Quantcast

Provida censuran la propuesta de eliminar los 3 días de reflexión

Asociaciones provida han mostrado su rechazo al anuncio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de eliminar el periodo de reflexión de tres días obligatorios antes de abortar pues consideran que esto «no es dar libertad a la mujer» sino «abocarla directamente al aborto».

«Eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar no es dar libertad a la mujer, es abocarla a someterse directamente al aborto cuando tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, es sentenciarla al drama que supondrá para ella la muerte de su hijo», ha subrayado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera, en declaraciones.

Si bien, precisa que «a los que se lucran con la muerte y a los que legislan en torno a ella no les interesa que la madre pueda pensar, igual que no les interesa que pueda recibir una información completa para decidir a través de una ecografía en la que vean a su hijo y escuchen su corazón».

Frente al anuncio de Montero, la portavoz de Derecho a Vivir pide a la ministra que «ayude a las madres». «Efectivamente estas mujeres no necesitan su tutela, necesitan su ayuda, la ayuda de la Administración para sacar adelante a sus hijos», precisa. Asimismo, considera que «no se puede eliminar la objeción de conciencia de los médicos».

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha calificado el anuncio de Montero como «una vuelta de tuerca más» y, en todo caso, ha dicho que el periodo de reflexión de tres días, en el fondo, es «un paripé».

«Los tres días no son algo maravilloso porque es bastante paripé ya que en ese tiempo las mujeres siguen recibiendo presión para abortar, incluso les dicen a veces que no hablen con nadie que pueda hacerles reconsiderar el tema, pero quitarlos es dar una vuelta de tuerca más para que no se les escape ni una sola cliente a los abortorios», ha remarcado Latorre.

Según ha explicado, «los tres días de reflexión ya se han suprimido en algunas comunidades autónomas durante el Estado de Alarma, contribuyendo a asegurar los ingresos de los centros abortistas que hacen negocio con el dolor ajeno y con la muerte de los inocentes».

«No ha habido ningún otro beneficio para nadie y lo que se quiere impedir es que las mujeres puedan recibir ningún tipo de ayuda o se vuelvan atrás», ha añadido.

Para Latorre, la ley del aborto «necesita ser completamente renovada para devolver a todos los seres humanos el derecho a la vida, que se les ha arrebatado» y se ha mostrado convencida de que, con el trabajo de las organizaciones provida, «esta locura que ha supuesto un holocausto para millones de seres humanos inocentes, terminará más pronto que tarde».

UN TIEMPO «INSUFICIENTE»

Por su parte, la directora general de Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, ha puesto de manifiesto que el periodo de reflexión de tres días que es obligatorio en la actualidad, es ya «insuficiente», tal y como les han manifestado algunas mujeres que recurren a su ayuda.

«Muchas mujeres embarazadas piden apoyo en REDMADRE habiendo abortado anteriormente. Estas mujeres nos expresan que no tuvieron tiempo suficiente para informarse, que la información que recibieron fue incompleta y no del todo veraz y que, en algunos casos, fueron presionadas por su entorno (familia o pareja) para que tomasen la decisión de abortar de manera inminente», ha explicado Azcona en declaraciones.

Para el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, el nuevo anuncio de la ministra de Igualdad «es lamentable» pues, a su juicio, demuestra que «está más centrada en una batalla ideológica que en ayudar verdaderamente a la mujer».

«Lo que realmente necesita la mujer son ayudas para seguir adelante con su embarazo. Somos uno de los países con menos ayudas a la maternidad de Europa», declara Ortega.

Según precisa, «cuando una mujer se queda embarazada de manera inesperada, la única salida que se le ofrece desde la Administración Pública, si se encuentra en desamparo social, es el aborto». «Es un drama al que el Gobierno debe poner soluciones reales y efectivas», ha zanjado.