La Mesa del Parlament mantiene en el pleno la propuesta de referéndum de la CUP

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha rechazado –con los votos contrarios de los dos miembros del PSC– las peticiones de reconsideración presentadas por PSC, Cs, PP y Vox a la propuesta de resolución de la CUP sobre hacer un referéndum de autodeterminación esta legislatura.

Así, esta propuesta de los anticapitalistas se votará en el Pleno del Debate de Política General en la Cámara catalana este jueves por la tarde, aunque no se prevé que salga adelanta porque ni ERC ni Junts la apoyarán.

La aceptación a trámite por parte de la Mesa que preside Laura Borràs podría conllevar acciones judiciales para los miembros independentistas del órgano rector de la Cámara como ya sucedió con sus antecesores.

Fuentes parlamentarias han informado este jueves de que la Mesa también ha rechazado la reconsideración de Vox de la propuesta de resolución de ERC, Junts y CUP para instar al Govern a impulsar un ‘Acuerdo Nacional por la autodeterminación’.

Asimismo, Cs ha pedido reconsiderar la propuesta de los ‘cupaires’ para la retirada de las acusaciones particulares de la Generalitat contra manifestantes y activistas políticos.

En concreto, los naranjas han pedido esta reconsideración por el punto en el que los anticapitalistas proponen al Govern «no colaborar en las batidas racistas de los cuerpos policiales españoles».

En este punto, la CUP ha apostaba por que el Govern desestime «cualquier operativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanas que tengan como resultado intencionado o en consecuencia directa la persecución y el encierro de personas en situación administrativa irregular en un Centro de Internamiento de Extranjeros para proceder a su expulsión sin que hayan cometido ningún delito».

Además, la Mesa ha aceptado la reconsideración de la CUP por la que los ‘cupaires’ han presentado un nuevo texto de su propuesta de resolución sobre retirar distinciones y homenajes a Juan Carlos I.

El texto inicial no se admitió a trámite porque iba dirigido al Congreso y a administraciones municipales, y no al Parlament o al Govern.