La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado este jueves la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España –la hoja de ruta del país para cumplir con la Agenda 2030–, ante Naciones Unidas, en el marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.

En concreto, España se ha presentado a su segundo Examen Nacional Voluntario, donde los distintos países están rindiendo cuentas sobre su respectivo cumplimiento de la Agenda 2030. Belarra ha sido la encargada de intervenir ante la institución para presentar esta Estrategia, que se enmarca dentro del Informe de Progreso 2021.

«Hemos vivido uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente. La crisis de la Covid-19 ha evidenciado que necesitamos construir sociedades más justas y que respeten los límites de nuestro planeta», ha declarado Belarra al comienzo de su intervención.

Según ha indicado, ante una situación «absolutamente desconocida e imprevisible, el sistema sanitario, educativo, el de atención a la dependencia y el resto de servicios públicos han demostrado que es lo público, lo común, lo que nunca se pone de perfil, lo que protege sin distinción de sexo, origen étnico o clase social».

La gente, según ha dicho la ministra, así lo ha reconocido y «salió a los balcones a aplaudir a los sanitarios». Además, ha defendido que desde el Gobierno y el resto de administraciones tuvieron «clarísimo» que debían «construir un poderoso escudo social que evitara que los compatriotas quedaran atrás».

«Prohibimos los desahucios, los cortes de suministro, desplegamos los ERTES para sostener miles de empleos, y hoy empezamos a ver la luz al final del túnel, los frutos de ese tremendo esfuerzo, y el tiempo nos ha dado la razón, gestionar una crisis cuidando de las personas no solo es más ético sino más eficiente», ha enfatizado.

Ahora, ha continuado, ante el reto de la reconstrucción económica y social, «España quiere mostrar que la Agenda 2030 puede y debe ser la hoja de ruta». «Necesitamos una reconstrucción sobre nuevas bases, cimientos más sólidos, y que llegue a cada uno de nuestros ciudadanos», ha señalado.

Para ello, según ha indicado, se ha desarrollado una Estrategia de Desarrollo Sostenible en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado, la sociedad civil, los movimientos sociales, con los niños, niñas y jóvenes, y con el sector de la cultura. A todos ellos, les ha mostrado su agradecimiento.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno está determinado a hacer realidad las políticas aceleradoras definidas en la Estrategia, y ha apuntado que ya lo están haciendo, por ejemplo, «con la ley trans, la ley de libertades sexuales, la ley de cambio climático o con la inversión sin precedentes en transición ecológica o en el sistema de cuidados de larga duración».

«Creo humildemente que contamos con la voluntad, energía y determinación de construir un país mejor que cuide de todas las personas, que garantice los derechos de las mujeres, del colectivo lgtbi, como está demandando el fortísimo movimiento feminista español, que transforme nuestro modelo productivo y económico para hacerlo sostenible, que garantice los derechos de los que viven en el mundo rural, que proteja la biodivesidad, un país que mire al futuro con la esperanza de dejar a nuestros hijos e hijas un mundo mejor», ha zanjado.

UN FUTURO VERDE E INCLUSIVO

Durante el examen, en el que también han intervenido, entre otros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, o la vicepresidenta del Consejo de Desarrollo Sostenible, Filomena Ruggiero, se ha puesto de manifiesto la necesidad de un «futuro verde e inclusivo, y de que las políticas sociales encaminadas a cumplir con los retos de desarrollo sostenible tengan «una perspectiva feminista».

El Gobierno presenta la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, de la que tomó conocimiento el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, como el marco de compromisos proyectados para los próximos años, con el fin de acelerar la transición social y ecológica, así como garantizar una recuperación alineada con los principios y objetivos de la Agenda 2030, tras el impacto causado por la COVID19, según informa el Ministerio de Derechos Sociales.

Para ello, la Estrategia identifica ocho «retos país», configurados como los principales desafíos a enfrentar, cuyo abordaje será articulado a través de ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible, definidas desde una perspectiva «multidimensional y multinivel» con el objeto de posibilitar un impacto sostenido a medio y largo plazo.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar este próximo sábado, 17 de julio, en un acto en Sevilla junto al alcalde de la ciudad y candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, quien menos de una semana después, el 23 de julio, será proclamado formalmente como nuevo secretario general del PSOE-A.

El acto está previsto que se desarrolle desde las 12,00 horas en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, y en él está previsto que también intervenga la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, según han confirmado este jueves fuentes socialistas.

Será el primer acto político que Pedro Sánchez y Juan Espadas compartan en Andalucía desde que el alcalde hispalense venciera en las primarias del pasado 13 de junio en las que un 55% de los militantes del PSOE-A que participaron en la votación se decantó por él como cabeza de cartel de los socialistas en las próximas elecciones andaluzas.

Tras esa victoria ante la todavía secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Juan Espadas sí compartieron protagonismo el pasado 3 de julio en el Comité Federal que el PSOE celebró en Madrid, en la que la intervención del candidato andaluz ante el máximo órgano entre congresos del PSOE se retransmitió en abierto, al igual que la del presidente del Gobierno.

La convocatoria de este sábado llega a menos de una semana de que Juan Espadas asuma también la Secretaría General del PSOE-A en sustitución de Susana Díaz, toda vez que este pasado miércoles se confirmaba que es el único precandidato que se ha presentado al proceso de primarias que el pasado lunes activó para ello el Comité Director de la federación socialista andaluza, por lo que sólo le resta reunir y presentar los avales requeridos para formalizar su candidatura y, ante la falta de más aspirantes, ser proclamado oficialmente como nuevo líder del partido.

Por otro lado, se da la circunstancia de que el acto de este sábado se producirá justo una semana después de la remodelación del Gobierno que el presidente Sánchez anunció el 10 de julio y que supuso, entre otras, las salidas del gabinete de dos ministros andaluces; en concreto, quien era vicepresidenta primera, la cordobesa Carmen Calvo, y quien desempeñaba el cargo de ministro de Justicia, el sevillano Juan Carlos Campo.

También ha salido del Gobierno tras esa remodelación el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien el pasado 20 de junio protagonizó junto a Espadas un acto en Sevilla enmarcado en la elaboración de la Ponencia Marco del 40 Congreso federal del PSOE que también se interpretó como una muestra de apoyo de la dirección nacional del partido al por entonces recién elegido candidato a la Junta.

El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, destinada a impulsar la mediación para reducir la litigiosidad. Los fiscales han hecho una valoración «positiva» del borrador en «términos generales», si bien han propuesto algunas «puntualizaciones» al texto.

El anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre, tiene como objetivo fomentar la mediación y otros medios alternativos de resolución de las controversias para empujar a las partes a probar esta vía antes de pleitear en los juzgados. Esta norma, junto a las de eficiencia organizativa y digital, configuran el marco normativo para avanzar en la modernización de la Justicia a través del Plan 2030 diseñado por el ya ex ministro Juan Carlos Campo.

Además, durante esta reunión, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha saludado el nombramiento de Pilar Llop como nueva ministra de Justicia y ha avanzado a los vocales que «de manera inminente tendrán lugar los primeros contactos con la misma», según ha informado el Ministerio Público a través de un comunicado.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Consejo Fiscal ha servido asimismo para que Delgado propusiera nuevos nombramientos, entre los que destaca el de Jesús José Tirado Estrada como nuevo fiscal de sala jefe de la sección de lo contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo y, en consecuencia, su ascenso a la primera categoría de la carrera fiscal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha resaltado que Tirado Estrada, fiscal desde 1985, ha pasado por las fiscalías de Huelva, Sevilla y Madrid llegando a estar destinado en «puestos de gran responsabilidad», como la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC), de la que es teniente fiscal desde 2017 y donde asumió la dirección y coordinación de la sección contencioso-administrativa.

También ha designado a María Dolores Guiard Abascal como fiscal del TC. A este respecto, la FGE ha enfatizado que su incorporación supondrá «un necesario avance en materia de paridad», dado que la plantilla de la Fiscalía del Tribunal Constitucional está compuesta por ocho fiscales de los cuales solo una es mujer.

Guiard Abascal ingresó en la carrera fiscal en 1991 y ha trabajado en las fiscalías de Girona, Barcelona y Guadalajara, donde fue jefa en la fiscalía provincial. Ha ocupado asimismo cargos relevantes, como en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. La FGE ha valorado de ella su experiencia en dichos puestos y «su capacidad organizativa y de gestión», así como «su brillante bagaje profesional y jurídico».

Por otro lado, Javier Rufino Rus ha sido propuesto como teniente fiscal de la Inspección Fiscal. Miembro del Ministerio Público desde 1990, ha ejercido en las fiscalías de Barcelona, Cádiz y Sevilla, donde es delegado de medio ambiente y urbanismo. «Destacan su extenso conocimiento del derecho y del procedimiento administrativo, su capacidad organizativa y su amplia experiencia en el territorio», ha manifestado la FGE.

Por último, Aurelio Blanco Peñalver ha sido nominado como teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma de Extremadura. Casi toda su carrera fiscal, que comenzó en 1984, ha estado vinculada a dicha sede, de la que fue fiscal superior durante 16 años. La FGE ha puesto de relieve «su profundo conocimiento de la Fiscalía de Extremadura, su antigüedad escalafonal y su intachable trayectoria como fiscal superior».

El Consejo Escolar del Estado (CEE) pide priorizar la red de centros públicos de FP en la próxima Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, así como garantizar una suficiente oferta de plazas públicas.

Este órgano consultivo en el que está representada la comunidad educativa, se ha reunido este jueves para debatir las 562 enmiendas al anteproyecto de Ley, en una reunión de su Pleno en el que ha estado presente la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría. Ha sido la primera vez que la ministra se ha reunido con la comunidad educativa tras su toma de posesión.

En la reunión de este jueves se han aprobado un total de 365 enmiendas, según han informado fuentes presentes en la reunión del Pleno. Entre ellas, destacan tres.

Una de ellas, la 168, presentada por UGT, modifica el artículo 24 del anteproyecto de Ley, relativo a la programación y coordinación de la oferta de FP, añadiendo que, la oferta de formación, que corresponde a las Administraciones con competencias en la materia de programar, «deberá priorizar la red pública de centros de Formación Profesional».

En la misma línea, se ha aprobado la enmienda 176, de Federación de Enseñanza de CCOO, que propone incluir un apartado sobre este tema en ese mismo artículo 24. «Garantizar la suficiente oferta pública presencial y a distancia (para colectivos que por razones justificadas no puedan cursar presencial) para responder a la demanda formativa de las personas y necesidades de los sectores productivos y de servicios», dice el redactado sugerido.

Del mismo modo, el Pleno del Consejo Escolar del Estado ha dado luz verde a la enmienda 410, de UGT, que añade una apreciación al artículo 76 del anteproyecto (que trata sobre la ejecución de los programas de formación). «La formación profesional se desarrollará en: 1. Centros del sistema de formación profesional; 2. Empresas u organismos equiparados», recoge el artículo, a lo que se sumaría que «dicha oferta deberá garantizar un número suficiente de plazas públicas».

Otra de las enmiendas aprobadas ha sido la 548, también de UGT, para añadir un punto 4 a la Disposición Adicional Sexta, que trata sobre las especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

«Se impulsará la creación de Titulaciones Universitarias en Centros Públicos, afines a las 10 especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP. Además, se impulsará un sistema de reconocimiento de créditos ECTS de las Enseñanzas de FP para la homologación y convalidación de créditos universitarios. También se promoverá la acreditación de competencias profesionales y el reconocimiento de formación mediante la experiencia laboral, con objeto de que este profesorado pueda adquirir la titulación requerida para incorporarse al Cuerpo de Profesorado de Secundaria», dice el redactado propuesto por UGT.

INFORME DE LA PONENCIA

Durante el Pleno de hoy, también se ha sometido a votación el Informe de la Ponencia elaborado el pasado 30 de junio, documento que incluye las modificaciones al anteproyecto de Ley del Consejo Escolar del Estado aprobadas en su anterior reunión. El documento ha contado con 71 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, por lo que ha sido aprobado.

Este Informe, recoge la incorporación de un nuevo punto en el apartado 1 del artículo 73, en el que se pide que las comunidades autónomas promuevan la FP de cuidados en los hombres y del sector industrial en las mujeres.

«Las administraciones educativas promoverán el acceso de los varones a los ciclos relacionados con los cuidados de las personas, los servicios a la comunidad y todos aquellos de mayoritaria composición femenina en la actualidad. Al mismo tiempo, promoverán el acceso de las alumnas a los ciclos formativos que conducen a puestos de trabajo del sector industrial y, en general, los estereotipadamente considerados trabajos masculinos», señala el documento.

Para conseguir esto, el Consejo propone el desarrollo de «campañas de sensibilización», así como el establecimiento de «incentivos económicos y/o educativos que ayuden al objetivo».

El Informe también revisa la redacción de términos masculinos genéricos. Es el caso del apartado 2 del artículo 15 del anteproyecto, en el que se habla de «los ciudadanos». Así, el Consejo Escolar lo sustituye por «la ciudadanía» o bien por «los ciudadanos y las ciudadanas». E insta a «revisar todo el texto del documento legal incorporando lenguaje inclusivo», y para ello pone el ejemplo de otro de los artículos del anteproyecto normativo, como el artículo 17.2.

Las más de 300 enmiendas aprobadas en el Pleno de hoy –la mayoría, correcciones técnicas y de redacción– serán incluidas en el Informe de la Ponencia.

Con la reunión del Pleno del CEE de este jueves, el anteproyecto de Ley continúa así el proceso de debate y participación tras ser presentado a informe este martes ante el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, órgano consultivo de participación y asesoramiento del Gobierno en materia de FP.

Tras la primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, el Ministerio de Educación y FP ha recogido las aportaciones al texto de los distintos agentes implicados en el ámbito de la FP, como hará con las modificaciones propuestas por la comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado.

Tras esto, el documento será abordado por el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado antes de ser aprobado por el gabinete del Ejecutivo para iniciar el trámite parlamentario.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleva «demasiado plomo» en las alas aunque quiera «levantar el vuelo» con la profunda remodelación en su gabinete anunciada el pasado sábado en el Palacio de la Moncloa. Es más, cree que no es un Gobierno «para la recuperación» sino para la «supervivencia».

«La creencia en que una crisis de Gobierno puede enmendar el rumbo político de aquel carece de base en los hechos. Es más bien un espejismo que se suele desvanecer pronto», asegura la fundación que preside José María Aznar en un texto del grupo de análisis de FAES bajo el título ‘Plomo en las alas’.

La fundación señala que Sánchez presentó los cambios como «mucha sangre nueva, relevo generacional, más presencia de mujeres y otros recursos habituales que», a su entender, «por sí mismos no dicen nada de los nuevos ministros ni garantizan su eficacia ni su acierto».

«ENMIENDA A LA TOTALIDAD» TRAS LAS ENCUESTAS QUE LIDERA EL PP

Según FAES, Sánchez se ha decidido por «esta enmienda a la totalidad al ‘Gobierno progresista’ porque las cosas le van peor de lo que se podría imaginar, incluso a partir de las encuestas más optimistas para el PP». De hecho, apunta a que la derrota socialista en Madrid el pasado 4 de mayo es «bastante más extrapolable de lo que Sánchez reconocía».

«Lo más preocupante para Sánchez tal vez sea comprobar cómo su sobrexposición mediática amiga y sus larguísimas alocuciones han dejado de tener efecto; que su buenismo retórico no encaja con su condición de ‘killer’ polarizador y muchos españoles se están dando cuenta de ello; que hacer lo contrario de lo que se ha comprometido tiene un nombre y no es precisamente virtuoso. Aún así, Sánchez lo va a intentar», afirma la fundación en su análisis.

Sin embargo, cinco días después de esa remodelación, FAES considera que «no es un Gobierno para la recuperación, es un gobierno para la supervivencia, en la esperanza de que el cambio de ministros tape las grietas por las que ha entrado todo el agua que Sánchez cree haber achicado».

De hecho, la fundación destaca que esta semana dos temas de importancia política como Cuba y el fallo de Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma «ya han dado la medida de lo que se puede esperar».

«LLOP NO SE REFIRIÓ A LAS PRESIONES»

Así, subraya que la nueva portavoz, Isabel Rodríguez, «eludía» este martes las preguntas de los periodistas para no calificar a Cuba de «dictadura» mientras que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llopl, «se adentraba en la deslegitimación del fallo del Tribunal Constitucional, además de recurrir al argumento falaz, de impronta sanchista, de que el confinamiento ha salvado cientos de miles de vidas, cosa que el tribunal no discute ni objeta».

«A lo que no se refirió la señora Llop fue a las presiones denunciadas por uno de los miembros del tribunal para decantar el fallo hacia las tesis del Gobierno», afirma, en alusión a la supuesta llamada de la ya exvicepresidenta Carmen Calvo a la magistrada del TC Encarnación Roca que han publicado varios medios.

Por todo ello, FAES concluye en su análisis que «por mucho que se insista en el relato de un Sánchez maestro en sucesivas reencarnaciones», su crisis de Gobierno, «además de dejar heridas en los salientes, ha sido el reconocimiento de que su apuesta ha fracasado y de que, por mucho que quiera levantar el vuelo, en las alas lleva demasiado plomo».

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas comparece este viernes ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por la investigación sobre las presuntas donaciones finalistas al PP, después de que el antiguo responsable de las cuentas ‘populares’ mostrara su disposición a colaborar con la Justicia.

Pedraz le citó a raíz de que Bárcenas enviara un escrito a la Fiscalía Anticorrupción confesando que algunas de las donaciones que él mismo apuntó en sus famosos ‘papeles’ se hicieron a cambio de adjudicaciones públicas.

La investigación se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta, donde afirmó que él medió para que grandes constructoras se vieran beneficiadas con contratos públicos a cambio de un «dos o tres por ciento» de comisiones.

En dicha vista oral, el ex tesorero del PP negó en todo momento que las donaciones que empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, si bien en el escrito remitido a Anticorrupción sostuvo que algunas de ellas sí tenían como objetivo conseguir adjudicaciones.

En el texto también explicó cómo funcionaría la contabilidad paralela del partido y apuntó que ex altos cargos del PP no solo sabrían de su existencia sino que habrían recibido complementos salariales procedentes de la misma.

Al mismo tiempo que hizo esta nueva confesión, se puso a disposición de la Justicia para contar todo lo que sabe sobre ello, tanto en esta investigación como en otras donde se analiza la presunta financiación irregular del PP.

YA DECLARÓ EN ‘PÚNICA’ Y ‘KITCHEN’

Por ello, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, le citó a declarar como testigo en el marco del caso ‘Púnica’ y como perjudicado en la pieza separada sobre la ‘Operación Kitchen’ dentro de la macrocausa ‘Tándem’.

Bárcenas dio a conocer este relato escrito el mismo día que el juicio por el uso que se le habría dado a la presunta ‘caja b’ del PP para pagar la reforma de la sede de Génova quedó visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Bárcenas por este asunto.

El juez Pedraz ya le había citado para declarar el pasado 15 de febrero, pero suspendió la declaración, a petición de la defensa de Bárcenas, debido al escaso margen que se preveía que iba a haber entre esta comparecencia y su intervención en el juicio por la ‘caja b’.

Entretanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 conminó a la defensa del ex tesorero del PP a aprovechar este tiempo extra para aportar «la base probatoria en la que pueda sustentarse las manifestaciones que hace» en dicho escrito.

El nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha presidido este jueves por primera vez la llamada Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano encargado de coordinar la acción del Ejecutivo y preparar los asuntos que se llevan a los Consejos de Ministros de los martes, que hasta ahora presidía la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo.

Durante este encuentro, que se ha celebrado de manera telemática, como viene ocurriendo desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, Bolaños ha anunciado su intención de retomar en septiembre las reuniones de carácter presencial, en su habitual sala del Ministerio de la Presidencia, ubicado en el Palacio de la Moncloa.

Bolaños asumió este lunes, de manos de Calvo, la tarea de coordinar al Gobierno desde el Ministerio de la Presidencia, convirtiéndose así en una de las principales figuras del nuevo Gobierno de Sánchez.

Además de la coordinación, el hasta ahora secretario general de la Presidencia tiene entre sus funciones la preparación, el desarrollo y el seguimiento del programa legislativo, o el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno.

Por todo ello, se ha convertido en uno de los ministros con más peso político del Ejecutivo –si no el que más– y también en el principal interlocutor, tras Sánchez, con los socios de coalición de Unidas Podemos; una labor que a Calvo le generó alguna importante disputa, sobre todo con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Su última ‘batalla’ fue la relativa a la ley trans, que finalmente se aprobó como anteproyecto a finales de julio, incluyendo la libre determinación de género, como pedía Podemos, pero en contra de los postulados feministas clásicos defendidos por la exvicepreisdenta primera y todavía secretaria de Igualdad del PSOE.

De hecho, algunas fuentes interpretan que ese desgaste en su relación con los ‘morados’, provocado por sus intensas discrepancias, es una de las causas de la salida de la que era la ‘número dos’ del presidente, y su principal muro de contención ante las críticas de la oposición.

Como responsable también de la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, Bolaños debe hacer frente junto a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, al varapalo que ha supuesto para el Gobierno el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el estado de alarma que se decretó en marzo de 2020.

Esta decisión, que llegó a penas dos días después de que Bolaños tomara posesión, ya está siendo estudiada por el Gobierno, si bien el Ejecutivo ya ha avanzado que aunque la respeta, no comparte su contenido, al entender que el estado de alarma fue constitucional y también imprescindible para salvar vidas.

De Calvo, Bolaños también ha heredado la ley de memoria democrática, que se aprobará en cuanto el nuevo ministro termine de preparársela. Su predecesora tenía previsto llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros de esta semana, pero el nuevo titular de Memoria Democrática ha decidido tomarse algo de tiempo para estudiarse bien el texto que ahora debe encargarse él de presentar y defender.

Más de 742.000 niños y niñas menores de 18 años en España sufren carencia material severa tras la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19. Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece los primeros datos oficiales sobre cómo ha afectado la pandemia a los hogares españoles.

La organización advierte de que se trata de un aumento de más de tres puntos porcentuales respecto al periodo anterior, la cota más elevada desde 2015, lo que demuestra «la creciente desigualdad por la pandemia».

Save the Children informa de que la carencia severa es más elevada entre los niños y niñas que entre las personas adultas entre 18 y 64 años (9% frente a un 7,5%), «lo que evidencia que la crisis está golpeando especialmente a la infancia más vulnerable».

La organización recuerda que los menores que sufren carencia material severa forman parte de familias que no pueden permitirse una comida de carne, pescado o equivalentes al menos cada dos días, mantener la vivienda a temperatura adecuada o atender al pago del alquiler o la hipoteca.

Del mismo modo, Save the Children recalca que los hogares con niños y niñas continúan teniendo mayores tasas de carencia material severa (8,2% frente a 5,7% los que no tienen hijos) y que, de todos ellos, los hogares monoparentales son los que tienen tasas superiores (14%), especialmente aquellos encabezados por una mujer (16,8%).

La organización también explica que, aunque la tasa de pobreza infantil se ha mantenido en el 27,4%, es «especialmente preocupante» el incremento de la pobreza severa entre los menores de 18 años, que ha pasado de un 13,1% a un 14,1%.

Este aumento contrasta con el porcentaje entre las personas adultas, cuya tasa de pobreza severa no ha variado con respecto al año anterior y se mantiene más de 4 puntos porcentuales por debajo (9,6%).

En este sentido, la ONG advierte de que las cifras del INE revelan un patrón de agravamiento de la pobreza infantil, cada vez más concentrada en niveles de renta bajos. En total, en España hay más de 1,1 millones niños y niñas sufriendo pobreza severa.

«Los datos que hoy conocemos evidencian la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir la desigualdad entre aquellas familias que más lo necesitan. La pobreza infantil impacta directamente en el talento y potencial de nuestra sociedad, cuyos efectos permanecen en el tiempo y, en 4 de cada 5 casos, se transmiten de generación en generación. Debemos prestar atención a las políticas que rompen el círculo de transmisión de la pobreza y ampliar su alcance», ha apostillado la directora de Incidencia Política y Social de Save the Children, Catalina Perazzo.

Al analizar qué políticas se están llevando a cabo para erradicar la pobreza infantil, la organización destaca que el porcentaje de gasto público en familia e infancia en España es «bajo» en comparación con la UE y «poco efectivo». Actualmente solo se invierte el 1,3% del PIB en prestaciones familiares, frente al 2,2% de media de los países de la UE, y las prestaciones sociales existentes «solo reducen la pobreza infantil en 5,2 puntos porcentuales, la cifra más baja de toda la UE».

En este sentido, Save the Children recuerda que el coste medio para poder criar a un niño o niña es de al menos 500 euros mensuales, aproximadamente 6.000 euros anuales, y que muchas familias necesitan apoyo para criar a sus hijos e hijas en condiciones dignas.

Para combatir la pobreza infantil, Save the Children propone mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que extienda su acción hacia jóvenes extutelados y se refuerce la cantidad de la prestación en las unidades de convivencia con hijos e hijas menores de edad a cargo.

La organización indica que, aunque en este último año se han producido «pasos importantes» en la lucha contra la pobreza infantil, el despliegue del IMV «está siendo demasiado lento» para paliar las necesidades de un número importante de hogares, especialmente tras los estragos de la pandemia.

Según los últimos datos oficiales, de mayo de 2021, el IMV ha llegado a 260.206 de los 850.000 hogares previstos, un 30% del objetivo declarado por el Gobierno en junio de 2020.

Por otro lado, y en el contexto de reforma del sistema fiscal, Save the Children pide introducir deducciones fiscales reembolsables por hijo o hija a cargo, para alcanzar también a las rentas más bajas. La organización pide que esta medida y las anteriores se integren en la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias anunciada por el Gobierno.

La diputada Pilar Vallugera i Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, ha preguntado por escrito al Gobierno si conoce o está investigando la presunta vinculación entre la vacuna contra la COVID-19 y «cambios notorios» en los ciclos menstruales.

«En las últimas semanas, mujeres de diferentes estados de todo el mundo están reportando, especialmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería, cambios notorios en sus ciclos menstruales tras haber sido vacunadas contra la COVID-19″, explica la diputada de Esquerra Republicana (ERC) en su pregunta al Ejecutivo.

En este sentido, Vallugera detalla que, ante la falta de evidencia científica sobre este asunto y la «ausencia de perspectiva de género en la investigación médica», han surgido varios estudios que quieren dilucidar esta posible relación.

Entre ellos, la matrona Laura Cámara, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, puso en marcha una investigación en forma de cuestionario para recoger las consecuencias de la vacuna sobre las mujeres, tras experimentar ella misma sangrados menstruales irregulares tras la vacunación contra la COVID-19.

Además, desde ERC indican que Laura Baena, profesora ayudante doctora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, ha iniciado el proyecto ‘Eva’. Esta investigación se basa en el registro y seguimiento durante un año de la menstruación de mujeres españolas antes y después de cada dosis, y tras haber recibido la pauta completa.

Según Vallugera, los síntomas más comunes hasta la fecha son aumento del sangrado, alteraciones en la duración del ciclo (como sangrados durante la ovulación) e incluso sangrado en mujeres con menopausia establecida y en hombres trans en tratamiento hormonal. Hasta la fecha, el proyecto continúa abierto y se espera que pasen por él 120 participantes.

Por todo ello, la diputada ‘republicana’ pregunta al Ejecutivo si es consciente de este posible vínculo, si piensa «tener en consideración los estudios que se están realizando» o si realizará «alguna investigación sobre los efectos de la vacunación contra la COVID-19 en la menstruación». Asimismo, cuestionan si el Gobierno está adoptando medidas para «asegurar la perspectiva de género en la investigación médica».

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones como el estival, decidirá el próximo miércoles, 21 de julio, si cita al presidente, Pedro Sánchez, para que explique la remodelación de su Gabinete y a 13 de sus ministros, entre ellos los siete nuevos que prometieron su cargo esta semana.

El PP es el firmante de todas las solicitudes que se han incluido en el orden del día de esa sesión convocada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. No obstante la lista de cuestiones a debate podría menguar si los ‘populares’ renuncian a llamar a algunos de los ministros a los que pedían cuentas pero que han sido cesados o incluso aumentar si se registran más solicitudes. De momento, ninguna de ellas afecta a ningún ministro de Unidas Podemos.

En concreto, el PP pide la comparecencia de Sánchez para que dé cuenta de la incorporación de siete nuevas caras en su Gabinete: Félix Bolaños (Presidencia), Raquel Sánchez (Transportes), Isabel Rodríguez (Portavoz y Política Territorial), José Manuel Albares (Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Diana Morant (Ciencia) y Pilar Alegría (Educación).

Los ‘populares’ también solicitan la comparecencia de todos ellos en las correspondientes comisiones del Congreso para que expliquen las líneas generales de la política que piensan desarrollar.

Además, este mismo jueves, el partido de Pablo Casado ha registrado una petición para que Sánchez dé cuenta de la «asunción de responsabilidades» derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento durante el primer estado de alarma. Un asunto que previsiblemente también se incluirá en el orden del día de la sesión de la Diputación Permanente de la próxima semana.

ANTES DE SEPTIEMBRE

La intención del PP es que tanto el presidente como los nuevos acudan a la Cámara antes de septiembre para explicar qué va a ocurrir por ejemplo con el desarrollo de la ‘Ley Celáa’, la Ley de vivienda, la reforma de los peajes comprometidos con Bruselas, la deuda de España con los ayuntamientos, la reforma de la financiación local y autonómica o el futuro de los fondos europeos, entre otras.

Asimismo, el primer partido de la oposición reclama la presencia en sede parlamentaria de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique las líneas estratégicas de su cartera en materia de Función Pública tras la asunción de esta competencia, antes en manos del Ministerio de Política Territorial.

A Montero también le piden que informe, entre otras cuestiones, de la liquidación negativa de las entregas a cuenta a los ayuntamientos y comunidades autónomas que su Ministerio llevó a cabo en el ejercicio 2020, de «por qué no ha cumplido todavía» la sentencia sobre el IVA adeudado a los ayuntamientos y autonomías, y de su «negativa» a cumplir las «justas» peticiones efectuadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los grupos parlamentarios también deberán pronunciarse sobre otras solicitudes del PP, entre ellas la de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informe sobre la decisión del Gobierno de permitir la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que acabó desembocando en una crisis diplomática con Marruecos. El PP también pide la comparecencia de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por el mismo tema, puesto que registró la petición antes de su cese.

Su sucesor, José Manuel Albares también es reclamado para dar cuenta de cuál es la posición de España respecto a las protestas que vienen sucediéndose en Cuba, sobre todo a raíz de las reticencias mostradas por el Gobierno de Pedro Sánchez por denominar «dictadura» al régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel.

TAMBIÉN CALVIÑO, PLANAS Y DARIAS

En el orden del día, también figuran las explicaciones que el PP demanda a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre el calendario previsto para la recepción de los fondos europeos; a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el incremento de los contagios por Covid registrado en España durante las últimas semanas; y al titular de Agricultura, Luis Planas, por el futuro Plan Estratégico Nacional de España para la PAC post 2020.

Los de Pablo Casado tenían registradas otras dos peticiones relativas a personas que ya no están en el Gobierno: la de la que fuera vicepresidenta primera Carmen Calvo por la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad el nombramiento como Administradora provisional única de la Corporación RTVE a Rosa María Mateo, y la del exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, para que respondiera por el «ataque» a las libertades que, a su juicio, supone la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

Ahora, el PP pide cuentas a su sucesor en el cargo, Óscar López, para que exponga las líneas generales de funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional como responsable del mismo.

Por último, los ‘populares’ reclaman que la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, explique la subida de la tarifa eléctrica comoconsecuencia de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno, así como el posible conflicto de intereses en el organismo que preside respecto a las personas que tienen que valorar esas decisiones.