El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha dejado claro este martes a Unidas Podemos que no se puede pretender utilizar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para que pregunte sobre asuntos de "interés particular" de los partidos. Este ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido para justificar su voto en contra de la iniciativa de sus socios de gobiernos para instar al CIS a sondear la opinión ciudadana sobre la Monarquía.

El Pleno del Congreso ha debatido esta proposición no de ley de Unidas Podemos que sólo ha encontrado apoyo entre los partidos nacionalistas, independentistas y Más País-Equo. Aunque la votación no tendrá lugar hasta el miércoles, el voto en contra anunciado por el PSOE, el PP y Vox no le deja ningún viso de salir adelante. Será la primera vez que el PSOE rechace en el Pleno una proposición no de ley de sus socios de Gobierno.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha denunciado que la Monarquía se convirtió en "un tabú" en el CIS hace cinco años, cuando su popularidad empezó a "caer en picado" por los casos de corrupción, y que ahora el presidente del CIS, José Félix Tezanos, dice que no se pregunta por ella porque "no interesa"

Pero, según Asens, no se sondea a la ciudadanía sobre esta cuestión porque saldría un resultado favorable a la República. Se trata de decidir si se CIS se pone al servicio de la democracia o sigue al servicio de algunos partidos, la Casa Real y los monárquicos", ha apuntado Asens, intentando convencer a los diputados del PSOE con "corazón republicano" de que apoyasen su proposición.

UN INSTITUTO AUTÓNOMO

Pero Simancas ha defendido que el CIS es "un instituto de carácter científico y autónomo" por lo que "las instancias políticas no deben redactar sus preguntas". "Y tampoco sus respuestas", ha deslizado.

También ha incidido en que la última vez que el preguntó sobre qué aspectos de la Constitución habría que reformar, sólo un 1,5% mencionó el modelo de Estado --"una cifra discreta"-- y que en sus barómetros mensuales la Monarquía aparece citada como un problema en el 1,5% de los cuestionarios, ocupando "el puesto 32".

Por todo ello, ha rechazado apoyar la iniciativa de sus socios de Gobierno a los que ha dejado claro que no se puede utilizar el CIS para sondear la opinión de asuntos que constituyen "sus intereses políticos particulares" para ayudarles a "marcar perfil".

Durante el debate se han escuchado menciones a la salida de España del Rey emérito y también peticiones de referéndum para que la ciudadanía pueda elegir qué modelo quieren para la Jefatura del Estado.

"La mejor encuesta sería un referéndum", ha dicho por su parte del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, una idea que también ha apuntado la diputada de ERC Marta Rosique, cuya formación ha registrado una enmienda para solicitar que el CIS pregunte también sobre la República y sobre la conveniencia de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. También la CUP, Junts y el PNV han respaldado la iniciativa de Unidas Podemos.

CORTINA DE HUMO

En el otro extremo, el 'popular' Carlos Rojas ha definido la iniciativa como "una cortina de humo" para esconder la "incompetencia" de Unidas Podemos, a quienes ha acusado de "zarandear a la Monarquía constitucional" y ha dejado claro su rechazo a la misma.

Desde Vox, Manuel Mariscal, ha avanzado el rechazo de su grupo a una iniciativa que, desde su punto de vista, sólo busca utilizar el dinero público para "manipular la opinión de los españoles" sobre "una institución que nada perjudica su bienestar".

Por último, en nombre de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha recriminado al grupo proponente que después de "manosear" el CIS ahora pretendan también "dictarle las preguntas" en lo que interpreta como un paso más en su proyecto de "parasitación de las instituciones".

Meliá Hotels International ha informado este martes de que, el 1 de septiembre se inscribió en el Registro Mercantil de Mallorca la reducción de capital social por amortización de acciones propias, mediante la amortización de 9,3 millones de acciones propias existentes en autocartera, de 0,20 euros de valor nominal cada una, representativas de un 4,049% del capital social.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ha indicado que el capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en 44,08 millones de euros, correspondientes a 220,4 millones de acciones de 0,20 euros de valor nominal cada una.

El pasado 10 de julio, la junta general ordinaria de accionistas aprobó la reducción de capital por amortización de acciones propias y la reelección de Carina Szpilka como consejera externa independiente.

En concreto, se sometió a votación la propuesta de reducir el capital social de Meliá Hotels International en el importe total de 1,86 millones de euros.

El presidente no ejecutivo de la compañía, Gabriel Escarrer Juliá, dedicó parte de su intervención en la junta a abordar el impacto de la crisis COVID-19 en el negocio, asegurando que la empresa saldrá fortalecida.

La crisis nos sorprendió con los deberes hechos en materia financiera, un portfolio hotelero renovado en su práctica totalidad, y una inversión en digitalización ya realizada superior a 170 millones de euros", argumentaba el presidente.

Según la información remitida a la CNMV, entre las propuestas a votación también se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019, la aplicación del resultado del año pasado, el nombramiento como consejero externo dominical de Hoteles Mallorquines Agrupados (representado por José María Vázquez-Pena Pérez) por el plazo de cuatro años o la determinación del número de miembros que forman el consejo de administración, que se fijó en once.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado esta tarde al Rey Felipe VI que "ahora se presenta el objetivo y la oportunidad de actualizar el Autogobierno vasco" y avanzar en un nuevo modelo de Estado.

El Monarca ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Iñigo Urkullu, quien durante el encuentro ha recordado que la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 presenta los Derechos Históricos "como engranaje entre el sustrato foral y el constitucionalismo del Estado moderno".

Según han informado desde Presidencia del Gobierno Vasco, el Estatuto de Gernika de 1979 supuso el reconocimiento, en el bloque de constitucionalidad, de la identidad "singular y diferenciada del Pueblo Vasco, constituida por la titularidad de los Derechos Históricos".

Por ello, el jefe del Ejecutivo Vasco ha apuntado que este proceso debe asentarse en un "Acuerdo amplio en Euskadi y en un nuevo Pacto con el Estado". "Se trata de pactar la modernización del modelo de relación singular y bilateral que simbolizan los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, estableciendo un sistema de concertación y bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado", ha indicado el lehendakari.

Para el mandatario vasco, el objetivo es alcanzar un "Acuerdo/Pacto político de futuro que reconozca la realidad nacional de Euskadi, la singularidad del Autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi Basque Country.

Las mismas fuentes han señalado que la reunión con el Rey se produce en el momento del inicio de la nueva legislatura en Euskadi y en el marco de la "cortesía institucional", y se ha desarrollado en un clima de "cordialidad", con una duración de dos horas y media.

En la primera parte del encuentro, se ha tratado la situación creada por la pandemia del coronavirus desde el pasado mes de marzo. Se han compartido las lecciones aprendidas en todos los ámbitos de los servicios esenciales a la ciudadanía, la afección de la misma a los diferentes sectores de actividad económica y al empleo, así como a la convivencia social.

El Lehendakari ha dado cuenta de la situación en Euskadi desde el día 13 de marzo, en que se declaró la emergencia sanitaria, hasta la fecha, destacando la "importancia" del autogobierno y de las instituciones vascas a la hora de afrontar esta situación.

En este sentido, ha indicado que una de las "lecciones aprendidas" ha sido la necesidad de fortalecer la gobernanza colaborativa, esto es, un modelo que defina "con mayor claridad" las responsabilidades y armonice las relaciones entre las diferentes instituciones.

Urkullu ha trasladado la necesidad de afianzar esta cultura de la "gobernanza colaborativa. "Ésta es una de las lecciones aprendidas en esta pandemia y el modelo es de aplicación también a la colaboración público-privada, así como a la profundización en las relaciones de las instituciones públicas con el tercer sector y la sociedad civil organizada", ha explicado.

Desde el punto de vista económico y social, el Lehendakari ha trasladado la visión futura de un proyecto que tiene como objetivo sumar reconstrucción y transformación. "El inicio de la legislatura permite compartir diagnóstico, estrategia y plan de acción con el horizonte de asentar una Euskadi más verde, más digital y más inclusiva", ha dicho.

La Comisión Europea inicia este miércoles 16 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad que busca sensibilizar, tanto a responsables políticos como a ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

Se trata de una iniciativa que surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, en la semana del 16 al 22 de septiembre, y durante este periodo se realizan actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

En esta edición, a la que anima a la participación el Ministerio de Transición Ecológica español, el organismo europeo ha decidido poner como lema "Por una movilidad sin emisiones" que, según explica la organización, refleja "el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050, recogido en el Pacto Verde Europeo".

El tema también pretende resaltar la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas.

Para tratar esta cuestión, el Ministerio que dirige Teresa Ribera celebra una jornada en formato webinar, que se celebra este jueves 17 de septiembre, y en la que también tendrá lugar la entrega de los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2019).

Finalmente, el 22 de septiembre se cierra la semana con el evento '¡La ciudad, Sin coche!', que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

La Comunidad aragonesa ha sumando 226 contagios, correspondientes a los resultados de 2.113 PCR conocidos este lunes, 14 de septiembre, lo que sitúa la tasa de positividad en el 10,70 por ciento.

Además, los municipios que están en confinamiento perimetral desde la pasada semana, Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Andorra (Teruel), han detectado 14 y 15 casos, respectivamente, según ha informado el Gobierno de Aragón a través de su portal web de Transparencia.

De los 226 casos totales, 153 corresponden a la provincia de Zaragoza, 45 a Teruel y 23 a Huesca, además hay 5 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia. Del total de los casos, el 49 por ciento son asintomáticos.

En la distribución por áreas de salud, en las de Zaragoza ciudad hay 61 casos y en el resto de la provincia se han registrado los citados 14 en Ejea de los Caballeros; 9 en Tauste; 24 en Alfajarín; 7 en Utebo y en Tarazona; 4 en Caspe; 2 en Épila, en Calatayud urbana y en La Almunia de Doña Godina; y 1 en Cariñena y Gallur, Bujaraloz, Borja, Alagón, Daroca, Illueca, Sabiñán y Villamayor.

En la provincia de Teruel, hay 15 casos en la capital; otros 15 en Andorra; 4 en Alcorisa; 3 en Monreal del Campo; dos en Alcañiz; y 1 en Alfambra, Calamocha, Cella, Mora de Rubielos.

En la provincia de Huesca se contabilizan 8 en la capital; también 8 en Sabiñánigo; 3 en Benabarre, Fraga; y uno en Barbastro. Además, hay 18 casos sin zona básica de salud identificada.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses hay 483 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo --80 en UCI y 423 en planta--.

La Comunidad tiene disponible en estos momentos, 1.266 camas de hospitalización convencional, 65 camas UCI con respirador y 11 sin respirador.

Respecto a la distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses, incluyendo las clínicas privadas, en el Hospital Clínico Universitario hay 123 casos y 19 en UCI; en el Miguel Servet 76 casos y 23 en UCI; en el Hospital Royo Villanova 38 casos y cinco en UCI; en el Hospital Nuestra Señora de Gracia 10 pacientes de los que 2 están en UCI; en el Hospital General de la Defensa hay 12 casos.

En el Hospital Ernest Lluch hay 7; en el Hospital San Jorge hay 30 y 5 en UCI; en el de Barbastro 16 y 4 en UCI; en el Centro de Salud de Fraga hay 7 pacientes; en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se contabilizan 15 y 1 en UCI; en el Hospital San José 1;y en el Hospital de Alcañiz 39 casos,

Asimismo, en el Hospital San Juan de Dios hay 33 casos; en el Hospital Obispo Polanco hay 18 casos, uno en UCI; en el Hospital de Barbastro 15 casos, cuatro en UCI; en el Hospital Nuestra Señora de Gracia 12 casos, dos en UCI; en el Hospital General de la Defensa 12 casos; en el Centro de Salud Ejea-Cinco Villas 11 casos; en el Hospital Ernest Lluch ocho casos, y en el Centro Salud de Fraga-Bajo Cinca siete casos.

En el Hospital Quirón hay siete casos, uno en UCI; en la Clínica Montpellier hay 4 casos; en el Hospital la MAZ hay un tres, en la Clínica Santiago hay 2; y 1 caso en la Clínica Nuestra Señora del Pilar y en la Clínica Montecanal.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha señalado este martes que la guerra arancelaria de la administración de Donald Trump a China va en contra de las leyes comerciales internacionales.

Así lo ha señalado un panel de expertos de la organización, alegando que el Ejecutivo estadounidense rompió las regulaciones a nivel global cuando impuso aranceles en los bienes chinos en 2018 por valor de unos 400.000 millones de dólares (337.600 millones de euros).

De este modo, el panel ha determinado que los impuestos fueron discriminatorios y excesivos, agregando que Estados Unidos no había demostrado que las medidas estuvieran previamente justificadas.

Por su parte, Estados Unidos ha afirmado que los impuestos a las importaciones chinas durante la administración Trump estaban justificados bajo la ley estadounidense porque China había incurrido en prácticas comerciales desleales al obligar a las empresas estadounidenses a entregar tecnología sensible y robar su propiedad intelectual.

Según recoge el tabloide británico 'Financial Times', este nuevo paso probablemente incremente la hostilidad del ejecutivo norteamericano hacia la organización comercial, de la que frecuentemente ha amenazado con retirarse a menos que introduzca reformas en sus operaciones.

El secretario de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha expresado que la declaración del organismo confirmaba que este era "completamente inadecuado" para confrontar las "dañinas" políticas tecnológicas de China.

"Los Estados Unidos deben poder defenderse a sí mismos contra las prácticas comerciales injustas, y la administración Trump no dejará a China utilizar la OMC para tomar ventaja sobre los trabajadores, empresas y granjeros americanos", ha expresado Lighthizer.

A partir de ahora, Estados Unidos podría apelar la sentencia. Sin embargo, el órgano de apelación del mecanismo de resolución de la OMC no está activo tras la no aprobación de Estados Unidos en la nominación de nuevos jueces hasta que se reforme la institución.

Pese a que ambos países establecieron una tregua en esta guerra arancelaria en enero, los impuestos procedentes de norteamérica siguen vigentes. Las relaciones entre las dos administraciones, además, se han recrudecido tras la pandemia de coronavirus.

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV han rechazado en el Pleno del Congreso la 'hoja de ruta' propuesta por Vox para la industria, que incluye una rebaja de impuestos o el fomento del consumo nacional.

Estas formaciones han afeado a Vox su insistencia en las rebajas de impuestos, su "negacionismo" de la emergencia climática, al no enmarcar ninguna propuesta en la transición ecológica, y defender una homogeneización normativa cuando las comunidades autónomas tienen transferidas competencias en política industrial.

Por su parte, el PP y Ciudadanos han buscado negociar modificaciones a la iniciativa, los dos con menciones a las condiciones medioambientales, al cambio climático y a la transición energética, para favorecer la adaptación de este sector.

En su intervención, la diputada de Vox, Patricia Rueda, ha acusado a los diferentes gobiernos del PSOE y del PP de no apostar por una política industrial, y al actual de Pedro Sánchez, de acabar con ella con "una agenda ideológica maquillada de 'verde'".

PP: "NOSOTROS SÍ CREEMOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO"

El 'popular' Alberto Herrero Bono, ha lamentado que la iniciativa sea "un copia y pega" del Pacto por la Industria en el que trabajaba el Gobierno de Mariano Rajoy y ha afeado a Vox "negar la evidencia" del cambio climático. "Nosotros sí creemos en el cambio climático", ha aseverado.

Por su parte, Miguel Gutiérrez, de Cs, ha pedido a la bancada de Vox que "abandonen el populismo" y "trabajen un poquito más con el resto de grupos" para desarrollar un plan por la industria, afeando el abandono de esta formación de la Comisión para la Reconstrucción.

EL PSOE, AL PP: "NO SE LO HAN CREÍDO NUNCA"

Por el PSOE, Alejandro Soler Mur ha dicho que la liberalización del suelo alimentó el proceso de desindustrialización y que, precisamente, Vox defiende profundizar en esta política urbanística. Respecto a la rebaja de impuestos, ha aseverado que "no hay ningún paraíso fiscal que destaque por ser una potencia industrial". Soler también ha afeado el manifestado compromiso del PP con el cambio climático: "No se lo han creído nunca", ha dicho.

¿Vienen a defender a España o a poner una alfombra roja al capital extranjero, muchas veces especulativo?", se ha preguntado, al respecto la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón, lamentando la falta de condiciones en las ayudas a una industria "altamente dependiente" de la inversión privada de trasnacionales extranjeras.

Joan Capdevilla, de ERC, ha acusado a Vox de "triple negacionismo" --"realidad autonómica, dimensión global y europea de la economía y de la emergencia climática"--, mientras que Idoia Sagastizabal, del PNV, ha recordado cómo el Gobierno ya tiene encomendado, y trabaja, la elaboración de una estrategia industrial, pero ha criticado lo que considera "injerencias" en las competencias transferidas a las comunidades.

Partido Popular de Navarra ha advertido este martes al PNV que "Navarra tiene voz propia y no necesita intermediarios". La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha respondido así al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha afirmado que la formación nacionalista quiere "seguir siendo la voz" de Navarra en Madrid.

El PPN ha emitido un comunicado tras de la reunión semanal de su Comité de Dirección, reunión en la que Beltrán ha afirmado que las declaraciones de Ortuzar son "una afrenta a los navarros y una falta de respeto a la Comunidad foral". "Los navarros estamos hartos de las injerencias del nacionalismo vasco, cuya máxima aspiración es que dejemos de ser lo que somos: navarros y españoles", ha subrayado.

El PPN ha afirmado que "el pronunciamiento del nacionalismo vasco es un episodio más de una estrategia escalonada cuyo objetivo final es apuntalar la anexión de Navarra al País Vasco".

En este sentido, Beltrán ha incidido en que "esta nueva injerencia del PNV se produce días después de que el Gobierno vasco utilizase el escudo del Gobierno vasco que incluye las cadenas de Navarra, un escudo que el Tribunal Constitucional prohibió utilizar al Ejecutivo vasco al entender que invade y lesiona la competencia que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra en relación con su propio símbolo".

Beltrán ha demandado que "los Gobiernos de España y de Navarra dejen de mirar hacia otro lado y exijan respeto para los navarros" y ha afirmado que "tanto Pedro Sánchez como María Chivite están dispuestos a seguir cediendo ante el nacionalismo con tal asegurarse su particular cuota de poder".

"Navarra debe dejar de ser la moneda de cambio para que el PSOE acceda a Gobiernos o apruebe Presupuestos Generales del Estado", ha exigido.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha participado este martes en una cumbre internacional, organizada por Israel y a la que han asistido representantes de un total de 19 países, que han reiterado su compromiso con la colaboración global en la lucha frente a la COVID-19.

En su intervención, el ministro Duque ha expuesto las principales acciones que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha desarrollado desde el inicio de esta pandemia, principalmente a través de la financiación de proyectos de investigación y apoyando proyectos en el ámbito empresarial.

También ha explicado que, con el objetivo de tener información y datos fiables para la mejor toma de decisiones, se ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo Multidisciplinar y se ha llevado a cabo un Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, que se repetirá en las próximas semanas para seguir avanzando en el conocimiento sobre el coronavirus y la enfermedad que provoca.

Junto a España, en la reunión han intervenido representantes de Argentina, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Alemania, Guatemala, Honduras, Hungría, Italia, Perú, Polonia, Eslovenia y Suecia. El ministro Israel de Ciencia y Tecnología, Izhar Shay, ha abierto y cerrado el encuentro.

Los participantes han firmado una declaración conjunta en la que han expresado su interés en fortalecer la cooperación entre sus países e intensificar los esfuerzos en el campo de la investigación frente al COVID-19.

Con este objetivo, durante esta cita, se ha lanzado una nueva plataforma virtual para promover la cooperación científica global en la investigación frente al nuevo coronavirus. El ministro de Israel ha invitado a todos los representantes a compartir entre la comunidad científica de sus respectivos países esta nueva red, a través de la cual los investigadores e investigadoras podrán intercambiar información y colaborar en el marco de sus proyectos.

La Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad.

Según el director general de Políticas de Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada, la pandemia y el estado de alarma "han afectado al normal desenvolvimiento de las relaciones familiares, sociales y laborales, con especial incidencia en colectivos vulnerables".

Pese a que reconoce que todavía es pronto para pronosticar las consecuencias de esta crisis, señala que "todo apunta a que las personas con discapacidad serán uno de los colectivos más afectados".

El objetivo de la investigación es identificar las principales necesidades y dificultades que están afrontando las personas con discapacidad, así como sus familiares y entorno a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en diferentes ámbitos como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales y los derechos básicos.

Asimismo, busca reflexionar en torno a las consecuencias socioeconómicas y los retos futuros que la crisis tendrá para las personas con discapacidad en cada uno de los ámbitos señalados, con el fin de proponer posibles líneas de actuación que tengan en cuenta variables como la edad, el tipo de discapacidad, la perspectiva de género o las desigualdades sociales, desde un enfoque acorde con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La investigación será desarrollada por el SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, y combinará un enfoque cuantitativo y cualitativo a través de microencuestas online y la aplicación del método Delphi con profesionales y personas expertas.

El consejo de administración del Grupo Catalana Occidente ha convocado la junta general de accionistas para el próximo 29 de octubre en primera convocatoria y el 30 de octubre en segunda, ambos casos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a las 17.00 horas. En ellas se votará la propuesta de reducción de dividendo con cargo a 2019 hasta 81,51 millones de euros.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recomienda a los accionistas que no asistan físicamente a la junta general y sigan el desarrollo de la misma por medio de la retransmisión íntegra en directo que se realizará a través de la web corporativa.

Por ello, ha recomendado que ejerciten sus derechos mediante mecanismos de voto a distancia y delegación de la representación por medio de comunicación a distancia puesto a su disposición.

La compañía limitará el acceso a la sala en la que tendrá lugar la celebración de la junta general de accionista a aquellos que deseen participar físicamente en ella y a aquellas personas que deban asistir o cuya participación se considere necesaria para el mejor desarrollo de la reunión.

En el orden del día figura la distribución de resultados del ejercicio 2019, la autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias y la delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la junta general.

El consejo de administración en reuniones celebradas el 27 de junio de 2019, el 26 de septiembre de 2019, el 30 de enero de 2020 y el 22 de abril de 2020, acordó abonar a los accionistas 0,1588 euros por acción, en cada una de las tres primeras sesiones y 0,20285euros por acción en la cuarta sesión, lo que supone un importe total de 81.510.000 euros, en concepto de dividendo a cuenta.

Los cuatro dividendos se hicieron efectivos, actuando como entidad pagadora el BBVA en fechas de 10 de julio de 2019, 9 de octubre de 2019, 12 de febrero de 2020 y 13 de mayo de 2020, respectivamente.

Por esto, el consejo de administración ha acordado someter a la junta del 29 de octubre una nueva propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

El primer punto es la reducción del dividendo total del ejercicio 2019 inicialmente propuesto de 105,85 millones de euros a 81,51 millones euros y el segundo es el aumento de la cantidad destinada a reservas voluntarias de 110,42 millones a 134,77 millones y, en consecuencia, ausencia de un dividendo complementario en la propuesta de distribución de resultados.

De este modo, el dividendo total del ejercicio social 2019 asciende a 81,51 millones de euros, es decir, a 0,67925 euros brutos por acción.

El grupo había anunciado el pasado mes de febrero un aumento del 10% del dividendo complementario que se pagaría el 13 de mayo de 2020 y con el que se esperaba repartir un total de 105,85 millones de euros a razón de 0,8821 euros por acción en dividendos con cargo a resultados de 2019.

Con los acuerdos anunciados el pasado mes de abril, Catalana Occidente habrá distribuido cuatro dividendos a cuenta por un total de 81,51 millones de euros (0,67925 euros por acción) con cargo al ejercicio de 2019, lo que representará un 'payout' del 21,1%.

Los servicios de Epidemiología ha constatado la trasmisión comunitaria del coronavirus en los municipios de Pesquera de Duero (Valladolid) y Sotillo de la Ribera (Burgos), lo que fuerza la adopción de medidas de contención que entrarán en vigor a partir de este miércoles, 16 de septiembre, con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y durante, inicialmente, un período de 14 días.

La Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria y en el marco que le confiere la legislación nacional y autonómica, ha acordado la adopción de medidas preventivas frente a la COVID-19 en Sotillo de la Ribera (Burgos) y Pesquera de Duero (Valladolid), al constatar los servicios de Epidemiología la existencia de transmisión comunitaria, una sospecha que ya avanzó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la mañana de este martes.

Esta decisión sanitaria de implementar acciones de contención ha sido acordada de forma coordinada con todas las administraciones implicadas y con la colaboración e implicación de los representantes municipales de ambas poblaciones, habiendo solicitado la Junta de Castilla y León su ratificación judicial.

Las órdenes por las que se dará publicidad a estas medidas en cada uno de los municipios afectados tendrán efectos una vez publicadas, en el Boletín Oficial de Castilla y León e, inicialmente, tienen una vigencia prevista de 14 días naturales, plazo que podrá prorrogarse de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica que ha provocado la adopción de las medidas de contención.

De esta forma, se restringe la libre entrada y salida de personas de los municipios de Sotillo de la Ribera (Burgos) y Pesquera de Duero (Valladolid), salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes que imparten las enseñanzas del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; y cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen el territorio de dichos municipios estará permitida, siempre y cuando tengan origen y destino fuera de los mismos.

Se permite la circulación de personas residentes dentro de los municipios afectados, si bien se desaconsejan los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización, a adoptar por la dirección del centro. Asimismo, se suspenden las salidas de los residentes al exterior.

La participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado en dichos municipios se limitará a un número máximo de diez personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes. Quedan, además, suspendidas las actividades de las peñas y de naturaleza análoga en dichos municipios.

Todos los ciudadanos han de colaborar activamente en el cumplimiento de estos preceptos, de manera que su incumplimiento individualizado podrá constituir infracción administrativa sancionable según establece el Decreto-ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León.

La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de estas medidas de contención corresponde a las autoridades estatales, autonómicas y locales según el régimen competencial aplicable; todas las administraciones colaboran para la resolución en el menor plazo posible de esta situación epidemiológica y la reversión de las medidas adoptadas.

No obstante y ante las actuales circunstancias, es imprescindible el compromiso individual para cumplir con las medidas básicas para la prevención de la COVID-19 (lavado frecuente de manos, distanciamiento físico interpersonal y uso obligatorio de mascarillas) e imperiosa la necesidad del cumplimiento social en lo referido a las obligaciones más específicas que se recogen en el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León.

La Junta ha apelado también a responsabilidad ciudadana para con el cumplimiento de estas medidas y de cualquier otras obligaciones al respecto, por cuanto son fundamentales para evitar la transmisión comunitaria, insistiendo en que todos y cada uno de los ciudadanos ha de extremar la observancia de las medidas individuales y colectivas para frenar más contagios por SARS-CoV-2.

Vox se ha quedado este martes solo en el Congreso defendiendo su reforma de la Ley de Partidos para ilegalizar a formaciones separatistas como ERC, Junts o Bildu por pretender destruir "la indisoluble unidad de España". Todos los partidos han adelantado su voto contrario a esta iniciativa salvo el PP y Ciudadanos, que se han situado en la abstención.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, comenzaba augurando que hoy sería "un día histórico" para tomar medidas "decentes" en defensa de la democracia si se acaba tomando en consideración su iniciativa pero enseguida se ha encontrado con toda una Cámara en contra.

"Ni el terrorismo de ETA, amparado en Batasuna o Bildu, ni el golpe de Estado en Cataluña ni el Plan Ibarretxe tiene cabida en nuestra estructura constitucional", ha proclamado Espinosa de los Monteros, quien ha llamado a proteger a España de los nacionalismos por ser, según sus palabras, "incompatibles con la democracia". "No se trata de ilegalizar ideas, sino de preservar el espacio de libertad que es la Constitución", ha recalcado.

Sin embargo, su propuesta ha cosechado un reguero de críticas, no ya las previsibles de los partidos nacionalistas e independentistas, sino también del PSOE, el PP o Ciudadanos, que han acusado a los de Santiago Abascal de ir en contra de la Constitución y a los que han afeado sus problemas con la pluralidad política o la libertad de expresión.

PROPUESTA "LLENA DE ODIO"

Así lo ha verbalizado el diputado del PSOE, José Zaragoza, quien señalado a Vox como los "enemigos" de una Constitución, la de 1978, que ampara y protege a "todos", también a ellos y a los independentistas, de haberse convertido en "una perfecta máquina de rabia perpetua" presentando ahora una proposición de ley, a su juicio, "llena de odio" y de actuar como "reaccionarios" que "añoran la dictadura de Franco".

Desde Unidas Podemos Pilar Garrido ha apuntado que lo único que busca Vox con su propuesta es "achicar la democracia" pisoteando principios básicos como la libertad ideológica o el pluralismo político porque su objetivo no es otra, ha dicho, que "una España monocolor de partido único y con un único ideario".

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha avisado de que su partido no podía apoyar una proposición que pretende ilegalizar a todas las formaciones independentistas "por el mero hecho de serlo". "Eso va en contra de la Constitución", ha enfatizado el 'popular', afeando a Vox que cuando se defiende la Carta Magna ha de hacerse en su integridad, "no sólo lo que conviene" y recordándole que en España se puede defender cualquier proyecto político siempre "por la vía pacífica", respetando las leyes ya vigentes y los derechos de todos.

En la misma línea, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha compartido con Vox que el secesionismo es "nocivo" pero ha defendido que la solución ante aquellos partidos que buscan romper el país no pasa por "prohibir una idea per se" sino por cambiar la "maldita" Ley Electoral y porque los principales partidos nacionales logren ponerse de acuerdo quitando así poder a los nacionalismos.

A QUIEN HAY QUE ILEGALIZAR ES A VOX

Quienes más han cargado las tintas contra los de Abascal han sido las fuerzas nacionalistas e independentistas a las que pretende expulsar del escenario político, que les han acusado de intentar ganar mediante ilegalizaciones "lo que jamás conseguirán en las urnas", como ha dicho la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. A su juicio, es Vox quien debería estar fuera por vulnerar las libertades y derechos de diferentes colectivos sociales o de excluir a personas por su ideología, raza o sexo.

Una reflexión esta que ha compartido su homólogo del PNV, Aitor Esteban, quien ha confesado tener ganas de mandar a Vox "donde lo habría hecho Labordeta --y su famoso 'a la mierda'"--, al igual que Jaume Alonso Cuevillas, representante de Junts, y a los que a los que ha censurado por pretender cargarse ese modelo de estado que dicen defender. "Ni Franco pudo acallar la voz de los nacionalistas vascos, no lo van a hacer ustedes ahora, que son el último godo", ha advertido Esteban.

En ERC, Gabriel Rufián ha tachado de "catetada" la iniciativa promovida por Vox con la que pretenden ilegalizar "a más de dos millones de catalanes" y ha alertado al PSOE de que ésta puede convertirse sen real decreto si no planta cara al "régimen del 36". Lo mismo ha hecho Mireia Vehí, en nombre de la CUP, quien se ha preguntado cómo es posible que las fuerzas progresistas del país no paren a la extrema derecha.

De su lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sugerido a Vox reformar la Ley Electoral para crear "una única circunscripción en el Barrio de Salamanca (Madrid)" y en la misma línea el representante de Compromís, Joan Baldoví, le ha instado a presenta una iniciativa para, como "hicieron los nazis", ilegalizar a todos los partidos salvo a Vox.

"Hay nacionalismos peligrosos, pero el suyo, que huele a dictadura, naftalina y fascismo", ha apostillado. "No van a conseguir doblegar ni al independentismo ni al nacionalismo", ha añadido el asegurado del BNG, Néstor Rego, quien ha contrastado el resultado cosechado por su partido con el obtenido por los de Abascal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado este martes la importancia de la información especializada y el conocimiento como sostén para contribuir a la búsqueda de la verdad en el proceso judicial durante la presentación telemática de la colección de anuarios 2020 de la firma Wolters Kluwer 'Prácticas para abogados de contencioso, fiscal, laboral y mercantil'.

Se trata de un inventario que recoge "material indispensable para la labor diaria que se practica en los despachos" y ha recalcado que "es una fuente de conocimiento exhaustivo que permite el ejercicio de la profesión con mayores garantías".

La recopilación de casos relevantes recogidos en los anuarios, aunque no recogen casos poscovid, sí permiten encontrar materias que, a juicio del titular de Justicia, "adquirirán mayor relevancia en esta nueva normalidad", como son los métodos alternativos de resolución de conflictos, el derecho concursal o la figura del principio 'rebus sic stantibus'.

Campo ha ensalzado las virtudes de herramientas digitales proporcionadas por Wolters Kluwer como Smarteca, que "también contribuyen al avance de nuestro ordenamiento jurídico".

Así, ha puesto en valor la gran labor, no solo de generación de conocimiento en el mundo del derecho profesional, sino como fuente de aprendizaje para los estudiantes. Y en este sentido, ha agradecido que Wolters Kluwer ponga a disposición, de manera gratuita, un amplio catálogo de publicaciones y recursos en internet que facilita su tarea y labor diaria a muchísimas personas relacionadas con el ámbito del derecho.

"Tiene presente tanto a los grandes despachos como a las personas que hoy comienzan y que llegarán a ser los primeros espadas de la abogacía del futuro. Esto es invertir y apostar por el talento de hoy que será el conocimiento del futuro", ha señalado.

El ministro ha hecho un paralelismo con los objetivos de Justicia2030, "donde converge todo, donde plasmamos nuestra visión de país, un espacio donde caben proyectos diversos y asimétricos, que permiten a unos u otros sumarse en función de las necesidades de cada cual".

"Nuestro modelo utiliza los mismos elementos que las grandes empresas del conocimiento, como Wolters: innovación, conocimiento, formación, análisis, transformación digital, transversalidad, colaboración", abunda, al tiempo que les ha invitado a "compartir su conocimiento con nosotros para que el producto final sea todavía más potente", ha señalado.

En tiempos de incertidumbre por el impacto de la COVID-19, Campo ha exhortado a "combatir las dudas desde la razón y la ciencia". "Sigamos usando este conocimiento cuyas raíces se remontan al mundo greco-latino, sigamos haciendo fuerte la tradición de nuestra profesión, tan noble, tan vinculada al servicio público y a la gestión de lo común, de lo que es de todos", ha concluido.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villaruiz, se ha reunido de manera telemática con representantes de la flota de altura para analizar la aplicación de las medidas de control de la pesca en estos buques.

Los asuntos a tratar han sido la modificación y mejora de las consultas y comunicaciones con la Secretaría General de Pesca, la agilización de correcciones puntuales del Diario Electrónico de Pesca (DEA), la gestión de cierres de pesquerías, el estudio de obligaciones documentales y plazos previstos en el Permiso Temporal de Pesca (PTP), la casuística en desembarques y transbordos en puertos de países terceros, así como la ampliación de plazos para certificados de posicionamiento, entre otros.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explican que en la reunión se ha puesto de manifiesto la importancia que conlleva el cumplimiento de las obligaciones de control como elemento indispensable para garantizar la sostenibilidad de la pesca.

De su lado, también se ha dado respuesta a las dudas planteadas para la aplicación de determinadas obligaciones y se han analizado las propuestas realizadas por las asociaciones para simplificar y optimizar los protocolos que se aplican, sin menoscabo de la eficacia de las medidas de control.

En el encuentro han participado representantes de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Pesquerías Varias (ANAVAR) y de la Asociación Nacional de Armadores de pesca de Bacalao (AGARBA), todas ellas integradas en la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).

El Rey Felipe VI ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al 'lehendakari' Iñigo Urkullu que, según había avanzado el Gobierno vasco, acudía con intención de hablar con él sobre el desarrollo del Estatuto vasco.

El jefe del Estado también ha recibido este martes por la mañana al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Ambos presidentes autonómicos revalidaron sus cargos en elecciones el pasado 12 de julio.

Según el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, Urkullu no tenía intención de plantear al Rey la apertura de un debate en torno al modelo de Estado, pero sí "reflexión" respecto al "incompleto" desarrollo del Estatuto de Euskadi.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la primera reunión de la legislatura del Consejo de Gobierno presidido por Urkullu, ha enmarcado la reunión entre el rey y el Lehendakari en un ámbito protocolario y de "cortesía institucional.

De esa forma, ha recordado que el Rey ofrece este tipo de audiencias al inicio del mandato de cada gobernante autonómico. En todo caso, también ha explicado que, según ha informado este martes el propio Lehendakari a los consejeros de su gobierno, Urkullu tiene la intención de mantener la "discreción" en torno a los contenidos que pueda plantear al rey o los que este pueda trasladarle a él.

Zupiria, en respuesta a la pregunta de un periodista, también ha aludido al mensaje trasladado este pasado lunes por el lehendakari, que en una entrevista habló de la posibilidad de plantear, en su reunión con Felipe VI, "la necesidad" de una reforma del modelo de Estado.

REFORMA ESTATUTARIA "ACORDADA"

El portavoz del Gobierno autonómico ha afirmado, no obstante, que no cree que Urkullu "vaya a plantear [al rey] la apertura de ningún debate" en torno a un cambio en el modelo de Estado. "No es eso lo que nos ha dado a entender", ha manifestado.

Zupiria ha indicado que lo que sí les ha comentado el lehendakari es que "como ha ocurrido en todas las ocasiones" en las que se ha reunido con el rey o con representantes del Gobierno central, en el encuentro de este martes estará "presente" una "reflexión" en torno al "incompleto" desarrollo del Estatuto de Gernika.

En la misma línea, planteará una "reflexión" sobre las posibilidades de actualizar dicho estatuto, de forma "acordada", a través de los trabajos que desarrolla la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dismantle', en la que han participado más de 400 agentes, han realizado registros en localidades de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Sevilla y Ciudad Real, han detenido a 32 personas, entre ellos a Antonio Tejón, uno de los cabecillas del clan de 'los Castañas'. Además, se ha incautado cerca de diez toneladas de hachís en varios alijos realizados por el clan, así como armas, dinero en efectivo, documentación y vehículos.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la operación se inició el pasado mes de marzo cuando tuvo conocimiento de un narcoembarcadero situado en la playa de Palmones (Los Barrios), desde donde estarían botando embarcaciones semirrígidas de potentes motores, conocidas como gomas. Los investigadores tuvieron conocimiento que las personas que controlaban el narcoembarcadero estaban relacionadas directamente con el clan de los Castañas.

Tras meses de investigación, la Guardia Civil averiguó que la organización funcionaba a modo de cooperativa y contaba con dos ramas operativas y otra de logística.

Por su parte, cada una de las ramas operativas contaba con una "sucursal" en caso de que la presión policial les impidiera operar en su zona de "confort", operando en el río Guadalquivir y Huelva. En uno de los alijos perpetrados por dicha red en Sotogrande falleció uno de los implicados en el mismo.

La rama de logística se dividía a su vez en otras tres: la de los narcoembarcaderos, la de cambios de tripulación y repostajes y por último, la de adquisición de gomas. Para ello, la organización contaba en Ciudad Real con una empresa de transporte que recogía las embarcaciones en la costa para prepararlas y así evitar la presión que tenían de la Guardia Civil en Andalucía.

Por su parte, los miembros de la red tomaban extremas medidas de seguridad con el fin de dificultar la investigación de los agentes. De hecho, según ha indicado la Guardia Civil, los investigadores comprobaron que había personas con medios aéreos no tripulados que controlaban los movimientos de las patrullas uniformadas del Cuerpo. Asimismo, la organización contaba con personas (conocidas como puntos) para dar seguridad a los alijos, así como a las botaduras y los repostajes de las embarcaciones.

Además, los pilotos de las embarcaciones del grupo usaban barcos pesqueros como parapetos hasta llegar a la zona de alijo para esconderse y evitar ser vistos desde la costa.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha descubierto que la organización contaba con tres narcoembarcaderos, lugares desde donde hacían tareas de botadura y puesta a punto de las narcolanchas.

En la fase de explotación de la operación han participado 400 guardias civiles de las Comandancias de Algeciras, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla y Ciudad Real, así como del CCON-SUR, OCON-SUR, GAR, Servicios Aéreo y Servicio Marítimo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha denegado la medida cautelar solicitada por Abogados Cristianos consistente en la suspensión de las órdenes de la Junta para el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en Valladolid y Salamanca, que suponían la limitación del aforo a un máximo de 25 personas para celebraciones religiosas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que "no concurren los presupuestos requeridos para la adopción de la medida cautelar, pues aun alegada una especial urgencia, ello por sí solo no basta para la adopción de la medida suspensiva interesada, en cuanto que han de prevalecer los intereses que se invocan sobre protección de la salud que se recogen en las órdenesrecurridas para justificar su adopción".

Además, la Sala cree que "la mera alegación de unos genéricos perjuicios derivados de la efectividad de la orden impugnada y el análisis de cuestiones de fondo no pueden prevalecer frente a los intereses inherentes en los acuerdos recurridos, que no son otros que la protección de la salud ante la situación epidemiológica existente en las ciudades de Salamanca y Valladolid".

Estos intereses de protección de la salud tienen una mayor irreversibilidad que las restricciones de aforo para los lugares de culto que se invocan en la solicitud de la Asociación recurrente. Debe, además, considerarse el tiempo limitado de las medidas adoptadas, que tienen una duración de siete días naturales", argumenta el TSJCyL, tal y como informa su Gabinete de Prensa a través de un comunicado.

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, presiden este miércoles, 16 de septiembre, el acto conmemorativo de los 125 años de Heraldo de Aragón.

En la ceremonia se entregarán los premios que anualmente concede este diario y, por ser un aniversario excepcional, se hará entrega del Premio Extraordinario Heraldo 125 Aniversario, que recibirán Sus Majestades, ha informado HENNEO en una nota de prensa.

Con esta concesión se ha buscado subrayar la excepcional labor desarrollada por la Corona en la cohesión de España y en la consolidación de la democracia y de sus valores.

Como en ediciones anteriores, se concederá el Premio Antonio MompeónMotos de periodismo, que este año ha recaído en las editoras de prensa diaria Catalina y Soledad Luca de Tena, de 'ABC'; Carmen Serra, del Grupo Serra; y Blanca García Montenegro, presidenta de Grupo El Progreso.

El Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento, en esta ocasión, es para todos los colectivos que han combatido la epidemia y que recogerán en su nombre el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y el Colegio de Enfermería de Aragón.

El acto, que se celebrará en la rotativa del periódico, contará con la presencia de autoridades y representantes de todos los sectores de la sociedad aragonesa. En cualquier caso, la pandemia que sufre el país ha cambiado el formato de entrega de premios y ha limitado sustancialmente el número de asistentes para cumplir con la normativa vigente.

Durante la cita se hará entrega también del Golden Pen of Freedom Awards, considerado el 'Nobel' del Periodismo y promovido por la asociación mundial de editores, WAN-IFRA, liderada por Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO.

El Parlament celebrará este miércoles y el viernes el Debate de Política General (DPG) con la incógnita sobre cómo se responderá a la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS).

El DPG, que es el tercero que afronta Torra en esta legislatura, se producirá el día antes de su vista en el Supremo, que debe decidir si ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita al presidente por un delito de desobediencia por no haber descolgado en el plazo indicado por los tribunales una pancarta sobre los presos del 1-O que colaba del balcón de la Generalitat durante la campaña electoral.

Así, previsiblemente el DPG se centrará en la posible inhabilitación del jefe del Ejecutivo, en cómo actuar si sucede y en las consecuencias que puede tener para el futuro de la legislatura.

Sin embargo, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes en rueda de prensa que el discurso de Torra se centrará en la obra de gobierno y en la gestión de la pandemia, y ha rechazado que avance cómo responderá si es inhabilitado, aunque ha dado por hecho que se acabará hablando de ello y ha pedido que el Parlament exprese su "solidaridad antirrepresiva".

El DPG se producirá después de que en los últimos días se hayan intensificado los contactos entre los partidos independentistas para buscar una respuesta unitaria a la inhabilitación.

Por el momento, los únicos contactos que se han hecho públicos en las últimas horas han sido las que mantuvo el lunes la CUP con JxCat y con ERC por separado a petición suya, y en las que los 'cupaires' constataron voluntad de "llegar a un acuerdo" sobre qué estrategia seguir ante la inhabilitación, aunque es probable que en las próximas horas se produzcan más encuentros.

FALTA DE ACUERDO

Pese a la voluntad manifestada de lograr un acuerdo, en las últimas horas también se han escenificado las diferencias que hay entre los partidos independentistas sobre cómo actuar ante la inhabilitación del jefe del Ejecutivo.

La CUP fue la primera formación en plantear una propuesta, que se ha denominado 'vía Venturós' y que pasa por pactar la fecha de las elecciones para evitar que sea el TS el que determine cuándo serán los comicios y, si la inhabilitación se produce antes de esa fecha, plantean que Torra ejerza las funciones institucionales y representativas de la Presidencia, pero que las potestades administrativas y legales recaigan en el presidente en funciones, que sería el vicepresidente, Pere Aragonès.

ERC coincide con la CUP en la necesidad de buscar un acuerdo entre los partidos independentistas y pactar la fecha de las elecciones: "Por favor, acordemos la fecha de las elecciones y que sea la que más convenga al país", ha reclamado la secretaria general republicana, Marta Rovira, este mismo martes.

Sin embargo, desde JxCat apuestan por esperar a la sentencia del Supremo y el presidente de la formación en el Parlament, Albert Batet, ha defendido buscar unidad de los independentistas y ha planteado que se pueda visualizar a través de las propuestas de resolución que se presenten en el DPG, pero ha advertido de que "la unidad no puede ser solo una fecha electoral".

Asimismo, Budó ha replicado a ERC y la CUP que anticiparse a una eventual inhabilitación y hablar de convocar elecciones si esto sucede supondría "normalizar la represión"; un comentario que le ha valido las críticas de los 'cupaires' que, por boca de su diputada en el Parlament María Sirvent, le han pedido que se retracte .

FUNCIONAMIENTO DEL DPG

El pleno comenzará a las 9.00 horas con el discurso de Torra sin límite de tiempo y posteriormente intervendrán los grupos parlamentarios, que tendrán 30 minutos, y los subgrupos de la CUP y el PP, que tendrán 15.

Tras los grupos, Torra o cualquier miembro del Govern puede responder a la oposición, lo que abriría un nuevo turno de réplica.

Después del debate del miércoles, los grupos podrán presentar un total de 20 propuestas de resolución y los subgrupos 15, que se debatirán y votarán en otra sesión el viernes, ya que el jueves no habrá pleno por la vista de Torra en el Supremo.

El consejo de administración de Colonial ha acordado establecer un programa de recompra de acciones propias hasta fin de año por un máximo 3.000.000 acciones, representativas del 0,59% del capital social actual de la socimi y un importe máximo de 25 millones de euros, para dar cobertura al plan de entrega de acciones aprobado en junta de accionistas.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no comprará acciones a un precio superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente y la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra, incluso cuando las acciones se negocien en diferentes centros de negociación.

En lo que se refiere al volumen, Colonial no comprará más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

El programa de recompra permanecerá vigente desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, el programa podrá finalizar anticipadamente si, con anterioridad a dicha fecha, se hubieran adquirido al amparo del mismo acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe monetario máximo o se hubiera adquirido el número máximo de acciones en ejecución del Programa de Recompra, o si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejara.

El programa de recompra tendrá como gestor principal a Banco de Sabadell.

El Gobierno de España ha condenado este martes la ejecución en Irán del luchador Navid Afkari, de 27 años, y ha pedido a este país "reducir el uso de la pena de muerte con vistas a su abolición, como han hecho tantos otros países de la comunidad internacional".

Es más, España ha ofrecido su ayuda y su membresía de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte "para asistir a las autoridades iraníes a reforzar la dignidad humana reduciendo y combatiendo la pena de muerte, todo ello con respeto a su soberanía".

Afkari, deportista que había representado a su país en muchas competiciones deportivas, fue condenado a muerte acusado de asesinato. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Coopereación ha señalado que "España es contraria a la pena de muerte en todas las circunstancias".

En este caso, además, "al hecho de su ejecución se une que muchas personalidades y organizaciones internacionales habían pedido al Gobierno iraní clemencia".

Ahora, el Gobierno español espera que la reacción de rechazo suscitada por la ejecución de Navid Afkari "refuerce la política iniciada por las autoridades iraníes en 2018, cuando una reforma de las leyes que castigan el tráfico de drogas redujo drásticamente el número de ejecuciones".

La ejecución de Afkari, que tuvo lugar el pasado sábado, ya motivó este lunes una condena de la UE y de su presidencia de turno, el Gobierno alemán. Irán, a su vez, protestó ante Alemania por lo que consideró una injerencia en sus asuntos internos. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Javad Zarif, tenía prevista una gira por varios países europeos, entre ellos España, que canceló durante el fin de semana.

La exportavoz da las gracias por esta gesto y dice que la obligación del PP es "dar la batalla cultural" para "nivelar el tablero"

La asociación Libres e Iguales sufragará, en parte mediante una colecta pública, el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentará la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo para que la presidenta del Congreso no retire del Diario de Sesiones la expresión "hijo de un terrorista" referida al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Libres e Iguales --plataforma que en día impulsó la propia Álvarez de Toledo-- ha indicado de que el recurso sostiene que la expresión "hijo de un terrorista", referida a Pablo Iglesias, es verdadera y que "la verdad no atenta contra el decoro parlamentario".

El coste del recurso es de 15.730 euros y por ello, además de usar sus propios fondos, la asociación ha decidido, a iniciativa de uno de sus miembros, Santiago González, "abrir una colecta, modernamente llamada crowdfunding, para ayudar a costearlo".

Libres e Iguales afirma que, desde que se produjeron los hechos, "la dirección del Partido Popular acogió con renuencia estas palabras de su portavoz y, especialmente, la posibilidad de que sobre ella se entablara una pugna legal". Hace unas semanas, explica, el partido le comunicó que no iba a asumir el coste del recurso.

El pasado 27 de mayo, la entonces portavoz parlamentaria del Partido Popular respondió a Iglesias, que le recordaba una y otra vez su "título de marquesa", que los hijos no son responsables de lo que hagan los padres y que él es "el hijo de un terrorista". "A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político", proclamó.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intentó sin éxito que Álvarez de Toledo retirase sus palabras, así que figuran en el Diario de Sesiones con una nota al pie que dice que las palabras están retiradas por la presidenta.

"Aún en cursiva y aherrojadas entre corchetes, esas palabras constan en el Diario de Sesiones. En los archivos audiovisuales de la sesión se registran tal como se pronunciaron, sin más preservativo", dice el comunicado de la asociación, precisando, así, que el recurso no pretende "proteger el contenido del mensaje".

"El fundamento de su recurso es que un hecho objetivo, constatable y hasta asumido de modo orgulloso por padre e hijo no puede ser tildado de opinión que afecte al decoro parlamentario", dice el comunicado. Advierte, además, de que "cuando un hecho vergonzoso adquiere el estatuto de opinable, se allana el camino hacia su definitivo borrado de la Historia", es decir, "el negacionismo".

Libres e Iguales afirma que ha decidido costear el recurso por su "valor moral y político". El comunicado está firmado por Félix de Azúa, Roberto Blanco Valdés, Albert Boadella, Dolors Caminal, Arcadi Espada, Mercedes Fuertes, Santiago González, Andrés González, Carmen Iglesias, Federico Jiménez Losantos, Carmen Ladrón de Guevara, Joaquín Leguina, Xavier Pericay, Miguel Ángel Quintana Paz, Fernando Savater, Gabriel Tortella, Andrés Trapiello, Mario Vargas Llosa, Francisco Vázquez y Francisco Sosa Wagner.

ÁLVAREZ DE TOLEDO DA LAS GRACIAS

Álvarez de Toledo ha dado las gracias a Libres e Iguales por costear su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Por defender el derecho de los españoles a decir la verdad, también cuando afecta a la izquierda. Por nivelar el tablero", ha manifestado.

En su blog, la exportavoz ha subrayado que no quiere "retroceder" y por eso presentó ese recurso. "Lo que reclamo para mi y para siempre es el derecho de un español, en este caso de un parlamentario, a decir la verdad, también cuando afecta a la izquierda", ha indicado, para subrayar que el FRAP fue "una organización terrorista que cometió asesinatos".

Tras asegurar que "la superioridad moral que exhiben la izquierda y los nacionalistas es la gran anomalía española", Álvarez de Toledo recalca además que la primera obligación del PP es "dar la batalla cultural para acabar con la ficción, para restaurar la verdad y para nivelar el tablero". Por todo ello, espera que a partir de ahora "la justicia y la verdad se encuentren".

La Junta de Extremadura se encuentra estudiando "muy de cerca" la incidencia "elevada" de Covid-19 que se está registrando en las localidades de Berlanga, Campillo de Llerena, Saucedilla y Valdehornillos, donde no se descarta la adopción de medidas "excepcionales".

Asimismo, se mantiene en una vigilancia "muy estrecha" la situación en Casar de Cáceres, Cabeza del Buey y La Haba, localidades donde ya se están adoptando medidas "excepcionales" de salud pública por la incidencia de Covid-19, aunque las mismas no se encuentran en situación de aislamiento perimetral.

De igual modo, continúa la situación de aquellas localidades de la comunidad que se encuentran en modo de aislamiento perimetral, y entre ellas la Junta está a la espera de la ratificación judicial para la prolongación de dicha situación en Llera.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en declaraciones a los medios antes de asistir en Badajoz a la reunión de la Comisión paritaria SES-UEX, en el Rectorado de la Universidad de Extremadura.

"Que estemos estudiando ahora mismo por la incidencia elevada tenemos Berlanga, Campillo de Llerena. Estamos estudiando también la incidencia y estamos siguiéndolo muy de cerca Saucedilla, aunque tiene un comportamiento más de agrupación familiar que de brote como tal, aunque estamos siguiendo muy estrechamente su incidencia", ha dicho.

En cuanto a la situación de Cabeza del Buey y su cuartel de la Guardia Civil, Vergeles ha apuntado que en dicha localidad están en marcha medidas que se corresponden con la Fase 2 de la 'antigua normalidad' y con las que, a su juicio, "es suficiente" hasta el momento, a la espera en todo caso de "ver cómo evoluciona la incidencia en los próximos días", ha dicho.

Al mismo tiempo, el consejero ha señalado que en Valdehornillos la Junta también está estudiando "muy mucho" la incidencia que tiene, "porque a raíz de la celebración también de una serie de comuniones hace algunos días se ha producido también un incremento en el número de positivos muy importante en Valdehornillos que está afectando a otras localidades de la zona", ha añadido.

También, sobre la situación de Torrejemía, Vergeles ha indicado que la Junta también está estudiando la incidencia de Covid-19 en dicha localidad, de tal forma que aunque "no es tan alta como en Valdehornillos, Berlanga...", se mantendrán "muy vigilantes".

ESCOLAPIAS

Por otra parte, sobre la situación del colegio Santa Eulalia de Mérida respecto al Covid-19, ha dicho que "de momento no" está previsto cerrar el centro, porque "de momento estamos controlando las aulas burbuja".

Finalmente, sobre si cuando se cierra un colegio completo por Covid-19 --como ha ocurrido en el de Majadas de Tiétar-- todos los alumnos deben permanecer en sus casas o sólo las aulas que han sido afectadas, Vergeles ha explicado que "si es todo el colegio es todo el colegio el que se va para casa, todo el colegio al que se le realiza PCR y a toda la comunidad educativa".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido la creación de una comisión "de alto nivel" formada por científicos, economistas, pensadores y tecnólogos, cuyo criterio sea "incuestionable", para proponer los proyectos que vayan a ser financiados con los fondos europeos para la reconstrucción, debido a los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Rodríguez Zapatero, quien ha mencionado que ha trasladado esta petición al Gobierno, ha hecho estas declaraciones durante su charla sobre Ciencia y Política, organizada por la Oficina de la Mujer en Ciencia (WISE) del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Durante su intervención, el expresidente ha defendido además, que sí es posible alcanzar un Pacto por la Ciencia en España, señalando que ahora hay una "gran oportunidad" por mejorar los recursos para I+D+i con los fondos europeos para la reconstrucción.

Además, el expresidente socialista ha reconocido su preocupación por que no exista un sistema global de construcción de la comunidad política para hacer frente a crisis futuras del calado de la actual de la Covid-19. Debemos construir pilares internacionales entorno a la ciencia global. La pandemia de Covid-19 ha hecho que nos acerquemos a un nuevo cambio en las relaciones entre salud, ciencia y sociedad con una perspectiva de mayor modernidad y que se va proyectar durante todo el siglo XXI", ha resaltado Rodríguez Zapatero.

Este cambio, prosigue, hace necesaria una cooperación global entorno a la ciencia, por lo que ha abogado por construir pilares internacionales entorno a la ciencia. "Sabemos que todas las crisis son ya globales, por lo que tenemos que empezar a hablar de una ciencia global", ha añadido.

A la visión de la ciencia como vía para mejorar la esperanza de vida o la mejora de la salud, el expresidente del Gobierno ha subrayado el papel de la ciencia, fundada en valores y principios, como elemento de convivencia. Asimismo, ha resaltado como uno de esos principios fundamentales la igualdad entre hombres y mujeres.

"La gran discriminación a lo largo de la historia es la de las mujeres, la más persistente, la más brutal. Este siglo XXI debe ser el definitivo en favor en la igualdad de género", ha enfatizado.

"EL MACHISMO INSTITUCIONAL SIGUE PRESENTE EN ESPAÑA"

Por otra parte, Rodríguez Zapatero ha avisado de que el machismo sigue "muy presente" en España, un país que se caracteriza por el "machismo institucional", que ha impregnado a la "inmensa mayoría" de las generaciones. "Ahora nosotros le debemos a las más jóvenes el dejar un terreno más abonado para la igualdad, porque el amor a la igualdad y a la ciencia son fundamentales para el progreso de las sociedades", ha sentenciado el expresidente.

Dicho esto, ha señalado que el feminismo ha sido una de las "grandes aportaciones" sociales del siglo XX, por lo que ha reconocido que la lucha contra la discriminación de las mujeres es una aportación autónoma y propia del feminismo.

En este contexto, el expresidente ha alabado el plan de Igualdad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), promovido por su directora, Maria Blasco, plan que ha calificado de "excelente y ejemplar".

Ante la pregunta de Maria Blasco sobre las medidas que aún son necesarias "para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres", Rodríguez Zapatero ha respondido que la clave está en la educación de los sentimientos, en trasladar una visión familiar moderna en lugar de valores conservadores y religiosos, al tiempo que ha señalado que también tienen responsabilidad en lograr esa igualdad los medios de comunicación y las redes sociales.

En el turno de preguntas también intervino la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha resaltado el machismo y la desigualdad actual en el ámbito de la alta política, entre los grandes líderes internacionales.

"El sistema masculino es tan resistente que a nivel global hemos avanzado muy poco", ha aseverado Fernández de la Vega, para hacer referencia durante su intervención a la violencia física contra las mujeres como "la expresión más lacerante del machismo dominante y el patriarcado".

Finalmente, ha resaltado que esa discriminación es aún mayor en el caso de las mujeres con discapacidad, entre las cuales el 80 por ciento no tiene acceso a un empleo y el 50 por ciento sufre acoso o algún tipo de violencia de género.

El evento de arte contemporáneo Barcelona Gallery Weekend contará con 28 galerías que exhibirán las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales en su sexta edición, que se celebrará desde este jueves hasta el domingo.

Esta edición incorpora nuevas galerías al evento como Chiquita Room, H2O y la Galería Cortina, y contará con obras de artistas consolidados como Peter Halley y Miguel Ángel Campano, entre otras figuras consagrados o emergentes como Bruna Ruiz o Anna Dot, ha informado el evento este martes en un comunicado.

La programación de este año quiere resaltar la "efervescencia y variedad del contexto artístico" de Barcelona en el difícil contexto surgido con la emergencia del coronavirus.

Además de las exposiciones, las galerías también propondrán --de manera presencial y virtual-- un conjunto de actividades para reflexionar sobre determinadas, conocer personalmente a los artistas o exhibiciones musicales, entre otras.

PROGRAMA ADQUISICIONES

La Gallery Weekend mantendrá por cuarto año el Programa de Adquisiciones --dirigido a empresas y fundaciones-- en el que participarán la Fundació Vila Casas, DKV Salud, la colección Manuel Expósito-VisualSign y la colección Utopicus Art con el compromiso de adquirir obras expuestas en las galerías participantes.

La organización considera que el sector privado "está llamado a tener un papel crucial en la supervivencia del ecosistema artístico de Barcelona a través de su imprescindible contribución".

El evento también contará con los programas Arco GalleryWalk, que irá más allá del domingo, Artévete, dirigido a nuevos potenciales compradores de arte y uno pensado para familias con una ruta y con talleres creativos para niños.

La Gallery Weekend ha incrementado su presencia online por el coronavirus con videos de presentación de artistas y galerías, y la colaboración de plataformas online especializadas en arte como Artsy, Koones y Artland que ofrecen la posibilidad de usar su infraestructura para posicionar la obra en mercados internacionales o servicios de documentación fotográfica.

La Barcelona Gallery Weekendes una iniciativa promovida por la asociación de galerías de arte contemporáneo Art Barcelona, que celebra 30 años de trayectoria, que tiene como objetivo "defender el trabajo de las galerías como imprescindibles para mantener la buena salud de la escena cultural".

El Gobierno prevé que el plan cuatrienal de exhumaciones que va a impulsar y financiar, como parte de la nueva Ley de Memoria Democrática, sirva para encontrar entre 20.000 y 25.000 víctimas de la guerra civil y la dictadura que fueron enterradas en fosas comunes.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que todavía no poseen estimaciones concretas de cuántas víctimas permanecen en cunetas y otro tipo de fosas comunes, ni el presupuesto que tendrán que destinar para encontrarlas, pero sí prevén que durante los cuatro primeros años de este proceso se podrían exhumar hasta 25.000 cadáveres.

El Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, a iniciativa de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura "como una responsabilidad de Estado".

Por ello, establece como uno de sus ejes principales la elaboración de planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas, así como la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares.

"EL ESTADO SE HACE CARGO"

"Es el Estado, con otras administraciones, el que va a hacerse cargo, no sólo en términos económicos sino también de seguridad en sus identificaciones", ha afirmado Calvo durante la comparecencia, en la que ha señalado que dado que todavía no conocen el "mapa de fosas" al que se enfrentan, van a empezar por elaborar una lista de víctimas que pudieron ser sometidas "a esta situación de tragedia".

En cuanto al modo de financiar este plan de exhumaciones, el Gobierno reconoce que al ser una cuestión que urge, va a comenzar a sufragarlo por la vía de las subvenciones, hasta que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que prevé sacar adelante le permitan dotarlo de un presupuesto propio, y hasta que la ley quede aprobada, según sus planes, en la primera mitad del año que viene.

"Esta ley, como todas, tardan un tiempo en su trámite. De momento, no vamos a perder ni un solo minuto con las subvenciones para sufragar con recursos públicos identificaciones, exhumaciones y poderlos restituir a sus familiares. Ni un solo minuto vamos a perder", ha defendido Calvo.

En concreto, en esa primera convocatoria de subvenciones en materia de memoria democrática que el Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente se contemplan un total de 750.000 euros, de los cuales el 60% irá destinado a sufragar exhumaciones.

El presentador Andreu Buenafuente, que ha asegurado recibir el Premio Nacional de Televisión "en paz" con su profesión, donará los 30.000 euros de la dotación económica del galardón a "causas humanitarias", que "van muy faltadas y son muy necesarias" en los tiempos actuales.

"El premio no lo puedes cobrar. Si tienes claro que lo tuyo es un trabajo de años y de equipos, si tuviera que repartir el premio entre los cientos de personas que me han acompañado sería imposible. Lo voy a dar a causas humanitarias, que van muy faltadas y muy necesarias en estos tiempos", ha afirmado en una entrevista.

Buenafuente ha calificado de "protocolo emocionante" el momento en que ha recibido la llamada del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para que le comunicara el premio. "Es curioso, porque no le conocía y hemos hablado más en las últimas semanas que en toda mi vida", ha comentado con humor.

"Nos encontramos en el Festival de Vitoria, donde recibimos un premio y allí delante del público le agradecí que un ministro se acercara a la profesión, porque eso nos hacía sentir mejor a los del oficio. La llamada de hoy la calificaría de protocolo, pero protocolo emocionante:recibir un premio así te llena de responsabilidad", ha apuntado.

El jurado del premio ha reconocido también su lado cómico, algo con lo que el presentador se siente muy identificado y no cree que haya supuesto menos reconocimiento. "Yo estoy muy en paz con la profesión, a mí me gusta llamarme payaso, porque es un oficio muy difícil y muy noble", ha añadido.

"A mí el humor me encanta porque tiene muchos matices y la comedia ha ido madurando estos años como este país. La comedia no es solo la risa fácil, hay también algo de reflexión, de analizar el mundo que te toca vivir, pero siempre quitando hierro. Así que no quiero dármelas de intelectual", ha defendido.

Buenafuente, quien se ha definido como "un inquieto patológico", ha reconocido que los últimos años en la televisión de pago le han "dado la vida". "Estás un poquito al margen de las audiencias, no del todo porque si un programa no tiene 'feedback' se sabe, pero haberme quitado de la televisión comercial más rabiosa me ha dado cierta serenidad", ha explicado.

"Puedo seguir probando, arriesgando, me equivoco tres veces al día pero de un acierto sale algo emocionante. Estoy un poco más tranquilo y lo recomiendo. Relajarse de las audiencias quizás nos haría reconectar con la pureza del oficio, que no es competición, aunque nos hayamos empeñado en eso", ha concluido.

La defensa de la examiga de Juan Carlos I Corinna Larsen ha recurrido su citación como testigo en el juicio que se celebra este viernes contra el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo al no haberse requerido su testimonio por medio de la procedente orden europea de investigación (OEI), según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Sigue así la estela abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recordó al magistrado de 'Tándem' que si la declaración de la examiga del rey emérito en el marco de la pieza 'Carol' se producía por videoconferencia desde la embajada española en Londres sin OEI, se podía incumplir las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional.

En la vista oral de este viernes se juzga a Villarejo por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, y tiene lugar en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid.

El juicio, que se ha retrasado hasta en tres ocasiones entre otras causas por la pandemia, es el primero señalado contra Villarejo, que permanece en prisión desde noviembre de 2017 por el 'caso Tándem'. El comisario jubilado se enfrenta ahora a dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias a Sanz Roldán.

Por lo que respecta al primero de los delitos que se le imputan, se trata de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2017 por Villarejo contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial que se ilustraba con una fotografía suya, según denunciaba, obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado al periódico 'El País' con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual sería constitutivo, en su opinión, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.

La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en los juzgados de Madrid.

LAS AMENAZAS A CORINNA

Por lo que respecta al delito de calumnias, la Fiscalía afirma que el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen "siendo consciente de que no era cierto".

En el listado de testigos de este juicio, está de hecho Larsen, que fue propuesta por Villarejo para ratificar esas supuestas amenazas. En una declaración jurada ante notario, la empresaria acusaba a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.

También están citados como testigos el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro. Ambos a instancias de la defensa de Villarejo.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado las testificales del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y de cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna Larsen.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 30.000 euros a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) para fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su título II, "Políticas públicas para la igualdad", contempla, entre otros, como criterios generales de actuación de los poderes públicos la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas.

La escasa presencia de la mujer en un sector como el pesquero de gran importancia en el conjunto de la economía nacional y las particulares dificultades a las que se enfrentan las mujeres que trabajan en él (precariedad, falta de reconocimiento de las específicas dificultades de su trabajo -escasos o nulos coeficientes reductores de jubilación, no reconocimiento de sus enfermedades laborales, escaso reconocimiento social...) determina la necesidad de realizar actuaciones para incrementar la participación de las mujeres en la vida económica, política y sociocultural.

En particular, pone el foco en las cofradías de pescadores y en los lugares donde se toman las decisiones que afectan directamente a sus condiciones laborales y en las que, en la actualidad, es tan muy escasamente representadas.

Por ello ve necesario facilitar el asociacionismo de las mujeres que trabajan en las actividades vinculadas con la actividad pesquera, marisquera, acuícola y actividades o servicios, para que puedan mejorar sus condiciones profesionales y puedan acceder a los puestos de toma de decisiones.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene entre sus funciones "realizar cuantas actividades favorezcan la participación de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

En atención a este objetivo, desde el año 2017, las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han venido contemplando la concesión de subvenciones nominativas a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), asociación sin ánimo de lucro para apoyar su labor de promoción de la integración y de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) es la única organización de mujeres de ámbito estatal que tiene como objetivo apoyar a las mujeres del sector de la pesca, defender sus intereses económicos y profesionales, mejorar sus condiciones laborales, visibilizarlas como profesionales del mar, reforzando su empoderamiento, e incrementar el reconocimiento y conciencia social del papel que desempeñan.

En este contexto se elabora el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención asignada a favor de ANMUPESCA cuyo objeto es fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero, facilitando el asociacionismo de las mujeres en este sector, su presencia y participación en los órganos de toma de decisiones a todos los niveles, y la visibilización y adecuada valoración de su trabajo.

El grupo ACS ha formalizado la venta a Galp del 75% del capital de la sociedad que aglutina sus participaciones en proyectos de energía fotovoltaica en España con una potencia de 2.930 MW y un desembolso actual por parte de Galp de 325,5 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El valor total de empresa que se espera alcanzar es del entorno de 2.200 millones de euros, manteniéndose la plusvalía para ACS en unos 330 millones de euros.

La transacción, que la empresa presidida por Florentino Pérez ha llevado a cabo a través de su filial de Servicios, Comunicaciones y Energía, se ha ejecutado tras la obtención de todas las autorizaciones pertinente.

La operación incluye tanto los parques fotovoltaicos actualmente en funcionamiento como los que se espera que se vayan desarrollando y se pongan en funcionamiento durante lo que queda de 2020 y los próximos años 2021, 2022 y 100 MW en el año 2023, con una potencia total instalada de unos 2.930 MW.

ACS y Galp modificaron a finales de julio el acuerdo suscrito en enero para la adquisición de los proyectos de fotovoltaica en España de ACS y acordaron finalmente la creación de una 'joint-venture', participada al 75,01% por la petrolera lusa y al 24,99% por la empresa española, para gestionar el desarrollo de estos activos.

Según informó entonces el grupo luso, el acuerdo de compraventa se modificó para "establecer nuevos términos y condiciones para la transacción", que incluye la creación de esta nueva empresa, que contará con una estructura de gobierno "controlada conjuntamente" bajo el acuerdo de accionistas que ambas firmas suscribirán al cierre de la operación.

En virtud de ese acuerdo, ACS traspasaba a Galp todas las plantas fotovoltaicas que ya tenía en servicio en España y las que se vayan construyendo y poniendo en explotación en los próximos cuatro años (entre 2020 y 2023), aunque finalmente todo se integrará en esa nueva 'joint-venture'.

Los activos y proyectos fotovoltaicos constituyen el 70% de la cartera de Zero-E, la filial en la que hace un año el grupo agrupó todo su negocio y nueva apuesta por la energía 'verde'. Otro 27% son parques eólicos y el resto, termosolares.

La filial de ACS tiene en España casi la mitad (entorno al 43%) de esta cartera de proyectos en desarrollo, mientras que cerca de otro 30% de los proyectos se localizan en Norteamérica y un 26% más, en Latinoamérica.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que el hecho de que la biotecnológica estadounidense Novavax haya anunciado que un grupo biofarmacéutico español, (Zendal, a través de su filial Biofabri) llevará a cabo la producción industrial para Europa de su vacuna en España, es un "importante" impulso para la industria farmacéutica española.

En concreto, la compañía española con sede en Porriño (Galicia) será la encargada para la Unión Europea de la producción de la vacuna diseñada por la farmacéutica con sede en Meryland, cuyos ensayos clínicos se encuentran actualmente en la fase 2 y que se estima que inicien la fase 3 a finales del tercer trimestre de 2020.

"El acuerdo entre estas compañías, supone, de nuevo, un importante impulso para la industria farmacéutica española y el aumento de la capacidad global de producción de la futura vacuna contra la Covid-19 para garantizar el acceso equitativo a toda la población", han señalado desde la AEMPS.

El acuerdo entre estas compañías, supone, de nuevo, un importante impulso para la industria farmacéutica española y el aumento de la capacidad global de producción de la futura vacuna contra el Covid-19 para garantizar el acceso equitativo a toda la población.

En este sentido, la AEMPS ha recordado que ha continuado prestando apoyo y manteniendo contactos con fabricantes, entre los que se incluyen estas compañías, para estimular las capacidades de fabricación españolas y facilitar así la interlocución de los diferentes actores que intervienen en la producción de la vacuna.

De hecho, desde comienzos de abril, la AEMPS ha explorado cuáles son las capacidades productivas y de llenado de estas fábricas, en qué plataformas de vacunas trabajan o con qué velocidades, con el objetivo de identificar a estos fabricantes.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI ha celebrado que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, prevea la constitución de una comisión estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

"Los gitanos sufrieron también una particular represión por formar parte de su etnia de manera absolutamente indignante, creamos un comité para recuperar la memoria de esa represión contra los gitanos y gitanas españoles y recomponer su reconocimiento y dignidad", ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde FAKALI consideran que "esta ley hace de una vez justicia con las miles de víctimas gitanas, también olvidadas, durante la Guerra Civil y la dictadura, poniendo además en valor desde la perspectiva de Estado su historia y su cultura, sin duda trascendentes en la conformación sociocultural de lo que hoy es España".

Con esta norma, según añade la asociación en un comunicado, "se reconoce y se repara a las víctimas de la discriminación, el odio y el olvido, bajo los designios de ideologías totalitarias apartadas de cualquier atisbo de respeto y humanidad, entre ellas, las gitanas".

La comisión, según destaca FAKALI, tendrá como principal cometido elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición" en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España, "damnificado, perseguido y represaliado". "Ser gitano era ya considerado un delito", recuerda.

Igualmente, como mujeres, se congratulan de que esta ley incorpore la "perspectiva de género", tal y como ha indicado Carmen Calvo este martes en rueda de prensa. La vicepresidenta ha lamentado la "invisibilidad histórica de las mujeres" y ha indicado que la ley contemplará "las especiales maneras en que las mujeres fueron represaliadas, de manera particularmente indignante".

Aspira a que haya un fondo de transporte este año porque, en caso contrario, habrá ciudades que "quebrarán"

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha valorado este martes la "rectificación" del PP y su apoyo al nuevo decreto presentado por el Ministerio de Hacienda para permitir el uso del superávit a las entidades locales y hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID, aunque ha advertido de que los ayuntamientos con remanentes siguen aspirando a poder gastarlos.

En una rueda de prensa, Caballero ha señalado que el nuevo decreto permite "recuperar una parte" de las medidas planteadas en el Real Decreto Ley que "tumbó" el Congreso, como la suspensión de la regla de gasto, el uso de superávit y medidas para ayuntamientos en dificultades financieras.

"Si esto les gusta a los grupos parlamentarios y a la oposición en la FEMP, estamos encantados, pero todo esto estaba en el decreto anterior", ha subrayado el presidente del órgano municipalista, que ha expresado su "satisfacción" por ver que los grupos de la oposición "entran en razón" y "rectifican". "Bienvenidos a la razón, ahora corrigen su error anterior", ha añadido.

Abel Caballero, que ha recordado que los votos contrarios al primer decreto "costaron" a los ayuntamientos 16.000 millones de euros, ha incidido en que las corporaciones locales no quieren renunciar a gastar sus remanentes, algo a lo que "incomprensiblemente renunció el PP". "Pero tiempo habrá, ahora aprobemos esto, que es muy urgente", ha señalado, al tiempo que ha puntualizado: "No renunciamos a recuperarlo todo".

Asimismo, ha avanzado que también seguirá defendiendo la aprobación de un fondo de transportes para compensar las pérdidas de estos servicios públicos en las ciudades, y evitar que muchos municipios "quiebren". En ese sentido, ha expresado su esperanza de que ese fondo de ayudas pueda estar disponible este mismo año.

CRÍTICAS AL ALCALDE DE ZARAGOZA

En su comparecencia, Abel Caballero ha criticado duramente la posición de alcaldes del PP, que ha personalizado en el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón (que también es portavoz de los 'populares' en la FEMP).

"Los que tenemos remanentes claro que queremos gastarlos, a los que no los tienen les da igual", ha señalado, y ha lamentado que "eso es antimunicipalismo puro". "Hay un alcalde que dice que no quiere que gastemos nuestro remanentes, tendrá que explicarnos su posición profundamente antimunicipalista (...), a lo mejor es porque él no tiene remanentes, y por eso dice lo que dice", ha criticado.

Además, con respecto al fondo de transportes ha advertido de que, sin esas ayudas, habrá ciudades, "incluida alguna con alcalde del PP" que van a "quebrar". "Pongo por caso, Zaragoza tiene un problema gravísimo, se quedó sin ese dinero, y ¿por qué aplaude su alcalde?", ha cuestionado, en alusión a la oposición al primer decreto ley.