La Fiscalía Anticorrupción no solicitará el ingreso inmediato en prisión de los condenados por la contratación irregular de la trama Gürtel para el suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

El Ministerio Público dejará esta decisión para más adelante, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que se interpongan contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se dio a conocer el pasado 25 de noviembre y que concluyó que el importe de más de 7 millones de euros es un precio "muy superior al coste" de los trabajo necesarios para el desarrollo del evento.

Según ha adelantado Ok Diario y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, no hace falta que Anticorrupción solicite que algunos de los condenados a penas superiores a cinco años de cárcel --límite habitual que se suele establecer para interesar la ejecución de la sentencia-- entren en un centro penitenciario porque ya se encuentran privados de libertad al estar cumpliendo las penas impuestas en otras piezas de la trama Gürtel.

Es el caso del líder de la red corrupta, Francisco Correa, que ha sido condenado por esta pieza de la macrocausa de corrupción a 13 años y siete meses de cárcel; su mano derecha, Pablo Crespo, penado con 15 años y cinco meses de prisión; y el responsable de Orange Market --empresa de la Gürtel en Valencia--, Álvaro Pérez 'el Bigotes', con seis años y nueve meses de cárcel.

Los tres entraron en prisión en febrero de 2017 tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

No obstante, exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, quien sí está en libertad, fue condenado a la misma pena que 'el Bigote y se librará de ingresar en prisión, al menos hasta que el alto tribunal haga firme la sentencia.

RECONOCIÓ LOS HECHOS Y PAGÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS

Las fuentes fiscales consultadas explican que en este caso no se va a pedir la entrada en la cárcel porque éste alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ya que reconoció los hechos de acusación, y además ha pagado el medio millón de euros, cantidad que admitió que había recibido como comisión de la Gürtel.

Asimismo, la Fiscalía tampoco pedirá que entre en prisión otro de los condenados a una elevada pena y con quien no alcanzó ningún acuerdo de conformidad, el vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra, quien ha sido penado con 11 años y siete meses de cárcel.

En cuanto el resto de condenados, sus penas son menores a los cinco años, pues van desde los ocho meses de prisión, por ejemplo para el empresario Jacobo Gordon, a los tres años del administrador de Impacto Producciones Francisco Javier Arnuncio Perujo.

Lo mismo ocurre con el asesor fiscal de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, que ha sido condenado a 1 año y medio de prisión. Esta pena se suma a los 3 años de prisión impuestos también por la Audiencia Nacional por la pieza relativa de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) de las campañas electorales de 2007 y 2008 que organizaron las empresas de la red de Francisco Correa.

El general español Fernando Luis Gracia Herreiz asumirá durante el primer semestre de 2021 el mando de la misión de la Unión Europea en Malí, que se encuentra en plena reestructuración para ampliar a más zonas del país la labor de adiestramiento a sus fuerzas de seguridad y pretende además extender esta tarea al resto de países que conforman el G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger).

El general de brigada del Ejército de Tierra Gracia Herreiz está actualmente destinado en el Eurocuerpo como Jefe Adjunto de Operaciones de su Estado Mayor y será el tercer general español en ponerse al frente de la misión europea en Malí, que nació en el año 2013 como apoyo a las fuerzas de seguridad locales ante la inestabilidad del país.

En total, la misión europea en Malí cuenta con unos 600 efectivos, de los que casi la mitad son españoles. Estos números serán casi duplicados durante los próximos meses, según ha revelado el general Gracia en rueda de prensa virtual desde Estrasburgo. España ya ha anunciado su intención de aumentar el contingente desplegado en esta misión, que en total espera alcanzar los 1.100 efectivos a mediados del próximo año.

Este aumento de capacidades está orientado a las nuevas misiones encomendadas a la operación en su quinto mandato, que se prolongará hasta el año 2024. Hasta ahora, la misión EUTM Malí centralizaba las labores de entrenamiento a los militares malienses en la localidad de Koulikoro, pero el nuevo objetivo pretende trasladar estas labores de adiestramiento a todo el territorio del país y extenderlo además a los países del G5 Sahel.

El general Gracia ha explicado que el trabajo desarrollado durante los últimos años ha demostrado la necesidad de que los militares europeos se trasladen a las zonas donde operan las fuerzas de seguridad malienses para desarrollar las labores de instrucción que les doten de "autosuficiencia y autonomía".

NUEVAS BASES

Malí es un país con un territorio muy extenso y este nuevo objetivo obligará a la construcción de nuevas bases en el centro y norte del país, además de redoblar las medidas de seguridad ante el aumento de la inestabilidad que sufre la zona.

Pero además, el objetivo es extender el adiestramiento a las fuerzas armadas del resto de países del G5 Sahel, con Burkina Faso como prioridad. Esto entraña dificultades también de tipo legal ante la necesidad de contar con autorizaciones para trabajar en esos países y el desplazamiento de militares armados por su territorio, según ha explicado el general portugués Herminio Maio, director adjunto del MPCC del Eurocuerpo.

La misión en Malí se encuentra ahora además en un proceso de interinidad debido a la pandemia y al golpe de estado perpetrado en el país este verano. Sin embargo, el jefe del Eurocuerpo, el teniente general francés Laurent Kolodziej ha insistido en que se han extremado las medidas de seguridad.

Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante) han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor después de encontrar, tras recibir un aviso vecinal, a su hijo de dos años encerrado en el patio de luces de una vivienda, solo, llorando, mojado por la lluvia y por su propia orina, debajo de una sombrilla.

Según ha informado el consistorio ilicitano en un comunicado, los hechos sucedieron sobre las 12.00 horas del pasado 27 de noviembre cuando se recibió un aviso vecinal en el que se alertaba del llanto de un niño de corta edad durante cerca de una hora, una situación que llamó la atención por "anómala" a las personas que alertaron a la Policía.

Una Unidad Territorial de Policía Local se dirigió al lugar, donde pudo confirmar el lloro procedente de un patio de luces. Con la colaboración de una de las vecinas colindantes y la ayuda de una escalera comprobaron la presencia de un menor, de unos dos o tres años, que estaba en pijama, bajo una sombrilla de playa y sobre una colchoneta para mascotas, mojado por la reciente lluvia y su propia orina.

El niño se mostraba "claramente nervioso y tembloroso" por el frío, por lo que uno de los agentes accedió al patio para auxiliarlo. Debido a la corta edad del menor, no fue posible que explicara cómo había llegado allí y el motivo. El policía sacó al pequeño del lugar para ser atendido correctamente por la otra componente de la patrulla.

El agente que se encontraba en el patio trató de acceder a la vivienda para esclarecer lo sucedido y por si existiese un riesgo para terceras personas, pero se encontró la puerta de acceso y ventanas cerradas.

A través de una de las ventanas vio a un chico de 17 años durmiendo y, tras conseguir despertarlo, el joven les indicó que desconocía que su hermano se encontrara llorando y que ignoraba el paradero de su madre, mientras que suponía que su padre se encontraría trabajando. Igualmente se comprobó que la puerta de acceso al patio de luces estaba atrancada con muebles y las ventanas cerradas desde el interior.

Mientras la dotación policial se encontraba realizando gestiones para localizar a los padres de los menores, se personó en la vivienda la madre con otro de sus hijos. La mujer, que explicó que se había acudido al dentista y desconocía qué había pasado, quedó detenida por un delito de abandono de menores.

El niño fue trasladado a un centro de salud para su valoración médica, que determnió que se encontraba en buen estado y posteriormente fue trasladado hasta el Hogar Provincial por una dotación de la Unidad de Menores y personas Vulnerables (UMEV) y el resto quedó al cargo de los abuelos.

La mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y "molesto" con la Propuesta de Ley presentada este miércoles por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en periodo de funciones, según fuentes de la institución.

Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa 'express' que "hurta" al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.

Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.

La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez, vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra 'en funciones' desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.

A juicio de ambos vocales, que han plasmado su posición en votos particulares tras los últimos nombramientos realizados, al considerarlo una extralimitación de sus competencias.

La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, si algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos 'peros' en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.

En todo caso, todos los vocales consultados por Europa Press coinciden en señalar que, antes que emprender ninguna reforma, se debería proceder de una vez a la renovación de este órgano, y si se considera proceder después a los cambios que se consideren necesarios.

Lamentan además que se esté dando una imagen muy negativa de este órgano, a modo de moneda de cambio en relación con otros asuntos políticos, que tiene que ver muy poco con la labor habitual que realiza el mismo.

En cuanto a los vocales que reclamaban este cambio, Sáez ha planteado votos contrarios a todos los nombramientos realizados por el Pleno desde el pasado mes de mayo de 2019.

Sus planteamientos se vieron en principio respaldados por otros vocales, como ocurrió tras el Pleno de septiembre de dicho año que que designó a varios magistrados en tres diferentes salas del Tribunal Supremo.

En las últimas sesiones, sin embargo, y tras constatarse una reincidente falta de acuerdo entre los dos principales partidos para pactar una renovación, los últimos nombramientos en la cúpula judicial contaron con un amplio respaldo, de la práctica totalidad de miembros de este órgano.

El vocal Cuesta, por su parte habló en su voto particular del pasado septiembre de "una injerencia política intolerable" lo que denomina el "boicot" a la renovación de este órgano, y considera que esta situación, que atribuye al PP, se mantiene "a propósito" para conseguir un resultado determinado en su funcionamiento.

En su voto particular, el exdiputado socialista reprochaba también al legislativo en 2018, una vez rotos los acuerdos de renovación "después de aquel célebre Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que controlaremos el TS por la puerta de atrás", continuó una tramitación parlamentaria iniciada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la que destaca que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del órgano de gobierno de los jueces.

Con la propuesta presentada este miércoles, los dos partidos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.

De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 169 casos positivos de Covid-19 y 8 fallecidos, que elevan la cifra desde el inicio de la pandemia a 969.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 204 personas, que son 18 menos que el martes, 38 de ellas en UCI, frente a las 45 que había la jornada anterior. Además, se han dado 327 altas, lo que equivale a un acumulado de 26.959.

El Área de Salud de Plasencia notifica dos fallecidos, una mujer de 92 años de Villar de Plasencia y un varón de 91 años de Plasencia; la de Badajoz notifica el fallecimiento de dos varones, uno de ellos de 46 años de Badajoz y otro de 79 años de Santa Marta de los Barros.

La zona sanitaria de Llerena-Zafra notifica dos fallecidos, un varón de 58 años de Zafra y otro de 67 años de Maguilla; y la de Navalmoral de la Mata notifica el fallecimiento de una mujer de 89 años de Bohonal de Ibor; mientras que la de Cáceres notifica el fallecimiento de un varón de 90 años de la capital provincial.

Se declaran cuatro nuevos brotes, uno en Badajoz con cuatro positivos y 12 contactos; dos en Almendralejo, uno con cinco positivos y 12 contactos y otro con siete positivos y 44 contactos.

El cuarto se declara en la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, con ocho positivos y 10 contactos, donde se va a iniciar el protocolo de contingencia realizando las pruebas covid a todos los usuarios y trabajadores del centro. Al mismo tiempo se cierran tres brotes, en Montijo, Alcuéscar y Villar de Plasencia.

El Área de Salud de Badajoz notifica 54 casos confirmados y tiene 52 pacientes hospitalizados, diez de ellos en UCI. Ha tenido 114 fallecidos y ha dado 6.616 altas; el de Cáceres ha notificado 32 casos positivos y tiene 46 pacientes ingresados, de los que nueve están en UCI. Acumula 349 fallecidos y ha dado 5.490 altas.

Por su parte, el área de Mérida registra 37 casos confirmados y tiene 24 personas hospitalizadas, de las que diez están en UCI. Acumula 102 fallecidos y ha dado 4.807 altas; y la de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica diez casos positivos y tiene 20 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 94 víctimas mortales y 3.240 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia registra nueve casos positivos y tiene 25 pacientes hospitalizados, de los que cinco están en UCI. Ha registrado un total de 129 fallecidos y ha dado 2.122 altas; mientras que la de Navalmoral de la Mata notifica 19 casos confirmados y tiene nueve pacientes ingresados. Ha registrado 70 fallecidos y ha dado 1.528 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra siete casos positivos y tiene nueve pacientes ingresados. Ha registrado un total de 72 fallecidos y ha dado 2.150 altas y Coria comunica un caso positivo y tiene 19 pacientes hospitalizados. Un total de 39 personas han fallecido y se han dado 1.006 altas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido este miércoles en el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que estos días se celebra en el Congreso de los Diputados, el proyecto presentado por el Gobierno porque es la palanca "más poderosa" para enfrentarse a la pandemia del Covid-19.

"La pandemia ha supuesto un antes y un después, y también en lo relativo a la propia configuración social, de ahí que la importancia de los PGE no sólo radique en la forma en la que enfrentarse al virus, sino también en dar el respaldo que necesitan los poderes públicos para que nadie se quede atrás", ha señalado el ministro de Sanidad.

En este sentido, Illa ha recordado que la adquisición de vacunas Covid-19 estará dotada con más de 1.000 euros, de forma que "toda la ciudadanía podrá tener acceso a una vacuna segura" a través del Sistema Nacional de Salud.

Además, el ministro ha destacado que el presupuesto destinado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se va a incrementar en 20 millones de euros para facilitar la compra destina a la reserva estratégica, y el Centro Nacional de Salud Pública se pondrá en marcha con una inversión de cinco millones de euros.

Esfuerzo fundamental de la salud pública que hemos comprobado que es crucial para aumentar la resiliencia del sistema para las amenazas a la salud colectiva", ha apostillado Illa en la Cámara Baja, para insistir en que la respuesta a la pandemia es, en términos financiaros, "amplia y contundente.

Y es que, tal y como ha destacado, en los PGE se incluye una cobertura pública "absoluta" del proceso de vacunación. En este punto, Illa ha anunciado que ha pedido su comparecencia monográfico en la Comisión de Sanidad del Congreso para "dar cuenta de todas las actuaciones relativas a la vacunación del Covid-19".

Por otro lado, el ministro ha reiterado otras partidas contempladas en el proyecto de PGE como, por ejemplo, el aumento del 75,3 por ciento del presupuesto destinado a política sanitaria, 7.330 millones, lo que supone un aumento de más de 3.149 millones, de los cuales 1.098 irán destinados al refuerzo de la Atención Primaria.

"La protección social desde lo público es el objetivo último del PGE que el Gobierno ha traído a la Cámara y la sección de los mismos destinada a la sanidad responde al objetivo de dar una respuesta financiera única y contundente a la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años", ha detallado Illa.

No obstante, tal y como ha destacado, el proyecto de presupuestos también pretende dar cauce para que los fondos europeos desplieguen "toda su efectividad" a la hora de proteger la salud de la ciudadanía, actualizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) e impulsar un cambio hacia un modelo "más robusto, más flexible y más resiliente".

Al respecto, el ministro de Sanidad ha asegurado durante su comparecencia en la Cámara Baja que aún sin estos fondos europeos, el presupuesto correspondiente al Ministerio de Sanidad crecería un 40 por ciento. "Por tanto, la apuesta por el fortalecimiento del sistema es clara", ha zanjado.

El Tribunal Supremo ha confirmado la denegación a la Comunidad de Madrid de la solicitud de entrada en un domicilio propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y ocupado ilegalmente por una mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos de corta edad para proceder a su desalojo forzoso.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala esgrime que su decisión se basa en "la absoluta falta de previsión" por parte de la Administración respecto de las medidas de protección para las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Por ello, la Sala estima el recurso de la madre contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que dio la razón a la Comunidad de Madrid y autorizó la solicitud de entrada en el domicilio.

De este modo, confirma la negativa que acordó en primera instancia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que consideró que en las circunstancias del caso, y la falta de soluciones dada por la Comunidad, no era proporcionada la medida de entrada.

En su sentencia, el Supremo comienza precisando su doctrina general en esta materia, que ya establecía la necesidad de que el juez al que se solicita la autorización de entrada en domicilio para proceder al desalojo forzoso de una vivienda ocupada ilegalmente en la que habitan menores de edad, pondere las circunstancias del caso --teniendo presente el interés superior del menor-- antes de autorizar dicha entrada en domicilio.

CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

Ahora, se plantea si el alcance de dicha ponderación de las circunstancias del caso puede afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa, singularmente en aquellos casos en que la vivienda es ocupada ilegalmente por personas especialmente vulnerables.

La respuesta a esta cuestión, indica la sentencia, es que la ponderación exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del desalojo.

"Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para autorizar la entrada en domicilio como garantía preventiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se transmutaría, subrepticiamente, en la atribución --de facto-- a aquél de una competencia para revisar un acto administrativo firme, y eso no es lo querido por el legislador", señalan los magistrados.

Así, recuerdan que "el juez no puede, so pretexto de cumplir con la exigencia de ponderación de los intereses concurrentes, paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un acto administrativo firme, aparentemente legal".

Argumenta que estaría permitiendo "la permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad, consecuencia que no se acomoda a los postulados constitucionales, que es expresamente rechazada por el legislador y que perjudicaría tanto al interés general como a los particulares intereses de propietarios y, en su caso, de los legítimos poseedores de las viviendas ocupadas".

De igual modo perjudicaría a los intereses de aquellas otras personas que, encontrándose también en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, económica y residencial, optan por mantenerse dentro de la legalidad y solicitar la adjudicación de esas viviendas por las vías establecidas".

Sin embargo, la Sala señala "con la misma rotundidad" que "al ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, el juez no sólo está facultado, sino que está obligado a modular las circunstancias --materiales y temporales-- en que debe desplegar eficacia la autorización de entrada en domicilio.

VELAR POR REDUCIR AL MÍNIMO POSIBLE CONSECUENCIAS NEGATIVAS

El juez no debe ser ajeno a las consecuencias que pueden derivarse de su decisión de autorizar la entrada en domicilio para proceder al desalojo forzoso y, por ello, antes de emitir esa autorización debe velar por que se reduzcan al mínimo posible las consecuencias negativas que, ineludiblemente, se derivarán de la irrupción domiciliaria".

En ese sentido, la sentencia expone que el juez debe tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes en el momento de adoptar su decisión "y, singularmente, la presencia en la vivienda que deba ser desalojada de personas en situación de especial vulnerabilidad, entre las que cabe incluir a los menores, pero también a otras personas que se encuentren necesitadas de protección por razones diversas".

Por ello, remarca que el hecho de que en la vivienda que hubiere de ser desalojada forzosamente habitaren personas especialmente vulnerables como las referidas "no constituye un impedimento absoluto para que pueda ser autorizada la entrada en el domicilio", "pero también que, en tal caso y de acuerdo con lo dicho, el juez habrá de comprobar, antes de autorizar la entrada en domicilio para el desalojo forzoso, que la Administración ha previsto la adopción de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el menor impacto posible a aquellos ocupantes que se encontraren en situación de especial vulnerabilidad.

El Supremo señala que el juez no puede imponer la adopción de una concreta medida como condición para autorizar el lanzamiento, ni mucho menos aun imponer a la Administración la asignación a los ocupantes ilegales de una vivienda de determinadas características o que se encuentre en determinado entorno.

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS

"Pero, eso sí, el juez debe comprobar que la Administración adopta realmente las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban. Esta comprobación adquiere singular importancia cuando entre los ocupantes ilegales de la vivienda haya menores de edad, dado que la normativa nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor", reitera la sentencia.

En el caso concreto examinado, el Supremo declara que "la absoluta falta de previsión por parte de la Administración respecto de las medidas de protección de esas personas que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad determina que la decisión denegatoria de la solicitud de entrada en el domicilio adoptada por el Juzgado pueda considerarse ajustada a la doctrina jurisprudencial".

El alto tribunal destaca que la ponderación de derechos e intereses afectados en cada caso debe tener en cuenta, por ejemplo, que no cabe meramente aconsejar (como hizo el TSJ de Madrid) que el desalojo se realice una vez terminado el curso escolar de los menores, sino, en su caso, imponerlo imperativamente a la Administración si así lo exige el interés superior de los mismos.

Y además, indica que las medidas y cautelas adoptadas en la sentencia del TSJ de Madrid en el caso examinado estaban orientadas fundamentalmente a la protección de los menores, pero no se contemplaba en la parte dispositiva de la sentencia ninguna medida específicamente dirigida a la protección de la recurrente, "pese a su precaria situación económica y al riesgo que padecía por violencia de género".

Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, que sustentan al Gobierno conjunto de Castilla y León, han rechazado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial durante la pandemia de COVID-19 para evitar, entre otras cosas, echarse los muertos a la cara.

Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, que, al igual que el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto, ha destacado la "total transparencia" de la Junta en todo lo relacionado con la gestión de la pandemia del coronavirus en las residencias. "Opacidad cero", han aseverado para recordar también que la Junta ha pedido la realización de una auditoría independiente.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha acusado a PP y a Ciudadanos de haber preferido "salvar los traseros" de los "empresarios afines" que han hecho de la gestión de las residencias "un nicho de negocio" a costa de que se sepa la verdad en lo que ha considerado una humillación a los 3.343 fallecidos en las residencias y a sus familiares.

"¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué tienen que esconder?", ha preguntado Fernández a PP y a Ciudadanos a los que ha advertido de que su "vergonzoso" voto en contra a la creación de la comisión de investigación hará que los familiares de los 3.443 fallecidos les "vomiten en la cara".

Dentro de la "infamia", ha añadido tras escuchar a PP y a Cs, al menos hoy reconocen que la responsabilidad exclusiva es suya a lo que Castaño y García Nieto han respondido que durante el estado de alarma de la primera ola el mando único lo tenía el Gobierno de la nación y que la responsabilidad en la materia era del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "que no ha pisado ni una sola residencia en todo este tiempo", ha reprochado en concreto el 'popular'.

Para la socialista Nuria Rubio la materialización hoy del "escrito de la vergüenza" de PP y Ciudadanos para rechazar esta comisión de investigación dejará la verdad de lo ocurrido "debajo de la apestosa alfombra en la que cabe todo". "La historia se está repitiendo y tenemos menos información", ha advertido Rubio que ha apelado a la "humanidad" de PP y Ciudadanos para que sientan "como propio" el sufrimiento de las familias de los mayores fallecidos que, según ha rememorado, vivieron la historia más negra de España. "Se lo debemos todo", ha sentenciado.

"Voten en conciencia, desde el corazón. Estamos aquí para representar a las personas por encima de cualquier color político (...) Para devolver a los mayores un poco de lo que nos han regalado, se lo debemos", ha pedido Rubio que se ha hecho eco de la división que ha generado el cambio de opinión de Ciudadanos en el seno de la formación naranja, discrepancias que no ha negado David Castaño que explicado que en su partido se debate y se dialoga en libertad.

Fernández también ha cargado contra el "miserable" cambio de opinión de Ciudadanos al que ha acusado de plegarse a los designios del PP al votar en contra de investigar lo sucedido en las residencias a lo que los partidos que sustentan a la Junta han recordado que han abogado por una investigación COVID que no se centre sólo en la gestión en las residencias.

"Es infame que hayan fallecido 3.443 personas y usted salga a hablar de datos y de cifras", ha considerado a lo que Castaño ha respondido que si la cifra de muertos no es un dato.

"Pensé que al firmar el Pacto éramos aliados", ha respondido por su parte a la socialista a la que ha afeado que el PSOE pida esta comisión en Castilla y León cuando rechaza lo mismo en el Congreso de los Diputados o en otras comunidades autónomas, en sintonía con García Nieto que ha acusado a socialistas y morados de pedir comisiones donde no gobiernan y de negar la información donde gobiernan. "Las personas allí serán de segunda aquí son de primera, menos mal", ha ironizado Castaño.

Finalmente, el procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, el único parlamentario de la oposición que no había rubricado la petición de creación de la comisión de investigación que sí considera "urgente y necesaria" ha cargado contra el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, por haberle excluido de este asunto por un motivo "puramente partidista", lo mismo, ha recordado, que el socialista afea al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

García-Conde del Castillo ha ironizado también sobre que PSOE y Podemos pidan crear la comisión de investigación en Castilla y León mientras la rechazan sus compañeros de Extremadura y ha ironizado sobre que el PP haga lo mismo pero en el sentido contrario en este caso.

"Sean transparentes y den cuenta de lo que ocurrido y si ha habido irregularidades depuren responsabilidades", ha pedido el procurador de Vox que ha llamado a sentirse orgullosos de todos los abuelos que levantaron España. "Se merecen una explicación, se lo merecen todo", ha sentenciado para aclarar que en junio se apartó del Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad por la omisión precisamente de la creación de esta comisión de investigación.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha defendido el incremento presupuestario en las partidas de su Departamento, que alcanza el 59,4%, al asegurar que "suponen la mayor inversión directa en I+D+I en términos absolutos de nuestra historia" y que "representan un salto cualitativo y cuantitativo".

Durante la defensa este miércoles en el Pleno del Congreso de la sección 27 del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, el ministro ha desgranado las partidas presupuestarias del Ministerio de Ciencia e Innovación, que ascenderán a un total de 3.232 millones de euros, incluidos los créditos del Fondo de transición y resiliencia de la UE, que suponen un tercio de este montante (1.100 millones).

Según ha subrayado, los presupuestos para 2021 destinados a la ciencia son "robustos y realistas". En este punto, destaca que hasta la prestigiosa revista 'Nature' ha valorado "muy positivamente" en un artículo reciente las partidas propuestas. "El reto ahora es que el incremento en ciencia e innovación de estos presupuestos sea consolidable en el futuro", ha instado.

Tal y como ha destacado Duque, durante la pandemia la sociedad ha sido consciente de la importancia de la ciencia y la innovación, así como del conocimiento científico y los investigadores, "claros protagonistas de este tiempo". Otra idea que ha surgido "con fuerza", según el ministro, es la importancia de contar con empresas innovadoras para proveer al país de suministros imprescindibles.

De ahí el incremento en la partida para la Ciencia: "Los presupuestos del Ministerio son una oportunidad única para recuperar terreno y colocar a nuestro sistema a la altura de los países de nuestro entorno".

El presupuesto se ha diseñado teniendo en cuenta dos objetivos. El primero de ellos es que pudiesen ser ejecutados y, segundo, que tuviera un impacto económico a corto y medio plazo. El objetivo es, según el ministro, alcanzar la media europea de inversión.

Al asignar los incrementos presupuestarios, el Gobierno ha tenido en cuenta varias prioridades: el aumento de convocatorias de las agencias financiadoras; el refuerzo de la contratación de personal investigador; la creación de una figura estable en el sistema de la ciencia (el 'tenure track'); la modernización de las infraestructuras científicas punteras del país; y la financiación a proyectos estratégicos con proyección tractora.

"He propuesto un Pacto", ha zanjado su discurso el ministro. Dicho Pacto contiene el compromiso de incrementar la financiación pública, de dar estabilidad a las agencias de financiación y la importancia de la promoción de talento. Según ha explicado el responsable de Ciencia e Innovación, el Pacto ya ha sido firmado por 40 entidades científicas, y fue presentado la semana pasada a los consejeros autonómicos con competencias en ciencia. "Y es mi intención presentárselo a sus señorías en el Parlamento en próximas fechas", ha avanzado.

CRÍTICAS DE PP, CS Y VOX

La oposición ha celebrado en general el incremento presupuestario para la ciencia, pero ha pedido que realmente se ejecute, dado que en 2019 solo se gastó el 51,3% de lo presupuestado (entre subvenciones y créditos). De hecho, la I+D+I es una de las partidas que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre todas las políticas del sector público estatal, solo por detrás de Comercio, Turismo y Pymes (42,5%).

El diputado del PP, Pedro Navarro, ha celebrado el incremento, pero también ha criticado que la mitad de la inversión para la I+D+I no se ejecutase el año pasado. El 'popular' también ha reprochado al ministro que a día de hoy España invierta 332 euros por habitante en ciencia, cuando en Europa esa inversión alcanza los 683 euros. "Usted no sabe gestionar", le ha acusado.

Navarro también ha manifestado que en los presupuestos de este 2021 le faltan 200 millones: "Los que hemos perdido con un satélite, el 'Ingenio', que nadie sabe dónde está". Y le ha echado en cara también que no comparezca en el Congreso cuando el PP se lo solicita. "Es usted el ministro de todo el gabinete que más veces se esconde, le gusta poquito dar la cara", ha dicho sobre el ministro.

Desde Cs, Marta Martín ha celebrado también el incremento propuesto. "¡Qué menos!", ha exclamado, al recordar que todos los portavoces de Ciencia de los grupos parlamentarios llevan pidiéndolo durante mucho tiempo. Sin embargo, ha afeado al ministro que se congratule de tal incremento cuando "la investigación y la ciencia han sido las grandes beneficiadas de los fondos de la UE", por lo que "muchos millones de euros que van a utilizarse pueden venir de estos fondos". Según ha recordado, sin tener en cuenta estas ayudas, el incremento sería del 5,1%, y también ha reclamado que se ejecute.

Por parte de Vox, el diputado Julio Utrilla, ha asegurado que desde su partido están "plenamente convencidos" de la necesidad de invertir en ciencia, recordando que los países que más invierten en esta materia son después los que generan más riqueza y los que están mejor preparados y mejor asesorados para afrontar "catástrofes" como la pandemia de COVID-19. "España no está entre estos países", ha advertido. A su juicio, lo que ha "fallado" durante todos estos años ha sido el PP y el PSOE, que durante sus gobiernos han "dado la espalda a la ciencia".

Por otro lado, Íñigo Errejón (Más País) ha destacado cómo la ciencia y la innovación estaban "muy maltratadas" en España, recordando que si se quiere dejar de ser un país que se apoya "en la sangría, el ladrilo y las playas", habrá que hacer un "esfuerzo nacional por la ciencia y la innovación" y resolver los "problemas endémicos" que tiene la ciencia en España, como por ejemplo, la falta de financiación o la "burocracia absurda".

Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna considera "lamentable" que el PP critique los presupuestos en materia científica, cuando, tal y como ha reprochado, fue el PP el que "no dudó ni un segundo en machacar la ciencia para cuadrar las cuentas de austericidio" de la pasada legislatura. Pese al incremento, el 'morado' admite que "queda mucho por reconstruir" aún.

El PSOE, por su parte, ha defendido al Gobierno. Su diputado, Alfonso Cendón ha indicado que los presupuestos para la ciencia y la innovación "sitúan a la ciencia en el centro del discurso político". Y ha echado en cara al PP que recortase la inversión cuando gobernaba Mariano Rajoy, al tiempo que ha destacado los incrementos experimentados en la época del socialista José Luis Zapatero. "Ahora se vuelve a apostar por la ciencia en nuestro país", ha celebrado.

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.412 casos nuevos de coronavirus, de los que 648 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 14 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior

La Consejería de Sanidad notificó en la jornada precedente 1.453 casos nuevos de coronavirus, de los que 579 se atribuían a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 20 fallecidos más en hospitales.

El número de pacientes hospitalizados en planta ha bajado en 36 con respecto al día anterior, situándose en 1.419, y el de pacientes en UCI se reduce a 318 (22 menos), con 180 altas hospitalarias en el día de ayer. Además, 2.787 pacientes se mantienen en seguimiento domiciliario por atención primaria.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 359.843 positivos, un total de 72.509 pacientes han requerido hospitalización, 6.555 han requerido UCI y 66.285 han recibido el alta hospitalaria, mientras 534.390 pacientes han recibido atención domiciliaria por atención primaria.

En cuanto a la cifra acumulada de fallecidos, en los hospitales suman 12.827, y Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 18.957 (12.827 en hospitales, 4.954 en centros sociosanitarios, 1.146 en domicilios y 30 en otros lugares).

El exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo ha declarado de nuevo este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza de Iberdrola dentro de la macrocausa 'Tándem', en esta ocasión en calidad de investigado, y, según fuentes jurídicas, se ha reafirmado en que el presidente de la energética José Ignacio Sánchez Galán conocía la contratación del Grupo Cenyt --propiedad del comisaario Villarejo-- y el motivo por el que se requería sus servicios.

En esta pieza separada número 17 se investigan los supuestos encargos de responsables de Iberdrola al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y su empresa Grupo Cenyt, y que iban presuntamente desde acceder a documentación restringida, hasta realizar seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial.

Por otro lado, según estas fuentes, Del Olmo ha aportado nueva documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en la que se incluyen facturas. De hecho algunas de ellas corresponderían a la contratación de una segunda agencia de detectives, Kroll, que podría haber realizado otras investigaciones paralelas a las de Cenyt.

La pieza 17 se abrió en octubre de 2019 a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial'.

De hecho, en octubre del año pasado la eléctrica ya anunció que abría una investigación exhaustiva en forma de informe 'forensic' para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt. Ese informe fue encomendado a PwC, y se presentó ante el juez en febrero de 2020.

Se sumaba a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio de 2019 a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario.

En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017, y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.

EL INFORME INTERNO DE DEL OLMO

Cabe recordar que Del Olmo fue el autor de un supuesto informe interno en el que acusaba a la dirección de Iberdrola de ordenar espionajes y de usar facturas falsas. La compañía en diciembre de 2019 emprendió acciones penales contra él y señaló que no tenían "constancia alguna" en sus archivos de dicho informe.

Por este motivo, los abogados de la energética remitieron un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicitaba la apertura de diligencias contra Del Olmo, que fue en la compañía director de Funciones Corporativas dentro de la Dirección de Administración General y Corporación, por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal, pero que la empresa considera susceptibles de ser calificados "como falsedad documental, injurias y calumnias".

Asimismo, la empresa destacaba en su escrito que el autor del presunto documento parecía ser el único conocedor del mismo y que, ni en el momento de la presunta redacción --diciembre de 2004-- ni con posterioridad a los hechos, ha formulado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.

Precisamente el 10 de noviembre declaró el fuera consejero director general de Iberdrola hasta 2014, José Luis San Pedro, y al ser preguntado por Del Olmo, dijo, según fuentes consultadas en aquella comparecencia, que ese informe interno pudo ser el movimiento que hizo Del Olmo para protegerse en la guerra abierta entre Antonio Asenjo, quien fuera responsable de Seguridad de la compañía, y Marcos Peña, su antecesor en la dirección de Seguridad durante la presidencia de Íñigo Oriol.

Asenjo, el que sería el interlocutor de la compañía con el comisario, en una de sus últimas declaraciones ante el juez --también está siendo investigado en esta pieza-- señaló que Sánchez Galán no tenía conocimiento de la contratación de los servicios de la empresa de Villarejo. Los trabajos irían desde presuntas labores de espionaje a intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas como ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, se ha personado como perjudicado.