de 5.000 habitantes, la mitad de la cual estaría censada en términos municipales inferiores a 2.000 habitantes.

Respecto a la evolución a medio plazo, la población que habita áreas clasificadas como rurales ha descendido un 7,1% en los últimos 10 años (2011-2020), dentro de un contexto general de crecimiento demográfico de un 0,6%.

Mientras que el descenso ha sido superior en los municipios rurales de más de 5.000 habitantes. Por el contrario, la población censada en municipios de tipo urbano ha aumentado un 2,1%.

Estos datos son el resultado conjunto de procesos demográficos -naturales y migratorios-, así como de cambios en las tipologías de algunos municipios, que pasan de rurales a urbanos o viceversa debido a variaciones en su censo o en su densidad poblacional.

Los registros muestran que las áreas rurales poseen un índice de masculinidad un 9,2% más elevado que en las urbanas, existiendo una mayor masculinización cuanto más pequeño es el municipio. Este índice ha descendido un 0,4% en los últimos 10 años.

Por otro lado, la tasa de jóvenes es un 35,2% menor en los municipios rurales que en los urbanos, y disminuye también considerablemente en los de menor población. Esta tasa ha descendido un 9,1% entre 2011 y 2020.

Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de población censada en municipios rurales, de un 30% a un 50%, son Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.

Respecto al empleo, la tasa de ocupación de la población de 15 años o más en las áreas rurales es del 44,5%, siendo esta cifra inferior respecto a la de las áreas urbanas.

De esta forma, las áreas rurales se han mostrado algo más resilientes frente a los efectos de la crisis motivada por el Covid-19 que las urbanas, ya que la ocupación, si bien ha descendido, lo ha hecho en menor grado.

Siemens Gamesa ha recibido un pedido firme de Ayana Renewable Power Six Private Limited para suministrar un total de 84 aerogeneradores para un parque eólico de 302 megavatios (MW) en India, informó la compañía.

En concreto, el pedido comprende el suministro de esos 84 aerogeneradores del modelo ‘SG 3.6-145’, que serán fabricados en sus plantas de India, y la puesta en marcha del proyecto está prevista para el ejercicio 2023.

Este proyecto, ubicado en el distrito de Gadag, en el Estado de Karnataka, al Suroeste del país, es el tercero para la nueva plataforma Siemens Gamesa 3.X, adaptada específicamente al mercado indio.

El consejero delegado de Siemens Gamesa en India, Navin Dewaji, destacó que este pedido ayuda «significativamente» al grupo a prepararse para la siguiente fase de crecimiento de Siemens en el país, «donde el aerogenerador ‘SG 3.6-145’, diseñado específicamente para este mercado, jugará un papel clave».

El fabricante surgido de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens lanzó este nuevo modelo de aerogenerador, que es una extensión del modelo ‘SG 3.4-145’ y alcanza una potencia nominal de 3,6 MW en determinados emplazamientos, el pasado año, a pesar de la pandemia, y cerró sus dos primeros pedidos este mes de julio.

Este tercer proyecto hoy eleva el total de pedidos de la plataforma Siemens Gamesa 3.X en India a 925 MW, lo que demuestra la confianza de los clientes en nuestra tecnología.

Siemens Gamesa está presente en India desde 2009, donde ha instalado más de 7 gigavatios (GW). La compañía cuenta con fábricas de palas y nacelles, además de un centro de operaciones y mantenimiento en Red Hills (Chennai, Tamil Nadu).

El Consejo de Administración de Adif ha aprobado licitar dos contratos para construir la nueva plataforma logística intermodal de Vitoria-Gasteiz y su conexión por ferrocarril de ancho estándar al Corredor Atlántico, por un importe global de 38.487.138 euros (IVA incluido).

En un comunicado, Adif ha informado de que ha autorizado licitar el contrato de obras de vía y electrificación de la nueva plataforma y su conexión por importe de 32.005.458,70 euros (IVA incluido), así como el correspondiente a la instalación de nuevos sistemas de seguridad y comunicaciones por 6.481.679,32 euros (IVA incluido).

Con un plazo de ejecución de 16 meses, el proyecto supone la primera fase de las previstas para la ampliación y remodelación integral de la actual terminal de Jundiz que, de forma progresiva, se convertirá en una plataforma logística interoperable y la primera española que quedará conectada en ancho estándar al Corredor Atlántico.

La nueva plataforma permitirá así promover y potenciar el tratamiento e intercambio de mercancías con Europa. Asimismo, ha destacado que su construcción se enmarca en la estrategia de impulso al transporte de mercancías en ferrocarril de Adif, alineada con la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los contratos para convertir la actual terminal de Jundiz en la nueva plataforma logística intermodal de Vitoria-Gasteiz comprenden un conjunto de distintas actuaciones.

ANCHO MIXTO

Con el fin de poder acoger cualquier tipo de trenes, tanto de ancho estándar como de ancho convencional, se incorpora el ancho mixto, esto es, se instalará un tercer hilo o carril, en dos vías de recepción/expedición y dos de carga/descarga, para en fases posteriores ampliarlo a todas las vías de la terminal.

Asimismo, se ampliarán de tres a cuatro las vías de la instalación técnica, que además se electrificarán y tendrán todas ellas más de 750 metros para adecuarse a trenes de esa longitud.

También se ampliará y renovará el actual módulo intermodal para carga y descarga, de forma que su explotación se pueda realizar mediante grúa pórtico.

Además, se construirá un nuevo edificio administrativo, adicional al actual, y se optimizarán los accesos de la terminal para mejorar su operativa.

RENOVAR INSTALACIONES

En paralelo, se renovarán las instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias de la plataforma y se construirá un nuevo edificio técnico.

Así, se implantará un nuevo enclavamiento electrónico — el dispositivo informático que regula los movimientos de los diferentes elementos de señalización y seguridad en estaciones, terminales o un trayecto concreto– que contará con sistema de detección de trenes basado en contadores de eje y una nueva señalización lateral luminosa, entre otras dotaciones.

El proyecto de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico va a ser financiada por los fondos europeos Next Generation.

Según ha destacado Adif, la construcción de la nueva plataforma se enmarca en el desarrollo de una red de nodos logísticos e intermodales estratégicos, emplazados en los principales ejes del transporte ferroviario de mercancías y en los Corredores Europeos, en la que Adif actualmente trabaja en cooperación con el Mitma y las comunidades autónomas.

Con estos nodos logísticos se pretende dar respuesta las actuales necesidades del transporte y al previsto aumento de la demanda por la implantación del ancho estándar en dichos Corredores Europeos.

Todo ello en el marco del objetivo estratégico de Adif y del Mitma de aumentar la cuota del ferrocarril en el tráfico de mercancías, junto con otras iniciativas como es el impulso a las autopistas ferroviarias, las conexiones con los puertos, o el desarrollo del nuevo eje de ancho desplazable para trenes de carga.

Finalmente, ha señalado que todos estos trabajos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que promueve el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad. También ayuda al número 8, que fomenta el crecimiento económico y el empleo, y al 13, que promueve medidas contra el cambio climático.

Celsa Group, a través de Celsa France, ha iniciado las pruebas del nuevo tren de laminación en el complejo industrial de la compañía en Bayona (Francia), según un comunicado de la empresa este lunes.

Celsa ha realizado el encendido del horno y la laminación de las primeras barras de acero este mes de diciembre, tras invertir 65 millones de euros en las nuevas instalaciones.

Está previsto que el tren produzca hasta 550.000 toneladas de productos laminados al año, lo que permitirá a la empresa acceder a un nuevo mercado europeo que consume alrededor de 20 millones de toneladas de alambrón al año.

A pleno rendimiento, las nuevas instalaciones tienen una capacidad de generación de ingresos de en torno a 300 millones de euros al año.

La inversión realizada para construir el nuevo tren de laminación permite generar alrededor de 140 nuevos puestos de trabajo de forma directa y 420 contando el empleo indirecto.

Por otro lado, la empresa ha firmado una alianza estratégica con Intersig France, que comprará parte de la nueva producción y le ayudará a abrir mercado de productos de acero procesados en el mercado francés.

Celsa ha elevado de 350 a más de 700 millones su petición de rescate ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el fin de sobreponerse al impacto que el Covid-19 ha ocasionado en sus negocios, según informaron fuentes conocedoras de la operación.

La compañía de la familia Rubiralta formalizó a mediados de noviembre del año pasado su primera petición de ayuda, que el Gobierno canaliza a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la SEPI, que debe decidir ahora si autoriza el respaldo público a la compañía.

Ibercaja y Correos han incorporado un nuevo servicio para los clientes del Banco denominado ‘Correos-Cash’, mediante el que los usuarios de la entidad pueden enviar y recibir dinero en efectivo a través la app de banca móvil.

De esta manera, los clientes tienen la posibilidad de llevar a cabo operaciones como la de envío de dinero en efectivo a una oficina de Correos habilitada o al domicilio de la persona que designen, a través del reparto que realiza la compañía pública proveedora de comunicaciones.

Asimismo, los clientes de Ibercaja también podrán ingresar dinero en efectivo en cualquiera de las oficinas de Correos habilitadas para ello, ha informado la entidad financiera en una nota de prensa.

Con esta iniciativa, Ibercaja ha ampliado la red de atención a sus clientes en todo el territorio nacional, al poner a su disposición otros puntos adicionales de atención para la prestación de este servicio, complementando al de sus oficinas.

Por otra parte, esta medida facilita el mantenimiento del servicio de efectivo en áreas con menor presencia de la Red de Oficinas de la Entidad.

PLAN DESAFÍO 2023

Esta acción se suma a otras que el Banco está llevando a cabo en el marco de su Plan Desafío 2023, destinadas a conseguir la optimización de aquellos servicios que presta en su red de oficinas, que requieren de una mayor atención personalizada y especializada, y una mayor eficiencia en la creación de soluciones para responder a las necesidades de sus clientes, ganando así flexibilidad, agilidad y capacidad de respuesta.

El consejo sectorial de UGT Comunicaciones y Cultura ha refrendado este lunes las condiciones negociadas para el Plan Social de Empleo, la prórroga del Convenio Colectivo y el Plan de Suspensión Individual de Telefónica, con lo que aprobará la firma del acuerdo.

Según han indicado fuentes del sindicato, los trabajadores «han compartido la estrategia de UGT para garantizar la estabilidad laboral futura del grupo Telefónica, al tiempo que comparten las condiciones pactadas para el Plan de Suspensión Individual».

No obstante, la organización ha indicado que estas «no son exactamente iguales a las anteriores», aunque reconoce que «respetan en esencia los puntos fundamentales de todos los acuerdos». Estos son el 100% de voluntariedad y una dotación en rentas que permita la estabilidad económica de los empleados que decidan acogerse al programa.

A falta de conocer la opinión de CCOO, que se reúne este lunes para debatir las condiciones del Plan propuesto por Telefónica, UGT ha indicado que la reunión para la firma está programada para mañana.

Telefónica elevó al 38% el porcentaje máximo de salidas en las áreas consideradas estratégicas en el marco del programa de salidas voluntarias que negocia con los sindicatos y que podría afectar así a un máximo de 2.980 empleados, con opción a inscribirse desde el 1 de febrero.

Asimismo, la compañía trasladó a los sindicatos su oferta final sobre el Plan de Suspensión Individual, al que podrían acogerse 4.532 trabajadores de la empresa que cumplan con los requisitos de tener 54 años y más de 15 años de experiencia en la firma.

De aprobarse el plan, los empleados que se acojan saldrían de la empresa con un 68% de su salario si nacieron en 1967, o un 65% si lo hicieron en años posteriores. Unido a este acuerdo, habría otro que se traduciría en la extensión del convenio colectivo con subidas salarias y bonos para compensar la inflación, así como un pacto social y de empleo.

Además, los empleados que no puedan acceder a una jubilación a los 65 años podrán pedir que la cantidad comprometida en la renta se distribuya en 24 mensualidades más hasta llegar a los 67 años de la jubilación.

Por lo demás, la compañía mantendrá el 100% del coste del convenio con la Seguridad Social, por lo que no supondrá costes para las arcas estatales, y mantendrá la póliza de salud, seguro médico y plan de pensiones hasta los 65 años, siempre y cuando los trabajadores aporten su parte en el último caso.

Además del 38% de adhesión máxima en áreas estratégicas, se podrán adscribir el 75% de los trabajadores en áreas con excedente de personal, entre las que hay más de 3.000 empleados elegibles, y la totalidad de los responsables de equipo en posiciones de coordinador, jefe y gerente (214 personas).

Los nacidos en 1967 tendrán prioridad para salir de la compañía, ya que son la generación que no ha podido optar a ninguno de los anteriores Planes de Salida Individuales. Tras ellos, el segundo criterio será la antigüedad en la empresa.

EXTENSIÓN CONVENIO Y PACTO SOCIAL

Además, Telefónica ha propuesto la prórroga del convenio colectivo hasta finales de 2023 con una revisión salarial del 1,5% de la masa salarial y un plus de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del convenio que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023.

De esa cantidad, 150 euros se consolidarán en el ejercicio 2024, mientras que se garantiza que para 2023 no habrá pérdida del poder adquisitivo.

Se mantiene la cláusula de garantía salarial para el periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos), manteniendo los términos recogidos en la prórroga del II Convenio Colectivo, así como la incorporación de 400 profesionales nuevos a la empresa.

En cuanto al Plan Social de Empleo, la compañía se ha comprometido a alcanzar un 33% de mujeres directivas para 2024, así como implementar un modelo de flexibilidad definitivo y acelerar la incorporación de perfiles híbridos que combinen aspectos tecnológicos, humanísticos y de negocio o procedentes de la formación profesional.

El nuevo plan contará también con un mínimo del 5% del total de plazas creadas para talento joven para personas con diversidad funcional y una gran oferta de formación continua.

Asimismo, la operadora ha abierto la puerta a analizar y promover una mayor concentración en capitales de provincias y núcleos poblacionales importantes, así como valorar nuevas oportunidades gracias al teletrabajo con la posibilidad de deslocalizar algunas actividades para garantizar empleo en más provincias.

El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el Índice Total quedarán compuestos por 115 valores en el primer semestre de 2022, tras las bajas de Barón de Ley, Biosearch, Codere, Euskaltel y Solarpack, así como el alta de Acciona Energía Renovables, según la decisión comunicada este lunes del comité de gestión del IGBM.

Así lo ha acordado el Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid en su última reunión ordinaria de revisión.

Acciona Energías Renovables pasa a formar parte del índice después de haber sido admitida a negociación en Bolsa el pasado 1 de julio, mientras que Barón de Ley abandona el índice por haber sido excluido de Bolsa el 19 de octubre como consecuencia de la OPA de exclusión formulada por la propia sociedad.

Biosearch fue excluida el 30 de julio, tras el resultado positivo de la OPA formulada por Kerry Iberia Taste & Nutrition, al tiempo que Codere fue suspendida de cotización el 17 de diciembre, después de que sus accionistas aprobaran la solicitud a la CNMV de exclusión de negociación de las acciones.

Asimismo, Euskaltel fue excluida de Bolsa el 1 de septiembre tras la OPA de Kaixo Telecom, sociedad de MásMóvil.

Por último, Solarpack fue suspendida de cotización el 9 de diciembre, hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación, por haber ejercido la venta forzosa de la totalidad de las acciones de la sociedad, tras salir adelante la OPA formulada por Veleta Bidco.

Las ponderaciones finales de sectores, subsectores y valores se publicarán en el boletín de cotización de Bolsa de Madrid del 30 de diciembre de 2021.

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) ha lanzado la campaña ‘¡Ahora, Cooperativas!‘, con la cuál pretende difundir las bondades de un modelo «centrado en las personas e imprescindible para una recuperación económica transformadora«.

Desde Coceta, además de señalar que dicho modelo ha sido avalado por la resiliencia mostrada durante la pandemia (un 76% del total de las cooperativas de trabajo que se acogieron a un ERTE, lo dejó a finales de 2020 sin despidos posteriores), han recalcado que el 5,5% del PIB de España corresponde a cooperativas de trabajo asociado presentes en todos los sectores productivos.

«Con esta campaña queremos afirmar que estamos en el momento para caminar hacia un modelo económico más humanizado y una sociedad más igualitaria y sostenible desde la proliferación de cooperativas de trabajo asociado. Un mensaje reafirmado por la flexibilidad y la capacidad de adaptación es estas empresas, cualidades que se han visto reflejadas y refrendadas durante la pandemia, como refleja el propio spot de la campaña, y diversos vídeos que recogen ejemplos de cooperativas reales en distintos puntos de España», ha apuntado la organización

Esta campaña, que cuenta con la financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, apela a aquellos negocios mercantiles que estén pensando en cerrar. El mensaje es claro «antes de dejar morir un proyecto, puede ser viable su reconversión vía una cooperativa de trabajo, dándole una segunda vida en manos de sus trabajadores».

Otro aspecto que se recalca en la campaña es apelar a la Administración para que ponga en marcha políticas activas de fomento del cooperativismo de trabajo, favorezca la difusión y conocimiento del modelo, e implemente medidas para que cada vez sea una opción laboral y de emprendimiento más común, «eliminando trabas y agilizando procesos«.

Además, se apela a la idoneidad de las cooperativas ante el reto demográfico, ya que Coceta ha apuntado que la creación de pymes y micro pymes cooperativas «puede frenar la despoblación, e incluso repoblar zonas de esa llamada ‘España vaciada’«.

Según ha señalado el presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, las cooperativas apuestan por un modelo «más basado en el apego y el arraigo al territorio, menos deslocalizado, en el que el empleo no precario, digno y sostenible es una realidad«.

«El cooperativismo es el motor de la Economía Social. Sin ser ajena al mercado, pone rostro humano, valores, responsabilidad social y, sobre todo, no se olvida de que lo importante, las personas, no pueden quedar en segundo plano, ser moneda de cambio ni estar al albur del crecimiento y los beneficios como premisa», ha sentenciado Jurado.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) pedirá 2.500 millones de euros en indemnizaciones a la Comunidad de Madrid debido a la modificación en la Ley de Transportes incluida en el nuevo Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Comunidad de Madrid, que incluye regular las VTC y «con la que incumple la promesa de la Comunidad de no regular en este sentido«.

Así lo ha indicado FPTM en un comunicado, en el que dicen que estarán amparados por el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, la asociación pedirá 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi de la Comunidad de Madrid.

«Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la Comunidad incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi«, ha criticado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz ha subrayado que «estas maniobras encubiertas» y que no les son comunicadas les hacen «sospechar de la existencia de vínculos o intereses particulares del partido en el gobierno con los especuladores que aglutinan cientos de licencias VTC» y les dejan en una situación en la que solo pueden «recurrir a la justicia».

Así, ha asegurado que desde el sector «siguen trabajando judicialmente para desmontar esta función de teatro organizada por los intereses de unos pocos en contra del sector al amparo de la Comunidad«.Por ello, solicitarán las indemnizaciones anunciadas al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo.

Ante esta situación en la que el Gobierno del Partido Popular, «vuelve a hacer y deshacer a sus anchas«, desde la FPTM piden al resto de partidos políticos que «apoyen a las más de 20.000 familias que viven del taxi y que garantizan el funcionamiento de este servicio público frente al modelo que la Comunidad quiere imponer», ha indicado Sanz.

Al mismo tiempo, recuerdan que, en otras comunidades, en las que también gobierna el PP, como Canarias o Galicia, «se ha regulado con consenso y transparencia» y piden que la Comunidad deje atrás «las maniobras encubiertas que benefician los intereses de unos pocos frente a lo que dice la ley«.

El gestor nacional de navegación aérea Enaire ha recibido por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) una actualización del certificado como proveedor de servicios de navegación aérea ampliando su alcance e incluyendo los servicios ADS-B. Este nuevo servicio permitirá ofrecer una gestión de control aéreo «más segura, eficiente y sostenible«.

La Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B) es una técnica de vigilancia en la que la aeronave envía su posición, junto a otros muchos parámetros, basada en los sistemas de navegación de a bordo.

El Reglamento de Ejecución Europeo EU1207/2011 obliga a las aeronaves a estar equipadas con transpondedores ADS-B o, en casos debidamente autorizados, que lo estén antes del fin de 2023. Enaire asegura que por su bajo coste, el mínimo impacto ambiental y electromagnético, así como por los beneficios que aporta, «el sistema ADS-B es la elección idónea para proveer cobertura de vigilancia en ciertos emplazamientos«.

Con objeto de cumplir la regulación europea y de satisfacer los requerimientos de sus usuarios, Enaire tiene en marcha un Plan de despliegue ADS-B que contempla la instalación de sensores en emplazamientos estratégicos de todo el territorio nacional.

Las primeras estaciones se instalaron en Alicante, Granada y Menorca, para las cuales Enaire ha aportado las evidencias y documentación necesaria para certificarse como proveedor de servicios ADS-B.

Próximamente se pondrán en servicio las estaciones instaladas en Vejer de la Frontera y Yeste, y ya están licitadas seis estaciones más ADS-B para dotar de cobertura al sector cantábrico.

Además el gestor aeroportuario español está equipando todos sus radares de vigilancia modo S con capacidad ADS-B. A medio y largo plazo hay planes ya definidos de despliegue progresivo de este tipo de sensores de vigilancia en las cinco direcciones regionales de Enaire (Centro Norte, Este, Sur, Baleares y Canarias).

La obtención del certificado como proveedor de servicios ADS-B es un importante hito para Enaire dado que, una vez termine el proceso de integración de la señal ADS-B en el sistema Sacta para el control del tráfico aéreo, a mediados de 2022, se procederá a la puesta en servicio operativa de la ADS-B de forma progresiva en las distintas dependencias.

La inversión en los sistemas ADS-B en los próximos años contribuirá a los objetivos del Plan Estratégico de Enaire. El plan de despliegue hasta 2023 está cofinanciado con fondos europeos de la agencia Cinea.

La octava lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros con Hacienda a 31 de agosto de 2021, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 18.200 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Como novedad ante la entrada en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, en esta publicación el límite conjunto de deudas y sanciones desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los de años anteriores. Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

Así, si se compara con la anterior lista publicada en junio de 2021, el número de deudores se ha disparado un 88%, mientras que el importe global de la deuda lo ha hecho un 29,4%, si bien hay que tener en cuenta que 3.000 millones del importe total (18.200 millones) aparecen duplicados como consecuencia de la inclusión de las derivaciones de responsabilidad solidaria.

Homogeneizando criterios con los de los listados anteriores, el número de deudores sería de 3.439, un 11% menos con respecto al listado anterior, mientras que el importe ascendería a algo más de 12.800 millones de euros, por lo que la variación respecto al último listado publicado es, en términos homogéneos, de un 9% menos.

A partir de las 13.00 horas de este lunes, la Agencia Tributaria publicará en la página de su sede electrónica el octavo listado de mayores deudores con la Administración Tributaria.

Para ser seleccionadas, estas deudas deben cumplir las condiciones que establece el propio artículo 95 bis de la Ley General Tributaria: no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de agosto de 2021 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Otra de las novedades es que se habilita la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

LA MAYORÍA DE MOROSOS SON EMPRESAS

Del total de 7.277 deudores que figuran en este último listado, 1.367 son personas físicas por importe de 2.081 millones de euros (en la lista anterior eran 312 por importe de 673 millones de euros) y 5.910 son personas jurídicas por importe de 16.150 millones (frente a los 3.557 de la pasada lista de junio y 13.426 millones).

Del importe total, más de 7.200 millones de euros, el 40% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 2.176 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el listado anterior, la proporción era mayor, con algo más de 7.270 millones de euros (el 51%) y más de 1.696 deudores, el 44% del total.

DEUDORES PRINCIPALES SOBRE LA QUE SE HA DERIVADO RESPONSABILIDAD

Del total de deudores, de un total de 3.587 principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 6.440 millones, equivalente al 35% del importe total de deuda incluida en el listado. Estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas.

Según explica la Agencia Tributaria, ni el número de deudores ni en importe derivado es comparable con años anteriores por haberse rebajado el importe de la de deuda pendiente en la publicación.

585 DEUDORES SALEN DE LISTA Y 3.993 ENTRAN POR LOS NUEVOS CRITERIOS

Tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2021, un total de 585 deudores no figuran ya este listado, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.901 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31 de agosto de 2020).

Por contra, y como consecuencia fundamentalmente de la ampliación del perímetro de publicación, un total de 3.993 nuevos deudores figuran en este listado, por lo que entran en la lista con un importe de deuda de 5.737 millones de euros.

INGRESOS QUE HAN PERMITIDO A DEUDORES NO APARECER EN EL NUEVO LISTADO

A lo largo de 2021, un total de 1.274 deudores que tenían deudas pendientes a cierre de 2020 y por las que fueron publicados en el séptimo listado el 30 de junio pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 268 millones de euros.

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 101 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en el octavo listado.

Según especifica la Agencia Tributaria, estos deudores iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de toma de datos, 31 de agosto, ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado.

También pudo darse el caso de que fueran seleccionados, pero se acogieron a la modificación de un artículo (95 bis) del reglamento de la Ley General Tributaria que permite no aparecer en el listado si se realiza un ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían antes del fin del plazo de alegaciones.

Goldman Sachs ha vuelto a recuperar su participación del 5,8% en el capital de Sacyr tras varios días por debajo del 1% –la primera vez que bajaba de ese umbral en más de diez años–, siendo ya ocho los accionistas significativos de la constructora.

Al mismo tiempo, el fondo estadounidense Rubric Capital Management irrumpió en el accionariado con una participación del 3%, valorada a precios actuales de mercado en 41,5 millones de euros y convirtiéndose en el octavo mayor accionista de la compañía.

No obstante, este fondo con sede en Nueva York no mantiene ningún título directo o indirecto en la compañía, sino que todo su paquete accionarial se basa en instrumentos financieros, en concreto de CFDs que vencen el próximo 29 de diciembre.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rubric Capital tiene ahora cerca de 19 millones de acciones por medio de estos instrumentos con liquidación física o en efectivo.

Se trata del tercer accionista que irrumpe este año en el capital de Sacyr, tras la entrada el pasado mes de junio del fondo británico Covalis, que comenzó con una participación superior al 3% y ahora ha reducido al 1% (también por medio de instrumentos financieros), y tras la protagonizada hace una semana por el holding de inversiones propiedad de Manuel Lao, Nortia Capital.

Por el contrario, Goldman Sachs, cuya participación se remonta a 2010 según la CNMV, salvo en contadas excepciones siempre ha situado por encima del 5% e incluso del 6% su presencia en el capital, reduciéndola hace dos semanas por debajo del 1%.

No obstante, solo unos días después, la firma de inversión ha vuelto a recuperar la misma presencia que tenía antes en Sacyr, a través de préstamos de acciones, ‘swaps’ y títulos indirectos. En total, 36,8 millones de acciones que equivalen a precios actuales de mercado a 81 millones de euros.

La petrolera Disa (14,6%) mantiene la mayor participación en Sacyr, seguida de José Manuel Loureda, fundador de la constructora (8,3%), Grupo Fuertes (6,3%), Goldman Sachs (5,8%), Beta Asociados (José del Pilar Moreno Carretero, con el 5%), Norges Bank (3,6%), Nortia Capital (3,05%), Rubric (3%) y Covalis (1%).

La agencia de rating Axesor Rating ha anunciado este lunes que mantiene la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2021 en el 4,7% y para 2022 en el 5,7%, aunque ha alertado de la pérdida de productividad en todos los sectores, con excepción de la industria.

La agencia ha decidido no rebajar sus perspectivas para España, después de conocer la revisión de datos publicados por el INE el 23 de diciembre en el que mejora el comportamiento del tercer trimestre hasta el 2,6% –en línea con lo que se esperaba–.

No obstante, Axesor Rating ha avisado de que podría producirse una revisión a la baja de las previsiones macroeconómicas para 2022 en función de las medidas que se adopten para frenar la expansión de los contagios por la nueva variante ómicron.

Con todo, desde la agencia europea esperan que el ahorro embalsado durante la pandemia comience a trasladarse con mayor intensidad al consumo a lo largo del próximo ejercicio. Además, se espera que el sector exterior gane peso por la progresiva mejora de las exportaciones y, sobre todo, la recuperación del turismo.

«El ahorro prevención que se acumuló durante la pandemia no se ha terminado de materializar por las incertidumbres que han despertado las nuevas olas. Esperamos que 2022 sea el año en el que se comience a trasladar con fuerza al consumo», ha explicado el responsable de ratings soberanos e instituciones financieras de Axesor Rating, Antonio Madera.

Desde el punto de vista del mercado laboral, Axesor Rating, ha advertido de la pérdida de productividad que se está dando en la economía española en todas las actividades económicas –especialmente en los sectores de construcción y servicios (hostelería, comercio y transporte)-. con excepción de la industria, sector este último en el que parece mantenerse. En la comparativa entre el cuarto trimestre de 2019 (pre-pandemia) y el cuarto trimestre de 2021, «se da la circunstancia de que, es precisamente, en este sector donde la ocupación no ha crecido con respecto a los niveles pre-COVID», puntualiza Madera.

En relación a la inflación, el escenario previsto continúa al alza, con unos niveles del 3% de media anual tanto a cierre del ejercicio de 2021 como para 2022. Si bien el peso del componente energético es sustancial. «Empezamos a observar ciertos factores estructurales que pueden provocar que la situación se alargue más allá de lo inicialmente previsto», apunta el responsable de ratings soberanos e instituciones financieras de Axesor Rating.

COMPARATIVA EUROPEA

Mientras que el resto de economías han recuperado o están a punto de hacerlo los niveles prepandemia, la española está casi un 6% por debajo en todos los componentes del PIB, con excepción del consumo público, que se ha incrementado hasta el 106% situando a España en las primeras posiciones entre los cinco países analizados.

Asimismo, la agencia ha señalado que el mejor comportamiento de la inversión y el impulso del consumo se refleja en las distintas economías. A este respecto, si bien en Alemania, Francia Italia y Portugal, se aprecia una recuperación, en España la tendencia es, incluso, recesiva.

Con respecto al sector exterior, y pese a su importancia para la economía española, son Alemania y Francia quienes se sitúan a la cabeza, mientras que en Portugal se detecta un deterioro de la balanza por cuenta corriente que se trasladará a su posición neta de inversión internacional, agudizando su vulnerabilidad dada su elevada dependencia del exterior.

El sistema eléctrico registró un superávit de 115,7 millones de euros en 2020, una cifra inferior en 8,3 millones de euros al superávit estimado en el escenario previsto según las normas anteriores, que era de 124 millones de euros, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dicho desajuste se explica, fundamentalmente, porque los ingresos externos a peajes y los ingresos por peajes de acceso fueron inferiores en 541 y 215 millones de euros, respectivamente, a los inicialmente previstos para el ejercicio como consecuencia de la crisis sanitaria.

No obstante, esta reducción de ingresos fue parcialmente compensada por unos costes también inferiores (-194 millones de euros) a los inicialmente previstos para el ejercicio, por el impacto positivo de otros ingresos regulados (+48,5 millones de euros) y por la aplicación del superávit de liquidaciones (+506,3 millones de euros) conforme a la orden TED/952/2020.

De esta manera, en un ejercicio marcado por la pandemia del Covid-19, el sistema eléctrico volvió en 2020 a la senda de los superávits, después de que en 2019 hubiera registrado su primer déficit, con un ‘agujero’ de 527,7 millones de euros, desde 2013.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2020 de la retribución específica para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, ascendió a 6.479,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Una vez descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio ya abonadas en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación de cierre de 2020 ascendió a 29 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ascendió a 77,2 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Al cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 0,077 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

SISTEMA GASISTA.

En lo que respecta al sector gasista, registró un superávit de 186,9 millones de euros en 2020, que se destinará a amortizar parcialmente las anualidades pendientes del déficit acumulado del año 2014.

Los ingresos por facturación de peajes y cánones en el sistema gasista ascendieron a 3.009,1 millones de euros el año pasado. Mientras, la retribución fija acreditada para el ejercicio fue de 2.690,4 millones de euros.

Esta incluye las retribuciones reconocidas en la orden TEC/1259/2019, en la resolución de la CNMC, de 18 de diciembre de 2019, y en las retribuciones reconocidas mediante resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a lo largo del ejercicio 2020.

La retribución variable reconocida ascendió a 42,4 millones de euros. Por tanto, la retribución total acreditada a las empresas en el ejercicio 2020 fue de 2.732,7 millones de euros.

Adicionalmente, se han considerado en el sistema de liquidación los pagos de 443,6 millones de euros, para la amortización completa del desajuste temporal de 2016 y la amortización parcial del déficit acumulado de 2014 y los ingresos asociados al superávit de 2019 (353,9 millones de euros), por lo que los ingresos netos liquidables fueron de 2.919,4 millones de euros, un 9,8% inferior al de la liquidación definitiva del ejercicio anterior.

La energía suministrada y facturada en el ejercicio 2020 fue de 365.769 gigavatios hora (GWh), que supone una disminución del 9,8% respecto a la de 2019.

La pandemia ha empeorado la salud mental de todos los ciudadanos, algo refrendado por los numerosos estudios que se han ido publicado y que se cumple especialmente en el caso de los inversores: su ansiedad ha aumentado significativamente y muchos han cambiado su comportamiento.

El caso de los inversores encuestados por EFPA España da una pista sobre la situación: el 96% de los asesores afirmó que sus clientes habían cambiado su comportamiento como consecuencia de las incertidumbres económicas y financieras a raíz de la pandemia.

Asimismo, el 47,1% de los asesores apreció síntomas claros de ansiedad en sus clientes, lo que les llevó a tomar decisiones equivocadas, mientras que el 49% detectó «cierto nerviosismo» en estos durante los primeros meses, pero sin efectos importantes en los resultados de sus carteras.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, se desplomó en marzo de 2020 un 22,21%, en el que fue el peor mes de su historia, y se situó en 6.785 puntos.

El 12 de marzo fue un día especialmente crítico en los mercados: Milán cayó el 16,92%; Madrid, el 14,06%; París, el 12,28%: Fráncfort, el 12,24%, y Londres, el 10,87%. El Dow Jones y el Nasdaq, por su parte, se dejaron un 9,99% y un 9,43%, respectivamente.

Si bien los últimos meses han traído consigo una relajación de las medidas de prevención que afectó positivamente a los mercados, la aparición de la variante ómicron hizo que el Ibex 35 se hundiese un 8,3% en noviembre, su peor mes desde marzo de 2020.

La consecuencia de esta situación es que el 43,2% de los asesores señala que sus clientes toman más decisiones basadas en la emoción o sentimientos y prácticamente todos consideran que los problemas financieros pueden afectar a la salud física y mental de las personas y, en particular, de los inversores.

Lo confirma el profesor de psicología social de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Miralles, que ha explicado que el aumento de la ansiedad fruto de la pandemia ha hecho que los inversores lleven a cabo actos impulsivos.

A esto se suma el auge de las plataformas de negociación a través del móvil o el ordenador, que han abierto la posibilidad de invertir casi a cualquier edad de una forma fácil, defiende Miralles.

El 65% de los inversores encuestados por Schroders está de acuerdo o muy de acuerdo en que la rentabilidad de sus inversiones tiene un impacto en su salud mental y el 67% de los encuestados de este grupo ha dedicado más tiempo a pensar en su bienestar financiero, frente al 65% y el 76% de los inversores no jubilados, respectivamente.

Los más preocupados por su salud mental son, sin duda, los inversores pertenecientes a la generación Z: el 88% defiende que sus inversiones influyen en su salud mental, frente al 58% de los pertenecientes a la generación X, según Schroders.

Los confinamientos y pasar un mayor tiempo en casa han hecho además que inversores y no inversores utilicen más sus dispositivos digitales, ya sea por ocio, trabajo o para informarse.

Así, ha aumentado la cantidad de veces que los inversores comprueban el valor de sus inversiones: en 2020, un 37% de los españoles encuestados por Schroders pensaba con frecuencia en sus inversiones, mientras que ahora el 44% lo hace una o más veces por semana y el 22%, dos o tres veces al mes.

La tendencia es similar a nivel global. Del 35% que comprobaba sus carteras frecuentemente se ha pasado al 45% y un 20% lo hace dos o tres veces por mes.

Esa ansiedad es perceptible incluso para los inversores jubilados, que si bien comprueba el valor con menos frecuencia que los jubilados, la cifra se acerca mucho: el 40% lo hace una o más de una vez por semana.

El socio fundador de Wealth Solutions y Finletic, Jorge Coca, ha indicado que aquellos inversores que consultan las carteras con menos asiduidad se encontrarán más reconfortados que aquellos que lo hacen periódicamente a corto plazo.

Coca ha añadido que cuanto más se revisan las carteras, «mayor será la probabilidad de verlas en pérdidas«, lo que provocará una mayor frustración, que se traducirá a su vez en cambios provocados por las emociones negativas del momento.

«La clave para alcanzar el autocontrol y no mirar las carteras en el corto plazo es la planificación y la construcción de carteras coherentes con los objetivos y necesidades a alcanzar«, ha destacado.

Por otra parte, el 75% de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo en que desde el estallido de la pandemia ha dedicado más tiempo a pensar en el bienestar financiero y ha intentado reorganizar sus finanzas personales.