Decenas de ganaderos –convocados por Unións Agrarias– se han concentrado este jueves en Viveiro (Lugo) para denunciar los daños del lobo y reclamar «un plan de choque» con el que «desplazar» o «reducir» los ejemplares en esta comarca.
Esta movilización se realiza después de la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, lo que supone la prohibición de su caza, de manera que provoca «dejar sin herramientas para poder desplazar» a estos animales «de una zona determinada», según denuncia el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García.
La protesta se ha celebrado ante una pancarta con el lema ‘Coidemos aos lobos que os gandeiros xa estamos en perigo de extinción’, en una movilización en la que también se podían ver carteles con mensajes como: ‘Lobos si, pero non cos cartos dos gandeiros’; ‘E a nós quen nos protexe’.
«Lo único que queremos es que el lobo no nos cace a nosotros», ha afirmado el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, en declaraciones a los medios, quien alerta de que «el modo de vida de muchas explotaciones está en riesgo», además de que estos animales «están bajando a los pueblos».
García justifica que «Galicia no tiene problema de falta de lobos», pues hay «casi el doble que un país como Francia». Así, sostiene que «la protección no puede hacerse a expensas de los ingresos de ganaderos».
FALTA DE AYUDAS
Junto a esto, el líder agrario informa de que en los últimos meses han tenido lugar ataques a más de 2.000 cabezas de ganado, pero 600 han sido rechazadas por la Administración gallega. Al respecto, pide que no sean los ganaderos los que tienen que demostrar que los daños fueron por culpa de los lobos, sino que sea la Xunta la que tenga que acreditar que es el caso contrario.
Respecto a las «otras 1.600» solicitudes de ayudas pendientes por ataques, se queja de que se paguen «casi un año después» y tan solo se reciban unos 300 euros por res, por lo que requiere una «actualización» del valor a pagar.
Lamenta que el año que llevan la Xunta y el Ministerio negociando sobre el lobo «no valió absolutamente para nada», pues ahora la Administración gallega les dice que desde la entrada en vigor de la protección del lobo –el pasado 21 de septiembre– «no va a pagar ni un solo animal». «No lo vamos a consentir», avisa.
Sobre este extremo, apunta a que la «responsabilidad patrimonial» de Xunta y Gobierno «está acreditada». «Si hay que llevarlo a la vía judicial, lo vamos a llevar (…) la ley está de nuestra parte», deja claro Roberto García. Mientras, los ganaderos son «rehenes» en «una batalla política entre Madrid y Galicia» y se llevan «hostias de los dos lados».
Recuerda que es la Xunta la que «tienen las competencias totales», por lo que debe abonar esas ayudas por daños, más allá de que luego le reclame al Gobierno central, que es el que aprobó la prohibición de caza, que contribuya al abono de esos apoyos.
A este respecto, recuerda que sentencias de tribunales de Madrid y Castilla y León concluyeron que es «obligatorio» pagar por esos perjuicios.
