El partido Vox, que ejerce la acusación popular en la pieza 'Dina' de la macrocausa 'Tándem', ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que cite a declarar en calidad de testigo a la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo.

En esa pieza separada 10 de Tándem se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del líder de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el uso y difusión en medios de los datos que contenía. Archivos incluidos en la tarjeta SD del móvil fueron hallados en soportes informáticos incautados en la entrada y registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Este escrito de la formación de Santiago Abascal llega después de la declaración de este jueves como testigo del exabogado de Podemos José Manuel Calvente ante el juez, en la que apuntó a la cúpula del partido 'morado' acusándoles de urdir una estrategia con el caso 'Dina' para utilizarlo en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

Asimismo, interesan en el escrito que se aporten al sumario los contenidos completos de los grupos de Whatsapp y de Telegram en los que Calvente participaba en el desarrollo de su actividad como coordinador jurídico de Podemos.

En el escrito presentado por la vicesecretaria Jurídica Nacional de Vox, Marta Castro, se pide la declaración como testigo de Elizo, "responsable jurídica y transmisora de las instrucciones de Pablo Iglesias y la ejecutiva de Podemos" al equipo de legal, y del abogado Alejandro Gámez por su papel como letrado en el caso 'Dina'.

QUE EL JUEZ ADMITA LA QUERELLA

Por otro lado, Vox solicita la admisión de la querella que presentaron en ese mismo juzgado de instrucción contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, a los que imputaba seis delitos por el contenido del chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comentaba determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En esa querella, que fue inadmitida por García-Castellón al constatarse "un defecto procesal subsanable", Vox indicaba que la denuncia del robo del móvil de Bousselham "obedecería a una estrategia establecida por Pablo Iglesias y demás ejecutiva del partido Podemos para, manipulando los hechos, poder ser utilizado a favor de la formación en las elecciones generales".

Desde el partido de Abascal recuerdan que en la querella se indicaba que los mensajes del chat del equipo de legal de la formación 'morada', y que reflejarían los contactos con los fiscales anticorrupción, deben ser puestos a disposición judicial. Como diligencias, pedían además la declaración de Calvente, del otro fiscal anticorrupción encargado del caso Miguel Serrano y del periodista Diego Rodríguez Veiga.

Sidenor ha justificado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) anunciado para todas sus plantas, incluida la de Reinosa, por el "desequilibrio" entre la plantilla actual y la carga productiva a corto plazo.

Así lo ha señalado la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria y la Sección Sindical en Sidenor en un comunicado en el que lamentan las "malas noticias" que supone ERTE sin que se hayan abordado otras medidas.

En un comunicado, el sindicato informa de la reunión mantenida con Recursos Humanos en la que dirección presentó una mesa de diálogo para "abordar objetivos que garanticen la competitividad industrial".

Entre otras medidas, este plan recoge un ERTE que afecta a todo el grupo Sidenor -a excepción del centro de Investigación y Desarrollo de Basauri, en Vizcaya-.

El sindicato ha calificado como "malas noticias" el anuncio de esta medida por parte de la empresa y, además, considera que la mesa de diálogo propuesta por la factoría debería haber abordado otras reclamadas por la representación de los trabajadores "antes de recurrir al ERTE".

En este sentido, CCOO indica que "lleva reclamando desde hace tiempo cuestiones como el cambio generacional, la actualización del Plan Global de Seguridad y el Plan Industrial estratégico del grupo Sidenor".

Tras indicar que fue la dirección la que promovió la reunión, la sección sindical indica que en la misma también se ha informado sobre la situación coyuntural que atraviesa la compañía.

Asimismo, en el encuentro se ha aportado información "genérica" a los sindicatos sobre la situación industrial de la empresa este 2020, así como de las medidas ya tomadas para afrontar y "minimizar el impacto de la crisis en el sector, agravada aún más por la pandemia provocada por el COVID-19".

Según la empresa, el ERTE se justifica por el "desequilibrio" que existe entre la plantilla actual y la carga productiva de las instalaciones en el corto plazo.

El Movimiento Pensionista de Madrid ha advertido este viernes a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Magdalena Valerio, de que las recomendaciones sobre las que trabaja la Comisión, de no ser modificadas, "profundizarían aún más en los recortes" realizados en las reformas de 2011 y 2013.

Y es que, en un documento presentado en el Congreso comparte su "enorme preocupación" ante la "rumorología tanto oficial como oficiosa que insiste en la inminencia de una reforma exprés de pensiones para ser aprobada antes de finalizar el año" y el "temor" de que esta reforma se base en "las recomendaciones que estuvieron a punto de ser aprobadas".

Este colectivo ha presentado a Valerio un documento con sus reivindicaciones y su valoración acerca de algunas de las recomendaciones "más regresivas" del borrador que estuvo cerca de aprobarse hace dos legislaturas, cuando Unidas Podemos avanzó que se desmarcaría de más capítulos de los previstos, y PP y Cs rechazaron someter entonces el texto a votación antes de las elecciones de 2019.

ALARGAR EL CÁLCULO DE COTIZACIÓN O EL PERÍODO PARA EL 100%

Así, creen que medidas como ampliar el período del cálculo para determinar la cuantía de la pensión a más de 25 años, o incluso a toda la vida laboral, sin compensar lagunas de cotización, o elevar a 37 años el período cotizado para cobrar el 100% de la pensión supondrán más recortes. Máxime cuando, esgrimen, "con el mercado laboral actual las carreras largas de cotización tienen sus días contados".

También cargan contra reforzar el principio de contributividad "de manera perversa" si es "a costa de reducir el importe de las pensiones", o considerar como complemento los planes de pensiones privados en un período de salarios bajos, por ser, dicen "una medida elitista" que "establecerá dos tipos de pensiones", la de aquellos que puedan tener ese plan, de salarios altos, y la de los que no, con salarios bajos.

CREEN QUE LOS PRÉSTAMOS FOMENTAN LA IDEA DE INSOSTENIBILIDAD

Para este colectivo, para conocer realmente qué déficit tiene el sistema público de pensiones es necesario "clarificar" qué se paga con cotizaciones, y trasladar a los Presupuestos todos los denominados "gastos impropios" que no sean el pago de pensiones contributivas.

En este sentido, critican que cada año se afronten estos desfases en las cuentas mediante préstamos a cargo del Estado, lo que ven como "una trampa para ayudar a cumplir con las reglas sobre déficits establecidas por la Unión Europea", además de reforzar, aseguran, "la idea de déficits astronómicos que supuestamente demuestran la insostenibilidad del sistema", que el país "gasta mucho en pensiones" o que estas prestaciones "son muy generosas"

"TOTAL OPOSICIÓN AL PACTO DE TOLEDO"

En su escrito, el Movimiento Pensionista de Madrid manifiesta "su total oposición al Pacto de Toledo y su funcionamiento actual", pues considera que "no es de recibo que un órgano que debate y acuerda sobre el sistema público de pensiones sólo sirva para hacer recomendaciones" y que "esas deliberaciones y acuerdos se hagan sin tener en cuenta la voz de los pensionistas.

"Mucho menos entendemos que sus deliberaciones sean secretas en un estado democrático y de derecho como lo es el nuestro", apostillan.

Por ello, reivindican "un Pacto de Estado por las pensiones en nada parecido al Pacto de Toledo". "Democrático, transparente, con luz y taquígrafos y con participación de los pensionistas como un agente social más", defienden.

"Solo con un pacto de esa naturaleza, los pensionistas dejaremos de sufrir los bandazos de la confrontación y la alternancia política y se podrá asegurar en nuestro país un sistema público de pensiones con pensiones dignas, sin brecha y, sobre todo, con futuro", concluye el movimiento.

El consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha anunciado este viernes que propondrá al Consejo de Gobierno que la ciudad pueda tener su propio "estado de alarma" por el "considerable" aumento de contagios de covid-19 en la ciudad española. En caso de ser autorizado por el Ejecutivo Central, sería la primera autonomía de España que aplicaría esta medida en el conjunto de una región.

En rueda de prensa, Mohamed Mohand ha aclarado que dicho estado de emergencias "no sería para confinar a la población, sino para poder tomar medidas que precisen para combatir el aumento de contagios".

El titular de Salud Pública ha señalado que la situación actual del covid-19 en Melilla "requiere de medidas encaminadas a reducir la movilidad dentro de la ciudad, así como la limitación de reuniones de personas.

Para su puesta en práctica, Mohand considera que "Melilla debe solicitar la declaración del estado de alarma no para el confinamiento general de la población, sino como paraguas legal que permita poner en marcha medidas para controlar la transmisión del virus", ha recalcado.

A día de hoy, el consejero ha descartado el cierre de las conexiones aéreas y marítimas de la ciudad con la Península, la mayoría de ellas con rutas con Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. Mohand ha subrayado que "ninguna comunidad se encuentra actualmente aislada del resto".

El anuncio realizado por Mohand se produce el día en el que se constatan que siguen los contagios por encima de la veintena en Melilla: en las últimas 24 horas, un total de 25 casos de coronavirus por siete curados. Se reducen, no obstante, de 15 a 14 los hospitalizados, pero aumentan de uno a dos los ingresados en la UCI. Con estos datos, los casos activos de covid-19 en la ciudad son a día de hoy 362, frente a los 145 que se registraron desde marzo a julio, y desde que se inició la pandemia a mediados de marzo un total de 574.

El Gobierno ha vetado el debate en el Congreso de la proposición de ley registrada por Vox para eliminar en toda España el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas, al suponer un impacto presupuestario de unos 2.573 millones de euros.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar la tramitación de iniciativas legislativas si considera que suponen una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento del gasto o por un descenso de los ingresos.

En el documento remitido al Congreso, el Ministerio de Hacienda esgrime que esta propuesta "supondría un retroceso en la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas" y sostiene que cualquier modificación del impuesto o de sus competencias normativas "debería realizarse de forma consensuada" entre el Estado y estas administraciones.

Hacienda asegura que la supresión del impuesto "debería plantearse en el marco de una reforma global del sistema de financiación y no de forma aislada" y que la compensación a las comunidades prevista en la reforma que propone Vox supondría unos 2.573 millones de euros, según la recaudación autonómica de 2017, último año con datos publicados.

En la presente legislatura, el Ejecutivo ya ha vetado otra proposición de ley para eliminar un impuesto, en este caso del PP, que buscaba acabar con el Impuesto sobre Patrimonio a través de la bonificación del 100% de la cuota del tributo.

VOX VE EL IMPUESTO COMO LA FIGURA TRIBUTARIA "MÁS POLÉMICA"

En este caso, Vox registró su proposición de ley el pasado mes de mayo para suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a su juicio "la figura impositiva más polémica" del sistema tributario español ante la "elevada desigualdad en función de la región en la que se resida, donde se encuentren los bienes o derechos heredado.

Este impuesto se aplica tras la adquisición de los bienes y derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado, donación o por ser beneficiario de contratos de seguros. Las comunidades autónomas tienen competencias normativas, de gestión, recaudación e inspección del mismo.

Vox justificaba la necesidad y conveniencia de la iniciativa ante "el brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la pandemia" y por ello abogaba por "una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin, de una vez por todas, a un impuesto cuya utilidad, operatividad y legitimidad están en entredicho".

La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha advertido este viernes durante una reunión con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo que considera una "alarmante falta de formación especializada" de los médicos forenses y los institutos de medicina legal.

Segun ANVA-RC, y con datos de 2015 los médicos forenses de las grandes ciudades podían valorar entre 40 y 60 víctimas al mes y desde el 2019 se redujeron entre 1 y 10 al mes. Además, el problema con el que se encuentran los abogados es que un porcentaje muy elevado carecen de medios y no disponen de un emplazamiento adecuado.

A esto se añade, según denuncian, que la formación que reciben los médicos forenses proviene de los cursos y jornadas de las grandes aseguradoras del ramo, dando una imagen de las víctimas y unas pautas interesadas de actuación para las lesiones más numerosas, estadísticamente hablando, que son las que afectan a la columna vertebral".

Ante esta situación las asociaciones de víctimas reclaman a la Administración que les provea de una formación imparcial y de calidad con conocimientos actualizados en la materia y con medios desarrollados para ejecutarlos. Lo mismo piden para los recién instaurados institutos de Medicina Legal que están derivando en el favorecimiento de las mismas aseguradoras.

PROBLEMAS DEL CÓDIGO PENAL

En una nota remitida tras el encuentro, los letrados también recuerdan que con la reforma del Código Penal del año 2015 se produjo la despenalización de las acciones por accidentes, de tal manera que antes las reclamaciones de los lesionados eran gratuitas por la vía penal y ahora, si quieren iniciar un proceso judicial, las víctimas han de hacerlo por la vía civil y adelantando los gastos de procurador, perito, etc*

Durante este período de tiempo (del 2015 al 2019) se consiguió el descenso de los procesos, que es lo que iba buscando la reforma del Código Penal, pero a costa de que miles de víctimas se quedaran sin un procedimiento ágil y gratuito para conseguir sus resarcimientos, según los abogados de esta asociación.

Ante este hecho se vio necesario realizar algunas modificaciones en 2019 de la L.O. 10/1995 y, entre ellas, se introdujo el delito de imprudencia menos grave con el fin de que se pudiera tramitar por la vía Penal más accidentes de tráfico, además de otras novedades, como la elevación de las penas para los homicidios imprudentes o la aparición del delito del abandono del lugar de accidente.

Todas estas medidas, según recuerdan, recogieron algunas de las pretensiones de las asociaciones de víctimas de accidentes, aunque quedaron otras tan importantes como la de la modificación del baremo de valoración del daño corporal o la formación de los médicos forenses en los siniestros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el Mar Menor ha iniciado un total de 292 expedientes sancionadores por riego sin autorización en el entorno del Mar Menor, frente a los 184 que se habían abierto en la anterior actualización de los datos. Así, la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora se ha más que duplicado pasando de 935,81 a 2.157,75 hectáreas (ha).

El MITECO ha publicado el informe actualizado sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para lograr la recuperación integral del Mar Menor, en el ámbito de sus competencias.

Dentro de las mismas, el Ministerio ha dicho continuar trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor, que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar, así como diferentes actuaciones fijadas en el marco de otros trabajos incluidos en la Hoja de Ruta. Se está actuando, en paralelo, en la ejecución de las medidas identificadas como urgentes, de las que se actualiza su estado de ejecución.

La Hoja de Ruta prioriza aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Dichas actuaciones consisten esencialmente en la vigilancia y labores de policía de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, y en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

AUMENTO DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Con este objeto, el MITECO ha incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Dichos expedientes, según el Ministerio, se envían puntualmente a la Comunidad Autónoma (CARM) para su conocimiento, y al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses, el Ministerio también comunica los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan también a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto se han remitido a la Comunidad 147 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 116 corresponden al Mar Menor.

Por otra parte, de los primeros 65 expedientes remitidos a la Comunidad por uso privativo de aguas sin autorización, iniciados en 2018, por un total de 1.040,50 hectáreas (ha) denunciadas, se ha comprobado, mediante nuevas inspecciones realizadas en enero y febrero de 2020, que únicamente 504,81 estaban en riego en 2020, lo que supone que el 51,48% de la superficie denunciada en 2018 no se encontraba en riego a primeros de 2020.

El Ministerio ha anunciado que se va a iniciar durante el mes de octubre una nueva revisión de esas superficies que indique si esas zonas que no estaban ya en riego en enero y febrero persisten o se han vuelto a cultivar.

Desde la anterior actualización de la Hoja de Ruta, el número de expedientes sancionadores iniciados por uso privativo de aguas sin autorización (regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado) ha pasado de 184 a 292.

Y la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora se ha más que duplicado pasando de 935,81 a 2.157,75 ha. Además, la superficie denunciada desde esa fecha, pero todavía sin resolución, ha pasado de 2.427,77 a 2.740,83 ha, incluyendo las 635,4 ha de la Comunidad de Regantes Arco Sur recientemente inspeccionada.

Asimismo, el Ministerio ha afirmado que continúan las actuaciones de incoación de los preceptivos expedientes administrativos que dilucidarán la legalidad de la superficie restante, hasta determinar la situación de la totalidad de las 9.500 hectáreas regadas que no está inscritas en el registro y que la CHS identificó por mediante teledetección.

VERTIDOS Y DESALOBRADORAS

Igualmente, el Ministerio ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes. También dice haber redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización.

En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 39 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor, al cierre del año 2019, se elevaron a un total de 93, lo cual prácticamente duplicaba la cifra de 2018. Actualmente se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante.

A fecha de emisión de este documento, el Ministerio anuncia que se han precintado un total de 186 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 78 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 46 desalobradoras han sido retiradas/desmontadas.

La Hoja de Ruta recoge, por otro lado, la declaración el pasado 16 de julio del acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico" por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ACUÍFERO

Asimismo, el Ministerio ha procedido a alojar en cada uno de los 20 sondeos de investigación que sirvieron para el estudio para la cuantificación, control de calidad y seguimiento piezométrico de la descarga de agua del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor, una sonda de control.

La información proporcionada es remitida a la CHS y se integra con el resto de información del SAIH. Estos 20 sondeos constituirán la red de control de la descarga/intrusión de la masa subterránea del Campo de Cartagena al Mar Menor y se ha previsto que en ellos se proceda a la toma de muestras para el seguimiento de la evolución del contenido en nitratos de las aguas subterráneas que descargan al Mar Menor.

PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL BORDE LITORAL

Asimismo, la Hoja de Ruta recoge la finalización de la consulta pública del Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, en el que se han recibido aportaciones de diferentes colectivos. El Ministerio ha iniciado un proceso de análisis para incorporar aquella que contribuya a alcanzar los objetivos.

En relación con la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo Terrestre y los expedientes sancionadores incoados a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, el informe da cuenta de las actuaciones que están llevando a cabo estos municipios para solventar la situación.

Además, el documento recoge la finalización las obras de emergencia de reparación de los daños causados por los temporales de septiembre de 2019, que ha supuesto una inversión de 2,5 millones.

ATAJAR LA ENTRADA DE NUTRIENTES A LA LAGUNA

Asimismo, se recogen las conclusiones del informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que analiza el estado actual del Mar Menor y que apunta a los aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización, a lo que se unen otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar.

Entre estos factores se encuentran la contaminación metálica (metales pesados y metaloides); la contaminación química orgánica; las respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química; y las obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas. En este sentido, el informe del IEO concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 686 nuevos contagios y cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas por coronavirus

Por provincias, Toledo ha registrado 227 casos, Ciudad Real 206, Albacete 113, Guadalajara 111 y Cuenca 29. El total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es 33.110.

Por provincias, Ciudad Real acumula 10.396 casos, Toledo 10.289, Albacete 6.700, Guadalajara 3.604 y Cuenca 2.121, ha informado la Junta en un comunicado.

El número de hospitalizados en cama convencional es 419. Por provincias, Toledo tiene 194 de estos pacientes (120 en el Hospital de Toledo y 74 en el Hospital de Talavera de la Reina) y Ciudad Real 89 (49 en el Hospital de Ciudad Real, 23 en el Hospital Mancha Centro, 6 en el Hospital de Puertollano, 5 en el Hospital de Tomelloso, 4 en el Hospital de Manzanares, 2 en el Hospital de Valdepeñas).

En Albacete hay 63 (48 en el Hospital de Albacete, 9 en el Hospital de Villarrobledo, 5 en el Hospital de Hellín y 1 en el Hospital de Almansa), Guadalajara 54 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y 19 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Por otra parte, hay 41 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos necesitando respirador. Por provincias, Toledo tiene 19 de estos pacientes, Ciudad Real 7, Albacete 6, Guadalajara 5 y Cuenca 4.

En las últimas 24 horas se han registrado 4 fallecimientos por COVID-19, 2 en la provincia de Toledo, 1 en la provincia de Ciudad Real y 1 en la provincia de Cuenca.

Así, el número de fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia asciende a 3.146. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.137, Toledo 829, Albacete 591, Cuenca 319 y Guadalajara 270.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Actualmente, 58 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuentan con casos confirmados por infección de coronavirus. De estos 58 centros, 30 se encuentran en Toledo, 10 en Guadalajara, 10 en Albacete, 6 en Ciudad Real y 2 en Cuenca.

Los residentes de estos centros con caso confirmado son 189 y el número de fallecidos son 1.350.

La Asamblea General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha aprobado este viernes el cambio de su denominación por Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa, al considerar que abogacía es la palabra que se "adecua al ejercicio inclusivo de la profesión de abogado y abogada".

La Asamblea estuvo convocada para el pasado 27 de marzo, pero fue suspendida por motivo del covid-19. Este viernes se ha acordado el cambio de denominación de Ilustre Colegio de Abogados de Guipúzcoa por Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa, con el voto a favor de una rotunda mayoría del 94% de colegiados.

El Colegio se constituyó en el año 1838 como Colegio de Abogados de San Sebastián y desde entonces su denominación se ha modificado en el tiempo. Además, la incorporación de las mujeres al Colegio en estos años ha sido "importante" y, en estos momentos, en números absolutos, el porcentaje se reparte por mitad entre hombres y mujeres, si bien en la franja de edad hasta los 50 años las mujeres están por encima del 50%, en algunas edades rozando el 77%.

La Memoria para el cambio sometida a consideración de los colegiados recoge que la introducción del término Abogacía "se fundamentaba por ser la expresión que mejor se adecua al ejercicio inclusivo de la profesión de abogado y abogada".

Además de ser aprobado en Asamblea Extraordinaria Colegial, cumple con la previsión normativa de la Ley Vasca 4/2005 de 18 de febrero para igualdad de mujeres y hombres, modificada por la Ley 3/2012 de 16 de febrero, en orden a alcanzar una sociedad igualitaria y con ello el reconocimiento efectivo y real de la igualdad entre mujeres y hombres, entre abogadas y abogados, como lo es el promover el lenguaje inclusivo e igualitario.

"Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado". Esta ha sido la reacción de Amnistía Internacional España tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al excoronel y exviceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989

La directora de la organización, Erika Guevara Rosas, ha apuntado que esta sentencia recuerda "la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación". A su juicio, es "inadmisible" que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, "se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad".

Guevara ha señalado que las autoridades salvadoreñas tienen bajo su conocimiento "varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado" y, por ello, insta a "todas las autoridades estatales, incluyendo al presidente" del país, a "dar pasos decididos y contundentes encaminados a garantizar, de una vez por todas, los derechos de las víctimas del conflicto armado".

Sobre este tema también se ha referido la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que considera este juicio de caracter subsidiario, porque se ha pdido seguir "desde cualquier parte del mundo", pero creen que proceso judicial debería ser realizado en El Salvador.

UN "SERVICIO" A LA VERDAD

Aún así, dan una gran importancia al proceso, por encima de la propia condena, "por el extraordinario servicio a la verdad" que ha conllevado. "A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador", apunta.

A su juicio, se ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de la Escuela militar de 1966, funcionó "desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el estado de derecho", valiéndose "de un poder de facto que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada".

La universidad quiere que la Fuerza Armada, a nivel institucional, pida perdón y coopere con la justicia abriendo sus archivos. Hasta que no lo haga, indica, "difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos".

"Tenemos la confianza que la resolución de este juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos", ha apuntado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado que el puerto de Castellón invertirá 83 millones de euros en los próximos 4 años en la mejora de sus accesos terrestres.

Durante su visita a las obras de desarrollo de la dársena sur del puerto de Castellón, el ministro ha puesto en valor que, en 2021, los puertos de la Comunitat Valenciana invertirán un total de 145 millones de euros, un 14,5 por ciento del total del sistema portuario.

El ministro ha podido comprobar que el puerto de Castellón se encuentra inmerso en un "gran proyecto de expansión" hacia el sur que finalizará previsiblemente en 2027 y que tuvo su principal hito en 2009 con la inauguración de la dársena sur.

Cuatro son las obras de desarrollo de la Dársena Sur del Puerto y que se enmarcan en las líneas de seguridad, protección medioambiental y ampliación de muelles -uno de graneles sólidos y otro de líquidos-, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un comunicado.

Así, el Ministerio ha explicado que el puente sobre el Canal de Iberdrola se trata de una central de ciclo combinado que está pegada al puerto y que coge de él el agua de refrigeración y cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Por otra parte, la obra de la Red Contraincendios de la Dársena Sur cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros.

El muelle de graneles líquidos de la Dársena Sur supondrá la inversión de 4,1 millones de euros, mientras que la nave cerrada y nuevo muelle en la concesión de Portsur tiene un presupuesto conjunto de 12 millones de euros.

Los gobiernos de Reino Unido y Japón han finalizado este viernes las negociaciones sobre su tratado de libre comercio, por lo que han llegado a un principio de acuerdo que Londres ha calificado de "histórico", según ha informado el Ejecutivo de Boris Johnson en un comunicado.

Este tratado supone el primer acuerdo comercial de este tipo cerrado por Reino Unido desde que abandonó la Unión Europea. Londres estima que la eliminación del 99% de aranceles actualmente vigentes incrementará el comercio con Japón en 15.200 millones de libras (16.419 millones de euros).

El acuerdo está adaptado a la economía británica y asegura beneficios adicionales más allá del tratado comercial, dando a las empresas de Reino Unido que exporten a Japón una ventaja competitiva en una serie de áreas. Ayudará a crear empleos y elevará el crecimiento económico en todo Reino Unido", ha asegurado el Gobierno británico.

"Es un momento histórico para Reino Unido y Japón al ser nuestro primer gran tratado comercial tras el Brexit. El acuerdo que hemos negociado, en tiempo récord y en circunstancias desafiantes, va más allá del acuerdo actualmente vigente con la UE y asegura nuevas victorias para las empresas británicas en nuestras grandes industrias manufacturera, de alimentos y tecnológica", ha indicado la secretaria de comercio internacional, Liz Truss.

Entre los puntos acordados con Tokio, Reino Unido se ha comprometido a defender los principios de neutralidad de la red y han acordado eliminar el requisito de la localización de datos, por lo que las empresas británicas no tendrán que tener servidores en territorio japonés para almacenar datos de sus clientes en el país asiático. Londres ha indicado que esto beneficiará a empresas 'fintech' como Revolut o Transferwise.

Asimismo, ambas capitales han acordado "más flexibilidad" para que las empresas japoneses y británicas puedan trasladar a trabajadores altamente cualificados entre ambos países, especialmente en servicios informáticos y la construcción. Según el acuerdo, las visas se tramitarán en menos de 90 días y los trabajadores recibirán autorizaciones de residencia durante un periodo de cinco años para ellos mismos, sus parejas y las personas dependientes a su cargo.

Con respecto a la industria de la automoción, Londres ha aceptado reducir los aranceles de los componentes de vehículos procedentes de Japón, a igualar los procedimientos regulatorios y a garantizar una mayor "certidumbre legal" para sus operaciones.

El acuerdo con Tokio se produce justo cuando las negociaciones con Bruselas sobre la relación tras el periodo de transición se han recrudecido.

Este viernes, el nuevo presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha avisado al Gobierno británico de Boris Johnson de que respetar el acuerdo del Brexit es un "prerrequisito" para que ambas partes puedan concluir también un pacto sobre su futura relación comercial antes de que acabe el año.

El irlandés ha reaccionado de esta manera a la polémica ley que Londres quiere aprobar y que pone en duda varias disposiciones del acuerdo del Brexit, incluido el protocolo para proteger los Acuerdos de Viernes Santo en el Úlster.

El Premio Iturbi de piano, organizado por la Diputación de València, impulsa la primera edición de su festival, que albergará diversos conciertos y actividades paralelas en la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de José Iturbi (València, 1895- Los Ángeles, 1980), "el pianista valenciano más universal".

Este certamen se suma así al concurso internacional de piano de València, que mantiene abierta la convocatoria de inscripción de intérpretes hasta el 31 de octubre y que se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2021.

La presentación de la iniciativa se ha llevado a cabo este viernes en una rueda de prensa a cargo de Glòria Tello, diputada responsable del Premio Iturbi, regidora de Cultura del Ayuntamiento de València y presidenta del Palau de la Música; el coordinador del Festival Iturbi, Òscar Oliver, y Carles Marín, asesor artístico.

El I Festival Iturbi contará con la presencia de prestigiosos pianistas y formaciones que actuarán en el Centre Cultural la Beneficència del 22 al 27 de septiembre.

Tanto el nuevo festival como el concurso pretenden "divulgar la música, especialmente la de piano, erigiéndose como plataforma para nuevos valores de la interpretación al tiempo que mantiene viva la memoria de José Iturbi, recuperando aspectos de su carrera artística desconocidos o poco difundidos".

Se estructurará a través de algunos de estos hitos menos estudiados de la trayectoria pianística de Iturbi, sin descuidar la memoria de otra gran pianista valenciana, su hermana Amparo.

Glòria Tello ha manifestado que desde que asumió esta responsabilidad he querido hacer "un cambio de modelo en el Premio Iturbi que cuenta con un magnífico equipo asesor artístico, encabezado por el gran Joaquin Achúcarro y complementado con los pianistas Óscar Oliver, Carles Marín, Josu de Solaun y Emma Jiménez".

La diputada ha indicado que "se trata de un festival que aspira a consolidarse en esta nueva etapa, de forma que tendrá continuidad en los años que no se celebra este concurso bienal". Asimismo, ha explicado que "dentro del aniversario se han organizado otras actividades paralelas en colaboración con el Palau de la Música, la Mostra de València y el Ayuntamiento de València".

TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

De esta manera, el proyecto trabaja en tres líneas estratégicas: dar paso al talento de jóvenes pianistas de todo el mundo e impulsar su proyección y carrera artística con el concurso internacional; programar a grandes intérpretes y referentes para el público en el festival; y poner en valor la figura, el prestigio y el legado musical de Iturbi.

Oliver, por su parte, ha subrayado que "el Festival Iturbi pretende acercar una manera de entender la cultura y el arte poniendo el foco en la música" y ha expuesto las razones de esta celebración, "entre los años 20 y 50, Iturbi es el pianista español más internacional y junto con Pau Casals y Andrés Segovia representó nuestra música en todo el mundo".

El coordinador ha destacado que el intérprete "fue un ídolo de masas antes de llegar a Hollywood, donde aparece en algunas de las películas más taquilleras de los años 40, acercando la música clásica a la gente.

En esta primera edición, la organización ha invitado a intérpretes, estudiantes y aficionados a una jornada divulgativa previa, '¿Tocas el piano?', a brindar su música con instrumentos ubicados en la Plaza de la Virgen, Plaça dels Furs, Plaza Redonda, Puerta de la Lonja de la Seda y la explanada de la Plaza de Toros, con la colaboración de Clemente Pianos en su 30º aniversario, el domingo 20 en sesiones de mañana y tarde.

PROGRAMA

La primera jornada del festival comenzará, el martes 22 de septiembre a las 19h, con un concierto inaugural con diez pianos en la Plaza de la Virgen en el que se interpretarán obras de Liszt, Tchaikovsky, Mendelssohn, Falla y Bernstein a cargo de diez jóvenes pianistas valencianos.

Posteriormente, una conferencia del crítico musical Justo Romero, 'Iturbi, más allá de la pipa y la sonrisa', a las 20.30h, hora a la que tendrán lugar todos los conciertos, dará paso al concierto de Javier Perianes.

El mismo pianista andaluz, Premio Nacional de Música en 2012 por el Ministerio de Cultura de España y nombrado Artista del Año en los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA) en 2019, ofrecerá junto al Cuarteto Quiroga un concierto el día 23.

El pianista y compositor canario Gustavo Díaz Jerez actuará el día 24; se proyectará el documental 'A propósito de Iturbi', que contará con la presentación de su director Manuel Gil, el 25.

La pianista guipuzcoana Marta Zabaleta tocará el 26 y el último día lo hará el valenciano Josu de Solaun, único español en ganar el Concurso Internacional de Piano de València, con la violinista Franziska Pietsch y el Quartetto Indaco que clausurarán el festival.

El Palau de la Música, en colaboración con la Diputació de València, ofrecerá un recital de Achúcarro en el Teatro Principal el mismo día (28 de noviembre) en el que nació Iturbi.

El concierto es muy especial porque "lo ofrecerá uno de los más grandes pianistas españoles en vida" y porque el director artístico vasco y presidente del jurado del Premio Iturbi "estuvo muy vinculado en sus orígenes a José Iturbi, participando con él en la gira que hicieron por tierras valencianas para recaudar fondos para los damnificados de la riada de 1957", ha señalado Tello.

La Mostra de València también se sumará a la efeméride con el Ciclo José Iturbi, en el que se proyectarán, del 26 al 30 de octubre en la sede de la Sala SGAE Centre Cultural València, cinco de las películas protagonizadas por el pianista en Hollywood y con las que dio el salto a la gran pantalla junto a famosos actores y actrices de la época.

El número de pacientes con Covid-19 ingresados en los hospitales de Extremadura se ha incrementado en la última jornada hasta alcanzar los 83, once más que este pasado jueves, si bien la cifra de atendidos en las UCI se mantiene estable, con once.

Respecto al número de casos notificados en la última jornada, se sitúan en 208 positivos confirmados por PCR, al mismo tiempo que se han dado 119 altas, lo que establece una cifra acumulada de 5.552 personas que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Desde el último balance de este jueves, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 363 casos sospechosos y se han descartado 248, y asimismo se ha declarado un nuevo brote en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en concreto en Saucedilla, con 12 positivos y 25 contactos estrechos, mientras que se han cerrado dos brotes en el Área de Salud de Coria, uno en Torrejoncillo y otro en la ciudad de Coria.

Por áreas de salud, en Badajoz se han detectado 66 casos sospechosos y se han descartado 37. Se han notificado 22 casos positivos confirmados, y cuenta con siete pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 950 pacientes.

El Área de Salud de Cáceres notifica 87 casos sospechosos y ha descartado 50. Declara 79 casos positivos. El área tiene 30 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 273 personas y se han dado 2.040 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida notifica 55 casos sospechosos y descarta 80. Tiene 52 positivos confirmados y ay 14 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado 33 fallecidos. Ha dado 523 altas.

El Área de Salud de Plasencia detecta 25 casos sospechosos y ha descartado 16. Notifica 14 casos positivos. Tiene siete pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 78 víctimas mortales y 685 pacientes curados.

Respecto a Don Benito-Villanueva de la Serena, se han detectado 67 casos sospechosos y se han descartado 28. Notifica 23 casos positivos, tiene 13 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Ha registrado un total de 30 fallecidos y suma 584 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 19 casos sospechosos y descarta 17. No ha notificado casos positivos. Tiene un paciente ingresado y acumula 60 personas fallecidas y 459 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria notifica 11 casos sospechosos y ha descartado nueve. No registra casos positivos. Tiene un paciente ingresado. Acumula 22 víctimas mortales. Se han dado 224 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 33 casos sospechosos y ha descartado 11. Registra 18 casos positivos. Tiene 10 pacientes hospitalizados. Han fallecido siete personas desde el comienzo de la pandemia. Hay 87 pacientes curados.

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a 56 personas, entre ellos dos niños, que viajaban a bordo de dos pateras localizadas en el mar de Alborán y que están siendo trasladados a los puertos de Málaga y de Almería.

La primera actuación se activó a las 10,25 horas cuando un alertante de una ONG dio aviso de la salida de una embarcación de la playa de Bouyafar (Marruecos), según ha informado a Europa Press un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

Tras informar al Destacamento de la Armada con base en la Isla de Alborán, un avión de operativo Frontex localizó la patera, cuyos ocupantes han sido rescatados por la tripulación de la Salvamar Gienah, que los traslada al puerto de Málaga al que está previsto arriben a las 18,55 horas.

A bordo de la embarcación viajaban 27 varones adultos, 13 mujeres y dos bebés, todos en aparente buen estado de salud, según han precisado desde Salvamento Marítimo.

La segunda operación se ha iniciado tras el avistamiento por parte de un barco de la Armada de una patera personas a bordo pasadas las 13,00 horas frente al litoral de Almería.

Tras asegurarse la tripulación de que estaban bien y proporcionarles agua, la Salvamar Spica ha rescatado a sus 14 ocupantes, varones de origen magrebí, y los traslada al puerto de la capital donde se ha activado un Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja para prestarles asistencia humanitaria.

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó una declaración institucional por la que se insta a la Xunta de Galicia "a activar todos los mecanismos necesarios para impedir que la Fundación Francisco Franco continúe al frente de la gestión de las visitas guiadas al Pazo de Meirás".

Todos los grupos de la corporación apoyaron la iniciativa en la que se reconoce también la labor de las personas y entidades que participaron en el proceso de recuperación del inmueble.

El texto está encaminado "a impedir que, después de hacerse pública la sentencia que obliga a la familia del dictador a devolver la propiedad, la Fundación Franco continúe gestionando las visitas al inmueble y utilizando el espacio para hacer apología del franquismo".

El Pazo de Meirás, recoge la declaración, "sigue siendo utilizado como templo del franquismo, con visitas guiadas que continúan a defender los idearios del movimiento, incumpliendo con impunidad la Ley de la Memoria Histórica".

COLABORACIÓN

La Diputación de A Coruña se ofrece, en este sentido, para, junto con el Ayuntamiento de Sada y la propia Xunta, trabajar conjuntamente "para que el Pazo de Meirás incluya el relato completo de su propia historia, desde que era propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán hasta la actual sentencia".

Finalmente, a través de la declaración institucional, se reconoce públicamente "la labor de todas las personas y entidades que en los últimos años denunciaron este expolio y participaron en el proceso de recuperación del Pazo de Meirás".

Por otra parte, en el pleno fue rechazada, con los votos en contra del PSOE y PP, una moción de la Marea Atlántica que exigía la celebración de un referéndum para decidir sobre la continuidad de la monarquía, así como promover una investigación parlamentaria sobre el rey emérito.

La Unión Europea considera que un aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre en Venezuela daría margen para negociar las reformas necesarias que permitan celebrar unos comicios "creíbles", según han indicado este viernes a Europa Press fuentes europeas.

"Un retraso electoral ofrecería espacio político adicional y daría tiempo para negociar reformas que hagan las elecciones creíbles", han destacado las fuentes, que han confirmado la recepción de la invitación cursada por el Gobierno de Nicolás Maduro para que la UE envíe observadores a las mismas, "así como una lista de garantías adicionales para la transparencia del proceso electoral".

El Alto Representante de la UE de Política Exterior, Josep Borrell, ya ha advertido de que para que se pueda enviar una misión de observación a Venezuela deben darse "las condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes", han recordado las fuentes.

El aplazamiento de la fecha electoral facilitaría además el despliegue de dicha misión puesto que los preparativos llevan bastante tiempo y "queda muy poco" si se mantiene el 6 de diciembre, han aclarado.

El envío de observadores de la UE así como de la ONU, a los que el Gobierno venezolano ya ha enviado sendas cartas de invitación, se enmarca en los contactos que ha venido mantienendo el excandidato presidencial Henrique Capriles y otros opositores con el Ejecutivo con vistas a garantizar las condiciones para unas elecciones justas.

La postura de Capriles, partidario de que la oposición concurra a los comicios si se dan dichas condiciones, choca de plano con la mantenida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que los países europeos consideran presidente encargado del país. Guaidó es partidario de boicotear la votación y denuncia que con sus gestiones Capriles está dando legitimidad a la "dictadura" de Maduro.

EL GRUPO DE CONTACTO SE REÚNE EL JUEVES

En este contexto, Borrell ha convocado una reunión del grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela que se celebrará por videoconferencia el próximo jueves, 17 de septiembre.

El encuentro tendrá lugar a nivel ministerial y se cuenta con la participación de la ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, Arancha González.

El grupo internacional de contacto está formado por Argentina --que se incorporó en agosto--, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.

Su objetivo es respaldar los esfuerzos para una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela y facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país, particularmente en el contexto actual de expansión de la pandemia de COVID-19.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que la mujer asesinada este jueves, por el que hay un hombre detenido en Comisaría, era de nacionalidad rumana y consta como usuaria de los Servicios Sociales municipales desde el año 2014, siendo atendida por el equipo de calle municipal, uno de los programas del Albergue Municipal. Además, ha destacado su carácter "afable" y ha indicado que en la actualidad se le estaba tramitando una pensión no contributiva por invalidez.

En una nota, el gobierno local ha condenado el "asesinato" a consecuencia de la "grave agresión perpetrada presuntamente por su pareja". Asimismo, ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima, así como que se suma a las "muestras de dolor ante un suceso que debe mover a toda la sociedad y administraciones a seguir sumando esfuerzos contra la violencia de género".

Según ha anunciado, a las 19,30 horas de este viernes, la alcaldesa, Mamen Sánchez, la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García Marín, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, asisten junto a miembros de la Corporación y del Consejo Local de las Mujeres al minuto de silencio que tiene lugar en el exterior del Ayuntamiento, como muestra de repulsa ante este "asesinato".

Desde los servicios sociales, se ha destacado el carácter afable de la mujer y el talante amable que mostraba en cada visita de su trabajadora social, manifestando encontrarse bien a pesar de su situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento ha incidido en que "en estos momentos sólo cabe la repulsa absoluta, la condena", y ha reiterado el "compromiso contra la violencia de género, y a favor de una sociedad igualitaria, de valores, e inclusiva".

El grupo parlamentario Vox ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la comparecencia de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explique las gestiones que está realizando su departamento de cara al fin de la moratoria a la prohibición de la caza deportiva en Parques Nacionales el próximo mes de diciembre.

De acuerdo con la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, el próximo 5 de diciembre expira la moratoria a la prohibición de la pesca y la caza deportiva que consta en su disposición adicional séptima.

Tal disposición apuntaba a que la Administración debería llegar a acuerdos con los titulares de las fincas afectadas o, en su defecto, se les podría llegar a expropiar. Si bien, el grupo parlamentario afirma que a día de hoy aún no se ha suscrito ningún acuerdo al respecto.

Por ello, Vox quiere que Ribera explique en sede parlamentaria cómo va a proceder.

LOS CAZADORES, EN RONDA DE CONTACTOS

Esta misma semana, la entidad cinegética Fundación Artemisán anunció que había iniciado contactos con distintos representantes políticos y de las administraciones para advertirles de que el fin de la moratoria a la prohibición de cazar en Parques Nacionales va a generar una "complicada situación" que puede suponer al Estado y a las comunidades autónomas un coste de 320 millones de euros en indemnizaciones.

La entidad cinegética recuerda que el fin de la moratoria establecida en la Ley de Parques Nacionales de 2014, que fijaba unas excepciones que permitían cazar en estas áreas protegidas, llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.

La Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales que prohíbe cazar y pescar en tales áreas permitía ciertos derechos de caza y establece que privar de esos derechos pasa necesariamente y previamente por el intento de llegar a acuerdos voluntarios con los "afectados" previa aprobación de los criterios técnicos o, en su defecto, mediante los correspondientes de expropiación forzosa. Para ello se establecía un plazo de 6 años que llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.

Sin embargo, la entidad cinegética asegura que no le consta que se haya realizado "ninguna actuación" en esa línea y, considera que, como consecuencia de ello, las administraciones competentes "tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso".

De acuerdo con sus cálculos, Fundación Artemisan estima en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, a lo que se sumaría el coste que conllevaría realizar el control de poblaciones por parte de personal autorizado.

En ese sentido, indica que las administraciones competentes tendrán que afrontar los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que la entidad alerta de que "de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones".

Hasta la fecha los controles son realizados por los cazadores sin que la administración tenga que asumir esa inversión y Fundación Artemisan afirma que al contrario "a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno.

De ese modo, afirma que con la entrada en vigor de tal prohibición, será la administración la que previo pago tendrá que contratar cuadrillas que controlen poblaciones, algo que para los cazadores es "un sinsentido" que el se tengan que afrontar ese coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis provocada por el coronavirus.

Con las reuniones con representantes de distintas formaciones políticas y de las administraciones Fundación Artemisan pretende exponer la "complicada situación que se va a generar" el próximo 5 de diciembre, y les propondrá distintas soluciones como una modificación de la Ley de Parques Nacionales que autorice una nueva moratoria de caza y pesca o una modificación que permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del Parque.

ANSE y WWF han pedido "responsabilidad" tanto a la Región de Murcia como al Gobierno para que "colaboren en el cumplimiento de la normativa ambiental y en la recuperación del Mar Menor", según informaron fuentes de ambas organizaciones ecologistas en un comunicado.

En este sentido, ANSE y WWF han lamentado el anuncio del Gobierno de la Región de presentar un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Las organizaciones recuerdan que el pasado 16 de julio se acordó la declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado químico de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena por parte de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

WWF y ANSE advierten que posicionarse a favor de quienes incumplen la normativa ambiental "terminará perjudicando, precisamente, a las empresas agrícolas que van adaptando su forma de cultivar a la normativa y reduciendo su huella ecológica, y pone en riesgo la recepción de ayudas para la recuperación del Mar Menor por parte de la Unión Europea, y la restauración efectiva y duradera de la mayor laguna litoral española".

Las organizaciones recuerdan que numerosos informes científicos y, de las propias administraciones, consideran que el problema de eutrofización del Mar Menor tiene su origen, principalmente, en la llegada de nutrientes de la agricultura intensiva cuyo control debe ser una prioridad, y que "no se ha ejercido por la Comunidad desde que se reconociera dicha contaminación en 2001, a partir de una queja de ANSE ante la Unión Europea".

ANSE y WWF España mostraron su satisfacción por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en declarar el acuífero del Campo de Cartagena como "masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico", tal y como "requiere la Directiva Marco del Agua".

Esta decisión, recuerdan, "se tomó ante la falta de cumplimiento de las medidas necesarias para hacer frente a la contaminación difusa que exige la legislación europea en la Directiva de Nitratos".

Ambas organizaciones consideran que, aunque esta declaración es necesaria según el marco legal vigente, es solo el primer paso para iniciar la recuperación integral del Mar Menor, que debe continuar con la adopción y aplicación urgente de medidas adecuadas para evitar, en origen, que la contaminación por nitratos siga aumentando y que esta contaminación llegue a la laguna costera.

Las organizaciones califican de "irresponsable" la actitud de la Comunidad autónoma, ya que "la recuperación real y efectiva del Mar Menor pasa, necesariamente, por la recuperación de la calidad del agua del acuífero del Campo de Cartagena y por una transformación profunda de la agricultura intensiva de regadío que se desarrolla sobre el mismo y que condiciona los flujos hídricos y de nutrientes".

En este sentido, consideran "imprescindible" la colaboración entre las instituciones del Estado y la Comunidad autónoma, responsables de garantizar que se cumplan las obligaciones dictadas por la normativa ambiental.

Además, la declaración de esta masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado químico es imprescindible para responder a las autoridades comunitarias en el marco del Dictamen motivado por el incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE.

En este sentido, las organizaciones han venido solicitando, como primer paso, una reducción significativa de la agricultura intensiva en la cuenca de la laguna centrada en los regadíos que carecen de derechos de riego y que fue puesto de manifiesto en el informe presentado en 2018.

Tanto WWF como ANSE lamentan que, a pesar de las advertencias realizadas desde sectores científicos y organizaciones ambientales durante décadas, y del problema de la eutrofia que sufre esta laguna desde el 2016 que la convirtió en una "sopa verde", apenas se hayan adoptado medidas, tales como el levantamiento de los regadíos ilegales o el control eficaz del uso de nutrientes en campo.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha condenado este viernes el asesinato de una mujer con discapacidad en Jerez de la Frontera (Cádiz), presuntamente a manos de su pareja y ha exigido al Gobierno y a todas las administraciones afectadas que adopten medidas específicas para erradicar la violencia machista contra las mujeres con discapacidad.

La secretaria de organización de COCEMFE, Marta Valencia, ha denunciado que "cerca del 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia en sus diferentes formas". Según ha apuntado, "una de cada cuatro mujeres de este grupo social que han sufrido violencia física o sexual han adquirido su discapacidad por las agresiones de sus parejas" y, "cada año, hay que lamentar las peores consecuencias de la violencia machista sobre muchas mujeres con discapacidad que son asesinadas por sus parejas".

"Llevamos un año especialmente duro en cuanto a la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Hemos visto como la pandemia ha recrudecido estas situaciones, como mujeres han adquirido una discapacidad por las agresiones de su maltratador y como el Gobierno aprobaba medidas contra la violencia machista sin tener en cuenta nuestras necesidades", ha lamentado la secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE, Encarnación Rodríguez.

En este sentido, ha recordado que "toda normativa aprobada debe tener en cuenta de forma transversal la perspectiva de discapacidad y de género y combatir desde una perspectiva interseccional las situaciones de discriminación a las que nos vemos sometidas las mujeres y niñas con discapacidad para la defensa y consecución nuestros derechos".

UNA MACROENCUESTA SIN DATOS DISGREGADOS

Es por ello, que la confederación reclama la puesta en marcha de medidas dirigidas a incrementar la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, a garantizar su acceso a la justicia y a recibir una asistencia especializada. Además, llaman a impulsar la recogida de información estadística específica sobre este problema.

En este sentido, señalan que, a pesar de que la 'Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019', que este jueves presentó el Ministerio de Igualdad, supone un avance en el conocimiento estadístico de la violencia sobre las mujeres con discapacidad, debería incorporar una mayor disgregación de datos en relación a las mujeres de este grupo social.

"La prevención es la parte más importante para evitar casos de violencia machista, por lo que reclamamos que se doten recursos específicos de prevención suficientes para que desde todos los ámbitos de intervención se implementen mecanismos para detectar estas situaciones de violencia machista y para proteger a las víctimas de su agresor o agresores", ha indicado Valencia.

COCEMFE advierte de la "especial vulnerabilidad" de las mujeres y niñas con discapacidad frente a las agresiones, pues encuentran una menor capacidad para defenderse; mayor dificultad para expresarse; menor credibilidad en su relato; menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma; mayor dependencia de terceras personas; más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación; menor autoestima y menosprecio de su propia imagen; miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados; y menor independencia y mayor control económicos.

Un total de 228 personas con COVID-19 permanecen ingresadas este viernes en centros hospitalarios de Galicia --19 más que hace 24 horas--, de las que 26 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI), uno más que el jueves, de acuerdo con las últimas cifras aportadas por las siete áreas sanitarias.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee --la que más casos activos de coronavirus acumula, con un total de 1.403--, son 62 los pacientes que han necesitado hospitalización, de los que nueve están en UCI --ocho en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) y uno en el Hospital Modelo-- y 53 en planta --45 en el CHUAC, uno en Modelo, dos en el Quirón y cinco en el Hospital de Cee--.

En Lugo, el número de hospitalizados es de 69 personas, tres más con respecto a hace 24 horas. De ellas, cuatro --una más-- se encuentran en la UCI del Hospital Lucus Augusti (HULA). En este centro hay 44 pacientes en planta y también hay ingresados por COVID en Polusa (17), en el Hospital da Mariña (1) y en el de Monforte (3).

En Ourense son 39 --seis más-- las personas hospitalizadas, de las que hay cinco en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Ourense (CHUO). Asimismo, se encuentran en planta 29 personas en este centro y otras cinco en Verín.

En el caso del área de Santiago y Barbanza, se ha informado de 23 --seis más-- personas ingresadas en planta y dos en la UCI, todas ellas en el Hospital Clínico.

En Vigo, las personas con coronavirus en UCI son cuatro --una en Povisa y otras tres en el Hospital Álvaro Cunqueiro-- y 14 en planta --10 en el Cunqueiro, tres en Povisa y una en el Vithas Fátima--.

En el caso de Pontevedra, son 10 los pacientes ingresados, de los que dos se encuentran en la UCI en el Montecelo y el resto, en planta. Por último, en el área sanitaria de Ferrol son cinco los ingresos, todos en planta.

Los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos han firmado una declaración común en la que piden a la Comisión Europea que garantice la soberanía monetaria de la eurozona y el papel del BCE como único emisor de divisas ante el empuje de las llamadas 'stable coins': criptomonedas que están asociadas a una divisa oficial, como el dólar o el euro, o a activos como el oro.

Los responsables económicos de estos cinco países han presentado el texto en los márgenes de la reunión del Eurogrupo que ha tenido lugar en Berlín este viernes.

"Queremos un simple principio: el BCE es la única entidad que tiene permitido emitir una divisa, y este punto es algo que no puede ser dañado o debilitado por ningún proyecto, incluido Libra (la criptodivisa de Facebook)", ha resumido el francés Bruno Le Maire en una comparecencia conjunta en la que no han respondido preguntas de la prensa.

En la misma línea, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado que la declaración está basada en tres prioridades: la soberanía monetaria, la estabilidad financiera y la protecció de los consumidores. "Los ciudadanos tienen que estar seguros y sentirse protegidos por el sistema monetario que nos hemos dado a nosotros mismos", ha subrayado.

La española ha recordado que la Comisión Europea tiene previsto presentar un marco regulatorio para las criptodivisas y que, cuando sea acordado por los ministros, significará que la UE "liderará el camino" en este campo y facilitará el desarrollo de un "estándar global" sobre divisas virtuales.

"La declaración es una fuerte señal de que estamos unidos y comprometidos para garantizar, por un lado, que apoyamos e impulsamos la innovación financiera y, por otro, esto va de la mano con la estabilidad, la protección de los consumidores y la soberanía monetaria", ha expreado el ministro italiano Roberto Gualtieri.

NINGUNA CRIPTODIVISA EN LA UE SIN MARCO LEGISLATIVO

Así, el texto pide a Bruselas que no se permita que ninguna criptodivisa global pueda operar en el bloque comunitario sin que la UE haya aprobado antes un marco legal y de supervisión que haga frente a los desafíos y preocupaciones que presentan este tipo de activos.

En este contexto, las cinco capitales esperan que el Ejecutivo comunitario presente la propuesta legislativa al respecto durante el primer trimestre de 2021. La futura normativa, han remarcado, debe servir para prohibir loas 'stable coins' que no cumplan con unos requisitos previos.

Además, de garantizar la estabilidad financiera y la protección del consumidor, estos cinco países poden que la legislación europea de ataje "adecuadamente" cualquier amenaza que las criptodivisas pueden plantear en términos de financiación de actividades terroristas y de blanqueo de capitales.

Por último, todos los proveedores de servicios que utilicen este tipo de activos deben operar en al UE cumpliendo cumpliendo el reglamento europeo de protección de datos.

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido al Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos que no haya fiestas del Pilar y que no se celebre ningún acto, tampoco institucional, como el pleno de entrega de la Medalla de Oro de Zaragoza y otras distinciones.

Tras hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos porque la salud pública es lo mas importante y "nos tenemos que proteger entre todos" ha añadido que este Ayuntamiento también tiene que proteger a sus ciudadanos.

"Queremos que haya un mensaje no engañoso sobre las fiestas del Pilar. No puede haber un poco de fiestas del Pilar y no debe haber actos institucionales, ni pregones virtuales. No hay fiestas del Pilar y es importante que el equipo de gobierno lo defina".

En rueda de prensa, Ranera ha explicado que el pleno de entrega de los galardones que marca el inicio de las fiestas del Pilar "no se tiene que celebrar porque no es de control político, sino de homenaje, aunque desde el Gobierno se insiste en convocarlo" y se ha dado de plazo a los grupos municipales hasta el miércoles, 16 de septiembre, para presentar a sus candidatos a hijos predilectos y adoptivos de la ciudad.

"No es no. No debe haber actos institucionales porque se traslada la imagen de que hay fiestas y hay hasta cartel anunciador, que se tendrá que utilizar cuando sea necesario", ha opinado.

En este sentido, ha avanzado que el PSOE defenderá una moción para rescatar al sector cultural durante todo el año y no solo por la suspensión de las fiestas del Pilar.