Las familias de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha defendido la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', por tramitarse "con máximo consenso y avanzar a enseñanzas más modernas e inclusivas".

"La reforma educativa se ha diseñado contando con la comunidad, de forma consensuada y tras un largo debate que ha incluido más de 80 comparecencias en la subcomisión del Congreso, 43.000 comunicaciones y 100 aportaciones de colectivos de diversa índole", ha argumentado la asociación después de que el Pleno del Congreso haya aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP de la LOMLOE.

De este modo, CEAPA apoya un nuevo texto que, a su juicio, "servirá para eliminar la LOMCE, una ley impuesta en 2013 por la mayoría absoluta de un único partido y que supone un "castigo a la comunidad educativa".

Tras repasar los principales cambios que supondrá la entrada en vigor de esta reforma educativa frente a la LOMCE, ha destacado "la apuesta por la escuela pública, materializada en dar prioridad a la inversión de dinero público en estos centros. Además, ha añadido que esta línea "no supone la eliminación de la educación privada concertada sino una revisión de la situación legal de los conciertos".

La Confederación ha puntualizado también que la LOMLOE "mantiene en las familias la decisión de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas, un derecho que no muta por el hecho de que la reforma educativa incluya que se comprobará que ningún colegio mantenido con fondos públicos discrimine a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza".

Igualmente, entiende que esta norma no es un instrumento para eliminar el castellano como lengua vehicular ya que la LOMLOE garantiza el "respeto del castellano" y de las lenguas establecidas como oficiales en las comunidades, que es lo que establece la Constitución y los Estatutos de Autonomía, entre otras normas.

Tras analizar el texto, CEAPA subraya que "el castellano tendrá presencia real en el proceso educativo de todo el alumnado, con independencia de la comunidad autónoma donde resida, ya que la nueva norma busca precisamente asegurar que todos los estudiantes terminen su educación básica con un dominio pleno de la lengua castellana, igual que de la lengua cooficial que también le sea propia, y de, al menos, un idioma extranjero".

Sobre los centros de Educación Especial, ha explicado que la ley propone incrementar los recursos de los centros ordinarios, "en la línea seguida por los organismos internacionales, para que todas las familias puedan optar por uno de estos centros y que este colegio ofrezca plenas garantías de calidad en la atención, pero no elimina la opción de los centros de Educación Especial, dejando claro que la verdadera inclusión exige lograr que la inmensa mayoría del alumnado realice su proceso educativo en los centros ordinarios con todos los recursos humanos y materiales que lo hagan realmente posible".

Por otro lado, CEAPA reconoce que "habría querido una norma más dura con los conciertos educativos o que sacara las clases de religión de las aulas durante el horario lectivo, y sobre todo, que dejase más clara la democracia y la participación real dentro de los consejos escolares de los centros con el peso que debería corresponder tanto a las familias como al alumnado".

El PSOE se ha defendido este jueves en el Congreso de los ataques del PP sobre el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar los bulos recordando que fue un Ejecutivo 'popular', con Joé María Aznar al frente, el que protagonizó "la mayor intoxicación" en torno a la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Los 'populares' han llevado a debate a la Comisión Constitucional una proposición no de ley pidiendo al Gobierno "rectificar" sus acciones "en materia de control de la información" en su afán de perseguir los bulos con el fin de asegurar "plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información", así como cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.

Aunque esta iniciativa se registró en pleno confinamiento por la crisis del Covid, justo después de saberse que la Policía perseguiría los bulos en las redes sociales, el asunto ha vuelto a la actualidad después de que el Gobierno haya aprobado un plan contra las 'fake news' para monitorizar la información con el objetivo de evitar bulos que pongan en cuestión la seguridad del Estado.

"MINISTERIO DE LA VERDAD"

Una suerte de "Ministerio de la verdad", según ha criticado la diputada del PP Edurne Uriarte, con el que el Gobierno pretende perseguir lo que para él es desinformación, esto es, todo aquello que publican los medios "no afectos con la izquierda" y monitorizar las redes sociales tras haber "perdido el control" sobre las mismas.

Tesis similares han defendido en Ciudadanos, que cuestiona que Sánchez pretenda perseguir la mentira cuando él mismo asegura no tener un pacto con Bildu; en Vox, quien ha señalado al Gobierno como "el resultado de un gran bulo"; y en UPN, quien ha acusado el PSOE y Unidas Podemos de haber hecho "de la mentira su acción de gobierno". Pese a dar su apoyo a la propuesta del PP, ésta fue derrotada.

Frente a esto, el diputado del PSOE Odón Elorza ha acusado al PP de "mentir" porque la orden dictada por el Gobierno ni va en contra de la libertad de expresión ni supone ninguna censura previa. Es más, ha destacado que ésta recoge el artículo 20 de la Constitución, relativo a la libertad de expresión pero también a comunicar o recibir libremente información veraz.

En todo caso, Elorza ha señalado que no es el PSOE sino el PP el que pueda dar clases de "desinformación" recordando la "intoxicación", según sus palabras, sobre la autoría de los atentados del 11M. "¡Qué mayor desinformación que aquellos! ¡Qué mayor intoxicación en aquellos atentados que no eran de ETA!", ha clamado.

LE SACAN EL CASO KITCHEN

En la misma línea que Elorza, el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha censurado al PP por "sólo ver la paja en el ojo ajeno" y "no la viga de la brigada político-social en el propio", por haber sido hasta hace dos días el suyo "el Gobierno del plasma" y por ser ahora investigado por el conocido como 'caso Kitchen'.

En ERC Gabriel Rufián ha rechazado también recibir lecciones de un partido "inventor de la mentira en política" recordándole también que perdieron las elecciones por acusar a ETA de estar detrás de los atentados de Madrid. "Son los inventores de las fake news, como lo es decir que el castellano está perseguido en Cataluña, que el Gobierno es ilegítimo o que ETA existe porque el Gobierno pacta con Bildu", ha dicho.

De su lado, el diputado de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha echado en cara al PP sus páginas web "financiadas con dinero de la Púnica" o la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

Y el representante del PNV, Mikel Legarda, ha cuestionado también por "exagerada" la propuesta de los 'populares' pese a admitir que el Gobierno no tuvo una actuación "inmaculada" en transparencia durante el pasado estado de alarma, durante el que, según ha dicho, "el derecho de información ciudadana quedó anulado".

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha dictado un auto en el que ratifica la resolución de la Dirección Xeral de Saúde Pública ordenando el aislamiento domiciliario obligatorio de una vecina de la ciudad por haber tenido contacto con un caso positivo de COVID y que acabó contagiada.

Los hechos se remontan a finales de octubre cuando esta mujer, de 75 años de edad y con varias patologías (entre ellas, obesidad, diabetes y problemas respiratorios), refirió a un médico mediante consulta telefónica que se encontraba "cansada".

Al día siguiente, 1 de noviembre, en una nueva consulta telefónica (al PAC) la mujer detalló que tenía tos, cansancio y había perdido el olfato, y explicó que había tenido contacto con su hija, que había dado positivo por COVID-19.

Por ello, los servicios facultativos le prescribieron la realización de una prueba PCR y le indicaron que debía mantenerse en cuarentena domiciliaria. Dicha prueba fue realizada el 2 de noviembre y, aún sin conocer los resultados, la mujer fue el 3 de noviembre al centro de salud de Teis, rompiendo su confinamiento, para recoger unas agujas para inyectarse insulina.

En el centro de salud, el personal que la atendió comprobó que estaba pendiente de conocer el resultado de una PCR y se le apercibió por no haberse quedado en su casa. La mujer afirmó que no sabía que debía guardar cuarentena.

El 4 de noviembre se tuvo noticia de que el resultado de la prueba había sido positivo en COVID-19 y se contactó telefónicamente con la paciente por la mañana, pero nadie respondió a la llamada. Sanidade notificó la situación a la Policía Local de Vigo para que comprobase si estaba respetando el aislamiento y, dos días después, la Dirección Xeral de Saúde Pública dictó una resolución de aislamiento obligatorio, hasta que la mujer "dejase de representar un riesgo para la salud pública".

SOLICITUD ANTE EL JUZGADO

El 9 de noviembre la Consellería de Sanidade presentó ante el juzgado Contencioso Administrativo de Vigo una solicitud para que ratificase esa medida de aislamiento obligatorio, algo que ha hecho el juez a través de este auto, tras el aval del Imelga y la posición favorable de la Fiscalía.

El magistrado señala en su resolución que hay numerosa normativa y jurisprudencia que justifica la adopción de esa medida en aras de preservar la salud pública, especialmente en un contexto como el actual de pandemia y teniendo en cuenta que una de las principales medidas para cortar las cadenas de contagio es el aislamiento de casos positivos o de casos sospechosos (para una detección precoz).

No obstante, en su resolución el juez también establece que el Sergas debe garantizar que la mujer es atendida de sus otras patologías mientras está en cuarentena, y que su situación se evaluará periódicamente. Asimismo, Sanidade debe informar al juzgado cuando desaparezca el riesgo.

Por otra parte, ha pedido que se dé traslado de este caso a los servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo, por si la mujer necesitase asistencia o atención durante el período de aislamiento domiciliario.

La Ley Europea del Clima, que pretende que la economía y sociedad de la Unión Europea sean climáticamente neutras de aquí a 2025, será "socialmente justa y rentable", según ha afirmado hoy la ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la norma, Jytte Guteland.

La eurodiputada socialista sueca ha participado este jueves en un encuentro telemático con periodistas españoles organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en el que ha asegurado que la ley "no dejará a nadie atrás" y que hará a Europa más competitiva a nivel global.

"Es cierto que hay sectores económicos que habrá que ayudar a transicionar y que habrá regiones de Europa que sufrirán más porque son más dependientes de los combustibles fósiles, pero lo que nos dicen los datos es que unos estándares [climáticos] más altos son siempre mejores", ha afirmado Guteland.

REDUCCIÓN DEL 55% DE LAS EMISIONES

La Ley Europea del Clima, a propuesta de la Comisión Europea (CE), establecerá la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 55% para el año 2030 con respecto a los niveles de 1990; así como medidas para hacer un seguimiento de los avances de los Estados Miembros y ajustar las acciones de la CE al respecto.

Al mismo tiempo, la nueva norma pretende "ofrecer previsibilidad a los inversores y demás agentes económicos", así como garantizar una transición justa para todos los país, sin renunciar a que el camino hacia la neutralidad climática sea irreversible, según indica la CE en la página web de la ley.

Para la eurodiputada, miembro de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, la ley será "una oportunidad económica y un 'win win' tanto para el clima como para la ciudadanía", con beneficios en ambas direcciones en ámbitos como la salud, la calidad del aire o la industria.

UNA LEY "URGENTE"

Guteland ha insistido en que la aprobación de la Ley Europea del Clima es "urgente", si se pretende que Europa cumpla con los estándares marcados por el Acuerdo de París de 2015 y con los objetivos para combatir el cambio climático y la contaminación con prontitud.

En ese sentido, la eurodiputada ha pedido que la pandemia del coronavirus no influya en una decisión negativa respecto a la norma, y que "el miedo" a sus consecuencias económicas no sirva como justificación para retrasar o no apoyar la ley.

"Debemos tomar políticas sin caer en el pánico. Es fundamental que aprobemos esta ley y que sea ambiciosa, porque el tiempo importa y no nos podemos permitir retrasos", ha sostenido Guteland, que ha parafraseado a la ecologista Greta Thunberg recordando que si una casa está en llamas, lo que hay que hacer es apagar el fuego cuanto antes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que lo "vergonzoso" no es reconocer que existen niños en situación de pobreza en España sino "no tomar medidas ambiciosas al respecto".

"No es vergonzante reconocer que hay pobreza infantil en nuestros países. Lo vergonzoso sería no tomar medidas ambiciosas al respecto", ha señalado el presidente del Gobierno este jueves 19 de noviembre durante la inauguración de una conferencia online organizada por Eurochild --la red europea de organizaciones de infancia-- y la Plataforma de Infancia, en el marco de la conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño.

Sánchez ha recordado que "en Europa, casi uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza y, en consecuencia, de exclusión social", un dato "estremecedor" que, a su juicio, no se pueden resignar a aceptar "bajo ningún concepto".

En el contexto de la actual pandemia, Sánchez ha puesto de relieve que "abordar la pobreza infantil es un requisito previo para superar la crisis del Covid-19 de forma sostenible" y que "poner a la infancia en el centro de la recuperación es una obligación moral, política y económica".

Además, el presidente ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la pobreza infantil, como la creación del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.

En el webinar también han participado, entre otros, la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Katarina Ivankovic Kneevic, o la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos de la Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud de Alemania, Juliane Seifert.

Durante el encuentro, los expertos han debatido acerca de cómo trasladar la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la recuperación de Europa, y una de las conclusiones ha sido que la crisis sanitaria y económica propiciada por el coronavirus ha puesto de manifiesto la falta de políticas nacionales para abordar la pobreza, en particular la pobreza infantil, según informan los organizadores.

El presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, ha recordado que, desde que el virus de la Covid-19 comenzó a propagarse por Europa, "se han intensificado los actuales problemas relacionados con la desigualdad social, en parte por la pérdida de puestos de trabajo, lo que ha empujado a muchas familias a la pobreza".

Por otro lado --ha señalado--, el cierre de escuelas ha ampliado la brecha educativa, condicionando las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes y su salud física y mental.

Por ello, Eurochild, y sus organizaciones miembro demandan planes de recuperación que tengan en cuenta las necesidades de la infancia: planes nacionales para reducir la pobreza, apoyados específicamente desde la Unión Europea, incluso a través de la implementación de una Garantía Infantil.

Esta es una de las principales recomendaciones extraídas del informe 'Creciendo en el confinamiento: los niños de Europa en la era COVID-19', en el que Eurochild reflexiona sobre los efectos de la pandemia en los niños.

Aparte del impacto de la crisis de la COVID-19, el informe analiza el trabajo de los 25 países en torno a la inversión en niños, niñas y adolescentes. La investigación concluye que, en aquellos países en los que existen estrategias nacionales para reducir la pobreza infantil, "no acaba de verse clara su aplicación; y, lo que es peor, en la mayoría de ellos no se da prioridad política a la pobreza infantil".

Algunos como Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Serbia y Eslovenia revelaron no contar con una estrategia nacional para abordar la pobreza en la infancia.

ESPAÑA, UNO DE LOS QUE MENOS INVIERTE

Eurochild y Plataforma de Infancia advierten de que España es uno de los países europeos que "menos" invierte para proteger a la infancia frente a la pobreza. Esto, unido a un sistema de protección social "muy ineficaz" explica, a juicio de estas organizaciones, la alta tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia existente (30,3%) y su "escasa capacidad para reducirla".

En todo caso, reconocen algunas medidas como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital como "un gran paso" aunque consideran necesario completar esta prestación con otras, como la prestación por hijo a cargo, que piden que se mantenga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La pobreza infantil es una cuestión de Estado que requiere del compromiso de toda la sociedad, además de las instituciones. Es fundamental que ciudadanos, representantes políticos y tercer sector trabajen unidos para lograr el objetivo de pobreza infantil cero", ha señalado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en España, Ernesto José Gasco Gonzalo.

Eurochild y Plataforma de Infancia también han puesto de relieve los "obstáculos" que encuentran los niños y niñas para ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad por la "brecha educativa y digital" que fue "uno de los grandes problemas" durante el confinamiento. Muchas familias de bajos ingresos no estaban equipadas con ordenadores.

BUENAS PRÁCTICAS EN PAÍSES EUROPEOS

El informe recoge algunas buenas prácticas desarrolladas por países europeos, con mención en particular a España, destacando los programas que se llevaron a cabo para proporcionar ordenadores a los niños y niñas que los necesitaban. También recoge el caso de Francia, donde se establecieron líneas telefónicas gratuitas para aquellos que las necesitaban. Además, se cita el ejemplo de países en los que se establecieron canales de televisión para impartir educación a los niños en sus hogares, como en la República Checa y Chipre.

En el webinar también han participado Mariam y Ángel, dos adolescentes que han pedido soluciones como: ayuda a través de becas; distribución de ordenadores o tabletas a las familias que no dispongan de estos dispositivos; incremento de las ayudas alimentarias o la reducción del precio de las mascarillas.

Por último, el informe de Eurochild recoge una serie de recomendaciones para los responsables políticos europeos, entre las que destacan: colocar a los niños en el centro de los planes de recuperación; establecer la Garantía Infantil Europea; promover un enfoque multidimensional para abordar la pobreza infantil, y orientar mejor los recursos de financiación de la UE disponibles para llegar a los niños necesitados.

La diputada socialista y exsecretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, ha alertado este viernes del riesgo de que las reglas "difusas" con las que la Comisión Europea quiere armar la solidaridad entre Estados miembros en la acogida de refugiados en la reforma de la política migratoria haga "inviables" tales normas y el peso de la responsabilidad siga recayendo únicamente sobre los países en primera línea, como es el caso de España.

"Me preocupa que se avance hacia unas reglas muy estrictas y muy claras para la responsabilidad pero difusas o quizá inviables en la práctica para la solidaridad", ha indicado Botella, que preside la comisión de Interior en el Congreso, durante su participación en una conferencia interparlamentaria organizada por el Parlamento europeo para debatir sobre la reforma de la política de migración y asilo común.

El pasado mes de septiembre, Bruselas presentó su propuesta para diseñar un Pacto de la Migración y Asilo con el que aspira a lograr el apoyo tanto de los países en primera línea de entrada, como Italia, Grecia y España, que reclaman una mayor solidaridad por parte de sus socios en el reparto de la acogida y quienes, como Hungría o Polonia rechazan de plano a recibir en su territorio a ningún migrante.

Tras más de un año de contactos con las capitales, el Ejecutivo comunitario finalmente ha presentado una revisión de la política migratoria que aparca la idea de cuotas obligatorias, pero plantea un sistema voluntario con varios niveles de solidaridad y apuesta por reforzar la frontera exterior de la Unión Europea y agilizar las expulsiones de los migrantes que lo logren estatus de refugiado.

La diputada socialista ha aclarado en su intervención que el Parlamento español "valora muy positivamente la voluntad política" del Ejecutivo comunitario de lograr un acuerdo que atienda a la "urgencia" de contar con una gestión europea, común, de los flujos migratorios.

Sin embargo, Botella ha apuntado varios elementos de "preocupación" y que le hacen temer que el Pacto que se negocie refuerce el "desequilibrio entre responsabilidad y solidaridad" que ya existe en la actualidad porque la estrategia que plantea "no es realista".

"Nos preocupa la dimensión exterior. No hay medidas concretas y pensamos que ninguna política europea de migración y asilo será verdaderamente eficaz si no hay una cooperación estable, amplia, duradera y con una financiación 'ad hoc' para países terceros de origen y tránsito", ha expresado la diputada, quien también ha señalado como elemento que "preocupa mucho" los procedimientos en frontera como se recogen en la propuesta.

VON DER LEYEN: LA PROPUESTA ES EQUILIBRADA

Von der Leyen ha defendido en su respuesta a Botella que la propuesta es "equilibrada" entre la solidaridad que reclaman los países bajo mayor presión migratoria y aquellos que replican reivindicando la "responsabilidad" de acogida de los países de entrada.

"Es un equilibrio justo entre solidaridad y responsabilidad", ha argumentado la presidenta de la Comisión, quien ha asegurado que la solidaridad será "obligatoria" porque ningún Estado miembro podrá elegir si ser solidario, aunque "sí podrá elegir cómo serlo".

La flexibilidad que plantea Bruselas para salvar el pacto migratorio pasa por permitir que, en un momento de fuerte presión sobre un Estado miembro, el resto de socios puedan elegir entre acoger a parte de los migrantes llegados a ese primer país de la UE o "asumir la responsabilidad del retorno" de los que sean deportados, algo que la Comisión define como expulsiones "patrocinadas".

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha anunciado que "en las próximas semanas" firmará con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el protocolo general que dará soporte al futuro convenio de transición justa para el cierre de la central térmica de Carboneras (Almería).

A preguntas del parlamentario andaluz del PSOE en Almería José Luis Sánchez Teruel durante el Pleno del Parlamento andaluz, el consejero ha asegurado que dicho protocolo "se está ultimando" y que su departamento "está en contacto directo con el Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio, para acelerar todo el proceso".

Este documento marco constituye para los diferentes actores y ciudadanos de la zona afectada una garantía por la que las diferentes administraciones se comprometen a un trabajo conjunto mediante un procedimiento común.

Para Velasco se trata de un mecanismo que asegurará que "el diseño de las actuaciones que se están realizando se haga de manera participativa" y, una vez firmado, ha explicado que el siguiente paso consistirá en "fijar los objetivos estratégicos y en definir las actuaciones concretas que han de llevarse a cabo para promover el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo en el territorio almeriense de Carboneras".

Esas directrices deberán quedar finalmente reflejadas en el correspondiente convenio de transición justa, que se suscribirá al final del proceso y que tiene como objetivo compensar la pérdida de riqueza y empleo en aquellos territorios afectados por el cese de actividad de explotaciones mineras y de centrales térmicas de carbón y nucleares.

En su intervención, el titular de Transformación Económica ha remarcado que "la Junta de Andalucía pondrá todos los instrumentos disponibles al servicio de la reindustrialización del municipio de Carboneras" y ha confiado en que "este mecanismo de colaboración entre administraciones y de participación ciudadana contribuya a proyectar un nuevo futuro para el crecimiento económico y el empleo de la zona".

Endesa comunicó en diciembre de 2019 su petición de cierre de la planta de Carboneras debido a la pérdida de viabilidad de su actividad. La profunda modificación de las condiciones de mercado, debido al incremento sustancial en el precio de los derechos de dióxido de carbono y a la caída significativa del precio del gas, ha llevado a que esta central haya sufrido una merma de su competitividad en la cobertura de la demanda de mercado. La empresa prevé cerrar la central en junio de 2021.

APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO

Por su parte, el también secretario general del PSOE de Almería ha recordado que el cierre de la central térmica de Endesa supondrá la pérdida estimada de más de 300 puestos de trabajo, por lo que ha reclamado al consejero que "no se quede quieto" y que "lidere las respuestas a la economía de Carboneras" ante la "inacción" del Gobierno andaluz.

Sánchez Teruel ha afeado a los representantes del Gobierno andaluz que "ni siquiera" hayan visitado la zona ni se hayan reunido con los afectados por el cierre de la térmica. "Qué diferencia entre el Moreno que, en la oposición, sí se reunía con los representantes de los trabajadores en la crisis de Cemex en Gádor y que, ahora como presidente, en todo un año, en ninguna de sus visitas ha sido capaz de reunirse con los representantes de las empresas y trabajadores afectados por esta crisis en Carboneras", ha lamentado.

El representante socialista ha asegurado que hasta ahora, por parte del gobierno de PP y Cs "ha faltado cercanía, dialogo, empatía y compromiso con los hombres y mujeres de Carboneras", aunque "lo más grave", a su juicio, es que el presidente "sigue dilatando la puesta en marcha de medidas para ayudar al municipio carbonero".

"Estamos a la cola de las comunidades autónomas de España en cuanto al inicio de este proceso para ayudar a los territorios que se ven afectados por esos cierres empresariales; Aragón y Asturias hace meses que ya firmaron el protocolo con el Gobierno de España y a estas alturas ya han comenzado el proceso, ¿cuándo van a firmarlo ustedes para poder empezar en Carboneras?", le ha urgido.

Además, Sánchez Teruel también ha reprochado que el proyecto de Presupuestos para 2021 presentado por el Gobierno andaluz no reserve "ni una partida para ayudar a crear empleo o a apoyar al tejido productivo en Carboneras", algo que el Grupo Parlamentario del PSOE "luchará por corregir en el trámite de enmiendas".

La Delegación de Salud y Familias en Huelva, a través del Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado-Campiña, ha procedido a la medicalización de la residencia de personas mayores Madre de Dios, en la localidad de Almonte, con el objetivo de reforzar la atención a los usuarios afectados por Covid-19 y apoyar la labor del personal propio de estas instalaciones, tras el brote surgido en la misma que afecta a 42 personas, 21 residentes y 21 trabajadores.

Esta actuación, consistente en la adaptación clínica del espacio residencial y la coordinación asistencial con la atención primaria y hospitalaria de referencia, se adopta en base a la Orden de 20 de marzo de 2020 de la Junta, en la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros de carácter sociosanitario, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia, según ha indicado la Junta en nota de prensa.

Para llevar a cabo este proceso desde el día este jueves el Distrito Sanitario Condado-Campiña aporta profesionales de medicina y enfermería de familia, así como de enfermería gestora de casos y aquel personal necesario para que, junto a la plantilla propia del centro, se garantice la cobertura de los residentes las 24 horas del día, siete días a la semana.

Además, en caso de necesitarse se contempla contar con el apoyo del hospital de referencia, el Infanta Elena. Asimismo, el distrito se encarga de proporcionar los equipos para el tratamiento parental, oxigenoterapia y medicación.

La Consejería de Salud y Familias también tiene activado desde la semana pasada el centro de evacuación de la provincia de Huelva, cuya finalidad es acoger a usuarios de residencias afectadas por Covid-19 que presenten dificultades estructurales para organizar adecuadamente los aislamientos de los casos, exista falta de personal para ofrecer los cuidados o cuando se produzcan situaciones clínicas que puedan mejorarse evacuando a los residentes.

Este nuevo dispositivo, ubicado en las instalaciones de la asociación Frater (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad) en la capital, depende funcionalmente del Hospital Juan Ramón Jiménez. A todos los efectos estos espacios de evacuación se consideran como una residencia más de cara a la activación de atención médica presencial.

La delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, ha trasladado su "más sincero agradecimiento a todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente de atención primaria, implicados en estos procesos de medicalización, así como al personal que trabaja en los centros residenciales", a la vez que ha reconocido "la importante labor de coordinación que desarrolla en este ámbito la Inspección de Servicios Sanitarios".

También ha destacado el "ingente esfuerzo" de la Junta para llevar a cabo estas actuaciones, recordando que en estos momentos en la provincia onubense, además de Madre de Dios de Almonte, se encuentran medicalizadas las residencias de mayores San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto y Hogar Reina de los Ángeles de Aracena, y para personas con discapacidad El Cristo Roto de Gibraleón.

En todos estos centros se cuenta con personal aportado por los Distritos y el Área Sanitaria Norte de Huelva, en función de si se ubican en una u otra demarcación, para ofrecer atención presencial y continuada ante la existencia de casos de Covid-19.

AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte ha estregado este jueves el material que el centro indicó que necesitaba, tales como doscientos litros de lejía, treinta litros de hidrogel, quinientos guantes, seiscientos sacos de basura, mil cuatrocientas bolsas de basura, cincuenta vestimentas de protección desechables, cien batas impermeables, un paquete de papel industrial, y cuatro contenedores.

Asimismo, desde el Consistorio han indicado que están gestionando una labor de desinfección de todo el interior, tarea que tendrá lugar la próxima semana, mientras que este viernes se llevará a cabo una desinfección del exterior del centro.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves 19 de noviembre el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas socialescomplementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, que entró en vigor a principios de este mes de noviembre y con un impacto económico de 180 millones de euros, por 102 votos a favor.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha intervenido para defender el Decreto, que cubre potencialmente a 275.000 personas con un impacto económico total y máximo de 180 millones de euros, según las estimaciones facilitadas por su departamento.

"Se tratan de medidas económicas comprensivas y de calado para salvar las instituciones culturales. Resulta imprescindible y urgente tomar ahora determinadas decisiones y este Real Decreto está dirigido a rescatar personas y a paliar la grave situación económica por la pandemia", ha señalado.

"Las personas deben de ser el centro de nuestras políticas", ha añadido el ministro, quien considera que con la puesta en marcha de estas ayudas culturales "se cierra el círculo de protección al menos" hasta el próximo 31 de enero.

El Real Decreto-ley recoge tres medidas relativas al sector cultural. La primera de ellas supone la ampliación del acceso extraordinario por desempleo de los artistas en espectáculos públicos hasta el 31 de enero de 2021, además de un subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los profesionales taurinos.

El Gobierno estima que la medida que afecta al personal técnico y auxiliar del sector cultural alcanzará a más de 10.000 personas y supondrá un coste de 14 millones de euros, mientras que la ampliación de la prestación extraordinaria por desempleo llegará previsiblemente a 35.567 artistas, con un coste estimado de 95,4 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo.

CRÍTICAS POR LA INCLUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA

Pese a su aprobación, el Real Decreto ha recibido críticas de varias formaciones políticas, en especial por la inclusión del sector taurino en estas ayudas. Así, por ejemplo, la diputada de EH-Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recordado que la fiesta de los toros "está fuera de época", mientras que desde ERC Joan Margall ha cuestionado si "torturar a un animal hasta matarlo es cultura".

También Unidas Podemos, a través de la diputada de En Comú Mar García Puig, ha criticado este texto por la inclusión de la tauromaquia, pese a admitir que las ayudas son "un pequeño paso en reconocer la importancia de la cultura". "Este no es el lugar, la tauromaquia no es cultura sino maltrato animal y nuestra sociedad ha dicho claramente que en su mayoría no quiere toros", ha señalado.

Por el contrario, ha recibido el respaldo de otras formaciones como las del Grupo Popular, cuyo diputado Eduardo Carazo ha asegurado que se trata de "la derrota del sectarismo". "Nos alegramos de que no triunfen las tesis mas radicales: se trata de ser justos con todos y no discriminar a nadie", ha defendido.

La localidad valenciana de Bétera ha aumentado su valor patrimonial con los resultados de las excavaciones en la Villa Romana de l'Horta Vella. Entre los objetos recuperados de gran interés arqueológico ha aparecido una moneda de Cayo Julio Cesar Octaviano, primer emperador de Roma.

Durante el proyecto se han recuperado objetos de gran interés arqueológico, como la moneda de Julio Cesar que fue acuñada en la colonia Victrix Iulia Lepida --después Celsa, en la actual provincia de Zaragoza--, junto a gran cantidad de fragmentos de ánforas, cerámica común, algunos fragmentos de vidrio y objetos de hierro.

Hace menos de un mes que arrancó emprendió la XIII campaña arqueológica en el yacimiento romano y visigodo de l'Horta Vella, habitado entre el I y el IX d.C., para equiparar el valor de las termas ya visitables a la zona norte aún por descubrir. Tras estos hallazgos, el Ayuntamiento de Bétera quiere situarse en el mapa del turismo arqueológico con la museización del yacimiento.

Los resultados de la intervención, en un área aproximada de 250 metros cuadrados, han superado con creces los objetivos: documentar los niveles de ocupación y estructuras constructivas de la época alto-imperial en el sector norte del yacimiento, zona donde la potencia estratigráfica era de más de tres metros.

"Esta campaña muestra, una vez más, el gran valor patrimonial que tenemos en Bétera y el legado que supone para nuestros vecinos", ha celebrado la alcaldesa, Elia Verdevío, al visitar el yacimiento este jueves junto a los co-directores de la excavación, José Luis Jiménez y Josep Burriel.

Destaca la excavación de un conjunto de siete pequeñas dependencias de planta cuadrada, para las que se presume un carácter agrícola, de las que cuatro están completas y otras tres solo parcialmente. Todas se abren a una calle central empedrada de diez metros de largo por 1,55 de ancho, orientada este-oeste y con un excelente estado de conservación, "digno de una calle pompeyana".

Aunque los trabajos finalizan este viernes, 20 de noviembre, a expensas de la interpretación que pueda proporcionar el estudio de los resultados, los responsables del proyecto creen evidente que este sector funcionaría al mismo tiempo que el conjunto termal presidido por una gran 'natatio'".

"Sin duda, esta excavación supone un complemento más a nuestro yacimiento que atraerá al turismo y que potenciará el valor arqueológico de Bétera", ha confiado el concejal de Patrimonio, Joaquín Gómez.

En 2021 se cumplen 20 años desde la primera de las campañas arqueológicas realizadas en la Villa Romana, por lo que la intención es celebrar el aniversario con un nuevo proyecto que siga aumentando el patrimonio del pueblo. Un cumpleaños que se completará con una publicación monográfica del yacimiento.

En definitiva, más de mil metros cuadrados de historia que ubican a Bétera en el mapa del arqueoturismo y que la sitúan como un municipio con historia, raíces y un patrimonio "de valor incalculable".

ANPE Canarias ha considerado este jueves que la conocida como Ley Celaá, la denominada LOMLOE, es un texto "todavía más ideologizada", al tiempo que ha criticado la "falta de diálogo, negociación y consenso" para sacar adelante la misma.

En este sentido, el sindicado ha lamentado la "falta de talante que ha caracterizado a la tramitación y aprobación" de la nueva ley educativa, lo que hace que "le augure una corta vida, puesto que ya la oposición ha anunciado que la modificará o derogará cuando se produzca un cambio de gobierno, como ha ocurrido con otras leyes educativas", según informó ANPE en nota de prensa.

Para ANPE Canarias se trata de un "proyecto apresurado" que tiene como fin derogar la LOMCE "y volver a los postulados de la LOE-LOMCE", si bien con la intervención de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y la "asunción de algunas enmiendas", la propuesta inicial se ha convertido "en un texto todavía más ideologizado mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo".

Al respecto, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, la enmienda pactada donde el castellano deja de ser lengua vehicular "atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no poder recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna".

Así, el sindicato considera que el Gobierno "debe proteger los derechos lingüísticos de todos" sus ciudadanos y apunta que la desaparición del castellano como lengua vehicular "afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes", por lo que confía en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan ante el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado desde ANPE se considera que "quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar". Además, creen que será el alumnado de la enseñanza pública el "más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto".

Por otra parte, la "pérdida" de los contenidos comunes que "adelgazan" el currículo básico y común, que corresponde al Estado, "ahonda más en la desvertebración educativa". Añade que en algunas enmiendas se ha planteado rebajar al 50 por ciento la competencia del Estado al fijar el currículo básico y el otro 50 por ciento a las autonomías, además de que indican que se produce una "pérdida cada vez más evidente" de las humanidades en el currículo.

PROFESIÓN DOCENTE

Asimismo, en lo que se refiere a la profesión docente muestra su sorpresa porque se "deja en manos" de las comunidades autónomas la normativa que regula la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.

Por ello, exige al Ministerio de Educación a elaborar una propuesta, tras escuchar a las comunidades, para ser negociada con los representantes del profesorado.

ANPE propone articular, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. También pide establecer en la futura norma el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes.

"Si no se observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17 sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado. La LOMLOE es la enésima ley educativa de España y estará muy alejada del acuerdo básico o pacto de estado que hubiera permitido sentar las bases de la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que hasta ahora ha tenido como guía el artículo 27 de la Constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", concluye.

El PP buscará fórmulas para frenar en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna los "aspectos más lesivos" de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá'. Se trata de "blindar" a través de decretos u órdenes "la libertad de elección" y "proteger" la educación concertada y especial, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

Esta vía de actuación también forma parte de la ofensiva que ha puesto en marcha el partido de Pablo Casado contra esta norma y que incluye: recogida de firmas en la calle; movilización de los cargos del PP en todas las provincias con actos y reuniones con la concertada y los sectores educativos implicados; y mociones en los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos.

Además, el líder del PP ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional (una vez esté definitivamente aprobada, dado que ahora comienza su tramitación en el Senado) y acudirá a Europa. "Vamos a ir a las instituciones europeas para que se garantice la libertad de elección educativa y la libertad para que se pueda uno educar en la lengua común de todos los españoles", dijo el pasado lunes.

Ahora el PP prepara una nueva pata de esa ofensiva a nivel autonómico y reunirá en breve a sus consejeros de educación para analizar la Ley Celaá y ver qué herramientas jurídicas pueden contrarrestar esta "discriminatoria e ideológica", han añadido las mismas fuentes.

RECUERDAN COMO AGUIRRE PLANTÓ CARA A ZAPATERO

En el PP recuerdan que no es la primera vez que un gobierno autonómico discrepa con el Gobierno central en materia educativa. Como ejemplo, fuentes 'populares' citan la actuación del Gobierno de Esperanza Aguirre, que hizo "bandera" de la educación.

La llegada al Palacio de la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero supuso la suspensión de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había aprobado el Ejecutivo de José María Aznar, pero Aguirre plantó cara entonces al Gobierno socialista con varios decretos para desarrollar la ley educativa del PP.

Ahora, el PP estudiará vías de actuación para "minimizar" el impacto de la Ley Celaá en las comunidades autónomas dónde gobierna y ver de qué manera "garantizar la libertad de elección, y proteger la educación pública, concertada, privada y especial", han añadido las mismas fuentes.

"¿Es una insumisión a la ley? En absoluto. Se trata de ver desde las comunidades autónomas qué aspectos y epígrafes más lesivos vamos a frenar de la Ley Celaá", aseguran a Europa Press las mismas fuentes. El PP gobierna en este momento en cinco autonomías: Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha concluido que, coincidiendo con los momentos "más críticos" de la pandemia, uno de cada tres de los incidentes de ciberseguridad informados ha sido directamente relacionado con el coronavirus, según datos que se desprenden del informe 'El impacto digital del covid-19'.

Según ha informado este jueves en un comunicado, el escenario de pandemia con los ciudadanos encerrados en sus hogares haciendo un uso intensivo de Internet --el tráfico de datos aumentó un 30% en un solo mes--, "incentivó un interés desatado" por todos los contenidos de la red que tenían que ver con el Covid-19.

Los cibercriminales han aprovechado esta demanda de información para llenar Internet de dominios maliciosos de temática relacionada con el coronavirus, de manera que, entre el 9 de marzo y el 27 de abril de 2020, se detectaron 1,2 millones de dominios que contenían 'Covid' como término clave y de estos, unos 86.000 eran maliciosos.

El cibercrimen también ha sacado provecho de la situación a través de estafas relacionadas con la necesidad de material sanitario, la adquisición de los bienes de consumo 'online' "más pedidos durante el confinamiento" y, por último, ayudas económicas para paliar los efecto de la crisis.

El 'phishing' ha sido el método "preferente de los cibercriminales" durante la pandemia, de hecho, Gmail ha llegado a bloquear 18 millones de mensajes diarios de 'phishing' donde se suplantaba la identidad de organismos oficiales o empresas, según el informe.

LOS TROYANOS, LOS MÁS DETECTADOS

Los troyanos especializados en el robo de información son la tipología de malware más detectada que, entre el 13 de febrero y el 1 de abril de 2020, el 65% del 'phishing' de temática covid-19 contenía 'infostealers', unos software maliciosos diseñados para capturar "información sensible".

Por lo que respecta a la implantación del teletrabajo, el informe destaca "la multiplicación por seis de los ataques de fuerza bruta contra puertos RDP", que son los que permiten la comunicación en la ejecución de una aplicación entre un terminal y un servidor de cualquier tecnología.

'APPS' DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19

En cuanto a las aplicaciones de seguimiento del Covid-19, los cibercriminales han aprovechado la urgencia en su desarrollo para hacer robos de la información personal recopilada, difundir duplicados maliciosos de las aplicaciones oficiales o suplantar las autoridades sanitarias en las tareas de rastreo de positivos.

Asimismo, el informe concluye que "todavía no se disponen de todos los datos para poder evaluar el impacto real de la pandemia en materia de ciberseguridad y confianza digital".

La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) ha lamentado este jueves "la falta de consenso y la consiguiente falta de estabilidad" para el sistema educativo español.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente de Fedadi, Raimundo de los Reyes, después de que el Pleno del Congreso haya aprobado el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

"Desde la consideración de que la derogación de la LOMCE resulta necesaria y urgente, queremos apostar e instar a los representantes de la ciudadanía, sea cual sea su ámbito o escenario de representación, por un trabajo futuro encaminado a que no haya más reformas de la ley de educación que salgan adelante sin el respaldo de un acuerdo ampliamente mayoritario y con el compromiso de su mantenimiento en el tiempo", ha declarado.

En este sentido, ha explicado que quienes están "en el día a día de la docencia" necesitan diseñar sus proyectos de trabajo "sabiendo que el margen para la consecución" de sus objetivos "va más allá del siguiente cambio de gobierno".

"La estructura del sistema, inalterado desde la LOGSE, debe ser sometida a una profunda revisión, con la extensión hasta los 18 años de la edad obligatoria, la reducción de la actual ESO y la ampliación de cursos en Bachillerato o FP, el propio título de Secundaria que no existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, el establecimiento vías de segunda oportunidad y la revisión de la repetición como herramienta", ha precisado.

A su juicio, son cuestiones "de verdadero calado" que, atendiendo a los estudios e informes sobre educación, "deberían formar parte protagonista del debate en lo sucesivo, mucho más que las cuestiones que ahora se airean".

Por otra parte, en cuanto a las novedades que introduce o recupera el nuevo texto, ha destacado que "son sin duda encomiables las que responden a las necesidades que el paso de estos años ha sumado a la tarea educativa, como las derivadas de la agenda 2030, las que introducen previsiones de cara a futuros escenarios de emergencia o el combate de la brecha digital, entre las primeras, o la recuperación del consejo escolar como órgano de gobierno y de los programas de diversificación curricular entre las segundas".

También considera "importante la apuesta por la equidad real del sistema, equiparando requerimientos y respuestas exigibles a todos los tipos de centros que se sostienen con el erario público", y "priorizando la atención a las demandas y necesidades de la población con la herramienta pública".

No obstante, ha añadido que "en el debe" del nuevo texto habrá que anotar "el escaso avance en la incentivación y mejora de la profesión docente y particularmente en la profesionalización del ejercicio de funciones directivas, así como en el establecimiento de principios de transparencia, elementos esenciales para avanzar en la autonomía de los centros, también señalada como factor necesario para la mejora del sistema educativo en incontables textos de referencia, y que hasta ahora es poco más que una falacia".

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada 'Ley Mordaza', es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla --siempre que se respeten las garantías legales--, salvo en lo tocante a las grabaciones "no autorizadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

El TC solo ha declarado la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, ha declarado constitucional el régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente, por considerar que se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según esta doctrina, "el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", de modo que "la actuación material (será constitucional), sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera".

A esto, el TC ha añadido que "el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español".

"En todo caso", ha subrayado, "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables", entre las que ha mencionado los menores de edad, las embarazadas o las personas de edad avanzada.

SENTENCIA DEL TEDH

Para alcanzar esta conclusión, el TC ha tenido en cuenta la la resolución dada a conocer el pasado mes de febrero por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que 17 magistrados de este órgano dieron la vuelta a la sentencia emitida por la propia Corte de Estrasburgo en octubre de 2017, cuando se condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.

Esta nueva jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha sido acogida por el tribunal de garantías y supone un cambio respecto a la propuesta inicial del ya ex magistrado de corte progresista Fernando Valdés, quien abandonó su cargo hace algunas semanas tras ser procesado un supuesto delito de malos tratos a su esposa.

La salida de Valdés y sobre todo la aplicación de la doctrina del TEDH sobre este último asunto propició una nueva discusión y un cambio de criterio que inicialmente estaría avalado, según las mismas fuentes, por los cuatro magistrados que integran el grupo de estudio creado para estudiar este asunto y lograr el máximo consenso en su resolución.

La sentencia se ha adoptado por la mayoría del Pleno del TC. Han votado en contra los magistrados María Luisa Balaguer Callejón y Cándido Conde-Pumpido Tourón, aunque solo la primera redactará un voto particular.

ARTÍCULOS INCONSTITUCIONALES

Otros artículos de la Ley, los *36.23, 37.3 y el 37.7 , el TC señala *son inconstitucionales siempre que se interpreten que señalará la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

En este sentido, el artículo 36.23 sobre la difusión de las imágenes grabadas señala *que término "uso" debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera captación no seguida de publicación o difusión; y el término "imágenes o datos personales o profesionales" comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información.

También cuestiona el artículo *37.3, que califica como infracción leve "el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal (*) cuando provoquen alteraciones menores (*)". Deben interpretarse en el sentido de que esas alteraciones menores tienen que ser relevantes, es decir, de una determinada entidad y gravedad. En cuanto al *37.7, que *tipifica como infracción leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda (*) en contra de la voluntad de su propietario (*) cuando no sea constitutiva de infracción penal; el tribunal entiende la sanción como infracción leve no puede ser considerada como límite desproporcionado, dado que la ocupación se ha realizado contra la voluntad del propietario o titular de un derecho real.

Sobre el *párrafo segundo de dicho apartado, que sanciona "la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto en la Ley", *la sentencia entiende que es constitucional porque, a pesar de tratarse de una norma sancionadora en blanco, el núcleo esencial de la prohibición se encuentra en la misma, y queda completado con la referencia a otras normas de rango legal, no pudiendo estas a su vez ser completadas por normas reglamentarias. Respecto al resto del contenido del art. 37.7, entre otros, el apartado "se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada", el Tribunal desestima la impugnación y no lo declara inconstitucional, con sujeción al principio de legalidad.

Además, la sentencia avala la protección de dos bienes jurídicos. Por un lado, la especial significación institucional que tienen las instituciones parlamentarias y por otro, el normal funcionamiento de estos órganos. Además, resulta constitucional el apartado segundo, en su integridad, comprendiendo los términos "aunque no estuvieren reunidas".

También se declara constitucional el art. 20.2 LOPSC relativo a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar registros corporales externos. La sentencia explica que dicha práctica "no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana".

El Tribunal entiende que esta actuación deberá basarse en el principio de proporcionalidad, de modo que solo procederá cuando resulte idónea para la protección de la seguridad ciudadana.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 178 nuevos positivos y un fallecimiento a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, de forma que el total acumulado es de 22.604 casos notificados y 401 muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas.

Según los datos de la Conselleria de Salud, se han detectado 158 pruebas de diagnóstico positivas en las últimas 24 horas, seis menos que este miércoles, y la tasa de positividad se sitúa en el 4,5%.

Desde el inicio de la pandemia se han realizado en la comunidad 575.627 pruebas, de las cuales 3.496 se han llevado a cabo en el último día.

Por otra parte, en estos momentos el Servicio de Salud atiende a 4.037 personas a causa de la COVID-19. Hay 233 ingresos en planta (dos más que este miércoles) y 45 pacientes en UCI (tres menos que ayer). Asimismo, en las últimas 24 horas se han registrado 28 altas hospitalarias y 156 curados en Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca hay 171 ingresos en planta activos (37 en UCI), en Ibiza hay 40 pacientes hospitalizados (seis UCI activas) y en Menorca son 22 los ingresos en planta (dos en UCI).

Respecto a los casos en las residencias de mayores de Baleares, en estos momentos hay 87 usuarios y 88 profesionales con contagio activo. Además, hay 80 residentes hospitalizados. En cuanto a los fallecidos en residencias, la cifra se mantiene en 190 muertes desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, hay 95 profesionales sanitarios con contagio activo y 234 casos en vigilancia.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que mantiene la confianza en todos los consellers del Govern después de la crisis entre ERC y JxCat por las filtraciones del plan de apertura para flexibilizar las restricciones por la pandemia.

"Yo mantengo la confianza con todos los miembros del Govern", ha afirmado en rueda de prensa telemática junto a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en la que han presentado el plan de la Generalitat para empezar a levantar las restricciones ante la segunda ola del Covid-19.

Aragonès ha hecho autocrítica sobre cómo se ha comunicado este plan a la ciudadanía, ya que lamenta que se hayan filtrado borradores y planes que todavía no se habían cerrado, pero ha defendido que este asunto se ha resuelto: "Lección aprendida".

Ha sostenido que la contraposición y discusión de ideas en el Govern sobre las medidas para luchar contra la pandemia se debe mantener dentro del Ejecutivo catalán y no puede trascender a los medios de comunicación: "Aceptamos la responsabilidad de corregir lo que debamos corregir".

El vicepresidente ha dicho que no conoce quién filtró el plan a los medios de comunicación y ha advertido de que, si lo supiera, le exigiría todas las responsabilidades: "Ante cualquier filtración que se pueda producir evidentemente si se constata quien tuviera la responsabilidad las debería asumir".

Ha insistido en que él y todos los miembros del Ejecutivos están centrados en gestionar la pandemia y no en las polémicas entre ERC y JxCat, y ha recalcado que "lo que importa de un Govern son las decisiones" que toma.

Asimismo, ha reivindicado que los órganos del Govern en los que se toman las decisiones contra la pandemia, como el comité de crisis que abandonaron los consellers de ERC el miércoles en protesta por las filtraciones, siguen funcionando: "Funcionan y continúan funcionando todos. Yo soy el primero que lamento profundamente, me indigno profundamente cuando se haya podido filtrar algún documento. Pero lo que importan son las decisiones que se toman".

Por eso, ha llamado a superar las "visiones de partido" y a trabajar de forma colectiva, y ha subrayado que los socios del Govern se han conjurado para seguir trabajando y dejar de lado la polémica.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Preguntado por si puede aclarar por qué el miércoles en el Parlament pidió a los medios de comunicación que no publiquen las filtraciones, Aragonès ha reconocido que no se expresó "con el rigor que hubiera sido necesario".

"A quien apelo a la responsabilidad es a aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno. Somos nosotros los que nos tenemos que responsabilizar de que lo que son documentos de trabajo o borradores no se trasladen públicamente hasta que no estén cerrados", ya que cree que esto solo genera confusión y es una falta de respeto a la ciudadanía, ha añadido.

El diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Ángel Tomás Godoy se ha defendido de las críticas vertidas por PP y Ciudadanos por el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado asegurando que el PSOE castellanomanchego, liderado por Emiliano García-Page, ha dicho "alto y claro, como pocos", que no quiere el apoyo de Bildu. "Y esto --ha señalado-- lo decimos siendo conscientes de las magulladuras que eso nos supone en el partido".

Ha sido desde la tribuna del salón de plenos de las Cortes regionales donde este jueves se debate sobre los pactos alcanzados por el Gobierno de España en materia presupuestaria y sus repercusiones para Castilla-La Mancha a petición del PP.

"Creo que la postura de este partido y de este Gobierno es meridianamente clara con lo que respecta al apoyo de Bildu, tienen que pedir perdón a las víctimas, pero sobre todo deben demostrar que están arrepentidos y que en ese partido no cabe nadie que apoye la violencia de ETA", ha afirmado el parlamentario socialista.

Ángel Tomás Godoy ha manifestado que el presidente de Castilla-La Mancha es reconocido por todos los castellanomanchegos y por todos los españoles por defender la Constitución, la unidad de España y estar en contra de aquellos que usan la violencia.

"Todos tenemos a lo largo de nuestra historia nuestros errores", ha admitido el socialista, quien ha pedido al PP, que por una vez, sean un partido "responsable" con este país y "sean patriotas". "Este es el momento más complicado de este país desde la Guerra Civil", ha destacado Godoy, quien ha dicho que este país no se puede permitir no aprobar los presupuestos y por ello, ha pedido al PP que, por una vez, podrían abstenerse aunque no le gusten los presupuestos.

Ha sido en este punto cuando ha recordado a los 'populares' que el PSOE, sin gustarle Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se abstuvo para facilitar la gobernabilidad de España siendo consciente de que lo que lo que esto iba a suponer para el PSOE.

CIUDADANOS Y EL ACUERDO "ABERRANTE"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha afirmado que es "aberrante" que un partido con memoria histórica como el PSOE pacte con Bildu. "El acuerdo con Bildu es absolutamente despreciable y hay muchos socialistas con un nudo en la garganta", haciendo alusión a las palabras de Alfonso Guerra.

Según ha lamentado, el PSOE, por mucho que en la región "se disfrace de moderado", es el mismo PSOE de Pedro Sánchez. "Hasta hace nada el PSOE decía que no negociaría nunca con Bildu", ha recalcado Picazo, quien ha advertido de que el PSOE se ha convertido en "un peligro para la sociedad" y se ha convertido "en un club de fans de Pedro Sánchez. "Es una realidad que el PSOE ya tiene más en común con Pablo Echenique que con Felipe González", ha proseguido.

Ha declarado que el mito de que el PSOE de Page es "más moderado, más sensato y más centrista" se hará "añicos" si en las resoluciones de hoy no voten en contra de que se haga esa alianza con Bildu.

La portavoz de los diputados de la formación naranja está convencida de que este apoyo de Bildu sí afecta a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha puesto de manifiesto la mano tendida de Inés Arrimadas para que el Gobierno de Sánchez no tenga que firmar unos presupuestos condicionados por los separatistas. "Este es un gobierno que no nos gusta", pero Cs está dispuesto a colaborar para lograr que estas cuentas sean mejores para las familias y empresas españolas.

"Ciudadanos seguirá trabajando para evitar un mal mayor porque España se lo merece y más aún en esta situación", ha aseverado.

PP y EL ODIO QUE GENERA EL PSOE

Por su parte, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha expresado que el acuerdo del PSOE con Podemos es "perjudicial" para Castilla-La Mancha y el acuerdo del PSOE con ERC y Bildu es "nefasto" para España, para la región y "para la pasión" que tanta gente le pone para sacar adelante su tierra. "Pactar con quien quiere romper España nunca puede ser positivo, es un pacto antinatura".

En esta misma línea, ha apostillado que mientras el PSOE genera "odio" y "cava trincheras", el PP prefiere levantar persianas y ayudar a quien cada día acude a su puesto de trabajo para sacar adelante a este país. "Ustedes, los del PSOE de Page y Sánchez, son los que tienen un acuerdo con Podemos, aquellos que admiran a Nicolás Maduro", ha advertido Paco Núñez, quien ha recordado "a aquellos que se rasgan ahora las vestiduras" que el primer acuerdo de gobierno que tuvo el partido de Pablo Iglesias para formar parte de un gobierno fue en Castilla-La Mancha, de la mano de Emiliano García-Page.

Por parte del PP también ha tomado la palabra Ana Guarinos, quien ha arremetido contra el PSOE por haber cruzado "todas las líneas rojas posibles", decidiendo que "el brazo político de una banda terrorista, que no ha condenado el terrorismo y no ha pedido perdón, decidan el futuro de España y el de Castilla-La Mancha".

Le ha dicho a Page que sus palabras "no tienen ningún valor" y que él podría evitar lo que hoy está pasando en España. "Si no lo hace es porque no quiere", ha advertido Guarinos, quien ha añadido que "la hipocresía se ha convertido en el mejor compañero de viaje de Page".

La compañía Enagás ha organizado por segundo año una mesa redonda con mujeres empresarias de distintos ámbitos, con motivo del Día de la Mujer Emprendedora, y en ella se ha animado a las mujeres a considerar el emprendimiento como una opción y se ha reflexionado sobre el aprendizaje de todo proceso de este tipo.

Según ha informado la compañía, la iniciativa se enmarca en la apuesta de Enagás por la innovación y el emprendimiento y al mismo tiempo, en su compromiso con la igualdad y la diversidad de género. En este espacio, celebrado este año de forma virtual, han reflexionado sobre las oportunidades que tiene el emprendimiento femenino en España y los retos que plantea.

"Emprender no es para todo el mundo, necesitas saber a qué te enfrentas y la clave para triunfar es estar pendiente y dar con una necesidad, con algo que necesite el cliente", ha afirmado Andrea Barber, CEO de RatedPower, para la que también "hacen falta figuras femeninas actuales y alcanzables".

En el foro, las mujeres emprendedoras han analizado cómo eventos de este tipo pueden ser el punto de inicio para motivar a otras mujeres al emprendimiento y también cómo el aprendizaje es algo común a cualquier proyecto emprendedor, tenga éste éxito o no.

Así lo ha dicho la vicepresidenta de New Business en Cabify, Lucía Chávarri, que considera que el apoyo externo y aceptar el fracaso como parte del proceso son aspectos "imprescindibles". En ese sentido, la cofundadora de Biochemigas y participante del programa Ingenia Business de Enagás, Ana Aladid, cree que su experiencia como emprendedora es un "aprendizaje continuo". En su opinión, "cuando algo te motiva, a pesar de que siempre corres ciertos riesgos, hay que ir a por ello ya que tengas éxito o no, siempre aprendes algo".

Por otro lado, las empresarias han reflexionado sobre la contratación de mujeres y la financiación de proyectos y Chávarri ha defendido que es "fundamental" que las startups fomenten la contratación femenina para que estas puedan, en un futuro, animarse a emprender.

De inversiones, además de buenas ideas, ha hablado Laura Urquizo, CEO y socia de Red Points, algo, a su juicio, básico para que el ecosistema de emprendimiento sea "sano". "Las mujeres, lo primero que tenemos que hacer es considerar el emprendimiento como una opción", ha señalado Urquizo.

FOMENTO DE LA IGUALDAD

Por su parte, la directora de Personas y Bienestar de Enagás, Susana Toril, ha destacado la labor que Enagás está desarrollando desde hace años para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las iniciativas, como esta, que ponen en valor la innovación y la diversidad en la compañía.

En ese sentido, el director general de Enagás Emprende, Fernando Impuesto, ha incidido en que todavía queda mucho por hacer para que la innovación y el emprendimiento se contemplen desde una perspectiva global.

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO

Enagás cuenta con un Programa de Emprendimiento Corporativo e Innovación Abierta, Enagás Emprende, para apoyar e impulsar ideas y proyectos empresariales, tanto internos como externos, que contribuyan al proceso de transición ecológica y descarbonización.

Desde 2015, Enagás Emprende ha invertido en un total de 14 empresas, 8 de ellas ideadas por profesionales de la compañía y 6 startups externas. En la cuarta edición y por segunda vez consecutiva ha ganado una startup liderada por una mujer. Después de BioEnGas, ha sido el turno de Orchestra, especializada en membranas selectivas de captura de CO2.

Enagás trabaja desde hace años en la diversidad e igualdad de oportunidades y ha conseguido importantes avances en este ámbito, como el lanzamiento de iniciativas de formación, coaching y networking para potenciar el talento femenino e impulsar el incremento de la participación de mujeres en puestos de responsabilidad.

La Diputación de Teruel (DPT) quiere impulsar a la provincia como territorio cinematográfico. Así lo ha explicado el presidente, Manuel Rando, durante una reunión de trabajo con los productores depelícula 'Centauro' y de la plataforma audiovisual Netflix celebrada en Alcañiz. Tanto la institución provincial como Motorland Aragón y el Gobierno de España ha colaborado con la producción del filme, que se rueda estos días en el complejo de Motorland Aragón.

En la reunión, que también ha contado con el diputado delegado de Turismo de la DPT Diego Piñeiro, los productores de la película, Gaël Nouaille y Adriá Monés de Borsalino Productions, el alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland, Ignacio Urquizu y el subdelegado del Gobierno José Manuel Morro, se ha repasado el plan de rodaje de la película en el territorio turolense y analizado sus necesidades inmediatas.

Tanto la responsable de Relaciones Institucionales de Netflix como los productores del film han querido expresar a la Diputación de Teruel su agradecimiento por el apoyo recibido en el proceso de producción de "Centauro" y la labor de coordinación con el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para definir las localizaciones. Después de Motorland Aragón, el rodaje se trasladará a la Comarca del Jiloca, a la autovía A-23.

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT) ha explicado que "al surgir la posibilidad de celebrar esta reunión con Netfilx y los productores de la película, les hemos querido trasladar nuestros planes para el futuro de la provincia como un territorio de rodajes, de cine, publicidad o televisión".

Rando ha agradecido la predisposición tanto de Netflix como de los productores de la película. "Como profesionales del mundo del cine que son, nos han dado su opinión ante nuestros planes, en los que estamos trabajando desde hace tiempo atendiendo a las potencialidades de nuestro territorio", ha dicho.

"Son los propios profesionales del mundo audiovisual los que nos sorprenden cada día con su interés. Siempre hemos estado seguros de que esta provincia cuenta con escenarios de lujo, ahora nos damos cuenta de que, si los damos a conocer, pueden ser también escenarios de cine", ha apostillado Rando.

En este sentido, el presidente ha destacado el trabajo de pioneros como la Film Lonely Lands, la film commission de la Comarca del Jiloca, "porque su trabajo y colaboración nos está sirviendo como acicate e inspiración para trabajar en una plataforma de carácter provincial, en la que estemos representados y nos beneficiemos todos los turolenses".

Por su parte, el vicepresidente de Motorland Aragón, Ignacio Urquizu, ha señalado que el rodaje en el circuito "es todo un privilegio porque nos va a dar una visibilidad como la que yaofrecen muchos de los eventos deportivos que celebramos a nivel mundial, y permitirá que en el mundo de la cultura y del cine cientos de millones de personas también conozcan estas instalaciones y nuestro territorio.

Para Urquizu esta oportunidad es una muestra de que "las cosas se están haciendo bien" en unas instalaciones, "de categoría mundial, seguramente una de las más modernas del mundo", de las que ha valorado su versatilidad. "Este puede ser el punto de partida de futuras colaboraciones, porque estas instalaciones están disponibles para distintos proyectos que las puedan utilizar".

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, ha mencionado "la voluntad del Gobierno de España para facilitar en todo lo posible un rodaje muy complejo" en el que está participando activamente la Guardia Civil y la Unidad de Carreteras del Estado.

BENEFICIOS PARA EL TERRITORIO

El rodaje de la película "Centauro", dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Álex Monner, Begoña Vargas y Carlos Bardem, narra la lucha de un joven adicto a las emociones fuertes y a la velocidad por convertirse en un piloto profesional de motociclismo.

Calificado como "thriller adrenalítico" estará en localizaciones turolenses durante dos semanas, con hasta 180 personas en el equipo de rodaje por día. Su presencia supone, por ejemplo, la contratación de más de 400 figurantes, la colaboración con empresas locales cinematográficas, de catering o de transporte, así como más de un millar de noches de hotel.

"Facilitar los rodajes de cine, de televisión o de publicidad es una apuesta por el desarrollo económico de nuestra tierra. Nuestro objetivo es siempre dinamizar nuestro territorio y tenemosclaro que este es uno de los caminos que tenemos que trabajar", ha asegurado Manuel Rando, antes de recordar, como un ejemplo, el proyecto del espacio de servicios audiovisuales en la capital turolense que impulsa la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y que tendrá presencia en la convocatoria 2020.

El presidente provincial ha agradecido finalmente la predisposición de Motorland Aragón y de la Subdelegación del Gobierno para conseguir que el rodaje de 'Centauro' en la provincia deTeruel sea hoy una realidad. Rando ha remarcado lo siguiente: "Espero que para la productora y para Netflix suponga una buena experiencia. Seguro que así repetimos pronto con alguna otra producción".

El presidente de la Diputación de Teruel, el alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland han recibido como obsequio, por parte de la productora Borsalino Productions uno de los cascos de moto que ha utiliza el protagonista en la película. En el casco están las firmas del propio Álex Monner y del director, Daniel Calparsoro, además de una dedicatoria que reza asú: "Gracias Teruel por vuestra cálida acogida. Equipo Centauro"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, han presentado este jueves el Plan de apertura del Ejecutivo catalán para flexibilizar las restricciones aplicadas para hacer frente a la segunda ola del coronavirus y han anunciado que bares y restaurantes podrán abrir a partir del lunes entre las 6.00 hasta las 21.30 horas, aunque tendrán restricciones.

En rueda de prensa telemática después de aprobar el plan, han explicado que desde el lunes las terrazas de bares y restaurantes podrán abrir con un máximo de cuatro personas por mesa, y en el interior tendrán que cumplir un aforo del 30%, también con un máximo de cuatro personas por mesa, y en ambos casos se deberá respetar una distancia de dos metros.

La Generalitat también permitirá en esta primera fase del plan la reapertura de actividades culturales, ya que cines, teatros y salas de concierto podrán abrir con un aforo del 50% y un máximo de 500 personas, mientras que bibliotecas, museos y salas de exposición ampliarán su aforo permitido del 33% actual al 50%.

Otra de las actividades que se reabrirá a partir del lunes es la deportiva: se abrirán instalaciones deportivas al aire libre con un aforo máximo del 50% y control de acceso, y los equipamientos cerrados, como pabellones y gimnasios, con un aforo del 30% con cita previa y sin vestidores, excepto las piscinas que sí que podrán utilizarlos.

Los centros comerciales seguirán cerrados y los establecimientos de más de 800 metros cuadrados, que tenían restringido su espacio hasta dicha superficie, podrán disponer de toda su dimensión con un 30% de aforo.

Asimismo, otra de las novedades a partir de la semana que viene es que actos religiosos y ceremonias civiles se podrán celebrar con un 30% del aforo, y se podrán realizar actividades extraescolares hasta un máximo de seis alumnos.

En esta primera fase, que durará 15 semanas si la situación epidemiológica sigue mejorando, seguirán limitadas las reuniones a un máximo de seis personas, se mantendrá el toque de queda nocturno, el confinamiento perimetral de Cataluña y el confinamiento de municipios de fin de semana.

"NO QUEREMOS CORRER"

Aragonès ha defendido que el plan pretende hacer compatible la recuperación de la actividad social y económica con la responsabilidad sanitaria, y ha advertido de que, pese a que la tendencia de la pandemia en Catalunya está mejorando y se ha superado el peor momento de la segunda ola, la flexibilización debe ser progresiva para evitar un rebrote como en verano: "No queremos correr y no podemos".

Tanto él como Budó han apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para seguir limitando la interacción social con el objetivo de no acelerar el inicio de una tercera ola, y han subrayado que es un plan de reapertura y no de "desescalada", ya que insisten en que todavía están gestionando la segunda ola de la pandemia y que la situación sanitaria sigue siendo grave.

Budó ha destacado el Govern ha tenido en cuenta "el binomio social y economía" para elaborar este plan, y por eso han hablado con todos los sectores afectados, y ha reclamado a empresas, patronales y sindicatos un compromiso para fomentar el teletrabajo.

CUATRO FASES

Aragonès ha explicado que el plan se divide en cuatro fases de 15 días cada una pero ha matizado que su evolución "dependerá de los indicadores sanitarios", por lo que estarán sujetas a la situación epidemiológica derivada de la pandemia.

De esta manera, el vicepresidente ha argumentado que la previsión para el despliegue total del plan es de dos meses pero que tendrán que mirar las cifras sanitarias "por si hace falta ralentizar las medidas" e incluso retroceder a tramos anteriores.

Así, la segunda fase, que debería comenzar el 7 de diciembre, prevé la apertura de los centros comerciales al 30% de su aforo, mientras que el de los comercios y mercados sedentarios pasará a ser del 50%, así como un incremento hasta el 70% de su capacidad en cines, teatros, auditorios y salas de concierto y un máximo de 500 personas en caso de tener un aforo mayor, y se ampliará el aforo para abrir interiores de bares y restaurantes al 50% del aforo.

El tercer tramo del plan --previsto para el 21 de diciembre-- contempla ampliar la limitación de las actividades sociales a un máximo de 10 personas, es decir, dos burbujas de convivencia habituales.

En esta tercera fase también se incluye la ampliación del aforo en el ámbito deportivo al 70% si es al aire libre y al 50% en el interior, así como la prohibición del uso de los vestuarios a excepción de las piscinas.

Por último, en el cuarto tramo del plan se recuperará la presencialidad en el bachillerato y en las universidades, y también en las actividades extraescolares, así como que se retomarán las competiciones deportivas, y cines, teatros y salas de concierto podrán abrir con un 70% de aforo y un máximo de 1.000 personas.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha no ha conseguido recabar el apoyo de la mayoría de la Cámara para instar al Gobierno autonómico a instalar unidades de ventilación con filtros de aire en todos los espacios públicos cerrados de la Comunidad Autónoma para luchar contra el coronavirus, después de que la mayoría del PSOE rechazara esta sugerencia amparándose en la "poca eficacia" de estos instrumentos.

El encargado de defender esta propuesta naranja ha sido el diputado guadalajareño Alejandro Ruiz, quien desde la tribuna de oradores ha sido muy crítico por la falta de previsión en verano de cara a equipar espacios cerrados con este tipo de tecnología.

La propuesta de Cs "atañe a centros de la Junta, como espacios educativos", y pasa por instalar este tipo de filtros de aire para combatir un virus "que se transmite por aerosoles".

Incluso, ha dicho, en el propio salón de plenos donde se suscitaba el debate no se toman las medidas suficientes, según Ruiz, quien ha acusado a algunas de sus señorías de hasta no llevar bien colocada las mascarillas durante la sesión.

"Esto es muy serio. Habrá aulas en invierno con ventanas abiertas. Y los niños irán a ver a sus abuelos en Navidad", ha apuntado Ruiz, quien se ha preguntado igualmente si hay medidores de dióxido de carbono para los espacios escolares.

Este es un tema "grave e importante que se está tomando a la ligera", a lo que ha sumado la falta de instrucciones para los centros escolares de toda la región.

PP DESVELA QUE LAS AMPAS RECAUDAN DINERO POR SU CUENTA PARA COMPRARLOS

Por parte del PP, el diputado Juan Antonio Moreno ha sido el encargado de fijar la posición de su grupo, y durante su intervención ha considerado que incluso el Ministerio de Educación ya ha dado instrucciones para acometer este tipo de actuaciones para proteger del coronavirus en espacios cerrados.

Pero, ha dicho, el Gobierno de la región "ni se plantea" poner en marcha este extremo, ya que según ha recordado ya han descartado en intervenciones en el pasado la instalación de estos aparatos.

"Parece que ustedes van por libre. Ustedes se niegan a comprar filtros y al tiempo dicen que los centros son libres para hacer lo que crean oportuno", ha dicho, revelando que algunas AMPAs a lo largo de toda la región están recaudando dinero entre los padres y madres de alumnos para la adquisición de estos equipos.

Esto "no es entendible" para el parlamentario albaceteño en un contexto próximo al invierno que requiere una "respuesta" en cuanto a la ventilación de las aulas.

En ambientes interiores, ha afirmado, puede haber presencia de COVID-19, por lo que urge acometer esa purificación del aire en espacios cerrados.

PSOE: "SU EFICACIA NO ESTÁ PROBADA"

La parlamentaria socialista Diana López ha argumentado desde el estrado la postura negativa del PSOE, suficiente para tumbar la iniciativa, apuntando que en esta Proposición No de ley se pide "gastar dinero en algo que no se sabe si servirá", ya que esta medida "está poco probada".

Incluso, ha dicho, los propios fabricantes no pueden vender su producto alegando que se purifica el aire del virus, al ser un extremo que no está probado.

Ha hecho cuentas de cuánto podría costar la instalación de este tipo de herramientas en los centros escolares, tasando en 21,6 millones de euros la cantidad total.

"Si ponemos dinero en la cesta de los filtros hay que sacar el dinero de otra cesta y para todo no hay", ha dicho López, quien ha afirmado que "está claro que la Consejería de Educación ya ha desgranado todas las inversiones en la COVID", empezando por una aportación extra de 120 millones para poder poner en marcha el curso escolar.

Por ello, "es necesario gastar dinero en medidas eficientes que de verdad van a servir para luchar contra el coronavirus".

RUIZ CARGA CONTRA LÓPEZ

En la réplica, Ruiz, visiblemente enfadado, ha cargado contra el papel de "comisaria política" ejercido por Diana López. Ustedes no quieren invertir ni un duro en la salud de los castellanomanchegos. Y usted ha dicho aquí que no está contrastada la eficiencia de los filtros... Busque usted y verá todos los artículos que quiera del mundo", ha señalado, citando, por ejemplo, al doctor José Luis Jiménez.

"Dígale usted a los alumnos de Castilla-La Mancha que tienen que pasar frío mientras usted está calentita en su casa", ha cargado Ruiz, acusando a López de "palabrería vacía para justificar lo injustifica

El 'popular' Juan Antonio Moreno ha retado al Gobierno autonómico a suprimir todos los altos cargos para recabar los 21 millones de euros estimados para comprar los filtros de aire.

Para Moreno, el PP tiene "el convencimiento de que es una herramienta necesaria" en un escenario de "dar máxima seguridad en el ámbito educativo" y en los centros y espacios cerrados.

La socialista Diana López ha vuelto al estrado para responder las réplicas, al tiempo que ha defendido la gestión de la Consejería de Educación.

Donde el Gobierno del PP hubiera hecho recortes en inversión, este Gobierno ha puesto el filtro de invertir más para garantizar los desdobles", ha afirmado.

RODRÍGUEZ DEFIENDE LA VENTILACIÓN FRENTE AL FILTRADO

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha cerrado el debate pidiendo la palabra para intervenir y replicar al parlamentario de Cs Alejandro Ruiz, a quien le ha pedido "no enfadarse", ya que el pleno es un foro para "contar las cosas como uno las ve. "El argumentario y no el tono tiene que definir el discurso", le ha espetado.

Así, le ha afeado que no haya hablado de la "correlación entre la implementación de esos filtros y la presencia del virus en las aulas", ya que "realmente no existe una correlación" entre los instrumentos y el COVID-19.

Ha repasado algunas medidas recomendadas en el mes de junio como las cortinas de ozono y luces ultravioleta, estrategias que finalmente resultaron no tener ninguna validez, incluso se demostraron perjudiciales.

Con todo, ha abundado que su departamento ha sido "serio y riguroso" en la aplicación de medidas más allá del "populismo" de iniciativas como la planteada por Ciudadanos.

En esta línea, ha enfatizado, en su hoja de ruta "no está perjudicar a nadie", y se han tomado las medidas indicadas por "personas con autoridad suficiente".

Ha hecho referencia a la situación en otro tipo de aulas como las de la UAH o la UCLM, que no han incorporado esta tecnología. "Claro que sabemos que ha llegado el invierno, pero me pregunto si ustedes saben que ha llegado la pandemia", ha apuntado, reivindicando que su equipo "nunca ha dejado de lado" a la comunidad educativa.

CELEBRA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Igualmente, ha sacado pecho por el resultado de las medidas implementadas desde el principio de curso en las aulas castellanomanchegas, al tiempo que le ha asegurado que, en caso de tener constancia de que este tipo de filtros da resultado, se pondría en marcha una estrategia para dar cumplimiento "gastando lo que sea necesario".

"Sólo un 0,38% de las aulas de la región han estado confinadas. Digo yo que las medidas estarán funcionando. Pero si hay algún espacio en algún centro habilitado para algún tipo de desdoble, haremos un estudio de riesgos laborales y pondremos todas las medidas necesarias", ha incidido.

Ha aprovechado para sacar a colación el argumentario de las consejerías con competencias de Sanidad en Castilla y León o Andalucía, gobernadas por Cs y PP, que no han autorizado gastos al respecto al considerar que la ventilación es el mejor elemento que determina la seguridad de las aulas, algo que también han hecho Galicia o Murcia "en los mismos términos".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que la reforma educativa impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, conocida como 'Ley Celaá', "rompe un modelo de país" y ha confirmado que su partido seguirá dando "la batalla" contra esta norma acudiendo a Europa y presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada definitivamente.

"Hoy no termina nada. Hoy es un paso en un camino largo que este partido va a seguir defendiendo. Creemos en la libertad y la mejor educación pública, concertada y privada para los españoles", ha manifestado la dirigente del PP a las puertas del Congreso, donde se ha celebrado una concentración promovida por la plataforma Más Plurales.

Gamarra ha afirmado que es un "día triste para la libertad" por la aprobación de esta ley en el Pleno del Congreso, pero ha subrayado que "ya nace muerta" ante la falta de "consenso" para "garantizar que se respetan las libertades". De hecho, ha censurado que ni siquiera se haya escuchado a la comunidad educativa.

"Es una ley que tiene un fuerte rechazo por parte de la sociedad española y que lo que busca es imponer un modelo a los españoles, rompiendo el gran acuerdo constitucional de 1978 para garantizar la libertad de los padres a elegir la educación que quiere para sus hijos", ha manifestado.

"UN PAGO" A LOS INDEPENDENTISTAS POR LOS PGE

Aparte de "atacar" la educación especial y concertada, la portavoz del PP ha señalado que la norma "rompe un modelo de país" porque ahora habrá "17 modelos diferentes de educación, con 17 altas inspecciones", algo que, a su juicio, desvertebra la educación en España".

"Es el pago que se hace por parte del PSOE y Podemos a los independentistas para poder sacar unos Presupuestos adelante y con ello poder seguir en el poder. Al final la educación es lo que se entrega, la libertad es lo que se entrega con tal de seguir en el poder", ha abundado.

Por todo ello, ha dicho que quería "mandar un mensaje de esperanza" porque el PP seguirá dando "la batalla" al considerar que "otra ley educativa es posible" para que los españoles "no sean adoctrinados en las aulas sino formados como ciudadanos libres e iguales".

Con ese objetivo, la portavoz del PP ha anunciado que su formación acudirá a las instancias europeas, al tiempo que los diputados del PP promoverán un recurso de inconstitucionalidad que cuando la ley sea aprobada definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 26 años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, le impuso al hombre que asesinó a su mujer en Cabana de Bergantiños.

El alto tribunal gallego, según informa, ha desestimado el recurso contra el fallo interpuesto por el sospechoso y ha avalado la concurrencia de las agravantes de género y de parentesco.

Los magistrados destacan que el recurrente pretende "la sustitución" de los hechos considerados probados por el jurado por su propio relato, "sin llegar a cuestionar las pruebas y su valoración, sino ofreciendo otras y dándoles un sentido diferente".

El TSXG rechaza, como solicitaba el sospechoso, que se tuviesen en cuenta las atenuantes de arrebato u obcecación, embriaguez y reparación del daño.

AGRAVANTE DE GÉNERO

Los jueces consideran "sorprendente" que la defensa pretenda que se excluya el ánimo de matar porque la víctima y el agresor entraron juntos en la casa. Así, subrayan que el condenado realizó "tres disparos por la espalda", que impactaron en la cabeza, en el pulmón y en el riñón, es decir, "con dirección a espacios vitales".

Respecto a la agravante de género, destacan que de los hechos probados en la sentencia se induce que el acusado "asumió esa situación de desigualdad" respecto a su mujer, tal y como demuestra "la situación de maltrato psicológico continuada y los desprecios" a los que la sometía.

El tribunal recalca que, tal y como consta en el fallo de la Audiencia de A Coruña, el condenado mató a su mujer "para evitar que rehiciera su vida". La frase, según los jueces, "describe perfectamente ese sentimiento de superioridad, de dominación, de poder, hasta de sentimiento de dominio asimilado a una suerte de propiedad aniquiladora de la personalidad de la víctima, hasta el punto de cercenarle cualquier ápice de libertad en el desarrollo de la propia vida".