El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada 'Kitchen' ha citado para el 14 de julio al perito ingeniero Javier Rubio Alamillo, a propuesta de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En su declaración quiere que ratifique y aclare su dictamen de noviembre en el que afirmó que los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolarizó ante notario están "manipulados".

En una providencia, confecha de 10 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, resuelve sobre varias diligencias, y en concreto sobre la propuesta por la defensa de Fernández Díaz, en el marco de esta línea de investigación en la que se indaga en la operación policial orquestada para sustraer documentación sensible para el PP y que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, con el objetivo de que no llegara al juzgado que investigaba la Gürtel.

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz había solicitado en noviembre de 2020 al juez que citara a este perito para que se ratificara en su pericia, informe que fue presentado después del careo que el magistrado celebró entre el exministro y el que fuera su 'número dos'.

Dicho informe de parte sostiene que los mensajes que el exsecretario de Estado registró ante notario, en los que supuestamente el exministro le pediría que se informara sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para espiar a Bárcenas, presentan "notables irregularidades" y por tanto adolecen "de una alta probabilidad de manipulación".

ANÁLISIS DE LAS DOS ACTAS NOTARIALES

El perito analizó las dos actas notariales levantadas sobre dichos mensajes de texto y concluye que la elaborada en junio de 2019 por el notario de Mahón (Menorca) Alberto Vela Navarro-Rubio "toma las suficientes precauciones como para no afirmar que los mensajes que van a ser protocolizados proceden de Fernández Díaz, sino que afirma que es el requirente el que se lo manifiesta o se lo indica".

Además, el informe pericial resalta que el propio notario "mutila" los mensajes, "reconociendo que desecha los de la conversación que no son objeto del requerimiento, cercenando la integridad que debe revestir cualquier conversación mantenida a través de mensajería instantánea".

Sobre los dos pantallazos de los que elevó acta el perito destaca que en ninguno de ellos se aprecian "elementos adyacentes como la hora o la señal de la cobertura" propias de las pantallas de los móviles, y sólo se ven los mensajes propiamente dichos, "lo cual es francamente extraño, porque en cualquier aplicación de mensajería, se puede observar al menos el nombre del remitente del mensaje".

Este acta notarial estaría relacionada con dos mensajes que habrían sido enviados en el verano de 2013: en el primero, Fernández Díaz habría encargado a Martínez que averiguara si el chófer del extesorero era un confidente policial; y en el otro, sería el exsecretario de Estado el que conmina al ministro a hablar después de que éste "tenga el contacto Cecilio", que es como se denomina al CNI en el argot policial.

MENSAJE SOBRE EL "ÉXITO" DE LA OPERACIÓN

La segunda acta notarial, que levantó el notario Enrique A. Franch Quiralte, estaría relacionada con un mensaje en el que se informaría de que "la operación se hizo con éxito", en referencia al volcado de la información que contenían "2 iphones y 1 Ipad" que serían del extesorero del PP.

El perito de parte pone el foco en que este segundo notario deja por escrito que no es él quien manifiesta que el ex 'número dos' de Interior reciba los mensajes de Fernández Díaz, "sino que es el propio requirente el que lo hace y el notario así lo refleja".

Asimismo, sobre el pantallazo que se aporta con el mensaje, dice que si bien parece provenir de "un tal Jorge", el nombre no va unido a un número de teléfono concreto "por lo que puede ser perfectamente un mensaje recibido de cualquier número al que el requirente hubiera almacenado en la agenda como 'Jorge', ya que el número no puede verse y los nombres de la agenda de un móvil pueden modificarse a placer".

Pero va más allá y apunta que ese mensaje incluso podría haber sido creado "mediante una aplicación falsa" de tal manera que el notario, "que no es un experto", no sería capaz de discernir entre un mensaje SMS auténtico y la aplicación falsa o 'fake'. Así, el perito destaca que para determinar la autenticidad e integridad de los mensajes, "sería necesario realizar un análisis forense del terminal que, en este caso, obviamente no se ha producido".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado "seguir en contacto". Pero sí ha precisado que el encuentro ha durado mása de los 20 segundos que ha dicho la prensa, aunque ha ironizado asegurando que no tiene un cronómetro para medir la duración.

El encuentro adelantado por Moncloa entre los dos presidentes, que hasta el momento no habían hablado por teléfono, había generado mucha expectación, pero finalmente se ha limitado a una breve conversación entre ambos, de menos de un minuto, mientras caminaban desde el lugar donde se ha hecho la foto de familia a la sala donde se iban a reunir los líderes.

"Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido unos segundos más de los que hace referencia", ha respondido al ser inquirido por la brevedad del encuentro por un periodista, que ha hablado de 20 segundos.

En este sentido, ha explicado que han mantenido una "breve conversación y posteriormente un breve paseo" ya que los servicios de la OTAN les han pedido que se trasladaran. "Más allá de lo que haya podido conversar" con Biden, "lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto", se ha defendido.

Según Sánchez, el encuentro ha "dado de sí" puesto que han podido hablar de "reforzar los lazos" en materia militar, ya que el acuerdo bilateral de defensa existente es de 1988 y el Gobierno es partidario de actualizarlo. Dicho convenio, que regula las bases estadounidenses en Rota y Morón, fue prorrogado un año mas el pasado noviembre, ya que expiraba este mes de mayo, ante la llegada de Biden a la Casa Blanca.

También han hablado sobre la "situación de Latinoamérica", tras la gira efectuada por el presidente del Gobierno la semana pasada a Argentina y Costa Rica, donde mantuvo una cumbre con los presidentes centroamericanos con motivo del 30 aniversario del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Respecto a este asunto, ha precisado que ha trasladado a Biden su "preocupación por la situación migratoria y económica en la región como consecuencia de la pandemia".

Por otra parte, Sánchez ha dicho que ha felicitado a Biden por "la agenda progresista que ha puesto en marcha" y por su vuelta "a los grandes consensos multilaterales", como la vuelta al Acuerdo de París.

Por último, ha insistido en que el presidente estadounidense, "como líder progresista" ha inspirado a muchos, entre los que se ha incluido y "los primeros pasos que ha tomado certifican esa inspiración progresista", citando la vuelta al Acuerdo de París o algunas cuestiones de política social.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

"Después de esta primera toma de contacto, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto", ha rematado. Por lo pronto, ya es seguro que Biden visitará el próximo año España, ya que los líderes de la OTAN han acordado que Madrid sea la sede de la cumbre de 2022.

La breve charla mantenida entre los dos presidentes ha sido su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

También desde Moncloa se ha restado importancia a la ocurrido. Así, fuentes gubernamentales han sostenido que "siempre se ha hablado de encuentro, nunca se ha empleado la palabra reunión ni la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas".

El objetivo no era otro que "saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, como así ha sido", han subrayado, asegurando que la elección de España como próxima sede de la cumbre de líderes de la OTAN en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión, hacen de esta "una jornada muy provechosa y positiva".

Lo informal del encuentro ha hecho que este no figurara ni en la agenda de Sánchez ni en la de Biden, en la que sin embargo la Casa Blanca sí ha incluido una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.

Al margen de este 'encuentro' con Biden, Sánchez se ha reunido con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y según Moncloa también hay previsto un contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Los países de la Unión Europea han adoptado este lunes la Garantía Infantil Europea, en la que se comprometen a luchar contra la pobreza infantil y la exclusión social de los menores más necesitados, así como facilitar su acceso a un conjunto de servicios "clave" como la educación y la sanidad, a una alimentación "sana" y a una vivienda adecuada.

La estrategia, que tiene el carácter de recomendación, ha sido aprobada en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Sociales y Empleo de la UE que tiene lugar en Luxemburgo. En ella, se insta a los Estados miembros a crear "un marco de actuación integrado y facilitador para abordar la exclusión social de los niños" europeos.

En la actualidad hay cerca de 18 millones de menores de edad que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, aunque existen "diferencias significativas" entre los Estados miembros, según recoge el texto adoptado por los Veintisiete.

Para perseguir los objetivo marcados, los socios comunitarios deberán nombrar "coordinadores nacionales de la Garantía Infantil", que se encargará de coordinar y supervisar "de manera efectiva" la ejecución todas las recomendaciones incluidas en la estrategia.

Los países, además, tendrán que remitir a la Comisión Europea en el plazo de nuve meses un plan de acción que detalle la aplicación de las medidas acordadas que cubra todo el periodo hasta 2030 y que "tenga en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales".

En este contexto, el documento llama a los países a "garantizar que sus políticas sociales, educativas, sanitarias, de alimentación y de vivienda a escala nacional, regional y local sean coherentes".

En el plano educativo, la estrategia pide a los países que detecten y aborden obstáculos "económicos y de otro tipo" para la participación en la educación infantil y la atención primaria, que adopten medidas para reducir el abandono escolar prematuro y que presten apoyo pedagógico a los niños con dificultades de aprendizaje.

También recomienda que se proporcione como mínimo una comida sana cada día de escuela, que se garantice el suministro de materiales educativos, así como que se facilite el transporte a los centros educativos cuando sea necesario y la participación en actividades escolares deportivas, recreativas y culturales.

Con respecto a la asistencia sanitaria, el texto aboga por facilitar la detección y tratamiento precoces de enfermedades y problemas de desarrollo, el acceso a revisiones médicas periódicas, que se proporcionen servicios de rehabilitación para niños con discapacidad y que se pongan en marcha programas accesibles de promoción de la salud.

En relación al fomento de una alimentación sana, la estrategia pide medidas para acceder a ella también en los días que no haya escuela, garantizar que las normas de alimentación en centros educativos contemplen posibles necesidades alimentarias específicas, limitar la publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, sal y azúcar en centros educativos y proporcionar a las familias información adecuada sobre la correcta alimentación de menores.

Otro capítulo está dedicado a medidas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, y en este sentido se pide a los Estados miembros una evaluación de las políticas nacionales, regionales y locales en materia de vivienda, que se facilite un acceso "prioritario y oportuno" a viviendas sociales o a ayudas para vivienda a niños necesitados y sus familias y tener en cuenta "el interés superior del menor" a la hora de que sean acogidos en un centro o en un hogar de acogida.

Organizaciones de mayores y patronal de la Dependencia han reclamado un "buen trato" a las personas mayores, con motivo de la celebración este martes 15 de junio del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

En concreto, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que "la indefensión y vejación que sufren muchos mayores en silencio es una realidad que permanece oculta a los ojos de los demás".

Por ello, CEOMA solicita la aprobación de una Ley contra el abuso, maltrato, vulneración de la integridad física y moral de las personas mayores, así como la creación de un número de teléfono de denuncia gratuito y fácil de memorizar para este tipo de situaciones.

Además, pide a las Administraciones Públicas implantar un sistema educativo en el que "se contemple y favorezca la imagen de las personas mayores".

"El abuso y maltrato sigue siendo uno de los problemas más importantes para CEOMA y sus organizaciones confederadas, la Comisión de Derechos, Deberes y Buen trato está comprometida con la protección de las personas mayores. Trabajamos uniendo fuerzas, defendiendo la dignidad y los derechos humanos, remitiendo nuestra preocupación a grupos políticos y entidades públicas y privadas para que la sociedad tome conciencia", ha indicado el presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez.

En caso de estar sufriendo abuso y maltrato o conocer a alguien que esté en esta situación, CEOMA insta a ponerse en contacto con la Confederación Estatal de Mayores Activos en el teléfono gratuito 900 65 65 66.

Por su parte, la patronal de Dependencia Círculo de Atención a Personas (CEAPs) lanzará este martes una campaña en redes bajo el lema 'Por el buen trato', con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

INDICADORES DE CALIDAD

La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ha propuesto "trabajar en cada centro con indicadores de calidad y con la colaboración esencial de la familia". "La necesitamos cerca y la queremos cerca", ha subrayado.

Pascual pide que la atención a las personas mayores sea "una prioridad" y que se cumpla la ley de la Dependencia, para que una persona mayor no tenga que esperar "438 días" para recibir el servicio de ayuda que le corresponde.

También reclama "un precio justo que cubra todas las necesidades de los usuarios". Según precisa, "el Estado invierte del 0,58 al 0,75 del PIB" mientras otros países del entorno invierten "un 2%".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha citado este martes, 15 de junio, a representantes de los cinco grupos parlamentarios en el Palacio de San Telmo en el marco de una ronda de contactos previa a la cita que el jefe del Ejecutivo autonómico tiene el próximo jueves, 17 de junio, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado que la ronda de reuniones del presidente de la Junta comenzará a las 16,30 horas, y la previsión es que cada encuentro con el portavoz parlamentario correspondiente se prolongue por un tiempo aproximado de 50 minutos.

Moreno recibirá a los grupos en orden de mayor a menor representación con la que cuentan en el Parlamento, de forma que la ronda de encuentros comenzará con el PSOE-A a las 16,30 horas, y a esa cita seguirán las reuniones con PP-A, Ciudadanos (Cs), Vox y Adelante Andalucía.

Fuentes socialistas han confirmado este lunes que será el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, quien acudirá a este encuentro con el presidente de la Junta, al que inicialmente, la semana pasado, había anunciado que acudiría la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Esta cita entre el presidente de la Junta y el portavoz parlamentario del PSOE-A llegará solo dos días después de la jornada de votación de las primarias que los socialistas andaluces han celebrado para elegir a su próximo cabeza de cartel en las siguientes elecciones autonómicas, y de la que ha salido vencedor el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha concentrado un 55% de los votos de los militantes, por encima del 38,7% de respaldo logrado por Susana Díaz y el 5,3% de los sufragios que se fueron a la candidatura de Luis Ángel Hierro.

La semana pasada se anunció desde la Junta que sería este martes cuando se llevaría a cabo esta serie de encuentros que, un día antes, anunció el presidente en el Pleno del Parlamento que iba a llevar a cabo para buscar una posición común de cara a la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno dos días después en el Palacio de La Moncloa.

"Quiero llevar a Madrid no solo las propuestas de este Gobierno, que pueden ser legítimas y razonables, sino también las propuestas del conjunto de esta Cámara que representa a ocho millones y medio de andaluces. Creo que es oportuno y correcto escucharles con mucha atención y poder trasladar al presidente del Gobierno esas iniciativas en beneficio de todos los andaluces", dijo Moreno ante la Cámara al anunciar estos encuentros con los grupos parlamentarios.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha concluido que las convocatorias de oposición deben cumplir la normativa ya sean telemáticas o presenciales y que, por ende, las Administraciones deben permitir a los opositores subsanar errores en sus solicitudes electrónicas como si se realizaran por el "sistema tradicional"

En una sentencia de 31 de mayo, los magistrados han dado la razón a una opositora y han establecido que la previsión legal que permite subsanar la omisión de firma en las solicitudes de oposición también es aplicable a las peticiones presentadas por vía electrónica.

"Esta Sala no alberga ninguna duda sobre la respuesta", han asegurado los jueces y han insistido en que está "expresamente previsto" por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el deber de dar un plazo de diez días para la enmienda de las solicitudes que hayan omitido la 'firma del solicitante o acreditación de autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio'.

En este sentido, los magistrados han acordado que la Junta de Andalucía debe dar un plazo de diez días a una opositora "para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud para participar en el proceso selectivo".

SOLICITUD "CURSADA CON ÉXITO"

La mujer, que presentó recurso ante el Supremo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, intentó participar en 2017 --a través de la web habilitada por la Consejería de Educación-- en la convocatoria de proceso selectivo de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Según consta en la sentencia, la recurrente abonó la tasa y completó el formulario correspondiente, grabó la solicitud y obtuvo del sistema un documento con un código de barras cuyo texto aseguraba que su petición se había "cursado con éxito", lo que "la llevó al convencimiento de que había finalizado todo el proceso".

La Junta de Andalucía alegó que la mujer no había realizado la solicitud de acuerdo con las opciones establecidas en la base tercera de la convocatoria --es decir, que no había incluido la firma electrónica--, por lo que acordó su exclusión del proceso selectivo.

Los jueces han desestimado el argumento de la Administración y han insistido en que está acreditado que la recurrente siguió todos los pasos salvo el último --el de la firma--, que está contemplado en la ley y que "da lugar al deber de emplazamiento por diez días para subsanación".

"GARANTÍAS LEGALES"

El Supremo ha subrayado que "sería sumamente difícil -por no decir imposible-- argumentar que la previsión legal del carácter subsanable de la omisión de firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica".

Los jueces han recordado que aunque la ley "fue elaborada en un contexto histórico y cultural diferente, aún apegado a los modos tradicionales de comunicación", hay que tener en cuenta la "realidad social" actual, tal y como exige el artículo 3 del Código Civil.

En la sentencia, además, han advertido que "la Administración no puede escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares ni para erosionar las garantías del procedimiento administrativo".

Ante el argumento de la Junta de Andalucía de que la opositora podía haber presentado su solicitud mediante "el sistema tradicional", el Supremo ha asegurado que el hecho de que existiera una alternativa a la vía electrónica "no justifica que en esta dejen de aplicarse las garantías legales".

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha denunciado este lunes en el Senado la "discriminación" de la mujer con discapacidad víctima de violencia de género tanto en la ley como en la justicia ya que, ha explicado, ninguna de ellas recoge en sus textos las especificidades que sufren por su situación.

Peláez ha explicado ante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en la Cámara Alta que "una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad", pero esto no significa que todas ellas tengan un certificado de la misma. Esta situación, advierte, es relevante porque esta falta de certificación es, ha señalado, "una barrera fundamental" para que "puedan ser atendidas específicamente en los pocos programas existentes" para ellas.

En su intervención ha hablado de violencias a través de la fuerza física, la intimidación, la manipulación psicológica, el engaño, el abuso sexual o la desinformación, entre otras, algunas de las cuales, indica, "no se toman en cuenta" en la legislación sobre violencia contra la mujer, del mismo modo que no se "atiende", ni la "situación específica" ni "su mayor disposición a sufrir esta violencia".

Lo mismo ocurre con la justicia. Según ha indicado, muchas mujeres no denuncian por "falta de acceso a la información" o porque "dependen vitalmente de sus agresores para vivir". Pero, además, Peláez denuncia que "el propio sistema de justicia es injusto contra estas mujeres y niñas con discapacidad" y, en este sentido, critica sentencias llenas de "estereotipos negativos" hacia las víctimas o situaciones de falta de recursos.

En este sentido, ha explicado el caso de una mujer sordociega a la que no se le dio un servicio de guía-intérprete, porque solo había disponibles intérpretes en lengua de signos; o la desestimación de una denuncia al considerar que no se entendía bien a la denunciante. "Y así, sima y sigue", ha lamentado la dirigente de CERMI Mujeres.

LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Sobre la situación durante la pandemia, ha indicado que se ha "agravado", como ha ocurrido con el resto de mujeres víctimas de esta lacra, pero ha puesto el foco en la "limitación de derechos sexuales y reproductivos" que han sufrido mujeres y adolescentes a las que se les realiza un control de su menstruación y, por tanto, los delitos de abuso que se realizan en la intimidad no se pueden probar con, por ejemplo, un embarazo.

No se les han dado tampoco acceso a los servicios ginecológicos y de obstetricia que tenían antes de la crisis sanitaria y la compareciente ha señalado que en la certificación de las discapacidades "hay una brecha importante con respecto a las enfermedades que provienen de sus salud sexual y reproductiva".

"Algunas mujeres con discapacidad son incluso víctimas de explotación sexual, especialmente en este tiempo de pandemia", ha denunciado Peláez, quien ha anunciado que la Fundación está realizando un estudio en este sentido, que terminarán a finales de año, debido a "los indicios" que CERMI Mujeres ha recibido en este tiempo.

MODIFICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación también ha reprochado a las administraciones que no se hayan puesto en marcha muchos puntos del Pacto de Estado de violencia de género y la falta de "diversidad" que existe en la propia formulación del texto, en el que se refiere en muchos casos a alguna discapacidad especifica --auditiva o visual-- pero no recoge, a su juicio, la realidad de todo colectivo.

Así, ha llamado a los legisladores ha hacer, no solo un seguimiento del cumplimiento del Pacto, sino también "una mejora" de las medidas acordadas en su día con respecto a las víctimas con discapacidad. "No solo son insuficientes, sino que algunas están discriminando a otras mujeres con discapacidad".

Peláez ha reconocido que no es fácil que una mujer con sordoceguera o parálisis cerebral pueda explicar la violencia que sufre, pero ha señalado la necesidad de que se busquen las fórmulas para que todas las mujeres puedan tener los mismos derechos que el resto para denunciar y para hacerlo en un espacio seguro.

Esta situación, ha indicado, es consecuencia de que los pocos estudios que se realizan sobre la realidad del colectivo "no lo representa". Es por eso que pide una macroencuesta específica en la que se incluya a aquellas mujeres y niñas con discapacidad percibida y no solo la certificada y en la que entren las que están institucionalizadas e incapacitadas legalmente, porque el diagnóstico, ha indicado, debe recoge qué está sucediendo en entornos cerrados a estas víctimas, como familias e instituciones.

Del mismo modo, llama a impulsar protocolos específicos para el colectivo en la lucha contra esta lacra, garantizar el acceso universal de todos los centros de atención y de los servicios especializados para atenderlas y urge a la implantación del asistente personal a las víctimas que ya recoge el Pacto.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha mantenido este lunes un encuentro con los integrantes de una delegación del Servicio de la Inspección General de Justicia del gobierno francés, con el objeto de informarles de las medidas desarrolladas en España en la lucha contra esta lacra.

Tal y como ha informado el órgano del CGPJ, en este encuentro también ha participado el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, quien ha centrado su intervención en explicar la formación que se imparte a los miembros de la Carrera Judicial, y los técnicos de estadística, estudios e informes.

Todos ellos han explicado a los integrantes de la delegación francesa las competencias y funciones del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género; así como la importancia de los estudios y las estadísticas para la mejor comprensión de este tipo de violencia y para favorecer la implantación de las medidas de prevención y protección más adecuadas.

Del mismo modo, han destacado el esfuerzo realizado en la formación de los jueces y juezas en perspectiva de género desde el inicio de su carrera profesional, además de la creación de una especialidad en violencia de género. Los avances legislativos y jurisprudenciales o la implantación de medidas de prevención y protección para las víctimas, también se han tratado durante la jornada.

El Observatorio ha explicado que el objeto de la visita es la elaboración de un informe para el ministro de Justicia del país vecino sobre la experiencia española en la materia.

Además de la jornada en el Observatorio, los miembros de la delegación francesa han mantenido encuentros con representantes de otras instituciones como el Ministerio de Justicia, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la Fiscalía General del Estado o distintas dependencias judiciales y policiales.

EH Bildu ha instado al Gobierno central a "abandonar la vía judicial" y apostar "firmemente" por la vía política, para que las desavenencias se solucionen "mediante el diálogo y el acuerdo bilateral", así como a que "abandone la posición recentralizadora y renuncie a imponer más recursos" contra las leyes vascas.

El Congreso debatirá en la sesión plenaria de este martes, 15 de junio, la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario EH Bildu en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por los Parlamentos vascos y navarro. La iniciativa que defenderá la portavoz soberanista, Mertxe Aizpurua, pide al Gobierno que "abandone la posición recentralizadora y renuncie a imponer más recursos".

La política debe abrirse paso ante los tribunales tras 40 años soportando recursos de manera sistemática. 40 años en los que se le han negado a la sociedad vasca avanzar en derechos sociales, económicos, políticos, culturales o lingüísticos. Avances frustrados tanto por gobiernos del PP como del PSOE", ha denunciado Aizpurua.

Del mismo modo, EH Bildu insta al Gobierno a retirar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra leyes vascas que actualmente se encuentren en procedimiento judicial. Según ha recordado, en la última década el Estado ha recurrido más de 30 leyes de "marcado carácter social y económico aprobadas de manera mayoritaria".

Frente a esa realidad, la formación soberanista vasca urge a "respetar el autogobierno como el derecho, la capacidad y la voluntad que históricamente tiene y manifiesta la ciudadanía vasca para que las decisiones que afectan a su vida no se tomen prescindiendo de su voluntad", sino como "garantía de la protección del bienestar y del progreso de la ciudadanía a la que representa".

DIÁLOGO Y ACUERDO BILATERAL, "SIN TUTELAS"

EH Bildu considera imprescindible que el Gobierno renuncie a la vía judicial y apueste "firmemente por la vía política, para que las desavenencias se solucionen mediante el diálogo y el acuerdo bilateral".

"Es hora de abrir un ciclo democrático que dé soluciones políticas. Es el momento de abandonar la negación e imposición que durante años se ha practicado contra nuestras decisiones y transitar hacia una nueva relación bilateral real basada en el reconocimiento mutuo y respeto hacia nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra capacidad de decisión", ha asegurado la portavoz de EH Bildu.

El objetivo, ha precisado, es forjar "una nueva relación de igual a igual sin imposiciones ni tutelas, que termine de una vez por todas con los agravios hacia la ciudadanía vasca, hacia sus parlamentos y gobiernos".

"Es decir, abandonar las injerencias a las facultades que las Cámaras de Hego Euskal Herria tienen atribuidas, utilizando únicamente la vía política de respeto, negociación bilateral real y acuerdo para dirimir las posibles diferencias en materia competencial. Respetando siempre las decisiones que en el ejercicio de sus funciones adopten el Parlamentos y los Gobiernos que de ellos emanan", concluye la iniciativa.

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la única abstención de Vox, una iniciativa presentada por Unidas Podemos, y pactada con su socio de Gobierno --PSOE--, Ciudadanos y PP, para pedir al Ejecutivo central que continúe negociando, junto a la representación sindical, el mantenimiento de la planta de Airbus de Puerto Real (Cádiz).

Unidas Podemos llevaba esta reivindicación a través de una Proposición no de Ley a esta Comisión de la Cámara Baja y ha conseguido acordar un texto transaccional junto al PSOE, Ciudadanos y PP, rechazando así la enmienda de Vox, que finalmente ha decidido abstenerse en la votación final.

El texto finalmente aprobado, pide al Ejecutivo de coalición reforzar la negociación para asegurar el funcionamiento y mantenimiento de la actividad de Airbus en Puerto Real con el consiguiente mantenimiento del empleo, conforme al acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Industria, asegurando así que no habrá traslados definitivos, a través de los ERTES.

Asimismo, se reclama que las medidas de política industrial que realice el Ejecutivo central tengan en cuenta la responsabilidad pasada, presente y futura en materia de empleo y su capacidad para impulsar la industria aeronáutica, la calidad del empleo, el mantenimiento de los puestos de trabajo y unas correctas relaciones laborales.

UN IMPULSO A LA BAHÍA DE CÁDIZ

Otro de los puntos que se recoge en el texto, insta al Gobierno a concretar el compromiso de impulsar la industria en la Bahía de Cádiz, fortaleciendo el sector aeroespacial y diversificando e intensificando la actividad industrial de la provincia de Cádiz, especialmente en la Bahía, aprovechando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Piden, además, que este compromiso se oriente hacia la producción de aviones, barcos y otros medios de transporte, de uso en la actividad empresarial, profesional o familiar, que utilicen combustibles que procedan de fuentes de energía renovables, sostenibles medioambientalmente, como de hidrógeno verde, así como de componentes para la producción de estas energías renovables.

El Senado, en la Comisión de Hacienda, ya aprobó por unanimidad una iniciativa parecida que instaba al Gobierno a la participación de la SEPI en la empresa Airbus para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de la actividad de su factoría en Puerto Real (Cádiz).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que sintió "extrañeza" al escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusarle de querer hacer cómplice al Rey Felipe VI de los indultos a los políticos catalanes presos por haber organizado un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en Bruselas, acompañado del secretario general de la OTAN, después de la cumbre que ha tenido lugar en la capital belga de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica.

Sánchez fue preguntado por los periodistas por las afirmaciones realizadas ayer por la presidenta madrileña durante su asistencia a la concentración de la Plaza de Colón, convocada por una plataforma cívica, contra los indultos a los presos del procés.

Ayuso acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'. Unas manifestaciones que han sido duramente criticadas hoy y que también han propiciado que el propio presidente del PP, Pablo Casado, señalara como único responsable de esos indultos al presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, al ser preguntado por las acusaciones de Ayuso ha respondido: "Cuando lo escuché ayer me vino la palabra extrañeza a la mente".

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que le pareció "extraña" la declaración tanto en la forma como el fondo y cree que al igual que le pasó a él, "le habrá pasado al 99,9 por ciento de los españoles".

Sin embargo, Sánchez no ha querido precisar cuándo puede producirse la aprobación de los indultos por parte del Consejo de Ministros, al ser preguntado por las afirmaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha señalado que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca".

Pedro Sánchez se ha limitado a recalcar que "no hay nada más constituconal que construir la convivencia" y esta, ha dicho, se basa en el acuerdo, la negociación y el diálogo, recalcando que la convivencia es lo que realmente es constitucional.

El PP considera que el hecho de que la "cumbre de alto nivel" que había anunciado Moncloa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se haya limitado a un "paseo de 20 segundos" evidencia la "irrelevancia internacional" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tras asegurar que "la realidad desautoriza a la propaganda", ha avanzado que pedirá explicaciones en el Parlamento por "este ridículo y bochorno que avergüenza a todos los españoles".

Así se ha pronunciado el partido de Pablo Casado después de que Biden y Sánchez se hayan saludado y conversado brevemente este lunes en un pasillo de la sede de la OTAN, una charla cuyo contenido por ahora se desconoce y que ha durado menos de un minuto. El contacto se ha producido tras la foto de familia de los líderes aliados, instante en el que Sánchez se ha acercado a saludar a Biden como han podido captar las cámaras.

En declaraciones, el portavoz adjunto de Exteriores del Grupo Popular, Pablo Hispán, ha recalcado que "el acontecimiento planetario fue un largo paseo de 20 segundos que a Biden se le hizo eterno". "Se demuestra el ridículo de la política exterior española", ha enfatizado.

Además, ha indicado que, aunque lo ocurrido "pueda producir hilaridad" al ver las imágenes, "realmente produce profunda tristeza" porque España "es la cuarta economía del euro y tiene "numerosos intereses compartidos con Estados Unidos en América Latina" y en este momento "una profunda crisis con Marruecos.

"En mitad de estas circunstancias, que el presidente del Gobierno no consiga absolutamente nada, más que acompañar durante 20 segundos al presidente de Estados Unidos, pues está entre la tristeza, la preocupación y el bochorno", ha lamentado.

Hispán ha avanzado que el Grupo Popular presentará preguntas en el Parlamento para que el Gobierno aclare los pormenores y cómo se ha gestionado este encuentro. "Queremos saber quiénes han sido los responsables de este ridículo y de este bochorno que nos avergüenza a todos los españoles", ha manifestado.

"¡QUÉ VERGÜENZA!"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado más irónico con este encuentro y ha colgado en su cuenta oficial de Twitter una foto en la que se ve solo al presidente del Gobierno saludando, pero sin nadie a su lado, con el mensaje 'cumbre Biden-Sánchez'.

La responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha hecho hincapié en que este hecho muestra la "irrelevancia internacional" del jefe del Ejecutivo. "Hay gente que trata a Sánchez como merece: vean la reunión de alto nivel conseguida por Moncloa con Biden siete meses después sin ni siquiera llamar", ha afirmado, para exclamar: "¡Qué vergüenza!".

Desde Bruselas, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha señalado que este breve encuentro muestra que "hay algo que a Sánchez le dura menos que una promesa: su encuentro con Biden".

También el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha criticado con dureza lo ocurrido. "No hace falta que Pedro Sánchez nos represente bien. Bastaría con que no nos avergonzara haciendo el ridículo ante Biden. 20 segundos en el pasillo. Ese era el encuentro", ha declarado a través de las redes sociales.

De la misma manera, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha asegurado que "es penosa la levedad de peso internacional de este Gobierno de Sánchez", mientras que en senador del PP por Almería Rafael Hernando ha censurado que esa "reunión al más alto nivel" se haya limitado a "un paseíllo de 20 metros". "¡Ridículo! La próxima que la organice en el WC. Un impulso más íntimo", ha exclamado.

El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué ha señalado este lunes que en "las actuales circunstancias" no está favor de los indultos a los líderes independentistas.

Así lo ha indicado en una sesión del ciclo de conferencias 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona' del Círculo Ecuestre junto al periodista Màrius Carol.

En este sentido, Piqué ha sostenido que "determinados problemas tienen que ser necesariamente abordados con cuánta más gente de acuerdo mejor".

Ha señalado que la concentración en la plaza de Colón de Madrid de este domingo en contra de los indultos no va a cambiar la opinión electoral "de nadie".

COSTE PARA LA IMAGEN DE ESPAÑA

Considera que se puede recuperar la cohesión entre Cataluña y el resto de España en un marco de la convivencia dentro del territorio y ha asegurado que el independentismo catalán ha tenido un coste y un desgaste en la diplomacia española, sobre todo por el uso de las redes sociales.

"Ha tenido un coste porque aunque no lo quisieras lo que dabas imagen era de conflicto interno y esa imagen te debilita", ha sostenido.

Piqué ha explicado que ve a Barcelona como un activo que se proyecta globalmente y ha manifestado que "los intentos de reducir Barcelona a ser la mera capital de una Cataluña independiente empequeñece esa proyección".

POLÍTICA INTERNACIONAL

Piqué ha destacado la importancia de renovar los acuerdos de defensa y de utilización de las bases con los Estados Unidos y ha señalado la oportunidad que se tiene en estos momentos para volver hacerlo y dar así un "salto cualitativo" a las relaciones entre gobiernos.

El exministro ha señalado que Estados Unidos ha tomado una decisión estratégica "clarísima" en contra de China, como principal adversario como potencia económica mundial, y ha destacado la importancia de la recuperación de los vínculos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con Europa.

También ha destacado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido una "amputación importante" y ha añadido que Europa no se puede construir sin Francia o Alemania.

EL PAPEL DE EUROPA

También ha apuntado que Europa solo puede ser relevante si está unida, ya que si deja de ser un proyecto político --que incluya los elementos fundamentales de la soberanía de los Estados nación-- estará condenada a la "irrelevancia estratégica".

El exministro ha dicho que un país tiene una política exterior fuerte, una proyección internacional creíble y fiable en la medida que demuestra fortaleza interna y cohesión y ha defendido que España tiene una gran diplomacia "más allá del tópico de la pajarita y el cóctel.

El presidente del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado, ha dado la bienvenida al acto y luego el vicepresidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha presentado a los protagonistas del diálogo.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado el "ridículo espantoso y bochornoso" que, a su juicio, ha hecho el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la breve charla que ha mantenido este lunes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras caminaba junto a él por un pasillo de la sede de la OTAN en Bruselas.

"Lo malo de estas imágenes es que el ridículo espantoso y bochornoso lo genera un señor que en estos momentos es el presidente del Gobierno de España. El daño que Sánchez hace cada día a la imagen de nuestro país es incalculable. Qué inmensa pena", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En las imágenes del vídeo que ha publicado Arrimadas, se ve cómo Sánchez conversa con Biden durante menos de un minuto, tras acercarse a saludarle mientras los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN se dirigían a la sala donde se iban a reunir todos.

Desde la Moncloa han dicho que ese es el contacto en el que habían trabajado con la Casa Blanca los últimos días y que ha servido para que ambos presidentes pudieran "saludarse, conocerse personalmente y establecer un primer contacto".

AUTOHUMILLACIÓN INNECESARIA

La portavoz de Cs en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, María Carmen Martínez, ha indicado que, "como viene siendo habitual, el Gobierno vende una expectativa que luego resulta ni acercarse a lo prometido".

A su juicio, la conversación entre Sánchez y Biden ha sido "una autohumillación innecesaria y absolutamente inútil para tratar asuntos bilaterales tan relevantes como los aranceles a productos españoles".

Por su parte, José Ramón Bauzá y Adrián Vázquez, eurodiputados de Ciudadanos, se han burlado del presidente del Gobierno y de la escena que ha protagonizado en Bruselas. "Joe Biden, a Sánchez: 'Señor, suelteme el brazo'", ha escrito Vázquez, sugiriendo que el presidente estadounidense no sabía quién era Sánchez.

Bauzá también ha bromeado sobre lo efímero del encuentro y sobre el "ridículo que se ha marcado" el jefe del Ejecutivo: "No os metáis con Sánchez, que ha tenido una reunión bilateral con Biden cuatro veces más larga que la República Catalana". En su opinión, esto confirma que es "un nadie con ínfulas".

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este martes a cinco personas acusadas de intentar secuestrar a un empresario de Bailén al que propiciaron una brutal paliza y al que llegaron a robarle unos 6.000 euros, cantidad que se estima que llevaba encima cuando fue sorprendido por varios encapuchados cuando iba a acceder a la cochera de su vivienda, en Bailén (Jaén).

Según recoge el escrito de calificación provisional, los hechos se remontan al mes de diciembre de 2015 los cinco acusados con el fin de "obtener y compartir un sustancioso e ilícito enriquecimiento", decidieron integrarse en "una trama" para robar a un empresario de Bailén.

Tras varios intentos frustrados, finalmente la noche del 23 al 24 de diciembre se desplazaron a Bailén en dos vehículos y localizaron a la víctima en un bar. A partir de ahí, y tras seguirle, tres de los acusados, según relata el Ministerio Fiscal, ocultaron su rostro con gorros embozados y "valiéndose de un cuchillo y una pistola" abordaron a la víctima cuando accedía al interior de la cochera de su domicilio.

Tras inmovilizarlo en el suelo, le propinaron golpes y patadas hasta que pudieron amordazarle y atarle de pies y manos. Amenazándole con un cuchillo de grandes dimensiones consiguieron que les revelara que en la guantera del coche tenía un sobre con dinero, además de quitarle todo lo que llevaba encima y dos móviles.

A pesar del dinero obtenido, siguieron golpeándole para pedirle más. En el momento en que intentaban meterlo en el coche para llevárselo, se accionó la puerta del garaje y los tres encapuchados se dieron a la fuga.

Fiscalía ha calificado estos hechos como constitutivos de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de robo con violencia, un delito de detención ilegal y un delito de receptación. Por todos estos delitos, reclama para los cinco acusados penas que van desde los 18 a los 19 años de cárcel ya que dos de ellos son reincidentes en el delito de robo con violencia.

En cuanto a responsabilidad civil, se les reclama 10.539,98 por daños y secuelas, y otros 6.030 euros por el dinero sustraído. Además les reclama el valor del móvil que no fue recuperado.

En el banquillo se sentará una sexta persona acusada de adquirir uno de los móviles robados a la víctima a pesar de conocer su origen ilícito. Por ello y como presunto autor de un delito de receptación se enfrenta a 18 meses de prisión, que es lo que le reclama el Ministerio Público.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón interrogará este martes como testigo al inspector principal del caso 'Gürtel', Manuel Morocho, con la intención de arrojar luz sobre unas anotaciones realizadas por el comisario José Manuel Villarejo en su agenda en 2013, en el marco de la investigación sobre la presunta operación parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado una serie de diligencias de investigación a raíz de las agendas incautadas el pasado mes de octubre a Villarejo, algunas de las cuales permitirían acotar en el tiempo el comienzo de la 'Operación Kitchen', que el magistrado sitúa en el 11 de julio de 2013.

García-Castellón ha observado "varias entradas significativas" referidas a Morocho en los apuntes de Villarejo. La primera es del 29 de abril de 2013, donde junto a la entrada ORTI, supuesta alusión a José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, escribe: "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC".

El propio instructor relaciona ese comentario con Morocho, recordando que por aquel entonces era el jefe del grupo de la UDEF que actuaba como policía judicial en la causa conocida como 'Caja B', que en ese momento aglutinaba todo lo relacionado con los famosos 'papeles' de Bárcenas.

Semanas después, el 13 de mayo, Villarejo hace otra anotación. A las siglas IHL, con las que identificaría al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, añade: "Dice que MD hablará con CHISCO y con Oli y, si puede, también conmigo. Muy decidido a todo", mencionando asimismo a la ex jefa del PP, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al comisario José Luis Olivera.

Ya el 23 de mayo, reseña: CHISCO "muy mosca porque COSPE le dio gran bronca". Y, en el último apunte sobre Morocho que recoge el juez, del 16 de junio, Villarejo señala a CHISCO y apostilla "MOROCHO-LISBOA". En el mimo día, en otra entrada con COSPE, plasma: "Este MORCOC nos necesita a Losa y a mí. MOROCHO-LISBOA".

¿POSIBLE TRASLADO A LISBOA?

Así, en el auto donde imputó a Cospedal, su marido y Ortiz, el magistrado considera necesario volver a tomar declaración al inspector principal de Gürtel para preguntarle sobre las referencias a Lisboa.

Morocho ya compareció como testigo en febrero de 2019, pero entonces "no manifestó nada sobre si se le llegó a ofrecer o manejar de algún modo un posible traslado a Lisboa", limitándose a explicar que "percibió cierta inquietud entre sus compañeros cuando le preguntaban por las personas a quien investigaba".

En esa misma comparecencia, el inspector confirmó que, en enero de 2015, el entonces responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino le adscribió de forma temporal a la misma durante un año y medio, sin que por ello dejara de ejercer sus funciones en la UDEF.

Sin embargo, en su testifical del pasado mes de octubre ante García-Castellón, Morocho manifestó que tuvo la impresión de que le trasladaron a la DAO para que no avanzara en la investigación sobre la red corrupta liderada por Francisco Correa.

HACIA EL FINAL DE 'KITCHEN'

El inspector será el primero de una nueva tanda de citaciones acordadas por García-Castellón para ahondar en la investigación sobre el operativo que se habría montado desde el Ministerio de Interior con recursos policiales y fondos reservados para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de sustraerle la información comprometedora que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes y evitar con ello que cayera en manos de la Justicia.

El juez de 'Kitchen' ha imputado a Cospedal y su marido, que declararán el 29 y el 30 de junio, respectivamente, al considerar que pudieron tener una participación "decisiva" en la captación de Sergio Ríos, el chófer de los Bárcenas, como espía. El mismo 30 de junio también interrogará como investigado a Ortiz y ya el 1 de julio volverá a escuchar a Martínez y a Villarejo.

Con estas comparecencias, García-Castellón busca encajar las piezas del puzzle conformado por las últimas agendas conocidas de Villarejo, que muestran claramente dos etapas distintas, una en la que el objetivo habría sido "salvar al tesorero" y otra centrada en un "plan contra LB", donde se enmarcaría la 'Operación Kitchen'.

El instructor subraya en su auto que, si bien estas agendas deben abordarse con "cautela", suponen un avance significativo por cuanto sí permiten "confirmar un cronograma temporal de determinados acontecimientos" relevantes de 'Kitchen', así como ratificar lo conocido por otras fuentes.

En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional desliza que la instrucción de esta pieza separada de 'Tándem' se acerca a su final, al afirmar que "se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria".

IU ha denunciado la situación que atraviesan los barcos de rescate de migrantes 'Open Arms' y 'Sea-Watch 4', retenidos por las autoridades italianas en los puertos de Pozzallo y Trapani, y ha criticado la actual política migratoria en la Unión Europea (UE) que afecta a la labor de las ONG que se dedican a "salvar vidas".

Así lo ha trasladado la eurodiputada y portavoz federal de la formación, Sira Rego, en rueda de prensa telemática tras viajar a Sicilia para entrevistarse con la tripulación de ambos buques para conocer de primera mano su situación.

Desde el puerto de Pozzallo, Rego ha criticado que la embarcación del Open Arms lleve más de dos meses atracado por trabas administrativas, que impiden a esta ONG hacer una labor de rescate "extraordinaria".

La dirigente de IU ha cargado contra las actuales políticas migratorias en la UE y ha censurado que este bloqueo es un elemento más en la tendencia de "criminalización" de estas entidades.

Por tanto, ha reivindicado un cambio de estrategia al exigir a la UE que financie la labor de estas entidades y cree un cuerpo civil de rescate de migrantes que se "juegan la vida" en el Mediterráneo para tratar de llegar al continente.

Además, Rego ha demandado que se articulen vías "seguras" y "viables" de entrada para migrantes que buscan asilo en los países comunitarios o tratan de tener una opción administrativa de cara a un puesto de trabajo.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EXTRAÑA

Junto a la eurodiputada de IU ha comparecido el capitán del 'Open Arms', Ricardo Sandoval, que ha explicado la situación de retención en este puerto italiano de este buque con capacidad para rescatar a 300 personas.

Al respecto, ha explicado que en los puertos se despliegan una serie de controles que suelen ser bastante común, pero que en el caso de las ONG se suelen intensificar, algo a lo que están ya "acostumbrados".

No obstante, ha desgranado que en este caso se realizó una inspección "muy ardua" que detectó una serie de deficiencias menores en el buque. De esta forma, lo habitual es que una vez subsanada se deje partir a la embarcación, pero en su caso se han topado además con una "discusión" entre administraciones sobre una diferencia de criterio en los certificados, que les ha cogido "en medio".

Concretamente, ha relatado que las autoridades italianas duda de una serie de aspectos del certificado para realizar su labor de rescate emitida desde España y ha cursado varias aclaraciones, al entender que hay una serie de aspectos que no coinciden.

El capitán de la embarcación ha señalado que España está tratando de solventar este problema pero ha admitido que la retención en el puerto les está ocasionando una serie de costes económicos. Tanto la portavoz de IU como Sandoval han aludido que también hay un barco de Médicos sin Fronteras que presenta los mismos problemas.

Rego forma parte de la comisión de investigación abierta en la Eurocámara a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) debido a los "numerosos casos de vulneración de los derechos humanos" denunciados en varias investigaciones periodísticas.

De ahí, según detallan desde IU, que la intensa agenda de trabajo que arranca hoy incluya reunirse con una delegación de Frontex en la ciudad de Catania.

Asimismo, la portavoz de la dirección federal y eurodiputada de Izquierda Unida visitará en los próximos días el Centro de Internamiento de Extranjeros de Caltanissetta, además de mantener distintos contactos con las personas responsables de organizaciones humanitarias locales. La agenda se completará con un encuentro con las autoridades de la ciudad de Palermo.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha visitado este lunes al municipio de La Laguna y calificado de "ejemplar" la implicación institucional y ciudadana en la atención y el trato a las personas migrantes que han sido alojadas en el municipio, con la puesta en marcha de varios programas contra la xenofobia y el racismo, y un extenso movimiento de voluntariado.

En el encuentro con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, se abordaron aspectos como el esfuerzo que se está realizando para avanzar hacia el progresivo cierre de los dos centros de Atención Temporal al Extranjero (CATE) que la administración estatal gestiona en la localidad, los recursos económicos con los que se va a reforzar a los municipios para el desarrollo de buenas prácticas en materia de acogida y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus ejes sociales, así como la importancia de la solidaridad de todas las comunidades autónomas para responder a este fenómeno migratorio y de las plazas disponibles para personas migrantes adultas en el ámbito estatal.

El encuentro estuvo centrado en gran medida en la migración, ya que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proporciona un marco general para abordar la compleja y dinámica relación entre la migración y el desarrollo, informa el consistorio en una nota.

Ascanio planteó la necesidad de una mayor colaboración interadministrativa en esta materia y destacó la implicación y solidaridad de la población, que se ha organizado y volcado en dar apoyo y atender las necesidades de las personas alojadas en estos CATE, con entrega de alimentos y ropa o, incluso, un programa de voluntariado para enseñar español a las personas migrantes y que cuenta con la colaboración de la Universidad de La Laguna y del Ayuntamiento.

Además, el concejal de Bienestar Social resaltó el compromiso de toda la corporación en materia de migración y acogida, expresado a través de dos acuerdos plenarios unánimes, y el trabajo conjunto de todas las áreas municipales para dar una respuesta a esta situación.

En este sentido, explicó los diversos proyectos puestos en marcha desde la administración local para sensibilizar a la ciudadanía sobre las realidades socioculturales de la migración, desterrar los prejuicios y estereotipos acerca de las personas migrantes y contribuir a la prevención de toda forma de discriminación, intolerancia, exclusión y violencia en la sociedad lagunera, como la Estrategia municipal Antirrumores o el programa escolar Telémaco.

Ascanio agradeció al secretario de Estado su implicación en la búsqueda de alternativas al modelo de macrocentros y su apuesta por el municipalismo para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en toda su extensión, ya que "en materia de acogida y derechos sociales, los municipios desempeñaremos un papel fundamental".

Un 16% de las menores que piden ayuda a la Fundación ANAR porque sufren violencia de género tienen entre 12 y 14 años, aunque la edad media es de 16 años, y un 1,5% viven con su agresor, según un avance del informe anual 2020 sobre violencia de género en menores de edad de la Fundación ANAR.

Así lo ha indicado el director de Programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, este lunes 14 de junio, durante su comparecencia en la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado sobre la Violencia de Género, en el Senado.

Según los datos, en casi la mitad de los casos, el agresor es mayor de edad. Además, casi el 100% de las víctimas sufre violencia psicológica y en un 44,3% de los casos también hay violencia física. Un 48% llevaba sufriendo la violencia desde hace un año, y un 55,7%, de manera diaria.

En cuanto a los menores de edad que viven una situación de violencia machista en su casa, en un 62,7% de los casos es la madre la que llama a la Fundación ANAR. Atendiendo al perfil del menor expuesto, el 56,8% son niñas frente a un 43% de niños, y el agresor es el padre en el 86,9% de los casos, o la nueva pareja de la madre, en el 11,7%.

Desde el año 2009, ANAR ha recibido un total de 176.301 llamadas por este motivo y ha ayudado en 15.028 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género. Estos datos suponen que los casos de violencia de género en el Teléfono ANAR se han multiplicado por diez en la última década. Esto no quiere decir que haya muchos más casos sino que los menores piden cada vez más ayuda, según ha explicado Ballesteros.

SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE VISITAS A MALTRATADORES

Por su parte, la coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé García, ha pedido que las medidas de protección a las madres víctimas de violencia de género se apliquen a los hijos y se suspenda de forma automática el régimen de visitas para los padres maltratadores.

"Con la modificación en la ley de enjuiciamiento criminal, se prevé que cuando el juez dicte una orden de protección a la mujer, un alejamiento, y existan indicios de que los hijos han sufrido esta violencia, el juez suspenderá el régimen de visitas, pero añade que a petición del inculpado podrá no suspender el régimen de visitas. Nos podemos encontrar con una situación que escuchamos día a día en el teléfono cómo, dictada la orden de protección, se mantienen las visitas con el padre", ha advertido Bartolomé.

En concreto, ha citado datos del informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de 2020, según los cuales el régimen de visitas se había suspendido en un 3,01% de los casos, la patria potestad en un 0,72% y la guardia custodia, en un 4,27%. "Esto nos hace reafirmarnos en la necesidad de esa suspensión automática", ha reiterado.

Asimismo, Bartolomé ha pedido que la privación de la patria potestad para los padres que han asesinado a sus parejas, introducida a través de la ley de infancia, también se aplique "con carácter retroactivo", para los casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley.

Igualmente, ha reclamado que todas las víctimas de violencia de género con menores a cargo y adolescentes víctimas puedan acceder a un juzgado exclusivo de violencia de género, algo que, según ha advertido, no siempre ocurre porque en algunas comunidades autónomas no hay suficientes juzgados especializados, por ejemplo, en Castilla-La Mancha solo hay uno.

Otra de las propuestas de ANAR es que sea suficiente con el consentimiento de uno de los progenitores para que una menor de 16 años víctima de violencia de género pueda recibir tratamiento psicológico.

"Algunas adolescentes nos dicen que no quieren contárselo a sus padres porque las familias no le dan la gravedad que tienen, lo que puede bloquear el acceso al tratamiento", ha expuesto Bartolomé.

Por otro lado, ha indicado que en ANAR escuchan a diario casos de niños y adolescentes que acceden de forma sencilla a contenidos digitales violentos o pornográficos que "muestran a la mujer como un objeto sexual" y "refuerzan actitudes sexistas". Por ello, piden la regulación del bloqueo del acceso a dichos contenidos por parte de los menores.

Fundación ANAR, desde el año 2009, tiene un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para la atención de los menores víctimas de violencia de género a través del cual se establece un protocolo de coordinación entre el servicio de atención a víctimas de violencia de género y el Teléfono y Chat ANAR, en virtud del cual la Fundación ANAR atiende a las víctimas de violencia de género menores de edad.

Asociaciones de usuarios, víctimas de accidentes de tráfico y expertos en seguridad vial han reclamado este lunes una mayor concienciación para frenar el incremento de fallecidos en siniestros viales. Este fin de semana 22 personas han muerto en accidentes de tráfico en las carreteras españolas.

En declaraciones, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes DIA, Francisco Canes, ha explicado que "lo primero que hay que hacer es concienciar mucho más a los motoristas del peligro potencial que representa ir en moto" y "hacer muchas más campañas". Además, sostiene que "hay que extremar la vigilancia". "Lo que no podemos es dejar que cada uno vaya a la suya", ha manifestado.

"Esto es un problema, en primer lugar, de educación vial, que es una gran carencia en este país y, por otra parte, tiene que haber mayor vigilancia y más controles, porque seguro que si nos ponemos a mirar muchos de estos accidentes tenían una tasa elevada de alcohol o drogas o estaban cometiendo una imprudencia grave, un exceso de velocidad", ha apuntado.

Para la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, lo que está sucediendo es un "horror". "Me da miedo y pavor el pensar lo que puede ocurrir este verano con estas cifras que estamos teniendo de víctimas mortales en las carreteras y en las ciudades, como consecuencia de ese ansia de libertad que hemos tenido contenida con el confinamiento, con las restricciones que hemos padecido todo el mundo para poder quitarnos de en medio, por lo menos, ir en el camino de conseguir acabar con la pandemia sanitaria".

En este sentido, Novella cree que "esas ganas de salir están generando que la otra pandemia, la pandemia vial, porque también está declarada como tal por la OMS, aumente de forma peligrosa". "Se está viendo ya en este fin de semana, donde ya no ha habido restricciones horarias. Hay que recapacitar todos porque si no va a ser una sangría horrorosa", ha zanjado.

PREOCUPACIÓN POR EL "ALTÍSIMO INCREMENTO"

En declaraciones, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha confesado que observan "con preocupación el altísimo incremento" de accidentes y de víctimas en la carretera tras el levantamiento del estado de alarma y cree que "puede ser debido a una relajación en el cumplimiento de las normas de tráfico".

Según ha manifestado, está ocurriendo lo que sucede otros años en verano, que con motivo de la celebración de las fiestas mayores en el mes de agosto, "en cantidad de municipios se está observando un aumento en el consumo de alcohol y de las drogas y no se tiene en cuenta que la seguridad vial hay que seguir teniéndola presente".

"Observamos, no obstante, que a pesar de ese incremento, si lo comparamos con el año 2019, todavía hay una reducción de en torno a un 17 por ciento", ha apostillado, para advertir a continuación que "la curva puede aumentar" si se sigue produciendo "este incumplimiento notable y especialmente en la conducción nocturna y en no tomar precaución" respecto a los usuarios vulnerables.

El presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, también se ha mostrado "muy preocupado" y ha lamentado los datos "negativos" de siniestralidad, sobre todo, en relación con los motoristas. Reyes ha explicado que es un problema no solo de infraestructura sino "multifactorial", que abarca desde la formación, la concentración hasta el estado de la vía.

De esta forma, Reyes ha llamado tanto a la administración, como a todos los colectivos, a seguir trabajando conjuntamente para adoptar "medidas que puedan reducir esta siniestralidad en el corto, medio y largo plazo".

Desde la Plataforma Motera Para La Seguridad Vial, María José Alonso ha reivindicado la necesidad "dejar de hablar de fines de semana" y tener en cuenta cifras semanales "porque parece que solo ocurran siniestros de viernes a domingo por la tarde y esto es un grave error", así como de contabilizar los siniestros ocurridos en zonas urbanas.

"¿CULPABLES? TODOS"

"El ciudadano va a tener que empezar asumir los siniestros que ocurren de lunes a viernes y los 365 días del año", ha defendido en declaraciones, para después agregar: "¿Culpables? Todos, absolutamente todos --motoristas, ciclistas, usuarios de patinetes, automovilistas, camiones y administraciones públicas--. Además, ha lamentado que "se ha perdido la educación en valores" y "la gente no respeta la carretera porque no hay educación a secas".

Antonio Lucas, director de seguridad vial del RACE, ha lamentado los últimos datos de siniestralidad de este fin de semana, aunque ha añadido que la entidad ya venía "alertando la importancia de tomar medidas, hace tiempo, para evitar precisamente que esta vuelta a la normalidad en las carreteras tuvieran aparejado unas cifras" como las que se están registrando.

Para Lucas, "lo más importante ahora es trabajar de forma coordinada, que sea una prioridad, que reducir los accidentes de tráfico sea uno de los objetivos más importantes en las próximas semanas". Así, aboga por llevar a cabo campañas de concienciación, mejorar el estado de los vehículos y hacer un buen mantenimiento, y recuperar la inversión en las infraestructuras para que las vías convencionales sean más seguras, entre otras.

La presidenta de la coordinadora estatal de entidades de peatones 'Andando', Sonia Jichi Ribera, ha declarado que "el problema de violencia vial, que causa tantas muertes tanto en carretera como en zonas urbanas, es un tema al que no se le da la suficiente relevancia en los medios".

"Tal y como indican los expertos, las muertes siempre van vinculadas directamente a dos factores: masa (que suele ser proporcional al volumen) y velocidad. Es por ello que es imprescindible poner en marcha lo antes posible medidas efectivas que obliguen a los vehículos a limitar su velocidad, ya sea mediante radares, modificación del diseño viario y control efectivo se las velocidades en las vías públicas", ha subrayado.

Asimismo, Jichi Ribera cree que las campañas de concienciación "no bastan porque los vehículos de motor son máquinas de matar, que no pueden quedar únicamente en manos del civismo y de la responsabilidad del conductor". "Estamos hablando de vidas humanas y los que nos gobiernan tienen parte de responsabilidad", ha apostillado.

"Recordamos que el fomento del transporte público es imprescindible para rebajar e número de desplazamientos en vehículo privado que son los que acaban aumentando la probabilidad de este tipo de tragedias", ha apuntado.

La coordinadora general de ConBici, Laura Vergara, ha enviado todo su "apoyo" as las personas que están detrás de "datos como estos", víctimas y familias, y ha agregado que "el objetivo de Tráfico está desenfocado". "La seguridad vial debe dejar de ser que sobrevivamos al tráfico a motor. El objetivo debe ser víctimas cero y para ello es necesario crear un sistema vial seguro. Eso es lo que hay que cambiar", ha comentado.

"Podemos tener errores, pero esos errores no deben costarnos la vida", ha defendido Vergara, que aboga por eliminar los factores de riesgo como el diseño de los cruces, diseñar un sistema en el que la salud vial esté por delante, cambios que generen una protección colectiva y sistemas de protección individual.

El empresario Jesús Salazar, condenado junto a su hermano Jaime por el desfalco de SOS Cuétara, actual Deoleo, se ha declarado "absolutamente inocente" de obtener de Hacienda más de 2 millones de euros en una devolución del IVA que habría sido fraudulenta, durante el juicio que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Nacional sobre esta pieza separada de la "causa madre".

Los Salazar evitaron el juicio por el llamado caso 'SOS' al llegar un acuerdo de conformidad en febrero por el cual reconocieron delitos de administración desleal y estafa, entre otros, aceptando penas de hasta un año y medio de cárcel y devolver a Deoleo entre 8 y 12 millones, para compensar los 230 millones que habrían desviado de SOS Cuétara --Jesús como presidente y Jaime, vicepresidente-- hacia un entramado societario propio, según cálculos del Ministerio Público.

Aún estaba pendiente de juicio la pieza separada donde se imputan a Jesús Salazar y Francisco Blázquez delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales e insolvencia punible por los más de 2,5 millones que Hacienda devolvió a Ddal Inversiones en concepto de IVA por una operación inmobiliaria vinculada a dicho entramado. La Fiscalía pide para ellos 8 años de cárcel, una multa de más de 12 millones y otros 2,4 millones para indemnizar al fisco.

"Me considero absolutamente inocente", ha dicho Salazar en el juicio, que ha comenzado este lunes con las cuestiones previas, la declaración de este acusado y el interrogatorio a testigos y peritos de la Agencia Tributaria. Se espera que Blázquez hable el martes, en la última sesión.

Este juicio pone la lupa en dos transacciones inmobiliarias por las que el Grupo SOS vendió en 2006 dos terrenos --uno en Sueca (Valencia) y otro en Pilas (Sevilla)-- a Ddal Inversiones, de la que primero los Salazar y después Blázquez fueron administradores únicos, por 4,1 y 14,9 millones, respectivamente, y por la que la mercantil compradora solicitó a Hacienda que le devolviera el IVA soportado: 2.514.329,21 euros.

Según ha expuesto la fiscal en la vista oral, el delito estaría en la compraventa de Pilas porque en realidad no se habría completado. Estaba sujeta a ciertas condiciones, entre ellas que los terrenos --de uso industrial-- se recalificaran para uso urbano, algo que no habría ocurrido, de modo que Ddal Inversiones no tendría derecho a la devolución del IVA soportado por esta transacción inmobiliaria.

UNA OPERACIÓN INCOMPLETA

Salazar ha defendido que se trataba de un negocio "muy rentable" para Deoleo porque eran terrenos inservibles desde el punto de vista de la industria aceitera, pero interesantes desde la óptica inmobiliaria, dado que en Sueca se podían construir naves industriales y en Pilas había la expectativa de edificar viviendas, a falta de que el Ayuntamiento diera el visto bueno a la recalificación urbanística.

Sobre Sueca, ha señalado que el contracto transcurrió con normalidad, si bien con el negocio de Pilas se toparon con el freno municipal, ha admitido. Salazar ha sostenido que la "realidad" es que las partes acordaron no ejecutar la condición suspensiva porque estaban convencidas de que era una "operación sana" que acabaría fructificando, como sostiene que fue.

"El IVA íntegro se pagó", ha aseverado enfatizando que, en consecuencia, "la Hacienda Pública no ha tenido ningún descalabro". "El único que podría discutir algo es Deoleo y, como se llevó 8 millones, pues tampoco", ha zanjado.

Sin embargo, Tomás Páramo, que junto a su cuñado, Jaime Salazar, fue administrador de Ddal Inversiones en 2006, ha testificado que la operación de Pilas "no se pagó al 100%". "No se perfeccionó", ha dicho a preguntas del Ministerio Público.

En la misma línea, una perito de la Agencia Tributaria ha indicado que la compraventa de Pilas "no llegó al fin que pretendía", dado que solo hay dos pagos documentados (uno de 1,9 millones en 2006 y otro de 2,6 millones en 2008) y la condición resolutoria establecía que debía abonarse el importe completo antes de 31 de diciembre de 2009.

Así, la experta de Hacienda ha validado la tesis del Ministerio Fiscal, que ha puesto de relieve que, si al acabar 2009 Ddal Inversiones no había pagado los 14,9 millones que costaba el terreno de Pilas, no tenía derecho a solicitar, como hizo, en enero de 2010 a la Agencia Tributaria que le devolviera el IVA soportado por esa compraventa.

COMPRAR POR 120 EUROS Y VENDER POR 75.000 EN 48 HORAS

Otro de los ejes de esta sesión inaugural ha sido la fugaz presencia de Salazar como administrador único de Ddal Inversiones. El 28 de mayo de 2009, compró todas las acciones por 121 euros a Páramo y, 48 horas después, se las vendió a Blázquez por 75.000 euros.

Salazar ha explicado que en mayo de 2009 irrumpió en Ddal Inversiones, hasta ese momento en manos de su hermano y el cuñado de éste, porque se desató el caso 'SOS' y Páramo se puso "muy nervioso". Entonces, Jaime le recomendó que entrara para asegurar el pago.

Fue una operación rápida, ha manifestado, porque él era un mero "aceitero" sin experiencia en el sector inmobiliario que solo quería estar a los mandos de Ddal Inversiones el tiempo necesario hasta encontrar a alguien con conocimientos en la materia que sacara adelante la mercantil para que pudiera hacer frente a sus pagos.

Ese hombre, de acuerdo con su relato, era Blázquez "un buen padre de familia" y "buen empresario", que hasta "trajo a Burger King" a España. Le vendió esas mismas acciones por 75.000 euros apenas dos días después de comprarlas.

No quería deshacerse de ellas sin más porque "lo que se regala parece que no tiene valor" y, aunque la situación económica de Ddal Inversiones era mala, "si hace la matemática le salía un buen negocio" con las compras de Sueca y Pilas, ha argumentado.

"A partir de ese momento yo ya no era dueño y mi única preocupación era que Deoleo cobrara lo que se le debía, y cobró íntegramente, es decir, funcionó bien (...), fue una decisión acertada", ha considerado.

"MOVIMIENTO CIRCULAR" DEL DINERO

A pesar de que --de acuerdo con Salazar-- solo fue administrador único de Ddal Inversiones unas horas, el cambio no se elevó a escritura pública hasta 2011 En ese ínterin el Juzgado Central de Instrucción Número 4 prohibió a los hermanos disponer de los bienes de la empresa, pero nada más recibir el IVA devuelto por Hacienda, se transfirió casi todo el dinero (2,1 millones) a una mercantil y desde ahí a otras relacionadas con el entramado societario de los imputados.

Salazar ha querido subrayar que, puesto que 'de facto' se desprendió de Ddal Inversiones en 2009, ese embargo judicial vino 20 meses después de su salida de la gestora inmobiliaria, desvinculándose así de un presunto alzamiento de bienes.

No obstante, el Ministerio Público, en su escrito de acusación, concluye que esas transferencias fueron realizadas por Blázquez en connivencia con Salazar, "en ejecución del plan común ideado de dificultar el destino final del dinero".

Otros peritos de la Agencia Tributaria han contado que les llamó la atención el "movimiento circular" de los fondos devueltos por Hacienda "justo cuando los señores Salazar estaban con un embargo". "Nos hizo pensar que quizá ese dinero se estaba sacando en efectivo para que volviera a los señores Salazar, que eran quienes tenían primogéneamente Ddal Inversiones", han ilustrado.

La defensas han reclamado en las cuestiones previas una resolución que directamente pusiera fin al proceso penal, aduciendo que unos delitos estaban prescritos y otros tenían efecto de 'cosa juzgada' por haberse ventilado en el acuerdo de conformidad. El tribunal, en cambio, ha optado por seguir adelante con el juicio y resolver estos asuntos en la sentencia.

El regreso a Marruecos de las temporeras contratadas en origen para la campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva comienza este martes, 15 de junio, con la salida de 630 trabajadoras desde el Puerto de Algeciras (Cádiz) a las 15,00 horas, con destino al Puerto de Tanger Med.

Así lo ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Huelva, desde donde han señalado que el embarque comienza a las 11,00 horas de la mañana y todas las temporeras deberán llevar realizada una PCR con resultado negativo con un máximo de 48 horas previas al trayecto.

El acuerdo alcanzado permite salidas de hasta cuatro barcos semanales, desde Algeciras con la compañía española Balearia, y otra marroquí, Intershipping. La capacidad autorizada es de 1.000 personas por barco.

La Subdelegación del Gobierno en Huelva informó la pasada semana de que se ha coordinado la información de las trabajadoras entre ambos gobiernos, de tal manera que la salida España y llegada a Tanger Med facilitará la ubicación por provincias de origen de cada grupo de trabajadoras, posibilitando así la logística de transporte hasta sus domicilios y confían en finalizar el retorno en la primera semana de julio.

De este modo, este domingo el Distrito Sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña comenzó un dispositivo en el que participan, además de empresarios y cooperativas agrícolas, el Puerto de Huelva, el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y una Unidad Móvil del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desplazada específicamente a la provincia. Durante los próximos 20 se realizarán en el tinglado del muelle de Levante las PCR que necesitan las trabajadoras para poder retornar a su país.

Por su parte, la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) participará en el traslado de las mujeres a Algeciras (Cádiz), desde donde saldrán los barcos que habrán de llevar a estas trabajadoras a Marruecos.

En estos días, las organizaciones agrarias están organizando los grupos y procediendo a la reserva de los autobuses, así como completando la documentación necesaria para que puedan viajar.

Los consultores del Prelsi volverán a acompañar a las trabajadoras al puerto gaditano y las asistirán a la hora de presentar su documentación a las autoridades, las pruebas PCR y las acomodarán en los ferris de forma que este proceso, a menudo complejo, sea lo más ágil y cómodo posible.

En esta parte del procedimiento, junto a los consultores de integración del Prelsi estarán los mediadores de MZC, con Ana Martín a la cabeza, y de Cepaim, gracias a su acuerdo con la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este martes la vista de extradición del multimillonario estadounidense John David McAfee, creador del famoso antivirus McAfee, que fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que es reclamado por EEUU por delito fiscal.

Esta vista había sido programada para el 4 de junio, pero el tribunal optó por suspenderla para que la defensa pudiera instruirse en el procedimiento. La defensa del magnate indicó a los medios que se habían producido "distintos errores de tramitación que, o conculcaban, o directamente incidían sobre el derecho de defensa y a un procedimiento justo".

La detención se produjo el 3 de octubre en virtud de una orden internacional de detención que fue emitida por la Corte Federal del Distrito de Tennesee, y tras comparecer ante el que era entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, se decretó prisión provisional. Tras reclamar la extradición EEUU en noviembre, el Consejo de Ministros acordó continuar con el expediente por la vía judicial y en enero McAfee se negó a ser entregado.

En su informe sobre la extradición, el Ministerio Público considera que es procedente pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales --cifra que varía ligeramente según el año--. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco "aparentando que carecía de ellos".

INGRESOS MILLONARIOS

"Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos", explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.

En 2015 obtuvo unas ganancias de 100.000 dólares por charlas y por cesión de derechos para contar su historia de vida; en 2016 obtuvo 800.000 dólares --la mayoría por consultoría a MGT Capital Investments-- que le fueron abonados haciendo transferencias a terceras personas.

En 2017 el montante que obtuvo fue de 1,25 millones de dólares, y gran parte lo recibió en criptomonedas. Como entendía que esa moneda digital no podía ser rastreada por el fisco porque el pago no fue nominal, hizo abonar esa cantidad en una cartera de Ethereum por medio de diez transferencias y luego lo movió a otras carteras.

Pero el salto de ingresos se produce en 2018 cuando McAfee recibe 8 millones de dólares por consultoría y por promoción de varias ofertas iniciales de criptodivisas (hasta cinco distintas). Esos ingresos le llegaron en criptomoonedas que luego él transformaba en dólares. parte de las cantidades eran movidas a sociedades controladas por él y las gastó en comprar bienes inmuebles y un yate que puso a nombre de su esposa.

SÓLO POR TRES AÑOS

En la calificación jurídica, la Fiscalía recuerda que EEUU le persigue por cinco delitos graves de evasión de impuestos que acarrean pena de cárcel no más de cinco años por ejercicio, y otros cinco delitos menores por la omisión de presentación de la declaración.

Pero el fiscal explica que, en España, no presentar la declaración no es un delito sino una infracción administrativa, y apunta que de tener significación penal, únicamente lo tendría en el seno del delito fiscal. Y ahonda que respecto a 2014 y 2015 no hay delito fiscal puesto que en España la cuota tributaria defraudada está lejos de los 120.000 euros exigidos.

Por ese motivo, señala que sólo son constitutivos de tres delitos fiscales los hechos relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Y recuerda que los tratados de extradición establecen que la infracción debe estar castigada con más de un año de prisión, por lo que se cumple el mínimo punitivo exigido por ley.

Además, concreta el Ministerio Público que existe una identidad de hechos imponibles, que es el requisito mínimo que se exige en el delito fiscal. "Se hace referencia a renta de personas físicas, que es también un hecho imponible" recogido en la ley relativa al IRPF.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido desconvocar los actos de protesta establecidos para los próximos días contra la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada, si bien mantiene abierta la vía judicial con los recursos interpuestos, tanto en vía administrativa como con la petición de medidas cautelarísimas.

La decisión se produce después de que el Ministerio de Sanidad haya dado por respaldada y puesta en funcionamiento una nueva propuesta que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes ante la que, a pesar de las "importantes mejoras" sobre la resolución inicial, los afectados han manifestado su "descontento" por considerarla aún "insuficiente".

"La única opción posible para asegurar un proceso de elección de plazas con todas las garantías es hacerlo en tiempo real, circunstancia que exigirá en la próxima convocatoria 2021/2022 de acceso a plazas de formación sanitaria especializada", ha dicho el CESM.

Por otro lado, la organización se ha mostrado "moderadamente satisfecha" con las mejoras logradas sobre el planteamiento inicial gracias a la movilización y comprende que, "tras estos meses convulsos", el estrés de los últimos días y el poco margen que hay para una "pronta incorporación" a las plazas adjudicadas, los futuros especialistas deben tener la "necesaria tranquilidad" para tomar una decisión tan importante en las mejores condiciones posibles y sin tener que asumir los "perjuicios" asociados a mayores demoras en el procedimiento.

En este proceso se vigilará desde la Comisión de Seguimiento establecida cómo se van resolviendo las posibles incidencias que se vayan produciendo, que CESM confía en que sean muchas menos que las que se registraron en los primeros días de plazo para las solicitudes y que, en cualquier caso, serán responsabilidad "únicamente de la cerrazón de Sanidad" en asumir las reivindicaciones de la profesión para obtener las mayores garantías para los afectados por este sistema.

Por todo lo anterior, la confederación ha recordado que se mantiene a la espera de las decisiones judiciales y que respaldará a los afectados en sus decisiones ante este procedimiento, que gracias al trabajo y la cohesión médica ha pasado de ser "totalmente inaceptable" a uno con "bastantes mejoras", quedando sin embargo lejos de lo que sería ideal.

En este sentido, el CESM ha alertado de que seguirá "vigilante" y defendiendo la elección en tiempo real como la única que cuenta con todas las garantías para los opositores, confiando y exigiendo que, con tiempo suficiente para las próximas convocatorias, no vuelva a repetirse este conflicto que afecta gravemente a los futuros especialistas del Sistema Nacional de Salud.