Las Comunidades Autónomas han llamado a la "prudencia" ante la nueva regulación que el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves que flexibiliza el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, si bien algunas autonomías como Castilla y León o Andalucía, entre otras, recomiendan seguir utilizándolas en ciertos espacios abiertos.

El Gobierno se ha reunido esta misma mañana en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esta nueva norma. Sin embargo, este miércoles por la tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informaba a los consejeros autonómicos que, desde el sábado 26 de junio, las mascarillas dejarían de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes.

Ante esto, las Comunidades Autónomas han asumido esta nueva regulación con respecto al uso de las mascarillas en el exterior, aunque han reaccionado de forma desigual a la hora de pronunciarse sobre esta medida.

En este punto, Andalucía ha sido la región que más ha criticado esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya se posicionó en contra de esta medida hace un mes cuando este debate se planteó en el Consejo Interterritorial y, ahora que se ha aprobado definitivamente, ha vuelto a arremeter contra el fin de la obligatoriedad en ciertos espacios del uso de la mascarilla.

Así, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha censurado las declaraciones de Darias asegurando que hay que llevar siempre una mascarilla con nosotros a pesar de que no sea obligatoria. "No hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva", ha proclamado.

ADECUARLO A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Asimismo, Castilla y León ha decidido seguir recomendando el uso de la mascarilla en la Comunidad pese a esta flexibilización acordada por el Ejecutivo central y, además, piden que esta decisión se pueda "modular" de acuerdo a la situación epidemiológica de cada Comunidad, algo que fue rechazado por el Ministerio de Carolina Darias.

En parecidos términos se ha expresado el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, quién ha instado a Sanidad a que incorpore al correspondiente decreto los niveles de alerta para la flexibilización del uso de la mascarilla, ya que su utilización "sigue siendo importante al no haber alcanzado una elevada inmunidad comunitaria".

Por su parte, el plan gallego que presentó la Xunta antes del Consejo Interterritorial de este miércoles, contempla la retirada de la mascarilla en espacios exteriores siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, si bien tiene como matices que será obligatoria en las terrazas --salvo en el momento del consumo--.

En cualquier caso, la mayoría de las CCAA han coincidido en apelar a la "sensatez" de la ciudadanía a la hora de desprenderse de la mascarilla en ciertos espacios y recuerdan que sí que es obligatorio ponérsela cuando no se respeta el 1,5 metros de distancia interpersonal o en recintos cerrados.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este jueves que la mesa de Diálogo con Cataluña supere la fase de "posiciones extremas", y aunque no ha precisado cuándo puede reunirse, sí ha dado a entender que a medida que pasan los días es más "difícil" que dé tiempo a convocarla en julio, antes de las vacaciones de verano. No obstante, ha asegurado que el Gobierno tiene "absoluta disponibilidad" para fijar la fecha.

Montero ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro extraordinario en el que se ha aprobado el fin de las mascarillas en el exterior y la bajada del IVA de la luz.

Al ser preguntada por los contenidos que se abordarán en la mesa de diálogo con Cataluña, la portavoz del Ejecutivo ha apuntado que el Gobierno volverá a plantear en esa reunión la Agenda del Reencuentro que ya propuso cuando se constituyó ese foro en febrero de 2020, en la primera y única reunión que se celebró, antes de que estallara la pandemia del coronavirus.

No obstante y aunque ha añadido que lo que lleve la otra parte habrá que preguntárselo al Gobierno catalán, sí ha pedido que la mesa supere esa fase de "desideratum" y de "posiciones extremas, óptimas". En su opinión, se deben proponer cuestiones que puedan ser "viables" y que permitan avanzar en el autogobierno de Cataluña.

En cuanto a la fecha en la que se convocará, Montero ha señalado que será después de la reunión que mantendrán el próximo martes el preisdente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, pero ha afirmado que no podía confirmar si será antes del verano o no.

No obstante, sí ha admitido que a medida que avanza el calendario "va quedado menos tiempo" y "es más difícil encontrar los cuentos", aunque a continuación ha querido dejar claro que el Gobierno tiene "absoluta disponibilidad" en las fechas, que se tendrán que hablar con el Ejecutivo catalán para ver cuándo "les puede cuadrar".

En la misma línea, fuentes gubernamentales explican que estando ya a 24 de junio, y teniendo por delante un mes de julio con varios asuntos ya fijados, lo más probable es que esa mesa de diálogo se deje ya para después del verano.

No obstante, Moncloa señala que habrá que escuchar el planteamiento que haga Aragonés al respecto en la reunión con Sánchez del próximo martes, y si argumenta que la coyuntura política aconseja celebrarla en julio y no esperar a septiembre.

Sobre esa reunión entre Sánchez y Aragonés, que será el primer paso oficial, tras los indultos, para reanudar el diálogo, las fuentes consultadas se muestran expectantes por cuáles son las propuestas del presidente catalán, habida cuenta del "difícil equilibrio" que existe dentro del Govern por las diferencias entre ERC y Junts.

Algunas de las primeras mujeres policías municipal de Madrid, que entraron en el Cuerpo en 1971, han reconocido este miércoles que fue duro y lo pasaron mal al principio, por el "paternalismo o el machismo" de muchos de sus compañeros o por el comportamiento de algunos de los conductores mientras regulaban el tráfico que, "les mandaban a fregar o a cuidar a sus maridos".

Estas experiencias las han contado este mediodía, tras los actos del Día del Patrón de la Policía Municipal dedicados al 50 aniversario de la llegada de las mujeres al Cuerpo, agentes ya jubiladas como Mercedes Payol Alonso o Enfatia Vázquez Día, que entraron al Cuerpo el 2 de octubre de 1971, y que fue ascendiendo a sargento y suboficial, y que se jubilaron hace unos años. La reina Letizia les ha hecho entrega de una metopa conmemorativa a la Primera Promoción de Mujeres del Cuerpo.

Payol ha recordado que fueron las primeras mujeres policías municipales de España junto a las de Córdoba y que crearon para ellas la quinta agrupación mixta de circulación, compuesta por 52 mujeres, más una oficial y suboficial. Al terminar la academia, donde estuvimos nueve meses, no teníamos instalaciones propias, por lo que se instalaron en la plaza de Chamberí con una agrupación de hombres.

"La diferencia eran las leyes que había entonces. Las mujeres no podíamos casarnos en el Cuerpo. Las de 18 al 21 años tenían que asistir a los juicios por intervención policial con sus padres. Cuando decidimos casarnos solo teníamos 40 días de maternidad. En Circulación estuvimos en todos los bulevares. La gente se quedó sorprendida el primer día que nos vio. En un principio había gente de todo, unos nos respetaban y otros nos mandaban a fregar, a barrer o a que cuidáramos de nuestros maridos", ha relatado.

"LOS TACONES ERAN MALÍSIMOS, SI TENÍAMOS QUE CORRER LO PASÁBAMOS MAL"

Por su parte, Bonifacia Vázquez Díaz, de la misma promoción que Mercedes, ha explicado que al principio regularon la circulación entre Colón y Bilbao pero que luego la mandaron a colocar coches de altas personalidades en la plaza de la Villa y en Tribunal Supremo. "Esa gente me admitió estupendamente bien. La misión era muy sencilla, no tenía muchas importancia. Hasta el año 80 no pudimos llevar armas", ha relatado.

La agente, ya jubilada, ha comentado también que al principio vestían un uniforme compuesto por botas, falda pantalón, camisa y una guerrera. "Teníamos una camisa gris y en el verano no había camisa de manga corta, por lo que la recogíamos. Estuvimos muy mal hasta que pasaron unos años. Luego sí tuvimos más variedad de camisas. Los zapatos eran de salón, con tacón, malísimos. Si teníamos que correr era bastante complicado. La falta pantalón primera estaba mal hecha y fue muy incómoda porque se nos subía para arriba al andar. Luego con la faldita era mona y bastante bien", ha detallado.

Vázquez también ha relatado que los primeros años sus compañeros les trataban "de forma paternal y otros de forma machista". "Esto se superó. Lo pasamos realmente mal. Trabajar en la calle Princesa fue una tarea tremenda. Las Torres de Colón dio trabajo de camiones y problemas de tráfico porque se estaban construyendo. También nos tocó el atentado de la calle Correos, que para nosotras éramos muy jóvenes nos costó mucho trabajo; y el asesinato de Carrero Blanco, que fue muy duro", ha recordado.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, han firmado este viernes en Madrid el convenio para desarrollar las actuaciones contempladas en el Proyecto Life Lyxnconnect para la preservación del lince ibérico en la Península.

Con esta firma, el Gobierno de Andalucía y la organización ecologista han visualizado "su apuesta por la conservación de esta especie en peligro de extinción, a través de este nuevo Life", según ha informado la Junta en una nota de.

Carmen Crespo, quien ha estado acompañada del secretario general de Medio Ambiente, Francisco Gutiérrez, ha resaltado el compromiso de los 21 socios de España y Portugal que forman parte del Lynxconnect con el desarrollo de este proyecto.

La consejera ha señalado entre los objetivos principales de este nuevo Life, la creación de dos nuevos núcleos de población en Andalucía y Murcia y lograr la conexión entre todas las poblaciones existentes en la Península, "a fin de seguir incrementando el número de ejemplares y asegurar una población genéticamente viable". Con WWF se inicia la firma del convenio con todos los socios.

La titular de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha precisado que el Lynxconnect contempla 32 acciones concretas a desarrollar hasta finales de 2025 y cuenta, para ello, con un presupuesto de 18,7 millones de euros, de los cuales cerca del 61% los financia Europa. "El Lynxconnect tiene unos cimientos muy sólidos, al compromiso de todos los socios se une la experiencia y el liderazgo de Andalucía en la preservación del lince ibérico", ha enfatizado.

A este respecto, Crespo ha subrayado que 2020 ha sido un "año récord" en la conservación del lince, con datos históricos que reflejan "el trabajo colectivo de todos los socios del Life". "Frente a los 94 ejemplares de 2002, el año pasado se contabilizaron 1.111 individuos en toda la Península", ha precisado, antes de resaltar que casi la mitad de todos los linces viven en territorio andaluz. "En Andalucía se han registrado 506 ejemplares, un 10,7% más, y hemos tenido récord de nacimientos con 157 cachorros", ha remarcado.

ESPECIE ÚNICA EN EL MUNDO

Por su parte, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha afirmado que "con la firma de este convenio y nuestra participación en el Lynxconnect, damos continuidad a 25 años de trabajo ininterrumpido sobre el terreno para evitar la extinción del lince ibérico, especie única en el mundo y una de las grandes prioridades de WWF".

A su juicio, este nuevo proyecto "va a permitir seguir avanzando para que el lince deje de estar en peligro de extinción y continuar trabajando para la creación de nuevas poblaciones linceras, en lo que ya es un caso de éxito mundial de conservación".

Además, según ha indicado, el nuevo Life "también nos brinda la oportunidad de hacer frente a algunos de sus grandes problemas, como mejorar la viabilidad genética de las poblaciones, trabajar en su conexión, reducir las grandes amenazas y reforzar el seguimiento".

"Todos estos temas no se han abordado antes con esta profundidad con ninguna otra especie, por lo que plantean grandes retos que indudablemente conllevarán importantes innovaciones", ha añadido.

Por último, Del Olmo ha puesto el acento en la "sinergia positiva" con otros proyectos como el Life Iberconejo, que coordina WWF España y que cuenta con la participación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. "Se trata de un proyecto cuyo objetivo es poner en marcha un censo ibérico y crear una estructura de gobernanza ibérica para la gestión de la especie", ha explicado.

Representantes del tejido empresarial, político y civil de la Comarca del Campo de Cartagena se han reunido este jueves para expresar su defensa del Trasvase Tajo-Segura y del mantenimiento de más de 40.000 puestos de trabajo y miles de empresas, según informaron fuentes de COEC en un comunicao.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado junto al consejero de Agricultura, Antonio Luengo; el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez; y la presidenta de COEC, Ana Correa, en este acto en defensa del Trasvase Tajo-Segura, después de que esta semana el Ministerio para la Transición Ecológica haya aprobado un aumento de los caudales del Tajo, "lo que pone en serio riesgo la supervivencia de esta infraestructura a medio plazo", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto ha tenido lugar en la sede de la COEC, con presencia de regantes, sindicatos agrarios y organizaciones empresariales del Campo de Cartagena, la comarca "más damnificada" en caso de cierre del trasvase.

Según las últimas estimaciones del estudio sobre el impacto económico del agua del trasvase para el regadío, elaborado por el Colegio de Economistas y la Universidad de Murcia, el cierre del trasvase supondría la desaparición del 80 por ciento de la agricultura del Campo de Cartagena, tal y como ha señalado el Ayuntamiento.

"Supone un mazazo enorme para nuestro sector primario, uno de los tres vértices de la economía local, junto a la industria y el turismo", ha dicho la alcaldesa, que se ha puesto, junto al resto del Gobierno, a disposición de los regantes para hacer llegar sus reivindicaciones en defensa del trasvase "donde sea necesario.

"No hablamos de un problema de agricultores, sino del futuro de nuestra comarca y por eso el gobierno de Cartagena se pone a disposición de los Regantes para secundarles y respaldarles en las acciones que pongan en marcha en defensa del Trasvase", ha manifestado.

La alcaldesa ha afirmado que "el gobierno acaba de decirnos que en seis años tenemos que apañarnos con la mitad del agua, pagarla hasta un 170 % más cara y aceptar todo esto sin alternativas para la ruina que se cierne sobre el campo de Cartagena".

"Éste no es un problema de agricultores, esto es una amenaza de muerte contra el campo de Cartagena, que depende en un 80 % del agua del trasvase con 45.000 empleos directos en toda la zona regable", según Arroyo, quien califica la decisión de "injusta e impropia de un gobierno que piense en sus ciudadanos".

El consejero de Agricultura ha calificado este ataque del Gobierno al Trasvase como inaceptable y ha reiterado la intención del Ejecutivo de "defender por la vía que sea necesaria a nuestros regantes y la actividad económica que genera la agricultura". Y ha instado a la unión de todos los estratos sociales, empresariales y económicos de la Región para defender el Tajo-Segura.

Tanto la alcaldesa de Cartagena como el consejero, Antonio Luengo, han valorado la nueva planificación hidrológica propuesta por el Gobierno central, que supone el recorte de 80 hectómetros cúbicos anuales del Trasvase Tajo-Segura, como "inadmisible para la Región de Murcia, pero también para Alicante y Almería, porque la reducción del 50 por ciento del caudal en 2027 supone el cierre del trasvase, y puede hacer que la factura del agua aumente incluso un 140 por ciento", y anuncian que harán lo que sea necesario para evitarlo.

El presidente del Sindicato Central de regantes del acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha denunciado que "se nos cierra el grifo de las oportunidades que genera el agua de manera injustificada" porque no hay razones para el recorte del trasvase, salvo la ideológica o política", y anuncian que pelearán por defender esta infraestructura.

Por su parte, la presidenta de COEC ha asegurado que el recorte que plantea el Gobierno de España no solo afecta a la agricultura, sino también a los ciudadanos, "que pagaremos el agua más cara entre un 40 y 40%", según Ana Correa.

En declaraciones de Correa, "los agricultores del Campo de Cartagena son empresarios muy innovadores, que están continuamente aplicando las nuevas tecnologías y que son conocidos en todo el mundo por sus técnicas de trabajo y reutilización/aprovechamiento de agua. Desde COEC no comprendemos este recorte del Trasvase, que va a llevar a su práctica desaparición".

"Desde COEC pedimos a los representantes de todos los partidos políticos altura de miras para luchar contra este ataque frontal a la economía regional. La desaparición del Trasvase Tajo-Segura llevará a una lenta agonía y muerte de empresas y de miles de puestos de trabajo. 40.000 empleos están en riesgo y la supervivencia del 80% de la actividad agrícola comarcal", ha señalado Correa.

Coalición Canaria (CC) ha acusado al Gobierno regional y a su presidente, Ángel Víctor Torres, de colocar a Tenerife en situación de nivel 3 por los casos de COVID-19 "sin tener ningún tipo de informe ni análisis que argumente una decisión desproporcionada e injustificada que lo que hace es darle un tiro en la nuca al sector hostelero y de la restauración de la isla".

En rueda de prensa, los diputados Rosa Dávila y José Alberto Díaz-Estébanez exigieron al Ejecutivo canario que deje de "criminalizar" a los tinerfeños y a la hostelería. "Estas medidas, en un momento que coincide con la finalización del curso escolar y la retirada de las mascarillas obligatorias en espacios abiertos, condiciona de manera irrefutable a la población tinerfeña y criminaliza al sector hostelero", criticó Dávila.

La diputada reiteró que no hay ningún documento que acredite el motivo de estos contagios y que, después de casi un año de restricciones, "se siga sometiendo a Tenerife con medidas sin ningún tipo de análisis".

Rosa Dávila insistió en que en un momento como éste en que todos los colegios han cerrado, estas medidas son "inoportunas". "Son muchas las familias que se están viendo afectadas por la cancelación inesperada de ludotecas y campamentos de verano, además de sectores como la hostelería y restauración, que llevan más de un año y medio condenados, sin ayudas, con ERTE y, en el peor de los casos, obligados a cerrar sus negocios por no tener posibilidades para mantenerse", denunció.

En este sentido, la diputada nacionalista y secretaria de Organización de CC de Tenerife aseguró que lo que el Gobierno de Canarias está haciendo con Tenerife es "dar un tiro en la nuca a la hostelería, y lo hace sin apoyarse en estudios o análisis coherentes para tomar estas medidas".

"Es el Gobierno de Torres, el Gobierno del PSOE el único responsable de haber sumido a los tinerfeños y canarios en esta crisis económica desencadenada por la crisis sanitaria y sus respuestas tardías". Para Dávila, "no tiene sentido que se tomen estas medidas cuando es propio PSOE aprueba la retirada de mascarilla en exteriores", detalló.

Por ello, exigió que haya una rectificación inmediata para la retirada de estas medidas, y aseguró también que lo que está haciendo el PSOE es "arruinar a Tenerife" y que la población tinerfeña "no es más irresponsable que en otra isla o en otra Comunidad Autónoma".

Por su parte, José Alberto Díaz-Estébanez recordó que es la tercera vez que Tenerife pasa a nivel 3 en lo que va de año y se sigue "sin saber de dónde vienen estos brotes porque no hay estudios y, sin embargo, lo que se hace es oprimir a un sector que viene desangrado por la propia crisis sanitaria", apostilló.

"Mientras tanto, Torres se jacta de hablar del milagro canario e incumpliendo el periodo de vacunación antes de verano, como bien había prometido. Mentiras y más mentiras", dijo el diputado, que aseguró que esto "no se trata de una cuestión ideológica o de siglas políticas, sino se "sentido común y empatía con los canarios".

Estébanez remató asegurando que las medidas impuestas por el Gobierno "son injustas, improvisadas y desproporcionadas, ya que se está castigando de forma gratuita a bares, restaurantes, peluquerías o gimnasios, entre otros, sin arbitrar sus terribles pérdidas y concluyendo con unos parámetros que no hacen obligatoria estas medidas".

"La realidad es que el Gobierno de Canarias vive muy lejos de esta realidad y no se está teniendo en cuenta la realidad de cada isla", dijo el nacionalista, que aseguró que estas medidas "improvisadas" son "otra muestra más de un Gobierno fracasado que busca culpables en su propia isla porque no hay una hipótesis razonable ni coherente para estas medidas", concluyó.

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves ha aprobado, como ya se había anunciado, la modificación del Real Decreto Ley que flexibiliza el uso de la mascarilla en exteriores, y que será efectiva el próximo sábado 26 de junio. Esta medida, "deja pasado de nuevo a la sonrisa", ha festejado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al anunciar su aprobación.

"Las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa (...). Nuestra sonrisa volverá a nuestras calle, con distancia de seguridad, pero son sonrisas visibles para todos nosotros", ha señalado Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que hay que llevar siempre una mascarilla "con nosotros aunque no esté puesta" para cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y que incumplir su uso en los espacios que recoge el RD sigue sujeto a sanción según recoge el artículo 31 de la Ley.

"Estamos ante una medida prudente, que se va a producir de manera progresiva y gradual, liberándonos de llevarla en aquellos espacios al aire libre que la trasmisión es casi inexistente. Es un medida que nos pone en las mismas condiciones de los países de nuestro entorno que están llevando a cabo la medida de flexibilización de su uso obligatorio; y es una medida que nos acerca a la normalidad, con prudencia y que además nos da alergia colectiva", ha añadido.

De este modo, ha explicado que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes. No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público, sitios públicos, etc.

Asimismo, no tendrán que llevar mascarillas los ancianos en cuyas residencias el 80 por ciento tenga la pauta completa de vacunación, si bien los trabajadores que les atienden sí tengan que llevarla y las personas que les visiten. Del mismo modo, se introduce como novedad el no llevar la mascarilla en la cubierta de transporte marítimo siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio.

En la misma línea, no será exigible el uso de mascarilla en las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan tasas de vacunación superiores al 80% (con pauta completa). Esta excepción tampoco será de aplicación ni a los visitantes externos ni a los trabajadores de dichos centros.

En cuanto a los centros penitenciarios en los que haya movilidad de los internos, el uso de las mascarillas, tanto en exteriores como en espacios cerrados, se regirá por las normas específicas que determine la autoridad penitenciaria competente.

"Sería conveniente llevarla siempre encima para cumplir el RD", ha zanjado, sobre una normativa que ha defendido ante los buenos indicadores respecto a la evolución de la presión asistencial y la ocupación de camas hospitalarias y el importante campaña de vacunación.

Esta medida, ha recordado, "viene de la mano de la evidencia científica dónde se ha puesto de manifiesto la menor transmisión del virus en los espacios al aire libre". No obstante, la medida se reevaluará en función de la situación epidemiológico. En este momento, "es una buena medida, bien pensada y una medida necesaria y que la ciudadanía se merecía".

Así, según los datos correspondientes al día de ayer, 23 de junio, el 100% y el 96,4% de los mayores de 80 y 70 años respectivamente, cuentan con la pauta completa de vacunación frente a la COVID-19; y el 93,2% y 86,3% de los mayores de 60 y 50 años respectivamente con una dosis. En esta misma línea, ha destacado que España cuenta con más de 15 millones de personas con pauta completa de vacunación, más del 32% de la población, así como que, según el informe de este miércoles, el 50% de la ciudadanía cuenta con, al menos, una dosis.

Respecto a que la normativa se cumpla en todo el territorio nacional y las hojas de ruta de las CCAA, ha recordado que debe de ser así, "para que el tratamiento de la mascarilla sea uniforme y homogeneo". "Tener un marco común es muy importante; en esta crisis entramos juntos y de esta crisis salimos juntos. El elemento de la mascarilla como símbolo asociado a la pandemia ha sido homogéneo en todo el país y consideramos que sigue siendo así y que debe seguir siendo", ha añadido.

En el mismo artículo del RDL queda igualmente fijado que la venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente sólo podrá realizarse en las oficinas de farmacia, garantizando las adecuadas medidas de higiene y calidad del producto

Respecto al futuro del uso de la mascarilla, ha recordado, "ha tenido un gran impacto en nuestras vidas al protegernos del virus proteger a los demás y también permitir un cierto grado de interacción social". De cara al futuro, ha señalado que el Gobierno seguirá evaluando los datos, así como la tasa de vacunación.

La Policía Nacional de Sevilla ha detenido este jueves a una mujer por un presunto delito de abandono de menores, tras ser descubierta su hija de siete años de edad deambulando sola por las zonas comunes de un edificio de viviendas del entorno de Parque Amate, mientras ella estaba "tomando una copa" en la zona de la Gran Plaza.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos sobre las 00,40 horas de esta madrugada, cuando una patrulla fue comisionada hacia un bloque de pisos en la calle Carlos Marx, en el entorno del Parque Amate, donde una vecina manifestaba que una niña de siete años estaba deambulando sola por las zonas comunes del edificio.

Los agentes, después de contactar con la requirente y otra vecina con la que se encontraba la menor, fueron informados que la niña vivía desde hace tres años con su madre y hermano mayor de edad en un piso del bloque, si bien hacía tiempo que estas personas no eran vistas por su domicilio.

Ambas vecinas explicaron que desde hacía un mes, habían observado que la menor deambulaba sola por las zonas comunes del edificio a diferentes horas del día y de la noche, que no asistía a clases, que presentaba moratones en sus piernas y que parecía estar en situación de abandono. Es más, una de estas vecinas informó de que en ocasiones, había bañado a la menor y le había alimentado.

Una vez que los agentes se entrevistaron con la menor, esta se mostraba nerviosa, negándose a facilitar información sobre el paradero de su madre y su hermano, manifestando querer irse a su casa y añadiendo que ella vivía sola.

Con las llaves que portaba la menor, los agentes entraron en el domicilio, comprobando que la vivienda no tenía electricidad y se encontraba en condiciones insalubres, con fuertes olores y suciedad acumulada.

Realizadas gestiones por los agentes para localizar a la madre de la menor, fue localizado un teléfono de una persona que tenía alquilada la vivienda a la madre, persona que facilitó el teléfono de contacto de la mujer.

Los agentes localizaron a la madre de la niña a las 2,00 horas de la madrugada en la Gran Plaza, manifestando la misma que había salido de trabajar a las 15,00 horas y que necesitaba "despejarse tomándose una copa", ante lo cual fue detenida por un presunto delito de abandono de menores, siendo ingresada la menor por orden de la fiscalía en una casa de acogida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la admisión a trámite de los recursos presentados este mismo jueves por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y otros dos ex diputados del Parlament de Cataluña contra los indultos concedidos a los condenados por el 'procés' independentista. En las providencias, se reclama al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto a la Sala en un "plazo improrrogable" de 20 días.

Este trámite supone la puesta en marcha de la iniciativa legal de los diputados de Ciudadanos tras comprobarse que ésta carece de defectos formales. Se trata de un trámite automático, que no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante.

La única consecuencia procesal de este paso es que obligará al Gobierno a entregar al alto tribunal los expedientes de indulto, ya que siempre se reclaman los documentos sobre los actos gubernativos que han sido impugnados para que puedan ser analizados.

Se ha interpuesto un recurso por cada preso por parte de Arrimadas y dos de sus compañeros de partido, el diputado José María Espejo-Saavedra y el líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa a título personal, y basan su legitimidad en que eran quienes estaban "en primera fila" --los tres eran diputados en el Parlament en 2017-- cuando "a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum".

Si bien lo presentado hoy es un primer trámite, un anuncio de interposición de recurso, el portavoz de la formación en el Congreso y abogado del Estado, Edmundo Bal, ya ha avanzado que en los mismos pedirán como medida cautelar que los nueves líderes independentistas condenados por el Supremo regresen a la cárcel mientras resuelve sobre sus alegaciones.

CAUTELARÍSIMAS ANTES DE LEGITIMACIÓN

Según ha explicado Bal, para que la Sala resuelva sobre esas cautelares no es necesario que decida sobre la legitimidad o no de Arrimadas, Espejo y Carrizosa para presentar recurso.

Fuentes del alto tribunal consultadas avalan esta posibilidad, pese a que el orden lógico procesal debería ser al revés, si bien añaden que con carácter general la Sala de lo Contencioso ha tenido casos en los que por razones de urgencia se han visto antes las cautelarísimas -para adoptar o para denegar la medida-.

Preguntado Edmundo Bal si estos recursos tienen más posibilidad de prosperar que los de Vox, ha indicado que la jurisprudencia actual dice que debes tener legitimación en el caso concreto, y esto se analiza por la infracción de tus derechos, por el perjuicio que te causan vinculado con el objeto que recurres.

En este sentido, ha explicado que Vox es acusación popular en el juicio del 'procés' "y no es ofendido por el delito, no hay ofensa de bienes personales". "Sólo los que son ofendidos, el caso de Inés, Carrizosa y Espejo, solo esas personas, y no los partidos políticos son los que tienen legitimación", ha añadido.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido este jueves el Foro Provincial de Málaga para la Integración de personas de origen migrante y ha reclamado al Gobierno central que adopte una estrategia nacional, con financiación estable, para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas).

Navarro ha recordado que en una semana y media han llegado 70 menores a las costas andaluzas, según los datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que Andalucía "es una comunidad solidaria, con un modelo de atención que ha recibido el reconocimiento de todas las organizaciones sociales".

No obstante, "este esfuerzo requiere de la colaboración económica del Estado", ha explicado Navarro, quien al mismo tiempo ha pedido al Gobierno que resuelva "de forma definitiva la grave crisis diplomática abierta con Marruecos".

Igualmente, ha añadido que la postura del Gobierno central en cuanto a la inmigración irregular "ha sido desde el principio poco clara y colaborativa" y ha recordado los traslados de inmigrantes (no menores en este caso) desde Canarias a diferentes provincias andaluzas --Granada, Sevilla y Málaga-- "sin coordinación con la Junta de Andalucía, lo que impidió en su momento realizar el imprescindible control sanitario en tiempos de pandemia".

Sobre los menores no acompañados, Navarro ha asegurado que Andalucía está ya al límite de su capacidad de acogida, con 1.700 niños, y ha pedido al Gobierno central que los menores que llegan a nuestra tierra sean distribuidos en otras Comunidades autónomas.

El Gobierno andaluz ha destinado este año en la provincia de Málaga 132.000 euros a entidades privadas sin ánimo de lucro para la puesta en marcha de proyectos relativos a políticas migratorias, lo que supone un incremento del 20 por ciento con respecto a la convocatoria anterior, según ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz.

Durante la celebración del Foro de Inmigración, que aglutina a una treintena de organizaciones e instituciones, Navarro ha destacado "el compromiso de la Junta de Andalucía con las políticas migratorias y con las personas y asociaciones que formáis esta red de apoyo que es tan importante para las personas migrantes, a las que no podemos ni queremos dejar sin respaldo".

En este sentido, ha remarcado el aumento de la dotación económica de las subvenciones específicas de la provincia para proyectos de entidades sin ánimo de lucro, "con un incremento de un 20 por ciento que debe permitir la puesta en marcha de más proyectos, que son muy necesarios para poder seguir trabajando en la integración social y económica de estas personas que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad".

Igualmente, ha añadido que espera y desea "que el incremento de estas subvenciones sirva, no solo para el mantenimiento de los empleos ya existentes, sino para que se pueda crear alguno más, necesarios todos ellos para la ejecución efectiva de los programas a desarrollar".

La delegada del Gobierno andaluz ha recordado que gracias a la última convocatoria de subvenciones (110.000 euros) se pusieron en marcha en la provincia de Málaga 12 proyectos y en esta nueva se prevé que puedan desarrollarse hasta 15 propuestas exclusivamente en la provincia. La convocatoria de subvenciones de este año recoge como actuaciones y colectivos preferentes los proyectos dirigidos a jóvenes ex tutelados inmigrantes y niñas o mujeres de origen inmigrante.

Además de las subvenciones específicamente provinciales, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha convocado también otras subvenciones para proyectos regionales y multiprovinciales, así como una línea específica de ayudas dirigidas a los ayuntamientos para proyectos de infraestructuras y equipamientos de centros de atención a la población inmigrante.

En total, la suma de todas estas subvenciones de la Consejería de la Presidencia supone una dotación económica de 2,4 millones de euros para toda Andalucía.

NUEVA ARTICULACIÓN DEL FORO PROVINCIAL

La reunión del Foro provincial es la primera que se celebra tras la entrada en vigor del nuevo decreto de la Junta que regula el funcionamiento y la estructura de éste.

Así, se establece una Vicepresidencia, que a propuesta de Patricia Navarro ha recaído en la entidad Málaga Acoge, y también se crea una Comisión Permanente, "que nos hará ganar en agilidad y seguimiento de los temas, dado que se reunirá de forma trimestral y no habrá que esperar así a las dos únicas reuniones anuales que tenía establecidas hasta ahora el Foro", ha explicado.

La Comisión Permanente estará formada por la presidenta y vicepresidenta del Foro y los representantes que sean designados por la Subdelegación del Gobierno, Diputación de Málaga, Cruz Roja, CODENAF, Asociación de Paraguayos, CCOO, CEM, así como las delegadas de Igualdad y Empleo.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la regulación de los precios del alquiler es un "negocio redondo" y ha insistido en que la futura Ley de Vivienda debe articular mecanismos que permitan bajar rentas en zonas de mercado tensionado, al ser lo que recoge el acuerdo suscrito con el PSOE.

Así se ha pronunciado la también secretaria general de Podemos tras conocerse que la formación morada ve "insuficiente" la propuesta del ministro, José Luis Ábalos, de congelación de precios en dichas zonas para cerrar la negociación sobre la futura normativa. En su lugar, reclama un mecanismo para lograr bajadas de los alquileres.

"El acuerdo es clarísimo, los precios no se tienen únicamente que congelar, tienen que bajar y así lo recoge explícitamente el acuerdo y es en la línea en la que nosotros estamos trabajando", ha desgranado Belarra en declaraciones a TVE.

Al respecto, ha señalado que la Ley catalana de Vivienda, que es un "referente muy claro" para la estatal, ha demostrado su eficacia al lograr bajar los precios y aumentar el número de contratos.

Por tanto, regular los precios es la forma de lograr alquileres asequibles y que ese dinero pueda derivarse a otros gastos domésticos que mejorará el sistema económico. "Creo que es un negocio redundo el regular los precios del alquiler y asegurar que la gente llegue un poco más desahogada a final de mes", ha sentenciado.

LA BAJADA DEL IVA AL 10% DEBERÍA SER PERMANENTE

Por otro lado, ha valorado que el Consejo de Ministros haya aprobado la bajada del IVA del precio de la luz del 21 al 10%, aunque ha dejado claro que Unidas Podemos pidió que fuera una medida "permanente" en lugar de estar "acotada en el tiempo", concretamente hasta final de año.

De esta forma, ha destacado que se trata de una "medida limitada" aunque "imprescindible", como propusieron desde su espacio político, para que los ciudadanos tuvieran un efecto de bajada en su tarifa.

No obstante, Belarra ha insistido en que el mercado eléctrico en España "no va a cambiar" hasta que no se promueva la que entiende como "mejor solución" para bajar la factura de la luz, que es la creación de una empresa pública de energía.

Y es que en el sector, como ha relatado, existe un "oligopolio" con tres empresas que acaparan el 80% del mercado y con " capacidad directa" para influir en el precio que se cobra a los consumidores.

INTERVENIR EN EL MERCADO CON UNA ENERGÉTICA PÚBLICA

Por tanto, se debe pedir en "aras a la responsabilidad social corporativa" que hagan un "esfuerzo" para que el sector contribuya a bajar la factura de la luz. En caso de que no lo hagan, Belarra ha defendido que la "mejor manera de defenderse" ante esa "actitud de funcionamiento oligopólico" es precisamente esa energética pública, que aportaría transparencia y competitividad al sector.

En consecuencia, ha reivindicado que habría que intervenir el mercado eléctrico con dicha compañía pública y, en esta línea, trabajará para "convencer al socio" de que hace falta para proseguir los pasos, como la reducción de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas.

La responsable del área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, María Jesús Cantos, ha señalado que las denuncias por violencia de género se han incrementado desde el fin del estado de alarma, el 9 mayo de 2021, a pesar de que en su conjunto se mantienen "similares" a las registradas durante 2019.

Así lo ha trasladado Cantos este jueves en rueda de prensa, quien ha indicado que por el momento se desconocen los posibles motivos de este "repunte" de denuncias detectado tras el fin del estado de alarma, que se están estudiando y actualmente basan sus indagaciones en "observaciones", entre las que destaca un aumento de las peticiones de separación o divorcio por parte de las víctimas.

La ponente participa esta semana en el marco del XVI encuentro de la Policía Científica, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en su programación de los cursos de verano.

Cantos ha apuntado que los casos denunciados por violencia de género disminuyeron durante la pandemia del Covid, en comparación con otros países, si bien las efectuadas por vía telefónica experimentaron "un repunte no excesivo".

"Durante el año 2020 hubo una mayor dificultad a la hora de emitir denuncias debido al confinamiento, ya que antes de su irrupción gran parte de ellas estaban motivadas por un afán de control hacia la pareja", ha explicado Cantos.

En este sentido, ha subrayado que "inmediatamente" después de la declaración del primer estado de alarma, en marzo de 2020, se insistió en hacer una revisión de los casos, incorporar el llamado botón SOS y realizar más llamadas telefónicas de seguimiento.

Asimismo, la agente ha puntualizado que desde su unidad "no echan en falta" ninguna herramienta a nivel legislativo, aunque se está trabajando conjuntamente en labores de coordinación con los cuerpos policiales para ver "qué más" pueden hacer.

En concreto, ha destacado como posible aspecto a mejorar una mayor dotación presupuestaria a la Policía, con mayores recursos humanos y materiales.

Respecto a la rehabilitación de los maltratadores, Cantos ha asegurado que "es difícil, pero no imposible" y ha apuntado que "muchos" de ellos vuelven a agredir tras pasar por prisión.

Por esta razón, ha indicado que aunque los agresores "obviamente tienen que cumplir sus penas", las posibilidades de reinserción pueden "aumentar significativamente" a través de los programas.

SE INCREMENTAN LAS AGRESIONES DE JÓVENES A TRAVÉS DE INTERNET

Por otro lado, la agente ha alertado sobre un incremento de las agresiones por parte de los jóvenes, en gran parte a través de los canales digitales.

Finalmente, Cantos ha explicado el funcionamiento del sistema VioGen, que mide las probabilidades de homicidio basándose en parámetros como riesgo y reincidencia, así como diversos estudios científicos realizados en torno a la tipología de los homicidas.

Faes Farma abonará este viernes, 25 de junio, un dividendo bruto complementario de 0,03 euros por acción con cargo a los resultados de 2020, según ha informado la compañía en un comunicado.

La cantidad se abonará a cada una de las acciones de la empresa en circulación al cierre de la sesión del pasado 22 de junio. La cifra se suma a los 0,167 euros brutos por título correspondientes al dividendo flexible ya adelantados como retribución a aquellos accionistas que en enero optaron por esta fórmula de retribución.

De este modo, Faes Farma abonará un total de 0,197 euros por cada acción, con cargo al beneficio de 2020, a sus accionistas, lo que supone una rentabilidad del 5,9% al cierre de la sesión del 23 de junio, en la que la acción se ubicó en los 3,34 euros.

La cifra supone, además, un crecimiento del 17,2% sobre la cifra abonada a los accionistas en el ejercicio anterior.

En 2020, el grupo registró un beneficio neto consolidado de 73,4 millones de euros en 2020, lo que supuso un aumento del 14,6% respecto al año anterior, gracias a su crecimiento de la actividad en España y en el exterior, así como por la incorporación al perímetro de las ventas procedentes del Grupo BCN Medica.

Por otro lado, la junta general de accionistas de Faes Farma aprobó el pasado 16 de junio una nueva ampliación de capital con cargo a reservas con el objetivo de atender a los accionistas del grupo farmacéutico bajo la fórmula de dividendo flexible con cargo a los resultados de este 2021.

La farmacéutica ha resaltado que este tipo de retribución ha tenido una acogida "muy positiva" en años anteriores. En el caso de 2020, los accionistas titulares de casi el 90% de los derechos de asignación optaron por suscribir títulos de nueva emisión.

Desde el pasado 1 de febrero y durante todo este año, Faes Farma forma parte del Ibex Top Dividendo, índice compuesto por los 25 valores del Ibex 35, Ibex Medium Cap o Ibex Small Cap que ofrecen a sus accionistas una rentabilidad por dividendo más elevada.

"Este hecho es una muestra más del compromiso del grupo farmacéutico con la retribución y el cuidado año tras año a sus accionistas y que se ha convertido en una de las señas de identidad de Faes Farma", ha subrayado la compañía.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que ya esperaban que la salida de la cárcel de los nueve condenados por el procés tras recibir su indulto estuviera rodeada de "simbología independentista" y, de este modo, ha restado importancia a las declaraciones y proclamas que se lanzaron.

"Esas expresiones era de prever que se podían ver durante estos días de forma más aguda", ha afirmado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves para aprobar el fin de la mascarilla al aire libre y la bajada del IVA de a luz.

Por otra parte, ha criticado los recursos de PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos, por tratar de "judicializar" de nuevo la política, y ha defendido el trabajo "riguroso" del Ministerio de Justicia en la motivación de los indultos. De hecho, ha señalado que es la "es la primera vez que un indulto se motiva".

En cuanto a la salda de los presos, la portavoz ha asegurado que "era de esperar" que se produjera ese recibimiento por parte del independentismo, y esas escenas a las afueras de las cárceles, en donde se escucharon lemas como 'Lo volveremos a hacer', y donde los indultados posaron con una gran pancarta en la que se leía 'Freedom for Catalonia' --libertad para Cataluña, en inglés--.

Eso sí, Montero ha recordado que en la nueva etapa de diálogo que el Gobierno espera entablar con la Generalitat todo el mundo conoce ya "cuáles son los límites" del Ejecutivo para esa negociación, que pasan por el respeto de la Constitución y el ordenamiento legal.

Además, ha querido volver a dejar claro que los presos que ayer fueron liberados tras recibir el indulto fueron condenados no por sus ideas sino por haber quebrantado la legalidad, y por ello, no se les exige que renuncien a esas ideas ni se les prohíbe expresarlas.

En todo caso, ha manifestado que espera que toda esta situación "se reconduzca por el cauce del diálogo y la convivencia, para poner encima de la mesa propuestas que realmente mejoren la vida de los ciudadanos".

LOS RECURSOS, UNA "PATATA CALIENTE A LOS TRIBUNALES"

En este sentido, ha criticado que la derecha vuelva a intentar "judicializar" un conflicto político, con sus recursos ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque ha confesado que no les "sorprende".

No podemos dirimir la política en sede judicial y pasar una patata caliente a los tribunales de justicia. Debemos respetar que las actuaciones que permiten la política se discutan en el ámbito de la política", ha reclamado.

A este respecto, ha defendido que el indulto es una prerrogativa del Gobierno y una competencia que ejerce desde la perspectiva que considera que mayor contribuye al diálogo y al entendimiento con los catalanes.

Además, ha puesto en valor el trabajo del Ministerio de Justicia por haber ido "más allá de lo que exige la legalidad" en este caso, porque ha trabajado "de forma concienzuda" durante varios días para "sustanciar de manera correcta y rigurosa el por qué y la motivación" de esos indultos. "Es la primera vez que un indulto se motiva", ha defendido.

Por ello, ha manifestado que en el Gobierno están "tranquilos" en relación con esos recursos --que no creen que vayan a prosperar, según afirman fuentes gubernamentales, por falta de legitimación--. No obstante, si ha admitido que les inquieta el hecho de que "haya formaciones" como el PP que, aún habiendo gobernando, "siempre recurran a la judicialización cuando pierden".

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado de que el Ejecutivo se plantea adelantar las segundas dosis de AstraZeneca a 10 semanas --actualmente se sitúa en 12 semanas-- con el fin de afrontar con más vacunados con la pauta completa la cepa Delta, que ya suma 83 casos en la Región, aunque están inactivos y no existe transmisión comunitaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que Casado ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha detallado que en la Comunidad se han detectado en los últimos 14 días ocho brotes con 83 casos de la cepa Delta.

No obstante ha explicado que, pese a que los casos siguen abiertos, ya están inactivos al no haberse registrado más personas afectadas dentro de estos brotes identificados, por lo que ha concluido que no existe transmisión comunitaria.

En concreto, se han detectado 25 casos en Sotillo de La Adrada (Ávila) vinculados a una guardería; 21 casos en Carrión de los Condes (Palencia) relacionados con un viaje; un brote mixto con cuatro casos, diez importados de otras provincias, tres de origen familiar y 16 en un colegio, todos ellos en Valladolid, y por último, tres personas en Zamora vinculadas a la feria de turismo FITUR.

Como ha reseñado todos estos brotes están sometidos a un seguimiento y no han aparecido nuevos casos en los últimos 14 días, por lo que están inactivos pero no cerrados, ya que la evolución se analiza durante 28 días. No obstante, ha asegurado que no existe transmisión comunitaria y que la cepa británica --Alfa-- sigue siendo la predominante en la Comunidad en un 89,2 por ciento de los casos.

Casado ha asegurado que la Administración está muy vigilante a la evolución de esta cepa ante la situación de Reino Unido, donde ya ha desplazado a la cepa Alfa --británica--, ante un alta contagiosidad. Así, ha recordado que en entornos con una cobertura vacunal moderada la aparición de esta cepa no supone mayores tasas de hospitalización.

Es por esto que la consejera haya avanzado que se trabaja para adelantar las segundas dosis de AstraZéneca hasta las 10 semanas, ya que se ha demostrado que cuando se tiene la pauta vacunal completa la enfermedad es más resistente.

De este modo, Casado ha aclarado que actualmente Castilla y León cuenta con todas las dosis necesarias para poder adelantar estas segundas dosis.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha señalado que la incidencia de coronavirus en la comunidad autónoma se mantiene estable, con una incidencia a siete días de 41,1 casos por 100.000 habitantes y de 82,8 a 14 días.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha indicado que la curva de contagios se encuentra en situación de meseta, tras sufrir un quinto pico epidémico de menor magnitud que los anteriores, en el que la incidencia acumulada a siete días ha llegado a un máximo de 165 casos por 100.000 habitantes, cifra que se alcanzó el pasado 2 de mayo.

Por provincias, Zaragoza acumula una incidencia a siete días de 42,5 casos por 100.000 habitantes; Huesca, de 21,6, y Teruel, de 58,9. En lo que se refiere a las capitales, en la turolense es de 124,2 casos en la última semana; en la oscense de 25,9 casos; y en la zaragozana de 41,4 casos.

Aragón suma desde el inicio de la pandemia 127.507 contagios de coronavirus, de los que 121.820 han recibido ya el alta epidemiológica, y 3.539 fallecimientos.

La hospitalización por la COVID-19 sigue bajando, tanto en camas convencionales, con una ocupación del 1,57 por ciento frente al dos de la semana pasada, como en las de cuidados intensivos, donde la ocupación por pacientes con coronavirus es del 9,76 por ciento sobre el 12 de la semana anterior. La positividad de pruebas diagnósticas por cohorte de personas se sitúa en el 4,7 por ciento en siete días y el índice de reproducción es de 0,94.

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

El seguimiento de los contactos a diez días también se mantiene en fase de descenso ya que en estos momentos se está realizando a 1.624 personas, frente a las 1.853 de la pasada semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a 24.297 personas.

En cuanto a las cepas detectadas en Aragón, esta semana únicamente se han constatado cinco casos de cepa india (Delta) en Zaragoza.

Por otra parte, las residencias aragonesas tienen tres brotes abiertos, con nueve afectados ---cinco residentes y cuatro trabajadores--, frente a los 43 brotes de hace justo medio año, cuando había en ellos 1.528 personas contagiadas. No hay ningún usuario de residencia ingresado en un hospital o en el centro Covid de Casetas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la ratificación de la orden de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2021, que pretendía el cierre perimetral durante siete días de Bailén (Jaén) ante el aumento de contagios por covid-19, por entender que la Junta de Andalucía no justificó la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida ni la inexistencia de otras alternativas.

La Consejería de Salud y Familias acordó por razones de salud pública el confinamiento de la localidad jiennense, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Jaén, por haberse superado los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó la ratificación al considerar que la medida era inconstitucional por impedir la libre circulación en una parte del territorio español. Es por ello que la Junta de Andalucía recurrió en casación al Supremo, tribunal que ya ha emitido sentencia.

De hecho, el Tribunal Supremo discrepa del criterio del TSJA y recuerda que, conforme a su jurisprudencia, fuera del estado de alarma las autoridades sanitarias ordinarias --en este caso autonómicas-- están apoderadas para acordar medidas que impliquen limitación o restricción puntual de derechos fundamentales.

En este caso la Sala deniega la medida de cierre perimetral por otra razón distinta a la del TSJA. En su sentencia explica que la orden de la Junta se basa en los datos sobre la tasa de incidencia acumulada, "lo que es razonable", pero hubiese requerido que la Administración autonómica justificara la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, así como la inexistencia de otras alternativas.

Si la Administración está normativamente obligada a interesar la autorización judicial para adoptar ese confinamiento, no es porque el control judicial quede ceñido a validar tal dato, sino porque con base en él se pretende aplicar unas medidas de contención que implicarán la restricción de derechos y libertades fundamentales, de ahí que la decisión precise que los tribunales la autoricen como garantes de los derechos y libertades", señala la sentencia del Supremo.

Añade, por tanto, el Supremo que "es carga de la Administración no limitarse a justificar la medida con base en el dato que considera que es eficaz como presupuesto" por ello le corresponde "justificar y razonar también la necesidad del confinamiento, su idoneidad y proporcionalidad respecto del fin perseguido así como la inexistencia de otras alternativas, carga que la Administración ha desatendido".

La decisión de cerrar Bailén se acordó el 2 de junio cuando la tasa de incidencia se encontraba en 1.008,7 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Dos días después, la tasa había bajado a 934,6 por lo que desde la Junta se apuntó que no sería necesario aplicar las restricciones que ya habían sido desestimadas por el TSJA. Actualmente, la tasa de incidencia en Bailén es de 296,3 casos por cada 100.000 habitantes.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves en Bruselas el rechazo de su formación a los indultos a los condenados por el 'procés' que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado de que dar "carta blanca" el independentismo puede convertirse en un "problema" para la Unión Europea.

"El problema en España respecto al independentismo es también un problema europeo. Si se da carta blanca al independentismo en España será un problema para Italia, para Rumanía o para Francia porque la Europa de las regiones es la Europa de los estados unidos y la integridad territorial es la base de toda la legislación internacional, no solo en Europa sino también en Naciones Unidas", ha advertido.

Casado, que ha asistido a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, ha recalcado que la UE está "con la España unida y constitucional" y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que le va a costar explicar que "los chicos de la gasolina y de (la cárcel) de Lledoners son estupendos demócratas".

"Si quiere engañar le va a costar explicarlo porque ahí está la sentencia del Tribunal Supremo, que explica muy bien lo que hicieron de forma violenta y en contra de la gran mayoría de catalanes pacíficos que quieren concordia y convivencia de verdad", ha abundado.

ESPAÑA ES "UNA DEMOCRACIA AVANZADA"

Un día después de la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas indultados, Casado ha afirmado que en la reunión del PPE "ha dejado claro" que España es "una democracia avanzada" con "un Estado de Derecho absolutamente independiente y una Justicia que dicta sus sentencias en base a la ley y la Constitución".

"Vengo a defender la independencia del Tribunal Supremo en sus resoluciones. Vengo a defender el Estado de Derecho y la Constitución al margen de decisiones políticas para autoindultar a un Gobierno que necesita los votos de los nacionalistas independentistas que prometió nunca tener en cuenta para acuerdos de gobernabilidad", ha manifestado.

El jefe de la oposición ha calificado de "humillación a todos los españoles" lo sucedido este miércoles en la salida de prisión porque los indultados aseguraron que "lo volverán a hacer", que España "ha sido derrotada" y que, pese a estar inhabilitados, "liderarán el secesionismo fuera de la cárcel".

A renglón seguido, se ha preguntado si van a ver a esos dirigentes independentistas "condenados por dar un golpe a la legalidad" en la "mesa de amnistía y autodeterminación" de Moncloa. "Me hago una pregunta: ¿Sánchez piensa que en Europa acepta que en una democracia se hable de amnistía?". A su entender, las amnistías se producen cuando hay una dictadura para "anular resoluciones de Códigos Penales que no son democráticos".

Casado ha vuelto a defender la integridad territorial y ha avisado que "si hay un problema en Cataluña" lo habrá "automáticamente después en multitud de regiones europeas". "Por tanto, que abandonen toda esperanza los independentistas", ha proclamado.

UNA DECISIÓN PARA "BENEFICIO PROPIO" DEL GOBIERNO

El presidente del PP ha recalcado que "ninguna decisión política para beneficio propio de un Gobierno tiene nada que ver ni con la concordia, ni con la convivencia ni con el reencuentro". A su entender, el reencuentro está en la ley y la Constitución.

Por todo ello, ha explicado que ha informado a sus socios europeos que, ante los pasos que ha dado Pedro Sánchez, ha solicitado la dimisión del presidente del Gobierno y la disolución del Parlamento para convocar de forma "inmediata" elecciones con el objetivo de que los españoles puedan pronunciarse en las urnas sobre los pasos del Ejecutivo.

Al ser preguntado por la moción de censura que plantea Vox tras los indultos, Casado ha señalado que él "no tiene nada que comentar" sobre lo que "digan otros partidos" y se ha reafirmado en su petición de elecciones para que los españoles "puedan decidir con toda la información encima de la mesa y sin mentiras qué Gobierno quieren tener".

"Sánchez fue tremendamente ampuloso, formal y preciso a la hora de decir lo que no iba a hacer y ha mentido en todo", ha apostillado, para insistir en que debería someterse "libremente y sin ningún tipo de miedo" a la voluntad de los españoles en las urnas.

Al ser preguntado si el expresidente José María Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a 15 condenados por terrorismo de Terra Lliure, ha señalado que habría qué ver cómo se hizo entonces pero que están hablando de "lo que está pasando ahora" porque Sánchez prometió que no les indultaría "jamás". A su juicio, "cuando se miente, se asumen responsabilidades".

REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL PP PARA RECURRIR

El presidente del PP ha avanzado que este mismo viernes se va a reunir el equipo jurídico del partido --con Enrique López, Fernando de Rosa y Luis Santamaría-- para "evaluar" cómo van a argumentar la "legitimación" como "parte afectada" para recurrir ante el Supremo los indultos.

"Somos afectados porque un Gobierno discrecionalmente y en contra de la sentencia y de la Fiscalía decida indultar a las personas que fueron condenados por esos actos violentos del 1 de octubre", ha explicado, para añadir que si alguien declara la independencia "a través de algaradas violentas, en cualquier región de Europa se habría actuado igual".

Además, ha destacado que hay "muchas afectadas en Cataluña" por lo que pasó entonces de las que el jefe del Ejecutivo "no está hablando" y que vieron cómo "sus negocios ardían en esas algaradas". También se ha referido a los servidores públicos que "sufrieron la propaganda en las escuelas", "en la atención funcionarial" o en los "hospitales", así como a los que se les "señalaba por ser constitucionalistas".

Asimismo, ha indicado que él "personalmente" también es "afectado" después de conocerse, por un informe de la Guardia Civil, que era objetivo de posible atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), "a pesar de que el Gobierno lo había ocultado".

Casado ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Bruselas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, donde se ha reunido además con la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, entre otras personalidades.

El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la plana mayor de su partido y arropado por más de un centenar de personas que portaban banderas de España y pancartas contra los indultos a los condenados por el 'procés', ha anunciado este jueves a las puertas del Tribual Supremo toda una serie de acciones jurídicas -que no ha concretado-- para responder a lo que ha denominado la "traición y corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a Abascal, que ha sido el único en intervenir, se encontraban otros primeros espadas del partido como Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé.

Fuentes del partido han señalado al término del acto que hacia el mediodía de este jueves se ha presentado el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la concesión de los indultos. Lo presenta Vox como partido al considerarse legitimado al haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el alto tribunal contra los líderes independentistas, han señalado las mismas fuentes.

En cuanto a Abascal, arropado por más de un centenar de personas al grito de "viva España" , "viva Cataluña", y "sólo queda Vox", el líder de la formación ha recordado que siempre han estado a la altura de las circunstancias y que ahora volverán a estarlo "frente al mayor acto de corrupción" cometido por el Gobierno en lo que ha calificado de "intento de arrebatarnos nuestra patria".

Ha recordado que Vox también acudió ante la justicia ya en 2014 contra el entonces presidente Mariano Rajoy por su "inacción" frente a Cataluña y que ahora lo hará contra Sánchez, que ha pasado de comprometerse a combatir el "golpe separatista" a engañar a los españoles mediante la "compra de voluntades" de los independentistas para mantenerse en el poder. Lo ocurrido con los indultos, a juicio de Abascal, ha supuesto "un espaldarazo a los separatistas y una puñalada por la espalda a los españoles y a ese puñado de jueces valientes" que actuaron en esta causa, y a los que ahora se ningunea.

Pasar salir de la situación es el único camino que se puede recorrer imperio de la ley", ha añadido, para referirse posteriormente a la "ilegalización de partidos golpistas y la suspensión autonomía hasta que pueda restablecerse el orden constitucional".

Ha añadido que los indultos son gravísimos porque, entre otras cuestiones, "no fueron solicitados, no hubo petición de perdon al pueblo español y no hay propósito de enmienda". "Si ellos dicen que lo volverán a hacer nosotros también lo volveremos a hacer, les sentaremos en el banquillo si vuelven a atacar al orden constitucional", ha concluido

La Consejería de Salud ha detectado, hasta el momento, 18 casos de coronavirus relacionados con un antecedente de viaje a Mallorca de jóvenes entre 17 y 21 años, principalmente de los municipios de Murcia y Las Torres de Cotillas.

El Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia está investigando este brote de Covid-19 extracomunitario en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Se trata, en su mayoría, de estudiantes de bachillerato que se encontraban de viaje de estudios, según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

Salud Pública trabaja en el estudio de los casos y los contactos estrechos, así como los aislamientos y cuarentenas correspondientes.

BROTES EN MURCIA, VALENCIA, MADRID Y PAÍS VASCO

Las Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana han detectado brotes de COVID-19 entre estudiantes que viajaron a Baleares entre el 18 y 20 de junio, según ha informado la Conselleria de Salud del Govern balear.

La Conselleria ha indicado que en Baleares no se han identificado casos relacionados y el Servicio de Epidemiología mantiene la vigilancia habitual en este tipo de situación.

La investigación de los brotes la hacen las Comunidades donde se han detectado los positivos ya que los casos han sido identificados en la vuelta a sus regiones de residencia. Esta investigación la lidera el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Según el Servicio de Epidemiología de Baleares, los estudiantes coincidieron en las islas en viaje de estudios, se relacionaron entre ellos y participaron en diferentes eventos multitudinarios, si bien de momento no hay constancia de que hayan generado brotes significativos dentro de la Comunidad.

El País Vasco informa que los casos que se han secuenciado se ha aislado la variante Delta; en la Comunidad Valenciana y en Madrid se ha aislado la Alfa. La investigación permanece abierta y el proceso de investigación continúa.

Madrid ha confirmado 245 positivos, Euskadi 49 y Comunidad Valenciana al menos 32 casos.