El hombre buscado por presuntamente rociar el pasado martes a dos jóvenes –una de ellas su exnovia– en el municipio malagueño de Cártama, causando heridas de gravedad a ambas, tiene sentencias condenatorias firmes por delitos de tráfico y también una condena por agredir y lesionar a un policía nacional.

Así, le consta una condena, dictada por el Juzgado de lo Penal 6 de Málaga en 2018, por atentado contra la autoridad y lesiones, imponiéndole la pena de tres años de cárcel. Por este caso, está en busca y captura e ingreso en prisión desde enero de 2020, según han confirmado fuentes judiciales.

Los hechos sucedieron, según la sentencia en enero de 2015 dentro de una discoteca de la localidad malagueña de Mijas, mientras los agentes de la Policía Nacional estaban realizando labores de protección de una víctima de violencia de género.

En ese momento, dice la resolución, localizaron a la persona que se encontraban buscando que resultó ser el acusado y le solicitan que se identifique, contestando este «con amenazas de muerte» y además azuzando al resto de personas «contra la actuación de los agentes, con ánimo de menoscabar la integridad de estos».

Entonces, le «propinó un puñetazo en el ojo» a uno de ellos, «dejándole aturdido, circunstancia aprovechada por el acusado para seguir agrediendo al agente, siendo reducido por el resto de los policías». Dicho funcionario resultó herido y precisó una asistencia facultativa.

Según el magistrado, en este caso concurren todos los elementos del delito de atentado a la autoridad, al considerar probado que llegó a agredir a uno de los agentes «de forma directa». Asimismo, se rechaza las explicaciones del acusado de que todo fue una confusión, siendo él el agredido.

Además, en la sentencia se entiende que existió «una intención de atentar contra agentes de la autoridad, siendo evidente que el acusado conocía de la condición de agentes de la autoridad de quienes le requerían para que depusiera su actitud». Los agentes señalaron que en ese momento el acusado estaba «muy violento y agresivo».

Según señalaron los agentes, el acusado «se volvió muy agresivo y con un tono chulesco y provocativo les amenazó con matarles, añadiendo que tenía capacidad económica y que le daba todo igual»; una actitud que rechazó el procesado, aunque su declaración «no ofreció credibilidad, pues si realmente hubiera existido una actuación policial desproporcionada no presentó prueba».

Al hombre buscado por su presunta relación con la agresión a su exnovia le constan condenan en sentencias firmes por conducir sin carné en al menos cinco casos, resoluciones dictadas en 2013, 2014, 2016 y 2015; además de haber estado investigado por otros delitos contra la seguridad vial.

Esta pasada noche ha protagonizado una persecución por parte de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde la localidad de Casabermeja a la de Mijas, donde ha sido localizado el vehículo.

Además, tiene fijado para este mes de enero un juicio por maltrato respecto a una expareja y tiene una orden de busca y captura por estos hechos, ocurridos en 2016, en una discoteca, donde supuestamente golpeó y arrastró a una expareja, con la que tiene un hijo en común. A raíz de esto, se dictó una orden de alejamiento de la víctima que aún permanece vigente.

Su historial cuenta también con investigaciones por delitos de maltrato, amenazas y tráfico de drogas, estando pendiente también de juicios por robo con fuerza e intimidación en casa habitada y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos.

Por otra parte, las dos jóvenes que resultaron heridas siguen ingresadas, estando una de ellas –la exnovia del hombre buscado por esta agresión– muy grave y la otra estable dentro de la gravedad, según han informado fuentes sanitarias.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha defendido que las comunidades autónomas «están vacunando a buen ritmo casi en todos los sitios», pese a que apenas han administrado el 52,7 por ciento de las dosis distribuidas contra el COVID-19: 581.638 de 1.103.700, según datos aportados ayer por el Ministerio de Sanidad.

«Creo que se está vacunando a buen ritmo casi en todos los sitios. Tenemos utilizadas más de la mitad de las dosis. Teniendo en cuenta que el lunes llegaron más de 300.000 más, ese 50 por ciento dentro de pocos días será mucho más. Estamos a un nivel bastante alto en Europa, equivalente al resto de países e incluso muy por encima de algunos», ha comentado en declaraciones a los medios tras visitar el Real Jardín Botánico de Madrid para valorar los daños causados por el temporal ‘Filomena’.

De la misma forma, Duque se ha mostrado optimista en alcanzar el 70 por ciento de vacunados en la población española para verano, tal y como se ha fijado el Ministerio de Sanidad. Nuestro sistema de salud está funcionando bien, la gente se está esforzando y no veo que haya ningún problema en que lleguemos a los objetivos para el verano, desde luego», ha reivindicado.

Por otra parte, el ministro de Ciencia ha sido preguntado acerca de las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha apuntado este miércoles que la comunidad extremeña ha ida más lenta en la vacunación «para ver posibles efectos adversos que podía tener entre personas mayores».

Al respecto, Duque ha destacado que «cuando las vacunas se aprobaron por la Agencia Europea del Medicamento ya se habían probado en varias decenas de miles de personas con unos requisitos muy muy estrictos». «Hay muchísimos millones de personas vacunadas, se están siguiendo en todo el mundo y se están encontrando ínfimos problemas. A estas alturas no tenemos que tener dudas sobre que la vacuna es segura y eficaz», ha resaltado.

En esta misma línea, y cuestionado sobre si declaraciones como las de Fernández Vara pueden causar dudas en la población sobre la vacunación, Duque ha apostillado que «el proceso de aprobación fue el mismo que en todos los medicamento». «Aunque se haya hecho más deprisa, la seguridad estaba garantizada desde el primer día», ha concluido.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado de que «en unos pocos días» una parte del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), en Madrid, podrá reabrir ya al público. Así lo ha asegurado este jueves tras visitar el Jardín con el fin de valorar los daños causados por el temporal ‘Filomena’.

Según ha explicado el ministro en declaraciones a los medios, los estragos que ha causado la borrasca sobre el RJB-CSIC parecen «muy impactantes» pero ha destacado la labor de los trabajadores de este espacio natural (están ayudando «el triple de lo normal») en la retirada de nieve y hielo de las plantas.

Tal y como ha informado, lo primero que se ha venido haciendo para recuperar la normalidad en el Real Jardín Botánico ha sido preservar la seguridad de los trabajadores, bajando y quitando ramas que podrían causar riesgos en el personal.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Jardinería y Arboricultura del RJB-CSIC, Mariano Sánchez García, ha explicado más detalladamente los trabajos que se están realizando en el jardín. Así pues, tal y como ha señalado, se está trabajando en la recuperación del parque excepto en una zona que se la ha denominado «zona cero».

Esta zona, que representa el 20% del RJB-CSIC, según comenta el experto, está separada del resto del jardín porque su proceso de recuperación es más «elaborado» ya que se trata de «árboles viejos». «Ya mañana, está el resto del jardín seguro, solo nos hemos quedado con la zona cero», asegura.

Con todo ello, Duque ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los visitantes del enclave: «Se van a mantener todas las especies vegetales, quizá algún árbol haya que vigilarlo y alguno no sobrevivirá a esto, pero en unos pocos días estará ya una parte del Jardín visitable».

«El Jardín no se va a perder, va a recuperar su esplendor tal como estaba, y los espectáculos de luz en febrero estarán otra vez funcionando, así que estamos contentos de que, dentro de lo que cabe, el efecto sobre el Jardín no será a largo plazo», ha añadido el ministro.

También el jefe de la Unidad de Jardinería y Arboricultura del RJB-CSIC ha mandado un mensaje de calma: «Los tiestos están como un iglú, con la nieve por encima, con lo cual están protegidos, y sólo ha habido un arbusto raro, un arbusto griego, que se ha partido por la mitad, pero tendremos planta el año que viene».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha ofrecido este jueves al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, incrementar la ayuda de quitanieves a la ciudad, una vez que muchas de estas máquinas ya se han podido retirar de las carreteras del Estado.

Así lo ha asegurado Ábalos en declaraciones a La Sexta donde ha informado de que este jueves por la mañana ha hablado con el regidor madrileño que «ha agradecido el ofrecimiento» y tiene «plena disposición a ello».

Para el ministro, ahora «lo importante» es resolver los problemas de la ciudadanía y que los ciudadanos perciban que las administraciones «cumplen y trabajan en coordinación» y por tanto, ahora que se han podido reducir las quitanieves en las carreteras pueden aumentarse en Madrid donde ha coincidido con Martínez Almeida que es conveniente liberar los túneles, así como recuperar la «movilidad y la normalidad», retirar escombros y árboles caídos. «Esta es la faena que tenemos por delante», ha apostillado.

No obstante, ha añadido que el Gobierno de España es «sensible» a los daños, «consciente» de la magnitud de la borrasca y del «impacto» que ha tenido en determinadas capitales y comunidades autónomas.

De ese modo, ha defendido el trabajo de prevención que realizaron las administraciones públicas del Estado y que permitieron evitar «mayores daños». De hecho, considera que el balance de las personas afectadas para la dimensión de esta borrasca tiene que ver con las medidas preventivas. En todo caso, lo que no se podía evitar era la nevada en sí.

«Alerta había, otra cosa es que le diéramos más o menos importancia», ha apuntado el ministro en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que «nadie» podía predecir la magnitud de la situación. Ábalos, sin embargo, asegura que el «gran trabajo de prevención ha permitido evitar mayores daños».

En ese sentido, ha recordado que días antes se emitieron avisos y notas informativas para minimizar los efectos de una borrasca que no se podía evitar. El ministro destaca que haber retirado a tiempo los camiones de las vías para que no taponaran las carreteras y evitar así un «grandísimo problema» y retirar los trenes de circulación para que no quedaran varados pasajeros así como el tráfico de aviones permitió minimizar los daños y ahora se está trabajando de forma gradual para restablecer los servicios.

Sobre el estado de la situación, ha indicado que en este momento ya se están restableciendo los servicios ferroviarios y se ha logrado restablecer «todas» las líneas de Cercanías, aunque aún están con bajas frecuencias.

En cuanto al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas admite que todavía tiene algún problema y está operando al 70 por ciento de lo habitual con tres terminales (T-1, T-4 y la satélite) y dos pistas en servicio, después de que se haya registrado una copiosa nevada y hasta -13ºC. Diferente es la situación de las carreteras del Estado ya que Ábalos asegura que todas ellas están «sin ningún problema».

Pese a que las empresas no puedan imponer la vacunación de la Covid-19 a sus empleados debido a su carácter voluntario, la especialista en Medicina del Trabajo, Adela Radut, ha advertido de que el empresario sí que tiene el deber de ofrecer las vacunas a sus trabajadores.

Así, ha detallado que «el objetivo de la empresa debe ser el de velar por la salud de toda la plantilla con un protocolo de inmunización que garantice que el 100% de los trabajadores no contagiará al resto»; sin embargo, recuerda, el Estado de Derecho prima la libertad de elección individual, «y vacunarse es un acto voluntario».

«La legislación trata de proteger al máximo la libertad individual y, por ello, no permitiría a una empresa obligar a sus empleados a vacunarse», ha abundado la doctora Radut, añadiendo que en España ni siquiera las vacunas que se suelen poner en la etapa infantil, como hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, neumococo, sarampión, rubeola o varicela son obligatorias».

Sin embargo, en el ámbito laboral, el empresario debe garantizar que se realiza una vigilancia adecuada y específica de la salud en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos. Esta se debe organizar según las pautas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Asimismo, es necesario contar con el historial médico individual de cada trabajador. «El médico podrá proponer medidas colectivas de prevención o protección u otras orientadas a velar por personas determinadas, mediante vacunas o un cambio provisional de puesto de trabajo e identificar posibles enfermedades profesionales», explica Radut.

En este sentido, el trabajador será informado de la pertinencia de controles médicos más allá de la finalización de la actividad laboral o con posterioridad a la exposición. Entonces, cuando exista un riesgo para el cual existan vacunas, estas serán ofertadas desde la empresa de acuerdo con las siguientes pautas: el ofrecimiento y la aceptación constarán por escrito; deberá informarse a los trabajadores sobre sus ventajas e inconvenientes; su dispensación no supondrá gasto alguno al trabajador; podrá elaborarse un certificado de vacunación.

RECOMENDACIONES PARA VACUNARSE

Sobre la seguridad de la vacuna, la experta ha querido recordar que «una vez avalada por la comunidad científica y autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la vacuna ante la Covid-19 cumple con las mismas garantías de seguridad que el resto de las vacunas, por lo que se debería acudir a recibirla con la misma tranquilidad que con cualquier otra vacuna».

Del mismo modo, también ha pedido que la población no se deje influir por las corrientes antivacunas. «No vacunarse por hacer caso a bulos sin fundamento o esperar a que otras personas se vacunen para hacerlo y contribuir con ello a retrasar el momento de alcanzar la inmunidad de grupo necesaria para situar la pandemia bajo control, es una actitud insolidaria cuyas consecuencias serían una mayor pérdida de vidas, un inaceptable alargamiento del tensionamiento del sistema sanitario y un agravamiento de la situación económica del país con la consiguiente tragedia que esto supondría para un número cada vez mayor de familias», ha apostillado la experta en Medicina del Trabajo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado «el campañote» para hacer bajar el IVA de la luz, una medida que «no le cuesta ni un euro a las eléctricas» y reduce los ingresos del Estado.

También ha comentado que reducir el impuesto para el suministro energético, que llegó a plantear su formación, no sirve para bajar la factura sin la creación de una empresa pública que actúe frente al oligopolio de las eléctricas.

En contraposición, ha insistido en aplicar la reforma del mercado eléctrico basada en la eliminación de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ para que la bajada de la factura «la paguen las eléctricas, que se están forrando, y no la sanidad pública».

En varios comentarios en Twitter, ha lamentado que exista «un campañote» a favor de «una propuesta de derechas que protege los beneficios milmillonarios de las eléctricas y daña los servicios públicos», en alusión a la reducción del IVA de los suministros energéticos.

«Bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia», ha insistido Echenique.

Ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de «tergiversar» sus palabras, «promover ‘fake news’ en Bruselas» y hacer «un uso partidista de las instituciones comunitarias» pues, según aseguraron desde su gabinete, «nunca ha afirmado que la normativa europea prohíbe bajar el IVA de la electricidad».

NO SIRVE BAJAR EL IVA SIN EMPRESA PÚBLICA

Echenique, posteriormente, ha aludido a algún comentario en redes que le afeaba su postura, dado que Podemos llevó en su programa electoral de 2015 una propuesta de aplicar un IVA del 10% a los suministros energéticos.

En este sentido, ha comentado que su postura se entiende «fácil» porque también incluían la creación de una empresa pública de energía. «Si bajas el IVA sin empresa pública, el oligopolio funciona en modo cártel y la bajada del IVA no va a bajar la factura sino a engordar sus —ya obscenos— beneficios», ha desgranado.

Además, Echenique ha defendido la posición del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien «criticó la subida de la luz en la oposición» y «también la critica ahora». «Y hace propuestas para bajarla. Las mismas que hacía entonces», ha subrayado para aludir a la apuesta de la formación de crear también una empresa pública de energía y acabar «con las puertas giratorias» entre este sector y la política.

CUMPLIR YA EL ACUERDO DE GOBIERNO

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos difunde también un artículo publicado en ‘eldiario.es’ de los secretarios de Estado de la Vicepresidencia Segunda, Nacho Álvarez e Ione Belarra, sobre la posición de Unidas Podemos en esta materia.

En esa tribuna, ambos dirigentes detallan que las subastas marginalistas’ del mercado mayorista puestas en marcha entonces por gobiernos del PP «han articulado un sistema subordinado a los intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera notables disfuncionalidades» en la economía.

Así, detallan que los precios de la electricidad para las familias españolas son «los quintos más caros de la UE, lo que lastra la capacidad de consumo de muchos hogares y contribuye a un alto nivel de pobreza energética (6,8 millones de personas sufren en España temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos).

Álvarez y Belarra indican que el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluye una medida «crucial»: acabar con los ‘beneficios caídos del cielo’. «La reciente subida de la factura de la luz evidencia que no podemos esperar más, debemos cumplir con urgencia esta medida del acuerdo de coalición», recalcan.

Por tanto, plantean «auditar los costes remanentes de nucleares e hidroeléctricas y, a partir de ahí, limitar el precio al que estas centrales pueden cobrar la electricidad en el mercado (mediante un WidfallTax, o con contratos por diferencias similares a los que se han diseñado para las nuevas subastas de renovables)». La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se destinaría a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

A su vez, indican que a lo largo de la legislatura se deben desplegar otras medidas, como el «ambicioso despliegue de energías renovables previsto por este gobierno» o un nuevo bono social «multicombustible», entre otras.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que hay que inyectar liquidez a las empresas «para que puedan subsistir» y ha propuesto crear un fondo de 50.000 millones que el Grupo Popular materializará en una iniciativa en el Congreso, en línea con lo que están haciendo «otros países europeos».

Casado, que se ha reunido con el presidente de la Cámara de comercio de Gerona, Jaume Fábrega, ha subrayado que el plan de choque económico que, a su juicio, necesita España debe incluir la bajada de impuestos y la extensión de los ERTE hasta que acabe el estado de alarma.

«Hay que hacer ese plan de choque ya, de competitividad y de rescate a la economía productiva», ha abundado, para avisar al Gobierno que hay que actuar y evitar que un nuevo «parón económico» haga «mucho daño al Estado del Bienestar».

OFRECE A SÁNCHEZ TRABAJAR «CONJUNTAMENTE» COMO OTROS PAÍSES

Casado ha defendido el plan de choque económico del PP y ha señalado que el PP ya presentó públicamente en marzo esta «propuesta alternativa». «Sería muy positivo hacerla conjuntamente con el Gobierno porque es lo que están haciendo los países de nuestro entorno», ha manifestado, para aludir a las previsiones de caída que recogen organismos internacionales y cómo las previsiones de recuperación para 2021 «se están enfriando».

Tras indicar que ese escenario plantea «el pesar» de que las cifras de empleo «a lo mejor no se recuperan a corto plazo», ha resaltado que España «ya hay más de cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden» y hay «un millón de autónomos en el alero».

Por eso, ha insistido en que «hace falta un plan de choque económico» y ha calificado de «acertado» el que ha enviado la patronal catalana Foment del Treball al presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, «coincide mucho» con lo que plantea el PP.

LAS MEDIDAS QUE PLANTEA EL PP

Casado ha señalado que hay que «aumentar la liquidez», pero no con créditos sino inyectando «directamente a las empresas que son viables y están en un grave parón económico los recursos para que puedan subsistir». Se trata, ha proseguido, de que no despidan a trabajadores y el Estado «no tenga que afrontar las prestaciones por desempleo y la caída en la recaudación».

«Foment habla de 50.000 millones de euros en un fondo con el que se pudiera ayudar a esas empresas y nosotros ya decimos que vamos a registrarlo en el Congreso. Es un fondo, no de créditos ni avales del ICO, sino de inyección directa que es lo que está pasando en países como Alemania», ha puntualizado.

En segundo lugar, Casado ha defendido medidas en el mercado laboral para «extender los ERTE hasta el fin del estado de alarma». «Se viene hablando desde hace mucho tiempo y lo que pedimos es que se haga en el último momento», ha recalcado, para avisar que hay empresas que necesitan tener esa «certeza» para su «planificación» y «poder aguantar».

El líder del PP ha reclamado también un plan de choque fiscal porque «hay que bajar impuestos». En este punto, ha pedido al Gobierno que «deje la demagogia» acerca de que hay que «pagar prestaciones sociales y recaudar». «Pero si cierran no pagan ningún impuesto, por lo que preferimos que paguen menos impuestos pero que paguen algo», ha agregado, para añadir que esta línea de actuación «lógica» la está siguiendo Reino Unido, Francia o Alemania.

De hecho, Casado ha señalado que Francia «incluso ha pedido incluir la bajada de impuestos en los fondos de reconstrucción europeo» y ha subrayado que ésa es una idea que el PP también propuso a Pedro Sánchez.

Hay que hacer ese plan de choque ya, de competitividad y de rescate a la economía productiva», ha abundado, para añadir que hay que actuar para que la economía «no vuelva a cerrarse drásticamente» y se produzca «mucho parón económico» que haga «mucho daño al Estado del Bienestar.

Además, ha aprovechado para criticar que, en un momento en que se están produciendo subidas de la luz y el gas, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos «no haga nada por los más vulnerables». «El PP seguirá dando alternativas y propuestas de cambiso desde la oposición», ha aseverado.

CASADO NO HACE MENCIÓN AL EVENTUAL APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES

Casado ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Cámara de comercio de Gerona, Jaume Fábrega, para conocer «de primera mano la realidad del comercio, industria y sectores productivos en Cataluña» tras un año «complicado». Además, ha recordado que estos últimos años «lamentablemente muchas empresas» han cambiado de sede social «por circunstancias políticas».

La víspera de que el Gobierno y los partidos decidan si habrá o no aplazamiento de la fecha de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, Casado no ha hecho ninguna mención a este asunto y le ha dejado el protagonismo al candidato del PPC, Alejandro Fernández, que ha señalado que este viernes acudirán a la reunión de la mesa de partidos sin haber tomado «una decisión» sobre la posición del PP.

«No tenemos a día de hoy toda la información encima de la mesa y para nosotros lo fundamental no es una cuestión electoral. En cada una de las reuniones hemos situado como siempre como prioridad la salud de la ciudadanía y los derechos civiles, en este caso el derecho a voto de toda la ciudadanía», ha apostillado, para insistir que ve «imprescindible» tener toda la información encima de la mesa «para poder decidir.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a un hombre por, supuestamente, agredir sexualmente a su hermana durante más de dos meses, a la que mantuvo encerrada en su vivienda para evitar así que pidiera ayuda.

El detenido, que no veía a su hermana desde hacía 20 años, aprovechó el viaje de esta a la localidad para poner en orden la documentación referente a la muerte de su madre. Una vez en el domicilio, la retuvo allí y la sometió a todo tipo demalos tratos y agresiones sexuales, amenazándola de muerte si escapaba o contaba lo sucedido, según informa la Policía en un comunicado.

El viaje de una de las hermanas para visitar a la víctima fue «fundamental» para que pudiera escapar y denunciar los hechos ante la Policía. La víctima interpuso una denuncia en una Comisaría de Policía de Girona, donde relató el periplo que había vivido mientras su hermano la tuvo retenida en su domicilio «siendo sometida a todo tipo de malos tratos, abusos y agresiones sexuales».

Debido a la muerte de su madre y «con intención de poner en orden toda la documentación», la víctima con residencia en Francia se desplazó hasta la localidad de Dos hermanas, pernoctando en la vivienda de su hermano, «al que por circunstancias tales como la distancia entre países y las entradas en prisión de éste, no veía desde hacía más de 20 años».

Las primeras semanas de convivencia «fueron normales, si bien al poco tiempo su comportamiento con la hermana cambió por completo, mostrándose violento y controlador», llegando a retirarle las llaves del domicilio «para impedir que pudiera salir a pedir ayuda.

Asimismo, el detenido le cambiaba la medicación que tenía prescrita para las articulaciones provocándola somnolencia, circunstancia que era aprovechada por el agresor para cometer abusos sexuales, violaciones, así como amenazarla de muerte si pedía ayuda, todo ello mientras la golpeaba y arrastraba por el pasillo.

Esta situación se prolongó durante dos meses, hasta que una hermana, alertada por las sospechas de la hija de la víctima se acercó a la vivienda, y descubrió lo que estaba sucediendo cuando su hermana le enseñó en un momento de descuido los moratones y lesiones que presentaba su cuerpo.

Las dos hermanas lograron huir a Francia, donde una vez reunida con su hija y en contacto con las autoridades francesas, les recomendaron denunciar los hechos en España. En este sentido, ha sido la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de Dos Hermanas quien tras recibir la denuncia de la Comisaría Provincial de Gerona se ha encargado de esta investigación, que culminó el pasado día 29 dediciembre con la detención del autor, por los presuntos delitos de agresión sexual, malos tratos y lesiones, así como detención ilegal.

Al arrestado, para el que la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión, le constan más de 50 antecedentes policiales, uno de ellos por una agresión sexual anterior.

Expertos en derecho constitucional y magistrados coinciden en reconocer la existencia de un vacío legal en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo relativo a la suspensión de una cita electoral ya convocada, si bien consideran que un aplazamiento del 14-F en Cataluña puede justificarse por causas de fuerza mayor como es la pandemia de covid-19. Algunos apuntan que al tratarse de un derecho fundamental una decisión de este calibre «no es baladí» y sugieren medidas proporcionales a la situación que permitan a los ciudadanos acudir a las urnas con seguridad.

Este asunto se ha colocado en el debate político después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya advertido que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general y pedido «mucha cautela ante una falta de previsión legal». «Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia», ha alertado el ministro en una entrevista este jueves en Ràdio 4.

En el decreto de convocatoria de las elecciones al Parlamento catalán del próximo 14 de febrero se señala que «si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías.

Por otra parte, las fuentes consultadas comparan esta situación con lo ocurrido con el aplazamiento de las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, si bien apuntan diferencias. En dicha ocasión la decisión se hizo pública el 16 de marzo, en pleno inicio del confinamiento obligado por el primer estado de alarma, y además con el consenso de todos los partidos políticos. Este consenso no existe en esta ocasión por el rechazo del PSC.

El vacío legal existente se apuntaba en el propio decreto de convocatoria de las elecciones vascas, que se decía que «aunque la legislación electoral no contemple explícitamente el modo de proceder en caso de una imposibilidad material de continuar con el proceso electoral garantizando la participación de la ciudadanía y el derecho del sufragio, el silencio de la ley no excluye la necesidad de una regla de conducta para casos no previstos en ella, atendiendo a los principios generales contenidos en la propia legislación electoral».

De forma parecida se señalaba en el decreto gallego, donde se apuntaba que » ante el silencio legal» el marco normativo derivado de la declaración de estado de alarma obligaba a ponderar por un lado la situación de emergencia y por otro las exigencias del derecho fundamental de sufragio, remitiendo a lo señalado en la LOREG sobre la votación y el escrutinio en sus artículos 84 y 95. En ellos se dice que sólo por causas de fuerza mayor «podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación».

En todo caso, fuentes del Tribunal Constitucional consultadas apuntan que como ninguno de los decretos de convocatoria que contienen estas prevenciones han sido recurridos, no existe jurisprudencia al respecto.

POSIBILIDAD DE RESPUESTA PROPORCIONAL

Desde el Tribunal Supremo se apunta además que en la LOREG no parece que haya previsión expresa al respecto para cambiar el día ya fijado, según el articulo 42 de dicha ley, por lo que a juicio de estas fuentes nos topamos otra vez con una especie de «derecho de pandemia» a aplicar en esta especial circunstancia en la que nos encontramos.

Así, pese a que razones de salud pública pueden aconsejar un retraso de los comicios también debe tenerse en cuenta la proporcionalidad de esta decisión. «Si hay confinamiento intenso podría retrasarse, pero si se puede hacer casi todo, no parece que lo electoral deba suspenderse o retrasarse como si fuera algo baladí. Recordemos que se trata del ejercicio de un derecho fundamental, esencial en un estado democrático», apuntan las mismas fuentes.

Otro magistrado del alto tribunal apunta que las garantías para la salud pública deberían englobar tanto la campaña como el día de la votación. «Sin embargo ya estamos en precampaña y no pasa nada; en cuanto a los actos electorales presenciales pueden suspenderse o acotarse el aforo sin problema y en cuanto al día de las votación pueden fijarse medidas de prevención y protección, es más, hasta podría ampliarse las horas de votación para que la afluencia de votantes a los colegios sea más escalonada y fluida, sin aglomeraciones». La suspensión entonces sólo vendría justificada por un confinamiento domiciliario, total o por zonas.

REFORMA LEGAL Y CONSENSO

Por su parte, el catedrático de la Universidad Carlos III Luis Aguiar urge a que los grupos parlamentarios lleguen a un consenso sobre la celebración o no de las elecciones para evitar que la falta de previsión jurídica pueda utilizarse con fines políticos; mientras que Rafael de Agapito, de la Universidad de Salamanca, subraya que las normas no sólo hay que interpretarlas en la literalidad, sino también en relación al contexto jurídico.

En este sentido, explica que en caso de impugnación del decreto de desconvocatoria será un juez el que valorará si las causas de suspensión son razonables y proporcionadas teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y toda la normativa prevista para este tipo de situaciones excepcionales.

Otros expertos también han destacado que, en el caso de las vascas y gallegas, se articuló una fórmula por la cual se recabó el consenso de los partidos políticos para aplazar y convocar de nuevo, y se solicitó y consiguió el aval de las respectivas juntas electorales. En Cataluña, se tendría que acudir a la Junta Electoral Central (JEC). No obstante, han recalcado que nada de esto es obligatorio, solo recomendable para dar fuerza a la decisión en caso de que haya impugnaciones. «Es una medida de prudencia», han aclarado.

POSIBLES IMPUGNACIONES

Los expertos constitucionalistas no dudan de que la suspensión electoral podría recurrirse, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por una presunta vulneración del derecho a la participación política, aunque al mismo tiempo han augurado que recibiría el visto bueno judicial por primar el derecho a la salud.

Cuestión distinta, han advertido, es sí hay impugnaciones de ciudadanos confinados u hospitalizados una vez expirado el plazo para solicitar el voto por correo. Este supuesto sería más problemático y no hay precedentes, ya que, si bien en los aplazamientos vasco y gallego se temió que hubiera numerosos recursos en este sentido, no hubo ninguno.

Además, han anticipado que, en la hipótesis de que los tribunales fallaran en contra del aplazamiento electoral en Cataluña, los comicios vascos y gallegos estarían blindados. En primer lugar, porque la sentencia «no sería extensiva», habría que impugnar también estas dos votaciones, y, en segundo, porque ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo.

El vocal de la JEC Carlos Vidal ya planteó, durante su intervención en el Congreso de los Diputados del pasado mes de julio, la urgencia de modificar la LOREG para cubrir este vacío legal. En estos meses, algunas voces lo han sugerido pero no ha habido ninguna iniciativa al respecto.

Finalmente, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) su portavoz Juan Antonio Frago ha recordado que dado que el decreto de convocatoria electoral para las elecciones catalanas –publicado en el BOE– incluye la posibilidad de postergar los comicios por razones sanitarias, esta es válida, al menos mientras no se anule.

La Audiencia Nacional ha rechazado que el Estado deba hacer frente al pago de más 13.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados por agentes de la Guardia Civil en el pabellón municipal de la localidad gerundense de Sant Juliá de Ramis cuando trataban de evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En su sentencia, el magistrado del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 7, Eduardo Ángel Perdiguero Bautista, rechaza que se diera una actuación antijurídica por parte de la Guardia Civil y recuerda que la Benemérita se encontraba amparada por una resolución judicial «que le ordenaba retirar de las instalaciones puestas a disposición del referéndum convocado ilegalmente todo el material relacionado con dicho proceso electoral».

Esta respuesta de la Audiencia Nacional llega después de que el alcalde de esta localidad, Marc Puigtió, reclamara por la vía contencioso-administrativa al Ministerio de Justicia más de 13.000 euros por los daños provocados por la Guardia Civil en el pabellón, y después de que apuntara que la actuación fue «desproporcionada».

Cabe recordar que en esa localidad es en la que votaba inicialmente el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont, si bien tuvo que acabar haciéndolo en la localidad de Cornellà del Terri debido al despliegue policial.

Pero la sentencia avala la actuación del cuerpo policial y subraya además que no hay relación de causa efecto por la propia conducta del recurrente. De hecho, en la resolución el juez recuerda la postura de la Abogacía del Estado, que se opuso a este recurso y apuntó que este Ayuntamiento en concreto tenía que «soportar los daños por haber puesto dichas instalaciones a disposición de la votación ilegal».

LA JURISPRUDENCIA Y LA ANTIJURICIDAD

Al hilo, el juez explica que a pesar de que la responsabilidad patrimonial de la Administración está recogida en el ordenamiento jurídico, ésta se producirá siempre que sea «consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos» y teniendo en cuenta que «no todo daño que produzca la Administración –en este caso correspondería al Ministerio de Justicia– es indemnizable». «Tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida como daño antijurídico», añade.

Tras este matiz, el magistrado recupera jurisprudencia del Tribunal Supremo para aclarar que esa antijuridicidad del daño constituye un requisito exigido, y para apuntar que es necesario además que haya un nexo causal «directo, inmediato y exclusivo». En este punto, señala que en caso de que haya responsabilidad (culpa) de la propia víctima o de un tercero se desestiman sistemáticamente las peticiones de indemnización.

De este modo, la Audiencia Nacional indica que en este recurso concreto se plantea también «una falta de relación de causalidad por la conducta del propio ayuntamiento perjudicado al poner las instalaciones del pabellón municipal a disposición de un proceso electoral ilegal y existiendo resoluciones judiciales que obligaban a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, a retirar todo material electoral de aquéllas».

Por tanto, dice, se rompe ese nexo causal necesario porque el consistorio tuvo una «intensa intervención» ya que «el daño no se hubiera producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal yfrente a la que existían resoluciones judiciales que obligabana la guardia civil a recoger el material electoral del interior de aquéllas».

El juez tras desestimar el recurso presentado por el alcalde, condena al ayuntamiento catalán a hacer frente a las costas procesales costas, y recuerda que contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación.

La líder de los comuns en el Parlament y cabeza del partido a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha asegurado este jueves que es «de sentido común» aplazar los comicios previstos para el 14 de febrero dada la situación epidemiológica derivada del Covid-19 en Cataluña, y ha propuesto hacerlos como muy tarde en el mes de mayo.

Lo ha dicho en una carta dirigida a los candidatos de ERC, JxCat, PSC, Cs, CUP, PP y PDeCAT con la propuesta que llevará el viernes a la mesa de partidos, en la que dibuja un plan con tres objetivos: abordar la situación sanitaria, acelerar el plan de vacunación y aplazar la fecha de las elecciones.

Albiach ha alertado de que incluso «fuerzas políticas tan diferentes como la CUP o Cs coinciden» en posponerlas y ha tachado de incomprensible que el conjunto de partidos y el Govern no hayan llegado a un acuerdo consensuado aún sobre la celebración.

«La prioridad tiene que ser buscar consensos, como pasó con Euskadi o Galicia. Es incomprensible que no seamos capaces de encontrar un acuerdo», ha añadido.

En relación a la situación sanitaria, ha exigido alargar las restricciones actuales y «endurecerlas si es necesario», y ha remarcado que incluso otras comunidades autónomas abogan por decretar de nuevo un confinamiento domiciliario para frenar la pandemia.

Sobre el plan de vacunación, ha reclamado mejorar la organización de los recursos humanos y logísticos, además de «prever un fuerte sistema de rastreadores públicos» ya que el contrato con la empresa de seguimiento y rastreo de Covid-19 Ferrovial finaliza el próximo 31 de enero.

«BATALLA PARTIDISTA»

Por otro lado, tras reunirse con la dirección y el comité de empresa de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), ha insistido en que los expertos sanitarios sitúan el pico de contagios de Covid-19 a final de mes de enero y ha advertido de que «en ningún caso se puede hacer de este tema una batalla partidista».

Según Albiach, el ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, «es de las personas que más conciencia debería tener que no tiene sentido celebrar las elecciones en medio de una pandemia y una tercera ola».

En materia de política industrial, ha propuesto la creación de una Agencia Catalana de Inversión Sostenible y Responsable en la próxima legislatura que condicione los fondos públicos destinados a la industria a criterios sociales y ambientales y a condiciones laborales dignas.

El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley en la que propone al Ejecutivo varias iniciativas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad entre las familias españoles y, entre las que se encuentra una reforma horaria acorde con el resto de países europeos.

En el texto de los ‘populares’, se exige al Ejecutivo medidas para la sensibilización y el impulso de la conciliación, así como iniciativas que «fomenten la corresponsabilidad en el sector privado».

En este sentido, abogan incentivar el teletrabajo, la flexibilidad laboral para el cuidado de menores y dependientes o avanzar hacia una reforma horaria que sitúe a España en una situación acorde al resto de países europeos de su entorno. También propone, como otra alternativa, el establecimiento de «horarios claros» que eviten que el trabajador practique la «extradedicación».

Dentro de estas iniciativas para la conciliación, el PP también llama a que se incentiven medidas para impulsar el liderazgo femenino para ocupar puestos directivos y de representación y liderar equipos dentro de las empresas.

LA COVID EVIDENCIÓ LAS DESIGUALDADES

Esta iniciativa, señala el texto en su exposición de motivos, quiere poner solución a los datos de Eurostat de 2018 que recogen que, a pesar de los avances en igualdad dados en las últimas décadas, un 42% de las mujeres inactivas de entre 20 y 64 años estaban dedicadas a las tareas de cuidados.

Los de Pablo Casado señalan, además, que la crisis del Covid19 ha dejado evidencias de las desigualdades que existen en cuanto a estas tareas de cuidados y la conciliación laboral y personal entre mujeres y hombres.

Es por ello que creen que las empresas deben «crear una cultura corporativa basada en la igualdad de género. «Sin esta base, cualquier acción que se tome no tendría sentido ni resultados positivos», ha señalado, para lo que propone la implementación de medidas de responsabilidad social corporativa en esta materia.

Así, ven necesario que el Gobierno, a través de las comunidades autónomas, fomenten esta corresponsabilidad en el sector privado y recuerdan que el PP presentó ya una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para transferir 10 millones de euros a las autonomías con el objetivo de que desarrollaran programas de bonificación a empresas que fomenten la corresponsabilidad y la conciliación. Esta iniciativa fue rechazada.

Unidas Podemos ha apoyado la concesión del tercer grado a los presos del ‘procés’, un derecho que «ningún brazo judicial de la derecha debería haber cuestionado nunca», aunque esto «no es suficiente» y apremia al Ministerio de Justicia a acelerar la reforma del Código Penal para hacer posible su «plena libertad».

Así lo ha indicado el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, tras conocer que las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

«El tercer grado es un derecho que ningún brazo judicial de la derecha debería haber cuestionado nunca. Pero no es suficiente. Hay que acelerar la reforma del Código Penal que el Ministro de Justicia ya tiene sobre la mesa y hacer posible la libertad plena», ha apuntado Mena.

A finales de año, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, subrayó que la reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha «estancado» y aseguró que el «desfase» que supone este tipo con respecto a otros países europeos se solucionará finalmente en 2021.

En una línea similar se ha manifestado también el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, al destacar que la concesión del tercer grado a los presos «no es un privilegio».

«Tampoco un acto de terquedad de las juntas penitenciarias. Es un derecho bloqueado por un tribunal que jueces europeos han declarado no competente para juzgar la causa», ha esgrimido Asens.

PIDE A ILLA QUE ROMPA SU SILENCIO

Por otro lado, Mena se ha referido a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien este jueves ha avisado de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, al ser preguntado por el posible aplazamiento de los comicios en Cataluña, y ha pedido «mucha cautela ante una falta de previsión legal».

El también portavoz de ‘los comunes’ ha apuntado que «está muy bien» que el ministro de Justicia opine sobre el aplazamiento electoral, aunque al tratarse del interés sanitario de los catalanes, «quizás sería incluso mejor saber qué piensa el ministro de Sanidad», Salvador Illa.

El martes, Mena criticó «el silencio» del titular de Sanidad respecto a la posibilidad de posponer las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero ante la tercera ola del Covid-19, lo que revela que «ni España ni Cataluña se pueden permitir un ministro candidato».

«Ante esta tercera ola que estamos viviendo, ni España ni Cataluña se pueden permitir un ministro candidato. Necesitamos seguridad y necesitamos saber que ningún interés está por encima del de la salud de los catalanes y las catalanas. Por el bien de todos y de todas, el señor Illa debe decidir: o se es ministro o se es candidato, pero hoy ha quedado claro que las dos cosas son incompatibles», apuntó.

Varios diputados de Unidas Podemos se han sumado a una carta promovida por eurodiputados en la que piden al futuro presidente estadounidense, Joe Biden, que dé marcha atrás en el reconocimiento como marroquí del Sáhara Occidental por parte de Donald Trump el pasado 10 de diciembre.

En la misiva, a la que se han sumado entre otros Lucía Muñoz así como Antón-Gómez Reino y el diputado de ERC Joan Josep Nuet, aseguran que aunque no tienen «ninguna intención de interferir en la soberana decisión de Estados Unidos en materia de relaciones internacionales», consideran que están en la obligación de reaccionar puesto que la medida afecta «los derechos de una tercera parte», en este caso los saharauis.

Así, defienden que la proclamación hecha por Trump –que coincidió con la decisión de Marruecos de restablecer relaciones diplomáticas con Israel–, «constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas en muchos aspectos».

En este sentido, recuerdan que el Sáhara Occidental es el «último territorio de África por descolonizar» y está «habitado por un pueblo soberano cuyo derecho inalienable a la autodeterminación ha sido reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas desde 1963».

Además, recuerdan que en las tres últimas décadas Marruecos y el Frente Polisario, «el único y legítimo representante del pueblo saharaui», «acordaron bajo los auspicios de Naciones Unidas un Plan de Arreglo que permitiese al pueblo saharaui ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia a través de un referéndum libre, transparente y democrático, que lamentablemente se encuentra estancado desde que las autoridades marroquíes decidieran unilateralmente retirarse de este acuerdo vinculante».

Por otra parte, sostienen que el paso dado por Trump además de la Carta de Naciones Unidas, también contradice la Constitución estadounidense, en concreto el derecho de autodeterminación que, afirman, ya defendió el presidente Woodrow Wilson en 1918 «y desde entonces se convirtió en un principio jurídico universal gracias al cual actualmente muchos países de todo el mundo disfrutan de su libertad».

APELAN AL MULTILATERALISMO DE BIDEN

Tras exponer estas cuestiones, los firmantes de la misiva apelan al «conocido y firme compromiso» de Biden con el multilateralismo con la «esperanza de que revocará esta declaración ilegal reafirmando la posición tradicional» de Estados Unidos «respecto al estatuto jurídico del Sáhara Occidental y el derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación y a la libertad».

Solo así, sostienen, podrá aspirar la nueva Administración Biden a «desempeñar su papel natural en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como facilitador imparcial en los esfuerzos en resolver uno de los casos más antiguos de descolonización ante Naciones Unidas».

Las decisiones unilaterales sobre un conflicto internacional de esta naturaleza jurídica no harían más que comprometer los actuales esfuerzos de Naciones Unidas y alimentar las tensiones en una región que es vital para la seguridad europea y mediterránea», defienden los firmantes, que confían en que Biden «renueve su apoyo a los preceptos de la legalidad internacional, el Estado de derecho y el escrupuloso respeto por el derecho del pueblo saharaui de decidir libre y democráticamente su estatus político».

Más País ha pedido que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, comparezca en el Congreso para detallar cuánto dinero público está destinando Patrimonio Nacional al pago de los gastosde desplazamiento y estancia del personal que asiste a Juan Carlos I en Abu Dabi, donde reside desde su salida de España el pasado mes de agosto.

En la petición que ha registrado en el Congreso, el líder de Más País, Íñigo Errejón, demanda que en esa comparecencia ante la Comisión Constitucional la ‘número dos’ del Gobierno informe de los demás gastos que genera la estancia en Emiratos Árabes del padre del jefe de Felipe VI.

Según ha publicado este jueves el ‘eldiario.es’, la Casa Real carga a Patrimonio el pago de las nóminas del personal desplazado a Abu Dabi, así como los viajes de esos empleados de confianza del Rey emérito desde que se instaló en el Golfo Pérsico y que se van rotando aproximadamente cada mes.

¿UN REY FUGADO ES PATRIMONIO NACIONAL?

«A ver si el Gobierno nos explica por qué un rey fugado es Patrimonio Nacional», ha escrito Errejón en su cuenta de Twitter. Pero, además de pedir cuentas directamente a Calvo, responsable del Ministerio de la Presidencia, al que está adscrito Patrimonio del Estado, el líder de Más País ha registrado dos preguntas parlamentarias sobre esta cuestión.

En primer lugar, quiere que el Ejecutivo le aclare si piensa informar «de manera clara y transparente sobre la salida del Rey emérito» y también sobre los recursos públicos de los que está haciendo uso y que, subraya, «pagamos todos los españoles y españolas».

El líder de Más País también aspira a que el Ejecutivo le responda por escrito si «tiene o no tiene voluntad de realizar una reforma más democrática de la normativa que atañe a Casa Real» y, en concreto si está en sus planes «habilitar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas» que, desde su punto de vista, debe garantizar la Corona a la ciudadanía en «una democracia avanzada y plena.

PIDE INFORMACIÓN TAMBIÉN A DEFENSA E INTERIOR

En su iniciativa, Errejón recalca que la propia Calvo llegó a afirmar públicamente que el padre del actual jefe del Estado «no vive de ningún recurso público» y denuncia que el Gobierno ha desatendido todas las peticiones de información sobre estos gastos que se han formulado ante al Portal de Transparencia.

Por último, y ante esta falta de información, Errejón ha solicitado tanto a la Vicepresidencia Primera como a los ministerios de Interior y Defensa la relación de partidas de sus presupuestos relacionadas con la Casa del Rey o con Juan Carlos de Borbón y que se le detalle el desglose de todos estos importes.

Todas estas iniciativas tendrán que ser analizadas en su próxima reunión por la Mesa del Congreso donde PSOE, PP y Vox vienen uniendo sus votos para rechazar las peticiones de información relativas a la Corona en general y al Rey emérito en particular.