Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración), mientras que la vocal «podemita» María Concepción Sáez no dudaba en renunciar a su cargo; una situación que parece «hundir» la estrategia del Ejecutivo con el CGPJ de cara a las próximas elecciones generales.
El Partido Popular y el PSOE parecen estar más enfrentados que nunca. Algo que se podía comprobar nuevamente en la moción de censura promovida por Vox, donde, a pesar del protagonismo de la formación de Santiago Abascal, los de Pedro Sánchez no cargaban en «señalar» al PP de Feijóo como «culpables» de la situación en la cámara estatal.
Una fuerte división entre las dos formaciones mayoritarias que sigue afectando especialmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que, más de 1.500 días después, según las cuentas realizadas por el PSOE, lo cierto es que el órgano judicial sigue sin renovarse, ante el aparente bloqueo del Partido Popular. Una situación que ha intentado solventarse en diversas ocasiones, sin que haya habido un acuerdo definitivo para la renovación.
Bloqueo que, a pocos meses de las elecciones generales, los partidos del Gobierno de coalición parecen haber querido solucionar, ganando así una nueva batalla frente a los partidos de la oposición. En concreto, ambas formaciones habrían ejercido ciertas «presiones» ante los vocales más progresistas del CGPJ para que dimitieran de sus cargos en el Consejo, forzando así una renovación del órgano judicial más pronto que tarde. Un plan que parecía ponerse en marcha con la dimisión de la vocal «podemita» María Concepción Sáez, que renunciaba a su cargo dentro del Consejo, en busca de un pacto que, por fin, acabara con el bloqueo del organismo.
LOS VOCALES «SOCIALISTAS» DEL CGPJ NO ABANDONAN
Un ejercicio de aparente reflexión, o de sumisión a las presiones, de Sáez que, sin embargo, no ha sido repetido por el resto de vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Así pues, al cierre de estas líneas, los vocales se mantienen fijos en sus cargos, a pesar de la aparente presión del Gobierno nacional para conseguir esas dimisiones que consiguieran forzar una renovación del CGPJ.
Rechazo aparente de los vocales más «socialistas» del CGPJ que podría no estar fundamentada tanto en la labor de estos letrados, sino más bien, en la alta remuneración que reciben gracias a este puesto en el Consejo. Y es que algunos de estos vocales, como Álvaro Cuesta, pasarían de cobrar cerca de 7.500 euros mensuales, a quedarse en una nómina muy inferior, de entre 2.000 y 3.000 euros.
Una realidad que parece pesar en los bolsillos de estos vocales socialistas. Especialmente, después de haberse «acostumbrado» a un ritmo de vida acorde a los más de 7.000 euros que cobran actualmente, y al que sería muy difícil de renunciar junto al cargo dentro del CGPJ. Sobre todo, después de llevar cobrando estas cantidades en las nóminas desde el pasado año 2013.
Ritmo de vida aparentemente acomodado de los vocales más progresistas del Consejo que parece ser un escollo más para conseguir la renovación del Consejo antes del final de la legislatura. Un escollo que parece estar resistiéndose a las presiones del Ejecutivo nacional, que podría haber contado con este nuevo «golpe de efecto» para reforzarse ante los próximos comicios pero que, sin embargo, parece estar a punto de sufrir una nueva fractura interna ante la «rebeldía económica» de los vocales.
