Un total de 21 provincias tendrán este miércoles aviso de riesgo por lluvias, por tormentas o por ambos fenómenos meteorológicos adversos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé que estos chubascos y tormentas puedan ir acompañadas de vientos fuertes y/o de granizo.

En concreto, el riesgo por lluvias permanecerá activo en Huesca, Teruel, Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón, Valencia, donde se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado.

Además, la AEMET ha activado el riesgo por tormentas en Barcelona, Lérida, Gerona, Huesca, Teruel, Castellón, Valencia, Murcia, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Albacete, Almería, Granada, Jaén, Ávila, Segovia, Madrid y La Coruña.

En términos generales, la AEMET destaca que este miércoles las temperaturas serán significativamente altas en puntos de Galicia y que los chubascos y tormentas localmente fuertes se registrarán en el este del Pirineo, sistema Ibérico y en zonas del sistema Central, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En la mayor parte del país predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado y con cielos poco nubosos. No obstante, en amplias zonas del centro, este, sur de la Península, Baleares y Estrecho continuará una situación moderadamente inestable, con intervalos de nubes medias y altas y de evolución diurna.

Asimismo se esperan chubascos y tormentas, más probables e intensas durante la tarde en general, y que podrán ser localmente fuertes en el este del Pirineo, sistema Ibérico y en zonas del sistema Central, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

También hay probabilidad de algunos chubascos y tormentas en gran parte del área mediterránea y Baleares. En cuanto a Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de Canarias, con posibilidad de alguna precipitación dispersa.

En Galicia se esperan nubes bajas y brumas matinales, igual que en el Cantábrico, en Cataluña, Levante, golfo de Valencia y Estrecho. También prevé la AEMET la posibilidad de que se produzca polvo en suspensión en el sureste de la Península, así como en el Estrecho y Alborán, por lo que algunas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro.

En cuanto a las temperaturas, las diurnas descenderán de manera generalizada y esa bajada será más acusada en el sur, en el centro y en el este de la Península. No obstante, se podrán superar los 34 o 36 grados centígrados en los valles de Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mayor parte de las zonas.

Finalmente los vientos soplarán en el tercio norte peninsular y Menorca, con intervalos de noreste fuerte en el litoral gallego. De componente este en el resto de Baleares y en el sur del área del Mediterráneo.

En el Estrecho y Alborán habrá Levante con intervalos de fuerte y amainando. Por su parte, en Canarias predominarán los vientos alisios que registrarán intervalos de carácter fuerte y en las áreas que haya tormentas predominarán las rachas fuertes o muy fuertes.

La Comunidad de Madrid ha administrado 8.826.101 dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 37.722 de ellas en las últimas 24 horas.

De este modo, en la región se han inyectado el 90,2% de las dosis recibidas, un total de 10.261.709, según el informe de actividad del proceso de vacunación frente al Covid-19 en base a datos desde que comenzara a vacunarse hasta el día este lunes.

En total, 4.998.713 han recibido la primera dosis, mientras que 4.457.179 cuentan ya con la pauta completa, según el informe de actividad del proceso de vacunación frente al Covid-19 facilitado por el Ministerio de Sanidad.

En concreto, el 83,6% de la población diana (mayores de 12 años) ha recibido al menos una dosis, mientras que 74,6% de los 5.977.937 habitantes a vacunar en la región cuenta ya con la pauta completa.

La Comunidad de Madrid calcula que alrededor de la tercera o cuarta semana de septiembre se alcanzará el 90% de la población diana con pauta completa, manteniendo para ello el ritmo actual de 400.000 dosis por semana.

A nivel nacional, se han administrado 63.938.402 dosis, 347.417 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 89,1 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 71.756.402 unidades.

Además, un total de 31.653.643 personas han recibido ya la pauta completa, 206.455 más que ayer. Esto supone el 66,7 por ciento de la población española. Un total de 35.831.729 personas han recibido al menos una dosis, el 75,5 por ciento de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado en España 49.753.887 dosis de Pfizer, con 44.695.704 administradas; 9.397.180 correspondientes a Moderna, con 7.617.372 ya inoculadas; 9.957.000 de AstraZeneca, con 9.710.498 inyectadas; y 2.648.335 de Janssen, con las que se ha vacunado a 1.914.828 personas.

La presidenta del Partido Popular (PP) de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, ha criticado la ausencia de una política migratoria "eficaz" y el "nulo" interés del Gobierno central en este tema.

Navarro ha lamentado la "desidia e incompetencia" del Gobierno de España ante la "grave" crisis migratoria que padece Canarias desde finales del año 2020 y que, dijo, se "ha recrudecido en las últimas semanas con la incesante llegada de embarcaciones a las costas del archipiélago".

En este sentido, ha subrayado que "a pesar de la imagen de normalidad y control que intenta transmitir el Gobierno central, el drama social y humanitario que representa la inmigración irregular sigue latente", mientras las soluciones "no llegan", según ha informado el PP en nota de prensa.

Asimismo, ha añadido que las "escasas" medidas anunciadas para largo plazo desde los diferentes ministerios y desde la Presidencia del Gobierno "se han quedado en meros anuncios", subrayando que las islas están "solas y abandonadas frente a una de las principales crisis migratorias" de su historia reciente, por lo que ha considerado que "todo hace prever que se seguirá igual o peor".

Navarro ha reclamado para Canarias soluciones "eficaces e inmediatas", así como un compromiso "firme para evitar que miles de personas, en su mayoría víctimas de las mafias que trafican con seres humanos, pierdan sus vidas en el mar o hipotequen su futuro en la más absoluta incertidumbre".

Agregó que hasta ahora "solo" se han conocido "declaraciones de buenas intenciones, falsas promesas y el aplazamiento constante de medidas que pongan remedio a esta grave situación", mientras ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue mirando hacia otro lado, ignorando una realidad latente que desborda por completo a las islas" y ante la que, dijo, el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, "tampoco termina por reaccionar, sin exigir a su jefe de filas que asuma sus competencias y responsabilidad".

La actitud de Torres, asegura Navarro, le ha convertido en el "cómplice perfecto, en el aliado ideal para que la dura" situación de la inmigración irregular en Canarias continúe a la deriva "y sin horizonte concreto". "No ha sido capaz de alzar la voz, de requerir que el Gobierno de España actúe de una vez por todas, respaldando al archipiélago y poniendo remedio a esta crisis", apuntilló.

Finalmente, Navarro se ha referido a las declaraciones del director ejecutivo de la agencia europea de control de fronteras (Frontex), Fabrice Leggeri, en las que exponía que las llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias crecieron un 130 por ciento durante los siete primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2020.

"Todo apunta a que este año Canarias vive un considerable repunte en comparación con los datos del pasado año", concluyó.

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una pareja formada por un funcionario español y una mujer marroquí por los presuntos delitos de falsedad y estafa después de supuestamente engañar a ex menores tutelados haciéndoles creer que los empadronaban en su domicilio, cobrándoles 500 euros por persona y simulando contratos de trabajo, por 2.000 euros para intentar regularizar su situación documental en España.

Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el funcionario se valía de su condición de empleado público para infundir más certeza y confianza a los migrantes que recientemente habían cumplido 18 años de edad e intentaban obtener la Tarjeta de Residencia en España, tras tener que abandonar los centros de acogida de menores al superar la edad permitida de acogimiento.

La citada fuente ha explicado que el funcionario de 56 años de edad y la mujer de 44 "ofrecían a sus víctimas, ex tutelados, el empadronamiento en una vivienda, requisito preceptivo para la obtención de la autorización de residencia, cobrándoles la cantidad de 500 euros, sin que nunca se llegara a efectuar dicha inscripción en el padrón de habitantes de Melilla, o bien 800 euros a aquellos inscritos pero que en ningún caso residieron en la vivienda".

Asimismo, la citada fuente ha detallado que "se les hacía creer la necesidad de un precontrato de trabajo para obtener la mencionada autorización de residencia; de este modo, engañados por la falsa confianza que les infundía el trabajador del ente público, llegaban a pagar 2.000 euros por la obtención de dicho precontrato laboral, el cual nunca había existido".

El portavoz policial ha apuntado que a la mujer detenida le constan un total de tres detenciones anteriores, siendo estos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, robo con violencia o intimidación y por atentado a agente de la autoridad, mientras que el hombre arrestado carece de antecedentes previos.

Los dos detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, han quedado ambos "en situación de libertad con cargos", acusados de la comisión de los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Dos aficionados al ciclismo pertenecientes al Banco de Libros de Tíjola (Almería) se han propuesto recorrer unos 300 kilómetros al día en cuatro etapas hasta el Cabo de Finisterre en La Coruña dentro de un reto solidario con el que recaudar fondos para financiar la creación de un parque infantil, una biblioteca y un aula escolar en el Hospital Materno-Infantil de Torrecárdenas, en Almería.

El V Reto Ciclista del Banco de Libros de Tíjola, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, se ha presentado este martes en el patio de naranjos de la sede del Gobierno andaluz, donde se ha detallado que el objetivo es que la ruta se cumpla "en menos de 85 horas".

Los dos voluntarios que participarán en este reto son José Ramón Marín y José Manuel Requena, dos amigos de la entidad cultural habitualmente colaboran con la asociación a través de un reto por distintos puntos de España, que les ha llevado a destinos como Barcelona o Zarautz (Guipúzcoa), para colaborar en distintos fines solidarios.

En este caso, el director-gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha agradecido a la asociación que haya decidido destinar su recaudación a "un proyecto tan bonito como un aula y parque para los menores ingresados en nuestro hospital", toda vez que ha asegurado que la labor del Banco de Libros de Tíjola supone un "ejemplo para la sociedad" que debe "animar a seguir trabajando por los demás".

La delegada territorial de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha valorado la "importante labor solidaria" que ejerce la asociación, desde la que se persigue "el desarrollo y la ejecución de actividades que promuevan la lectura y la educación de la población infantil más desprotegida y desfavorecida".

La representante del Gobierno andaluz ha destacado así la función del Banco de Libros de Tíjola, que ha formado "una gran familia de voluntarios en toda la provincia de Almería, especialmente en la comarca del Almanzora, y en concreto en el municipio de Tíjola".

"Gracias a la gran labor que vienen realizando desde su creación, el Banco de Libros de Tíjola recibió la Bandera de Andalucía en el año 2019, un reconocimiento del Gobierno andaluz a un trabajo y entrega que encarna a la perfección su fundador y presidente Eugenio García López", ha dicho Sánchez Torregrosa, quien también ha reconocido a las instituciones y empresas patrocinadas y colaboradoras que se "han volcado con esta asociación".

Durante la presentación, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha reconocido a la entidad su "capacidad de poder desarrollar una hazaña" como la que se ha propuesto con su reto, por lo que le ha mostrado el apoyo del Gobierno andaluz "para seguir realizando proyectos para llegar a menores sin recursos".

Desde el Banco de Libros han recordado que para recaudar fondos se cuenta con un gran número de patrocinadores, copatrocinadores y colaboradores, entre ellos la Diputación Provincial de Almería, Promobys, Renaul Syrsa Automoción, Mármoles Orfemar y Cosentino.

Otra forma de recaudar fondos es a través de la venta de "kilómetros solidarios" que pueden adquirirse en varios comercios de Tíjola así cómo en la Farmacia Granada 115 de la capital almeriense. Entre los participantes, además, se sortea una "súper cesta del reto ciclista".

Al acto han acudido además los profesionales sanitarios Antonio Huete y Estefanía Molina, y el presidente del Banco de Libros de Tíjola, Eugenio García, junto a Antonio Fernández y Luis López.

El PP ha presentado en el Senado una Proposición de Ley para modificar la actual Ley de Costas, con el fin de evitar el derribo de determinados núcleos urbanos costeros que reúnen características culturales, históricas y etnológicas y han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, como ocurre en Cabo de Palos, Los Nietos o Puntas de Calnegre, informaron fuentes del partido en un comunicado.

La propuesta ha sido presentada este martes a los afectados de Puntas de Calnegre por los senadores del PP, Francisco Bernabé y Juan María Vázquez, y el presidente de los 'populares' en Lorca, Fulgencio Gil, quienes han compartido "el compromiso del Partido Popular para buscar los apoyos que permitan que esta modificación salga adelante", ya que "supondría la solución definitiva a un problema que históricamente se viene sufriendo".

Bernabé ha asegurado que "trabajamos para que aquellos núcleos tradicionales de población que posean valores históricos, culturales y etnográficos, y que se encuentren en un entorno marinero e integrados en un paisaje y en una forma de entender la vida, sean salvados" porque "poseen una idiosincrasia digna de protección y deben ser excluidos de la aplicación de la Ley de Costas que solo pretende el derribo de estas poblaciones paradigmáticas del litoral español".

El senador ha destacado que "casi todos los inmuebles afectados son residencias unifamiliares o pequeños comercios, y cuentan algunas con más de un siglo de vida, y sus características particulares merecen una protección especial por su valor histórico y etnográfico".

Por su parte, Vázquez ha explicado que "se trata de una modificación de la Ley de Costas que aúna todos los intereses de todos los núcleos tradicionales costeros", es decir, "no solo en el Mediterráneo, sino también en el Atlántico".

Asimismo, ha concretado que "desde Gerona hasta las Islas Canarias son cientos los núcleos costeros que se van a ver beneficiados por la aprobación de esta ley", ya que "se atenderá a sus legítimos derechos y a los de los propietarios de las viviendas que, hasta hoy, ven amenazados sus inmuebles".

En la misma línea se ha pronunciado Fulgencio Gil, quien ha insistido en que "esta modificación implica salvar todos los núcleos paradigmáticos y etnológicamente característicos del uso tradicional de todo el litoral español".

Gil ha subrayado que "vamos a luchar por recabar el apoyo del resto de los grupos parlamentarios para que esto se haga realidad" porque "supondría salvar definitivamente construcciones como las de Puntas de Calnegre, con 200 años de vida", y ha continuado diciendo que "los vecinos, después de muchísimos años de preocupaciones, tengan la seguridad de que sus viviendas van a ser salvadas".

Al hilo, los 'populares' han defendido que "no hay duda de que la legislación sobre Costas debe hacer cumplir lo recogido en el artículo 132.2, referente a la Ley de Costas", pero han remarcado que "el nuevo texto se ha propuesto porque no se cuenta con una herramienta legal que permita el mantenimiento de estos núcleos".

Por ello, han pedido al PSRM que "apoyen esta propuesta, que persigue respetar los derechos de los ciudadanos españoles, y colaboren para que, desde las filas socialista en Madrid, voten favorablemente cuando se proceda a su tramitación en las Cortes Generales".

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha lamentado este martes la negativa del Gobierno de España a declarar el Mar Menor como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, informaron fuentes de ese departamento en un comunicado.

Luengo ha indicado que se trata de "un nuevo revés de un Gobierno de España que da la espalda a la Región de Murcia y que nos vuelve a abandonar ante una situación de extrema gravedad en la que, tras 9 días de crisis ambiental, no han sido capaces de ofrecer su ayuda o mostrar interés".

Así, desde la Comunidad se cuestionan "los argumentos falsos que emplea el Gobierno de Sánchez para justificar su decisión, con los que solo buscan confundir a la sociedad y esconder su inacción, pero que se desmontan fácilmente".

Luengo ha indicado que "a día de hoy no debe haber ni un solo metro de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor, ya que la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio, que son quienes tienen las competencias para sancionar y prohibir el uso de agua, deberán garantizar que así sea".

Al hilo, ha asegurado que, "mientras que la Comunidad, solo ante la inacción de la CHS, puede ordenar restituir los terrenos, algo que ya estamos haciendo con la tramitación de todos los expedientes recibidos y la obligación a los particulares", si bien "el daño al Mar Menor debe cesar desde el momento en que la CHS prohíbe el uso de agua a un regadío ilegal".

Además, el consejero ha respondido a la exigencia del Gobierno central sobre actuar contra empresas contaminantes. Luengo ha apuntado que "los servicios jurídicos de la Comunidad han determinado que debe ser la Confederación la encargada de actuar contra estos infractores y por tanto no podemos tomar una decisión en contra de un informe jurídico, ya que sería una actuación ilegal".

Por último, ha insistido en que "el Gobierno de López Miras lleva años actuando en origen para atajar el problema, para lo cual se aplica la Ley del Mar Menor, que supervisamos, controlamos e inspeccionamos de forma continua".

Asimismo, ha vuelto a defender las medidas incluidas en el Proyecto Vertido Cero que "el Estado debe acometer para rebajar el nivel del acuífero y captar el agua de las ramblas, lo que supondría frenar la entrada de agua dulce y nutrientes que es la gran amenaza al Mar Menor", ha concluido.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha decidido retirar el plácet para que Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete tanto con Arancha González Laya como con Josep Borrell y Alfonso Dastis, sea embajador en Rusia, según han confirmado fuentes diplomáticas.

Desde Exteriores aseguran que el cambio de opinión de Albares, que sucedió a González Laya el pasado 12 de agosto, no tiene "nada que ver" con el hecho de que Villarino está citado a declarar en calidad de imputado el próximo 1 de septiembre ante un juzgado de Zaragoza en relación con el 'caso Ghali'.

HAY OTROS CANDIDATOS MEJORES

Según explican, Albares no solo ha retirado el plácet de Villarino sino que también lo ha hecho con el que en principio iba a ser embajador en Sudáfrica, Felipe de la Morena. El ministro ha dado este paso porque considera que hay otras personas con "mejor perfil" para ocupar dichas plazas, lo cual no impide que a ambos diplomáticos se les adjudiquen otras de las embajadas que hay que cubrir, como de hecho tiene intención de hacer.

El nombramiento de los embajadores es potestad del ministro de Exteriores, quien suele decidir en base a las preferencias expresadas por los miembros de la Carrera Diplomática pero siempre según su propio criterio. Dicha elección es sometida al Consejo de Ministros, que avala entonces la solicitud del plácet al país de destino. Una vez se recibe dicha autorización, se produce el nombramiento formal.

En el caso de Villarino, a quien nombró Dastis con el Gobierno del PP, aún no se había recibido el visto bueno de Moscú para que pasara a ocupar una plaza que dejó vacante el pasado mes de junio tras el cese de Fernando Valderrama al haber alcanzado la edad de jubilación.

CITADO ANTE LA JUSTICIA

El diplomático tendrá que declarar la próxima semana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, a solicitud del abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales, quien quiere que se determine si hubo posible encubrimiento o prevaricación en la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Este llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció ingresado hasta el 2 de junio, cuando regresó a Argelia sin haber pasado tampoco por los pertinentes controles.

Su acogida, que el Gobierno atribuyó a "razones humanitarias", desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos, molesto por no haber sido avisado de antemano, si bien posteriormente Rabat terminó reconociendo que el verdadero motivo era la negativa de España a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental, como hizo Estados Unidos cuando Donald Trump era presidente.

Desde Exteriores se insiste en la presunción de inocencia en el caso de Villarino, mientras que la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) expresó su "confianza en la Justicia" tras conocer que ha sido citado a declarar como imputado, insistiendo en que es un "funcionario ejemplar".

Desde la asociación, la principal dentro de la Carrera Diplomática, se ha defendido que su actuación en el 'caso Ghali' se produjo "en el marco de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos".

Una periodista de la revista belga Knack, de periodicidad semanal, ha visitado este martes Sevilla para recabar información y testimonios a pie de campo sobre la excavación de la fosa común de Pico Reja del cementerio hispalense, donde según los historiadores descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de estado hasta el 31 de agosto de 1936, como mínimo.

Según han informado la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones y fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, dicha periodista ha visitado la propia fosa, donde la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias acomete desde enero de 2020 la citada excavación por encargo del Ayuntamiento hispalense, entrevistando a miembros del equipo técnico del proyecto de exhumación y a representantes de tres familias de víctimas de la represión golpista.

La idea, según ha precisado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández, es incluir estas actuaciones de exhumación en un "gran reportaje sobre las fosas del franquismo" que prepara la revista Knack.

Ello, después de que el pasado mes de junio, un periodista suizo de la agencia de noticias austriaca APA recabase también información sobre esta excavación de la tristemente célebre fosa común de Pico Reja, visitada además por investigadores de la Universidad de Copenhage (Dinamarca) y de una universidad francesa, entre otros profesionales extranjeros.

MÁS VISIBILIDAD

En ese sentido, María Luisa Hernández ha valorado el creciente "interés" de los investigadores y medios de comunicación de otros países por esta actuación, pues entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados.

Podría ser, de hecho, la fosa donde fueron arrojados los restos mortales de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.

Precisamente por eso, María Luisa Hernández ha abogado por dar una mayor visibilidad a este proyecto de exhumación "en el ámbito local", invitando a los medios de comunicación de Sevilla y a los investigadores de las universidades hispalenses a interesarse por los trabajos iniciados en enero de 2020 en esta fosa del cementerio de San Fernando.

EL COTEJO GENÉTICO

A tal efecto, recordemos que recientemente, el equipo técnico encargado de este proyecto de exhumación depositaba en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR) 202 nuevas muestras óseas de restos humanos de dicha fosa, para su identificación a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.

Estas 202 nuevas muestras se unían así a las 160 muestras entregadas ya en 2020, el primer año de los trabajos de exhumación, con idea de que las entregas respondan a una periodicidad semestral.

Previamente, el proyecto implicó el acopio de unas 400 muestras genéticas de familiares de víctimas de la represión golpista y dictatorial posiblemente enterrados en la fosa común de Pico Reja, al objeto de intentar identificar los restos óseos recuperados de la misma mediante el correspondiente cotejo genético.

El sindicato ANPE ha reclama este martes objetivo asegurar el 100% de presencialidad para mantener una Educación de calidad, pero sin relajar las medidas de lucha contra la pandemia, específicamente la contratación de profesorado para atender aulas con ratios reducidas.

A través de nota de prensa, el sindicato ha indicado que todo esto exige inversiones, "pero el Principado ya ha anunciado que va a mantener 92 profesores menos de refuerzo que el curso anterior, a pesar de los fondos que ya están llegando del gobierno central y de Europa".

ANPE, que ha asegurado que la comunidad educativa "respira aliviada tras la marcha de Carmen Suárez" por "la peor gestión de Educación", ha reclamado a la nueva consejera, Lydia Espina, llegar a acuerdos y le recomponer "los puentes rotos y la negociación con los sindicatos representantes del profesorado".

Del mismo modo, han recordado que la página web de Educastur a través de la cual se visualizan las plazas y se realizan las peticiones se halla en este momento colapsada, "situación ocurrida en cursos precedentes".

A esto han sumado que en la lista de los aspirantes convocados, no se recoge la característica de Reserva por Discapacidad, "lo que provocará que el sistema informático no realice la Reserva imprescindible del 7% de las plazas para ellos, lo que podría provocar la nulidad de la adjudicación de no ser rectificada al vulnerar el Acuerdo existente de funcionarios interinos discapacitados".

Del mismo modo, han añadido que no se han ofertado las plazas de los Conservatorios, "lo que ya ocurrió el pasado curso y obligó a una prórroga de los contratos para poder desarrollar los exámenes de septiembre, evaluaciones y demás cuestiones académicas".

"ANPE solicita a la Consejería la corrección urgente de estos errores, que vulneran los derechos de los Discapacitados y de los profesores de Conservatorios que también están en listas de Música. De no ser así, al menos deberá garantizarse mediante una Resolución urgente la ampliación de contratos en Conservatorios y la acumulación de la Reserva de Plazas para Discapacitados a vacantes de la segunda convocatoria", han sentenciado.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este martes el cese de las "alarmantes" violaciones de los Derechos Humanos que se están produciendo en Afganistán desde que los talibán se han hecho con el control del país y ha reiterado el compromiso del Gobierno con los afganos, en particular mujeres y niñas.

Albares ha intervenido en la sesión especial sobre Afganistán celebrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que ha recalcado que "España continúa comprometida con el pueblo afgano y muy especialmente con las mujeres".

Para el ministro de Exteriores, "el respeto de los Derechos Humanos es un elemento indispensable para una solución política, inclusiva y duradera en el país", de ahí la preocupación particular del Ejecutivo por los derechos de mujeres y niñas.

"No podemos asistir a un grave retroceso de los derechos civiles y políticos, económicos o de la participación de las mujeres en la vida pública que lastraría irrevocablemente el desarrollo de Afganistán", ha sostenido en su intervención, que ha compartido en Twitter.

Por todo ello, ha dicho, "nos parecen alarmantes las violaciones de Derechos Humanos en el país, en especial en el caso de las mujeres y niñas, minorías, defensores de los DDHH, periodistas y funcionarios". "Llamamos al cese de todas las violaciones y a la protección de los derechos de toda la población", ha reclamado.

Asimismo, ha instado al Consejo de DDHH de la ONU a que ponga en marcha "todos los mecanismos disponibles para vigilar y exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos en Afganistán" puesto que sus ciudadanos "merecen vivir en condiciones de seguridad y dignidad" y "deben sentir y saber que no están solos".

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha convocado este miércoles en el Palacio de Moncloa al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, para analizar la situación planteada por la decisión judicial de mantener paralizada la devolución de menores marroquíes que entraron en mayo en la ciudad autónoma, según confirmaron a fuentes del Ejecutivo.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado este martes mantener la suspensión de la repatriación de nueve menores migrantes solos marroquíes a su país por la vía expeditiva elegida por el Ministerio de Interior al margen de lo previsto en la legislación española y los tratados internacionales, paralización que se ha hecho extensiva por parte de la administración al resto de los 700 jóvenes en la misma situación.

A su juicio, "existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" de los niños en caso de devolución.

Mientras que la dirección nacional del PP ha venido criticando la actuación del Gobierno en este tema, Vivas siempre ha defendido la devolución de los menores y ha elogiado la coordinación con el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Desde Ceuta insisten en que no tienen medios para acoger a los menores y veían bien el proceso de devolución tutelada que ha aplicado el Ministerio.

Ante la paralización de las devoluciones, desde Moncloa han optado por convocar al presidente de Ceuta para analizar la situación este mismo miércoles.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la petición de la Asociación provincial de Empresarios de Hostalería da Coruña que solicitaba la anulación de las restriccioines de aforo y los límites horarios establecidos por la Xunta a través de una orden emitida días después de que la justicia tumbase la exigencia del certificado covid en los negocios de hostelería.

En un auto emitido el pasado lunes 23 de agosto y que ha sido difundido este martes, los magistrados del alto tribunal autonómico rechazan la medida cautelarísima presentada por la asociación de hosteleros coruñeses, que contaban con el respaldo del resto de federaciones provinciales.

De este modo, la Sala de Vacaciones del TSXG deniega la solicitud porque entiende que existe "una pérdida sobrevenida del objeto" puesto que la medida cautelarísima se dirigía a una orden publicada el 13 de agosto que fue "derrogada tácitamente" por la emitida seis días más tarde.

Los hosteleros solicitaban la nulidad de la totalidad de la orden del 13 de agosto, que establecía una reducción de los aforos en el interior y en el exterior después que la justicia tumbase la exigencia de presentación del conocido como pasaporte covid para entrar a un negocio de hostelería o de ocio nocturno.

No obstante, la Xunta emitió una nueva orden el 19 de agosto en la que se realizaba un ajuste de los aforos, tanto en interiores como en establecimientos, para estos establecimientos en función de la situación epidemiológica en la que se encuentre el municipio donde se ubica.

Así pues, los magistrados interpretan que esta última orden sustituye a la anterior, que deja de tener vigencia, por lo que descartan la posibilidad de anular al entender que resultaría "un absurdo jurídico" decidir sobre unas medidas que han quedado obsoletas.

Por tanto, los jueces inciden en que la orden del 19 de agosto de la Consellería de Sanidade supuso la pérdida de la "vigencia" de la recurrida por los hosteleros.

"Resultaría un absurdo jurídico lo que, en el hipotético caso de que esta Sala estimase la medida cautelarísima impetrada, se dejase en suspenso una norma jurídica que ya no está en vigor".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Orense y Santiago de Compostela una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación sexual y a la corrupción de menores, según informa la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

El entramado, explica, captaba a mujeres jóvenes en situaciones de gran necesidad y vulnerabilidad para prostituirlas en domicilios particulares. El operativo ha permitido la liberación de dos menores de edad que iban a ser prostituidas "de manera inminente". En total, hay seis personas arrestadas, cuatro en Orense --dos hombres y dos mujeres-- y dos en Santiago de Compostela.

La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional en Orense recibieron una información de la que se desprendía que dos chicas menores de edad, y en situación de gran vulnerabilidad, habían sido alojadas en el domicilio de un adulto que las había obligado a mantener relaciones sexuales con él y con otro adulto como forma de pago por "la ayuda recibida".

Además, y según la información recibida, dos mujeres del entorno de esos hombres habían propuesto a las menores ejercer la prostitución en Santiago de Compostela, aceptando una de ellas.

Ante tales hechos, los investigadores establecieron de manera inmediata un dispositivo que permitió liberar a la menor antes de que comenzara a ser prostituida y que facilitó la detención en Orense de los dos hombres y las dos mujeres -una de ellas menor de edad- responsables de los hechos, a los que se les ha imputado delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.

SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

Con toda la información recabada en ese operativo, los agentes iniciaron una segunda fase en la investigación, que terminó constatando la existencia de una organización criminal asentada en la comunidad gallega que se dedicaba a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

El grupo criminal se dedicaba a captar, a través de páginas web de contactos sexuales o directamente a pie de calle, a mujeres jóvenes que vivían situaciones de gran necesidad y vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en domicilios, sin importarles si eran menores de edad.

EL CABECILLA, UN VECINO DE SANTIAGO

Los agentes lograron identificar a un vecino de Santiago de Compostela como principal responsable del entramado junto a una de las mujeres detenidas en Orense. Este individuo se encargaba de "probar a las mujeres captadas para confirmar que eran válidas para el ejercicio de la prostitución, empleando una gran agresividad y un trato sexual extremadamente vejatorio".

También gestionaba y controlaba los servicios sexuales que realizaban las víctimas, "apropiándose de al menos un 40% del precio de cada servicio" explica la Policía Nacional.

El grupo desarrollaba su actividad principalmente en las ciudades de Ourense y Santiago de Compostela, donde contaba con colaboradores en la captación y en la recogida de beneficios, aunque la movilidad del principal responsable permitía la captación de potenciales víctimas en otras ciudades.

Después de seis meses de investigación, la operación policial ha concluido con la entrada y registro en dos domicilios de Santiago de Compostela y el arresto de dos individuos, uno de ellos el líder de la organización, a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, relativos a la prostitución y corrupción de menores.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

En relación a este operativo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha trasladado su felicitación a la Policía Nacional por la labor desarrollada. Mientras, desde el cuerpo policial en Ourense han explicado que aún se mantienen "investigaciones en curso".

Técnicos de la Comunidad de Madrid han iniciado este verano el control de las especies invasoras en el futuro Arco Verde regional con la eliminación de la planta acuática invasora Ludwigia peploides, así como de otras especies de fauna con las mismas características presentes en el humedal, como el pez gato (Ameiurus melas), el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), y la gambusia (Gambusia holbrooki), en la confluencia de los arroyos Valchico y Meaques, en Pozuelo de Alarcón.

El pez gato, junto con el cangrejo rojo, son los responsables de la ausencia prácticamente total de anfibios en el humedal del Arroyo Meaques. Así, los técnicos no han observado durante los días de trabajo ni una sola rana común, ni otras especies comunes de este grupo, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Esta semana se han iniciado esta semana los trabajos para la erradicación, con la ayuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Consisten en la extracción de las plantas, tanto con medios mecánicos, en especial una retroexcavadora giratoria que empleando distintos tipos de cazos y 'peines' seleccionan y aparta la planta invasora a la orilla, como una labor más minuciosa realizada a mano por una cuadrilla de personal especializado en estos trabajos tan complicados en cauces.

En los trabajos se están combinando las actuaciones de maquinaría, con otras manuales más de detalle, con el objeto de extraer el máximo de plantas. A pesar de ello, debido al potencial invasor y reproductivo de la planta, se tendrán que reiterar las actuaciones más adelante.

Tras la retirada mecanizada de más de 1.000 toneladas de la planta invasora a lo largo de más de una semana, se ha iniciado hoy martes la fase más trabajosa y delicada: el remate manual de retirada de las partes de planta que han quedado y que rápidamente vuelven a arraigar.

Para las especies de fauna acuáticas invasoras se ha optado por la pesca eléctrica, dado las irregularidades del fondo y la abundancia de obstáculos como ramas que impiden el uso de redes o tramallos. Tras una mañana de trabajos se han retirado más de 500 peces gato, otras tantas gambusias, y una veintena de cangrejos rojos.

ARCO VERDE

Arco Verde es el proyecto ambiental más ambicioso de la Comunidad de Madrid para acercar la naturaleza a los ciudadanos y mejorar la biodiversidad. Por ello, aseguran que trabajan en actuaciones específicas destinadas a la mejora de los diferentes hábitats y la conectividad ecológica.

Arco Verde aspira a conectar los tres Parques Regionales con otros espacios naturales de interés rodeando el Anillo Ciclista de Madrid. Además, incluirá espacios de la Red de Parques Periurbanos, Montes de Utilidad Pública, áreas forestales de alto valor ambiental y espacios naturales de nueva creación.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha vuelto a exigir este martes al Gobierno central la construcción de un centro temporal de acogida de migrantes ante el repunte en la llegada de embarcaciones a la isla, la última este lunes a La Restinga con 117 personas.

Ante el previsible aumento del flujo de cayucos y pateras a partir de septiembre por la mejoría del mar, Armas ha reclamado una instalación con todas las atenciones sanitarias y de carácter humanitario que se merecen los migrantes hasta su posterior traslado a los centros de referencia del exterior y que a su vez "permita centralizar la atención por parte de todos los organismos y entidades que intervienen en la atención a este fenómeno con el objetivo de ganar en eficacia y eficiencia".

Asimismo, ha reiterado que es el momento de que cada administración asuma "con todas las consecuencias" sus competencias en la materia y, en este sentido, señala que el Cabildo de El Hierro "ha mostrado con creces --invirtiendo miles de euros-- su cara solidaria con este fenómeno que también han padecido los herreños a lo largo de la historia emigrando hacia otras islas y, principalmente, hacia países de Suramérica, en busca de un futuro mejor".

Sin embargo, apunta, "no podemos eternizar esta atención que es la adecuada ante situaciones graves e imprevistas, pero este es un drama que hemos venido denunciando que ha llegado para quedarse y que cada año va a peor, y lo estamos comprobando de nuevo estos días".

Por ello, insiste en una nota en que después de largos meses de intensas negociaciones entre el Gobierno de Canarias y el central, no se entiende cómo no se ha podido llegar a una solución satisfactoria que permita garantizar la acogida temporal en la isla más occidental y con un lugar estratégico que la sitúan como punto de llegada preferente en las nuevas rutas que están tomando la migración en el Atlántico.

"La acogida que se puede hacer en El Hierro tiene que ser siempre temporal y transitoria, lo que no se puede plantear desde la administración es la habilitación de carácter fijo, máxime cuando se desconoce la evolución que pueda tener este fenómeno en el futuro", ha destacado.

CORONAVIRUS

En estos momentos, y pesar de no ser su competencia, aclara, el Cabildo colabora con la Dirección General del Menor manteniendo en las instalaciones de la residencia escolar de Valverde (cedidas por el Gobierno de Canarias a la institución herreña) a los menores acogidos y se presta a colaborar con la Consejería de Sanidad en la búsqueda de una ubicación apropiada para la atención de los migrantes desde el punto de vista sanitario y, sobre todo, para atender a las exigencias de los protocolos anti-Covid.

El resto de las personas que han llegado estos días a la isla están bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en el antiguo convento de La Frontera, apuntan desde la corporación.

Según Alpidio Armas, el Cabildo no volverá a ceder más instalaciones de carácter deportivo y cultural porque "son servicios que necesitan los herreños" y no se les pueden privar "eternamente".

Además, apunta, "estamos aún reparando los desperfectos ocasionados en estas instalaciones, como es el caso del polideportivo de Valverde, el campo de lucha y el Aula de la Naturaleza de El Pinar, afectados tras el intenso uso que se les dio durante la última oleada".

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha advertido sobre la ausencia de agua almacenada en el embalse de Belesar, ya que, según la mandataria autonómica, la aportación que llega procede exclusivamente del río Miño.

"Se comprueba visualmente que la aportación de agua es la que hace el río Miño", ha destacado este martes Vázquez en su visita a Portomarín, donde ha estado acompañada por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y el alcalde de Portomarín, Juan Carlos Serrano.

"Esta circunstancia supone que se dependerá del tiempo durante septiembre y octubre para poder garantizar el suministro y preservar los valores naturales y piscícolas", ha subrayado la conselleira, quien ha advertido que la presa se encuentra a un 29,4% de su capacidad, lo que "constrasta" con el nivel que tenía hace un año, cuando estaba al 62%.

En este sentido, Ángeles Vázquez ha pedido explicaciones al presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, ante "algo que no ocurrió en los últimos diez años, ya que la media en ese tiempo se sitúa en el 67% de capacidad".

"Tendrá que dirigirse a los alcaldes, en primer lugar, y, luego, a la Xunta para explicar por qué se ha autorizado el descenso de la ocupación y qué medidas van a tomar de cara al futuro", ha remarcado.

La conselleira ha hecho hincapié en "la irresponsabilidad de autorizar ese vaciado masivo de agua", que "en algunos casos se ha realizado en períodos muy cortos de tiempo".

Ante las posibles causas, ha apuntado que "no es un problema hidrológico porque llovió más o menos lo mismo el año pasado que este".

EMBALSES BAJOS

En sus declaraciones, Ángeles Vázquez ha reconocido que técnicos de la Consellería de Medio Ambiente se han trasladado en los últimos días a los embalses del Miño-Sil para conocer su situación. "La competencia es de la Confederación y, por tanto, del Ministerio de Transición Ecológica, pero sí de oficio realizamos las inspecciones necesarias", ha aclarado.

Se prevé que los agentes ambientales de la Consellería continúen realizando inspecciones en los embalses de Belesar, Salas, Ceza y As Portas con el objetivo de vigilar la evolución de la situación y detectar posibles daños.

WWF ha reclamado a la Junta de Andalucía un plan para prevenir los incendios en Doñana (Huelva) y que incluya medidas específicas para crear 'paisajes cortafuegos', que consideran "imprescindibles para luchar contra los incendios de sexta generación", un tipo de incendios "claramente vinculados al cambio climático, que modifican las condiciones meteorológicas de la zona afectada y provocan tormentas de fuego".

Así, según ha indicado la organización en una nota, en varios de los municipios de Doñana, "el verano de 2021 será recordado por la cantidad de conatos e incendios que han sufrido", al tiempo que ha apuntado que "algunos de ellos han afectado espacios de alto valor ambiental como el que quemó cuatro hectáreas de la Reserva Natural Concertada de Dehesa de Abajo".

"Otros han llevado a considerar el desalojo de viviendas, como el ocurrido a mediados de agosto en Lucena del Puerto, que además ha calcinado unas 200 hectáreas", han añadido. En total, han subrayado que hasta el 22 de agosto "se han registrado entorno a medio centenar de siniestros forestales de acuerdo con los datos que ofrece el Plan Infoca a través de su cuenta de Twitter".

De este modo, desde WWF han explicado que la comunidad científica "los ha calificado como incendios de sexta generación", toda vez que han aseverado que en la península ibérica "ha aumentado el riesgo de sufrir oleadas de incendios con un comportamiento explosivo y extremo, que se propagan a gran velocidad". En este punto, han remarcado que Andalucía, "gracias al personal del Plan Infoca, se sitúa a la cabeza en cuanto a la eficacia de los equipos de extinción", de forma que la mayor parte de los siniestros se apagaron en fase de conato.

Sin embargo, han señalado que "las estadísticas confirman que invertir exclusivamente en apagar el fuego no necesariamente implica mejores resultados en los episodios con meteorología extrema, y que esta política de respuesta rígida a la ocurrencia de incendios contribuye indirectamente a fomentar episodios extremos --'paradoja del fuego'--".

Por ello, para complementar y ayudar en el trabajo de extinción, desde WWF apuestan, entre otras medidas, por la creación de 'paisajes cortafuegos', que ayuden a extinguir el incendio "mucho antes de que se produzca". "Para ello hay que transformar el territorio para que sea menos inflamable recuperando los paisajes tradicionales con pastos para usos ganaderos y cultivos extensivos, bosques autóctonos y masas forestales bien gestionadas".

En este punto, han destacado que un buen ejemplo de un 'paisaje cortafuego' es el proyecto para la recuperación de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas de 2017, en pleno Espacio Natural de Doñana, donde ardieron más de 10.300 hectáreas, incluidas áreas sensibles para especies amenazadas como el lince ibérico," y que puso en serio riesgo a la población de Matalascañas, con unas 130.000 personas en peligro potencial".

Desde WWF consideran que este siniestro ha ofrecido "una oportunidad" para "poner en valor la necesidad de reducir el riesgo de incendio en espacios de alto valor natural y repensar otro territorio más diverso, menos vulnerable y donde los pinos ya no dominen el 88 por ciento del paisaje como ocurría antes del incendio".

OBJETIVOS

Así, han explicado que los expertos que elaboraron las directrices y el plan de restauración tras el incendio de las Peñuelas advirtieron que un siniestro "de similares características" podría darse en Doñana de nuevo, por lo que incluyeron entre los objetivos del plan el objetivo 03.02 "diseñar un modelo de distribución espacial de la vegetación en el territorio que disminuya el riesgo de incendios forestales".

Dicho objetivo contaba con dos medidas, una relativa a la zona específicamente afectada por el incendio --análisis de la gestión del riesgo de incendios forestales-- y otra destinada a las actividades preventivas en la zona onubense de la Comarca de Doñana, --análisis del riesgo de incendios en la zona de alto riesgo (ZAR) Condado Litoral--.

"Es necesario integrar el análisis del riesgo de incendios en un marco geográfico mayor, de modo que se diseñe una estrategia de prevención a escala de paisaje, abarcando el ámbito comarcal del Condado Litoral. Este análisis deberá completar el diseño de medidas preventivas a la zona afectada por este incendio, así como a buena parte del Espacio Natural de Doñana".

Por ello, desde WWF creen que hay que evolucionar de un modelo centrado en "altas inversiones" para "avanzados" dispositivos de extinción, "que ignora los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles", a otro modelo "que apueste por promover paisajes resilientes, vivos, rentables y mucho menos inflamable".

"Las estadísticas indican que siempre arden las mismas zonas tal y como vemos año tras año y si prosigue la misma tendencia de inacción en relación con las acciones de prevención, volverán a arder con una recurrencia de entre 10 y 20 años porque, junto con episodios de meteorología extrema, el gran desencadenante del fuego es el paisaje", ha señalado el coordinador de la Oficina para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona.

Por ello, ha añadido, "no basta con tener a los mejores profesionales en la extinción, sino que hay que ayudarlos mediante un plan con acciones que permitan que el incendio no acontezca", a la par que ha apuntado que "desoír a la ciencia nos va a costar caro".

Por ello, desde WWF piden a la Junta "que actúe de formar urgente mediante un plan para para recuperar el bosque autóctono y diverso para reducir el riesgo de futuros grandes incendios".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha condenado el homenaje que recibió este lunes en Bilbao el ex preso de ETA Agustín Almaraz Larrañaga y ha criticado que el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aprobado por el Gobierno del PNV y el PSE, deje "impunes" este tipo de actos mientras se centra en "prohibir homenajes a Franco que no se producen".

"Nuevo homenaje a un asesino etarra en el País Vasco. Nueva humillación a las víctimas y a la democracia española. Pero la 'ley de memoria' de PNV y PSOE prohibirá homenajes a Franco que no se producen y dejará impunes estas exaltaciones a terroristas que hay constantemente", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno vasco a finales del pasado julio para su posterior tramitación parlamentaria, busca "promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y fomentar principios y valores éticos y democráticos", según explicó entonces el Ejecutivo autonómico.

Al presentar la norma, cuyo contenido no se refiere en ningún momento al terrorismo etarra, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dijo que se basa en los principios de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición" y que busca fomentar "la concordia, la convivencia y el pluralismo político".

Para recibir a Almaraz tras su salida de la cárcel, donde pasó 25 años, un grupo de personas organizó un pasacalles en el barrio de Santutxu de Bilbao. Este antiguo preso de ETA fue condenado a 48 años de prisión por el asesinato del guardia civil Emilio Castillo López de la Franca el, a otros 30 años por matar a los policías Rafael Leiva Loro y Domingo Durán y a 29 años por el asesinato de Ángel María González Sabino (1993).

ACTO CONVOCADO EN MONDRAGÓN

Por su parte, Luis Gordillo, diputado de PP+Cs en el Parlamento vasco, ha lamentado que ni el Gobierno central ni el de Euskadi tengan capacidad para impedir el acto convocado para el 18 de septiembre en Mondragón (Guipúzcoa) en defensa de los derechos de Henri Parot y del resto de presos de ETA y dejen la decisión en manos de los jueces.

"Somos la única sociedad en la que, en vez de deslegitimar el terrorismo, se les recibe como héroes, quienes justifican a ETA son socios del Gobierno y hacen un cordón sanitario a un partido constitucional" --Vox-- "con el apoyo de casi toda la Cámara vasca, la televisión pública blanquea a Bildu y, mientras se humilla a las víctimas, (Pedro) Sánchez y (Iñigo) Urkullu miran para otro lado", ha indicado en Twitter.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que el Gobierno se alegra de que el líder nacional del PP, Pablo Casado haya recuperado "el sentido de Estado" poniendo en valor la actuación de "nuestro Gobierno y por tanto la de nuestro país" respecto a la actuación en la evacuación en Afganistán y en la gestión de los incendios que han golpeado el país en los últimos días.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha transmitido la satisfacción del Gobierno con que Casado haya reconocido la labor del Gobierno respecto a la "acogida y evacuación de las personas que vienen de Afganistán" y el "dispositivo que se ha montado en nuestro país".

Rodríguez ha celebrado que Casado también ha reconocido "esta mañana" el trabajo del Gobierno en la actuación sobre los incendios y la declaración de zona catastrófica en Castilla y León que ha aprobado el Consejo, y ha aprovechado para pedir al líder del PP que "siga esta senda" para que puedan "avanzar" en la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordando que "la mano estaba tendida desde antes de verano".

RECHAZA QUE CRITIQUE A CASADO: ES UN "PIROPO"

La portavoz ha rechazado que sus palabras puedan leerse como una crítica hacia Casado, después de que se comprometiera a no criticar a la oposición desde las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, asegurando que ha sido más bien un "piropo".

"Nunca debería ser noticia cuánto y cómo se llaman el presidente del Gobierno con el principal partido de la oposición", ha aseverado, después de que el PP haya reprochado repetidamente a Sánchez que no haya llamado a Casado para hablar de la crisis en Afganistán y la evacuación.

HABLAR DE LOS GRANDES TEMAS

En su opinión, "debería formar parte de la cultura democrática de nuestro país" y por ello "esa ha sido siempre la disposición del presidente" y lo que se ha venido reclamando al líder de la oposición, "que nos podamos sentar y hablar de los asuntos importantes de nuestro país.

Así, ha defendido que es "importante" tanto para el PP como para España el que Gobierno y oposición tengan "relaciones cordiales, intensas y permanentes en cuestiones de Estado, que es lo que llevaba reclamando el Gobierno".

Esta no es una demanda solo del Gobierno sino también "social", que "en los grandes temas, en los temas que nos sitúan como Estado tiene que estar el principal partido opositor, lo es la política internacional, lo son las emergencias y lo ha de ser por supuesto la renovación de los órganos constitucionales y por tanto el cumplimiento de la Carta Magna".

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', aún se recupera de las contusiones y lesiones que le provocaron el jueves pasado, a la salida de un conocido festival que se celebra en Marbella, cuando fue reducido por personal de seguridad. Fuentes cercanas al joven señalan que este martes denunciará los hechos ante la Policía.

Todo ocurrió cuando en la madrugada del jueves al viernes, y tras finalizar un concierto, Francisco Nicolás fue conminado a subir a uno de los autobuses lanzadera que transporta a los asistentes desde el recinto. Ya en la escalera del transporte, dado que aguardaba a un amigo y no llevaba la mascarilla puesta, se negó a subir, momento en el que fue reducido, según ha adelantado El Confidencial.

Las fuentes consultadas hablan de que recibió puñetazos y que luego fue llevado al suelo para ser reducido, y apuntan que ahora, cinco días después, el ojo derecho aún lo tiene dolorido y tiene afectado uno de los brazos por lo que le cuesta descansar por las noches.

La misma madrugada del incidente, Francisco Nicolás se acercó al Hospital Costa del Sol donde, en el informe el personal anotó que el varón de 27 años explicó que había sufrido una agresión por parte del personal del festival: "Le han golpeado dándole puñetazos y le han tirado al suelo retorciéndole el brazo derecho. No pérdida de conocimiento", indicaron en el apartado de 'historia actual'.

EL OJO Y EL CODO DERECHO

De esa exploración, los médicos de urgencias del hospital señalaron que presentaba un hematoma en el ojo derecho con "hemorragia subconjuntival", y que tenía "dolor y tumefacción en el codo derecho". Para asegurarse de que al paciente le podían dar el alta, le realizaron una radiografía (TAC) cráneo facial, tras lo cual anotaron que no había alteraciones morfológicas, ni áreas de atrofia, ni lesiones expansivas.

La radiografía del codo derecho, el que usaron para reducirle, arrojó que tampoco tenía lesiones óseas agudas, a pesar de lo cual se decidió mantener al paciente en observación hasta que a las 05.52 horas le dieron el alta clínica recetando paracetamol para los dolores. Como 'juicio clínico principal' reflejaron en el informe que se trataba de un policontusionado, y como juicio secundario "traumatismo craneal, conmoción sin pérdida de conciencia o amnesia, traumatismo facial, contusión en codo y hemorragia (...) en el ojo derecho".

Ese mismo día, en el Hospital Costa del Sol, y con membrete de la Junta de Andalucía, se rellenó el formulario del parte lesiones protocolario que en su caso se deberá remitir al juzgado con la descripción de la asistencia sanitaria.

La portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha exigido que "si el Gobierno de España quiere denegar la declaración del Mar Menor de zona gravemente afectada por emergencia civil que lo diga, pero que no invente excusas, porque ninguno de los motivos aducidos tienen soporte en la norma".

Así ha reaccionado Guardiola tras conocerse la decisión del Gobierno de España de "dejar al Mar Menor fuera de la lista" y ha denunciado que "detrás de esta decisión hay motivos políticos diseñados con el único objetivo de atacar a la Región". Por ello, ha pedido que "nos digan en qué artículo de la norma se basan para denegarlo porque estos no lo son".

Al hilo, la 'popular' ha recordado que "en concreto, en el artículo 23 se recoge que, para dicha declaración, se tendrá en cuenta que se hayan producido daños personales o materiales, así como la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

Así que, ha señalado que "si alguien del Gobierno de Sánchez hubiera aparecido durante estos 8 días, hubiera constatado, de primera mano, hasta qué punto es grave esta crisis medioambiental porque qué más quiere Sánchez que pase para tomar conciencia de ello".

Ante este escenario, la diputada del Partido Popular ha advertido que "tenemos un riesgo muy grande de sufrir otra DANA y que colapse el Mar Menor". Si esto sucede, Pedro Sánchez "será cómplice, porque su sectarismo es enfermizo. Le da igual un desastre ambiental y el sufrimiento de todos los vecinos de la comunidad de Murcia".

Y ahora "la ministra Ribera llega la última, después de una semana sin ninguna noticia y sin hacer ninguna llamada. Tarde y mal, como siempre", ha puntualizado la diputada del PP. "Después de más de una semana de sufrimiento, nadie del Gobierno de España ha hecho nada", lamenta.

Guardiola ha subrayado que "una vez más, es evidente el lugar que ocupa la Región de Murcia para el Gobierno de España", quien "solo se acuerda del Mar Menor para hacer campaña electoral, como en 2019, cuando Sánchez prometió todos los recursos y su recuperación". Si embargo, "dos años después recogemos cero actuaciones y cero euros, nos volvió a mentir, como es su costumbre".