La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves ante el Pleno del Congreso la conveniencia de trasponer en un solo decreto ley ‘ómnibus’ hasta diez directivas europeas, expresando su deseo de que «por fin» España deje de «ser farolillo rojo» en la Unión Europea a la hora de incorporar estas regulaciones a su legislación.
Concretamente, se trasponen directivas sobre derechos de consumidores, competencia, el llamado ‘paquete bancario’ sobre requisitos de capital, resolución y reestructuración, IVA en comercio electrónico, prevención y lucha contra blanqueo y financiación de terrorismo, derechos de los trabajadores desplazados, y responsabilidad ambiental.
SE DUPLICAN LAS CONCESIONES DE BANDAS DE FRECUENCIA
Además, el decreto ley incorpora dos medidas adicionales, una para prorrogar durante todo el año la exención del IVA a la importación y adquisición intracomunitaria de material sanitario para administraciones, centros sanitarios o entidades sociales, y otra para duplicar el plazo de concesión de las bandas de frecuencia.
La vicepresidenta ha apuntado que esta última medida favorecerá la inversión de las empresas en el desarrollo del 5G, pues permitirá que estas concesiones pasen a tener un mínimo de 20 años a un máximo de 40, cuando hasta ahora se limitaban a 20 años.
APOYO DE LA OPOSICIÓN ENTRE REPROCHES
Pese a que ningún grupo de la oposición ha avanzado su voto en contra –sí han declinado a apoyarla fuerzas como ERC, BNG o Foro–, ninguno ha dejado de criticar al Gobierno por aglutinar tantas normas en una, recurrir de forma tan habitual a la figura del decreto, y después imposibilitar su cambio.
Y es que, tal y como ha relatado Joan Capdevila (ERC), al ofrecimiento del Gobierno a tramitar como proyecto de ley los decretos le sigue la continua prórroga de plazos de enmiendas que atascan su tramitación, gracias a la mayoría del PSOE y Unidas Podemos. Algunos, hasta más de un año. «No son de fiar, no se han abierto a negociar nada», ha espetado.
«Tenemos que dejar de lado esto, hasta ahora les está saliendo más o menos bien, pero no tienen mayoría», ha advertido Idoia Sagastizabal, del PNV, señalando que los decretos convalidados «están parados» en la Mesa.
«NOS HAN CONVERTIDO EN MEROS CONVALIDADORES
«Nos han convertido en meros convalidadores», ha lamentado, por Cs, María Muñoz, acusando al Gobierno de «abusar» del decreto y al PSOE y Unidas Podemos de «bloquear» la tramitación. Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, ha lamentado el «papel comparsa» de la Cámara ante una «sensación de abuso de coladero normativo» por parte del Gobierno y la propia Unión Europea.
Para Mario Cortés, del PP, el decreto es «una auténtica chapuza», un «batiburrillo» de asuntos sin relación; para Rubén Manso, de Vox, un decreto que, más que ómnibus, es «escoba». Asimismo, ha animado al resto de grupos a iniciar «por dignidad» iniciativas legislativas para trasponer directivas una vez sean aprobadas en la Unión Europea.
IVA EN COMERCIO ELECTRÓNICO, BLANQUEO Y ‘PAQUETE BANCARIO’
Respecto a las trasposiciones, se completa la relativa al desplazamiento de trabajadores (terminó en julio de 2020 el plazo) para asegurar la igualdad de condiciones y otras dos directivas sobre la regulación europea del IVA en el comercio electrónico. Estas normas, obligatorias a partir de este mes de julio, extienden el sistema de ventanilla única y suprimen la exención del pago del IVA en importaciones de bienes a un precio inferior de 22 euros.
Vencido su plazo desde enero de 2020, se traspone la quinta directiva de la regulación de prevención y lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo (se incluye a proveedores de servicios de monedas virtuales), y otras dos directivas del llamado ‘paquete bancario’ (plazo vencido en diciembre de 2020) sobre requisitos de capital y resolución y reestructuración de entidades.
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
También una trasposición parcial de la directiva de defensa de la competencia (más incentivos al programa de arrepentimiento y coordinación entre autoridades reguladoras en información e inspección), y la corrección de un error advertido por la Comisión Europea sobre la trasposición realizada en materia de responsabilidad medioambiental.
Finalmente, la norma traspone dos directivas cuyo plazo finalizaba en julio sobre los derechos de consumidores en contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y en compraventa de bienes. Con ella se aplicará lo establecido en la Ley General de Defensa de consumidores y usuarios en contratos de servicios digitales o aquellos que proveen suministros a cambio de datos personales (no a programas libres o de código abierto).
También aumentan las garantías del consumidor, que podrá solicitar reparación, sustitución, reducción del precio o resolución del contrato, y se incrementan plazos como el previsto para emitir disconformidad (de dos a tres años), garantías comerciales contra la obsolescencia, y se duplica hasta los diez años el tiempo mínimo durante el cual la empresa debe garantizar un servicio técnico o la existencia de piezas de recambio a partir del momento en que deja de producirse el producto en cuestión.
