El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de más de cuarenta enmiendas presentadas por la oposición a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados alegando que implican una merma de ingresos del Estado por defender recortes o supresiones de impuestos.
Según explica, los dos impuestos que contempla la ley del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera tienen incidencia en la política presupuestaria del Estado y la Constitución permite al Gobierno capacidad de veto de toda iniciativa que suponga aumento de gasto o merma de ingresos.
En un escrito remitido al Congreso, el Gobierno señala por un lado que el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables «es un impuesto no cedido, por lo que toda la recaudación es un ingreso del Estado» y modificarlo afectaría a las cuentas generales del Estado.
Y en cuanto al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, aunque sí está cedido a las comunidades, supondrá que las comunidades deban proceder a eliminar impuestos propios que recaigan sobre los mismos hechos, por lo que el Estado deberá a compensarlas por esa pérdida de recaudación. Es decir, también afecta a las cuentas generales, en este caso por aumento de gasto para el Estado.
Más de la mitad de las enmiendas vetadas fueron registradas por el PP, que buscaba tratar de limitar, mediante exenciones o rebajas, la aplicación del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables.
Pero la decisión del Gobierno también ha afectado a propuestas de ERC, Bildu, el PNV y los partidos de los grupos Plural y Mixto, como la de crear un fondo con la recaudación del impuesto de los envases para que las comunidades destinen ese dinero a financiar los gastos de reutilización. Según el Gobierno, esa idea obligaría a que el Estado hiciera transferencias por casi 500 millones de euros.
