El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de considerar ilegal el sistema de financiación del bono social eléctrico creado en 2013, que estuvo en vigor entre 2014 y 2016 y que fue derogado y sustituido por otro actualmente vigente.

En su fallo, el tribunal considera inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en la Ley del Sector Eléctrico de 2013, por ser incompatible con la directiva europea que establece que las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

El pasado mes de octubre, en respuesta a una cuestión prejudicial del Supremo, el TJUE resolvió ya que la normativa europea se opone a que el coste de una obligación de servicio público, como el bono social, recaiga únicamente en las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, ya que este criterio conduce a una diferencia de trato entre las distintas sociedades que operan en ese mercado, que no está justificada.

Así, tras el pronunciamiento del tribunal europeo, el Supremo dicta ahora su sentencia, en la que concluye que la regulación de la financiación del bono social establecida en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico es incompatible con la normativa europea.

En su fallo, estima el recurso interpuesto por Viesgo Infraestructuras Energéticas, -antes denominada E.ON España- contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollaba el método para fijar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, y declara también inaplicables los artículos 2 y 3 de este normativa.

El artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establecía que el bono social «será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica».

Asimismo, el Supremo subraya que no queda explicado en la norma que de esa carga se exonere a la actividad de transporte, «pues no parece justificación suficiente la escueta indicación de que, por tratarse de una actividad regulada, desarrollada en régimen de monopolio legal y exclusividad, al transportista único no le resultaría posible recuperar del mercado el eventual coste que hubiera de asumir en dicho concepto».

Además, considera que «debe considerarse carente de claridad y de transparencia así como discriminatoria, sin justificación, la decisión de que entre los agentes que intervienen en los otros tres sectores del sistema eléctrico -generación, distribución y comercialización- el coste de la financiación del bono social se haga recaer únicamente sobre las entidades o grupos empresariales que desarrollen simultáneamente las tres actividades y que tengan el carácter de grupos verticalmente integrados, quedando en cambio eximidos de esa carga todas aquellas sociedades o grupos empresariales cuya actividad se centre en sólo uno o incluso en dos de esos sectores de actividad».

Por ello, el Supremo estima que no queda debidamente justificado que la financiación del bono social se haga recaer sobre determinados agentes del sistema eléctrico, algunos de ellos con muy escaso peso específico en el conjunto del sector, eximiendo, en cambio, de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios, por su importancia relativa en algunos sectores de actividad o porque desarrollan simultáneamente y de forma integrada dos de aquellas actividades.

La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo Calvo, explica que el artículo 45.4 de la Ley 24/2013 no está ya en vigor, al tener una nueva redacción en el Real Decreto-Ley 7/2016 y luego en el Real Decreto-Ley 15/2018, pero señala que dicha circunstancia no priva de sentido el debate resuelto en esta sentencia, dado el periodo de tiempo en que las normas impugnadas fueron aplicadas y surtieron sus efectos.

De esta manera, el tribunal declara el derecho de Viesgo Infraestructuras Energéticas a ser indemnizada por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto, y que se le devuelvan todas las cantidades pagadas por este concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes desde la fecha en que se hizo el pago hasta la de su reintegro.

DECISIÓN NO EXTENSIBLE A OTRAS EMPRESAS.

Aclara que esta decisión no se hace extensible a otras empresas, distintas a la recurrente, que no interpusieron recurso contra las disposiciones controvertidas, sin perjuicio de las iniciativas que puedan emprender para obtener de la Administración un resarcimiento o compensación por las cantidades que abonaron en concepto de financiación del bono social regulado en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y el Real Decreto 986/2014.

En 2014, E.ON España interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que desarrollaba la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social eléctrico, que consiste en un descuento en la factura de la luz del que disfrutan los consumidores vulnerables y que es financiado mayoritariamente por las grandes empresas del sector.

Dos años más tarde, en 2016, el Tribunal Supremo estimó el recurso al entender que el régimen de financiación era incompatible con la normativa europea y obligó al Estado a indemnizar a las eléctricas con una cantidad en torno a los 500 millones de euros.

No obstante, la Administración General del Estado recurrió al Tribunal Constitucional, que en 2019 anuló la sentencia y declaró vulnerado el derecho a un proceso público con todas las garantías, ordenando que se dictara una nueva resolución que fuera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

La sala planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, que falló hace unos meses declarando ilegal el sistema de financiación establecido para el bono social eléctrico.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde definitiva a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 tras una última votación en la que se ha aceptado la enmienda sobre lenguas cooficiales introducida en el Senado hace una semana. Tras este trámite, el proyecto del Gobierno ha quedado listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

Concretamente, el Congreso ha avalado la enmienda de Compromís introducida en el Senado con el voto en contra del PSOE, que buscaba cerrar la tramitación presupuestaria sin cambios en el Senado para evitar que las cuentas volvieran a la Cámara Baja. En esta ocasión, el PSOE ha permitido con su apoyo esta modificación.

La enmienda movilizaba 1,6 millones de euros de las cuentas del Ministerio de Cultura y Deporte hacia Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

A favor de la enmienda han votado el PSOE, PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, Más País-Equo, el PRC, Teruel Existe, Foro Asturias, el BNG, y Compromís, mientras que Vox, Ciudadanos y UPN han votado en contra. Coalición Canaria se ha abstenido.

Pese a que la votación en el Congreso se limitaba a esta única enmienda, además de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han acudido al Pleno del Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las dos vicepresidentas socialistas –Nadia Calviño y Teresa Ribera– y diez ministros.

TRAS PGE Y REFORMA LABORAL, MÁS ACUERDOS EN 2022

Al término del debate de la enmienda, Sánchez ha subido a la tribuna de oradores para reivindicar la aprobación «en tiempo y forma» de las cuentas por segundo año consecutivo, agradecer a las 15 formaciones que han dado respaldo a los Presupuestos y resaltar la importancia de los acuerdos políticos y sociales.

Recordando los acuerdos alcanzados con sindicatos y patronal durante estos dos años de Gobierno, ha destacado el relativo a la reforma laboral subrayando que, junto con el de pensiones, han supuesto el «fin» de «las contrarreformas de 2012 y 2013»

«Creo firmemente que el acuerdo social es la mejor receta para hacer reformas estructurales inclusivas y perdurables en el tiempo», ha asegurado Sánchez, expresando su deseo que estos pactos sean «sólo el prólogo de muchos más que vengan en 2022».

CRÍTICAS AL PP POR «TROLEAR» CON SU APOYO A LA ENMIENDA

Buena parte del debate en el Pleno lo han protagonizado las críticas de los grupos al PP por apoyar la enmienda de Compromís en favor de las lenguas cooficiales precisamente en medio del «tenso debate» sobre la enseñanza en castellano en Cataluña.

El ‘popular’ Mario Garcés ha salido al paso y ha indicado que su partido no está a favor de «la imposición lingüística», pero reconoce todas las lenguas reconocidas por la Constitución y los estatutos de autonomía.

La portavoz presupuestaria del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado el PP de respaldar solo «para fastidiar» la enmienda de Compromís, cuyo diputado, Joan Baldoví, ha avalado la tesis. Desde su punto de vista, si salió adelante fue porque ese día «el PP se sentía gamberro, pero no un gamberro simpático», sino del tipo «niño malcriado». «Qué pequeño se ha hecho el PP de Casado», ha lamentado.

Aún celebrando la aprobación de la enmienda, ERC y Bildu han recriminado al PP que el Congreso, incluido su personal, se haya tenido que reunir «en medio de una ola de contagios» para acoger «su último numerito». «Están haciendo el ridículo y lo saben perfectamente», ha dicho Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

EL PNV SEÑALA AL PP LA LEY AUDIOVISUAL

Solventado en poco más de una hora, en el debate ha aflorado hasta una apuesta, la del portavoz del PNV, Aitor Esteban, con su homólogo del PDeCAT, Ferran Bel, sobre si el PP mantendría su ‘sí’ a la enmienda también en el Congreso.

«Si votan a favor, le pagaré (a Bel) gustosamente la comida», ha dicho Esteban, celebrando ante la bancada ‘popular’ que «eso abre toda una vía de posibilidades y en encuentro en la Ley Audiovisual», a tramitar próximamente.

Bel, por su parte, ha pedido al Gobierno de coalición una ejecución de los nuevos Presupuestos superior a la de este año, ya que una vez aprobadas las cuentas la responsabilidad es del Ejecutivo, y no de los grupos parlamentarios. «Todo depende de ustedes, la ejecución de 2021 no ha sido la que desearíamos», ha dicho.

CC.OO. y UGT han pedido «responsabilidad» a los partidos políticos a la hora de convalidad en el Congreso de los Diputados «un acuerdo tan importante» como la reforma laboral, pactada el 23 de diciembre entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, y aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

«Es fruto del consenso de unos agentes sociales que han demostrado estar a la altura del papel que la legislación actual y la sociedad nos otorgan», han recordado ambos sindicatos en un comunicado.

UGT y CC.OO. se han mostrados satisfechos con un acuerdo que, tras nueve meses de negociaciones tripartitas, ha conseguido modificar «aspectos centrales de la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular en 2012», que, a juicio de los sindicatos, devaluó «profundamente los derechos laborales y salariales» en España.

Ambos han coincidido en que la nueva normativa, que entrará en vigor este miércoles, resulta «ambiciosa» y supondrá una recuperación de los derechos laborales. Eso se conseguirá gracias a la recuperación de la negociación colectiva, la limitación del contrato temporal o la introducción de medidas de flexibilidad interna como alternativas a los despidos, entre otras cuestiones que contempla la nueva reforma.

«Hemos recuperado la ultraactividad de los convenios colectivos, de la misma manera que hemos revertido la norma por la que los convenios de empresa podían disminuir las condiciones laborales de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras. Ya no habrá convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales, y volvemos a una negociación colectiva articulada entre sector, territorio y empresa», han detallado CC.OO. y UGT en el comunicado.

La reforma aprobada este martes en el Consejo de Ministros también tiene como objetivo reducir las altas tasas de temporalidad que arrastra el mercado laboral español. Para ello, se elimina el contrato de obra o servicio y se limita la utilización de la temporalidad, han apuntado las organizaciones sindicales.

También han recordado que el contrato eventual podrá alcanzar los seis meses prorrogables hasta doce en negociación colectiva, «frente a los cuatro años a los que podía llegar el de obra o servicio» con la legislación anterior.

Otro de los logros de la futura reforma es la introducción de los mecanismos de flexibilidad para evitar los despidos y la destrucción de los puestos de trabajo. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) utilizados durante la pandemia han servido de referencia para la creación del Mecanismo RED, «que permite la adaptación temporal de la jornada de trabajo, el cobro de una prestación social que no consuma desempleo de las personas trabajadoras a cambio de restricciones en el despido».

«Para UGT y CC.OO., este acuerdo consolida un cambio de tendencia en la regulación y la legislación laboral, suponiendo un punto de inflexión después de 20 año ininterrumpidos de reformas lesivas para la clase trabajadora», han concluido en su comunicado.

Además, CC.OO. y UGT han adelantado que «seguirán profundizando con nuevas reformas y nuevas propuestas en los próximos meses».

El Real Decreto-ley de reforma laboral aprobado este martes por el Consejo de Ministros pone en marcha nuevos mecanismos de flexibilidad interna en las empresas para evitar despidos, revisando el actual modelo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y creando lo que el Gobierno y los agentes sociales han denominado mecanismo RED.

En lo que respecta a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), los cambios introducidos en la norma pretenden una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.

Al mismo tiempo, se refuerza la información a los representantes de los trabajadores durante la aplicación de los ERTE y se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE de pandemia.

Además de la fuerza mayor clásica, la nueva regulación que introduce la reforma laboral incorpora, como causa específica del ERTE, el impedimento o las limitaciones a la actividad derivadas de decisiones gubernamentales.

Estos ERTE requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en el plazo de cinco días, considerándose el silencio administrativo como positivo.

La reducción de jornada de estos procesos será de entre un 10% y, un 70% y durante el periodo de vigencia del ERTE, la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras, como en los ERTE ETOP, previa información a los sindicatos y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, mantendrán las garantías en el empleo de los actuales ERTE Covid.

En ambas modalidades se incorporan varios elementos que proceden de la experiencia obtenida por la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa; de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de los ERTE ETOP estas serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de fuerza mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

EL MECANISMO RED

Junto a ello, la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales crea lo que se ha denominado como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización en el Empleo, una herramienta para proteger «las rentas salariales y el tejido productivo» en situaciones de perturbación económica, según ha subrayado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Precisamente, el Mecanismo RED deberá ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encargará de abrir la puerta pero no de dirimir si las empresas, de manera individual, se pueden acoger.

La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, de manera que habrán de justificarse los motivos.

La reforma establece dos modalidades RED: la cíclica, que proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al ‘shock’, y la sectorial, que proporcionará apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes.

En el caso de los RED cíclicos, las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

Por lo que respecta a los RED sectoriales, estos deberán ir acompañados de un plan de recualificación. Para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la sociedad de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Para financiar las necesidades del Mecanismo RED en prestaciones, exoneraciones y formación, se crea el llamado Fondo RED, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los trabajadores percibirán el 70% de la base reguladora durante todo el periodo en el que se encuentren en un proceso RED, hasta un máximo del 225% del Iprem.

En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses, las empresas tendrán una exoneración del 60%; entre el quinto y el octavo mes, del 30%, y a partir del noveno, del 20%.

En la modalidad sectorial serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

El 65% de los españoles ha viajado este año a un destino nacional, durante el verano (64%) y utilizando el coche como medio de transporte (54%), según los datos de Buscounchollo.com, la agencia de viajes ‘online’.

Además, la antelación ha sido importante para un 51% de los consultados, que ha organizado su viaje al menos un mes antes. No obstante, los viajes de última hora empezaron a ganar terreno, con hasta un 16% de viajeros que optaron por la improvisación.

En cuanto a destinos, las islas se convierten en el principal atractivo, siendo Canarias y Menorca las más elegidas. A continuación, destinos peninsulares como Galicia o Madrid se han impuesto entre los más destacados.

Asimismo, a nivel internacional, Turquía, Egipto o una escapada al Caribe han sido los destinos que más viajeros españoles han recibido.

Respecto a los viajes de 2022, aún pendientes de la situación sanitaria, el estudio de Buscounchollo.com revela optimismo entre los viajeros. Así, hasta un 63% de los consultados confía en poder viajar más con el año nuevo y ,si eso es posible, combinarán más los destinos internacionales (57%) con los nacionales (43%).

Por otro lado, también variará la época de viajar. Si este año el verano era la ganadora indiscutible, para 2022 la época estival (51%) se combinará en mayor medida con las escapadas de fin de semana (26%) y los puentes de festivos nacionales (15%).

Sobre los destinos, los encuestados organizarán sus viajes tanto en Europa, con Francia, Italia y Portugal como destinos predilectos, así como por otros destinos fuera del continente como México, Marrakech o Tailandia, entre otros.

El sector del ocio nocturno y los espectáculos ha advertido de que en esta Nochevieja está en juego 600 millones de euros, por lo que pide prudencia y que se lancen mensajes de tranquilidad por parte de las comunidades autónomas en plena expansión de la sexta ola de coronavirus, según ha informado la patronal en un comunicado.

En concreto, ha indicado que la sexta ola está provocando el estancamiento de la venta anticipada que actualmente es de un 28,3%, frente al 38,1% de 2019 por las mismas fechas, según los datos recopilados por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, a través del a Estudio de Perspectivas de Nochevieja que realiza anualmente.

Además, las previsiones de facturación también son menores de las que se tenían a principios de mes, ya que los locales de ocio estiman facturar un 57,3% de lo que facturaron en 2019.

Por otra parte, y en cuanto al nivel de público, bares de copas, discotecas y salas de fiesta prevén que sea del 55,4% con respecto al que tuvieron en 2019.

Sin embargo, desde la patronal confían en remontar los resultados con las reservas de última hora y en la compra de entradas en taquilla. En este sentido, consideran necesario que las administraciones transmitan un «mensaje de tranquilidad» a la ciudadanía, porque los contagios se incrementan, pero se trata de una enfermedad cada vez más benigna.

España de Noche ha denunciado las «actuaciones improvisadas y nueva estigmatización» del sector por parte de las comunidades autónomas que han cerrado el ocio nocturno o han restringido su horario y asegura que, como ya se ha comprobado, estas medidas «solo pueden fracasar y provocar todo tipo de fiestas clandestinas y macrobotellones».

La patronal ha reclamado que las regiones que han restringido la actividad del sector anuncien, con «carácter de urgencia», medidas de apoyo y ayudas económicas, la ampliación del plazo de devolución de los ICO y al Gobierno central la reactivación de los ERTE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha comentado que la reforma laboral, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, supone «una mejora nítida de los derechos de las personas trabajadoras».

Sordo ha advertido de que estarán «muy vigilantes» durante todo su trámite parlamentario para garantizar que se mantenga «el espíritu de los contenidos centrales» y evitar que los grupos políticos introduzcan elementos «regresivos».

«Estamos convencidos desde CCOO de que va a tener un efecto en la mejora de la calidad del empleo y de la contratación en los próximos trimestres», ha añadido el secretario general del sindicato.

También ha destacado que la nueva reforma laboral consigue el «reequilibrio de la negociación colectiva» y, por tanto, mejora la capacidad de negociación de los trabajadores.

«Esto nos debiera llevar a una recuperación de los salarios en el próximo año», ha dicho Sordo, al tiempo que ha recordado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno tiene previsto prorrogar el SMI en 965 euros al mes hasta que se negocie un nueva cuantía con sindicatos y empresarios.

Del mismo modo, Sordo ha valorado de manera positiva los mecanismos que permitirán la alternativa a los despidos, con fórmulas similares a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia.

El secretario general de CCOO ha recalcado su «satisfacción por el acuerdo alcanzado» el pasado jueves entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, y aguarda ahora a que «se consolide en la legislación».

La reforma entrará en vigor mañana, salvo la nueva regulación de contratos, que lo hará dentro de tres meses, como ha anunciado este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral para poner coto a la temporalidad, devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo: evitar despidos.

Los accionistas de al menos 14 empresas cotizadas en la Bolsa española percibirán unos 2.400 millones de euros en dividendos en las próximas semanas, según recoge el calendario de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Antes de que finalice el ejercicio 2021 distribuirán dividendos Bankinter, de 0,051 euros por acción, y Renta 4, de 0,30 euros, aunque a partir de hoy los títulos de estas dos entidades cotizan sin derecho a percibir los dividendos que ambas pagarán el jueves 30 de diciembre (fecha ‘ex date’).

Endesa, Faes Farma, CIE Automotive y Red Eléctrica desembolsarán hasta 770 millones de euros en dividendos durante la primera semana de 2022. Mañana es el último día para comprar acciones con derecho al dividendo de 0,50 euros por título que Endesa pagará el 3 de enero a cuenta del ejercicio 2021 (la distribución total podría superar los 500 millones de euros), mientras que en esa misma fecha Faes Farma pagará un dividendo flexible a cuenta de 2021 de 0,171 euros por acción.

CIE Automotive abonará a sus accionistas 0,36 euros por título (hasta 44 millones de euros) el 5 de enero (el 3 de enero es la fecha ‘ex date’) con cargo a las cuentas de 2021, mientras que el 7 de enero será el turno de Red Eléctrica, con el pago de 0,2727 euros a quienes tengan la condición de accionista el 6 de enero, con lo que el reparto podría ascender a casi 150 millones.

La segunda semana de enero será el turno de los accionistas de Zardoya Otis, Repsol, Gestamp, Mercal Inmuebles y CAF, que recibirán en total casi 530 millones de euros en dividendos.

Zardoya Otis pagará 0,076 euros por título el 10 de enero (hasta 35,75 millones), Repsol desembolsará alrededor de 460 millones mediante el abono de 0,30 euros el 11 de enero, Gestamp pagará 0,038 euros por título (más de 20 millones) el 12 de enero, ese mismo día Mercal Inmuebles repartirá entre sus accionistas 600.000 euros y el 13 de enero CAF distribuirá 0,40 euros por acción (el total a desembolsar superará los 13 millones).

También está previsto que en enero paguen dividendo Prosegur y Prosegur Cash, de 0,031 euros (17 millones) y 0,0049250 euros (7,5 millones), respectivamente.

La compañía que hará el mayor desembolso, concretamente el 1 de febrero, será Iberdrola, con el reparto de un dividendo de 0,168 euros por título a cuenta de 2021, en formato flexible. Si todos los accionistas eligen el cobro en efectivo, la eléctrica desembolsará más de 1.000 millones de euros. El 7 de enero es el último día en el que los inversores pueden comprar acciones de Iberdrola con derecho al cobro del mencionado dividendo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir de 2023, que el Gobierno remitirá mañana, día 29, a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.

En concreto, el plan de aplicación de la PAC en España, que debe estar entregado antes del 1 de enero de 2022 y está dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores, supone un «potente» instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.

De esta forma, según ha explicado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España contará con una PAC «más justa, más social y más sostenible» para potenciar un sector agroalimentario estratégico que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.

El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan «cambios, profundos, pero graduales», que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos «más justos y eficientes».

Planas ha señalado que la entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.

En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones, se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas y se han llevado a cabo cinco Conferencias sectoriales en el último año y medio y numerosas reuniones bilaterales.

«Ello nos ha permitido un consenso entorno al documento que mañana remite el Gobierno a Bruselas. Creo que es un elemento a subrayar, tenemos un país muy diverso y hemos conseguido articular un Plan Estratégico nacional del conjunto de España», ha subrayado.

Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico.

Planas prevé que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

Según ha explicado el titular de Agricultura, a los 47.724 millones previstos hasta 2027 se suma la confinanciación, con lo que la dotación se eleva a más de 50.000 millones para el periodo.

En concreto, el plan supone en materia de ayudas directas más de 4.800 millones de euros anuales, 700 millones en medidas de mercado, incluyendo los programas sectoriales, y 1.700 millones en medidas de desarrollo rural.

«Creo que está muy bien dotado el mundo rural para afrontar los grandes retos que tenemos ante nosotros, con una mejor distribución de los fondos, más equilibrada y más justa», ha resaltado.

PLAN ESTRATÉGICO, CLAVE PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL SECTOR AGRARIO

El Plan Estratégico es un instrumento «determinante» para garantizar la viabilidad de los sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural.

Para ello, contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.

La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance.

Entre ellas, la limitación («capping») y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros.

No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta.

También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.

Además, el Plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional.

Por primera vez, se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en el sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.

«Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas y de la propia hoja de ruta establecida en el ‘Pacto Verde Europeo'», subraya el Ministerio.

La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.

LEY DE GESTIÓN DE LA PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva PAC en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.

La nueva orientación de la PAC con el diseño de los planes estratégicos nacionales hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas incluidas en el mismo.

Este anteproyecto de ley tiene como objetivo poner en marcha un sistema eficaz de gestión y control y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.

El superintendente general de Seguros en Costa Rica y presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (Assal), Tomás Soley, será el presidente de la Alianza del Seguro en 2022, según ha informado el organismo en un comunicado.

En 2022 la Alianza del Seguro impulsará la II Cumbre Iberoamericana-El Seguro en la Agenda 2030, que se desarrollará entre junio y noviembre en España, Bolivia, Argentina, Colombia y México.

«En 2021, la I Cumbre Iberoamericana consiguió abrir el diálogo entre Administración, industria aseguradora y ciudadanos. En 2022, cuando podremos celebrar la II Cumbre Iberoamericana en cinco sedes físicas y profundizar en la realidad de esos países, el éxito consistirá en que ese diálogo eche raíces y fructifique», ha explicado Soley.

El máximo representante de Assal ha incidido también en la necesidad de coordinar las decisiones del entorno asegurador con las políticas públicas, de modo que se potencia la formación financiera de los ciudadanos y se contribuya al desarrollo del mercado asegurador para reducir las brechas actuales.

«De la misma manera debe asegurar que ese desarrollo del mercado se logre de forma transparente, sencilla y con una normativa clara», ha advertido, apostillado que todo esto se ha de cumplir sin olvidar que la máxima del regulador es «velar por la estabilidad del mercado y la sostenibilidad de las empresas y compañías aseguradoras, como garante de que podrán cumplir sus compromisos con los ciudadanos-clientes».

BAJA PENETRACIÓN DE LOS SEGUROS EN LATINOAMÉRICA

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (Assal), Tomás Soley, considera que la baja penetración de los seguros en Latinoamérica se produce por la escasa formación financiera de la población, así como las «profundas desigualdades sociales» de la región.

Soley ha criticado que las políticas públicas, que ofrecen escasas coberturas en materia de salud, accidentes laborales o catástrofes, «incluso por debajo de las que se registran en Asia, no ayuda».

Sin embargo, el presidente de la Assal ha destacado que existen ya alternativas en la industria aseguradora para superar esa brecha, para ofrecer coberturas asequibles a las sociedades más vulnerables y ayudarles a superar situaciones difíciles.

La creación de productos pertinentes para superar estos hándicaps y el fomento de la cultura financiera puede modificar las prioridades de gasto de los latinoamericanos y que éstos perciban el seguro como lo que es : una seguridad ante la incertidumbre», ha indicado durante una entrevista.

EL SEGURO, LO QUE MÁS PUEDE CONTRIBUIR A ATENUAR INCERTIDUMBRES

En este contexto, Soley defiende que en una coyuntura llena de incertidumbres, el Seguro es el elemento que más puede contribuir a atenuarlas.

Soley Pérez ha subrayado que la industria del seguro tiene «mucho que hacer y decir en relación con el desarrollo de las sociedades, el cambio climático la sostenibilidad».

Asimismo, ha defendido que la Alianza del Seguro es clave para compartir conocimientos, ideas y soluciones, además de generar conocimientos que permitan un desarrollo del mercado asegurador «de forma equitativa y transparente».

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar, a través de Adif, un contrato para realizar labores de mejora y mantenimiento en los edificios, dependencias e instalaciones ligados a las labores de conservación y mantenimiento de la red ferroviaria, por 19,77 millones de euros y un periodo de 24 meses.

El contrato comprende el total de 1.260 dependencias y edificios vinculados a la actividad de conservación con que cuenta Adif, repartidos por toda la red, de los que 561 corresponden a la red de alta velocidad, según explica el Ministerio en un comunicado.

Esta actuación se licitará estructurada en siete lotes, seis de ellos abarcando las dependencias vinculadas a los trabajos de conservación de la red ferroviaria convencional y de la red de ancho métrico, agrupadas en función de su distinta ubicación geográfica, y el séptimo con todos los edificios e instalaciones asociados a las labores de conservación y mantenimiento de la red de alta velocidad.

El contrato contempla la realización de obras y trabajos para la optimización de estas instalaciones, así como el mantenimiento de todas ellas, con el objetivo de garantizar su plena disponibilidad para acometer los trabajos de conservación y mantenimiento de la red ferroviaria en las mejores condiciones de calidad y fiabilidad.

El alcance del contrato comprende, asimismo, todos los elementos constructivos e instalaciones y dotaciones de los distintos edificios, locales, edificios auxiliares y de las parcelas o espacios exteriores propios que dispongan los mismos, incluyendo, además, la resolución o reparación de eventuales incidencias o averías en los plazos que se indiquen.

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizó entre el 13 y el 17 de este mes de diciembre una campaña especial de vigilancia de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores con el fin de comprobar que cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte y ha denunciado a un total de 998 vehículos.

Según ha informado la DGT, en los cinco días de campaña fueron controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un total de 2.563 vehículos, de los que 998 fueron denunciados, lo que supone un incremento de un 1,5% con respecto a la misma campaña celebrada en el mes de enero de este año.

Asimismo, ha detallado que solo uno de los conductores incumplió los límites de velocidad establecidos y ninguno dio positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes, aunque tres de ellos sí que lo hicieron por otras drogas.

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que cinco de los vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento.

De nuevo, las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado, entre ellas, 710 por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 237 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 83 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento y otros ocho fueron denunciados por no tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Asimismo, un total de 23 conductores fueron denunciados por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso y otros 19 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.

Finalmente, en lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 45 vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar y otros 15 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

DAMA, entidad de gestión de derechos de autores audiovisuales, ha celebrado una Asamblea General en la que han aprobado los presupuestos para 2022 con un aumento del reparto del 7,05% y la previsión de superar los 27,2 millones de euros de recaudación gracias, entre otros factores, a la pujanza del consumo del video bajo demanda y a la recuperación de las salas de cine.

La recaudación de 2021, 25,4 millones de euros, ha superado lo presupuestado en 1,78%. DAMA alcanza los 1.837 socios, un 11,46% más que el año anterior. Dada la preocupación respecto a la nueva ola del Covid-19, la Asamblea se ha desarrollado en un formato híbrido presencial-digital, con la posibilidad de ejercer el voto telemático.

El presupuesto aprobado estima que, para el cierre del 2021, la recaudación de la entidad ascienda a 25,4 millones de euros, superando a lo presupuestado doce meses antes en un 1,78%. Además, la asamblea ha aprobado con una gran mayoría la modificación de los Estatutos, dando cumplimiento así a los últimos requerimientos y actualizaciones normativas.

Con estos cambios, DAMA «se adapta a sus actuales dimensiones, simplificando procesos y aumentando la transparencia». Este crecimiento, del 6,96%, previsto para el 2022 se debe principalmente al aumento de la recaudación en las plataformas de vídeo bajo demanda, que ya supera en los presupuestos de 2022 los 3,7 millones.

Además, la recuperación del público que acude a las salas de cine se plasma en un aumento del presupuesto de la recaudación por ese canal del 105,13%, hasta alcanzar los 2,8 millones de euros. El reparto de derechos presupuestados alcanzará los 23,12 millones de euros, con un crecimiento del 7,05%.

Los operadores de televisión digital se mantienen como la principal fuente de recaudación de derechos de autor, aportando más de 13 millones de euros al reparto.

DAMA ALCANZARÁ LOS 2.000 SOCIOS

En cuanto a la afiliación, DAMA continúa creciendo y cierra 2021 con 1.837 socios –lo que supone un aumento del 11,46% respecto al año anterior–, tras la llegada a la entidad de «numerosos» directores y guionistas de cine y series diarias. Con las nuevas incorporaciones que se harán efectivas a partir del 1 de enero, el número de socios de la entidad superará los 2.000 creadores.

En el ámbito de la gestión, el presupuesto mantiene su competitivo descuento de administración, del 10%; 5% en el caso de los derechos obtenidos en el extranjero.

Dada la persistencia de la difícil situación que provocó la pandemia, la Asamblea ha decidido ampliar el Plan de Ayudas Sociales que pone a disposición de sus socios, basado en sus propias demandas. En concreto, se incrementa un 15,67% el presupuesto para fondos asistenciales y promocionales, que contarán con una dotación de 1,48 millones de euros, frente a los 1,28 millones anteriores, cantidades que podrán destinarse a desarrollar nuevos proyectos y fortalecer los ya iniciados.