La lengua de signos española está en una posición «vulnerable», según el II Informe sobre la situación de la lengua de signos española, elaborado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y presentado este lunes 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.
Según las conclusiones de este estudio, «la lengua de signos española está en una posición vulnerable» pues no se le da el mismo valor que a la lengua oral, lo que se traduce en «diferencias de uso, estatus y grado de prestigio».
Por ello, entre las medidas para salvaguardar la lengua de signos españolas, el CNLSE propone fomentar su aprendizaje como segunda lengua y valorar su incorporación en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
En concreto, el 95% de las personas sordas encuestadas querría que más personas oyentes aprendieran la lengua de signos y el 68% cree que el alumnado oyente debería tenerla como asignatura obligatoria en el colegio.
El CNLSE también sugiere implementar la educación bilingüe intermodal teniendo en cuenta el tratamiento igualitario de las lenguas, con agrupamientos del alumnado sordo, e incorporar a profesionales sordos y sordociegos.
Según el informe, el 69% de las personas sordas entrevistadas no aprendieron la lengua de signos en su familia y el 90% cree que las familias oyentes deben aprender esta lengua para comunicarse con sus hijos e hijas con sordera.
En este sentido, el CNLSE pide impulsar la comunicación temprana y la interacción signada en el ámbito familiar, y facilitar el acceso gratuito de las familias a la oferta formativa de lengua de signos española.
Según precisa, la mayoría de las niñas y niños sordos nacen en familias oyentes con las que no comparten la lengua de signos, por lo que la escuela y el entorno asociativo se convierten en los principales ámbitos de transmisión de la lengua.
«Las políticas lingüísticas deben reforzar la transmisión intergeneracional de la lengua signada, sin tener que esperar el momento de la escolarización para impedir el fracaso escolar y la privación lingüística», subrayan.
Respecto a los medios de comunicación, el estudio pone de relieve que la presencia de la lengua signada en la televisión es limitada, «solamente en algunos canales y durante pocas horas». En este sentido, el 94% de los encuestados dice que le gustaría que hubiera más programas en lengua de signos.
Desde la CNLSE también reclaman un mayor número de intérpretes debidamente formados y mejores condiciones laborales porque «si bien se ha avanzado exponencialmente en la cantidad y calidad de los servicios», creen que aún se está «lejos de ofrecer un entorno accesible en lengua de signos, tal y como se contempla en la legislación vigente».
TRADUCIR LAS CANCIONES A LENGUA SIGNADA
De los datos también se desprende que «no hay suficientes manifestaciones culturales en lengua de signos española». Así lo piensa el 72% de los entrevistados. Además, el 93% demanda un mayor número de producciones culturales, artísticas y literarias propias de la lengua signada; y al 70% le gustaría que personas sordas signantes tradujeran la letra de las canciones.
Por ello, la CNLSE, reclaman facilitar la generación de manifestaciones culturales propias de la lengua de signos y la formación y promoción de más artistas sordos y sordociegos.
En cuanto a los planes universitarios, el informe señala que la lengua de signos española tiene «escasa presencia» en los planes universitarios como objeto de estudio o de aprendizaje; y que «apenas existen grados y posgrados que tengan en cuenta la realidad lingüística y cultural de la comunidad signante».
Con respecto a las actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones, el 65% de las personas sordas entrevistadas consideran que los poderes públicos «marginan» la lengua signada; y el 87% cree que debería haber una política explícita para esta lengua.
La mayoría considera que, «sin olvidar su importancia, la Ley 27/2007 es una norma débil que no garantiza suficientemente» sus derechos. En este sentido, la CNLSE plantea revisar esta norma para que resulte «más garantista» con los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas.
