El descenso de personas hospitalizadas afectadas a causa del coronavirus ha permitido que las áreas sanitarias gallegas, salvo la de Ponteveda-O Salnes, avancen en la recuperación de la actividad quirúrgica ordinaria, al poder disponer de nuevo de espacios que habían sido habilitados para pacientes Covid.

Según los datos actualizados este martes por parte de la Consellería de Sanidade, los pacientes Covid ocupan en la Comunidad gallega 488 camas, de ellas 105 de UCI --37 en el área de A Coruña, 18 en la de Santiago, 15 en la de Vigo, 14 en la de Lugo, 11 en la de Pontevedra, 7 en la de Ferrol y tres en la de Ourense-- y 383 en otras unidades de hospitalización.

En el caso del área de Pontevedra y O Salnés, fuentes de la Dirección de la misma han explicado que, de momento, "no se ha recuperado" la reprogramación quirúrgica ordinaria "debido a la situación de pacientes críticos".

Al respecto, las mismas fuentes de esta área han añadido que "se contempla y planifica de cara a ir reactivando la programación quirúrgica a medida que se vaya pudiendo".

Mientras, han destacado por parte del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza que "la actividad ordinaria se ha recuperado al 100% y se ha empezado con la extraordinaria".

En base al Plan de Contingencia, en el área compostelana se activaron diferentes dispositivos extra para la atención a pacientes Covid, algunos de los cuales no fue necesario utilizar, ha puntualizado la gerencia de la misma, ya que el Hospital Clínico "llegó a tener cinco controles de enfermería de hospitalización convencional reservados para pacientes Covid y tres unidades completas y una parcial con pacientes Covid en unidades críticas".

A CORUÑA

También ha sido así en el caso de A Coruña y Cee, que es la que cuenta en la actualidad con más pacientes Covid hospitalizados --37 en críticos y 137 en otras unidades--, donde se "está empezando a recuperar la actividad quirúrgica", han destacado fuentes de la misma, que reprograma las intervenciones desde la semana pasada.

En este sentido, fuentes de esta área sanitaria han señalado que se han liberado camas de críticos que se usan para reanimación postquirúrgica, por lo que desde la semana pasada se han procedido a recuperar "cirugías pendientes".

VIGO

En esta línea, por parte del área de Vigo han destacado que "se va recuperando poco a poco" la actividad tras liberar camas destinadas a pacientes Covid --actualmente tiene 15 ingresados en UCI y 60 en otras unidades--, "recuperando alas enteras para su uso original".

Al respecto, fuentes del área sanitaria viguesa han resaltado que la presión asistencial "está bajando", pero matizan que la recuperación de la actividad quirúrgica se recupera "paulatinamente" con "mucha prudencia y cautela".

LUGO

Por su parte, en área de Lugo, el HULA ha tenido que "reajustar un poco la programación quirúrgica" en las últimas semanas, "en función de las necesidades de personal para la asistencia continuada en reanimación de estos pacientes".

No obstante, las mismas fuentes del área han puntualizado que en el HULA la presión asistencial en la última ola (la tercera) ha sido menor que en otros hospitales de la red del Sergas, aunque ha registrado en este periodo "la mayor presión asistencial", sobre todo en la unidad de críticos, ya que alcanzó "el mayor número de hospitalizados en UCI", pero "sin llegar al máximo", han matizado, que podían atender.

Por tanto, el área de Lugo está "en un proceso de recuperación" de la "normalidad asistencial" y "programando con normalidad la programación quirúrgica", han asegurado las mismas fuentes.

Asimismo, por parte del área sanitaria de Lugo se ha matizado que toda la actividad quirúrgica urgente --prioridad 1--, procesos graves, procesos oncológicos y otros, "no se vio afectada y no sufrieron retrasos, sino que se hicieron todos en función de la demanda y las necesidades que había diariamente".

"La actividad que se reajustó era patología no urgente que podría necesitar recursos de REA (reanimación) y que se sustituyó por cirugía más sencilla o cirugía mayor ambulatoria que necesitaba menos recursos de reanimación", han explicado las mismas fuentes.

OURENSE

Asimismo, por parte del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco han destacado que recupera este martes la programación quirúrgica con "normalidad absoluta", ya que hasta ahora las intervenciones se limitaban a lo urgente y prioridad 1.

Las mismas fuentes sanitarias han indicado que también se prosigue haciendo como hasta el momento las cirugías ambulatorias que no requieren ingreso. En esta área actualmente hay tres pacientes Covid en UCI y 35 en otras unidades de hospitalización.

FERROL

En el caso de Ferrol, fuentes de la Consellería de Sanidade han explicado que "la bajada de la demanda asistencial de estas semanas ha permitido la desescalada y reorganización de las unidades de críticos Covid-19", ya que de las tres unidades que estaban en marcha para este tipo de pacientes, se ha pasado a una.

Según los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidade, el Área Sanitaria de Ferrol cuenta con siete pacientes Covid en UCI y 47 en otras unidades de hospitalización.

Desde el lunes 22 de febrero Reanimación del Hospital Arquitecto Marcide ha dejado de funcionar como UCI con pacientes Covid-19, "para ser una unidad de críticos no afectados por esta afección", han comentado las mismas fuentes sanitarias.

Y este lunes, 1 de marzo, "se cerró la unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval a pacientes coronavirus", ha añadido, y regresa de esta forma como unidad de recuperación post anestésica de cirugía mayor ambulatoria.

Todo esto permite recuperar la normalidad de la actividad quirúrgica programada y, es por ello, han indicado las mismas fuentes, que "la UCI Covid-19 está desde la tarde de este lunes en el Hospital Arquitecto Marcide", que cuenta con siete ingresados --tiene una capacidad para diez pacientes--.

Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a nueve personas y desmantelado dos fábricas ilegales de sisha (picadura para consumo en pipa) y tabaco en Valladolid con capacidad para producir 180.000 cajetillas diarias, lo que tendría un valor de unos 800.000 euros, para su posterior venta en Gran Bretaña y España.

La operación conjunta, denominada 'Phoenix', ha supuesto la detención de nueve personas, entre los que están el cabecilla, de origen búlgaro y que ha ingresado en prisión, y ocho trabajadores especializados en estas labores procedentes de ucrania que se alojaban en una nave acondicionada con aseos, cocina y camaretas de dormitorio con el fin de evitar su salida al exterior.

Además, estos trabajadores, estaban privados de comunicación para evitar su localización, como se ha confirmado con el hallazgo en uno de los registros de diez teléfonos móviles en modo avión y envueltos en papel de aluminio.

Así lo han explicado en rueda de prensa en Valladolid el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo; el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad, comisario principal Juan José Campesino; el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Judicial, comisario principal Tomás Francisco González de la Oliva; y el jefe de Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla y León, Gabriel Sastre.

La investigación comenzó en noviembre de 2020, cuando las autoridades de Bulgaria alertaron a los agentes de la inminente llegada a España de un ciudadano búlgaro con el objetivo de trabajar en una fábrica clandestina de tabaco en España.

Gracias a esta información, se estableció un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que culminó con la localización de dicho individuo en una zona residencial próxima a la ciudad de Valladolid, en la urbanización Aldeamayor Golf.

El pasado mes de enero los investigadores localizaron dos naves industriales en el municipio vallisoletano de Fuensaldaña y una tercera en el Polígono de San Cristóbal, en la capital. Asimismo, observaron que el investigado contactaba con otras personas y cómo los lugares mencionados eran frecuentemente visitados por éstas.

MOVIMIENTOS

Varias gestiones permitieron detectar actividad esporádica de entrada y salida de camiones de gran tonelaje en labores de descarga de mercancía, así como de vehículos particulares, en la nave ubicada en Fuensaldaña.

Además, también se constató la llegada de varios individuos que accedían al interior de la misma y no salían de ella, lo que evidenciaba que allí se estaba realizando alguna actividad.

Por estos motivos, el pasado mes de febrero se realizó un operativo con el objetivo de inspeccionar las tres naves industriales y el domicilio investigados.

Como resultado, los investigadores descubrieron que la nave ubicada en Fuensaldaña ocultaba una fábrica clandestina que contenía toda la maquinaria necesaria para la producción completa de tabaco -desde la transformación de la hoja en picadura a granel hasta el empaquetado en la cajetilla y su posterior embalaje-, así como gran cantidad de productos para la elaboración de cigarrillos.

Estaba preparada para trabajar día y noche y producir 180.000 cajetillas diarias (3,6 millones de cigarrillos por valor de 800.000 euros) que después se pretendían vender en España y Gran Bretaña. Por el momento se investiga la procedencia del tabaco, cuyo origen está descartado que sea España, al igual que de la maquinaria, que pudo llegar de países del este de Europa.

También observaron que la nave estaba acondicionada para el alojamiento completo de los trabajadores -disponiendo de aseos, cocina y camaretas de dormitorio- al objeto de evitar cualquier salida al exterior durante el tiempo que estuvieran en la fábrica, con cuadrantes con pautas muy marcadas para descansar o comer.

El jefe superior de Policía en Castilla y León ha incidido en que la fábrica estaba en una fase inicial de producción, ya que los operarios habían entrado en territorio Schengen el día 3 de febrero.

A este respecto, el jefe de la UDEV ha apuntado que estos trabajadores probablemente se dediquen a este empleo en su país, ya que es necesaria una mano de obra de alta cualificación, y ha explicado que tendrían previsto estar en España durante tres meses, que es lo que permite el visado de turismo, durante el tiempo en el que "seguramente" se les pagarían "grandes sueldos" para luego ser sustituidos por otros.

Por otra parte, la segunda nave registrada (también en Fuensaldaña) obedecía a una antigua instalación que parecía haber alojado una infraestructura similar a la anterior, si bien se encontraba desmantelada.

TABACO PARA PIPA

En la tercera nave, ubicada en el Polígono San Cristóbal, localizaron otra instalación para la fabricación de tabaco destinado a ser consumido en sisha. Aquí encontraron una moledora para hoja de tabaco, cubetas llenas de picadura en proceso de fermentación y diversos productos para su elaboración.

Por último, se realizó el registro de un domicilio de la calle Lago de Sanabria, en la urbanización Aldeamayor Golf, donde se intervinieron un total de diez teléfonos móviles dispuestos en modo avión, lo que confirmaba que los trabajadores, además de estar completamente aislados del exterior, se encontraban privados de comunicación para evitar su localización.

En la última fase de la investigación los agentes detuvieron a ocho individuos de nacionalidad ucraniana así como al principal investigado, de nacionalidad búlgara, quien ha ingresado en prisión provisional. El individuo fue arrestado en la calle Las Médulas de la urbanización Aldeamayor Golf en torno a las 8.55 horas del jueves, 25 de febrero, cuando cuatro turismos --dos por delante y otros tantos por detrás-- obstaculizaron el paso de su vehículo y le sacaron a punta de pistola.

Siete de los arrestados fueron localizados en el interior de la nave empleada como fábrica clandestina de cajetillas de tabaco mientras realizaban dicha actividad.

Asimismo, en los registros intervinieron numerosos productos y maquinaria destinada a la actividad ilícita -máquinas trituradoras, mezcladoras, envasadoras y empaquetadoras, toros mecánicos y compresores, entre otros-, 35.000 euros en efectivo, 257.800 cajetillas de cigarrillos de una conocida marca y numerosa documentación.

Además, se localizaron unas gafas de sol pintadas con spray en el interior de una furgoneta utilizada frecuentemente por los investigados que presuntamente se utilizaban para su desplazamiento desde Barajas hasta el lugar donde se encontraban las naves sin que pudieran dar pistas sobre su ubicación.

La investigación ha constatado que la capacidad de producción de la fábrica, dado que tenía la infraestructura necesaria para trabajar día y noche por dos turnos de trabajo, permitía producir alrededor de 180.000 cajetillas al día.

A los individuos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial, dado que falsificaban algunas marcas conocidas de tabaco.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha destacado la importancia de esta operación, sobre todo por lo novedosa de la misma y por su envergadura.

Por su parte, el jefe de Área Regional de Vigilancia Aduanera ha apuntado que este tipo de delitos van en aumento y ha recordado que dentro de Castilla y León sólo se había realizado otra aprehensión anterior relacionada con el tabaco en Salamanca, pero en una instalación "no de este nivel".

La Xunta de Galicia "estudiaría si fuera necesario" aumentar el plazo dado a los establecimientos de hostelería para implantar el sistema de códigos QR que permite registrar a sus clientes, una medida recogida en la orden publicada el pasado jueves en el Diario Oficial de Galicia, aunque "se va a intentar llegar al 5 marzo".

Así lo ha trasladado el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Turismo e Xustiza, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios durante una visita a unas instalaciones judiciales provisionales en Vigo.

Cuestionado acerca de la petición de los hosteleros de la provincia de Pontevedra sobre la necesidad de tener una moratoria en la implantación de esa medida "por dificultades técnicas", Rueda ha recordado que la administración autonómica ya otorgó un plazo de una semana, hasta el 5 de marzo, para facilitar la puesta en servicio de la medida, porque era "consciente de que se iba a necesitar un tiempo de adaptación".

El vicepresidente ha reconocido que "en los primeros días hubo algo de desconocimiento" pero ahora las dificultades se han ido "aclarando" y la mayor parte de los locales han podido descargarse los códigos QR "sin problema".

No obstante, ha precisado, "si fuera necesario" se "estudiará" ampliar el plazo, y ha recordado que la administración está en contacto con el sector, que se están dando jornadas de información y aclarando dudas para facilitar la implantación de estas medidas de prevención y seguridad sanitaria frente al COVID.

"Vamos a intentar llegar al 5 de marzo, pero si hace falta ampliar el plazo se estudiaría. Nuestra intención no es sancionar ni recaudar (...), pero hay que cumplir lo que es obligatorio", ha zanjado Rueda.

INCUMPLIMIENTOS

Por otra parte, a preguntas sobre los incumplimientos de la normativa en el ámbito de la hostelería, por parte de locales y clientes, el pasado fin de semana, Alfonso Rueda ha reconocido la "preocupación" del gobierno gallego, aunque ha matizado que las principales infracciones se cometieron el viernes y el sábado, y que "la mayoría de hosteleros" cumplieron con las restricciones.

Al respecto, ha advertido de que el respeto a estas normas es "necesario" y ha reconocido que la aplicación "ha mejorado" desde el pasado fin de semana. "El objetivo es consolidar lo que tenemos, y no tener que dar pasos atrás ni volver a más restricciones o cierres", ha sentenciado.

En esa línea, ha expresado su esperanza de que el comité clínico que se reúne este martes confirme esa mejoría, porque sería "una buena noticia" desde el punto de vista sanitario y para la economía. En todo, ha añadido, las decisiones de los expertos serán asumidas por la Xunta, "sean las que sean".

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha dejado en libertad provisional al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su exjefe de gabinete de la presidencia, Jaume Masferrer, tras su comparecencia después de ser detenidos por el 'Barça Gate'.

Ambos han pasado a disposición judicial este martes sobre las 11.30 y se han negado a declarar, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Tras acogerse a su derecho a no declarar, Bartomeu y Masferrer han salido de la Ciutat de la Justicia por una puerta lateral que da acceso a zona de calabozos donde se custodia a los detenidos, con lo que han esquivado a las cámaras que les esperaban en los accesos principales.

La causa, que se inició en mayo de 2020, sigue abierta por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

La jueza ha levanto el secreto de sumario este mismo martes, motivo por el cual las defensas han recomendado a sus representados no declarar, ya que no habían tenido tiempo para estudiar la causa.

Los investigados presuntamente fraccionaron contratos a la empresa i3Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club y con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, han explicado fuentes jurídicas.

ACUSACIONES

Tras casi un año de investigación, la jueza ha comunicado este martes que el club no puede considerarse un posible implicado en los hechos investigados sino un perjudicado.

Por eso, ha rechazado que la plataforma Dignitat Blaugrana --quien presentó la primera denuncia sobre el caso-- continúe ejerciendo la acusación particular en la causa, si bien la asociación puede constituirse como acusación popular, para lo que debería depositar una fianza.

En cambio, el FC Barcelona sí podría personarse en la causa como acusación particular, al considerarse que el club resultó perjudicado, sin necesidad de consignar fianza.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha informado de que los análisis realizados sobre los restos exhumados en el cementerio del municipio zaragozano de Fuendejalón el pasado 30 de enero confirman que se corresponden con los de María Domínguez, primera alcaldesa democrática de España.

Los resultados arrojan un grado de fiabilidad del 94 por ciento y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico complementará en próximos días la información obtenida con un análisis histórico y antropológico de Domínguez.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón ha detallado que en el ámbito de las acciones que lleva a cabo en relación con la Memoria Democrática, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se está trabajando con las asociaciones memorialistas para impulsar labores de exhumación en fosas de la Guerra Civil.

En este escenario, se enmarcan las actividades que ha impulsado en colaboración con el Ayuntamiento de Fuendejalón, la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAEM) y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO) para buscar y exhumar el cuerpo de María Domínguez, la primera mujer en liderar un ayuntamiento en España.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, ha expresado su satisfacción por la confirmación de que éstos son los restos de María Domínguez "porque el trabajo de la Dirección General de Patrimonio y del Departamento de Cultura es la recuperación de la memoria democrática".

Ha añadido que su voluntad es trabajar con las entidades memorialistas para la exhumación de cadáveres, el reconocimiento e identificación del ADN, dado el "compromiso" del Gobierno de Aragón "con la memoria democrática" y en esa dirección se apoya a las asociaciones, se desarrolla un trabajo y refuerzo de las actuaciones en materia de memoria y se financian proyectos.

TRAYECTORIA

El Ejecutivo regional ha recordado que María Domínguez nació en Pozuelo de Aragón (Zaragoza), en 1882. Según ha explicado, fue republicana y socialista, trabajó por la igualdad social, los derechos de la mujer y la educación de los niños. Se hizo maestra en Zaragoza y ejerció en varios destinos.

Desde 1916, escribió en prensa, en medios como 'Ideal de Aragón', 'Vida nueva' y 'El País' y se ganó el prestigio como conferenciante, han apuntado las citadas fuentes. Asimismo, publicó algunas de sus conferencias --sobre feminismo, socialismo y mujer, y futuro de los derechos de las mujeres-- en un volumen titulado 'Opiniones de mujeres'.

Domínguez se instaló en Gallur (Zaragoza) desde los años 20 del siglo pasado y, tras la dimisión del ayuntamiento en pleno, en 1932, presidió la comisión gestora que se hizo cargo del gobierno municipal convirtiéndose en la primera mujer que rigió un ayuntamiento en España.

El Gobierno de Aragón ha contado que tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, se refugió en su localidad natal, donde fue delatada y encarcelada. El 7 de septiembre fue fusilada en Fuendejalón (Zaragoza). Pocos días antes había sido asesinado también, en Tabuenca, su segundo marido, Arturo Romanos, socialista y vecino de Gallur.

EXHUMACIÓN

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha señalado que la tradición oral apuntaba a que sus restos habían sido sepultados en una fosa en el cementerio de Fuendejalón y por eso, a instancias de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón, tomó a su cargo, de oficio, la localización y exhumación de sus restos.

El viernes, 29 de enero, se llevaron a cabo los sondeos previos para la localización de la fosa y, hallada ésta el sábado, se procedió a la exhumación del cuerpo de una mujer, con un orificio de bala en el cráneo que le causó la muerte y que, a falta de los estudios de ADN que confirmaran su identidad, se indicó que podría corresponder con el de María Domínguez.

Bajo ella apareció el cuerpo de un varón con la mandíbula destrozada, presumiblemente también a causa de un disparo. Asimismo, junto a los restos ahora identificados de María Domínguez se localizaron una peineta, cuatro horquillas del pelo, dos botones y restos de unas sandalias.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso Cooperación, solicita una pena de cinco años de prisión para el exconseller y exdiputado 'popular' en Les Corts Rafael Blasco, por la pieza del presunto amaño en contratos de informática en su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración.

Blasco se sentará de nuevo este miércoles en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Valencia junto al empresario Augusto César Tauroni, la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán y el exjefe del servicio de Informática Javier Murcia.

Para Tauroni y Tina Sanjuán la entidad reclama otros cinco años de prisión y el pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos. Por su parte, solicita tres años de cárcel para Javier Murcia.

Las penas que baraja la Fiscalía son algo inferiores. Así, pide dos años y ocho meses de prisión para el exconseller y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración; dos años de cárcel para Sanjuán y una muta de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de Informática y 300.000 euros de multa; y dos años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros para el empresario Tauroni.

Se trata de la pieza 5 del llamado caso Cooperación y la Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.

Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.

Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.

JUSTICIA Y SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

Desde la Coordinadora han mostrado su deseo de que se haga justicia y se evite la sensación de impunidad en uno de los casos de corrupción "más inmorales" que ha sufrido la Comunitat.

"Después de la sentencia sumamente decepcionante e indignante con la que se saldó el último juicio del caso Blasco, desde la Coordinadora, y en nombre de todas las acusaciones populares en esta causa, queremos que se haga justicia de una vez por todas para que las penas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por una de las tramas de corrupción más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat", han apostillado en un comunicado.

La Coordinadora ha recordado que éste "no es un caso de corrupción más". "Ha sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas empobrecidas para enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años luchando por que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir haciéndolo en este juicio", han aseverado.

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes las peticiones de comparecencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la segunda regularización fiscal del Rey emérito, por importe de más de cuatro millones de euros. La decisión se ha adoptado con los votos del PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos se ha pronunciado en contra.

La petición de comparecencia de la ministra Montero fue registrada por ERC, Bildu, Junts PDeCAT, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para que explicase "en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón".

Los independentistas también pidieron la comparecencia del responsable de la Agencia Tributaria y registraron preguntas sobre esa segunda regularización fiscal.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha rechazado tramitar las peticiones de comparecencia y ha filtrado mucho las preguntas registradas, todo ello siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara, que recuerdan que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide hacer públicos datos fiscales privados. Es la misma normativa que impedía dar a conocer la lista de beneficiarios de amnistías fiscales.

HAY "UN CLAMOR" Y HACIENDA NO PUEDE CALLAR

Unidas Podemos, comparte el Gobierno con la ministra Montero, ha votado en contra de que se rechazasen las comparecencias. Según Gerardo Pisarello, uno de sus representantes en la Mesa, hay un "clamor" para aclarar lo ocurrido con esta regularización fiscal y para saber "por qué Hacienda no actúa".

A su juicio, es necesario explicar "de dónde viene ese dinero" de las donaciones recibidas por el rey emérito y por qué no tributaron al fisco. "Si esto es una democracia plena, Hacienda no puede regalarle al Rey un privilegio que implique su absolución", ha señalado el diputado de En Comú.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, una de las formaciones que pedían la comparecencia de Montero, se ha quejado de que la fiscalía y Hacienda hagan "la vista gorda" con los negocios del rey emérito, que está siendo objeto de "un trato de favor intolerable".

Frente a las críticas, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha recodado que las presuntas irregularidades sobre actividades económicas del rey emérito se están investigando en la Justicia, que en su opinión "es su sitio", y en todo caso ha recordado que la ley "prohíbe" a la Agencia Tributaria ofrecer datos de fiscales de carácter personal.

PSOE: EL GOBIERNO NO PUEDE INCUMPLIR LA LEY

"El Gobierno colabora con la justicia, pero no puede incumplir la ley", ha remarcado, insistiendo en que esa investigación sobre el rey emérito "se debe llevar a cabo en el ámbito de la justicia", ya que "las Cortes tienen muchas funciones y entre ellas no está ésta".

Preguntado por qué no siguen el mismo criterio con la operación 'kitchen' sobre el Ministerio de Interior del Gobierno del PP, que también está siendo investigado por la Justicia y ello no ha impedido crear la comisión en el Congreso, Simancas ha replicado que al Parlamento "no le corresponde el control de la acción de la Corona", solo la actuación del Gobierno.

"Incluso en legislaturas anteriores, cuando se trata de un asunto de esta gravedad, esas presuntas irregularidades se tienen que establecer en el ámbito de la justicia y no aquí", ha remachado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este martes al joven que presuntamente agredió a su expareja, de 16 años, el pasado sábado 27 de febrero en la zona de El Palo de Málaga capital, según han confirmado fuentes policiales.

El detenido, de 26 años y nacionalidad española, estaba en busca y captura por su supuesta relación con la paliza, motivada, como indicaron las mismas fuentes, porque ella querría cortar la relación y su pareja no lo aceptaba.

La víctima, según han informado desde la Comisaría Provincial en un comunicado, se personó tras la agresión en la Jefatura de Policía Local de Distrito Este para infromar de los sucedido. Así, tras auxiliar a la perjudicada, una dotación de la Policía Local se personó en la Comisaría Provincial y compareció por tales hechos, iniciando la Policía Nacional una investigación.

La localización y detención del presunto agresor, que había permanecido en paradero desconocido, se ha producido a primera hora de este martes tras dos días de intensa búsqueda, en un importante dispositivo de la Policía Nacional.

Según las primeras pesquisas y a falta de ser oída la víctima en exploración, la joven de 16 años fue llevada por su pareja a una zona poco transitada, en la zona este de la capital. Allí, en el transcurso de una discusión, el joven le habría arrebatado el teléfono y le habría agredido, propinándole puñetazos y patadas en abdomen, cabeza y espalda, así como un mordisco en la nariz.

La joven ha permanecido, a causa de la agresión, en el área de observación de un hospital por un plazo de 24 horas, presentando lesiones en vertebras y cervicales, perforación timpánica, y heridas y hematomas en distintas partes del cuerpo. Ya fue dada de alta en la tarde de este pasado domingo.

ORDEN DE ALEJAMIENTO RESPECTO A OTRA MENOR DE EDAD

Aunque entre la perjudicada y su agresor no constaban denuncias previas por maltrato, sí le constan dos detenciones anteriores por violencia de género.

Asimismo, el arrestado por agentes adscritos a la UFAM en relación con un delito de malos tratos a su pareja actual, tiene en vigor una orden de alejamiento respecto a una expareja --menor de edad--.

De los hechos conoce el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga.

El PSOE está decidido a mantener congelada, al menos de momento, la tramitación de su iniciativa para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero insiste en llamar al PP a retomar la negociación para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "sin vetos ni sectarimos", avisando de que "el boicot" no puede mantenerse "sine die".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, quien ha contrastado la actitud del PP, que sí se avino a un acuerdo para la renovación del Consejo Administración de RTVE, mientras optó por dar "marcha atrás" en el caso del CGPJ.

Simancas sospecha que el PP sí llegó a un acuerdo sobre la Corporación de RTVE porque sabía que existía la posibilidad de renovarla sin sus votos, ya que la ley prevé que en una segunda votación los consejeros se puedan elegir por mayoría absoluta. Es decir, según su tesis, los 'populares' se avinieron a pactar ante el temor de poder "quedarse fuera" si no lo hacían.

Para esquivar el poder de veto del PP, los socios del Gobierno llegaron a registrar una proposición de ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir los vocales del CGPJ, pero después quedó congelada y en su lugar se apostó por la la reforma para impedir a un CGPJ caducado como el actual hacer nombramientos judiciales.

MIEDO A QUEDARSE FUERA

Esa segunda proposición de ley terminará su andadura en el Congreso el próximo jueves cuando el Pleno la envíe al Senado y, ante la negativa del PP a cerrar un acuerdo sobre el CGPJ, Unidas Podemos apuesta por reactivar la rebaja de las mayorías para elegir a los vocales.

Preguntado al respecto, Simancas ha insistido en que hoy por hoy "la reforma que está impulsando el PSOE" es la que se aprobará la semana que viene. "Ninguna otra", ha apostillado, para preguntarse a continuación por qué el PP sí consintió pactar el nuevo Consejo de RTVE pero mantiene el bloqueo en el caso del CGPJ.

"No sabemos si responde al complejo de Vox o a una vocación genuina por el bloqueo", ha dicho, antes de apuntar su sospecha de que el PP negoció los nuevos vocales de RTVE porque sabía que si no lo hacía se podían aprobar otros nombres sin que fueran necesarios sus votos.

"El PP sabía había que había una alternativa, con el CGPJ no la hay. Por tanto, si la actitud del PP es la del bloqueo por el bloqueo, el PSOE está en la obligación de denunciarlo porque no hay derecho a que pretenda mantener bloqueado 'sine die' un órgano fundamental", ha dicho Simancas, volviendo a hacer una llamada a "la sensatez y la responsabilidad institucional". "Llevamos esperando años y no queremos esperar más", ha concluido.

El portavoz de la Plataforma 'Mezquita Catedral de Córdoba. Patrimonio de Tod@s', Miguel Santiago Losada, ha preguntado por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, "si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público".

De esta forma y tras recordar en su misiva a Carmen Calvo que la citada plataforma está "respaldada por más de 390.000 firmas" en tal pretensión, Miguel Santiago Losada ha aludido en su carta, en primer lugar, a que la "reciente publicación por el Gobierno de España del listado de bienes inmatriculados incluye a la Mezquita Catedral de Córdoba".

En este sentido ha recordado a Carmen Calvo que "la Ley de Patrimonio Histórico confiere al Estado la responsabilidad en la tutela y vigilancia de los bienes de interés cultural, especialmente de aquellos de singular valor patrimonial".

"En virtud de su responsabilidad como vicepresidenta del Gobierno --prosigue la misiva--, esta plataforma ciudadana solicita conocer si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público, tal como recogía el informe municipal de 2018 en el que usted participó como jurista".

Aquel dictamen, según ha argumentado la plataforma, "certificaba que la inscripción del universal monumento se hizo vulnerando el 'principio básico de igualdad ante la ley', al reconocer a la autoridad eclesiástica católica como fedatario público. El documento municipal dejó claro que la Mezquita Catedral es un 'bien público, que no está en el tráfico del comercio' y, por lo tanto, según añadía el texto, 'no es posible que la Iglesia Católica apele al mecanismo de la usucapión' para su inscripción en el Registro de la Propiedad".

La comisión municipal, según ha detallado la plataforma, "estuvo presidida por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, e integrada por los historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan Carpio. El escrito consideró que la privatización de la Mezquita Catedral de Córdoba había 'lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa' y propuso la pertinencia de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con el objeto de anular la inscripción del monumento".

El informe, según ha insistido el portavoz de la plataforma, "constató que la Iglesia Católica no disponía de título escrito de dominio del conjunto monumental, cuando es conocido que sí conserva entre sus archivos documentos de propiedad de otros edificios colindantes donados por Fernando III tras la conquista de Córdoba" en el año 1236.

Asimismo, según ha subrayado Miguel Santiago Losada, "tanto PSOE como su socio de gobierno, Unidas Podemos, concurrieron a las elecciones (generales) del 10 de noviembre de 2019 con la promesa en sus programas electorales de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica, usando exactamente esas palabras: 'Llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros', según añade el programa de los socialistas".

El programa electoral de Podemos "también habla de 'privilegio' y de que la institución católica ha inscrito bienes que 'son de toda la ciudadanía, como la Mezquita de Córdoba o las ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas".

En consecuencia, la Plataforma 'Mezquita Catedral' apela al "compromiso electoral del Gobierno, también expresado inequívocamente y de viva voz por Pedro Sánchez en su discurso de investidura, cuando anunció que promovería las 'modificaciones legislativas' oportunas para 'revertir las inmatriculaciones' irregulares practicadas por los obispos'".

En consecuencia y "por todo ello", en la mencionada plataforma quieren "saber qué actuaciones tiene previsto implementar el Estado, como principal custodio del patrimonio histórico, para reclamar aquellos bienes de especial valor cultural que puedan ser considerados de dominio público, particularmente la Mezquita de Córdoba".

La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha recibido hasta el momento la comunicación de un total de 43 concentraciones con motivo del 8M sin que, de momento, haya "ningún informe en contra ni por parte de Sanidad ni de las jefaturas de las policías nacional y locales".

En concreto, hasta las 12.45 de este martes, las comunicaciones ascienden a 23 actos en la provincia de Valencia y 20 en la de Alicante. No se ha registrado ninguna en la demarcación de Castellón.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha señalado que "hay muchas solicitudes", ya que "el movimiento feminista es muy reivindicativo y así tiene que seguir siendo". Asimismo, ha detallado que se trata de actos y concentraciones en diversos puntos de la ciudad, donde habrá aforo limitado y con formato similar al que se llevó a cabo el 25N. "Son actos reivindicativos con mucha responsabilidad, como siempre ha actuado el movimiento feminista", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que la Covid "sigue mandando en nuestras vidas" por lo que ha considerado "bueno que este año los movimientos feministas no hayan entrado en el tema de la manifestación porque habría sido más complicado".

La delegada ha recalcado que a lo largo del año "solo en la provincia de Valencia ha habido casi 900 peticiones de concentraciones y pasan inadvertidas porque no hay problemas". "No hagamos una bola de algo que es natural", ha señalado Calero, que ha recordado que si no hay informes en contra las concentraciones "se desarrollarán como siempre" y no se prohíben porque son "un derecho fundamental".

En jornadas como el 8M, Día Internacional de la Mujer, Calero prefiere hablar de conmemoraciones que de celebraciones, porque "no son días para celebrar nada, sino de conmemoración de la lucha y el trabajo de tantas mujeres que han hecho que hoy estemos donde estamos.

"SITUACIÓN DELICADA POR LA ULTRADERECHA"

Aquí ha advertido en una situación actual "delicada por la ultraderecha que está naciendo". Sobre la petición de Vox de declarar el 8M día de las víctimas del coronavirus, la delegada ha manifestado: "No van a conseguir que el 8M sea otra cosa que un movimiento reivindicativo en el que, por desgracia aún tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos humanos".

Preguntada por si teme que la extrema derecha boicoteé algunos de los actos convocados, ha asegurado que espera que "todo transcurra con la mayor normalidad, como siempre han hecho los movimientos feministas".

EXPOSICIÓN 'EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA'

Calero ha realizado estas declaraciones tras inaugurar la exposición 'El voto femenino en España'. Se trata de una muestra documental yfotográfica que el Instituto de las Mujeres restauró con motivo del 75aniversario del voto de las mujeres en España, aprobado por lasCortes Constituyentes de la Segunda República en 1931.

La delegada del Gobierno ha señalado que "con esta muestra, se pretende contribuir a la recuperación de este hito histórico y rendir un merecido homenaje a todas aquellas luchadoras por la igualdad política de la mujer en España, de las que somos grandes deudoras".

El derecho al sufragio, constituye el fruto de un largo período deluchas y reivindicaciones de miles de mujeres, que abarca desdemediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX. La exposición se compone de una importante colección de fotografías y se configura como un relevante documento teórico-político, de gran valor para el conocimiento de aquel período histórico.

La exhibición está organizada en dos bloques temáticos: uno centradoen los antecedentes sufragistas dentro del ámbito internacional(Estados Unidos*e Inglaterra); y otro, más específico, sobre el sufragiofemenino en España y las circunstancias que rodearon este debate, con especial reconocimiento a mujeres españolas destacadas como Clara Campoamor.

La selección permanecerá abierta al público los días 3, 4, 8, 9 10,11, 12, 15, 16 y 17 de marzo de 10.00 a 12.00 horas. Las personas quedeseen visitarla deberán enviar un correo al e-mailvisita_voto.valencia@correo.gob.es . Por motivos sanitarios, las visitasse realizarán en grupos de cinco personas y tendrán una duraciónmáxima de 15 minutos.

Cristianos de Irak están esperando al Papa Francisco, que visitará el país del 5 al 8 de marzo, con el deseo de darle las "gracias" y con la esperanza de que hable con las autoridades iraquíes y la autoridad máxima religiosa del Islam para protegerles de la persecución.

"Es un mensaje de todos los cristianos: que estamos perseguidos. Le decimos gracias porque nos ha ayudado muchísimo después de 2014 y también con el regreso a nuestras ciudades, pero ahora el problema es de existencia, de continuar viviendo aquí, y él va a hablar con las autoridades iraquíes y con la autoridad máxima religiosa del Islam sobre la cuestión de los cristianos de todo Irak y de la Llanura de Nínive sobre todo", ha subrayado el sacerdote sirocatólico iraquí Behnan Benoka.

Así lo ha indicado este martes 2 de marzo, en una rueda de prensa de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España (CAN, por sus siglas en inglés) para presentar su campaña 'Los últimos cristianos de Irak', con la que quieren ayudar a las personas más afectadas por la invasión del Daesh entre 2014 y 2017, socorrer a numerosos desplazados cristianos que siguen sin poder regresar a sus casas y financiar la reconstrucción de decenas de iglesias y edificios.

El padre Benoka, que estará en Mosul cuando llegue el Papa, ha explicado que en el país hay "falta de paz y de seguridad" por la "presencia de muchas milicias" contra la presencia cristiana en la Llanura.

En este contexto esperan a Bergoglio como "un papá que va a defender a sus hijos contra la persecución étnico religiosa, un tipo de limpieza étnico religiosa de parte de unas milicias presentes en el lugar".

Además, ha manifestado la situación de dificultad añadida que viven los cristianos en la zona por la pandemia del coronavirus pues "muchas tiendas son cerradas", a veces mostrando la "injusticia" cometida por los gobiernos locales que "dicen a los cristianos que cierren sus tiendas mientras que a los musulmanes les permiten tenerlas abiertas".

La "injusticia" va más allá de lo económico y afecta también al ámbito "demográfico" ya que, según ha dicho el sacerdote, tratan de "borrar" a los cristianos de la Llanura de Nínive para "instaurar" una zona para chiítas musulmanes.

"Están trabajando día y noche para eliminarnos de nuestra zona. Esperamos que el Papa hable con las autoridades religiosas del Islam y con el gobierno para proteger el derecho a la tierra para los cristianos", ha subrayado, añadiendo que "el Papa tiene un gran corazón" y desean su "bendición".

Sobre cómo se están preparando las iglesias y los jóvenes para la visita del Pontífice, ha precisado que "no es fácil en tiempo de pandemia, con más de 4.000 casos de Covid cada día en Irak". "No se pueden hacer muchos encuentros de jóvenes para rezar y cantar a la visita del Santo Padre pero en Qaracosh lo están haciendo y están preparando las calles, también en Mosul", ha comentado.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El director de ACN en España, Javier Menéndez Ros, ha explicado que, aunque a finales de 2017 comenzó la reconstrucción de las casas e iglesias destrozadas y la vuelta paulatina de la población cristiana de la Llanura del Nínive --ya casi han regresado la mitad--, la realidad es que "en 2021 siguen en peligro de extinción y el viaje del Papa va a ser como un bálsamo, un llamamiento a la paz y el entendimiento entre las distintas religiones".

En estos momentos, Ayuda a la Iglesia Necesitada está trabajando en la última fase para ayudar a los cristianos en Irak, tras una primera de ayuda de emergencia, una segunda de reconstrucción de las casas y una tercera de reconstrucción de monumentos simbólicos, y atisban un rayo de "esperanza".

Ahora, tras las acciones de emergencia, ACN apuesta por el futuro, hay esperanza a largo plazo para los cristianos de Irak, seguiremos siendo fieles para acompañarles en lo que será el renacimiento de la población cristiana en Nínive", ha indicado el secretario general internacional de ACN, Philipp Ozores.

Entre los templos en fase de reconstrucción se encuentra la Iglesia de la Inmaculada de Concepción en la ciudad iraquí de Qaraqosh, que fue utilizada como "campo de tiro" por el Daesh y que ahora está terminando de reconstruirse "a pasos de gigante" para recibir al Papa Francisco el 7 de marzo.

Además, en el marco de la campaña lanzada por ACN España por los cristianos de Irak, se van a recaudar fondos para financiar con 1,5 millones de euros para los próximos cuatro años las becas para 150 estudiantes en la Universidad católica de Erbil. "La idea es crear un lugar de formación pero también de paz y reconciliación", ha precisado Ozores.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes en el Parlament que esta semana se aprobará rebajar de 150 a 100 la incidencia acumulada en otras regiones para exigir a sus ciudadanos pruebas en origen para entrar a las Islas.

Así, a día de hoy solo los ciudadanos de Extremadura, Murcia y La Rioja --según los datos del Ministerio de Sanidad-- podrán entrar a Baleares sin presentar prueba negativa.

Así lo ha señalado en el pleno de este martes en la Cámara autonómica, tras la pregunta del diputado de El PI Josep Melià, que se ha interesado por la estrategia del Govern para que Baleares sea un destino seguro una vez finalice el estado de alarma.

En términos de movilidad europea, la líder del Ejecutivo ha resaltado que Baleares podrá ser uno de los primeros territorios españoles en probar el pasaporte sanitario que se aprobará a lo largo del mes de marzo.

Melià ha señalado que existe incertidumbre en relación a cuál será la situación cuando finalice el actual estado de alarma sobre la llegada de turistas, por ejemplo, en relación a los turistas no vacunados o la posibilidad de que se realicen test en los propios alojamientos turísticos.

La presidenta del Govern ha explicado que además del pasaporte de vacunación seguirán vigentes otras fórmulas como los corredores seguros con áreas de baja incidencia y el mantenimiento de la exigencia de pruebas negativas en origen.

En este sentido, Armengol ha explicado que la estrategia básica del Ejecutivo autonómico siguen siendo los controles en puertos y aeropuertos y ha resaltado la participación de Baleares en las ferias de turismo de Berlín y Fitur.

PRUEBAS A VIAJEROS NACIONALES

Según ha concretado la Conselleria de Salud y Consumo en un comunicado, se modificará el Decreto 21/2020 de la Presidenta del Govern. Hasta ahora se pedía la prueba negativa a los pasajeros, tanto por vía aérea como marítima, de las regiones con una IA14 superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

La modificación ha sido acordada dada la mejora de la situación en las Islas Baleares (ahora con una IA14 alrededor de 80 casos por cada 100.000 habitantes) así como en el resto de comunidades autónomas y ciudades autónomas del Estado.

Así, a partir de este jueves los pasajeros que lleguen desde las siguientes comunidades o ciudades autónomas deberán presentar una prueba PCR negativa, hecha en origen 72 horas antes de viajar, o hacerse una de antígenos a su llegada a las Islas (siempre y cuando la motivación de su viaje responda a una de las causas contempladas como justificadas): Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Para determinar cuáles son estas comunidades autónomas, se tomarán como referencia los datos oficiales que publica periódicamente el Ministerio de Sanidad. Esta relación de comunidades autónomas se revisará cada 15 días y se publicará en la página web del Govern.

El vicario episcopal para la vida consagrada, Raúl Muelas, ha dirigido una carta a los monasterios de clausura y a las comunidades religiosas de la Archidiócesis de Toledo para advertirles que "desde hace varios meses", algunas de comunidades de vida consagrada de la Archidiócesis "están siendo objeto de intentos de engaño por parte de algunos desaprensivos que se hacen pasar por sacerdotes o por miembros de la Curia Diocesana con el fin solicitarles dinero".

El escrito constata, además, que "en otras ocasiones, los timadores tratan de presionar a las superioras afirmando que, por el consumo de productos monásticos, adquiridos en esa comunidad concreta, se han intoxicado y proponen, para evitar una denuncia ante las autoridades sanitarias, abonar cantidades considerables de dinero".

Raúl Muelas, tras asegurar que "todo es falso", añade que "estos sucesos, lejos de desaparecer, van en aumento", y pide "encarecidamente" a las comunidades de vida consagrada "que tomen todas las precauciones necesarias, sin excluir las denuncias ante las autoridades policiales", ha informado el Arzobispado en un comunicado.

"Les ruego --añade en su misiva-- que desconfíen de todos aquellos que por teléfono o de manera presencial les pidan dinero en nombre de sacerdotes o de autoridades diocesanas". Además, les pide que "no envíen nunca dinero a sacerdotes desconocidos que llaman desde España o desde países extranjeros pidiendo intenciones de misas a cambio del envío de jóvenes con vocación".

"No se dejen chantajear por posibles damnificados del consumo de productos alimenticios elaborados en los monasterios", ha indicado el vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Toledo, quien informa, además, de que "otra de las modalidades de engaño tiene que ver con el robo de información de cuentas bancarias o de datos personales.

Según explica, también hay quien busca "informaciones de otras personas conocidas para luego tratar de timarles o para suplantar su identidad. Todas estas conductas son constitutivas de delito y deben ser puestas en conocimiento de la Policía o de la Guardia Civil", añade.

Muelas concluye su escrito pidiendo a las comunidades religiosas que comuniquen todos los episodios de este tipo que hayan padecido últimamente para que puedan tener constancia de la magnitud del problema y combatirlo "con todas las posibilidades que la ley" les ofrece. "De esta manera estaremos impidiendo que otras personas o instituciones sean engañadas por personas sin escrúpulos que deben responder de sus malos actos ante las autoridades judiciales".

La Consejería de Sanidad de Cantabria abrirá esta semana el interior de los establecimientos hosteleros con un aforo máximo del 33 por ciento, mediante una resolución que publicará este martes o miércoles, pero por el momento prefiere no retrasar una hora el inicio del toque de queda, de las 22 a las 23 horas.

Así lo ha avanzado este martes a preguntas de la prensa el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha dicho que su "deseo" sería retrasar ese horario pero que dependerá en todo caso del informe favorable de Sanidad, que ahora "no está por la labor" pero podría contemplarlo la semana que viene si los datos de la pandemia siguen evolucionando de forma positiva.

Esta decisión es competencia del presidente, pero "jamás voy a tomar una decisión si Sanidad no me da el informe favorable", ha dicho Revilla, argumentando que si lo hiciera estaría cometiendo prevaricación. "Yo no quiero prevaricar, no lo he hecho nunca", ha sentenciado.

A su juicio, que la prohibición de la movilidad nocturna comience una hora más tarde sería "una ayuda al sector hostelero" porque los españoles "no estamos acostumbrados" a tener que acudir a los establecimientos a cenar en el horario que permite el actual toque de queda, aunque ha apostado por "ir cogiendo un horario europeo".

También en la línea de apoyar la hostelería y buscar el "equilibrio complicado" entre "no parar la economía" y al mismo tiempo preservar la salud, Sanidad permitirá desde hoy o mañana abrir el interior de los locales con un tercio de su capacidad, cuando hasta ahora solo era posible permanecer en las terrazas.

Para Revilla las terrazas han sido "un alivio" para poder mantener la actividad en los negocios, aunque "no para todos" porque la climatología en Cantabria "no es la mejor" y porque "muchos" hosteleros no disponen de ella.

Estas medidas sobre la hostelería sí son competencia de la Consejería de Sanidad, a diferencia de las del toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad, cuya modificación también se está planteando de cara a la Semana Santa y cuya decisión corresponde al presidente.

APERTURA EN SEMANA SANTA

"Yo lo que diga Sanidad", ha sentenciado al respecto Revilla, que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar a todas las comunidades a una reunión para "ver si por primera vez las 17 autonomías acordamos lo mismo".

"Sería lamentable que cada comunidad haga una cosa" y además "no tendría mucho sentido". "Seria una torre de babel", ha opinado el presidente cántabro, que espera "sensatez". "Si hay que cerrar, cerramos todos, y si hay que abrir, abrimos todos", ha propuesto.

Además, ha avanzado que Cantabria pondrá sobre la mesa abrir las comunidades si la incidencia acumulada en la región a los 14 días ronda los 50 casos por cada 100.000 habitantes -a día de hoy está en 129-, ya que con esa tasa la situación sería "muy controlable" porque se podría hacer un seguimiento "muy firme" de los contactos.

VERANO "CUASI NORMAL" CON 60% DE INMUNIZADOS

En este sentido, ha advertido que la región presenta unos datos "muy buenos" pero con un descenso de la pandemia "muy lento", por lo que "vamos por buen camino pero cuidado que no volvamos a tener una cuarta ola que nos estropee lo que está en el horizonte de todos", que es tener un verano de "cuasi normalidad".

En este escenario, según Revilla Cantabria se convertiría de nuevo en un "centro de llegada de muchísima gente" que "no olvida el verano con total normalidad que tuvieron el año pasado", que fue "masivo". Además, el turismo no tuvo "ninguna incidencia en los contagios" porque "a final de agosto no había casos", ha sostenido.

Así, ha destacado que Cantabria y Asturias fueron las comunidades con mayor afluencia de turistas y sin embargo las que "menos inicidencia" tuvieron en esa época, dado que "está demostrado" que el coronavirus tiene, como la gripe, un componente estacional y "se propaga muchísimo menos" en verano.

A esto se suma que ya está disponible la vacuna contra el Covid y que Revilla espera que para junio esté vacunado un 60 por ciento de la población, así como que para el mes de abril haya en el marcado vacunas de cinco firmas.

"Espero que en abril tengamos cinco vacunas, que las manden y que estemos vacunados todos cuanto antes", ha deseado tras reiterar que Cantabria está preparada para poner 20.000 dosis al día.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "absolutamente decepcionante" la conducta que, según los datos que se conocen, tuvo el rey emérito, Juan Carlos I, respecto a sus obligaciones fiscales, pero no ha aclarado si su partido apoyaría la creación de una comisión en el Congreso para investigar este asunto.

"Con la información que tenemos podemos saber que su conducta en temas fiscales ha sido absolutamente decepcionante", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja cuando le han preguntado si estaría a favor de que una comisión parlamentaria investigara el periodo desde que Juan Carlos I abdicó en su hijo, Felipe VI, hasta la actualidad, una vez que perdió la inviolabilidad al no ser ya el jefe del Estado.

Esquerra Republicana , EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, BNG, Más País, Compromís y el PNV han registrado este martes en el Congreso una nueva petición para que se abra una comisión de investigación sobre el rey emérito, y Unidas Podemos ha dicho que no descarta plantearlo también, después de que Juan Carlos I realizara recientemente una segunda regularización ante Hacienda.

"No podemos responder a situaciones que no se han producido todavía", ha comentado Arrimadas sobre una posible comisión parlamentaria.

La líder de Cs cree que muchos españoles opinan como su partido porque "reconocen el papel fundamental" que tuvo Juan Carlos I en la Transición y la llegada de la democracia a España y, al mismo tiempo, ahora "ven con absoluto estupor y decepción" los comportamientos "injustificables" que han salido a la luz en relación con sus supuestas irregularidades y el impago de impuestos. "Cada noticia es un mazazo de decepción", ha manifestado.

Por otro lado, ha elogiado la "ejemplaridad" que, a su juicio, está demostrando el rey Felipe VI y cómo está impulsando una "renovación" en la Casa Real. Una impresión positiva que cree que también comparten la mayoría de los ciudadanos, que "reconocen la labor" del monarca y "la idoneidad del sistema de monarquía parlamentaria" que hay en España.

Unas 15.000 empleadas del hogar han visto regularizada su situación laboral hasta el momento, según ha señalado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

Además, más del 85% del total de las empleadas que han sido regularizadas, no han visto reducida su jornada laboral. El secretario de Estado ha afirmado que la campaña de información está funcionando y dando resultados y que "confía en que siga dando sus frutos".

A principios de febrero, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una comunicación, a través de cartas, con las personas empleadoras del Sistema Especial de Empleadas de Hogar, informándoles sobre la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y las respectivas cotizaciones de las personas empleadas de hogar.

Así, se inició un Plan de Actuación para regularizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social del sector de las empleadas de hogar. Se trata de una campaña inspectora y de sensibilización que se dirige a las personas empleadoras, ofreciéndoles asistencia técnica e información para que procedan a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la correlativa regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El departamento que dirige Yolanda Díaz explicó que el Plan de Actuación pone también su foco en la lucha contra la economía irregular, dando prioridad a las denuncias presentadas y comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

"El objetivo de la campaña es que la remuneración y, por consiguiente, la base de cotización de las trabajadoras que integran este Sistema Especial, altamente feminizado y precarizado, se ajuste a la cuantía actualmente marcada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", apuntó el Ministerio.

Esto sería, para una jornada completa, 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes con prorrateo de pagas extras), y para jornada por horas, el mínimo sería 7,43 euros por hora.

Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de las personas trabajadoras del hogar, el titular del hogar familiar habrá de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real actual desde el 1 de enero de 2021, que en ningún caso podrá ser inferior al SMI vigente.

Toda la información sobre regularización y salarios se puede consultar en la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Rioja lamenta un nuevo fallecido por Covid-19 en un día en el siguen descendiendo los casos activos hasta los 177 (cuatro menos). En cuanto a la presión hospitalaria, hay cinco personas menos ingresadas por Covid, con lo que son 47 los pacientes en planta y UCI.

Desde el inicio de la pandemia, han muerto 726 personas por Coronavirus COVID-19. De esta cifra, trescientas vivían en una residencia de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con dieciséis personas ingresadas en planta con coronavirus (dos menos que ayer) mientras que la UCI cuenta con 25 ingresados (una persona menos).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano ha reducido el número de camas habilitadas en la UCI desde 86 a 43.

De este modo, contando con esa reducción y sumando a los ingresados por patologías No-Covid (catorce a día de hoy, dos más que ayer), la UCI riojana tiene 39 pacientes y se encuentra al noventa por ciento (frente al 88 por ciento de ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene seis personas en planta con Covid-19 (dos menos que ayer).

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja sigue bajando y se sitúa en 82,74 frente a los 87,22 de ayer. A siete días, en cambio, la incidencia se sitúa en 32,36 (ayer 29,71).

Sin embargo, la positividad en La Rioja ha crecido ligeramente en relación con la jornada de ayer, ya que este martes se sitúa en 4,14, frente al 3,97 de este domingo.

Además, a día de hoy se encuentran un total de 7.049 personas en cuarentena frente a las 7.376 de ayer. Finalmente, las residencias riojanas se mantienen sin ningún positivo en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.

Unidas Podemos ha instado al PSOE a plantear de nuevo la reactivación de la proposición de ley en el Congreso, que abre la opción de elegir a nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante mayoría absoluta, si el PP mantiene el bloqueo en la renovación del órgano judicial.

De hecho, ha reivindicado que recuperar esta iniciativa, que se congeló en octubre para buscar la opción de acuerdo con el PP, es la mejor forma de despolitizar al Poder Judicial, al hacer que la elección de nuevos integrantes sea más plural.

En el texto presentado conjuntamente, se postula que los vocales podrán ser propuestos por mayoría absoluta en segunda votación, si fracasaba la opción de consenso por mayoría de tres quintos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso el diputado del grupo parlamentario y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, para avanzar que, de mantenerse los vetos planteados por los populares, la forma de cumplir el mandato constitucional es cambiar el sistema de mayorías para elegir a los nuevos representantes del órgano de gobierno de los jueces.

QUIEREN ACUERDO PERO SIN "CHANTAJES" DEL PP

Pisarello ha asegurado que Unidas Podemos está abierta a lograr un acuerdo sobre el actual sistema de mayorías cualificadas, pero sin aceptar "chantajes" del PP, que busca un Poder Judicial "sumiso", "faccioso" y "conservador".

Es más, ha acusado a los populares de tratar de conformar un Poder Judicial que se dedique a "perseguir a adversarios políticos, que avale montar "casos falsos" contra otras fuerzas políticas y que "frene" políticas sociales que la ciudadanía ha votado en las urnas, en referencia al informe desfavorable del organismo a la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del 'Solo sí es sí'.

"Una democracia plena no puede permitir chantajes ni anomalías", ha apostillado Pisarello para insistir en que el bloqueo del PP "obviamente" no tiene que ver con la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, sino que sus razones tienen "nombres y apellidos concretos" al citar el caso Púnica, el caso Kitchen o la situación procesal del exministro y expresidente de Bankia Rodrígo Rato por su presunto patrimonio ilícito.

Por tanto, ha trasladado al líder del PP, Pablo Casado, que no consentirán sus prácticas "mafiosas" ni su rechazo a jueces que persiguen la corrupción, en alusión al magistrado José Ricardo de Prada, mientras que intenta que se nombren a jueces afines al PP en el CGPJ.

De hecho, ha lanzado que es hoy es buen momento para recordar su posición a Casado, que este martes comparte un acto con el expresidente José María Aznar cuando varios ministros de su antiguo gabinete están imputados en causas judicial.

El también dirigente de En Comú Podem ha detallado que la Junta de Portavoces ha aprobado que se pueda debatir en breve sobre la reforma para evitar que el CGPJ realice nuevos nombramientos en la cúpula judicial cuando esté en situación de mandato caducado.

HAY QUE ATAJAR ESTA "ANOMALÍA CONSTITUCIONAL"

Pero ha opinado que, de persistir la falta de consenso para su renovación, se tiene que seguir avanzando en el plano legislativo para acabar con esta "anomalía constitucional", que se viene arrastrando desde 2018.

Por tanto, ha defendido abrir el debate sobre las mayorías necesarias para la elección de representantes del CGPJ y volver a insistir en el sistema de mayoría absoluta, dado que el órgano de gobierno de los jueces no es el Tribunal Constitucional y no requiere de esas "mayorías agravadas".

"Esperamos que de una vez se acometa ese cambio en la elección del CGPJ. La mejor manera de despolitizarlo es hacerlo lo más plural posible. Se acabaron los tiempos de un Poder Judicial bajo las prioridades del bipartidismo", ha zanjado.

El abogado Antonio Chávarri, imputado en la pieza 29 del caso 'Villarejo' por contratar los servicios del comisario, ha señalado ante el juez Manuel García-Castellón que le fichó porque el detective privado al que solía recurrir no le funcionaba bien y que se lo presentó su socio de despacho Juan Vila-Coro. Ha apuntado que prescindió de Villarejo al ver que no hacía nada.

Durante aproximadamente una hora, han respondido ante el juez ambos abogados en calidad de investigados por ese 'encargo' que realizaron al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

Según fuentes presentes en la declaración, Chávarri ha confirmado que se decidió a contratar a la empresa de Villarejo al detectar un cambio raro en el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil. Pero ha explicado que tuvo la sensación de que el comisario no hacía nada, y que tras tres reuniones no sacó nada en claro y no recibió información alguna, por lo que, al ver además que su problema se solucionaba, decidió prescindir de sus servicios.

No obstante, sí que ha reconocido pagos a las empresas del comisario, en concreto ha afirmado que abonó 300.000 euros, si bien no le pagó la prima de éxito --apunte habitual en los presupuestos que realizaba Villarejo-- que estaba fijada en 125.000 euros.

PROYECTO GRASS

En el auto de imputación de ambos abogados de 23 de noviembre de 2020 se detallaba que en esta pieza se investigan los proyectos 'Grass' y 'Hacha' del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt. El magistrado, Manuel García-Castellón, indicaba que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de 'K' --así denominaba el comisario a su cliente-- y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un "conflicto" entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

Por eso contrata los servicios de Cenyt a través de Stuart & McKenzie --también firma de Villarejo-- "para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos por parte de Molpeceres y Pérez Gil y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento".

Entre la diversa documentación intervenida en los registros en el domicilio y en el despacho de Villarejo destacan tres archivos de audio y varios documentos en los que se identifica a los intervinientes, el contenido de los servicios contratados en el 'Proyecto Grass', que hubo acceso al tráfico de llamadas del investigado Pérez Gil y hasta los precios pactados para su abono de forma opaca.

Por este encargo, Villarejo emitió hasta diez facturas desde su mercantil Stuart & McKenzie a Chávarri y Muñoz Abogados SL por importe total de 363.000 euros. Y otras dos facturas por un total de 108.900 a Vara Gestión de Activos SL, vinculada también al abogado.

El auto del magistrado añade que por lo que respecta a los pagos recibidos por Cenyt relacionados con este proyecto constan abonos de nueve transferencias ordenadas por Chávarri y Muñoz Abogados SL porpor un importe total de 411.400 euros.

EL PROYECTO 'HACHA'

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado 'Hacha', que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos "le habríandespojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestiónde la citada sociedad".

Villarejo debe en este caso realizar acciones de análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que, de manera directa o indirecta, ayude al cliente, Antonio Chávarri, a recuperar la gestión de la empresa.

En el caso de 'Hacha', los honorarios estaban condicionados al éxito de los objetivos, así, dependiendo de los resultados la cuantía oscilaría entre los 75.000 euros y los 125.000 euros, más IVA. Sobre los pagos vinculados a este proyecto se han localizado un borrador de factura de 25.000 euros más IVA (30.250 euros). Se da la coincidencia de que hay un abono en la cuenta de la mercantil de Villarejo por ese valor desde el despacho de abogados en enero de 2015.

Tras analizar todo esto, el magistrado decidió que procedía tomar declaración como investigados no sólo a Chávarri y a su socio minoritario Vila-Coro sino también a Redondo y por supuesto a Villarejo.

LAS MERCANTILES DE VILLAREJO

Además requirió a la Unidad de Asuntos Internos para que pormedio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se certificara si alguna de las mercantiles identificadas en la investigación como integrantes del Grupo Cenyt está autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la ley de Seguridad Privada (tanto la de 1992 como la vigente de 2014).

De esa diligencia se conoció este lunes un informe de esa unidad en el que se certifica que "ninguna de las mercantiles" que integraban el Grupo CENYT, cuyo titular real era el comisario José Manuel Villarejo, estaba autorizada para la prestación de servicios de detectives privados.

Ciudadanos ha propuesto este martes en el Congreso el aumento de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 24 semanas, con el objetivo de que "el primer año del niño esté cubierto", además de mejorar la corresponsabilidad de las familias y reducir la brecha salarial de las mujeres madres.

A través de una proposición no de ley registrada en la Cámara baja, los naranjas llaman al Gobierno a aumentar de forma progresiva estos permisos hasta alcanzar las 24 semanas en 2024. Además, quieren que se amplíen estos permisos en cuatro semanas más en el caso de las familias monoparentales o con hijos con alguna discapacidad reconocida.

La presidenta de la formación, Inés Arrimadas, ha destacado la "brecha de maternidad" que sufren las mujeres españolas. Según ha explicado, tras los cinco primeros años de un hijo, los hombres tienen sueldos "iguales o superiores" a cuando fueron padres, mientras que las mujeres cobran un "17% menos" antes de tener un hijo.

Arrimadas quiere poner el foco en el "impacto de la maternidad en la carrera profesional y salarial" de las mujeres que se debe, ha indicado, al "sacrificio" de ellas y a la "asunción del cuidado" de los menores. "Queremos tener que dejar de elegir", ha indicado, para señalar que, hoy en día, "millones de mujeres" toman la "difícil decisión" de "si tener otro hijo o una carrera profesional".

AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS

La líder de Ciudadanos no comprende como en un país como España el "68% de los trabajadores reconoce tener problemas para conciliar" o que la brecha salarial entre mujeres y hombres "en los escalones más altos" del ámbito laboral sea de más de 9.500 euros.

Dentro de la iniciativa también se exigen ayudas para las pymes y los autónomos. En concreto, que "se bonifique el 100% de la cuota de la Seguridad Social a los trabajadores, hombres y mujeres, durante el tiempo del permiso" de maternidad o paternidad, ha explicado Arrimadas.

"Queremos que este aumento de derechos de los trabajadores no recaiga en las espaldas de pymes y autónomos", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso.

Junto a ella, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos en la Cámara baja, Sara Giménez, ha defendido la actividad parlamentaria de su formación para conseguir la igualdad en el país. Así, ha recordado que en las últimas semanas han presentado iniciativas sobre la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o sobre la Igualdad de Trato y No Discriminación.

Del mismo modo, ha destacado que Ciudadanos ha sido el partido que "ha logrado que se deje de esterilizar a las mujeres discapacitadas" y ha señalado sus intenciones para avanzar en un mayor reconocimiento de las mujeres, por ejemplo en los libros de texto, o impulsar su presencia en las carreras científicas y tecnológicas.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que se reunirá este miércoles en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que su objetivo "primordial" es traer a casa, a Euskadi, las transferencias pendientes", incluida prisiones. Tras rechazar que haya "escollos" en el traspaso de la gestión de instituciones penitenciarias, ha asegurado que se trata de una negociación "de largo recorrido, que necesita su tiempo para hacerla bien".

Garamendi ha explicado, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que mañana tratará con Iceta el tema de los traspasos y transferencias pendientes, en los que llevan "tiempo trabajando" ambas administraciones. Asimismo, ha recordado que, en el ámbito de la función pública, se pretende abordar posibilidades que permitan reducir las altas tasas de interinidad dentro del marco legal existente.

A su juicio, sería "muy atrevido" decir que mañana se puede cerrar el traspaso, por ejemplo, de la gestión de los centros penitenciarios. "Obviamente, yo voy con la intención de poder tratar el máximo de transferencias y poder detallar el máximo de aspectos, en los que venimos trabajando ya muchos meses", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que, para el Gobierno Vasco, es un tema "primordial porque se trata de traer a casa, a Euskadi, las competencias aún pendientes de transferir".

Olatz Garamendi ha eludido detallar los posibles problemas que pueda haber para realizar la transferencia de prisiones, ya que la negociación es "larga porque son muchos los temas a tratar". "Estamos hablando de un traspaso que viene unido, no solo a los servicios y funciones, sino también a personas, infraestructuras, equimamientos, etc", ha explicado.

NEGOCIACIÓN DE LARGO RECORRIDO

Por ello, no entiende que haya "escollos", más allá de que se trata de una negociación, que no ha querido calificar de "difícil", sino "de largo recorrido, que necesita su tiempo para hacerla bien". "No se trata de hacer un traspaso, sino de la manera que tiene que ser y con toda la seguridad jurídica", ha apuntado.

Preguntada por qué administración asumirá la inversión para una nueva prisión de San Sebastián de 40 millones de euros, Garamendi ha recordado que se está "en plena negociación también en el ámbito de infraestructuras", y no ha querido adelantar lo que se firmará finalmente.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en la provincia de Valencia por su presunta implicación en la estafa de más de 350.000 euros a 23 empresas de toda España a través de la modalidad conocida como 'CEO'. Los agentes han localizado más de 30 cuentas bancarias abiertas por la organización que fueron bloqueadas.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, se trata de un tipo de ciberfraude que persigue la obtención de información secreta por medio de spyware o malware, mediante técnicas de ingeniería social, para obtener de forma más o menos directa el beneficio patrimonial.

Además de los nueve detenidos, los agentes investigan a tres personas más, con lo que las personas presuntamente implicadas en los hechos son cinco hombres y siete mujeres, de entre 20 y 64 años, a quienes se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2019 al tener conocimiento los agentes, a través de denuncias y de entidades bancarias, que una serie de personas se estaría dedicando a una modalidad de estafa conocida como CEO.

Los policías, en el transcurso de las investigaciones, detectaron más de 30 cuentas bancarias abiertas que permitieron descubrir una red de personas que utilizaban "cuentas puente" con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado.

En total se identificó a 12 personas en diferentes puntos de la provincia de Valencia, que presuntamente formaban parte de la organización, de las que nueve fueron detenidas en diferentes fases.

La estafa del CEO es una nueva modalidad delictiva que se lleva a cabo a través del ciberespacio, con cada vez más empresas afectadas y que supone cuantiosas pérdidas económicas, según la Policía. Se caracteriza en que la víctima del fraude es un empleado con un poder y acceso a los recursos económicos de una empresa, que previamente ha sido seleccionado y estudiado en base al perfil de la víctima buscado por el atacante.

Este empleado, con capacidad para hacer transferencia o acceso a datos de cuentas, recibe un correo supuestamente de su jefe, ya sea su CEO, presidente o director de la empresa, en el que le pide ayuda para una operación financiera confidencial y urgente.

Si el empleado no se da cuenta de que es un mensaje fraudulento puede responder y caer en el engaño. En el caso de que el trabajador esté visualizando el correo a través de un dispositivo móvil, no podrá corroborar a simple vista que la dirección del correo origen es la correcta, salvo que haga clic sobre el nombre del remitente.

Esto hace que sea "algo más difícil" de detectar, y de no darse cuenta del engaño, y podría desvelar datos confidenciales como el saldo de la cuenta al que seguiría una petición para que haga una transferencia urgente.

Los defraudadores aprovechan ocasiones en las que el jefe está ausente o no está accesible por estar en una reunión o de viaje, para perpetrar este tipo de suplantaciones para que la víctima no tenga la oportunidad de verificar su autenticidad.

Navarra ha comenzado este martes la vacunación frente al Covid-19 a los mayores de 90 años. Lo ha hecho inicialmente en Pamplona, en los polideportivos de Azpilagaña y de la Rochapea. El miércoles se incorporarán las zonas de Tudela y Estella. En total, esta semana Navarra prevé vacunar a 4.200 personas de este grupo poblacional.

La próxima semana la vacunación a mayores de 90 años se extenderá a las zonas rurales, donde se podrían incorporar también a las personas mayores de 80 años, por razones de "eficiencia" en la organización.

Ana Ariztegui, responsable de vacunación de Atención Primaria del área de salud de Pamplona, ha explicado a los medios de comunicación que "ha sido un salto cualitativo poder empezar con el grupo poblacional, con los mayores de 90 años, que es una población que ya por edad es frágil, es vulnerable, ha sido un cambio importante y estamos contentos de haber podido empezar ya esta vacunación.

En el polideportivo de Azpilagaña se ha establecido un dispositivo especial para ordenar la llegada de las personas mayores, gran parte de ellas acompañadas por un familiar, para facilitar un procedimiento adecuado en la administración de la vacuna. La Policía Municipal de Pamplona ha acudido también al lugar para ordenar el tráfico.

De hecho, algunos de los mayores están siendo vacunados desde su propio coche. "Cuando hicimos un llamamiento, identificamos a aquellas personas que no podían acudir y las que podían acudir pero que era mejor vacunarlas en el coche. Lo único que hay que hacer es que en el periodo de observación un familiar esté con ellos durante 15 minutos por si aparece algún efecto secundario", ha explicado Aríztegui sobre las vacunaciones en el choche.

La responsable de Atención Primaria ha destacado que la respuesta de este grupo de población "ha sido muy buena". "Se comenzó ya el jueves pasado la citación. El primer día les pilló a muchos de sorpresa y nos costó un poco la citación inicial pero a partir de ahí, desde que se hizo extensivo que empezábamos, todo el mundo ha participado, hay muy poca gente que nos ha dicho que no puede acudir, pero por causas de enfermedad o limitaciones funcionales, y a estos iremos a una nueva repesca la semana posterior", ha dicho.

Aríztegui ha asegurado que "ninguna persona se va a quedar sin vacunarse porque no haya podido acudir al punto de vacunación". "Vamos a hacer continuamente repescas. Somos conscientes de que habrá personas que estén ingresadas o que en este momento no podían vacunarse por algún otro motivo, y continuamente vamos a estar haciendo repescas de estas personas", ha explicado.

Durante esta semana, se ha previsto vacunar en toda Navarra a 4.200 personas mayores de 90 años, la mayoría de ellas en el área de Pamplona, donde se vacunarán diariamente unas 780 personas. Tras la vacunación, todas estas personas deben permanecer 15 minutos en observación por si la vacuna provocara algún efecto secundario. Este tiempo se alarga a 30 minutos para personas que hayan tenido antecedentes de reacciones adversas importantes.

La próxima semana, la vacunación se extenderá al ámbito rural. "Cuando vayamos a las zonas rurales vamos a vacunar no únicamente a los mayores de 90 años, sino a mayores de 80, por eficiencia de los operativos", ha explicado. No obstante, este mismo martes, ante huecos libres por personas mayores de 90 años, se ha citado a algunos mayores de 80.

En Comú Podem ha manifestado su rechazo a los actos de violencia que se han producido en las últimas protestas en Barcelona, algunos de los cuales proceden también de la actuación policial, y ha asegurado que en Cataluña hay un debate abierto sobre el modelo de seguridad.

Pese a los disturbios, la formación ha pedido "no criminalizar gratuitamente" la movilización social, porque en su mayoría son "pacíficas" y deben entenderse desde la "frustración" que provoca en la juventud ante el complicado momento económico.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el diputado del grupo parlamentario de Unidas Podemos y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, sobre los recientes disturbios durante las protestas este fin de semana en Barcelona.

Al respecto, el dirigente de En Comú Podem ha apuntado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido "clara" en sus pronunciamientos y ha indicado que la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana durante una protesta es un incidente "preocupante" que ha sido reprobado de "forma unánime".

No obstante, Pisarello ha querido subrayar que, pese a estos actos de violencia que son "claramente rechazables" desde su espacio político, la mayoría de las manifestaciones son "pacíficas".

ACTUACIONES POLICIALES "DESPROPORCIONADAS"

Por ello, ha puesto también el foco en actuaciones policiales "desproporcionadas" que tienen que señalarse como otros "actos de violencia". Con ello, aludía al caso de la manifestante que perdió un ojo tras acudir a una concentración tras el disparo de una bala de 'foam' por parte de agentes que supervisaban esta movilización.

En consecuencia, en Cataluña hay abierto un "debate sobre el modelo de seguridad", como y si las balas de 'foam' deben suprimirse, como defienden desde En Comú Podem. Y es que se han producido "diferentes violencias" que no "son deseables" que tienen que ver con el modelo de seguridad y con casos "muy graves" que provienen de "los propios cuerpos de seguridad institucionales".

La Policía Nacional ha registrado 197 agresiones a personal sanitario en 2020, lo que supone una reducción de un 33% en un año marcado por la Covid-19 y el cambio de hábitos por los meses de confinamiento y el incremento de las consultas telefónicas o domiciliarias. Esto ha llevado a que los médicos, aunque siguen concentrando el 59% de las agresiones, reduzcan un 10% las cifras con respecto a 2019, trasladándose la problemática al sector de la enfermería.

El 70% son agresiones verbales y el restante físicas, aunque en la gran mayoría de carácter leve. Los datos los ha ofrecido el comisario Javier Galván, interlocutor policial sanitario, en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, en la que ha explicado que, de las 197 agresiones, "muy pocas" están relacionadas directamente con la Covid-19.

"Al motivo habitual de la disconformidad del paciente, el tiempo de espera en la sala de espera o el desacuerdo con el informe médico", ha subrayado Galván, "ahora se suma la vertiente de la Covid-19". Con esto se refiere a ciudadanos que no han respetado el protocolo sanitario, ya sea para ponerse la mascarilla o para respetar la orden de no pasar a consulta acompañado o quedarse en casa para hacer la cuarentena. En este sentido, pone de ejemplo el perfil del paciente de coronavirus que provocó un incendio en un hospital de Cádiz.

PERFIL DEL AGRESOR

El perfil más frecuente del agresor detenido es el del acompañante del paciente. En concreto, se trata de un varón de entre 36 y 55 años y de nacionalidad española, siendo los martes y los jueves los días con mayor incidencia de agresiones, en una franja horaria comprendida entre las 10 y las 13 horas. La víctima es en el 51% mujer, aunque Galván ha subrayado que la agresión es "contra un profesional sanitario, no va contra un hombre o una mujer".

El comisario Galván ha detallado que 2020 comenzó con una subida en las agresiones hasta el mes de febrero para luego, a partir de marzo y el primer estado de alarma por el coronavirus, "bajar por completo" hasta el mes de octubre. En noviembre hubo un pequeño repunte, aunque sigue sin ser superior a 2019, un año en el que se registraron 294 agresiones en el conjunto de España dentro de las zonas urbanas competencias de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha destacado 2020 como un año que ha supuesto "un punto de inflexión" para la figura del interlocutor policial nacional sanitario. La actual situación de pandemia ha potenciado su papel, y prueba de ello son los casi 8.000 contactos realizados durante el estado de alarma, desde el mes de marzo hasta el mes de junio de 2020. En todo el año se llevaron a cabo 7.000 intervenciones en hospitales y atención a domicilios.

ANDALUCÍA ENCABEZA LAS AGRESIONES

Las agresiones por comunidades autónomas oscilaron entre los 10 o 15 hechos denunciados, con Andalucía a la cabeza, sobre todo Málaga (26 agresiones) y Sevilla (19). "El dato no es alarmante", ha avisado el portavoz policial, que se ha remitido a otros factores como el plan del Ministerio del Interior de refuerzo en la zona de Cádiz, lo que ha permitido mantener la tendencia a la baja en esta provincia.

Sobre la disparidad de cifras en la estadística, Galván ha explicado que durante el año se ofrecen datos no consolidados . "A esas 197 agresiones delictivas hay que sumar 47 que están en el ámbito de los riesgos laborales", ha destallado, señalando que quedan al margen del balance al igual que los casos derivados de consultas psiquiátricas.

Los datos se obtienen en cumplimiento de la instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad 3/2017 obre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, un delito incluido en el Código Penal como atentado y que está penado incluso con la prisión, en los casos más graves.

En total, 10.000 sanitarios han sido formados en prevención de las agresiones desde el año 2017. En los próximos años, la Policía apostará por la formación en universidades, un curso nacional para todos los sanitarios o la puesta en marcha de un correo electrónico de asesoramiento a profesionales de la salud.

El sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales destruyó un total de 11.325 empleos a lo largo de los meses de enero y febrero (-9.547 en enero y -1.778 empleos en febrero), en plena tercera ola de la Covid-19, según datos de la Seguridad Social extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha anunciado que reclamará al Ministerio de Sanidad que convoque ya las mesas de negociación para abordar problemas como la inestabilidad de las plantillas.

Para CSIF "resulta indignante" que se haya prescindido de efectivos durante dos meses consecutivos, de los peores meses de la pandemia, "en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria".

Asimismo, recuerda, la pérdida de empleos también ha coincidido con el inicio de la campaña de vacunación. "Se da la circunstancia de que se ha iniciado la vacunación masiva en grandes espacios, mientras que la situación de la Atención Primaria sigue estancada y sumida en la precariedad en la atención", señala.

A pesar de ello, continúa, "los profesionales de Atención Primaria están vacunando a los grupos vulnerables que marca el Ministerio (mayores de 80 años) con las máximas garantías, pese a la escasez de medios, como hemos advertido desde CSIF durante todos estos meses".

Ante esta situación, CSIF critica al Ministerio de Sanidad porque aún no ha puesto en marcha las mesas de negociación para abordar diferentes problemas que afectan a este sector, como es el caso de las plantillas y la temporalidad. "La gestión de Sanidad durante la pandemia, ha estado marcada por los problemas de coordinación con el resto de administraciones", por lo que pide a la ministra Carolina Darias que reactive el diálogo social "tras un año de parón" y le urge a un refuerzo de plantillas y una planificación de los recursos.

CSIF ha presentado un plan de refuerzo para el conjunto de las administraciones públicas para reforzarlas con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021- 2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.

España cuenta con 3 camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media UE o las 8 de Alemania, con lo que conlleva de personal. La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de enfermeros, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa.

El Gobierno Vasco remitirá a los grupos parlamentarios un informeelaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo para impulsar una Ley antipandemia que dé seguridad jurídica a las medidas que adopten de urgencia las instituciones de Euskadi ante situaciones como la vivida con la covid-19. En todo caso, esta nueva norma "no desbordará" el marco legal vigente y operará, en todo momento, dentro de "la insoslayable supervisión judicial", que no se pretende "esquivar", según ha asegurado este martes la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Iñigo Urkullu ha elaborado un informe que analiza el contexto para la elaboración de una Ley sobre el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública, que se fecilitará a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Se trata de una opinión legal de referencia en torno a la idoneidad de la elaboración de una nueva norma que afiance o incremente las garantías jurídicas de las medidas para afrontar situaciones como la pandemia de la covid-19 y, además, clarifique las herramientas a disposición de las instituciones ante la pandemia.

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria tras el Consejo de Gobierno semanal y ha explicado los aspectos principales del informe jurídico elaborado por el Servicio Jurídico Central sobre la viabilidad de una ley integral anticovid que atienda a "las necesidades internas" de Euskadi en esta materia.

Garamendi ha explicado que las habilitaciones con las que las autoridades sanitarias y el poder ejecutivo, en su conjunto, actúan tienen como base expresiones amplias, "poco concretas", que permiten amplias posibilidades de actuación y margen de interpretación.

ORDENAR ACTUACIONES

En este sentido, considera que una nueva Ley podría ser "un instrumento práctico y de influencia", y constituiría una herramienta "eficaz para ordenar" el comportamiento y las actuaciones de instituciones, agentes públicos y privados y la ciudadanía.

En definitiva, con esta norma, se pretende reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones anticovid de las instituciones vascas; ordenar y clarificar los ámbitos de actuación posibles; y propiciar una mayor comprensión social y claridad sobre las medidas adoptadas.

Olatz Garamendi ha destacado que corresponde a las instituciones vascas ocuparse de la primera línea de actuación y responsabilidad en la gestión de la pandemia porque "tienen experiencia, sostén legal y los instrumentos prácticos y jurídicos para actuar de forma inmediata y eficaz".

SIN DESBORDAR EL MARCO LEGAL

En todo caso, ha aclarado que este nuevo régimen jurídico de gestión de alerta sanitaria operará en todo momento dentro de "la insoslayable supervisión judicial" de control de la actuación administrativa. Se trata de una Ley que se impulsará para que "atienda a las necesidades internas" de la Comunidad Autónoma Vasca, que "no desbordaría el marco legal vigente" estatal ni vasco que regula la salud pública.

Garamendi ha señalado que el estado de alarma "no impide" una nuevaregulación autonómica vasca, en todo caso sería "complementaria". Además, ha precisado que el estado de alarma "representa una pequeña parte, aunque importante, de las soluciones jurídicas, colectivas y particulares que requiere la atención a la pandemia".

La consejera ha subrayado que "se trata de exprimir al máximo" el ámbito competencial vasco, "sin injerencia alguna en el espacio de losderechos fundamentales y sin poner en duda el alcance" de las herramientas legales de las que dispone hasta ahora.

Asimismo, considera que podría aportar soluciones legislativas para hacer frente a las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia mediante compensación o indemnización de perjudicados, creación de fondos o líneas de ayuda específicas o asignación de incentivos públicos para la regeneración de empresas y negocios.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón ha condenado a siete años y tres meses de cárcel a un sacerdote jesuita del colegio de la congregación en Gijón como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento y acceso carnal.

Concurre en este caso la atenuante de disminución del daño, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además de la pena de cárcel, se le condena a inhabilitación para el desempeño de actividades docentes y de cualquier otra relacionada con menores de edad, con una duración de seis años; prohibición de aproximarse a una distancia de 500 metros, en cualquier lugar en el que ésta se encuentre, su domicilio y lugar de trabajo, y prohibición de comunicar con la víctima por cualquier medio durante el plazo de siete años y tres meses.

También se le condena a la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante el plazo de siete años y tres meses y se le impone la medida de libertad vigilada, por tiempo de cinco años y tres meses, posteriores al cumplimiento de la condena.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJA, contempla una indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil de 15.000 euros.

Para el Tribunal, el testimonio de la víctima ha sido "persistente" y descarta que haya denunciado al ahora condenado con ánimo de venganza.

A esto se añade el testimonio de una amiga de la menor, testigo en ocasiones de la relación entre ambos, y el de una prima, a la que la víctima le contó lo que pasaba.

La madre de la menor, por su parte, contó como su hija había sido buena estudiante hasta segundo de Bachillerato, cuando dio un "bajón" e incluso estuvo a tratamiento por depresión.

Además, relató un episodio en el que el sacerdote llegó a 'enfrentarse' a ella por teléfono porque quería que su hija se viera con él. La madre también había llegado a alertar al colegio de la 'extraña' relación de amistad entre ambos, si bien en el centro le quitaron importancia.

En cuanto al acusado, reconoció en el juicio que había mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero solo desde que esta cumplió los 16 años; "posiblemente pensando que esto pudiera favorecerle penalmente", dice la sentencia.

También hace hincapié el fallo judicial en que este había dejado escrito en sus cartas, fechadas en julio de 2012, estas relaciones, con frases como: "desde febrero esto estaba herido de muerte. Y sin embargo me acosté contigo"; o "No hay historia de amor en el mundo más bonita que la nuestra".

La sentencia habla de "superioridad manifiesta" por la diferencia de edad que media entre ambos (24 años), con la consiguiente desigualdad de madurez y bagaje vital de uno y otra; De la posición que cada uno ocupaba en el centro escolar donde se entabló y desarrolló esa relación; y de la temprana edad de la menor, 13 años, en la que comenzó a realizar actos de contenido sexual con ella.

DESDE LOS 12 AÑOS

De acuerdo al fallo judicial, el sacerdote y profesor, en el curso escolar 2006/2007, cuando contaba 36 años, conoció a la alumna de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 años.

Al inicio del curso 2007-2008, estando en segundo de la ESO, laniña empezó a frecuentar el espacio conocido como 'Llar', destinado por el colegio al uso creativo y educativo del tiempo libre y del que el acusado era uno de los coordinadores, entablándose entre ambos una relación cordial.

En aquella época la víctima, con 13 años, la menor atravesaba un momento difícil, pues estaba próximo el juicio de divorcio de sus padres y debía declarar.

Aprovechando esas circunstancias, el procesado se convirtió en un adulto de referencia para ella, teniendo un trato agradable, mostrándose muy comprensivo y haciendo que se sintiera una persona muy especial.

Además, sabedora de que mantenía conversaciones por medios informáticos con alumnos del curso, le solicitó ser agregada a su Messenger, intercambiándose ambos sus direcciones de correo electrónico.

Por este medio, comenzaron a tener diariamente largas conversaciones privadas en las que el acusado le decía frases inapropiadas, tales como "que la quería" "que no era de piedra" y la llamaba "solete" y "princesa".

En el curso 2008-2009, estando ella en tercero de la ESO, el jesuita fue destinado a Méjico y antes de marcharse (en septiembre de 2008), a modo de despedida y aprovechando la inmadurez emocional y situación de ascendencia creada sobre ella, se vio con esta en el 'Llar', donde, con ánimo libidinoso, la besó en los labios en dos ocasiones, en días distintos. Previamente, y más de una vez, en su despacho, le había acariciado los glúteos por encima de la ropa y besado en el cuello.

Durante su ausencia, le contó su historia a una amiga, pidiéndole que guardase silencio. También le dijo que se habían besado en la boca a su prima. Además, siguió comunicándose por correo electrónico y telefónicamente con él.

En mayo de 2009, el sacerdote regresó de Méjico, y ya finalizado el curso, en los meses de mayo y agosto, facilitó a la víctima, que tenía 14 años, el acceso al 'Llar' y a su despacho, lugares donde se besaban y acariciaban, recibiendo ella tocamientos en senos y glúteos por encima de la ropa.

También quedaban al anochecer para verse en el parque de Isabel la Católica o a pasear por el Muro de San Lorenzo o por el Puerto Deportivo de Gijón.

El 14 de agosto de 2009, noche de los fuegos artificiales, estuvieron viendo el espectáculo pirotécnico junto a la amiga de la víctima, la cual vio como el sacerdote abrazaba por detrás y besaba en la mejilla a la menor.

A finales del mes de agosto de 2009, fue trasladado a La Coruña. Desde allí realizó diversos viajes a Gijón en los que se vio con la menor.

Contando la adolescente con 15 años de edad, en lugares retirados como el Área Recreativa de Deva o la Providencia de Gijón, en el interior del coche de el acusado, mantuvieron relaciones sexualesconsistentes en masturbaciones mutuas.

Durante el curso académico 2010-2011, cursando primero deBachiller, continuaron relacionándose de forma clandestina en Gijón. También se vieron en los Encuentros de Pascua celebrados enVillagarcía de Campos (Valladolid), besándose apasionadamente en lahabitación en presencia de su amiga.

El 31 de octubre de 2011, cursando ya segundo de Bachiller, con 17 años de edad, el acusado mantuvo con ella una relación sexual con penetración.

En febrero de 2012, la menor intentó romper la relación amorosa con el procesado, pero no le fue posible por la dependencia emocional tan grande que le unía a él.

Sobre el mes de mayo o junio de ese año, volvió·a intentar dejarlo, iniciando la joven en el mes de julio una relación sentimental con su actual pareja. No obstante, el jesuita le empezó a enviar cartas, y hasta el mes de septiembre siguieron teniendo encuentros de carácter sexual.

A consecuencia de estos hechos, la víctima la sufre un trastornode tipo Ansioso-Depresivo, encontrándose en la actualidad a tratamiento.

El 14 de marzo de 2019, estando destinado el acusado en Logroño, fue denunciado en Comisaría por conductas inapropiadas con una alumna del Colegio Sagrado Corazón de la citada localidad.

Actualmente, tiene abierto un expediente de investigación previa en la Compañía de Jesús, en el que se han adoptado como medidascautelares tales como: Desconectar su perfil de cualesquiera de las posibles redes sociales en las que esté activo; o Prohibición de mantener trato con menores directamente o por cualquier medio digital; y prohibición de ausentarse de la comunidad de Madrid-Cantoblanco sin permiso expreso del superior de la Comunidad.

Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el procesado consignó la cantidad de 3.000 euros para pago de la responsabilidad civil.