La transparencia salarial ya tiene norma: el Consejo de Ministros ha aprobado este 17 de noviembre el real decreto ley de Transparencia e Igualdad, que obliga a las empresas a explicar con criterios objetivos cómo fijan los sueldos.
Qué obliga el decreto: criterios verificables y sin discrecionalidad
El texto llega al final de la legislatura y aún está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se apoya en dos patas. La primera afecta a todas las empresas: deberán comunicar a la plantilla los criterios con los que deciden las remuneraciones, sin margen para la discrecionalidad.
La segunda se queda en las compañías con más de 50 trabajadores: tendrán que argumentar las razones que justifican los aumentos salariales. Traducido a la práctica: si dos personas del mismo puesto cobran distinto, o una sube y la otra no, hay que poder explicarlo.
Para que eso no quede en una declaración de intenciones, el registro retributivo se refuerza y abarca a toda la plantilla, personal directivo y altos cargos incluidos. Debe recoger los valores medios, separando el salario base, cada complemento y las percepciones extrasalariales (las que no son salario, como dietas o plus de transporte).
Qué puede reclamar cada trabajador y qué se considera infracción
La norma también crea un derecho individual. Cada empleado podrá pedir información sobre su propia retribución y compararla con las medias de la empresa, con desglose por sexo y por categoría. Puede parecer menor. No lo es: es la herramienta que convierte la queja en una reclamación con datos.
A ello se suma la auditoría retributiva, un diagnóstico que valora los puestos de trabajo para detectar diferencias de sueldo. Si esas diferencias no están justificadas, la empresa tendrá que plantear medidas para corregirlas.
Saber cuánto cobra el de al lado no es el objetivo; lo que cambia es que la empresa tenga que justificar por qué hay diferencia.
Y el régimen sancionador se endurece. Pedir datos prohibidos en un proceso de selección o discriminar en el acceso al empleo será infracción muy grave, igual que tomar represalias contra quien reclama sus derechos.
También son graves no facilitar la información básica a quien busca empleo, no detallar los elementos esenciales del contrato o no desarrollar bien los planes de igualdad.
Por qué llega ahora y qué cambia respecto al decreto de septiembre
El texto completa la transposición de dos directivas europeas: la de transparencia de las retribuciones, que seguía pendiente, y la de condiciones laborales, traspuesta en septiembre y ahora ampliada. España cierra así una de las asignaturas que Bruselas venía reclamando.
El precedente inmediato está en ese decreto de septiembre, que ya obligó a detallar en los contratos el salario base, los complementos y los horarios, y a avisar de los sistemas algorítmicos que intervienen en las decisiones. Lo nuevo añade el cómo.
El matiz importa.
El calendario también explica algo. La norma se ha cocinado in extremis, con los últimos detalles negociándose la víspera. Fuentes del Gobierno dieron por hecho que saldría adelante sin tocar su columna vertebral, y el trasfondo es la presión sindical por la brecha salarial.
Queda la letra pequeña, porque el texto no se ha publicado íntegro. Conviene leer la norma en el BOE cuando aparezca y, para un caso concreto de retribución, consultar con la representación sindical o con un profesional.
El cambio de fondo es de enfoque. Hasta ahora, quien sospechaba que cobraba menos de lo que le tocaba tenía que armarse de pruebas; a partir de aquí, es la empresa la que tiene que poder explicar su criterio.
La ficha práctica
- ¿Quién tiene derecho? Toda la plantilla, incluidos directivos; la obligación de justificar aumentos afecta a las empresas de más de 50 trabajadores.
- ¿Cuánto? La norma no fija cuantías: obliga a explicar los criterios con los que se decide cada sueldo y cada subida.
- ¿Hasta cuándo hay plazo? No hay plazo de solicitud. El decreto se aprobó el 17 de noviembre y está pendiente de publicación en el BOE.
- ¿Dónde se pide? La información se reclama a la propia empresa; si no responde, cabe acudir a la Inspección de Trabajo.
- La letra pequeña: pedir datos prohibidos en un proceso de selección o tomar represalias por reclamar ya es infracción muy grave.
El resumen rápido (TL;DR)
- 🎯 ¿Qué ha pasado? El Gobierno aprueba el decreto que obliga a explicar cómo se fijan los sueldos.
- 💶 ¿A quién le interesa? A cualquier asalariado, sobre todo en empresas de más de 50 trabajadores.
- ✅ ¿Qué tienes que hacer? Revisar la norma en el BOE y pedir por escrito los criterios de tu retribución.



