Mujeres con discapacidad de distintas fuerzas políticas han reivindicado su participación en la vida pública porque, según han defendido, es "la única forma de cambiar las cosas".

"La única forma de cambiar las cosas es estando dentro", ha asegurado la diputada de Unidas Podemos y mujer sorda, Pilar Lima, este miércoles durante el webinario 'La participación de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública y su contribución en tiempos de pandemia', celebrado en el marco del ciclo 'No estás sola', una iniciativa de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

Lima ha expresado la sensación que han tenido las personas sordas y sordociegas desde la irrupción de la pandemia, mencionando "graves problemas de accesibilidad universal" en materia de comunicación, aunque ha precisado que después se han ido corrigiendo algunas de estas carencias.

También ha criticado que cuando las personas con discapacidad llegan a la política se les asignan los temas de discapacidad "automáticamente". "Claro que yo puedo hablar de discapacidad, pero también de políticas verdes o de precariedad", ha añadido.

En este sentido se ha pronunciado también la diputada del PSOE y exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, mujer con discapacidad, quien ha planteado que "a lo mejor es el momento de que esto no sea siempre así". Además, ha señalado que las mujeres con discapacidad son "resistentes, peleonas" y, en ocasiones, fuerzan "la máquina yendo más allá de lo que se debe".

Asimismo, ha declarado que una de sus prioridades es, desde la responsabilidad que ocupe en cada momento, "velar por los derechos de las personas con discapacidad". En concreto, ha resaltado que, en la actualidad, trabaja para "remover las barreras de acceso al mercado laboral", que "penalizan" también a posteriori en el acceso a las pensiones.

UN PASO ADELANTE

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía Mercedes López, que tiene discapacidad visual, ha afirmado que está en política "de manera accidental", porque "cuando ves cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, te planteas dar un paso adelante".

En esta línea, ha recordado que su partido asumió la necesidad de acabar con la "aberración de la esterilización forzosa" y presentó una proposición de ley a nivel nacional en el Senado, que actualmente se tramita en el Congreso.

"Cuando recibo críticas por mis gafas de sol, porque se opina sobre ellas sin saber por qué son, le digo a mi familia que no se preocupe, que esta es ahora mi responsabilidad, la de dar visibilidad a la mujer con discapacidad en política", ha explicado.

En clave rural, la alcaldesa de Villamuelas (Toledo), Carolina Alonso (PP), mujer con parálisis cerebral, ha detallado el trabajo que se ha realizado desde su Ayuntamiento durante la pandemia, "que continuó activo" para atender necesidades como la desinfección de calles y garantizar productos de primera necesidad a la ciudadanía en coordinación con otros municipios.

Por el PP ha intervenido también la eurodiputada Rosa Estarás, madre de un hijo con discapacidad, quien ha subrayado que desde la Eurocámara se está trabajando para "ver como priorizar a las personas con discapacidad" en las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, entre otros sectores de la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Género de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Dolores Villalba, mujer con discapacidad, ha puesto el acento en la importancia de impulsar desde lo público las acciones en favor de la discapacidad y de la igualdad de género en relación con la cooperación.

Así, ha resaltado medidas que desde este organismo se están llevando a cabo como la financiación de proyectos en Latinoamérica; el fomento de la inclusión en la atención sanitaria, o la elaboración de guías, entre otras acciones.

EXCLUIDAS DE LA VIDA POLÍTICA

La encargada de conducir el webinario ha sido la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, quien ha denunciado que, pese a que ahora más que nunca hay más mujeres ocupando cargos públicos, "las mujeres siguen siendo excluidas en muchas ocasiones de la vida política".

Así, ha puesto como ejemplo que en torno a uno de cada cuatro escaños en parlamentos nacionales del mundo están ocupados por mujeres, según datos de la ONU.

En materia de discapacidad, ha reprobado que unas 800.000 personas no tuvieron derecho al voto todavía en 2019 en las elecciones europeas por razón de su discapacidad. "Esto se debe a que hay países que aún limitan el derecho de sufragio por la capacidad legal de las personas. Esto se pudo cambiar en España en 2018 gracias a la labor de incidencia del movimiento CERMI", ha aseverado Peláez.

Además, ha advertido de que hay países de la UE que todavía impiden que personas con discapacidad puedan ocupar ciertos cargos públicos por su discapacidad. A su juicio, se trata de situaciones de discriminación que afectan en mayor medida a las mujeres con discapacidad. "Cuando confluye el factor de mujer y de discapacidad, la situación es mucho peor", ha zanjado.

Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López y actual eurodiputado del PP, considera que el informe de la ONU que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad es "un aviso para los que creen que pueden conseguir algo por la vía del diálogo".

"Están intentando dialogar con criminales y con criminales no se negocia", ha dicho López Gil en declaraciones a Europa Press. A su juicio, el informe es "muy oportuno" ahora que el Gobierno español habla de buscar "una rendijita" para que las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre

"El régimen no tiene nada de democrático, Maduro es tan criminal como Lukashenko", ha añadido, en alusión al presidente bielorruso, a quien la UE está presionando por unas elecciones que ha considerado fraudulentas.

López Gil ha enviado este mismo miércoles una carta al alto representante de la UE, Josep Borrell, que no envíe observadores a esos comicios parlamentarios que Maduro ha convocado para el 6 de diciembre porque "eso sería darle legitimidad cuando no se dan un mínimo de condiciones para que sea democrático".

En la misma línea, ve "absurdo" la posibilidad de retrasar esas elecciones para que la UE envíe esos observadores porque "no hay condiciones para que se celebren de manera democrática". Además de dirigirse directamente a Borrell, López Gil estudiará iniciativas con sus colegas del PPE.

Por su parte, el alto representante ha convocado el jueves por vía telemática al Grupo Internacional de Contacto para informar de sus gestiones para facilitar un diálogo y tratar de que las elecciones tengan garantías.

A juicio de López Gil, el informe de la ONU es un "espaldarazo" para quienes llevan años denunciando "una represión sistémica, absoluta, ordenada y pensada, con presos políticos, torturas y desapariciones" que "incomprensiblemente no han sido juzgadas por el TPI".

Ahora, la Fiscalía del TPI tiene respaldo para investigar, "un respaldo contundente de la ONU y que no se puede decir que sea sesgado" porque, según ha recordado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, "Michelle Bachelet, viene del mundo socialista".

Aunque "fue amiga del Gobierno de Hugo Chávez cuando gobernaba en Chile", ha afirmado el eurodiputado, ahora, en contra de lo que algunos esperaban, "está dando una lección de ecuanimidad".

López Gil cree que lo que debe conseguirse es "la salida del régimen y un Gobierno de transición que organice elecciones democráticas", como sucedió en España, donde "nadie hubiera pensado que unas elecciones auspiciadas por Franco fueran a propiciar una democratización".

Así, cree que "la UE debe decirle claro a Maduro que tiene que dejar el poder y celebrar elecciones en las condiciones exigidas por la Asamblea Nacional". Es más, está convencido de que la UE y "los gobiernos saben cómo presionar y saben como ayudar".

Sin embargo, no ha singularizado su crítica en el Gobierno español y ha sostenido que todos los gobiernos "salvo Estados Unidos que ha impuesto sanciones claras y fuertes, lo están dejando pasar". Europa, ha lamentado "impone sanciones que no se respetan" y así se demostró cuando la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez viajó a Madrid.

UN "PECADO ORIGINAL DEL PSOE"

López Gil tampoco atribuye la actitud del Gobierno de España y su apuesta por el diálogo para lograr unas elecciones democráticas a la presencia de Podemos en el Gobierno, más bien cree que es un "pecado original del PSOE" desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha relatado que su hijo Leopoldo, acogido en la residencia del embajador de España en Caracas desde mayo de 2019, está viviendo con "con mucha angustia" el posible reconocimiento por parte de Europa de un "proceso ilegítimo. Eso le preocupa más que la situación de la oposición que, según ha dicho, está "muy unida".

Y es que López Gil ha señalado que el único que se ha desmarcado ha sido Henrique Capriles, pero "casi como un llanero solitario", sin que su partido, Primero Justicia, le haya secundado. No obstante, curiosamente, tampoco le han expulsado ni él se ha autoexcluido.

Mientras Capriles ha rechazado el boicot a las elecciones legislativas que quiere la oposición, López Gil ha pedido "no caer en el juego" de decir que si no se celebran las elecciones parlamentarias en diciembre la Asamblea Nacional perderá legitimidad porque si las elecciones se aplazasen por culpa de la pandemia de Covid-19 no se argumentaría eso.

El mandato termina, ha puntualizado, pero si no hay elecciones no se sustituye a los parlamentarios y están obligados a seguir llevando a cabo su misión, aunque "lo ideal sería que se les sustituyera de forma democrática".

La primera comisión parlamentaria de esta legislatura acogió un debate, a propuesta del BNG, para retirar de las paredes de la Cámara el cuadro del rey emérito, Juan Carlos I, que recientemente ha salido de España ante la repercusión pública de lo que él definió, en una carta remitida a su hijo Felipe VI, "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada".

Los nacionalistas también querían, como explicó el diputado impulsor de la iniciativa, Luís Bará, retirar la condición de embajador del Camino de Santiago al que fuera jefe del Estado, algo que el PPdeG también rechazó haciendo mención a que "fue fundamental para su promoción internacional".

Es más, el diputado popular Alberto Pazos Couñago hizo una defensa férrea del papel del rey emérito para una "transición modélica que dejó una democracia moderna homologable a la de cualquier democracia" de países europeos y rechazó el "linchamiento político" al tiempo que reivindicó la "presunción de inocencia".

Así, siguió la línea expresada este mismo martes por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien elevó a condición de "gallego ilustre" a Juan Carlos de Borbón. "Siempre que quiera volver (a Galicia) estaremos encantados de recibirlo", dijo Feijóo en Zarzuela, en donde se reunió con Felipe VI tras su toma de posesión por cuarta vez.

"No es un debate jurídico, esto está en el terreno de la ética, de la ejemplaridad y de la honorabilidad", ha replicado el diputado del BNG Luís Bará, quien recordó que el propio Felipe VI retiró la condición de duquesa de Palma a su hermana Cristina tras verse salpicada en el caso Nóos por el que su marido, Iñaki Urdangarín, fue condenado con penas de cárcel.

Ante el reproche de Pazos Couñago por llevar esta iniciativa a la primera comisión parlamentaria, Bará se preguntó si en el Parlamento "lo único de lo que se puede tratar es de la pandemia" y le recordó, además, que hubo otra iniciativa en esta misma comisión sobre una petición para renovar el compromiso antitransfuguismo de todos los partidos, el cual tampoco salió adelante.

"NO SON TIEMPOS DE PLEITESÍA"

En su exposición de motivos, Luís Bará, que consideró que "no son tiempos de pleitesía", lamentó que los populares "vayan en dirección contraria". Pazo Couñago se mofó de lo que tildó de "encuesta Bará", la cual afirmaría que tiene "el apoyo mayoritario del pueblo gallego" para esta iniciativa. Hay gente que hoy no durmió por si movíamos retratos del rey del Parlamento", dijo irónicamente, tras ridiculizar la iniciativa: "usted quiere una mudanza, cambiar un cuadro de sitio.

Por su parte, el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, exhibió su republicanismo asegurando que paga la cuota del Ateneo Republicano y que firmaría la III República, pero acto seguido manifestó su respeto por la institución monárquica y consideró que hay que "dejarse de símbolos, retratos y cuestiones identitarias y centrarse en las que nos jugamos la supervivencia", como la sanidad.

MOCIONES DE CENSURA

Por otro lado, el diputado del BNG Iago Tabarés llevó una propuesta para reafirmar el pacto antritransfuguismo y adoptar las medidas necesarias para evitar mociones de censura sustentadas en concejales con esta condición. Su propuesta venía a colación de las mociones que supusieron la pérdida del bastón de mando para el BNG en Castrelo de Miño y en Viana do Bolo.

En el caso de Castrelo, recordó que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones de una concejala del PSOE que dijo públicamente que el PP "le ofreció 42.000 euros a cambio de traicionar" a su partido, algo que no aceptó.

Para Arangüena, "los casos de los que se está hablando", en referencia a la iniciativa, "encajan perfectamente en lo que taxativamente está prohibido en el pacto antitransfuguismo", un acuerdo que, no obstante, sufrió un revés judicial en 2017, lo cual no exime del "pacto" político, en palabras de los diputados del BNG y del PSdeG.

Tanto PSdeG como BNG apuntaron directamente a "Baltar". El diputado socialista, que deseó "una pronta recuperación" a José Luis Baltar Pumar --hospitalizado tras sufrir coronavirus--, denunció que "enchufó" y dejó "una diputación heredada" a su hijo, un "baltarato" que "no tuvo reparos" en situar a Gonzalo Pérez Jácome al frente del Ayuntamiento de Ourense --que ahora vive una crisis interna de gobierno-- para "mantenerse en el poder" de la institución provincial.

Pazos Couñago se remontó a los inicios de la autonomía para acusar a la oposición de ser los que "iniciaron" la historia de las mociones de censura "con tránsfugas", en referencia a la que desalojó a Gerardo Fernández Albor. "Cierta flaqueza de memoria", les recriminó antes de advertir de que la iniciativa presentada "adolecía de imparcialidad" y que por ello no iba a participar en "ejercicios de hipocresía política".

"Le ofrezco colaboración, mano tendida. El objetivo no es el poder, sino mejorar el bienestar de la ciudadanía y la calidad de vida de los ciudadanos", ha subrayado Tabarés.

La Sagrada Familia ha descartado finalizar las obras en 2026, como estaba previsto al coincidir con el centenario de Antoni Gaudí, debido a "los efectos del COVID-19", que ha provocado la paralización de las obras y una caída de ingresos.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este miércoles el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, junto al arquitecto director del templo, Jordi Faulí, coincidiendo con las jornadas de puertas abiertas previstas para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Ha informado de que las obras se retomarán "en un par de semanas" (máximo tres) y estarán centradas en la finalización de la torre de María --la segunda más alta del templo-- de la que ya se han construido todos los niveles y solo faltan los elementos del terminal de 25 metros (la parte final de la torre).

La torre estará coronada por una estrella de 12 puntas iluminada, con un diámetro de 7,5 metros, con todas las caras de cristal texturado (para que pueda ser visible de día y de noche), está iluminada desde dentro y simboliza la Madre de Dios.

"Si las medidas contra la Covid-19 lo permiten durante todo este tiempo, tenemos el margen justo para finalizar la torre de María en los últimos meses del año 2021", ha confirmado Camps.

Además, ha explicado que antes de final de año se derrumbará una parte del habitáculo de la calle Provença con Sardenya y cederán dos metros y medio de acera al Ayuntamiento de Barcelona, un "pacto que ya se había hecho".

Camps ha afirmado que la Junta Constructora "ha pasado por momentos muy complicados, pero siempre, en menor o mayor medida, siguió haciendo realidad el proyecto de Gaudí", por lo que ha asegurado que está vez no será una excepción y mantendrán su compromiso para seguir adelante con el proyecto.

17 MILLONES PARA 2021

Para 2021, cuentan con un presupuesto de 17 millones y Camps ha alertado de que la situación económica para ese año es "imprevisible", aunque confía en que si se recupera el turismo y pueden tener más ingresos se puedan hacer más obras.

Preguntado por el número de visitantes, ha detallado que en el mes de julio han visitado el templo 2.000 turistas cada día, una cifra muy inferior a la del año anterior en el mismo mes, cuando la media era de 15.600 turistas por día.

Por otro lado, ha señalado que hasta que no se llegue a las 3.000 entradas vendidas al día no se abrirá otro día de la semana: "Ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ningún día que hemos abiertos se han superado los 3.000, por consecuente, no se puede abrir", ha sostenido.

Ha dicho también que gracias al remanente que ha tenido la Sagrada Familia, desde marzo hasta ahora, se ha podido garantizar al 100% el suelo de sus trabajadores, "incluso estando en ERTE", y ha alertado de que el próximo mes no podrá hacerse.

Ante la caída de ingresos, la Junta Constructora de la Sagrada Familia impulsará este noviembre una campaña para que los ciudadanos hagan donativos, ha avanzado Camps.

Los 45 nuevos brotes de la Comunitat Valenciana registrados desde la última actualización suman 187 positivos y se centra en las capitales de provincia con seis repuntes en cada una de ellas, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

En concreto, en la ciudad de Valencia se han notificado seis brotes que arrojan un total de 25 positivos, en su mayoría de origen social salvo dos brotes de origen laboral con cuatro casos cada uno. Por su parte, los seis Castelló de La Plana suman 24 afectados, en su mayoría de origen social salvo uno laboral con cinco positivos.

Por último, en Alicante se han registrado 21 contagiados en estos seis brotes: dos de origen social cada uno con tres casos, tres de origen laboral con 4,3 y 4 afectados y un sexto brote de otros ámbitos con 4 casos.

Las localidades que han registrado más de un brote en esta última actualización son Gandia con tres brotes de origen social con 5, 5 y casos, Ontinyent con dos brotes de origen social con 3 y 5 casos y Alzira con uno de origen laboral de 3 casos y otro social de 4.

El resto e brotes en la Comunitat Valenciana se han localizado en Xàtiva, 7 casos de origen social, Morella, 3 casos de origen social, Algemesí, 7 casos de origen social, Alberic, 5 casos de origen social, Moncofa, 8 casos de origen social, la Vall d'Alba, 3 casos de origen social, Massanassa, 5 casos de origen social, y Alfafar, 4 casos de origen social.

Asimismo, se han notado en Almassora, 3 casos de origen social, Denia, 7 casos de origen extracomunitario, Sueca, 3 casos de origen laboral, Borriana, 3 casos de origen social, Teresa, 3 casos de origen social, La Vall d'Uixó, 4 casos de Origen social, Alzira, 3 casos de Origen social, Carcaixent, 3 casos de origen social, Miramar, 6 casos de origen social, Sedaví, 7 casos de origen social, Sueca, 4 casos de origen social y Foios, 4 casos de origen social.

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, le ha indicado a la Comunidad de Madrid que desde su partido no se niegan a que tomen medidas de confinamiento si son necesarias pero le ha reprendido que "no se puede jugar vía 'WhatsApp'" con la salud de todos los madrileños.

"No nos negamos a que se tengan que tomar medidas y si fuera necesario estaríamos dispuestos a arrimar el hombro, pero pedimos conocer la situación real; no se puede jugar vía 'WhatsApp' con la salud de todos los madrileños", ha señalado Cepeda, después de que hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, haya hecho este anuncio y posteriormente la rueda de prensa del Consejo de Gobierno se haya anulado.

Así, Cepeda ha lamentado el "cerrojazo informativo" que hacen tanto a la oposición como a los medios, para intentar ocultar "cuál es la situación actual en Madrid". A su juicio, el Gobierno regional demuestra con esto que es "incapaz de tomar medidas" después de ya tener "un problema estructural de carácter epidemiológico".

"Lo de esta mañana ha sido esperpéntico. Se ha generado una gran incertidumbre y esto no es lo que los madrileños necesitan. Lo único que podemos hacer es tenderles la mano y ayudarles a gobernar si no saben", ha lanzado el portavoz adjunto socialista.

En declaraciones a 'Cuatro', el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha insistido en que esta situación es "preocupante" y ha reconocido que ha generado "inquietud", por lo que espera que todo se aclare "con celeridad".

Adicae ha afirmado que valorará positivamente la fusión entre CaixaBank y Bankia, e incluso defenderá el voto favorable en las juntas generales de accionistas, si el acuerdo contempla la protección de los consumidores con compromisos como el respeto absoluto a las condiciones contractuales de los clientes.

De este modo, la asociación, que representa a socios clientes y a pequeños ahorradores accionistas de las antiguas cajas de ahorros integradas, apoyará la fusión "siempre y cuando los intereses de los clientes se vean reflejados netamente en el que va a ser sin duda el primer gran banco español".

Así, algunas de las especificaciones que reclama son el respeto absoluto, como está determinado jurídicamente en la legislación de fusiones y de protección de los consumidores, a los derechos y condiciones contractuales de toda la clientela.

Igualmente, pide que la nueva entidad nazca saneada de los "graves problemas que arrastran tanto Bankia como Caixabank, con una parte importante de su clientela afectada por los conocidos temas de cláusula suelo, IRPH, gastos hipotecarios, tarjetas revolving, e incluso en algún caso de las preferentes".

En este sentido, pide que se comprometa a arbitrar soluciones extrajudiciales que satisfagan y reconcilien a los clientes con la nueva entidad, restaurando la confianza de la clientela, que actualmente está "profundamente deteriorada".

Además, respecto a los pequeños ahorradores-accionistas (570.000 en el caso de Caixabank y 173.000 en el caso de Bankia) y los futuros que aglutinará la nueva entidad, señala que deberán ver respetados sus legítimos derechos en la ecuación de canje sin supeditarse al de los grandes accionistas actuales y tengan garantizado a la vez el funcionamiento transparente y participativo.

A su vez, Adicae cree que la nueva entidad debería respetar a las fundaciones sociales de todas las cajas integradas, implementando algún sistema de financiación que permita la supervivencia de estas instituciones de dedicadas a la obra social.

Para la asociación, los movimientos en el sector bancario "son una ocasión para que se revise la figura de las fundaciones bancarias resultantes de la conversión de las cajas de ahorros en bancos, reforzando la perspectiva social y la participación de los consumidores y la sociedad civil en las mismas".

Finalmente, solicita al Gobierno, y en particular al Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, así como al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y especialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que garanticen plenamente los derechos y los intereses de los consumidores en esta fusión.

ERC ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament que busca que la Cámara catalana inste al Govern a convocar un "frente amplio en contra de la represión y en defensa de la libertad de expresión" para consensuar la respuesta a la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La iniciativa, que se votará el viernes en el Debate de Política General, concreta que este frente amplio debería incluir "a todas aquellas fuerzas políticas y sociales con voluntad de plantar cara al autoritarismo del Estado español".

Considera que la respuesta a la inhabilitación debería permitir "denunciar y plantar cara a la intolerable represión de una justicia politizada y sesgada, a la vez que garantice el buen funcionamiento de la administración en la lucha contra los efectos y la extensión del Covid-19".

La resolución de los republicanos también muestra el apoyo y solidaridad de la Cámara a Torra, y que "una posible inhabilitación sería un hecho inaudito que atentaría contra la democracia".

AUTODETERMINACIÓN Y AMNISTÍA

Otro punto de la propuesta pide que el Parlament se comprometa para defender y hacer posible el derecho a la autodeterminación y una amnistía para los presos del 1-O, y que reitere que la república catalana "es la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades, construir un país con justicia social, con progreso económico, y con garantía de derechos y libertades para todos".

Además, reclama al Govern plantear en la mesa de diálogo con el Gobierno que "los grandes consensos del país que abren la puerta a resolver el conflicto se articulan alrededor de la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía, y que cualquier salida pasa por hacerlos efectivos".

REFORMAR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

En otra propuesta presentada por ERC, los republicanos piden al Govern que pida al Gobierno aclarar las "tramas irregulares lideradas por los responsables políticos del Ministerio de Interior, comenzando por los exministros Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz", como las conocidas como 'Operación Kitchen' y la 'Operación Cataluña'.

También reclama una reforma integral de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se acompañe con una investigación "de sus lazos y connivencia con la extrema derecha", de su participación en la marcha del Rey emérito, el cese de todos los mandos implicados en operaciones contra rivales políticos e investigar presuntas torturas policiales.

En otro punto de esta resolución, ERC pide trabajar por la modernización constante de los Mossos d'Esquadra, que suponga "la reversión completa del impacto" que el 155 tuvo en la policía catalana.

El president acudirá a Madrid para escuchar a su defensa ante la Sala de Casación, compuesta por cinco magistrados

Un tribunal de cinco magistrados escuchará a partir de las 12.00 de este jueves los argumentos de la defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la condena de año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentista durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

La confirmación de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) supondrá ejecutar la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat.

El president ya ha anunciado que viajará a Madrid para escuchar de forma presencial los argumentos de su abogado, Gonzalo Boye, y de la fiscal Pilar Fernández Valcarce, que solicita la inadmisión de los recursos después de ver como la Sala presidida por Manuel Marchena rechazó su petición inicial inadmitir de plano los argumentos de Torra, lo que hubiera adelantado en el tiempo la inhabilitación del president.

Por su parte, el president ha adelantado este miércoles que su prioridad es la gestión de la pandemia de coronavirus, y no ha abordado qué debe hacer el Govern ni el Parlament tras su eventual inhabilitación y se ha puesto "al servicio del país hasta las últimas consecuencias". No obstante, en el caso de que la sentencia del TSJ sea confirmada, lo que puede ocurrir en unas pocas semanas, la inhabilitación se ejecutará de inmediato.

Los cinco magistrados encargados de dirimir este asunto son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, los tres primeros integrantes de la Sala que dictó la sentencia por el 1-O en Cataluña.

En el trámite del próximo jueves las partes podrán exponer sus posturas, es decir, la Fiscalía defenderá ante el tribunal que confirme la condena -de hecho pidió la inadmisión de plano del recurso de la defensa, algo que la Sala no aceptó--, mientras que la defensa de Torra pedirá de nuevo la absolución.

NO SE BUSCA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La petición de la Fiscalía obedeció a su convicción de que las resoluciones del órgano que controla los procesos electorales que afectaron a Torra no tenían como finalidad perseguirle políticamente, tal y como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat en su recurso, y que por eso debió inadmitirse de plano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado 19 diciembre a Torra por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta colocada por la Generalitat por la libertad de los políticos independentistas presos y el lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia, que de ser confirmada por el Supremo adquiriría firmeza. Torra reconoció en el juicio que se celebró en el TSJC el 18 de noviembre de 2019 que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal".

El grupo parlamentario de los comuns ha registrado este miércoles una propuesta de resolución en la que piden al Parlament reconocer que es necesaria la reforma del Código Penal, y concretamente del delito de sedición, ya que creen que "no es homologable a las regulaciones europeas" y con el objetivo de blindar el derecho de manifestación.

En el texto de las propuestas de resolución, recogido por Europa Press, además vuelven a instar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a convocar elecciones "de forma inmediata", una solicitud que ya le ha trasladado la líder de los comuns, Jéssica Albiach, durante el Debate de Política General de este miércoles.

En otra propuesta, los comuns han solicitado el aumento de la dotación del profesorado y buscar, conjuntamente con los ayuntamientos, "los espacios necesarios para garantizar una ratio inferior a 20 alumnos por grupo en educación infantil y Primaria, y 25 alumnos en Secundaria", y también la recuperación de la sexta hora lectiva.

Por otro lado, piden al Parlament que inste al Govern a priorizar el refuerzo suficiente en personal, presupuesto y materiales para la Atención Primaria y Comunitaria, "para hacer frente a las nuevas necesidades de control y seguimiento del coronavirus, para seguir asumiendo la asistencia sanitaria en las residencias" y para recuperar la actividad preventiva y asistencial habitual.

Asimismo, solicitan el refuerzo de la red de Salud Pública, para poden seguir haciendo, "en condiciones, estudios epidemiológicos para futuros nuevos brotes" u otras pandemias; y acordar mejoras en las condiciones de los médicos especialistas en formación (MIR).

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y TURISMO SOSTENIBLE

En otra propuesta, los comuns piden al Parlament instar al Govern a impulsar un Plan catalán para la transición energética justa con el fin de dar una respuesta integral a los "retos territoriales y sectoriales derivados de la transición energética", y con la participación de las administraciones locales y los entes sociales.

Y por último, solicitan también impulsar el Pacto Nacional por un turismo sostenible que apuesta por la "reactivación, reconversión, descentralización y desestacionalización" del sector turístico, junto con un plan de choque con ayudas económicas y planes de ayuda temporal para los trabajadores, autónomos y pymes.

Vox ha acusado al PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de intentar "blanquear la historia criminal de ETA" con la declaración que han acordado este miércoles sobre el fallecimiento de Igor González Sola, el preso de la desaparecida banda fallecido el pasado 4 de septiembre en la prisión de Martutene (Guipúzcoa).

En su declaración, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU solicitan al Gobierno central que acometa un "cambio en profundidad" de la actual política penitenciaria, con el fin de acabar con la política de dispersión que se aplica a los presos de ETA, de poner en libertad a los reclusos gravemente enfermos, y de aplicar la progresión de grados.

Por el contrario, la representación de Vox en la Cámara vasca, en la que esta formación tiene una parlamentaria, ha denunciado que la política penitenciaria actual es "excesivamente laxa" y, a través de un comunicado, ha solicitado que los presos de la banda sean trasladados "lo más lejos posible de aquellos lugares en que han cometido los asesinatos y sembraron el terror".

Además, ha reclamado que se actúe con la "máxima severidad" a la hora de analizar el estado de salud de los presos. Esta formación también ha afirmado que mientras los reclusos de la banda "no colaboren con la Justicia de forma activa, no informen sobre dónde están las víctimas desaparecidas, y no reconozca públicamente el daño causado", se les aplique la "máxima severidad" penitenciaria.

Por todo ello, ha acusado a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de tratar de "blanquear la historia criminal de ETA" con la declaración aprobada este miércoles. Desde Vox se ha reprochado a dichas formaciones que traten de evitar que exista "un relato de vencedores y vencidos", con el fin de "trasladar a la sociedad vasca que hubo un conflicto entre dos bandos". Todo ello, pese a que --según ha destacado-- "solo existió una banda terrorista que asesinaba a ciudadanos inocentes, ETA", en la que ha recordado que militaba Igor González Sola.

La Comunitat Valenciana ha registrado desde la última actualización 548 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 33.192 personas. Además, se han notificado nueve fallecidos, uno de ellos un residente, y 45 brotes, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

Por provincias, la distribución de los nuevos positivos 45 se localizan en Castellón (3.676 en total); 282 en Alicante (10.697 en total), provincia a la que se han reasignado dos casos anteriores; y 221 en la provincia de Valencia (18.814 en total). Además, hay cinco casos sin asignar.

Además, se han registrado nueve fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones es de 1.573 personas: 233 en la provincia de Castellón, 541 en la de Alicante y 799 en la de Valencia.

De este modo, los hospitales valencianos tienen, actualmente, 507 personas ingresadas: 57 en la provincia de Castellón, con 7 pacientes en UCI; 152 en la provincia de Alicante, 29 de ellos en la UCI; y 298 en la provincia de Valencia, 32 de ellos en UCI. La Conselleria ha explicado que no se han podido actualizar los datos del número de altas por un problema informático.

Por su parte, el número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 979.320, de las que 832.865 han sido a través de PCR y 146.455 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 56 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 34 en la provincia de Valencia), 13 centros de personas con diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 3 en la de Alicante y 8 en la de Valencia) y 4 centros de menores, de los que tres están en la provincia de Castellón, tres en la provincia de Alicante y una en la provincia de Valencia.

Asimismo, se han registrado 51 residentes nuevos positivos, 17trabajadores y ha fallecido un residente. En la actualidad, siguen bajo vigilancia activa de control sanitario siete residencias en la Comunitat Valenciana: dos en la provincia de Alicante y cinco en la provincia de Valencia.

La doctora en Física y responsable del área de meteorología del 'eltiempo.es', Mar Gómez, ha desmentido este miércoles que el cierre del agujero de ozono esté vinculado a la mejora del cambio climático por el confinamiento, como se ha dado a entender en algunos sectores.

Tal y como ha explicado a la experta, la reducción del agujero se ha producido tras el Protocolo Montreal, por el que se acordó en 1987 un calendario para la disminución de las emisiones de clorofluocarbonos (CFC) y el uso de compuestos de bromo (halones), considerados los responsables de este fenómeno.

"Este acuerdo y posterior implementación de medidas, que han permitido que el agujero de ozono se esté recuperando, fueron posibles por la existencia de sustitutos menos dañinos para los productos causantes del problema", ha indicado.

Gómez ha explicado que es frecuente asociar el aumento del agujero de ozono al cambio climático e, incluso, ponerlo como ejemplo de recuperación, es decir, hay quien piensa que si se ha podido solucionar el problema con la capa de Ozono, también se podrá hacer con el cambio climático.

LOS VALORES DE ANTES DE 1980 NO LLEGARÁN HASTA 2050

Sin embargo, indica Gómez, este argumento es "incorrecto" ya que el principal motivo para la reducción y recuperación del agujero de ozono ha sido la restricción, en un 98%, de los compuestos causantes del agujero de ozono.

Y, aún así, explica la experta, los niveles de ozono en la estratosfera no volverán a los valores anteriores a 1980 hasta el año 2050, y en 2070 sobre la Antártida.

En lo que sí coinciden ambos fenómenos, añade Gómez es en que la actividad humana es "inequívocamente" su causante, aunque en este aspecto, también hay diferencias.

"La solución al agujero de ozono fue relativamente sencilla, puesto que existían sustitutos para los compuestos causantes de la destrucción de ozono. Pero para los combustibles fósiles que producen el cambio climático no hay un sustituto evidente", ha explicado.

Es por ello que, según indica, la solución al cambio climático no es solo técnica y, a su juicio, la envergadura de las acciones necesarias para revertir el calentamiento global "requieren medidas políticas y económicas".

Una mujer de 81 años ha fallecido víctima del COVID-19 en la última jornada en Extremadura, en la que se han notificado 225 nuevos positivos confirmados por PCR y se han contabilizado ocho nuevos brotes mientras que se han cerrado dos.

La mujer fallecida era de Valencia de las Torres y permanecía ingresada en el Hospital de Llerena desde el pasado 8 de septiembre. Además, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 504 casos sospechosos y se han descartado 276. Los hospitales extremeños suman 121 pacientes ingresados, de los cuáles 15 se encuentra en la UCI. En las últimas 24 horas se han dado 122 altas, lo que supone un acumulado de 5.911 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los nuevos brotes, hay tres en Badajoz, uno de ellos con cuatro positivos y nueve contactos; otro con ocho positivos 38 contactos; y el tercero con tres positivos y ocho contactos. Además, hay nuevos focos en Brozas (7 positivos y 5 contactos); Cáceres (6 positivos y contactos en investigación); Villanueva de la Serena (9 positivos y contactos en investigación); Majadas (7 positivos/53 contactos) y Talarrubias (4 positivos y 33 contactos). Los dos brotes que cierran son uno de Solana de los Barros y otro en Cañamero.

Por áreas de salud, en Badajoz se han detectado 79 casos sospechosos y se han descartado 50. Se han notificado 50 casos positivos confirmados, en el área hay cinco pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 1.078 pacientes.

El Área de Salud de Cáceres notifica 111 casos sospechosos y ha descartado 77. Declara 56 casos positivos. El área tiene 46 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Han fallecido 273 personas y se han dado 2.046 altas.

Por su parte, en Mérida se han notificado 84 casos sospechosos y se han descartado 50. Tiene 42 positivos confirmados, hay 13 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado 33 fallecidos y se han dado 551 altas desde el inicio de la pandemia.

En Plasencia se han detectado 20 casos sospechosos y se han descartado 15. Notifica 19 casos positivos, tiene nueve pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Desde el comienzo de la pandemia acumula 78 víctimas mortales y 694 pacientes curados.

Por su parte, el área de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 121 casos sospechosos y ha descartado 26. Notifica 17 casos positivos y tiene 27 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 31 fallecidos y 649 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 24 casos sospechosos y ha descartado 10. Ha notificado ocho casos positivos, tiene dos pacientes ingresados y acumula 60 personas fallecidas y 534 pacientes curados.

En Coria se han notificado 35 casos sospechosos y se han descartado 42. Registra nueve casos positivos, tiene dos pacientes ingresados y acumula 22 víctimas mortales y 231 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 30 casos sospechosos y ha descartado seis. Registra 24 casos positivos, tiene 17 pacientes hospitalizados y desde el inicio de la pandemia han fallecido ocho personas y se han curado 128 pacientes.

La Agencia Tributaria ha establecido un nuevo trámite a través de la sede electrónica del organismo para poder realizar el apoderamiento ante la AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos a las oficinas, ya que el contexto actual de crisis sanitaria "aconseja potenciar medidas que faciliten la realización de trámites por vía electrónica".

Así lo ha señalado el organismo, que explica que para facilitar la tramitación electrónica del alta del poder para trámites tributarios, y especialmente para aquellos casos en los que el poderdante no tenga identificación electrónica para apoderar, se ha habilitado una nueva forma de dar de alta el poder de representación, a través de la sede electrónica de la AEAT, sin intervención del poderdante.

Hasta ahora, el procedimiento del alta del poder para trámites tributarios podía realizarse por Internet, mediante el uso de certificado electrónico reconocido o Cl@ve (del poderdante); mediante comparecencia personal en las oficinas de la AEAT o con un documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria.

Para esos casos se ha previsto la posibilidad de presentación de la escritura de poder en el registro electrónico de la Agencia Tributaria para generar el apoderamiento, a través del trámite 'Solicitar alta de poder para trámites tributarios', incluido en el procedimiento 'Apoderamiento para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet'.

En esta modalidad de solicitud de incorporación de poderes al registro de apoderamientos no es necesario que participe el poderdante, pues ya en su momento otorgó el poder ante el fedatario público correspondiente. Así, estas escrituras de poder otorgadas para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria pueden ser presentadas por el propio apoderado con su certificado electrónico o Cl@ve.

Tras la presentación, se incorporaría el poder en el Registro de apoderamientos, previa revisión por la AEAT de la subsistencia del poder otorgado en la escritura notarial.

El apoderado las presentaría por Internet ante la Agencia Tributaria con su certificado electrónico o Cl@ve, tras lo cual se incorporaría el poder en el registro de apoderamientos, previa revisión por el funcionario habilitado para ello, y mediante dos formas, que pasan por la aportación en el registro electrónico de la Agencia Tributaria de escrituras electrónicas de apoderamiento o copias electrónicas de las mismas, reguladas en la ley del Notariado y que cumplan los requisitos en él establecidos.

La otra forma es con la aportación de las escrituras de apoderamiento en formato PDF presentadas a tal efecto en el registro electrónico de la AEAT.

La Rioja ha limitado a seis el número de personas en reuniones sociales, así como la venta de alcohol en establecimientos que no sean de hostelería hasta las 22,00 horas, además de recomendar evitar la movilidad, según ha informado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ante el "devenir preocupante" de la situación epidemiológica por el coronavirus.

En comparecencia de prensa, Andreu ha dado a conocer una serie de medidas aprobadas en la reunión del Consejo de Gobierno, y que estarán vigentes, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), hasta el 23 de septiembre, incluido, si bien podría prorrogarse en función de como se encuentre la situación por el COVID-19.

La presidenta riojana ha insistido en lo "preocupante" del avance del coronavirus la pandemia, con 917 casos activos y 6.828 en cuarentena. En este punto, ha señalado que, desde el inicio de la pandemia se han producido 7.033 casos. Ha recordado que hay que sumar 5 nuevos positivos en 5 colegios de Logroño, cuatro de ellos que ya habían tenido algún caso positivo, originandose en todos los casos fuera de ámbito escolar.

Andreu ha lamentado la "relajación" en la población y la "falta de atención" en las medidas de seguridad, ha conllevado un "repunte severo" de los casos positivos, que hace que haya "disparado la presión asistencial". De hecho, ha destacado que la UCI "está con una ocupación de 90 por ciento", de ahí que "se haya dado la orden de abrir 20 camas de UCI más", al tiempo que se suspende reanimación y cirugía mayor ambulatoria.

La presidenta riojana ha apuntado que la movilidad no se prohíbe, porque sería volver a la situación de estado de alarma, así como ha señalado que "en principio no hay transmisión comunitaria", y ha apuntado que se revisarán las actividades programadas, como conciertos, para ver si se cumple la norma.

MEDIDAS

A continuación, la presidenta ha detallado las medidas adoptadas que pasan por limitar el número de personas a seis, tanto en espacios públicos como privados, misma limitación para la actividad física y deportiva, con mascarilla en caso de que no se pueda respetar la distancia interpersonal. Esta medida se extiende igualmente a pesca y actividad cinegética.

En las actividades de ocio y tiempo libre para público infantil y juvenil serán seis personas, incluido el monitor, mientras que para el turismo activo y de naturaleza se permiten actividades de guía turístico y máximo de seis personas.

En la hostelería, en bares, restaurantes, sociedades gastronómicas, que haya servicio de restauración, habrá que garantizarse la distancia de 1,5 metros entre clientes, no superando las seis personas por mesa o grupo, algo que será para interior o terraza.

Además, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22 horas, excepto a hostelería, y se recomienda limitar la movilidad, salvo que el desplazamiento será para trabajar, tema escolar, asistencia sanitaria o cuidado de personas mayores, entre otras.

También han recomendado a las personas que padezcan síntomas compatibles con la COVID-19, la permanencia en sus domicilios y contactar telefónicamente con los servicios de salud; y a las personas mayores o personas con condiciones crónicas con un riesgo adicional de padecer formas graves de COVID-19, la permanencia en el domicilio mientras dure la situación epidemiológica adversa.

Además establecen servicios de envío a domicilio u horarios de atención prioritaria a ciertos grupos de edad o personas con determinadas condiciones crónicas de salud, especialmente supermercados y farmacias; limitar el número de contactos al mínimo posible, preferiblemente a los grupos de convivencia habitual; y optar por la opción del teletrabajo, siempre que esté disponible y compatible con el buen funcionamiento de las Organizaciones.

JxCat, ERC y la CUP han presentado una propuesta de resolución conjunta en la que piden que el Parlament rechace y condene la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS).

"El Parlament rechaza el enjuiciamiento y la posible condena del Molt Honorable President Torra por hechos que no son constitutivos de ningún delito, que están amparados por la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria", afirma la propuesta, recogida por Europa Press, y que se votará el viernes en el Debate de Política General.

También plantea que la Cámara muestre su solidaridad con los dos procesos judiciales que afronta Torra "por haber defendido las instituciones catalanas, la libertad de expresión, la libertad de los presos y de los exiliados, y el derecho a la autodeterminación".

En otro punto, critica la "desproporción y la indignidad" del juicio, que tacha de politizado, y afirma que en el Estado español es imposible encontrar justicia para los independentistas y para otros movimientos disidentes.

Además, en la resolución los partidos independentistas proponen que la Cámara catalana renueve "su compromiso con la ciudadanía de Cataluña y con su voluntad mayoritaria para alcanzar democráticamente la independencia, como única manera de proteger las instituciones y el bienestar social y económico del país".

"REPRESIÓN REITERADA"

Asimismo, la iniciativa condena la "represión reiterada contra los tres últimos presidentes de la Generalitat", contra la Presidencia del Parlament, contra miembros del Govern, cargos electos, activistas sociales y ciudadanos que han defendido la autodeterminación.

JxCat, ERC y la CUP instan al Parlament a constatar que "la represión ejercida por el Estado español es la principal fuente de inestabilidad política en Cataluña y que no se detendrá con una posible inhabilitación del Molt Honorable President Torra, como no comenzó ni se detuvo con la represión ejercida contra los tres anteriores candidatos de esta legislatura a la Presidencia".

"El Parlament condena los reiterados intentos desestabilizadores del Estado español en contra de las instituciones, la economía y el bienestar de la ciudadanía de Cataluña en una situación de emergencia sanitaria, social y económica como la actual", concluye uno de los puntos de la resolución.

El principio de prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía de 1977 impiden en principio perseguir y juzgar a nadie por crímenes franquistas en el marco de la Ley de Memoria Democrática cuyo Anteproyecto fue aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros, si bien el articulado del la norma -aún pendiente de tramitación parlamentaria-- abre la puerta a que, pese a que no haya condenas, los hechos puedan ser investigados y esclarecida la verdad, consiguiendo así cierta reparación para las víctimas.

Así lo señalan fiscales y expertos, que alertan de las dificultades de juzgar crímenes franquistas en el arco temporal establecido por el Anteproyecto, que va de la Guerra Civil a la aprobación de la Constitución de 1978.

La principal razón pasa por lo establecido en la propia Carta Magna, cuyo artículo 9.3 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales

Las advertencias más categóricas a las dificultades que en principio parece exponer el Anteproyecto de Ley de Memoria las expone, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, que advierte de que la mayoría de los delitos que pretenden ser objeto de la nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática anunciada ayer por el Gobierno estarían prescritos.

La única posibilidad sería calificarlos de genocidio y lesa humanidad, si bien dicha calificación tendría igualmente problemas de irretroactividad ya que fue introducida en el Código Penal ya en la etapa democrática.

"No le veo el más mínimo sentido -ha manifestado Frago -, porque una cosa son acciones positivas por la Memoria y otro la investigación penal, ya que no hay ninguna forma de realizarla porque los hechos han prescrito". Para este fiscal, no debe olvidarse que tuvimos una Transición "en la que se intentó mejor o peor hacer tabla rasa para que la sociedad avanzara hacia un nuevo futuro esperanzador, que era la democracia".

Pese a las dificultades que en un primer momento puedan apreciarse sobre la Fiscalía de Memoria, y teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento aún muy prematuro de la tramitación del proyecto de Ley, Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que deben considerarse a priori varios escenarios.

Así, en el supuesto de hechos cuyos presuntos responsables hubieran fallecido, Peramato admite que la vía penal no tendría viabilidad porque en dicho caso la responsabilidad por los delitos ha quedado extinguida. No obstante, la Disposición Adicional Segunda de Ley, según apunta la portavoz de UPF a Europa Press, prevé un procedimiento de jurisdicción voluntaria, con intervención del Ministerio Fiscal, que permitiría entrar en estos asuntos desde el ámbito civil.

Un segundo escenario, con los presuntos responsables vivos, tiene los problemas de prescripción de los delitos y aplicación de la Ley de Amnistía, pero ello no quiere decir que no haya necesidad de investigar los hechos.

De hecho, el propio articulado del Anteproyecto habla del "derecho a la investigación", lo que permitiría tramitar un asunto sin perjuicio de que una vez averiguada la verdad el asunto quede archivado. Algo similar ocurre ya en el caso de crímenes de ETA de los que es competente la Audiencia Nacional, permitiendo dar satisfacción a los derechos de las víctimas.

En todo caso, Peramato va más allá y señala que de una primera lectura del Anteproyecto permite señalar que la creación de la nueva Fiscalía de Sala se hará teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.

Este marco tiene su base en el artículo 10.2 de la Constitución, que señala Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la*Constitución*reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias* .

En base a dicho artículo, según Peramato, lo que el legislador se debe plantear es hasta qué punto la Ley de Amnistía tiene la posibilidad de bloquear estas investigaciones, ya que en el derecho internacional hay delitos como los de genocidio y lesa humanidad que se considera que no prescriben.

La fiscal también apunta, dentro del acerbo de derecho internacional a tener en cuenta a la hora de regular la labor de una Fiscalía de Memoria, lo que señalan ciertos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de Naciones Unidad. A su juicio, todo ello abre una posibilidad muy importante", de abordar los crímenes cometidos en el periodo predemocrático.

La portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, se muestra más prudente al señalar que por el momento se cuentan con pocos datos sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria y añade que habrá que ver si una Fiscalia de Sala especializada en memoria democrática tiene realmente "contenido y recorrido".

"Más allá de las noticias que nos llegan sobre ello, la fiscalía tiene un importante déficit de plantilla y entendemos que debería atenderse en primer lugar a las necesidades actuales acuciantes", añade Dexeus.

En cuanto a la afectación de la Ley de Amnistía requiere un estudio sereno del texto que está aun en fase de AnteProyecto de Ley, con todo el recorrido de trámites parlamentarios por delante.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha creado un punto pionero en la Región de Murcia de acogida temporal y de transito para el alojamiento, manutención, cobertura de necesidades básicas y atención social y educativa de mujeres en contextos de prostitución y trata, así como de sus hijos, que son también víctimas de la violencia de género.

Así lo ha destacado la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, en su intervención hoy en la Comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias de violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.

Según la consejera, ese dispositivo, puesto en marcha durante el estado de alarma, "se ha convertido en un recurso clave para ir de la mano de las mujeres víctimas de violencia de género, y está siendo referente para el trabajo de investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Franco, que ha abordado la situación de la violencia machista en la Región antes y después del estado de alarma, ha indicado que "todas las comunidades autónomas estamos llamadas a acompañar a quienes atraviesan una situación de violencia de género, impulsando políticas públicas que mejoren su calidad de vida y promuevan la igualdad".

En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que la Comunidad de Murcia "está comprometida con la lucha y erradicación de la violencia machista y, por ello, desde que comenzó el confinamiento sostuvimos y reforzamos el trabajo que ya hacíamos para contener y asistir de la mejor manera posible a quienes sufren la violencia".

Los casos de mujeres que han recibido atención en los centros especializados para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI y PAE) han aumentado en 1.894 entre marzo y junio de este año respecto al anterior. Por ello, "ha sido fundamental estar más cerca que nunca, a pesar de la distancia física, brindándoles apoyo y acompañándolas de forma individual por teléfono, videollamada o presencialmente", añadió Franco.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento, la Consejería destaca que se han mantenido los servicios y recursos, creado nuevos programas y campañas de sensibilización, mejorado los protocolos de actuación e innovado con otros nuevos más concretos y adaptados a las circunstancias, como proporcionar alojamiento a las personas sin domicilio.

Así, se han puesto en marcha iniciativas en previsión de posibles situaciones de desamparo, como el dispositivo de acogida temporal y de tránsito y la contratación de recursos técnicos y logísticos para el servicio de acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución. Además, se desarrollaron diversas campañas de sensibilización, como 'Si la oyes, llama' o la realizada junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, 'Marcarilla 19', dirigidas a buscar la colaboración ciudadana en la denuncia de casos de violencia machista que se pudieran estar produciendo durante el confinamiento y disuadir a los agresores.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MURCIA

El esfuerzo de la Comunidad por cumplir con los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género se refleja en el cumplimiento del Pacto de Estado, según las mismas fuentes. Por ejemplo, con el refuerzo en prevención y sensibilización en el ámbito educativo y local, mejorando la respuesta institucional ante esta lacra, coordinando y trabajando en red con distintas instituciones y con programas como 'Ilusiona-t', que ofrece formación 'online' para mejorar la inserción laboral de las mujeres o 'Empoder-Arte', para que aprendan un oficio artesanal.

Perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas es otra de las grandes prioridades del Pacto de Estado. La Región dispone de siete casas de acogida, seis Puntos de Atención Especializada (PAE), 16 plazas de acogida para mujeres víctimas con problemas de adicción, y 22 centros especializados de atención especializada para mujeres víctimas de violencia (CAVI) que han atendido este año a 16.729 mujeres, un promedio de 1.500 al mes.

No sólo las mujeres sufren la violencia de su maltratador ya que, en muchos casos, sus hijos son los verdaderos perjudicados. De ahí que se haya intensificado su asistencia y protección junto con la Asociación para el Desarrollo de Salud Mental de la Infancia y la Juventud Quiero Crecer, que les proporciona atención psicológica.

Además, el Servicio de Atención Psicológica para menores expuestos a la violencia de género (SAPMEX) ha atendido este año a 569 menores; el Punto de Encuentro Familiar Viogen, con cinco sedes, ha atendido a 45 familias, y el Centro de Emergencia ha ayudado a que 82 mujeres y 49 menores dispusieran de un lugar de acogida inmediato.

"Todas estas actuaciones -indicó Franco- ponen de manifiesto que la Región cumple con el Pacto de Estado contra la violencia de género, porque es un derecho de las mujeres que debe hacerse visible a toda la sociedad". "En un escenario de dificultades económicas entre mujeres dependientes económicamente de sus agresores que les imposibilitará en muchas ocasiones romper ese vínculo, seguiremos trabajando en nuevos proyectos de empleabilidad, como el 'Proyecto Carmen', que les permita suficiente autonomía para acudir a denunciar", añadió.

Asimismo, se pondrán en marcha dos recursos de acogida, uno específico para mujeres gestantes y otro para mujeres con problemas de salud mental, así como 'Punto Violeta' para abordar la violencia sexual con un programa integral de sensibilización y formación.

La Central de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 movilizó en 1.454 ocasiones a Agrupaciones de Protección Civil en lo que va de año, un número inferior de las registradas en los anteriores debido a la pandemia que mantuvo cerrados la Ruta. En este sentido, el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha indicado que la Xunta prevé contar con un nuevo plan de actuación para el Xacobeo 2021 y adaptarse al covid-19, con la intención de tenerlo listo este mismo año.

Lo dijo en su intervención en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, que ha celebrado este miércoles su primera sesión y en respuesta a la diputada popular Marta Fernández-Tapias, quien ha destacado que la Ruta Jacobea es "mucho más" que un camino y ha remarcado su valor "cultural" que se "debe preservar". La parlamentaria del PPdeG también ha significado el "papel muy importante en la consolidación de una imagen segura" del Camino de Santiago que juegan los voluntarios de Protección Civil.

En su contestación en comisión, Villanueva dijo que el Gobierno gallego es "muy consciente de la dimensión social y cultural" del Camino, junto con los valores "religiosos" y "europeístas" y, en este sentido, ha asegurado que en lo que respecta a su ámbito, seguirá apostando por la "seguridad" de las distintas rutas con el apoyo de las Agrupaciones de Protección Civil.

Los voluntarios, añadió, siguieron haciendo labores durante la pandemia más allá de las rutas, con reparto de alimentos, medicamentos y visitas a personas mayores que viven solas, junto con desinfecciones. Si bien no actuaron en los Caminos porque no había peregrinos, no dejaron de trabajar", ha enfatizado Santiago Villanueva.

El alto cargo de la Xunta ha recordado que los voluntarios de Protección Civil han repartido guías de cómo realizar el Camino de Santiag --editadas con castellano, gallego e inglés-- y en las que se recogen consejos y medidas a tener en cuenta para realizar la Ruta, incluyendo si esta se lleva a cabo en grupo. Estas guías, ha agregado, serán actualizadas.

Además, los voluntarios de Protección Civil también se encargan de detectar y transmitir posibles incidencias en el Camino, mientras que el 112, que permite que los usuarios sean atendidos en su propio idioma, está implantando el protocolo de atención al peregrino, que estará en vigor tanto en los años santos como en el resto.

Precisamente, durante su intervención indicó que el CAE 112 llevó a cabo 3.269 movilizaciones de Agrupaciones de Protección Civil, una cifra que en 2019 se elevó a 4.504. En 2020, es más baja debido la pandemia y se han contabilizado por ahora 1.454.

"APOYO DE CALIDAD"

"Se trata de dar un apoyo de calidad, el de acercar el servicio a los usuarios. No hay nada más cercano a los peregrinos", ha remarcado Villanueva en relación a los voluntarios de Protección Civil, antes de reafirmarse en el apoyo a su "magnífico trabajo".

Dicho esto, ha indicado que la Xunta "va a actualizar" el plan de atención al peregrino y ha confiado en que se pueda aprobar este año, previa "audiencia" a todos los interesados, como entidades locales y a los propios voluntarios. En su intervención destacó que el Gobierno gallego apoya las actuaciones de las agrupaciones y este año destinó 340.00 euros al funcionamiento, mientras que suman 9 millones en los últimos años.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, comparecerá en calidad de testigo este jueves 17 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 retoma las declaraciones testificales pendientes, que estaban previstas para antes del verano pero que fueron suspendidas 'sine die' por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus.

Tras Albella, que ha sido citado para las 9.00 horas, declarará el 30 de septiembre a la misma hora y por videoconferencia el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos.

Ya el día 6 de octubre, también a partir de las nueve de la mañana, Calama ha citado a cinco testigos, todos ellos directores territoriales del Popular en el año 2016: Miguel Ángel Franco, encargado la zona norte; Manuel Quero, de la zona centro; Alfonso Ruspira, de la zona Cataluña/Baleares; José Baonza, de la zona de Levante; y Luis Marín, de la zona de Andalucía. Asimismo, comparecerá Fernando Merino, responsable de la red del Banco Pastor en 2016.

El instructor ha fijado el 8 de octubre a las 9.00 horas para que testifique Ana Botín, y el 15 de ese mes a la misma hora ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique. El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

Dieciocho centros educativos navarros de las redes pública y concertada se han visto afectados en las últimas 24 horas por el confinamiento de un total de 21 aulas escolares debido a casos positivos de coronavirus en su alumnado. Estos nuevos aislamientos afectan a 461 alumnos, que deberán permanecer en sus domicilios durante los próximos diez días.

El porcentaje de alumnado confinado de los ciclos de educación Infantil y Primaria respecto al total de ambos ciclos es actualmente de un 3,60%. En estos momentos y en términos absolutos hay 2.308 alumnos y alumnas confinados. Pertenecen a 111 grupos estables de convivencia que son un 3,15% del total de grupos de Infantil y Primaria existentes en las redes educativas pública y concertada, ha informado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Por centros, los nuevos confinamientos afectan a 19 alumnos de tercero de primaria del colegio Príncipe de Viana de Olite; 24 escolares de cuarto de Primaria del colegio Ermitagaña de Pamplona; 17 alumnos del primer curso de Primaria y 18 de cuarto de Primaria del colegio Mardones y Magaña de Murchante; 22 de primer curso de Primaria y 25 de segundo curso de Infantil del colegio Griseras de Tudela; 23 de quinto de Primaria y 20 de segundo curso del mismo ciclo de Primaria del centro escolar Huertas Mayores de Tudela; 25 alumnos de quinto de Primaria del colegio Elvira España de Tudela; 12 alumnos de Infantil del colegio público de Erratzu; 16 escolares de tercer curso de Infantil del centro Erreniega de Zizur; 21 alumnos de primer curso de primaria del colegio La Compasión Escolapios de Pamplona; 20 alumnos de tercero de Infantil del colegio Santa María la Real, en Sarriguren; 18 de tercero de Infantil del centro San Miguel de Noain; 17 alumnos de segundo curso de Infantil del colegio Mater Dei de Ayegui; 15 de primero de Infantil de Santa Luis Marillac de Barañain, 46 alumnos y alumnas de segundo de Infantil de Compañía de María de Tudela; 23 de sexto de Primaria de Víctor Pradera Paderborn de Pamplona; 27 escolares de primero de Infantil del colegio público Atakondoa de Irurtzun; 29 de cuarto de Primaria del colegio Sagrado Corazón de Pamplona y 24 de primero de Primaria de Nuestra Señora del Huerto de Pamplona.