La huelga de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cumple hoy 276 días, pero el conflicto supera ya el año de duración sin que se haya abierto una vía real de solución. A menos de dos meses del verano, cuando el riesgo de incendio se dispara y la respuesta debe ser inmediata, el comité de huelga eleva el tono y advierte de que el conflicto ya no es solo laboral.
En declaraciones enviadas a este medio, denuncian que la falta de avances coincide con un dispositivo mermado y con menos trabajo preventivo, una combinación que incrementa el peligro para la población y para el medio natural.
El problema se enquista entre TRAGSA, la empresa pública que presta el servicio, y una plantilla que habla de bloqueo negociador y deterioro progresivo de sus condiciones. En su última comunicación pública, el comité sostiene que la compañía sigue negándose a negociar y que el conflicto se agrava por la pasividad de la Comunidad de Madrid, administración titular del servicio, a la que reclaman implicación directa.
"Exigimos a TRAGSA una negociación inmediata y a la Comunidad de Madrid que asuma su responsabilidad y deje de mirar hacia otro lado. La huelga sigue porque el conflicto sigue" dicen.
Los bomberos forestales recuerdan que se trata de un servicio esencial y que cualquier recorte o demora tiene consecuencias más allá del plano laboral. Todo este pulso afecta a la seguridad pública y a la protección ambiental en una región con una fuerte presión urbanística sobre el entorno y con un clima cada vez más proclive a episodios de incendios de alta intensidad.
Las reivindicaciones no han cambiado. "Lo que pedimos es la negociación de un nuevo convenio, ya que el que tenemos en nuestro día a día nos causa muchos problemas, porque es un convenio bastante anticuado. Data del año 2008 y tiene 17 años de caducidad", explica al diario Qué! Jesús Molina, bombero y presidente del comité de trabajadores.
El colectivo habla de abandono de las bases y de salarios que consideran insuficientes para el tipo de trabajo que realizan y una estructura laboral que, aseguran, mantiene la precariedad. "El IPC ha subido un 34,6 % en los últimos 15 años y nuestro salario apenas se ha movido. Tenemos categorías, como la de peón, que en 2025 cobraron unos 1.250 euros muchos meses, rozando casi el salario mínimo", desvela.
Denuncian también que TRAGSA sigue sin implantar un plan de protección frente a agentes cancerígenos, algo que ya contamos y que se trata de una obligación legal en una actividad en la que la exposición prolongada al humo y a sustancias tóxicas es constante.
El dispositivo de bomberos forestales, con menos prevención y menos personal
Pero, últimamente, lo que más recuerda el comité es que sus funciones van mucho más allá de apagar incendios en verano. Durante el resto del año realizan tareas de prevención, vigilancia y apoyo en emergencias climáticas, como inundaciones o episodios de lluvias extremas, que se han vuelto más frecuentes e intensos.
Pero la advertencia más contundente de los bomberos forestales se enfoca en los meses centrales del calendario. Si bien como tal el verano concentra los incendios más peligrosos y los despliegues más exigentes, el invierno es el periodo clave para preparar el terreno, reducir combustible y rebajar la carga vegetal que puede alimentar un gran fuego. Por eso, una de las denuncias que más inquietud ha generado en el colectivo es la comentada reducción de trabajo preventivo.
El comité afirma que este invierno se han recortado en un 50 % los trabajos preventivos. En la práctica, esto se traduce en menos tratamientos selvícolas, menos apertura o mantenimiento de fajas auxiliares, menos limpieza de combustible fino, menos preparación de accesos y puntos de agua y menos margen para anticiparse a un episodio extremo de calor, viento y baja humedad. En la región madrileña, donde urbanizaciones, áreas recreativas y masas forestales se mezclan, el incendio forestal es también un riesgo capaz de afectar a viviendas y de obligar a evacuaciones rápidas.
A esta denuncia se suma la pérdida de efectivos. Según los trabajadores, cada brigada ha perdido dos componentes y el dispositivo habría pasado de 530 a 420 efectivos, con menos personal por recurso. Afirman que sus unidades representan casi la mitad del personal de guardia diario durante la campaña de alto riesgo, por lo que cualquier reducción se traduce en menos manos disponibles cuando más falta hacen.
Las lluvias de los últimos meses han incrementado de forma notable el combustible vegetal, lo que supone un patrón conocido por los especialistas en incendios forestales. Un invierno y una primavera húmedos favorecen el crecimiento de pastos y matorral que, con la llegada del calor, se secan y se convierten en material altamente inflamable. Asimismo, la temporada de incendios se ha ido alargando en España y ya es habitual que los primeros grandes siniestros aparezcan en primavera, con olas de calor adelantadas y masas forestales sometidas a un fuerte estrés hídrico.
"Durante la Semana Santa ya se han registrado incendios en distintos puntos del norte peninsular y del interior. Lejos de reforzar el servicio, denunciamos que la temporalidad continuará hasta mayo", explica el comité de huelga de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid.
Organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el propio Ministerio para la Transición Ecológica han advertido en los últimos años de un aumento del riesgo estructural de grandes incendios en el centro peninsular, vinculado tanto al cambio climático como al abandono rural y a la acumulación de combustible.
