El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el papel que jugará a partir de ahora La ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo a la hora de juzgar estos hechos.

LEY DE AMNISTIA Y AL DERECHO INTERNACIONAL

"No hay garantía más grande para investigar delitos de violaciones de derechos humanos en la dictadura que la creación de una Fiscalía de Sala", ha afirmado Calvo, al ser preguntada en concreto sobre si esta nueva ley y este nuevo órgano servirá para sortear la citada ley de amnistía.

A este respecto, la vicepresidenta ha afirmado que esta ley "se encardina en el compromiso del derecho internacional humanitario" y ha recalcado que "no hay más garantía" para investigar esas violaciones de los derechos humanos "que estar a los tratados internacionales a los que España está obligada.

Posteriormente, fuentes de su equipo han reafirmado que el objetivo de la creación de esta Fiscalía es garantizar desde los poderes públicos "el derecho a la investigación de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional de la Guerra Civil y de la dictadura".

En concreto, señala que el artículo 2 de la ley plantea que la interpretación de esta ley está de acuerdo con lo que son las ratificaciones de los tratados internacionales que ha hecho España en tema de derechos humanos.

JUEZ SERVINI

Sobre la posibilidad de que se pueda desarrollar en España un proceso judicial como la causa que lleva en Argentina la jueza María Servini contra los crímenes del régimen franquista, estas fuentes han explicado que lo que se hace ahora es que se plantea la vía para poder presentar las denuncias por parte de los ciudadanos que así lo consideren oportuno.

Así, señalan que "esta ley tiene los elementos suficientes como para poder investigar todos y cada uno de los elementos que tengan que ver con la violación de los derechos humanos", al interpretarse "de conformidad con los tratados internacionales", que marca "el principio de donde se tiene que abordar".

SANCIONES DE HASTA 150.000

Asimismo, la ley establece un régimen de sanciones, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, que pueden llegar hasta los 150.000 en los casos de infracciones graves, por ejemplo, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, destrucción de lugares declarados de memoria democrática, falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin en espacios públicos de actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura, o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las víctimas.

Por ejemplo, serán objeto de sanción según la nueva ley los actos de enaltecimiento de la guerra civil o la dictadura que se hagan en manifestaciones, y en algún caso, según como se desarrollen, podrían ser considerados infracciones muy graves.

Por otra parte, la ley establece las actuaciones necesarias para que no puedan existir fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa oindirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Es decir, se establece el procedimiento para la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco, ya que no podrá seguir existiendo si se determina que incurre en los fines antes mencionados, contrarios al interés general. "Las asociaciones que existan, sea cual sea su formato, tendrán que adecuarse a los fines de esta ley", ha explicado Calvo, al ser preguntada sobre esa posible ilegalización.

Fuentes de Moncloa han detallado que lo que hace la ley de memoria democrática es introducir "nuevos elementos", como la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio contra víctimas de la guerra civil o la dictadura, como "elementos contrarios a los intereses generales".

Por lo tanto, "todo tipo de fundaciones en los que concurran que no persiguen fines acordes con el interés general, y los que hagan apología del franquismo, "evidentemente serán elementos para poder plantearse la extinción de esas fundaciones", a través del protectorado de asociaciones que depende del Ministerio de Cultura.

En cuanto al Valle de los Caídos, otro de los puntos que aborda la ley es su "resignificación", lo que implica, según las fuentes consultadas, "explicar" el significado en sí del monumento, pero no derribar la gran cruz que preside el complejo.

Sobre este elemento en concreto, explican que el plan pasa por explicar que se trata de uno de los símbolos fundamentales del nacional catolicismo, y cómo este marcó la vida política española. Es decir, el planteamiento del Gobierno es "explicar el monumento en su conjunto, y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz".

Asimismo, la ley también contempla medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como de distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la Guerra Civil o la Dictadura.

Salud Pública del Gobierno de Aragón ha decidido el cierre de 5 aulas de 5 centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad autónoma con motivo de la aparición de casos de coronavirus, que se han comunicado hasta el mediodía de este martes, 15 de septiembre.

Se trata de tres centros ubicado en la ciudad de Zaragoza y que corresponden al CPI Valdespartera 3 donde se ha cerrado una clase de Infantil; el CEIP José Camón Aznar, donde también se ha cerrado otro aula de Infantil; y el CEIP Ciudad de Zaragoza donde se ha clausurado un aula de Primaria.

Los otros dos centros son el CEIP Gaspar Remiro de Épila (Zaragoza) donde se ha cerrado un aula de Primaria; y el otro es el CEIP Ricardo Mallén de Calamocha (Teruel), que ha clausurado una clase de Infantil.

El total de las clases clausuradas desde el inicio de curso de Aragón es de 30 en 27 centros educativos. Las aulas que se han cerrado con motivo de la aparición de estos casos suponen el 0,52 por ciento respecto a todos los grupos de Infantil y Primaria existentes en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón.

PROTOCOLO

En cumplimiento del protocolo sanitario establecido entre los Departamentos de Educación y de Sanidad del Gobierno de Aragón, un positivo en una clase determina su cierre. El o los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres.

Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena durante 14 días, sean sus resultados positivos o negativos, tras la realización de las pruebas PCR.

La puesta en marcha de grupos estables de convivencia en los centros permite que ante un caso de coronavirus se pueda proceder a cerrar solo un aula y evitar la propagación del contagio. De momento, no se ha producido ningún tipo de transmisión dentro de un centro educativo, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Los residentes en el casco urbano podrán hacer uso de las instalaciones dentro de este núcleo pero no de los de pedanías

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha informado este martes de las medidas que entran en vigor con motivo del paso a la fase 1 flexibilizada del casco urbano de la ciudad, ante el incremento de casos positivos por Covid-19 que se han registrado en los últimos días en el municipio y que restringe totalmente la entrada o salida del casco urbano de Lorca salvo excepciones justificadas.

Estas excepciones son por motivos laborales; sanitarios; asistencia a personas mayores, menores, dependientes, personas con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad; por motivos académicos; de asistencia o realización de actuaciones urgentes o requeridas ante las administraciones públicas, órganos judiciales o notariales o por causa de fuerza mayor, "todo ello adecuadamente justificado", ha especificado el concejal.

Ponce ha concretado que "la delimitación del perímetro del casco urbano de Lorca es, por la parte norte la carretera de Caravaca RM-11 en su intersección con la Autovía A-7, barrio Corazón de María; por el noroeste el cruce de la antigua Carretera Nacional N-340 en su intersección con el tramo I de la Ronda Central en el barrio de Apolonia; por el Este el Canal de Tiata y Carretera D-7 en diputación de la Pulgara".

"Por el oeste la delimitación es la Autovía A-7 y el Castillo; por el sur la Carretera RM-11 hacia Águilas en su intersección con la línea del Ferrocarril en el barrio de San Antonio, diputación de Tiata y Campillo", ha delimitado.

No obstante, la circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen el casco urbano de Lorca estará permitida siempre que el origen y el destino sea fuera de esta zona afectada por las restricción.

Por otro lado, se permite la circulación de personas residentes dentro del núcleo urbano afectado, si bien se desaconseja, sobre todo a personas en situación de especial vulnerabilidad frente al Covid.

CONSUMO SÓLO TERRAZAS

De igual forma, el edil de Lorca ha especificado que, en cuanto a la hostelería, no se podrá hacer uso del interior de los establecimientos y se mantiene el 75 por ciento de la capacidad de las terrazas mientras que la actividad de los locales de juego y apuestas queda suspendida, y para los comercios y el resto de establecimientos, locales o instalaciones el aforo máximo permitido será del 50 por ciento.

En relación a las instalaciones deportivas, los residentes en el casco urbano podrán hacer uso de las instalaciones que se encuentren dentro de este núcleo pero no de los que se encuentren en pedanías, lo mismo que ocurrirá con los habitantes de pedanías que no podrán hacer uso de las instalaciones deportivas que se encuentren dentro del casco urbano.

"Lo que sí queda permitido es la práctica de ciclismo, correr o caminar, de manera individual o con convivientes, fuera del núcleo urbano", ha aclarado.

Su presidente se pregunta si el Gobierno derribará la cruz del Valle de los Caídos "como hicieron los talibán"

El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, da por hecho el apoyo de Vox contra la Ley de Memoria Democrática que ha presentado este martes el Gobierno y espera que el PP "también reaccione".

"No porque la ley vaya contra la fundación sino porque es contraria a la libertad de expresión de cualquier español", ha dicho en declaraciones. Chicharro tiene "garantía" del presidente de Vox, Santiago Abascal, "de que van a hacer una oposición fuerte". En cuanto al PP, no ha contactado con la dirección pero sí con algún veterano que ha mostrado su acuerdo con él.

A juicio de la FNFF, la ley "es liberticida y de todo menos democrática", y es "totalitaria porque pretende definir por ley lo que es la historia en vez de dejárselo a los historiadores". "Pretende imponer un dogma como solo pasa en Corea del Norte o en Venezuela", ha denunciado, "e implantarlo en los colegios, y el que se salga del dogma, como en un buen país comunista, será sancionado".

Chicharro también ha tildado la ley de "sectaria" porque solo habla de las víctimas de un bando, olvidando que hubo dos, y también de las "víctimas del FRAP, del GRAPO y de ETA", a pesar de abarcar un periodo que terminó en 1978.

Así, cree que la ley va contra principios recogidos en la Constitución como la libertad de opinión, de pensamiento y de cátedra, así como contra la igualdad de los españoles, porque "discrimina a los que no piensan como el señor Sánchez y la señora Calvo".

Además, ha tachado de "lamentable" el proyecto de "resignificación" del Valle de los Caídos, que supondrá la expulsión de los monjes benedictinos, y se ha preguntado si se convertirá "en un parque temático". También, que sucederá con la cruz: "en cuanto puedan la derribarán como hicieron los talibán", ha dicho --en alusión a la destrucción de 'budas' gigantes en Afganistán--.

LA APOLOGÍA SERÁ UN PROBLEMA PARA LOS JUECES

En cuanto a la situación de la propia fundación, teniendo en cuenta que la ley creará un procedimiento para su ilegalización, Chicharro ha dejado claro que está dispuesto a ir a los tribunales, y que entonces serán los jueces los que "van a tener un problema para decidir qué es apología del franquismo".

"¿Si yo digo que Franco trajo al Rey es apología del franquismo? ¿Si digo que creó las pagas extras de los funcionarios? ¿Si digo que con 30 millones de españoles creó seis millones y medio de viviendas sociales es apología del franquismo?", se ha preguntado. Según su presidente, la fundación no descarta irse de España, "a un país libre", si se ilegaliza.

La Comunitat Valenciana ha registrado 905 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 32.644 personas. Además, se han notificado otros tres fallecidos, todos ellos residentes, y otros 24 brotes, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

Por provincias, 188 de los nuevos casos se han localizado en Castellón (3.631 en total); 356 en la provincia de Alicante (10.403 en total); y 361 en la provincia de Valencia (18.593 en total). Además, continúa habiendo siete casos sin asignar.

Asimismo, se han registrado tres fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones es de 1.564 personas: 232 en la provincia de Castellón, 539 en la de Alicante y 793 en la de Valencia.

Por otro lado, se han dado 660 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 33.626: 3.973 en Castellón, 10.471 en Alicante y 19.149 en Valencia. Además, hay 33 altas no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 502 personas ingresadas: 57 en la provincia de Castellón, con 7 pacientes en UCI; 150 en la provincia de Alicante, 29 de ellos en la UCI; y 295 en la provincia de Valencia, 32 de ellos en UCI.

De esta forma, en estos momentos hay activos 7.064 casos, lo que supone un 16,98% del total de positivos, y el número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 968.274, de las que 822.117 han sido a través de PCR y 146.157 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 57 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 35 en la provincia de Valencia), 13 centros de personas con diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 3 en la de Alicante y 8 en la de Valencia) y 4 centros de menores (0 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 1 en la provincia de Valencia).

Asimismo, se han notificado 24 residentes contagiados, 22 trabajadores y han fallecido tres residentes. Además, actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario siete residencias en la Comunitat Valenciana: dos en la provincia de Alicante y cinco en la provincia de Valencia.

NUEVOS BROTES

Asimismo, desde la última actualización se ha detectado 24 nuevos brotes, todos ellos de origen social salvo cinco. En la localidad valeciana de Ontinyent se han detectado cuatro brotes de origen social de entre 3 y 12 casos, mientras que en la ciudad Valencia hay que sumar otros siete brotes, tres de ellos de origen laboral con tres casos cada uno y el resto social con entre cuatro y siete casos.

El resto de brotes de origen social se han localizado en Ayora, 11 casos, en Canals, 12 casos, en Paterna, 4 casos, en Manises, 10 casos, en Paterna, 5 casos, en Dolores, 3 casos, en Altura, 5 casos, en Bigastro, 3 casos, en La Vall d'Uixò, 4 casos, en Potries, 3 casos, y en Gandia, 4 casos. En la capital de La Safor también se ha localizado un brote de origen laboral con 3 contagiados y en Aldaia otro laboral también con tres positivos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia ha ratificado la resolución de 11 de septiembre de 2020 de la conselleria de Sanidad por la que se prorroga por siete días el confinamiento en la localidad valenciana de Benigànim para frenar la expansión del virus, según han informado fuentes de este departamento.

De este modo, se ratifican las medidas excepcionales adoptadas para este municipio valenciano como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 tras analizar los informes epidemiológicos sobre la incidencia del virus.

Pese al confinamiento, que se decretó por primera vez el pasado 31 de agosto, los casos de coronavirus en esta localidad ascienden a 170, 39 de ellos confirmados por PCR en los últimos 14 días, y han fallecido dos personas.

El director financiero de la empresa destaca que la crisis permitió que se identificase al sector como "estratégico"

El director financiero de Greenalia, Antonio Fernández-Montells, ha avanzado que a principios del próximo año la empresa comenzará la construcción de cuatro nuevos parques eólicos, que se sumarán a los cinco con los que cuenta en activo o en desarrollo en Galicia.

Preguntado antes de participar en el almuerzo-coloquio 'Las energías renovables. La revolución industrial del siglo XXI' en Vigo, ha indicado que el objetivo de la empresa pasa por disponer de una potencia de un gigavatio de cara a 2023.

Para ello, ha acometido la construcción de varios parques eólicos de los que el primero, un proyecto de 24 megavatios desarrollado en Vimianzo (A Coruña), entró en funcionamiento en diciembre del pasado año. Asimismo, se ha finalizado la construcción de un segundo proyecto de 22,5 megavatios en Ourol (Lugo) que se encuentra en proceso de pruebas.

El director financiero de este grupo gallego ha precisado que también se espera que se finalice la construcción de otros tres parques que suman una potencia total de 28 megavatios este año y ha indicado que estos y los dos anteriores ya han sido financiados. "La deuda en su mayor parte ya está dispuesta y ahora estamos cerrando la financiación de los parques que se construirán el próximo año", ha detallado.

Respecto a la planta de Biomasa de Curtis-Teixeiro, de 50 megavatios, Fernández-Montells ha explicado que, desde el 1 de marzo, "funciona a pleno rendimiento" durante 7.500 horas al año.

No obstante, el director financiero del grupo coruñés ha reconocido que durante la pandemia se produjo un parón en la fase de test de la planta debido la incapacidad para desplazarse al lugar de técnicos procedentes de Finlandia. También ha señalado que este trimestre finalizará la prueba de test, si bien ha apuntado que ya se ha comenzado a exportar energía.

SECTOR "ESTRATÉGICO"

Adicionalmente, Fernández-Montells ha destacado que la crisis sanitaria ha permitido identificar este sector como "estratégico" y "resiliente", por lo que ha asegurado que el plan de negocio no se verá afectado por la situación actual. De hecho, ha afirmado que la apuesta por este ámbito por parte de inversores, fondos y entidades bancarias se mantiene.

De este modo, el director financiero de Greenalia ha incidido en que la transición energética y, en concreto, los proyectos ligados a energías renovables ejercerán como "uno de los catalizadores para poder salir de la crisis" derivada de la pandemia.

Precisamente, ha asegurado que se ha comenzado a identificar este sector como "refugio", lo que ha conllevado un incremento de la demanda y los precios. También ha remarcado que Greenalia dispone de la totalidad de sus derechos de conexión y ha afirmado que no ha encontrado casos en los que "se compren para especular".

A preguntas sobre la próxima incorporación del que fuera consejero delegado de Inditex, José María Castellano, al consejo de administración de Greenalia tras adquirir el 5% de la misma por 12 millones de euros; ha apuntado que se integrará en el órgano en el último trimestre de 2020, cuando se convoque la junta general.

En esta línea, Antonio Fernández-Montells ha valorado la experiencia del empresario, cuya adhesión al consejo de administración ha recalcado que "parece bien" a ambas partes y no supone una imposición.

La plataforma de donostiarras por el decrecimiento turístico BiziLagunEkin y las juventudes de Sortu, Ernai, han llamado a concentrarse este viernes contra la "turistificación" por la película 'Rifkin's festival' rodada por Woody Allen en la ciudad, con motivo de su proyección en la gala inaugural del 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián este viernes en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana.

La concentración tendrá lugar a las 20.30 horas junto al Kursaal bajo el lema '¡No somos figurantes en nuestra ciudad!'. En un comunicado, los convocantes ha rechazado que se use "la ciudad como negocio".

"San Sebastián vive un rápido y agresivo proceso de turistificación por parte de las autoridades públicas", han señalado. A su juicio, "detrás del deseo de atraer turistas e inversores a la ciudad están aquellos que obtienen enormes beneficios económicos a través de este proceso".

"Mientras tanto, la mayoría de la población tiene cada vez más dificultades para vivir en San Sebastián: el precio de la vivienda, la precariedad del mercado laboral, la subida de los precios al consumidor", han añadido.

Para BiziLagunEkin y Ernai "la marca-ciudad y la mercantilización cultural responden a objetivos comerciales particulares en esta ciudad" y "a todos los que vienen a favorecer este objetivo se les pone la alfombra roja, incluso si se favorece pasar por encima de las condiciones de vida de las y los donostiarras".

Frente a ello, han pedido "transparencia absoluta sobre los tratos con Woody Allen y Mediapro y todos los servicios y apoyo brindados por las instituciones públicas al proyecto cinematográfico", y "no utilizar la película para caracterizar a San Sebastián como parque temático y promover la actividad turística". "Es el momento de direccionar la ciudad hacia el decrecimiento turístico", han subrayado.

El Ministerio Público reprochó en un escrito previo que el juez reabría la pieza en julio por hechos que eran ya conocidos en febrero de 2019

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga en la pieza 5 de la macrocausa 'Tándem' posibles encargos de la examiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, ha afeado a la Fiscalía Anticorrupción que criticara su auto de repaertura de la pieza aduciendo que los hechos por los que reabría eran ya conocidos en febrero de 2019 y les recuerda la sobrecarga de trabajo que soporta en su juzgado.

En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y con el que desestima el recurso de la defensa de Larsen --al que se adhirió la defensa del comisario Villarejo-- que pretendía la nulidad de la reapertura, el magistrado aprovecha para responder así a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

"En este último escrito se afirma, en relación a estos hechosnuevos, que ya eran conocidos por el Instructor desde el 1 defebrero de 2019. No le falta razón al Fiscal. Sobre esta cuestión este magistrado considera necesario realizar las siguientes consideraciones: La sobrecarga de trabajo de este Juzgado Central de Instrucción es notoriamente conocida, hasta el punto de contar con dos medidas de refuerzo", indica el juez.

Y prosigue señalando que esas medidas de apoyo directo --lleva otras macrocausas como 'Púnica' además de 'Tándem'-- se activaron en 2020, justo antes de que a consecuencia del Estado de Alarma el juzgado haya funcionado "bajo mínimos durante casi cuatro meses".

LA ACTUACIÓN PREPROCESAL DE LA FISCALÍA

Además, le responde a los fiscales que no especifican si los audios que aparecen unidos al oficio de 31 de enero de 2019 ('Corin 16.10.7' y '16.10.7-a') y que han supuesto la reapertura de la pieza conocida como 'Carol' dieron lugar "a algún tipo de actuación preprocesal en la Fiscalía".

"Es importante resaltar este extremo, toda vez que fueron los Fiscales quienes reclamaron en su escrito de 7 de septiembre de 2018 la deducción de testimonio de actuaciones para la investigación de un posible delito de cohecho fuera del procedimiento, y así lo acordó el instructor", apunta.

Por otro lado, recuerda que en el escrito de Fiscalía en el que se rechazaba el recurso de Larsen, si coincidían con la examiga de Juan Carlos I en resaltar que había una falta de conexidad entre los hechos que dieron lugar a la pieza y los que motivaron su reapertura, que el comisario ya estaba jubilado cuando ser registraron las conversaciones con Larsen y que se daba una falta de requisitos para perseguir tanto el delito de cohecho como el delito de descubrimiento o revelación de secretos.

En el auto de reapertura de 27 de julio de 2020, García-Castellón argumentaba que el objetivo era esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho. En esas grabaciones Larsen exponía sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.

EL ENCARGO GOLDSMITH

Ahora, el juez indica que si no ha reabierto antes es por la referida sobrecarga de trabajo y porque tenía que "atender prioritariamente a otras piezas", y recuerda que hay por tanto hechos nuevos que justifican la reapertura.

Asimismo, descarta abrir pieza aparte para investigar ese posible encargo y opta por mantener en esa pieza 'Carol' todos los posibles trabajos que pudieran haberse dado entre la empresaria y el comisario. "El Ministerio Fiscal, como se ha señalado, entiende que existe 'conexidad fáctica' entre el supuesto encargo efectuado parainvestigar a Noelia Muñoz --la asistente-- y el encargo efectuado para ayudar a Ben Goldsmith", recuerda el magistrado aludiendo a dos posibles trabajos.

Al hilo, añade García-Castellón que en el trabajo relacionado con Ben Goldsmith "podía desprenderse la existencia de un presuntoencargo" de Corinna Larsen a Villarejo para "investigar los problemas con la Hacienda Pública derivados de un terreno en la localidad de Ronda", y citando a la Fiscalía indica que "estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho de los artículos 419 y 424, respectivamente cohecho pasivo y cohecho activo del Código Penal".

El juez remarca que pese a esas inferencias y aun a pesar de tener un procedimiento penal abierto en el que se podría haber investigado este mismo hecho, el Ministerio Fiscal "solicitó el sobreseimiento". E indica que "desconoce los motivos por los que pese a los indicios de delito referidos, acordó el archivo de las diligencias de investigación pues esta circunstancia nunca se comunicó al Juzgado".

Por otro lado, el juez apunta que aun cuando el encargo de Larsen de octubre de 2016 se diera estando ya el comisario jubilado --lo hizo en mayo de ese año--, "no podría descartarse en absoluto" la existencia de hechos delictivos típicos porque podría haberse prevalido de su condición de exfuncionario "para el cumplimiento del encargo recibido".

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha asegurado que su departamento y el de Sanidade trabajan ya en la conformación de un "nuevo modelo de residencias" derivado de las carencias detectadas por la pandemia de COVID-19 y ha defendido la "rapidez" con la que se actuó a la hora de intervenir algunos centros.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Santiago, la conselleira ha recordado que "absolutamente todas" las residencias gallegas cuentan a día de hoy con un protocolo de actuación elaborado por el comité clínico y están "mucho más preparadas" que hace unos meses para "afrontar la entrada de la COVID".

Así, y aunque la situación se ha complicado en centros como el de O Incio o el de Outeiro de Rei, ambos en Lugo, Fabiola García ha puesto de relevancia que "el 99% de las residencias de Galicia no cuentan con ningún caso positivo ni de residentes ni de trabajadores".

García ha reconocido que la crisis del coronavirus ha llevado a "repensar un nuevo modelo de residencias", en el que ya trabajan las consellerías de Sanidade y Política Social, ha avanzado. Este modelo "debe ser pensado con tiempo suficiente" y "dialogado con el sector residencial" para "valorar su aplicación de un modo más o menos inmediato una vez esté terminado".

No obstante, la conselleira no ha querido detallar en qué podría consistir este nuevo modelo. "Están sobre la mesa distintas propuestas que estamos en estos momentos valorando para mejorar el funcionamiento del sistema residencial de Galicia", ha dicho.

Asimismo, ha defendido el sistema de intervención en residencias que tiene la Xunta y en el que se seguirá. "Galicia fue una de las primeras comunidades que intervinieron residencias", ha dicho Fabiola García, una intervención que ha descartado que se haga de forma indiscriminada, si no solo en los casos en "los que lo recomienda la autoridad sanitaria".

En este sentido, la conselleira ha dicho que "la Xunta tomó las decisiones con total rapidez en todas las residencias" y se intervinieron "independientemente de cual fuese su titularidad". Nuestro deber es velar por la seguridad y salud de los residentes", ha zanjado.

GALICIA, "UN EJEMPLO"

Las consellerías de Política Social y de Sanidade, ha apuntado Fabiola García, están dando "una información diaria y exacta de todos los casos positivos" de residentes y trabajadores en Galicia.

Galicia ha sido un ejemplo a seguir por el resto de las comunidades autónomas dando a los medios de comunicación diariamente de toda la información de la que disponemos", ha apostillado la conselleira, que ha reclamado al Gobierno central que "publique los datos de la pandemia" en relación a las residencias, tanto a nivel nacional como de todas las comunidades.

El Gobierno de Navarra, a través del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha ofrecido al Gobierno de España recursos que "ya están disponibles" para acoger a personas refugiadas y que han tenido que ser desalojadas del incendiado campo de Moria, en Lesbos (Grecia).

A tal efecto, Eduardo Santos ha remitido sendas cartas al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá; y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.

En el texto remitido desde el Gobierno foral, se señala que la tragedia vivida en Moria "ha conmovido a la opinión pública navarra", y con ese motivo se pone de manifiesto la voluntad de la Comunidad de acoger a personas afectadas por esta urgencia. Una acogida que, se añade, se podría producir en recursos que ya están disponibles y que se encuentran libres en este momento.

En la misiva, el consejero Eduardo Santos ha compartido con los responsables del Gobierno central reflexiones sobre la necesidad de una política europea común de asilo y refugio y sobre el papel de las Comunidades Autónomas.

En relación a esto último, el consejero Santos ha querido incidir en la necesidad de "trabajar conjuntamente a la mayor brevedad, en relación a la transferencia de la competencia en políticas de asilo y refugio", teniendo en cuenta "el importante papel que juegan las Comunidades Autónomas en materia de integración". El proceso de transferencia, que está ahora mismo desarrollándose, debe continuar a pesar de ser "conscientes de los esfuerzos y los tiempos del Ministerio", apunta el consejero en su carta.

Ello debe ir acompañado, añade el consejero Eduardo Santos, "de un amplio acuerdo territorial en relación a la distribución de personas refugiadas y migrantes". Un acuerdo que debería hacerse a partir de los criterios del programa SHARE, que Navarra apoya; y que permitiría, en palabras de Santos, "una mayor previsión y en definitiva una mejor acogida e inclusión de estas personas".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han solicitado este 15 de septiembre la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que la Liga de Fútbol Profesional aumente la presencia de fotorreporteros en los partidos del campeonato y en los amistosos.

Esta solicitud ha sido planteada por el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, y el presidente de la ANIGP-TV, Víctor Lerena, en una entrevista que han mantenido con la presidenta del CSD, Irene Lozano, en la sede de este organismo.

Los dirigentes de dichas organizaciones han entregado a Irene Lozano una carta en la que exponen las reivindicaciones de los fotorreporteros, entre las que se encuentran también que se les permita cubrir los entrenamientos y las presentaciones de jugadores de los equipos participantes en las competiciones, como señalan en un comunicado.

Las organizaciones añaden que la presidenta del CSD ha considerado justos sus planteamientos y se ha comprometido a realizar las oportunas gestiones para que la Liga acepte modificar y mejorar las condiciones que ha impuesto a los fotorreporteros para el desempeño de su trabajo.

Las tres organizaciones señalan en su misiva que el ejercicio libre del periodismo constituye un pilar fundamental del sistema democrático, que ha sido reconocido por el Gobierno durante la pandemia como un servicio esencial para la sociedad. Por lo tanto, añaden, todo límite que se le imponga afecta no solamente a los profesionales del sector y a los medios, sino también al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Por ello, reclaman el aumento a 22 del número de profesionales de la información gráfica que puedan acceder a los encuentros de competición y/o amistosos gestionados por La Liga y/o la RFEF; y el acceso a los entrenamientos de los equipos participantes en dichas competiciones, así como a las presentaciones, ruedas de prensa y cualquier evento organizado por las entidades deportivas que tengan interés público.

También solicitan una mejor ubicación en los estadios para que los fotógrafos y cámaras de televisión puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y en condiciones que protejan su salud; y la realización de las tareas de limpieza del material de trabajo por ellos mismos, bajo la supervisión del personal designado por parte del club o La Liga, a fin de evitar roturas o daños en las cámaras.

Por último, para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, creen que debe evitarse que los clubes y La Liga sustituyan su trabajo, como ocurre con la distribución que realizan a los medios de información gráfica gratuita que consideran "atenta contra la libertad de prensa y constituye un caso flagrante de intolerable competencia desleal" con el sector.

La comunidad de Extremadura ha registrado hoy 206 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, y ha notificado un fallecido en el Área de Salud Don Benito-Villanueva, lo que eleva a 539 las víctimas mortales en la región desde el inicio de la pandemia.

La persona fallecida es un varón de 63 años que estaba ingresado en el hospital de Don Benito y tenía patologías de base graves. Era natural de Villanueva de la Serena y estaba asociado al brote 46 de Don Benito.

De igual modo, la Dirección General de Salud Pública ha detectado en esta jornada 492 casos sospechosos y se han descartado 235. Asimismo, hay 120 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 15 de ellas en UCI. También, se han dado 77 altas, lo que supone un acumulado de 5.789 desde el inicio de la pandemia en la región, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

DATOS POR ÁREAS

En concreto, el Área de Salud de Badajoz detecta 107 casos sospechosos y descarta 23. Notifica 23 casos positivos confirmados. En el área hay siete pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 1.049 pacientes desde el inicio de la pandemia.

A su vez, el Área de Salud de Cáceres notifica 136 casos sospechosos y ha descartado 69. Declara 48 casos positivos. El área tiene 41 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Han fallecido 273 personas y se han dado 2.041 altas desde que se inició la pandemia.

Mientras, el Área de Salud de Mérida notifica 57 casos sospechosos y descarta 49. Tiene 50 positivos confirmados. Hay 17 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado 33 fallecidos y ha dado 551 altas desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia detecta 25 casos sospechosos y ha descartado 18. Notifica cuatro casos positivos. Tiene diez pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Desde que se inició la pandemia acumula 78 víctimas mortales y hay 694 pacientes curados.

De su lado, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 54 casos sospechosos y ha descartado 17. Notifica 60 casos positivos. Tiene 25 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 31 fallecidos y tiene 604 altas desde que se inició la pandemia de Covid-19.

Igualmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 13 casos sospechosos y descarta quince. Notifica 19 casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Acumula 60 personas fallecidas y hay 492 pacientes curados desde que se inició la pandemia.

A su vez, el Área de Salud de Coria notifica 56 casos sospechosos y ha descartado 40. No registra casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados por Covid-19. Acumula 22 víctimas mortales y se han dado 231 altas desde que se inició la pandemia de coronavirus.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 44 casos sospechosos y ha descartado cuatro. Registra dos casos positivos. Tiene quince pacientes hospitalizados. Han fallecido siete personas y hay 127 pacientes curados desde el comienzo de la pandemia.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 9,5 millones de euros para ejecutar programas en materia de drogodependencias y otras adicciones. Esta suma procede de distintas partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que se destinan anualmente a cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos.

Así, sirven para sufragar programas de atención directa a adicciones, programas de prevención, de atención a familias, de rehabilitación y reinserción social y laboral, etc. De modo que esta transferencia permitirá a las comunidades autónomas poder desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias y otras adicciones en sus respectivos ámbitos territoriales.

Concretamente se van a repartir 9.519.400 euros, y la distribución queda de la siguiente manera: Andalucía recibirá 1.499.814,09 euros; Aragón, 370.740.10 euros ; Asturias, 385.753,24 euros; Baleares, 261.296,03 euros; Canarias, 451.594,41 euros; Cantabria, 209.008,02 euros; Castilla-La Mancha, 460.359,32 euros; Castilla y León, 714.023,55 euros; Cataluña, 1.384.205,86 euros; Comunidad Valenciana, 835.221,55; Extremadura, 325.552,75 euros; Galicia, 576.767,86 euros; Madrid, 1.454.853,48 euros; Murcia, 335.761,33 euros; La Rioja, 126.120,01 euros; Ceuta, 67.977,40 euros y Melilla recibirá 60.351 euros.

La práctica totalidad de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han adelantado su apoyo a la tramitación de la Proposición de ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos.

La norma cuya toma en consideración se discutió en el Pleno de este martes pretende mejorar la aprobada en 2011 que aún no ha podido entrar en vigor. Han avanzado su voto en contra JxCat y Vox.

La reforma legal está dirigida "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito" y, para ello, frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Ello conllevará que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central y, en su lugar, se crean oficinas generales de Registro Civil y la Oficina de Registro Civil Central".

Además, el PSOE propone que puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo puedan ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

De este modo, el PSOE propone aprovechar la experiencia de los empleados públicos a cargo de su Ilevanza para la implementación del nuevo modelo del Registro Civil y la culminación del mismo en la fecha de entrada en vigor y, muy especialmente, "respetar de forma escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales durante el periodo de implantación del nuevo Registro".

La entrada en vigor de la actual Ley, que data de 2011, fue sufriendo sucesivos aplazamientos, ya que, si inicialmente se estableció que la misma se produciría a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 22 de julio de 2014, posteriormente han sido necesarios periodos adicionales por las diferentes vicisitudes acaecidas a lo largo de este tiempo.

Ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista de 30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos; "ya que una institución de la importancia del Registro Civil para todo el Estado español y que con su organización más moderna y eficiente va a presentar una enorme utilidad práctica para todos los ciudadanos y para la mejor prestación de los servicios públicos, justifica sobradamente el gran esfuerzo organizativo, tecnológico y económico que su implantación va a exigir", añade la exposición de motivos.

Otros aspectos de la reforma van dirigidos a garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral.

UNA OFICINA POR PARTIDO JUDICIAL

Para ello, se propone la aperutra una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial. Además, razón de la singular distribución de la población, por las características del territorio o en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular, por la administración pública competente en virtud de su localización se podrán crear Oficinas Generales adicionales mediante transformación de las existentes en los Juzgados de Paz.

Del mismo modo, se propone que puedan agruparse oficinas generales para la mejor prestación de un servicio eficiente, en los casos en que se estime más conveniente, atendida la carga de trabajo, por la administración pública con competencias en ese territorio.

La nueva Ley del Registro Civil, aprobada en 2011, continúa en 'vacatio legis' dada la complejidad técnica y sobre todo tecnológica que requiere. De momento, según se señala en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, dicho periodo "ha posibilitado el adecuado desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático al mismo, respecto de los ciudadanos, mediante su identificación electrónica".

Unidos a estos cambios tecnológicos están la mayoría de los artículos de la Proposición socialista, que apuntan a una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación informática.

CÓDIGO PERSONAL

Así, se ha visto que constituye el sustento de la institución Registral que se preconiza la asignación del Código Personal, de forma que sea un número invariable que se atribuye a cada persona. La regulación inicial, no demasiado clara en este aspecto, parecía asignar directamente el número del DNI a los nacidos, como número personal que ya permanecería invariable.

Sin embargo, se ha observado que ese sistema no era el adecuado, debido a que en el frecuente supuesto en que personas con nacionalidad extranjera sean objeto de alguna inscripción en el Registro Civil (sea en el momento de su nacimiento o sea posteriormente, en el momento de su matrimonio, de su defunción, etc.) no van a tener DNI.

Por ello, se prevé la asignación de Código Personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior en su confección, al cual se asociará de forma inmediata el número del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento identificativo oficial, en otro caso; siendo invariable durante toda la vida del sujeto .

También se ha considerado necesario modificar la regulación de la firma electrónica empleada en el funcionamiento del Registro Civil, distinguiendo la que se emplea para la práctica de asientos, que será la propia del encargado que firme el asiento, y la que se empleará para la expedición de certificaciones, que se podrá automatizar con base en la previa identificación digital del solicitante, y que por ello se deberá verificar con un sello cualificado de sistema.

La llegada de una "inusual" borrasca atlántica provocará abundantes precipitaciones y un descenso gradual de las temperaturas desde el jueves al menos hasta el próximo lunes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en un aviso especial.

Así, prevé que a partir del jueves y, al menos hasta el lunes, se espera que la Península estará afectada por una amplia borrasca que es inusual para esta época del año y provocará precipitaciones abundantes y un descenso progresivo de las temperaturas, sobre todo de las diurnas.

En la actualidad, la borrasca está sobre el Atlántico, al noroeste de Galicia, y se irá intensificando a medida que se desplaza hacia el sur.

La AEMET señala que a pesar de la distancia la atmósfera está ya empezando a inestabilizarse y señal de ello fueron las tormentas que se registraron este lunes y que continuarán desarrollándose de forma dispersa este martes y mañana miércoles.

Sin embargo, será a partir del jueves cuando es muy probable que la borrasca esté lo suficientemente próxima a la Península como para que penetre el primer frente, que afectará al extremo occidental.

Además del frente, el aumento de la inestabilidad y la gran cantidad de humedad de origen subtropical captada por la propia borrasca, favorecerán los chubascos en gran de la Península, que serán localmente fuertes y estarán acompañados de tormentas y granizo. El área menos afectada será el Mediterráneo.

Respecto al fin de semana, la AEMET ha pronosticado que el centro de la borrasca cambiará de dirección el viernes y se dirigirá primero hacia el este y alcanzará el sur de Portugal y después durante el sábado y el domingo se trasladará del sur al norte y recorrerá el extremo occidental peninsular.

Los distintos frentes de la borrasca irán entrando en la Península por el suroeste generalizando las precipitaciones y, al ir acompañados de intervalos de viento fuerte de componente sur, seguramente serán persistentes en las laderas sur de los sistemas montañosos.

Desde el lunes es probable que la borrasca se aleje por el Cantábrico hacia el sur de las Islas Británicas, a donde llegará ya muy debilitada.

La AEMET prevé que dada la extensión de la borrasca probablemente afectará en mayor o menor medida a todo el territorio peninsular, aunque no a Canarias y seguramente tampoco a Baleares.

Finalmente, avisa de que debido a la incertidumbre que existe en la trayectoria de la borrasca, se recomienda consultar las predicciones actualizadas ya que un pequeño cambio puede modificar sensiblemente las zonas afectadas.

Más País-Equo y Compromís han presentado este martes en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como "persona privada" y, por tanto, "no inviolable".

El texto ha sido presentado en rueda de prensa por el líder de Más País, Íñigo Errejón, la diputada de Equo, Inés Sabanés, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, tiene como objetivo, según ha destacado Errejón, "facilitar la transparencia y la rendición de cuentas" y, a su juicio, debería ser punto de consenso para cualquier demócrata, con independencia de que se sea monárquico o republicano.

Mientras Sabanés ha recalcado que con esta iniciativa se busca solucionar un tema "que no está resuelto", Baldoví ha subrayado que es necesario dejar claro por ejemplo que si el Rey "actúa como comisionista no lo hace como jefe del Estado y no puede acogerse a la inviolabilidad".

En concreto, el texto propone que la involabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.

De esta forma, el titular de la Corona sí será "responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real".

En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los proceso seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.

AFORAMIENTO REAL

El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado.

En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.

El PP defiende ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estar legitimado para solicitar la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros que designó a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, un asunto aún pendiente de resolver por el alto tribunal. Lo hace tras conocer el informe de la Abogacía del Estado que niega dicha legitimidad al partido liderado por Pablo Casado.

Así, el PP defiende que su interés legítimo en este asunto deriva de contar con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, "ante el cual los diputados pertenecientes al grupo parlamentario popular, elegidos en las elecciones generales a las que esta parte concurrió, asistieron a la comparecencia de la persona designada, mostrándose en tal comparecencia pública y notoriamente en oposición al nombramiento en cuestión".

A lo largo de su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP reprocha a la Abogacía del Estado que pretenda negar sistemáticamente la legitimación de los partidos políticos para impugnar este tipo de acuerdos sin atender a un criterio "casuístico", ya que ello es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución.

A juicio de esta parte, la interpretación reduccionista del instituto de la legitimación que defiende la Abogacía del Estado provoca que "se generen espacios de impunidad para arrebatar a la Jurisdicción el conveniente control de los requisitos reglados de los actos políticos como es el de la designación de Delgado.

LOS PARTIDOS, HERRAMIENTAS DEMOCRÁTICAS

Por ello, a lo largo de su escrito el PP incide en esa condición especial, constitucionalmente consagrada, de partido político "como herramienta y cauce esencial del funcionamiento democrático", que ha de ser tenida en cuenta a la hora de "interpretar con amplitud las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación".

Insiste además en que en su condición de principal partido de la oposición en las Cortes Generales tiene no sólo el derecho "sino la obligación institucional de ejercer un proporcional y adecuado control de los actos del Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de oportunos recursos ante la Jurisdicción ordinaria, y la Constitucional", especialmente ante actos que consideren "abiertamente ilegales o inconstitucionales".

En su escrito se recuerda además la propia opinión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente respecto de la noción de separación entre Gobierno y Ministerio Fiscal y la necesaria imparcialidad de este último, "y que puede incidir en los intentos de incidir en su funcionamiento a través del nombramiento en cuestión".

En la entrevista citada, que tuvo lugar en RNE el pasado 6 de noviembre, Sánchez a modo de respuesta a un periodista, preguntó al mismo "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". Y como la respuesta del periodista fue "del Gobierno", le repuso "Pues ya está".

Igualmente, insiste el partido de Casado ante el Supremo que no puede olvidarse la "pública y notoria animadversión de la persona designada como Fiscal General del Estado" frente al PP, del que ha dicho públicamente que "lleva en su ADN la corrupción", que "es un partido corrupto y en descomposición, y esa descomposición se refleja día a día en el Parlamento", o que se toma la violencia de género como "una especie de broma".

Por todo ello, el PP pide a la Sala de lo Contencioso del Supremo que desoiga los argumentos de los Servicios Jurídicos del Estado y, en base a su legitimidad para impugnar el nombramiento, anule el real decreto por el que se nombró a Delgado por no cumplir con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía.

Izquierda Unida se ha felicitado este martes por la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, pero no ha ocultado su intención de que el Congreso acabe aprobando una norma más ambiciosa que la que ha empezado a preparar el Gobierno de coalición.

Así lo ha señalado la responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, quien ha admitido que el texto aprobado este martes supone un "importante avance cualitativo" respecto la "limitada" y vigente Ley de Memoria Histórica.

La dirigente de la formación que lidera el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha mostrado "especialmente satisfecha" por la inclusión en el anteproyecto de gran parte de las propuestas de IU, pero ha avanzado su intención de aprovechar el trámite parlamentario, cuando norma sea un proyecto y llegue al Congreso, para mejorarla.

CONDENA EXPRESA DEL FRANQUISMO

Tras recordar que esta norma no sería posible sin la lucha de las víctimas y asociaciones memorialistas, López Barceló ha indicado que desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos seguirán defendiendo cuestiones como la anulación de los artículos de la Ley de Amnistía que en los que se basan los tribunales para obstaculizar la investigación de los crímenes franquistas.

También intentarán ampliar el periodo de referencia de transición desde la muerte de dictador hasta 1983, con el argumento de que hasta ese año se contabilizan hasta 188 víctimas mortales de violencia de origen institucional por parte del Estado.

Además, IU buscará que la nueva ley incluya una condena expresa del golpe de Estado y la dictadura franquista, así como la desacralización del Valle de los Caídos y la recuperación completa por parte de Patrimonio Nacional del lugar para su gestión directa y total.

La asociación de empresas Grupo Español de Crecimiento Verde ha manifestado este martes en el Congreso que echa en falta una mayor ambición en el contenido del proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.

"Falta un poco más de ambición y un paso más firme en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad", ha asegurado su presidente, Valentín Alfaya, durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica para exponer su opinión sobre esta iniciativa que tramita la Cámara Baja.

Alfaya ha aclarado que desde esta patronal no apuestan "ni por un incremento de la carga impositiva ni mucho menos por impuestos 'verdes' que hacen como parches", sino "más por una revisión profunda del esquema fiscal que permita la aplicación del principio de que quien contamina paga, y quien 'descontamina', desgrava, bajo un marco de carga impositiva neutra".

En este sentido, ha asegurado que este tipo de políticas se han seguido en otros países, como Canadá, Estados Unidas, Reino Unido o Francia y que, a su juicio, han "tenido éxito para acelerar la transición ecológica y las inversiones en esta agenda"

En esta asociación se encuentran adheridas, entre otras empresas, BBVA, Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Iberia, PwC, Renfe, Sacyr, Acciona, Ferrovial, Naturgy, Iberdrola, Enagás, Red Eléctrica, Correos, Grupo Tragsa, Mapfre o Pharma Mar.

Por otro lado, Alfaya, que también es director de Sostenibilidad de Ferrovial, ha defendido un control independiente del Presupuesto para comprobar su inversión en actividades que afectan a la agenda climática o provoquen desviaciones en los objetivos marcados.

También ha pedido "un papel más relevante" del sector privado, en casos como los planes nacionales de adaptación o en las estrategias de transición justa, ante la reconversión de muchos sectores.

Por último, ha llamado a los grupos a alcanzar acuerdos y apostar por el "consenso político a medio y largo plazo" para garantizar "estabilidad y certidumbre" en los proyectos que se derivarán de la transformación de la economía.

Respecto a los fondos que llegarán para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, ha señalado que España está "muy bien posicionada", al igual que sus empresas para ofrecer proyectos que puedan ser financiados, por lo que considera estos préstamos y transferencias una "grandísima oportunidad".

El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, se ha reunido este lunes, por videoconferencia, con los ministros de Justicia de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Países Bajos --que forman el conocido Grupo Vendôme, para abordar la lucha contra la violencia de género en la UE.

Tal y como ha informado el Ministerio de Justicia, la violencia de género ha adquirido en los estados miembros proporciones "alarmantes" en lo que respecta al número de víctimas, así como por el elevado porcentaje de casos no denunciados.

Ante esta situación, explica el Ministerio, los responsables de Justicia europeos plantearon las medidas adoptadas en sus respectivos países dirigidas a apoyar a las víctimas de la violencia de género y debatieron sobre la posibilidad de crear iniciativas adicionales para acabar con este atroz problema que afecta a la sociedad.

Además, los participantes abogaron por fortalecer los instrumentos ya existentes para garantizar que la lucha contra la violencia de género "sea una prioridad". Con este fin, explica el departamento que dirige Juan Carlos Campo, se determinó la importancia de la formación especializada de jueces y fiscales, así como de otros profesionales encargados de hacer cumplir la ley.

MAYOR ARMINIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

Del mismo modo, se habló de que, aunque los países europeos se caracterizan por valores jurídicos y civiles comunes, sus tradiciones jurídicas son diferentes, por lo que algunos delitos se castigan con penas distintas. En este sentido, los participantes destacaron que, al examinar los niveles de sanciones, deben tenerse en cuenta diferentes factores, como las prácticas de ejecución y las medidas de libertad provisional o condicional.

Por otra parte, en la reunión se ha realizado una reflexión conjunta sobre la posibilidad de una mayor armonización del Derecho penal en Europa y se acordó mantener una estrecha cooperación en el ámbito del derecho penal para luchar contra las diferentes formas de delincuencia transnacional. Además, se hizo hincapié en el cumplimiento del Estado de Derecho, así como en la posibilidad de mantener una estrecha cooperación en ámbitos penales específicos para luchar contra las diferentes formas de delincuencia transnacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Emergencias Aeronáuticas de Aviación Civil, tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Protección Civil. La norma establece las directrices básicas de los criterios que deben seguir los planes especiales de Protección Civil ante emergencia por accidentes de aviación civil que deben realizar por ley las administraciones Estatal, autonómica y local.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que la iniciativa "garantiza una respuesta adecuada, homogénea y una coordinación optima ante acontemientos que pueden tener escala de este calibre y emergencia de esta naturaleza".

El Real Decreto, del que ha dicho Montero que atiende a una cuestión de "enorme complejidad", recoge las características y el contenido mínimo del futuro plan, como por ejemplo contar con una estructura organizativa para coordinar a todas las administraciones públicas en una emergencia aeronáutica o las funciones de apoyo del Estado a las comunidades autónomas para facilitar la aplicación de sus respectivos planes.

Además, se encomienda a la Agencia Española de Seguridad Aérea la realización de una guía técnica que facilite la coordinación entre adminsitraciones y procedimientos adminsitrativos.

En concreto, ha indicado que la aplicación de estos planes serán de aplicación inmediata a las emergencias que ocurran en instalaciones que están ubicadas en el territorio español o en el espacio aéreo de España e incluso en el caso de que el accidente ocurra en el mar o que se deba coordinar desde el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y la Dirección General de Marina Mercante o la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

La norma contempla los criterios mínimos, en cuanto a su esquema organizativo y funcional, que deberán contener los Planes Especiales de Protección Civil que elaboren las distintas Administraciones Públicas para este riesgo.

Los distintos planes, estatal, autonómico y municipal, deberán tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, establecer protocolos de actuación específicos para garantizar su asistencia y seguridad.

La norma completa la planificación de la respuesta ante los riesgos aeronáuticos y a afianzar el desarrollo y la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo es contar con una respuesta homogénea a nivel nacional ante esta emergencia independientemente de donde ocurra y su alcance, de modo que se realice la adecuada coordinación de actuaciones de todos los órganos participantes en el ámbito territorial que, en cada caso, corresponda.

En su elaboración, han participado las comunidades autónomas y los departamentos ministeriales competentes. El Real Decreto desarrolla el artículo 15 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil que establece que los Planes Especiales de Protección Civil para el riesgo de emergencias por accidentes de aviación civil deberán elaborarse siguiendo los criterios establecidos en una Directriz Básica de Protección Civil.

La Directriz considera tres niveles de planificación: estatal, autonómico y local. Para asegurar una respuesta eficaz en la protección de personas y bienes ante situaciones de emergencia en las que pueda entrar en juego el interés nacional, los planes elaborados en cada uno de esos niveles deberán disponer de los órganos y procedimientos de coordinación que hagan posible su integración en un conjunto plenamente operativo y susceptible de una rápida aplicación.

REQUISITOS

Las especificaciones funcionales de los planes especiales deberán contemplar actuaciones para proteger las personas, los bienes y el medio ambiente, tales como un sistema de información, avisos y alertas ante incidentes, accidentes y emergencias en la instalación aeronáutica o sus inmediaciones; delimitación de zonas de actuación y control de accesos; extinción de incendios y salvamento de personas; socorro y primeros auxilios a personas víctimas del accidente; evacuación, transporte sanitario, hospitalización e identificación de heridos; asistencia a familiares de las víctimas, según lo establecido en el Protocolo de coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares; información a las autoridades y a los ciudadanos en general, a través de los medios de comunicación social; mantenimiento de la seguridad pública; los sistemas de coordinación con la instalación aeronáutica en caso de que éste tenga que permanecer operativo, si la emergencia ha tenido lugar en dichas instalaciones.

En todo caso, los diferentes planes --estatal, autonómico, y en su caso, municipal--, deberán tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su asistencia y seguridad.

Dependiendo de las características y actividades desarrolladas en la instalación aeronáutica de que se trate, habrán de considerarse otras actividades de emergencia, tales como las necesarias para hacer frente al riesgo de sustancias tóxicas, explosivas o radiológicas.

La organización del plan tendrá que facilitar la realización, por otras organizaciones, de actividades ligadas a la situación de emergencia, tales como identificación de fallecidos, investigación técnica y judicial y gestión de la actividad aeronáutica.

El Papa ha denunciado que el miedo al diferente provoca en la sociedad una "sospecha" constante que se convierte con frecuencia en una actitud de "agresión hostil", al tiempo que ha instado a mantener vivo el llamamiento a la paz en un momento en el que en el mundo rige "un clima de guerra y violencia mutua".

"¿Por qué los que son diferentes a nosotros a menudo nos asustan tanto, como para hacernos asumir un comportamiento de defensa y sospecha que con demasiada frecuencia se convierte en agresión hostil?", se ha preguntado el pontífice en el prefacio del libro publicado esta semana por la Librería Editora Vaticana 'Para un conocimiento de la paz'.

El volumen, editado por el profesor de Antropología Teológica del Pontificio Instituto Teológico "Juan Pablo II" para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, Gilfredo Marengo, cuenta con diversas disertaciones de altos funcionarios de la Curia Romana como el Secretario de Relaciones con los Estados, arzobispo Paul Richard Gallagher o el Presidente Emérito del Consejo Pontificio de Justicia y Paz y el Presidente Emérito del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, el cardenal Renato Raffaele Martino.

Francisco corrobora en el texto la idea de que el mundo está viviendo un "cambio de época" conformado por lo que ha denominado repetidamente como "una tercera guerra mundial a pedazos". Y ha añadido: "Sabemos bien cuánto el miedo a una guerra mundial, capaz de destruir a toda la humanidad, ha marcado nuestro pasado reciente".

De este modo se ha preguntado: "¿Por qué en un mundo en el que la globalización ha derribado tantas fronteras, en el que todos -se dice- estamos interconectados, seguimos practicando la violencia en las relaciones entre los individuos y las comunidades?, ¿por qué los que son diferentes a nosotros a menudo nos asustan tanto, como para hacernos asumir un comportamiento de defensa y sospecha que con demasiada frecuencia se convierte en agresión hostil?, ¿por qué los gobiernos de los Estados creen que el despliegue de su fuerza, incluso con actos de guerra, puede darles mayor credibilidad a los ojos de sus ciudadanos y aumentar el consenso del que gozan?".

Francisco ha instado a comprometerse con la investigación científica y la formación de las jóvenes generaciones al tiempo que ha mostrado su convicción de que la convicción de que la Iglesia está llamada a comprometerse en "la solución de los problemas relativos a la paz, la armonía, el medio ambiente, la defensa de la vida y los derechos humanos y civiles".

Para el Papa también el mundo universitario tiene un "papel central" como un lugar que simboliza ese "humanismo integral" que necesita renovarse y enriquecerse continuamente, para que pueda producir la "valiente renovación cultural que exige el momento actual".

Asimismo ha señalado que los trabajadores por la paz deben ser capaces de madurar una mirada al mundo y a la historia que no caiga en un "exceso de diagnóstico", ya que esta actitud "no siempre va acompañado de propuestas resolutivas y realmente aplicables". "Se trata, de hecho, de ir más allá de un enfoque puramente sociológico que pretende abarcar la totalidad de la realidad de manera neutral y aséptica", ha concluido el Santo Padre.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha criticado este martes que el PSOE y Unidas Podemos "saquen provecho de la corrupción" del Partido Popular en el Congreso, promoviendo una comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', mientras "tapan" las irregularidades de la formación de Pablo Iglesias.

"Es lamentable que en la Mesa del Congreso los partidos saquen provecho de la corrupción de sus adversarios mientras tapan la suya. Así como hay que poner la lupa sobre la Kitchen, también hay que investigar los casos de Podemos. En democracia, la transparencia no es optativa", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha lamentado que los partidos políticos parezcan "muy interesados en investigar la corrupción del otro pero no la corrupción propia", y ha afirmado que Cs es el único que defiende "la lucha sin excepción contra la corrupción, venga de donde venga".

La Mesa del Congreso ha calificado este martes la petición del PSOE y Unidas Podemos para que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre la 'Operación Kitchen', como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

La iniciativa ha sido apoyada por los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, mientras que el PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido. Ahora, la previsión es que la próxima semana la Junta de Portavoces incluya el debate sobre la creación de la comisión en el orden del día del Pleno de la última semana de septiembre, que será cuando se vote.

En cambio, la semana pasada, el PSOE rechazó en la Junta de Portavoces del Congreso --junto a Unidas Podemos, Esquerra y Bildu-- llevar a debate del Pleno la comisión de investigación sobre la financiación de Podemos. Esta comisión la había solicitado el PP tras conocerse el último informe del Tribunal de Cuentas y la decisión de un juez de Madrid de imputar al partido morado y a varios de sus dirigentes a raíz de la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente.

LEY ANTICORRUPCIÓN DE CIUDADANOS

El portavoz adjunto de Ciudadanos ha señalado que la supuesta financiación ilegal de Podemos mediante la simulación de gastos electorales a través de la empresa Neurona es "muy grave" y que también le parece "gravísimo" lo que se conoce hasta ahora sobre la 'Operación Kitchen' del PP, y por ello cree que ambas cuestiones deberían ser objeto de comisiones de investigación parlamentarias.

Por otro lado, ha explicado que la formación naranja está actualizando su proposición de ley contra la corrupción, cuya tramitación fue rechazada por el Pleno de la Cámara Baja el pasado junio, para volver a registrarla próximamente tratando de "superar todas las objeciones" que les pusieron otros grupos parlamentarios para conseguir que esta vez la apoyen.

Según ha precisado, esa iniciativa prevé la inclusión de dos nuevas figuras delictivas en el Código Penal, establece la responsabilidad penal y civil de los partidos políticos por sus cargos electos, prohíbe que el Gobierno indulte a personas condenadas por delitos de corrupción y traspone la directiva europea sobre la protección de los denunciantes, entre otras cuestiones.

Cuando se votó en junio, la ley anticorrupción de Ciudadanos fue rechazada por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y el Partido Nacionalista Vasco, mientras que el PP, Vox y Más País respaldaron su toma en consideración.

El Gobierno planea "resignificar el Valle de los Caídos" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto", ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. También ha anunciado que la fundación de los benedictinos presente en el Valle "se extinguirá automáticamente".

Calvo, que ha presentado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ha dicho que esa "resignificación" se hará en el futuro y está aún por estudiar.

Entre las novedades de la ley, destinada fundamentalmente a exhumar, identificar y reparar a las víctimas, está la futura conmemoración de dos fechas: el 31 de octubre, fecha en que se aprobó el proyecto de Constitución española de 1978 en el Congreso de los Diputados y el 8 de mayo como efeméride para recordar a quienes lucharon contra el nazismo y el fascismo.

Calvo también ha avanzado que se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están "desaparecidas", por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque "se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular".

Por otro lado, ha afirmado que la ley pretende "proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España", tener "útiles" los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.

SIN PRESENCIA DE LOS BENEDICTINOS

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha anunciado que la fundación de los benedictinos presente en el Valle de los Caídos "se extinguirá automáticamente" porque "ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática".

"La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente, no está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos y, entre tanto, hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos", ha subrayado Calvo.

Según ha señalado, con posterioridad, irán "avanzando en la resignificación" pero ha precisado que, "de momento, se convertirá en un verdadero cementerio civil, de respeto y de paz de todas las víctimas que son de los dos bandos".

La vicepresidenta ha insistido en que la presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es "incompatible" con la resignificación de este lugar, y ha agregado que tanto las fundaciones públicas como las privadas que tengan una repercusión pública "no pueden enaltecer las dictaduras ni los totalitarismos ni las figuras correspondientes".

"Todo lo que tenga repercusión pública no puede estar en esos fines que están expresamente prohibidos por esta ley", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que la norma también retirará las condecoraciones que conllevan reconocimiento de quienes en el ámbito de la función pública, civil o militar, están o han estado inmersos en violaciones directas de derechos humanos bien en el periodo de la dictadura o posteriormente".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este martes al Rey Felipe VI sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Galicia, donde "la Sanidad seguirá siendo una prioridad", y ha pedido su "ayuda" para ampliar la celebración del Año Santo Xacobeo debido a las dificultades por la crisis sanitaria.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el monarca en el Palacio de la Zarzuela, con motivo de su reelección como presidente del gobierno gallego.

Núñez Feijóo ha informado a Felipe VI de que Galicia "sigue luchando, con bastante eficacia" contra la pandemia, y ha recordado que el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas con pacientes COVID en esta comunidad es del 3 %, frente a la media nacional, del 8,5 %. Asimismo, ha apuntado que el porcentaje de uso de camas de UCI y de unidades de hospitalización es entre un 80 y un 85 % menos que durante lo peor de la primera ola de contagios, teniendo ahora un número de casos activos similar.

El presidente gallego también ha incidido en la baja tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en Galicia, y en el bajo porcentaje de afectados en las residencias de mayores (un 1,1 % de los usuarios), al tiempo que ha señalado que, junto con Asturias y, en algunos parámetros, con Andalucía, la comunidad gallega está entre las que tiene "menor impacto y mayor control" de la situación sanitaria.

Por otra parte, ha puesto en valor el trabajo del comité clínico del Sergas, "con 35 profesionales con nombres y apellidos" de áreas como Epidemiología, Medicina Preventiva, Urgencias, o Microbiología, que son "la llave del rigor con el que se intenta gestionar la pandemia". "Lo fueron desde el 27 de febrero, cuando constituimos la comision interdepartamental del COVID en el gobierno; lo fueron desde el 1 de marzo, que empezamos a comprar respiradores y evitamos el colapso de las UCI, y lo siguen siendo porque todos miércoles nos reunimos para tomar decisiones", ha añadido.

LA SANIDAD, UNA "PRIORIDAD"

En este escenario, el titular del Ejecutivo gallego ha trasladado a Felipe VI que ha configurado un gobierno "centrado en paliar los efectos de la pandemia, con un componente social y económico muy importante". La Sanidad seguirá siendo una prioridad", ha proclamado Feijóo, quien ha reiterado que su objetivo es que "el cien por cien" de los gallegos tengan un centro de salud u hospital de referencia "nuevo o ampliado.

En todo caso, el presidente de la Xunta ha reiterado que "se debe contextualizar la pandemia con datos" y ha repetido que, pese al número de nuevos contagios diarios en España, "las claves son los hospitalizados y la ocupación de las UCI". "Ahora estamos en una media del 8,5 % de ocupación de camas, son parámetros que podemos gestionar", ha afirmado.

PETICIONES AL MONARCA

Además de la situación de la pandemia en Galicia, Feijóo ha abordado con Felipe VI otros "temas que interesan a los gallegos", como "los problemas de Alcoa, de As Pontes" o los proyectos 'tractores' con los que la Xunta pretende optar a los fondos europeos de reconstrucción postCOVID.

En esa línea, y "dado que el Rey es embajador vitalicio del Camino de Santiago", el presidente de la Xunta ha pedido a Felipe VI su "ayuda" para ampliar la celebración del Xacobeo hasta julio de 2022. A ese respecto, ha recordado que, con la actual crisis sanitaria, "hay dificultades para peregrinar y celebrar el Año Santo, que empezará el 1 de enero de 2021".

Huelva celebrará la quinta edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva' del 29 de septiembre al 4 de octubre con el fandango como protagonista del mismo.

Así, figuras de la talla de Vicente Amigo, Mayte Martín, Manuel de La Luz, La Susi, Rafael Campallo, El Capullo de Jerez y el Ballet de Flamenco Andaluz, junto a los artistas onubenses Sebastián Cruz y Sandra Carrasco, conforman el cartel, que ha presentado este martes el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado del teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero; del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y del representante de la Federación de Peñas Flamenca, Manuel Cruz, así como de los artistas onubenses Manuel de La Luz y Sebastián Cruz.

Una edición que adquiere este año un matiz "muy especial", ya que servirá para poner en valor la contribución de Huelva al flamenco a través del fandango, tras ser distinguido como Bien de Interés Cultural (BIC), por su especial relevancia como expresión musical, por su tradición y por ser un patrimonio cultural vivo de la provincia onubense, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

De este modo, el alcalde ha subrayado que se trata "de una cita irrenunciable", a pesar de las circunstancias con la que "queremos alimentar el gusto y el sentimiento por una manifestación cultural que forma parte de nuestra seña de identidad y con la que Huelva está llamada a disfrutar estos días con primeras figuras del flamenco y con nuestros artistas locales".

Un festival abierto que no se entiende sin la participación de nuestras peñas y de la gente del flamenco, y que llega un año más de la mano de una entidad que siempre apuesta por la cultura y por Huelva como es la Fundación Cajasol", ha destacado Cruz.

En este sentido, el primer edil ha señalado que "la cultura en Huelva no se para y el flamenco tampoco". Por ello, el Consistorio ha mantenido en el calendario cultural de la capital un festival con la misma calidad e intensidad que en anteriores ediciones, pero con medidas de seguridad y limitaciones en los aforos del Auditorio de Casa Colón y del espacio del Festival 'Quitasueños', que se mantiene en el Barrio Obrero.

Asimismo, el festival se abre más que nunca a la calle con un escenario propio en la calle Marina, donde se desarrollarán las actuaciones de las peñas flamencas en un espacio patrocinado por la Fundación Cajasol, y con un aforo limitado a 50 personas.

Por su parte, Antonio Pulido ha agradecido al Ayuntamiento la invitación para patrocinar este festival y ha reiterado el compromiso de la Fundación Cajasol de seguir colaborando con la ciudad de Huelva en todos los niveles, pero especialmente en estos momentos con el mundo de la cultura, al que "hay que mimarlo para que no se acabe, no pare, y sea un forma de transmitirnos algo tan necesario ahora como es la alegría".

En este sentido, ha aplaudido la decisión del Consistorio de mantener el festival, destacado que "la industria de la cultura es un motor de dinamización económico para una sociedad."

De otro lado, Manuel Cruz ha puesto de manifiesto el protagonismo del fandango, base de esta quinta edición del festival, al que "las peñas vamos a homenajear, destacando el camino que desde Huelva hemos abierto con este cante en el mundo del flamenco". Así, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, las Peñas Flamencas, a partir de las 19,00 horas, rendirán un particular tributo al fandango en la calle Marina.

Por último, los artistas Sebastián Cruz y Manuel de la Luz han agradecido la invitación del Ayuntamiento a formar parte del cartel de esta edición y "la valentía de seguir adelante con un festival tan importante, apostando por nuestra música y nuestra cultura en los momentos tan desoladores que corren".

Guitarra, baile, cante, veteranía, juventud, tradición y vanguardia se intercalan en una programación que se abre el 29 de septiembre con el primer homenaje al fandango de las Peñas Flamencas de Huelva, en la calle Marina. Este homenaje se repetirá los días 30 de septiembre y 1 de octubre a la misma hora.

El 30 de septiembre, el Auditorio de la Casa Colón acogerá, a las 21,00 horas, un espectáculo que contará con la actuación de Manuel de La Luz, un onubense que se ha convertido en uno de los "grandes" de nuestro país, imprescindible en las grandes citas nacionales.

La voz la pondrá 'La Susi', cantora y bailaora, una artista de amplia trayectoria que descubrió Paco de Lucía, acompañante de Tomatito y Camarón. Y el baile llegará con Rafael Campallo, el bailaor sevillano que conquista al público por la esa naturalidad con la que siente y expresa el flamenco en sus gestos.

El día 1 de octubre, al auditorio de la Casa Colón llegará, a las 21,00 horas, el Ballet Flamenco Andaluz. Con una trayectoria de 25 años, este conjunto ha deleitado a público del mundo entero y recogido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Coreografía. Espectáculos cuidados al milímetro, con una gran carga interpretativa y mucho sentimiento que recalarán en Huelva en otoño.

El 2 de octubre arranca el Festival 'Quitasueños' en el Barrio Obrero, donde actuará, a partir de las 21,00 horas, la onubense Sandra Carrasco con Miguel Flores, El Capullo de Jerez. Cantaor, con un estilo muy personal, que encierra los secretos del flamenco más puro y que está en un gran momento de su carrera. Acaba de cumplir 50 años de trayectoria y lo hace agotando las entradas de sus conciertos con meses de antelación.

El 3 de octubre continúa el Festival 'Quitasueños' con el onubense Sebastián Cruz al cante y una gran artista y gran flamenca: Mayte Martín. A sus dotes indiscutibles de cantaora, se unen las de buena guitarrista y compositora flamenca.

La aparición de Mayte fue un revulsivo en el panorama flamenco catalán, interpretando el flamenco con una dulzura emocionante y un conocimiento fundamental, sin excluir la pasión por otras músicas. Y este mismo día, a las 11,00 horas, tendrá lugar en la Casa Colón el Concurso Nacional Infantil de Fandangos 'Niño Miguel'.

El Festival tendrá un "broche de oro", el 4 de octubre, a las 20,00 horas, con la actuación en el Auditorio de la Casa Colón del guitarrista Vicente Amigo. Con su estilo elegante y melódico, ha trabajado con Enrique y Estrella Morente, Carmen Linares y Diego El Cigala, entre otros, tiene la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Grammy Latino.

VENTA DE ENTRADAS Y MEDIDAS ANTI-COVID

Las entradas y las invitaciones estarán a disposición del público en los próximos días. Los aforos de los escenarios por el Covid-19 son los siguientes: Aforo limitado de 50 personas en espacio calle Marina (entradas invitación).

Asimismo habrá un aforo de 242 personas en Casa Colón, con agrupaciones de una a tres personas, y uso de mascarillas, así como restricciones de entradas y salidas. Por su parte, en la plaza del Barrio Obrero el aforo se limitará a 400 personas.