El Ministro de Universidades, Manuel Castells, ha explicado que sus prioridades "en medio de la tormenta" de la pandemia son las tasas, las becas y el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) porque son los compromisos que adoptó con la firma del Gobierno de coalición.

Castells ha defendido que no trabajar en estos temas sería "refugiarse" en la coyuntura actual cuando, a su juicio, es ahora cuando hay que cumplir "más que nunca con el programa" porque de la pandemia surge la necesidad de garantizar la supervivencia a la crisis económica y social que ha generado.

Según ha indicado, eso es lo que harán "mientras" el Gobierno intenta que "se muera la menos gente posible y haya los menos contagios posibles".

El responsable de Universidades contestaba así a las críticas llegadas desde partidos como PP, Vox, Ciudadanos o Junts, en el que le acusaban de haber sido un ministro "ausente" durante la crisis o de estar más a la realización del PDI que al inicio del curso académico.

UNIVERSIDAD GRATUITA

El ministro también ha recordado las reuniones que ha mantenido en estos últimos meses con comunidades autónomas y diferentes actores de la comunidad universitaria y ha destacado que, "por primera vez", un responsable de este departamento reúne a todas las agencias de calidad que tienen competencias en el país.

En la sesión, tanto la portavoz de Ciudadanos en esta materia, Marta Martín, como su homólogo de Vox, Pedro Fernández, han cuestionado algunas declaraciones anteriores del ministro, como sus críticas a que Universidades fuera separado de Ciencia e Innovación, o su intención de lograr una universidad gratuita.

Sobre esto último, Castells ha indicado que esa es la perspectiva de un Gobierno progresista y que lo que hace falta para lograrlo son unos presupuestos acordes a ello, así como aumentar los presupuestos "a quien pueda pagarlos", es decir, "quien pueda pagar más y grandes corporaciones".

Sin embargo, ha apuntado, no están "locos" y apunta que "cada medida hay que ir adecuándola a lo que políticamente es posible". En este sentido, ha recordado que hubo un acuerdo mayoritario para bajar o congelar, según las comunidades pudiesen, las tasas universitarias. Castells ha puesto como ejemplo, en este caso, a Galicia, en donde, ha explicado, no hizo falta bajarlas porque ya las tiene muy bajas.

BUSCA EL CONSENSO EN EL PDI

La representante del PP, María Jesús Moro, criticó, por su parte, el texto del PDI presentado por el Ministerio que, a su juicio, no es suficiente ni está consensuado con los actores implicados.

Castells ha respondido a esto indicando que su objetivo es "consultarlo y en la mayor medida posible consensuarlo" con la comunidad educativa y los actores sociales con los que se ha reunido estos meses. El ministro ha señalado a la diputada que el texto que se filtró a los medios es el borrado "preliminar" con el que se comenzó a trabajar.

Por otra parte, ha señalado que su departamento está impulsando la contratación de más docentes, aunque ha reconocido que las comunidades autónomas no podrán hacerla "si no es a través de un aumento de los presupuestos que se les transfieren".

Según ha indicado, esto se intentará conseguir a medio plazo, con un aumento en los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, ha reclamado, espera que los partidos en el Congreso les ayuden a aprobar. Ahora, ha indicado, el Ejecutivo trabaja con "presupuestos de austeridad" que son "contradictorios" con sus políticas.

EN DEFENSA DE LOS JÓVENES

A pregunta del representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, sobre la posibilidad de que la figura sanitaria que el protocolo incluye en las universidades, Castells ha señalado que hablará con la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), con quien tiene comunicación "fluida", para que esta función quede "más clara" fijada en los protocolos.

También ha indicado que tratará el tema con las organizaciones estudiantiles para ver qué pueden hacer ellas para "minimizar los comportamientos" inadecuados entre los jóvenes. Porque, según ha señalado el ministro, estas medidas deben tomarse "con los jóvenes" y no "contra ellos".

En este sentido, ha lamentado las informaciones que se dan sobre este colectivo como foco de contagio en los últimos meses y que, en su opinión, están "exageradas".

Según ha señalado, hay que estar atentos a todos los tramos de edad y ver cómo se controla. "Y eso no se consigue con un policía detrás de cada persona", ha declarado, antes de llamar a desarrollar la "conciencia cívica y la responsabilidad individual".

Finalmente, y cuestionado por este tema por los portavoces de Junts y ERC, Sergi Miquel e Inés Granollers, el responsable de Universidades se ha mostrado de acuerdo en devolver las competencias de becas a Cataluña, tal y como ha reclamado la justicia. Según ha indicado, la coordinación en esta materia es mucho más lenta" de lo que pensaban, pero "eso se va a hacer", ha concluido.

España ha alcanzado el 13 por ciento de protección de su superficie marina, lo que sitúa al país como uno de los más avanzados en Europa en esta materia, aunque la cifra queda aún lejos del compromiso de país de llegar al 30 por ciento de la protección de sus áreas marinas en 2030, según un estudio de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

De acuerdo con el informe, que analiza 175 proyectos marinos cofinanciados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los últimos años, España es "uno de los pocos que ha superado el 10 por ciento" que establece el Convenio de Diversidad Biológica --frente a una media mundial del 7,74 por ciento-- y trabaja ya para alcanzar el 30 por ciento de protección en 2030.

El estudio técnico analiza la gobernanza, conservación de hábitats y especies e implicación de los sectores productivos, como la pesca o el turismo en el marco de la búsqueda de una gestión eficaz y basada en la ciencia.

Además, el estudio concluye que los proyectos provocan un efecto directo en la aplicación de las normativas europeas que regulan la protección de la biodiversidad, entre las que se incluyen las directivas Hábitats, Aves, así como el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España 2011-2017.

En esta línea, apunta que también están "sólidamente alineados" con la búsqueda del "Buen Estado Ambiental en 2020" de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea.

El estudio ha analizado de manera pormenorizada el proyecto LIFE INTEMARES, que busca un cambio de modelo para lograr una gestión eficaz de los espacios marinos de la Red Natura 2000.

De acuerdo con lo definido por el Gobierno en la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, los esfuerzos se dirigen a alcanzar el 30% de protección en 2030 mediante la declaración de nuevas áreas marinas protegidas y gestionadas de forma eficaz, siguiendo la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea.

Así, un 10 por ciento de tales espacios tendrían que ser designados bajo una figura de protección integral, sin actividad ni impacto humano. Pero en España, este tipo de áreas solo supone el 0,2% de la superficie marina protegida.

El informe concluye también que solo el 6 por ciento de ese 13 por ciento de la superficie marina tiene un plan de gestión aunque solo en la mitad de las zonas se está aplicando. También refleja las carencias ecológicas y la representatividad de las áreas marinas protegidas, la conectividad y la declaración de zonas de protección integral.

El estudio analiza 175 proyectos marinos cofinanciados por la Fundación Biodiversidad a través de la convocatoria general de ayudas y el Programa pleamar, que cuenta con la contribución del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Las organizaciones beneficiarias de los proyectos son en un 50 por ciento ONG, seguidas de universidades, centros públicos de investigación y asociaciones de productores.

Las conclusiones del informe técnico, elaborado por el experto internacional en conservación marina Arturo López Ornat, servirán para abordar los retos y necesidades específicas planteadas para futuras actuaciones y contribuir así a avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en conservación marina.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avisado por vientos fuertes y por oleaje al norte y noreste peninsular y a Baleares, de modo que comenzarán este jueves por la tarde en el Cantábrico y se extenderán el viernes al noreste peninsular y a Baleares. Además, también espera vientos fuertes en el interior que estarán a su vez acompañados de lluvias localmente fuertes o persistentes.

Por ello, Protección Civil recomienda la importancia de atender a las recomendaciones de las autoridades y estar informado de la evolución meteorológica. En concreto, ante los fuertes vientos, aconseja asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección y a los conductores les aconseja extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Asimismo, insiste en la importancia de prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Por otro lado, frente a los vientos costeros recomienda a quien se encuentre en zonas marítimas que se aleje de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

Igualmente, recuerda la conveniencia de no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje puesto que el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades.

Por ello, insta a no poner en riesgo la vida al tratar de tomar imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Por otro lado, ante las lluvias intensas señala a los conductores la conveniencia de disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. En caso de tener que viajar aconseja hacerlo por carreteras principales y autovías y autopistas.

En el caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, Protección Civil recomienda tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos puesto que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

En definitiva, recuerda que cuando comience a llover de manera torrencial, se debe pensar que existe riesgo de inundación y aconseja no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona.

También insiste en que no se debe tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación y a quien se encuentre en el campo que se aleje de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar atravesar vados inundados. Del mimos modo, añade que es aconsejable dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En todo caso, concluye que dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

La Reina Letizia ha destacado la importancia de la colaboración internacional en la investigación, durante su participación en el evento internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, donde ha recordado que "compartir el conocimiento ya no es una opción sino una necesidad imperiosa".

Su Majestad la Reina ha presidido en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) un acto con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day) (WCRD 2020), en el que se ha puesto de manifiesto que la investigación colaborativa internacional es clave en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y se ha analizado el impacto de la COVID-19 en la investigación en cáncer.

Doña Letizia ha sido recibida a su llegada por el ministro el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y por el presidente de la AECC, Ramón Reyes. Ya en el interior del edificio, la Reina ha saludado al secretario general de Investigación, Rafael Rodrigo, y a la directora de Investigación de la AECC y, además, presentadora de este acto, Marta Puyol.

Tras los saludos, Su Majestad ha accedido a la sala de reuniones en la que se ha celebrado este acto virtual, que ha comenzado con un video sobre la campaña 2020 'Team Up for cáncer research'. Allí, Doña Letizia ha tomado la palabra para agradecer a la asociación la oportunidad de asistir a un debate como este, sobre el impacto de la pandemia tanto en la investigación del cáncer como en los pacientes de esta enfermedad. Ante este desafío, la Reina ha subrayado la importancia de reforzar para tener "éxito" una red internacional colaborativa de recursos de investigación.

A continuación, la presentadora ha dado paso a la directora de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Elisabete Weiderpass, quien ha hablado sobre el 'Programa de investigación e innovación (2021-2027)'. Tras esta intervención ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título "Haz un equipo para la investigación del cáncer", moderada por Nelvis Castro, directora adjunta de la oficina de Comunicaciones y Enlace Público del Instituto Nacional del Cáncer, con una primera parte para analizar los esfuerzos colaborativos en la investigación del cáncer y las iniciativas internacionales.

Han intervenido Caroline Dive, presidenta de la Asociación Europea para la Investigación del Cáncer (EACR) y directora adjunta del CRUK Manchester Institute; Andrés Cervantes, presidente de la Sociedad Europea de Oncología; y Antoni Ribas, presidente de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR).

Este debate ha tenido una segunda parte sobre el impacto de la COVID-19 en la investigación del cáncer, con participación de Satish Gopal, director del Centro de Salud Global del Instituto Nacional del Cáncer; David Kerr, profesor de oncología clínica de la Universidad de Oxford, y por Antoni Ribas.

Después de un turno abierto en el debate ha tomado la palabra para finalizar la sesión el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien ha señalado que "la COVID-19 ha paralizado la investigación oncológica en España debilitando una situación ya de por sí débil como consecuencia de la crisis del 2008".

"España es el único país que no ha recuperado la tasa de investigación tras esta crisis y es necesario llegar al mismo nivel de hace una década porque de ello depende la vida de cientos de miles de personas", ha añadido.

El director del Instituto Cervantes ha defendido este jueves 24 de septiembre en Berlín (Alemania) la diversidad lingüística de España y ha insistido en que es necesario "comprender la enorme riqueza de vivir en un país con tantas lenguas".

En un encuentro con responsables de los organismos que fomentan el gallego, el vasco y el catalán, Luis García Montero ha afirmado que las lenguas cooficiales aportan "distintas formas de vivir el mundo que nos enriquecen" tanto a los respectivos territorios donde se hablan como a toda España. Ojalá, ha destacado, esos ciudadanos "que tienen la suerte de ser bilingües, no tengan la mala suerte de dejar de serlo".

En el marco del Día Europeo de las Lenguas, García Montero ha celebrado una reunión presencial de trabajo en el Instituto Cervantes de la capital alemana con la directora general del Libro, María José Gálvez; con las directoras del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, y del Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza, y con la delegada del Institut Ramon Llull en Berlín, Sílvia González.

Todos ellos han manifestado su deseo de coordinar estrategias entre las diversas instituciones para reforzar el multilinguïsmo de España, tal como se pactó el pasado 26 de mayo en el primer acuerdo de cooperación entre el Cervantes, el Ramon Llull, el Consello y el Etxepare.

La directora del Consello da Cultura Galega ha declarado tras el encuentro de este jueves que "la diversidad lingüística y cultural está en el ADN de Europa, pues es propia de los territorios largamente habitados por pueblos que crean lenguas, que evolucionan a lo largo de milenios en culturas propias.

Rosario Álvarez ha agregado que "las instituciones aquí representadas tenemos la firme voluntad de caminar juntas para mostrar, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, la diversidad del impulso creativo de este mosaico de culturas y lenguas. El valor compartido desde las respectivas identidades, así como el respeto y aprecio mutuo, son la base de la convivencia democrática".

Por su parte, Irene Larraza ha elogiado el papel de institutos de lenguas no hegemónicas --como es el caso de Etxepare Euskal Institutua con el euskera-- para que éstas "se conozcan, se reconozcan y se utilicen para lograr que sean lenguas de pleno derecho", porque "en una Europa basada en valores, resulta imprescindible aprender a entenderse no desde la homogeneidad, sino desde la diferencia".

Para la directora del Etxepare, "no es posible crear o ampliar comunidad si no es desde el aprecio a la diversidad, en todos los ámbitos". "Las personas hablantes o representantes de lenguas minoritarias y minorizadas, podemos sin duda aportar nuestra amplia experiencia en la gestión del multilingüismo", ha insistido.

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, quiere que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aclare el próximo miércoles en el Congreso si la tramitación de los indultos para los condenados por el proceso independentista catalán es "la respuesta política que ofrece el Gobierno para la resolución del conflicto político en Cataluña".

Según la relación de preguntas registradas para la sesión de control al Gobierno en el Congreso de la semana que viene, esa es la pregunta que la dirigente independentista ha planteado para el ministro.

De esta forma, Borràs quiere intentar continuar con el titular de Justicia el debate que mantuvo con él este miércoles cuando, en respuesta a la pregunta que le planteó en el Pleno, Campo anunció que los indultos para los condenados por el 'procés' se empezarán a tramitar la semana que viene.

El Gobierno ha negado que la tramitación de la medida de gracia sea un gesto hacia los partidos independentistas y el propio Campo lo ha desvinculado de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aunque ha admitido que si contribuye a que llegue a buen puerto, le parecerá bien.

La propia Borràs reconoció este miércoles que el asunto de los indultos y de la crisis catalana no se puede desvincular de ninguna de sus negociaciones con el Gobierno, si bien insistió en que su grupo quiere ver el proyecto de cuentas públicas antes de pronunciarse sobre su posible apoyo.

INTERPELACIÓN DE PP

De su lado, el PP ha registrado para la sesión de control una interpelación con el fin de que el Gobierno evalúe su gestión política y la defensa que hace "del Estado de Derecho y del orden constitucional".

En la exposición de motivos de la iniciativa, los de Pablo Casado aluden sin citarlo expresamente al anuncio sobre la tramitación de los indultos que Campo hizo en sede parlamentaria y muestran su preocupación al respecto.

"Somos testigos de cómo las posiciones del Gobierno de España derivan a pasos agigantados hacia postulados extremos, completamente ajenos a su obligación de defender la Constitución que juraron guardar al tomar posesión de sus cargos", alerta el PP, que podrá someter a votación una moción sobre este asunto la semana de 12 de octubre.

La multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon ha informado este jueves de que ya está operativo su nuevo centro logístico de Dos Hermanas (Sevilla), el sexto centro logístico que Amazon abre en España, después de los de San Fernando de Henares (Madrid), El Prat (Barcelona), Martorelles (Barcelona), Castellbisbal (Barcelona) e Illescas (Toledo).

El centro logístico inició sus operaciones oficialmente con el envío de un primer paquete que contenía rotuladores de colores, coincidiendo con el reciente inicio del curso escolar.

"Nos hace mucha ilusión abrir nuestras puertas y empezar a dar servicio a los clientes de Amazon en España y en Europa, desde este nuevo centro robotizado, equipado con lo último en tecnología. Este es el primer centro logístico de Amazon en la comunidad de Andalucía, que complementará el servicio prestado por nuestras estaciones logísticas ubicadas en Sevilla y en Málaga. Para todo el equipo, es un orgullo contribuir a fomentar el empleo local y nuestra intención es que el número total de puestos de trabajo fijos en el centro vaya aumentando progresivamente hasta superar el millar en los próximos tres años", afirma Stefano Perego, vicepresidente de Customer Fulfillment de Amazon en Europa.

En Amazon damos un tremendo valor e importancia al bienestar, la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, colaboradores y clientes. Por ese motivo, desde los primeros días de la crisis sanitaria, nos hemos volcado plenamente para poder garantizar que los espacios de trabajo estuvieran limpios y fueran seguros y, para ello, hemos introducido más de 150 cambios importantes en nuestros procesos operativos (desde protocolos mejorados de limpieza y medidas de distanciamiento social a nuevos procedimientos, como la pulverización de desinfectante). Nuestro objetivo es priorizar la salud y la seguridad de nuestros empleados mientras dan servicio a nuestros clientes. De hecho, solo en España, hemos adquirido 6 millones de pares de guantes, más de 3 millones de mascarillas, 16 millones de unidades de toallitas desinfectantes y medio millón de botes de desinfectante de manos".

"Damos la bienvenida a la apertura oficial del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas. Su implantación en la nueva zona de desarrollo industrial Megapark, que junto con el ya consolidado Polígono la Isla constituyen la mayor extensión industrial de Andalucía, con más de 600 hectáreas, significa una apuesta por un territorio que cuenta con acceso directo a la SE-40, con conexiones al aeropuerto, a la zona portuaria y ferroviaria, con el resto de todas las direcciones viarias y, de forma directa, con la Autopista de la Nacional IV", afirma de su lado Francisco Toscano Sánchez, alcalde de Dos Hermanas.

"En los momentos de desarrollo tecnológico y logístico que vivimos, la llegada de Amazon a nuestro municipio y el espacio elegido significan un ejemplo más para la confirmación del proyecto de desarrollo solidario de Dos Hermanas para el presente y futuro de la gran Sevilla Metropolitana por la que siempre hemos trabajado", ha defendido el alcalde nazareno.

Las pruebas de ADN han confirmado que el cadáver localizado en Cabo Prioriño es el de Carlos Eduardo Juárez, el joven que desapareció en A Coruña el pasado 5 de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

En relación al cuerpo localizado, se estaba pendiente de las pruebas de ADN tras ratificarse que las ropas que llevaba se correspondían con las del joven de 22 años que faltaba de su domicilio en A Coruña.

La embarcación 'Salvamar Betelgeuse', de Salvamento Marítimo, rescató, sobre las 14,00 horas del martes, el cadáver de un hombre que flotaba a unas dos millas al oeste del Cabo Prioriño, en la entrada de la Ría de Ferrol, en las inmediaciones del puerto exterior de Caneliñas.

El avistamiento del cuerpo sin vida se produjo minutos antes, sobre las 13,20 horas, por integrantes de la tripulación del pesquero 'Primero Victoria', que comunicaron que habían localizado en esta zona un cadáver que vestía ropa negra y zapatillas blancas.

El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozabal por el asesinato en 1990 en Vizcaya del policía Ignacio Pérez Álvarez por medio de una bicicleta bomba se reanuda este viernes con el informe de conclusiones del fiscal, que inicialmente pide para ellos la pena de 30 años de prisión.

En la primera sesión de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, tanto Guisasola --que se acogió a la denominada 'vía Nanclares'-- como los otros dos acusados negaron ante el tribunal haber participado en el asesinato del policía nacional.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación provisional, que mañana anunciará si lo hace definitivo o introduce modificaciones, en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de la banda terrorista ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.

Guisasola y un cuarto, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas en nombre de la banda y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.

Achurra no está siendo juzgado por estos hechos debido a que la Fiscalía se encuentra a la espera de que se resuelva la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ha cursado a las autoridades francesas para poder formular acusación contra él.

Martin Winterkorn, expresidente del grupo automovilístico Volkswagen, deberá responder ante la justicia también por un presunto delito de manipulación de mercado relacionado con el caso del diésel, según ha comunicado este jueves el tribunal local de la ciudad alemana de Brunswick.

De esta manera, el exdirectivo será juzgado no solo por fraude sino que se le abrirá un juicio penal por informar con retraso a los accionistas sobre el caso del software que alteraba las emisiones de algunos automóviles del consorcio alemán, según informa DPA.

El tribunal señaló que Winterkorn, a pesar de tener conocimiento de la utilización de un sistema "ilegal" y del riesgo financiero "considerable" que se vislumbraba desde la primavera de 2015, "no informó a tiempo al mercado como hubiera correspondido". Por todo ello, la acusación de la Fiscalía de Brunswick ha sido aceptada.

Los fiscales también acusaron de manipulación del mercado al actual consejero delegado de Volkswagen, Herbert Diess, así como al presidente del consejo de administración de la empresa, Hans Dieter Pötsch, que en aquella época era director financiero. Sin embargo, los juicios fueron suspendidos a cambio del pago de 4,5 millones de euros cada uno.

MÁS DE 11 MILLONES DE COCHES AFECTADOS

Todo ello después de que el grupo automovilístico germano admitiese en septiembre de 2015 haber manipulado más de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo mediante la colocación de un dispositivo que alteraba las emisiones reales de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando los vehículos estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio.

En Alemania, la compañía aceptó en 2018 pagar una multa de 1.000 millones de euros porque las investigaciones de la Fiscalía determinaron que se produjeron "incumplimientos del deber de vigilancia".

Además, este mismo año Volkswagen acordó en Alemania indemnizar con hasta 6.250 euros a 200.000 propietarios de vehículos diésel, así que la empresa pagaría alrededor de 620 millones de euros por este concepto.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha recibido por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una carta en la que contesta a la entidad cinegética que no detendrá la caza con fines de control poblacional por motivo del COVID-19.

Con la misiva responde así a la anterior epístola enviada por la RFEC al departamento que dirige Luis Planas el pasado 3 de septiembre, en la que instaba al Gobierno a declarar la actividad cinegética como esencial en caso de que se decretase un nuevo estado de alarma.

En la carta, el Ministerio califica de "prioritario" asegurar que los principios de equilibrio ecológico se garanticen "incluso en las condiciones más extremas".

Así, el texto afirma que el control poblacional "es necesario" y debe hacerse compatible con "otras actividades esenciales", que garanticen una producción agroalimentaria estable y segura.

En la carta de la RFEC se insistía en la necesidad de que durante un posible estado de alarma se pueda realizar la actividad cinegética "con normalidad" y destaca la respuesta del MAPA en la que afirma que comparte "el análisis de consecuencias derivadas de un sobrecrecimiento de determinadas poblaciones animales, que es necesario evitar por razones sanitarias, económicas y medioambientales".

De este modo, indica que llegado el hipotético caso de un eventual nuevo estado de alarma, respaldaría rotundamente la "importancia de garantizar un equilibrio en las poblaciones de especies silvestres de manera activa, estable y coordinada" y valorar así el papel de los cazadores y la actividad cinegética.

En concreto, pone de ejemplo el MAMA las "importantes consecuencias económicas sobre Alemania y el conjunto de la actividad porcina europea" del reciente brote de peste porcina africana en jabalíes alemanes,`por lo que incide en que el control poblacional "es necesario" y debe hacerse compatible con "otras actividades esenciales" que garanticen una producción agroalimentaria estable y segura.

El presidente de la RFEC, Ignacio Valle, ha agradecido "la rápida respuesta" del Ministerio "y su apoyo a la actividad cinegética para mantener el equilibrio ecológico, impedir accidentes de tráfico y evitar daños agrarios".

La postura mantenida por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ante las declaraciones a medios realizadas el lunes por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha provocado una reacción encontrada entre las diferentes asociaciones de fiscales. Así, mientras que la Asociación de Fiscales (AF) critica a la Fiscal General por no reaccionar con "contundencia", la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sale en defensa de Delgado y acusa a la AF de intentar "mancillar" la imagen de la Fiscalía.

Este mismo jueves, tras el fallido Consejo Fiscal --se anuló por un positivo por Covid-19-- la AF cargaba las tintas contra Delgado por no haber reaccionado de forma "contundente" a las declaraciones de Navajas, y le reprochaba que en cuarenta años "nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la Carrera Fiscal".

La reacción de la UPF no se hacía esperar y lanzaba su propio comunicado en defensa de la fiscal general del Estado y de la FGE frente a los intentos de "mancillar" el Ministerio Público mediante la difusión de "una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad".

EL "DESCRÉDITO" DEL NOMBRAMIENTO DE DELGADO

Con el intento de "mancillar", la UPF se refería a lo que afirmaba la AF en su nota, en la que destacaba que el descrédito de la institución "nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general".

Y apuntaban que esa pérdida de crédito llegaba hasta la actualidad, cuando han tenido que sufrir "los ataques que desde la figura del número 2 de la carrera --Navajas-- se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de Dolores Delgado".

Se refería la AF a las declaraciones de Navajas realizadas este lunes en Onda Cero en las que denunció haber recibido presiones de fiscales "contaminados políticamente", de hecho afirmó que uno de ellos era la exFGE Consuelo Madrigal. El teniente fiscal enmarcó esas presiones en el proceso de estudio de las querellas contra el Gobierno por la pandemia, que finalmente fueron inadmitidas.

Ante esta complicada situación, la UPF reclamaba respeto a la institución del Ministerio Fiscal y a los valores que representa, y pedía "posicionarla por encima de cualquier interés personal o partidista". "No es admisible de ninguna manera la difusión de una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad", subrayaba.

Y en este sentido, recordaba a la AF que la institución está formada por 2.553 fiscales que cada día procuran dignificarla con "su trabajo incansable desde todos los rincones de España, trabajando en equipo y siempre con la colaboración indispensable de los compañeros y compañeras, con respeto a los principios de exclusivo sometimiento a la ley y de objetividad e imparcialidad, con absoluta honradez".

Por eso, desde la UPF demandaban que "los últimos acontecimientos han de encontrar solución interna por los cauces legalmente establecidos", recordando que "ya se ha puesto en marcha el procedimiento para ello, lo que demuestra el funcionamiento de la institución".

La Inspección Fiscal ha abierto dos pesquisas internas en relación con estos asuntos, una por las supuestas presiones de Madrigal a Navajas y otra por el artículo de opinión publicado por la antigua jefa del Ministerio Público el pasado 3 de mayo en 'El Mundo', donde critica la gestión que ha hecho Moncloa de la crisis del coronavirus.

"Es momento, por tanto, de dejar trabajar a la institución, esperar a su resolución, poner fin a la crispación que solo puede contribuir a deteriorar inmerecidamente nuestra imagen y demostrar como siempre hemos hecho, con nuestro trabajo, lo que somos, servidores públicos al servicio de la Justicia", concluía la UPF.

El líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha admitido que en su partido están "incómodos" con el Gobierno por sus anuncios sobre la reforma del delito de sedición y la tramitación de indultos para los presos del 'procés' y por su decisión de que el Rey no acuda a un acto institucional en Barcelona este viernes. Sin embargo, seguirán apostando por negociar los Presupuestos con el Ejecutivo porque su objetivo, según ha dicho, es evitar que los pacte con Esquerra y EH Bildu.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, a Carrizosa le han preguntado si a Cs le desagrada esta situación, a lo que ha contestado que están "incómodos" y "mucho".

"Es horrible. El Gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta nada, no ayudamos a su formación, no estuvimos en su investidura. Y si ahora estamos en el apoyo a los Presupuestos, es por el bien de los españoles", ha explicado.

El dirigente de Ciudadanos ha reconocido que a su partido, especialmente en Cataluña, le cuesta afrontar esta situación porque siempre se han opuesto con firmeza a los "condicionamientos del totalitarismo independentista".

NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS NO ES APOYAR AL GOBIERNO

Según ha declarado, entiende la postura de quienes, "desde el ámbito más visceral de la politización", equiparan el negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con apoyar al Ejecutivo. Pero ha dejado claro que la formación naranja está en contra de los gestos de Sánchez a los partidos independentistas y ha abogado por "deslindar" una cosa de la otra.

En su opinión, el Gobierno y sus socios "quieren modificar el modelo de Estado", pero para conseguirlo "necesitan unas mayorías (parlamentarias) que no tienen". Así que lo que van haciendo es "erosionar los fundamentos del Estado", y eso "no lo vamos a poder evitar", ha añadido.

Pero si a esto se suman unos Presupuestos donde Unidas Podemos tenga una influencia importante y que estén respaldados por Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, Carrizosa cree que la situación será aún peor.

Por ello, el partido liderado por Inés Arrimadas aspira a pactar unas cuentas públicas "razonables, que piensen en los españoles y no en las reivindicaciones de ERC y (Arnaldo) Otegi" y que puedan tener el visto bueno de las instituciones europeas.

Sobre la posibilidad de que finalmente Sánchez decida pactar los PGE con los partidos independentistas y deje de lado a Cs, el candidato a las próximas elecciones catalanas ha dicho que su formación es consciente de ese riesgo y lo asume.

"La negociación es larga y creo que por el objetivo de hacer unos Presupuestos mejores para los españoles, en los que no manden Esquerra, Bildu y Podemos sin límite ninguno, vale la pena correr este riesgo", ha argumentado, insistiendo en que al final Sánchez tendrá que elegir si pacta con Cs o con las fuerzas nacionalistas.

"Pero creo que no podemos a estas alturas romper la baraja. Están tensionando mucho el tránsito de esta negociación, pero para romper siempre estamos a tiempo", ha manifestado.

"BUENA PARTE" DEL GOBIERNO PREFIERE A Cs

A la pregunta de si Sánchez ha transmitido a Ciudadanos que estén tranquilos porque su opción preferida es negociar con ellos, Carrizosa ha respondido que no puede confirmar ni desmentir esto porque lo ignora.

Lo que sí le consta es que "buena parte" del Gobierno "está por el pacto con Cs, por separarse de las imposiciones de Podemos y por no ligarse a ERC y a Bildu", y que en el PSOE también "hay voces" que van en esa línea.

"Por eso no es imposible que, si nosotros aguantamos la tensión y seguimos trabajando por los españoles, consigamos lo que ahora nos esta costando a todos, aguantar este tránsito tan difícil que nos están poniendo", ha indicado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se han reunido este jueves telemáticamente con las consejeras y consejeros de igualdad de las CCAA para poner en marcha un "plan de cogobernanza" en las políticas de igualdad.

Durante la reunión, Montero, Vera y Rosell, junto al resto de consejeras y consejeros, han tratado temas como los cuidados y la corresponsabilidad en tiempos de COVID-19 o las experiencias de buenas prácticas para atender las necesidades de conciliación de las familias en las diferentes CCAA.

También han llevado a cabo un balance y actualización conjunta del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y la explotación sexual, así como las medidas que formarán parte de la Estrategia Nacional para la erradicación de las violencias machistas.

"Este Ministerio de Igualdad aspira a poner en marcha un plan de cogobernanza en las políticas de igualdad", ha afirmado Irene Montero, al tiempo que ha destacado que es especialmente relevante que así sea, "no solo por la cuestión competencial, sino por razones políticas de gran calado".

"Lo que les propongo es sencillo pero imprescindible: consensuar, coordinar, cooperar y cogobernar", ha planteado Montero, quien ha recalcado que esta forma "feminista" de hacer política debe convertirse en habitual.

Por su parte, Noelia Vera ha puesto como objetivo del Ministerio de Igualdad perseverar en la incidencia de la desigualdad del cuidado en el empleo. "Por eso queremos promover esa Ley de Tiempo Corresponsable, junto al Ministerio de Trabajo, que anunció la ministra y cuyos trabajos esperamos que avancen a buen ritmo", ha indicado.

Vera ha anunciado también la puesta en marcha de la elaboración de un Mapa Estatal de Cuidados, "que pueda servir de herramienta común, adaptada a las condiciones de cada autonomía o municipio".

Victoria Rosell, ha explicado por su parte, las medidas que se están preparando, en coordinación con otros ministerios, para garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista y la explotación sexual en esta fase de la pandemia.

También ha explicado la puesta en marcha del proceso de elaboración conjunto de la nueva Estrategia Nacional para Combatir las Violencias Machistas que "incluirá medidas dirigidas a combatir todas las formas de violencias de género, desde el reconocimiento de la interrelación de las violencias: las características comunes y la superposición entre todas ellas".

Para su elaboración contarán con la participación de los ministerios implicados, CCAA, entidades locales, asociaciones feministas y de mujeres y expertas. "Qqueremos establecer un sistema de cogobernanza eficaz y responsable, coordinado desde la Delegación del Gobierno, que permita alcanzar la eficacia y eficiencia máximas", ha subrayado.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha contestado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada aseguraba que había una "evidente falta de médicos y enfermeras". "Hay muchísimos", ha explicado Castells, para añadir que son "más precarios" y "cobran menos" que en otras comunidades.

Así se ha expresado en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, en donde ha acudido a informar sobre el inicio del nuevo curso académico.

Durante su intervención el ministro ha explicado que los sanitarios de Madrid tienen "trabajos más precarios", lo que les lleva a irse "a la privada", a "otras comunidades autónomas" o "al extranjero.

En este sentido, ha reconocido que los ejecutivos regionales no tienen siempre los recursos suficientes para contratar los profesionales necesarios, pero "habrá que priorizar recursos" ha declarado, antes de añadir que para el Ejecutivo la Sanidad y la Educación son prioritarias. "Lo demás viene después", ha concluido.

La Comunitat Valenciana ha registrado ocho fallecidos y 707 nuevos positivos desde la última actualización de este miércoles, así como 688 altas hospitalarias mientras 463 personas siguen ingresadas, 72 en UCI. Ninguno de los decesos se ha producido en residencias.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa, destacando la tasa de incidencia acumulada de 49,37 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunitat. "Tenemos la tasa de incidencia más baja de todo el país, pero esto no significa nada", ha subrayado.

Entre los 707 últimos casos confirmados, 308 corresponden a la provincia de Valencia, 296 a Alicante y 103 a Castellón. Dos de ellos son trabajadores de residencias, pero ninguno usuario de estos centros.

De las 463 personas ingresadas, 235 están en hospitales de la provincia de Valencia (31 en UCI), 168 en Alicante (33 en UCI) y 60 en Castellón (ocho en UCI). Las 688 nuevas altas hospitalarias se reparten entre las 359 de Valencia, las 253 de Alicante y las 76 de Castellón.

Hay casos positivos en un total de 55 residencias, 44 de ellas de mayores: 29 en Valencia, 14 en Alicante y una en Castellón. También hay confirmados en tres centros de menores (dos en Valencia y uno en Alicante) y en ocho de diversidad funcional (seis en Valencia y dos en Alicante). Bajo vigilancia activa sanitaria siguen siete residencias.

En cuanto a los brotes, la consellera ha resaltado que el 90% son de pequeña entidad, entre grupos de menos de diez personas, la mayoría en Valencia (61,3%), el 29,9% en Alicante y el 16,8% en Castellón.

Hasta el 95% de estos focos se dan en el ámbito comunitario, la mayoría de nuevo con origen social (78%), mientras que el laboral representa el 12,4%. Por edades, el 31,7% afecta a personas de 15-34 años y el 40% entre los grupos de 35-64.

Desde el fin del estado de alarma se han realizado casi 640.000 pruebas diagnósticas en la Comunitat, un 152% más que en el periodo anterior. De las 1,57 millones de pruebas practicadas desde marzo, solo el 8% son positivas. Y desde finales de mayo, el 40% de casos detectados corresponden a personas asintomáticas.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este jueves una propuesta del PP para pedir la creación de una comisión interministerial para estudiar los efectos sobre Ceuta y Melilla de las "acciones unilaterales" de Marruecos, como el cierre de la aduana de Beni Enzar y tomar medidas al respecto.

La propuesta solo ha tenido el apoyo de Vox y Ciudadanos. Estos tres grupos también pedían que la UE estudiase, previo acuerdo de ambas ciudades, incorporarlas a la Unión Aduanera.

La socialista Gemma Araujo ha respondido que los problemas son más profundos y tienen que ver con la "dejadez" de los gobiernos del PP en ambas ciudades y, en todo caso, ha recalcado que conforme al Estado autonómico esa no es una propuesta para la Comisión de Exteriores.

La Comisión sí ha aprobado este jueves una serie de proposiciones no de ley (PNL) sobre en las que se apuesta por la cooperación global para una vacuna accesible contra el COVID-19, se reclaman medidas internacionales contra el racismo y se piden políticas de apoyo a la juventud en el marco de la pandemia.

La PNL relativa a la vacuna ha salido adelante con el voto en contra de Podemos porque su proponente, la diputada Marta Martín de Ciudadanos, no aceptó su enmienda de "mejora técnica". El texto final insta a "detallar la participación de centros de investigación y profesionales científicos españoles en los esfuerzos internacionales" para la vacuna y la financiación pública dedicada.

También pide defender en la ONU la necesidad de que se respete el carácter de bien público global de la futura vacuna de forma que sea accesible para todos, apoyar los esfuerzos del sector privado español, presentar a las Cortes un plan para garantizar la adquisición de la futura vacuna y su distribución entre la población española con especial atención a los más vulnerables y pedir a la ONU una estrategia antivacunas.

En cambio, de la PNL contra el racismo quien se ha descolgado ha sido Vox porque no se han aceptado sus enmiendas para eliminar aspectos que consideraba repetitivas, aunque el diputado Alberto Asarta ha recalcado que Vox está "en contra de cualquier tipo de discriminación por género, raza o credo y de toda la violencia venga de donde venga".

El PP ha optado por apoyarla pese a que el PSOE no ha aceptado su enmienda para pedir esfuerzos que separen el antirracismo de las críticas al legado español en América. El socialista Sergio Gutiérrez ha rechazado todas las enmiendas presentadas para intentar que ningún grupo se excluyera.

Así, el Congreso ha pedido a la comunidad internacional "medidas decididas para atajar el racismo y las desigualdades estructurales existentes", pedir un debate de urgencia en el seno del Consejo de los Derechos Humanos --que ya se ha celebrado--, apoyar la petición de la Eurocámara de una cumbre europea contra la discriminación, reclamar la Directiva horizontal de no discriminación que lleva bloqueada desde 2008 y apoyar campañas de concienciación europea.

Por último, se ha aprobado con el solo rechazo de Vox otra PNL del PSOE para impulsar políticas en favor de la juventud en el marco de la pandemia. Vox ha alegado que incluía puntos que eran más para la Comisión de Cooperación y que la multilateralidad es un instrumento poco efectivo y poco transparente.

Castilla y León y otras autonomías han solicitado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que su departamento lidere el cierre de prostíbulos en toda España, ante la imposibilidad de hacerlo los distintos gobiernos autonómicos con la actual legislación.

La petición es una de las que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y sus homólogos en otras autonomías han trasladado a Montero durante la videoconferencia mantenida esta mañana y en la que, entre otros asuntos, se han abordado cuestiones como la prostitución, la violencia de género y políticas de conciliación y corresponsabilidad.

Blanco, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoce que muchas CCAA, la práctica totalidad de las que se postularon a favor del cierre de prostíbulos, han reconocido las dificultades para acometer esta medida debido a la actual legislación.

De hecho, la consejera recuerda que en Castilla y León que aquellos negocios con licencia de locales de copas y ocio ya fueron cerrados, si bien el problema, tal y como han puesto de manifiesto las asociaciones dedicadas a atender a las mujeres objeto de explotación sexual, radica en que tras la clausura de esos negocios las prostitutas son trasladadas a pisos donde siguen realizando esta actividad e incluso la realizan a domicilio, "y además desaparecen de la red de ayuda que prestan estos colectivos".

Por eso, las distintas CCAA, entre ellas Castilla y León, han demandado a Montero una ley integral que actúe para poner fin a esta actividad, si bien Montero ha advertido de que se están realizando una serie de reformas sobre el proxenetismo. "Sin embargo, nosotros entendemos que hay que dar un paso y liderar el cierre de los prostíbulos".

Durante el encuentro, la ministra ha aprovechado para presentar una macroencuesta sobre violencia de género y para anunciar que se está tramitando una serie de modificaciones de la Ley de Protección Integral de Libertad Sexual, con especial preocupación ante las dificultades de las afectadas de acercarse a las administraciones.

ACERCAR LAS VÍCTIMAS AL SISTEMA

En este sentido, la consejera ha recordado a la ministra el modelo de 'Violencia de Género Objetivo Cero' en el que los Centros de Acción Social (CEAS) se han convertido en la puerta de acceso al sistema de las víctimas de esta lacra. "La ministra quiere articular mecanismos para facilitar su acceso al sistema, pero nosotros también queremos facilitar su salida a fin de que se reincorporen a la sociedad y puedan tener una vida normalizada", ha puntualizado Blanco.

La titular de Familia ha recordado igualmente que Castilla y León fue pionera en esta materia al ser la primera en incorporar en la Ley de Violencia de Género la trata como explotación sexual, así como el referido modelo 'Objetivo Cero' y la puesta en marcha de una red social, atendiendo a las peculiaridades derivadas de la extensión de la Comunidad y la existencia de núcleos de población muy pequeños, para facilitar la presentación de denuncias.

Los participantes en el encuentro también ha analizado la puesta en marcha de medidas de conciliación y corresponsabilidad, las primeras centradas en la mujer y las segundas en la familia, algo en lo que, como así ha subrayado Blanco, viene trabajando desde hace tiempo Castilla y León con la puesta en marcha de programas tales como 'Conciliamos', 'Crecemos' o la extensión de ayudas para la reducción de la jornada laboral o excedencias para aquellos padres que han de cuidar a menores por confinamiento.

A este respecto, la consejera se ha felicitado del carácter pionero del 'Cheque-Servicio' y las 'Ayudas a Domicilio', si bien ha aprovechado el encuentro para demandar de la Administración central más fondos con los que poder afrontar este tipo de iniciativas.

La Consejería de Salud ha confirmado un centenar de casos positivos por la covid-19 diagnosticados este miércoles. Todos los afectados, excepto tres que han sido hospitalizados, están asintomáticos o presentan síntomas leves de la enfermedad y permanecen aislados en su domicilio. Los epidemiólogos continúan con las investigaciones para determinar la vinculación de todos los casos detectados.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, cuatro personas que habían sido diagnosticadas en días anteriores fueron ingresadas este miércoles en el hospital. No se registraron nuevos ingresos en UCI ni fallecimientos por coronavirus.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) realizó ayer 3.640 pruebas PCR, cuyos resultados sitúan la tasa de positividad en el 2,74%.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica constata una incidencia acumulada más alta que la media de Asturias en los tres concejos del valle del Nalón que están en alerta naranja, así como una "tendencia creciente" de la afectación entre sus habitantes.

La media regional de incidencia acumulada en la última semana se sitúa en 58,4 por cien mil habitantes, mientras que en Laviana se eleva a ocho veces más y en Langreo y San Martín del Rey Aurelio a dos veces más en el mismo periodo.

Al menos durante los próximos 14 días naturales, el Ejecutivo recomienda en estos concejos la cancelación o aplazamiento de actividades que no sean imprescindibles hasta que mejore la situación epidemiológica. También se aconseja a la ciudadanía limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y las reuniones a un máximo de seis personas, priorizando el uso de espacios al aire libre frente a los interiores.

Por otra parte, se prohíbe el consumo en barra en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas. Además, en las mesas o agrupaciones de mesas se restringe su uso a un máximo de seis personas.

Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a usar correctamente la mascarilla, así como a lavar frecuente las manos con agua y jabón y mantener una distancia interpersonal de seguridad de, al menos, un metro y medio, con personas con las que no se convive para evitar la trasmisión del virus.

El coronavirus se ha cobrado la vida de seis personas en las últimas 24 horas en Extremadura, donde el número de positivos se ha situado en 190 y los nuevos brotes ascienden a ocho.

Los fallecidos son un varón de 80 años de Capilla, sin relación con brote y que llevaba ingresado el pasado día 22, y una mujer de 90 años de los pisos tutelados de Cabeza del Buey, que ingresó el pasado día 21. En el Área de Salud de Badajoz se ha notificado un fallecido, un varón de 57 años con patologías previas que ingresó el 31 de agosto.

En Cáceres hay otros dos fallecidos, un varón que ingresó el pasado día 22 y una mujer que llevaba ingresada desde el pasado día 6, ambos de 89 años, mientras que en Mérida ha fallecido una mujer de 95 años de la residencia El Prado que ingresó el pasado día 22.

De esta forma, el número total de fallecidos en la región alcanza los 570 desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de pacientes que se han curado se eleva a 6.864, tras sumar 166 altas en la última jornada.

Desde el miércoles se han registrado 190 casos positivos confirmados por PCR, mientras que la Dirección General de Salud Pública ha detectado 492 casos sospechosos y se han descartado 386. En los hospitales extremeños hay 195 personas ingresadas tras sumar 21 en las últimas 24 horas, mientras que en las UCI hay 16 pacientes, uno más que en la jornada anterior.

Por otra parte, se han declarado ocho brotes, uno en Montijo (7 positivos y 4 contactos; uno en Malpartida de Cáceres (4 positivos y 8 contactos); uno en Herguijuela (3 positivos y 5 contactos); tres en la ciudad de Cáceres (4 positivos y 0 contactos; 3 positivos y 7 contactos; 3 positivos y 7 contactos); uno en Arroyo de la Luz (3 positivos y 18 contactos); y uno en Serradilla, con 7 positivos y 59 contactos). Asimismo, se han cerrado dos brotes en la ciudad de Badajoz, los números 96 y 11.

En cuanto a la situación por áreas de salud, en la de Badajoz se han detectado 148 casos sospechosos y se han descartado 48, mientras que se han notificado 26 casos positivos confirmados. En el área hay 20 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 37 fallecidos y se han curado 1.244 pacientes.

En el área de Cáceres se han notificado 145 casos sospechosos y se ha descartado 163. Declara 36 casos positivos y tiene 68 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 283 personas y se han dado 2.187 altas.

El Área de Salud de Mérida notifica 35 casos sospechosos y descarta 52. Tiene 23 positivos confirmados, hay 30 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. En total ha registrado 34 fallecidos y ha dado 756 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia detecta 41 casos sospechosos y ha descartado 24. Notifica 26 casos positivos, tiene siete pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 80 víctimas mortales y hay 779 pacientes curados.

En Don Benito-Villanueva de la Serena se han detectado 57 casos sospechosos y se han descartado 55. Notifica 23 casos positivos, tiene 49 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 39 fallecidos y tiene 868 altas.

A su vez, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 17 casos sospechosos y descarta uno, mientras que notifica 17 casos positivos y tiene dos pacientes ingresados. Acumula 60 personas fallecidas y 576 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria notifica 17 casos sospechosos y ha descartado 34. Registra 25 casos positivos, tiene cinco pacientes ingresados y acumula 23 víctimas mortales y 245 pacientes que han recibido el alta.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 32 casos sospechosos y ha descartado nueve. Registra 32 casos positivos, tiene 14 pacientes hospitalizados y han fallecido 14 personas desde el comienzo de la pandemia y 209 pacientes han superado la enfermedad.

El sector del transporte ha señalado el papel "esencial" que jugarán los gases renovables en la descarbonización de la aquellos tipos de movilidad en los que la electrificación no es la respuesta, como es el caso del transporte de mercancías, el transporte pesado, el marítimo y la aviación.

Así lo han señalado diferentes expertos del sector en la cumbre 'Green Gas Mobility' organizada por la asociación ibérica que fomenta el uso del gas natural y el gas renovable, Gasnam.

La última jornada de este evento ha sido inaugurada por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien ha subrayado la importancia de los gases renovables en la movilidad y sus beneficios sociales en términos de penetración de energías renovables, de gestión de la demanda, de reducción de la dependencia exterior, de refuerzo de la economía circular y también en términos de generación de empleo.

Según Gasnam, las grandes instalaciones de producción de hidrógeno 'verde' permitirán aplicar economías de escala y facilitar el acceso a esta energía a todos los sectores de difícil electrificación.

En este sentido, el director de Innovación y Nuevas Energías de Enagás, Jesús Gil, ha asegurado que desde el año 2011 se inyecta biogás en la red de gas natural en España, aunque en volúmenes "pequeños".

En este sentido, los expertos han afirmado que una de las principales barreras a las que se enfrenta el desarrollo de esta tecnología es la falta de una certificación de origen para el gas producido de forma sostenible sobre la que incentivar la producción y la demanda, por lo que han pedido que se establezca.

Según ellos, contar con un certificado facilitaría a los productores conseguir financiación para crear instalaciones de gasificación y aumentaría la demanda de gas de origen 'verde', ya que ofrecería una forma de reducir su huella de carbono a compañías de sectores como el transporte y la logística.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con el apoyo del PSOE, un texto de Unidas Podemos sobre políticas de derechos humanos en el marco de la pandemia, en el que se ha incluido una enmienda de ERC que su portavoz, Marta Rosique, ha justificado por la situación de sus "compañeros que son presos políticos".

"Ahora que tenían ciertos derechos se les ha vulnerado de manera absoluta y de forma maléfica y terrible", ha dicho, aludiendo a la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de impedir a los condenados por el 1-O confinarse en sus casas. "Es un doble confinamiento", ha añadido, recalcando que la enmienda era imprescindible para su grupo.

El texto de la Proposición no de Ley (PNL) aprobada no menciona la situación de Cataluña ni de los condenados por el 1-O, sino que habla de "promover que el cumplimiento de penas de privación de libertad" respete las medidas sanitarias y, al mismo tiempo", "las condiciones de vida dignas y los derechos penitenciarios incluyendo los derechos salida de los centros y de realización de actividades dentro y fuera de los módulos".

Todo ello, añade, "priorizando en todo caso el cumplimiento de penas por medio de medidas alternativas a la privación de libertad" como han recomendado organismos de la ONU.

El documento original se refería a "países donde no se cumplan las condiciones mínimas de salubridad y haya un alto riesgo de contagios" --se trata de la Comisión de Exteriores-- y pedía "sumarse a la petición humanitaria de medidas alternativas a la privación de libertad de las personas presas en esos países.

En su turno de explicación, la socialista Susana Sumelzo se ha limitado a hacer un repaso general de la PNL y ha dicho que el PSOE apoya el "espíritu" de apostar por el multilateralismo ante los retos colectivos y quería dejar claro "quién está por el multilateralismo y quién por el conflicto".

En cambio, la 'popular' Teresa Jiménez Becerril ha advertido de que los organismos internacionales no piden la "excarcelación de terroristas" y ha advertido a Podemos de que si su idea de gobernanza internacional es la de Venezuela o la de Irán no pueden contar con el PP. Desde Vox, Alberto Asarta ha reprochado que presente un texto sobre derechos humanos un partido "responsable de cercenar" hasta 11 derechos fundamentales durante el estado de alarma.

Junto al capítulo penitenciario, la PNL pide promover en la UE treguas en los actuales conflictos bélicos, levantar las sanciones a los países para que puedna combatir la pandemia, pedir en la UE medidas específicas de protección de los migrantes frente al Covid y una política migratoria que respete los derechos humanos, promover que los gobiernos que actúan contra los derechos humanos reviertan sus acciones, impulsar la reestructuración de la deuda de los países menos avanzados y de renta media y un sistema de gobernanza multilateral.

Una proposición no de ley (PNL) contra la represión en Bielorrusia y apostando un diálogo que sirva para celebrar nuevas elecciones, tras un debate en el que los portavoces independentistas han dicho que también ha habido "abusos policiales" en Cataluña.

"Lo que se ve en Minsk lo vimos hace tres años en las calles de Barcelona", ha dicho el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu. La de Junts, Mariona Illamola, ha afirmado que el texto es aplicable a la situación de Cataluña y por ERC Joan Josep Nuet se ha sumado a las peticiones de autocrítica.

El portavoz socialista, Héctor Gómez, que ha defendido la PNL, había argumentado en cambio que España como "país ejemplar" no puede tolerar situaciones como la de Bielorrusia.

A los independentistas les ha contestado en su turno el 'popular' Alberto Casero, advirtiéndoles de que en Bielorrusia no podrían ni sentarse en el Parlamento, como cualquiera "que no piense como el presidente".

UNIDAS PODEMOS NO VOTA CON EL PSOE

Finalmente, los tres partidos independentistas se han abstenido en la votación del texto, al igual que el Grupo Confederal de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Antón Gómez Reino, se ha mostrado "muy preocupado" por los derechos humanos en este país, pero ha pedido a la UE que aprenda de sus "errores" como fue el caso de Ucrania, que desarrolle una política exterior independiente de Estados Unidos y que no opte por sanciones, sino por respetar la soberanía bielorrusa.

El texto, apoyado por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, tiene en cuenta que la UE ha rechazado reconocer el nuevo mandato de Lukashenko, surgido de las elecciones del 9 de agosto que considera fraudulentas y pide al Gobierno que exija junto a la UE que se garantice el derecho de manifestación, la liberación de los detenidos ilegalmente, el fin de los abusos, su investigación y la reparación de las víctimas.

También pide diálogo para un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales. A propuesta de Ciudadanos, se apoya que la oposición bielorrusa reciba el premio Sajarov de Derechos Humanos 2020 que concede la Eurocámara.

Junto a la PNL, la Comisión de Exteriores ha dado trámite a la ratificación de un convenio para prevenir la doble imposición entre España y Bielorrusia, junto a otros cinco convenios internacionales.

La sesión, en la que se han debatido nueve PNL, ha estado salpicada de rifirrafes sobre la existencia o no de "presos políticos" en España, con frecuentes alusiones de los portavoces independentistas.

EXAMEN PERIÓDICO DE DERECHOS HUMANOS

El rifirrafe entre independentistas y constitucionalistas sobre la existencia o no de "presos políticos" ha surgido también en el debate de una PNL de ERC para reclamar al Gobierno que acepte todas las recomendaciones que le hicieron otros países en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"No hay delitos de tipo político en España, en el EPU no hay ninguna recomendación sobre despenalizar delitos políticos porque no existen, ha dicho el socialista Marc Lamuà, que ha afeado a Marta Rosique (ERC) que le cueste aceptar que el Gobierno ha aceptado más del 90 por ciento de esas recomendaciones.

El diputado del PSC también le ha advertido contra algunas de esas recomendaciones: una de Pakistán contra la regulación de lugares de culto en Cataluña que hizo en su día el tripartito y otra de Islas Salomón contra la obligatoriedad de la educación convencional que, a su juicio abriría la puerta al pin parental.

Finalmente, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos se ha aprobado una enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a comprometerse a dar seguimiento a las recomendaciones, con indicadores del grado de cumplimiento y a implicar al Congreso en ese seguimiento, incluyendo una explicación a la Comisión de por qué algunas no se han aceptado.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; la secretaria general de la Consejería de Igualdad y Portavocía, Antonia Polo, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras, han participado este jueves, mediante videoconferencia, en la sectorial convocada por el Ministerio de Igualdad en la que se han abordado las medidas de lucha contra la Violencia de Género, el plan de contingencia contra la trata y la explotación sexual y el Ingreso Mínimo Vital, entre otros asuntos.

Durante la reunión, han trasladado al ministerio las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, con el fin de "fomentar la igualdad de género en todos los ámbitos y conseguir la revitalización demográfica en la región".

Además, y según han puesto de manifiesto en este encuentro, desde el IMEX se está trabajando en la elaboración de un estudio diagnóstico acerca de la Conciliación, Corresponsabilidad y Brecha Salarial en Extremadura.

Esto supone el primer paso para la puesta en marcha de la Estrategia de Conciliación y Corresponsabilidad y la Estrategia de Igualdad Salarial y Laboral, actuaciones enmarcadas dentro de la Mesa de Igualdad de Género del Pacto para la Concertación Social de Extremadura, según informa el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por otro lado, la directora del IMEX, Estela Contreras, ha resaltado que Extremadura cuenta a día de hoy con un Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual para "garantizar la atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y en contextos de prostitución", ha explicado.

Asimismo, ha trasladado que el Gobierno regional está trabajando en el desarrollo de medidas adicionales dirigidas a mujeres víctimas de la trata y de la prostitución, junto a organizaciones y entidades privadas, a través de la comisión técnica puesta en marcha por el IMEX, tras la decisión del Consejo de Gobierno de decretar el cierre de los prostíbulos en la región.

Según señala, esta comisión técnica tiene como objetivo la implantación de un Plan de Recuperación Integral que permita garantizar los derechos de las mujeres víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, y dentro de las líneas estratégicas de actuación, se está trabajando en la recopilación de datos que permitan diseñar un mapa regional de recursos tanto del ámbito público como del privado.

Por último, Estela Contreras ha destacado que, desde el año 2008, Extremadura cuenta con una "amplia y profesionalizada" red de atención a víctimas de violencia de género distribuida por todo el territorio y compuesta por los dispositivos públicos de emergencia y de atención especializada a las víctimas de dicha violencia.

Las parafarmacias de gran distribución y las tiendas 'on line', los principales competidores de la farmacia, según ha puesto de manifiesto el estudio 'Farma Shopper Post-Covid', del que también se desprende que existen diferencias entre quienes compran solo en farmacia física, donde la principal alternativa son la parafarmacia de gran distribución y Mercadona (20%), y los compradores 'on line', cuya alternativa serían las tiendas 'on line' (35%), parafarmacia de gran distribución (27%) y a pie de calle (20%).

Por generaciones, los 'millennials' compran en tiendas 'on line' (25%) Mercadona o parafarmacias de gran distribución (23% en ambos casos). En el caso de los 'Baby Boomers', lo más destacable es que acuden a comprar a El Corte Inglés (19%) como segunda opción, solo por detrás de las parafarmacias de gran distribución (21%).

Cabe señalar que las farmacias, según una encuesta realizada por Shoppertec a principios de este año a más de 1000 farmacias, perciben como sus principales competidores a las tiendas online (41%), más concretamente las parafarmacias online (22%), seguidas por Amazon (19%), seguidos por Mercadona (7,2%).

En cuanto a la elección de cada canal por parte del comprador, hay distintos motivos que les impulsan a acudir a comprar a cada uno de ellos. Quien acude a las Farmacias lo hacen, además de por la cercanía a casa (51%), por la confianza y credibilidad (45%) que les aporta la farmacia, por el trato personal recibido (42%), y por el asesoramiento sobre los productos que le aporta el farmacéutico (37%).

En el caso de las tiendas 'on line', la comodidad (55%) y los precios (54%) son el factor determinante, así como las ofertas (46%) y la variedad de productos (40%). Los supermercados también son escogidos por su proximidad a la vivienda (47%), y por sus precios (44%), así como por la variedad de productos (37%) y las ofertas (34%).

El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha afirmado que su formación dialogará con el Gobierno central para abordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el fin de "responder" al archipiélago, que necesita un tratamiento "singular", así como con la voluntad de consenso para sacar una ley estatal que sirva para comenzar a remontar la crisis del coronavirus.

En este sentido, Campos valoró la predisposición demostrada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si bien añadió que el territorio "más castigado" de España, como "demuestran los datos sociales y económicos objetivos", necesita de un tratamiento "singular", complementado con el cumplimiento de las nuevas leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Asimismo, Campos consideró que Montero expuso este miércoles, en el Congreso de los Diputados, un "espíritu de colaboración valorable, que no puede quedarse en la fase de entender la situación porque el problema es muy grave", según informó NC en nota de prensa.

Añadió que el que Montero haya dicho que cuando tenga el núcleo fundamental del proyecto de ley presupuestario para el próximo año estará "en condiciones de hablar" con NC "para ver cuáles son los requerimientos", entiende que abre un "espacio para el diálogo", siendo conscientes de la necesidad de superar los prorrogados desde 2018 porque la pandemia exige otras medidas para el Estado, así como "respuestas singulares, adaptadas al enorme daño" de la crisis en las islas.

Canarias, dijo, concentra el 10 por ciento de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) de todo el Estado, "cuando sólo representa el 4 por ciento de la población del conjunto estatal, y la caída del Producto Interior Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2020 es de 14 puntos más que la media estatal".

A ello, sumó las previsiones de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias que en el comienzo de la elaboración de los presupuestos regionales para el próximo año prevé "1.000 millones de euros menos de ingresos", mientras que la disminución de las entradas de los tributos propios será de unos 450 millones de euros respecto a los presupuestos iniciales de 2020 y la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica --el 72% de los ingresos de la comunidad--, "son esenciales", por lo que de "no actualizarse la pérdida ronda los 600 millones de euros".

Por último, apuntó que si el Consejo de Ministros de la próxima semana despeja el objetivo de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto) se buscará que el Gobierno central satisfaga la deuda pendiente desde 2018 de los 500 millones de euros de la sentencia del convenio de carreteras, ganada por Canarias al Estado en el Supremo, así como la autorización del endeudamiento a largo plazo para ser empleada en el caso de que no se actualice la financiación autonómica.

"Podemos formar parte de la mayoría imprescindible para aprobar los PGE de 2021 pero nuestros derechos y el tremendo impacto de la crisis exigen medidas diferenciadas para el archipiélago", apuntilló para incluir también la distribución de los 140.000 millones de euros que recibirá el Estado del fondo para la recuperación de la Unión Europea.

Ferrovial ha lanzado una emisión de bonos por valor de 622 millones de dólares (557 millones de euros) a través del consorcio LBJ, en el que está presente su filial Cintra, con el objetivo de refinanciar la autopista Lyndon B.Johnson, ubicada en el Estado de Texas, en Estados Unidos.

El grupo que preside Rafael del Pino asegura que la operación "ha tenido una gran acogida por parte de los inversores", por lo que le permitirá avanzar en su estrategia de reducir los costes de financiación y maximizar la eficiencia de las estructuras financieras de sus activos.

En concreto, Ferrovial destinará los fondos obtenidos con la operación a refinanciar completamente el bono exento de impuestos emitido en 2010. La operación ha consistido en una emisión de bonos exenta de impuestos por 537,5 millones de dólares y otra de bonos gravables por valor de 7 millones de dólares.

La LBJ Express es una autopista de peaje dinámico con más de 2.200 millones de euros de inversión gestionada. Con una longitud de 21,4 kilómetros, está ubicada en la zona metropolitana de Dallas y su plazo de concesión se extiende hasta 2061.

Esta autopista incrementa la capacidad de circulación de la antigua LBJ, una de las más saturadas de Estados Unidos, con seis nuevas vías de peaje en el segmento I635, así como cuatro en el tramo I-35.

Ferrovial, a través de su filial Cintra, con una participación del 54,6%, lidera el consorcio que se adjudicó la construcción, mantenimiento y gestión del activo, gestionando cerca de 1.474 kilómetros de autopistas, repartidos en 23 concesiones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Colombia.

La Asociación de Fiscales (AF) ha cargado este jueves contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por no haber reaccionado de forma "contundente" a las declaraciones a medios del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y le reprochan que en cuarenta años "nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la Carrera Fiscal".

En un comunicado de la AF, se apunta además que ese descrédito "nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general". Y apuntan que llega hasta la actualidad, cuando han tenido que sufrir "los ataques que desde la figura del número 2 de la carrera --Navajas-- se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de Dolores Delgado".

"Consideramos intolerable que la fiscal general del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del teniente fiscal, que ampare a los fiscales afectados --por las críticas-- e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones", explican.

De esta manera, la AF responde a las declaraciones de Navajas realizadas este lunes en Onda Cero en las que denunció haber recibido presiones de fiscales "contaminados políticamente", de hecho afirmó que uno de ellos era Consuelo Madrigal. El teniente fiscal enmarcó esas presiones en el proceso de estudio de las querellas contra el Gobierno por la pandemia, que finalmente fueron inadmitidas.

La AF concluye que Navajas "descalificó" a sus compañeros de carrera. En este sentido, desde la AF apuntan que faltó a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo "al poner en entredicho su buen hacer en uno de los juicios más importantes de la democracia española" --el procés independentista catalán-- e "imputándoles supuestas presiones sobre su persona, nunca denunciadas por él y sin la menor corroboración objetiva".

También denuncian que descalificó a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, "a quienes atribuyó filtraciones del contenido de las causas judiciales, llegando a atacar y lesionar el honor y la presunción de inocencia de uno de sus miembros".

EL ESCRITO DE LOS VOCALES DE LA AF A DELGADO

Por eso, y dado que consideran que Delgado no ha actuado con contundencia, inciden en que la AF "no permanecerá callada y se encontrará siempre al lado de los fiscales", sin que el miedo les impida "continuar denunciando cualquier ataque contra el prestigio de la institución y sus miembros".

Por otro lado, los vocales de la AF en el Consejo Fiscal han remitido un escrito a Delgado para trasladar el ruego y preguntas que tenía preparada para la reunión del órgano consultor de la fiscal general que se iba a celebrar este miércoles y se suspendió por un posible contacto con un positivo por covid-19.

La cuestión se iba a centrar en las manifestaciones públicas del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Según indican en el escrito los fiscales, se trata de un asunto que "no tiene espera, por la relevancia que el asunto tiene para la institución y la Carrera, y por motivar honda preocupación en los fiscales".

INFORME SOBRE DILIGENCIAS A MADRIGAL

En este sentido, solicitan a Delgado que informe sobre las diligencias que se han abierto a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, después de que Navajas la apuntara como una de las personas que trató de presionarle. Pero también piden conocer si la fiscal general va a adoptar alguna*medida con relación a las declaraciones del teniente fiscal debido a la "repercusión" y a la "grave*relevancia" que suponen.

Los representantes de la AF en el Consejo Fiscal, que resaltan la "alta consideración" que merece Navajas tras "cuarenta años de servicio a la Justicia", entienden que las supuestas presiones denunciadas "ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal y la honorabilidad de concretos miembros de la Carrera Fiscal, con grave perjuicio para la imagen pública de la Institución".

Añaden que estas declaraciones no sólo arrojan dudas sobre la "independencia" y la honorabilidad de Madrigal y de otro compañero, sino que vienen a "confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política" de Ministerio Público, pues parece hacerse referencia a que los fiscales actúan "en virtud de sus convicciones ideológicas en lugar de sometidos, como es su obligación, a la Constitución y el imperio de la ley".

Por último, los vocales también lamentan que Navajas haya "descalificado" a la Junta de Fiscales de Sala al referirse a ella como "'tropa' con la que no puede ir a la guerra".