La XXIV Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca estará marcada principalmente por el plante a esta cita del presidente catalán, Pere Aragonés, y por las quejas de algunas Comunidades Autónomas, principalmente del PP, por el formato de esta reunión, criticando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya incluido tan solo dos puntos en el orden del día y que los mandatarios autonómicos dispongan nada más que de cinco minutos para exponer sus planteamientos.

Aragonés ya anunció su negativa a acudir a esta Conferencia pese a que se lo pidió expresamente Sánchez en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en el Palacio de La Moncloa. A lo que sí acudirá el Gobierno catalán será a la Comisión Bilateral con el Ejecutivo central que se celebrará en Madrid el 2 de agosto, apenas tres días después de esta reunión con el resto de mandatarios autonómicos.

El propio Sánchez ha lamentado esta misma mañana que Aragonés no vaya a asistir porque, según ha dicho, más allá de que «sean independentistas», se tratarán temas «muy importantes». También algunos presidentes autonómicos, como el de Castilla-La Mancha o el de la Comunidad Valenciana, han pedido a su homólogo que se replanteara esta decisión. «Es mejor ir a Salamanca que tanto viaje a Waterloo», ha dicho Emiliano García-Page.

«CESIONES» A URKULLU

El que sí que acudirá finalmente a esta cita multilateral será el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, cuya presencia estaba en el aire hasta el día de ayer, cuando confirmó que iría a la Conferencia de Presidentes tras conseguir que el Gobierno central accediera a convocar este jueves la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Precisamente, este cambio de guión en el lehendakari Urkullu tras conseguir la convocatoria de la Comisión Mixta ha provocado la crítica de algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, que calificó de «cesión» este logro por parte del mandatario vasco.

Por su parte, Page ha celebrado que Urkullu asista finalmente a la Conferencia de Presidentes autonómicos pero ha pedido que «no existan privilegios» entre las autonomías. «Asumo plenamente el contenido constitucional y agradezco que vaya el Lehendakari. En los últimos meses le he ido conociendo más y he querido ver una actitud muy responsable», aseguraba.

CRÍTICAS POR EL FORMATO

Esta Conferencia de Presidentes se celebrará entre las quejas de algunas Comunidades Autónomas por no especificar ningún contenido de la reunión. Según fuentes autonómicas, el Gobierno remitió un breve correo electrónico en el que solo indicaba el día de la reunión y el lugar.

Además, estas mismas fuentes especifican que los presidentes autonómicos dispondrán de un breve espacio de tiempo de palabra para plantear su exposición. Ante esto, el Gobierno ya ha remitido un correo en el que detalla el orden del día de esta Conferencia.

En cualquier caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que esta Conferencia de Presidentes será la última a la que acuda hasta que estos encuentros empiecen a «ajustarse a reglamento». Según ha asegurado, estos espacios deberían convocarse con mínimo 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y debatido antes de reunirse.

«Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (…) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo», ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que ve «bastantes razonables» las críticas y peticiones de otros dirigentes autonómicos que han puesto el foco en que la Conferencia de Presidentes no se ajusta a la normativa de este tipo de citas.

LAS CCAA DEL PSOE PIDEN NO UTILIZARLA DE FORMA PARTIDISTA

Por su parte, las Comunidades Autónomas que están gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Extremadura, entre otras, han pedido que este foro multilateral no se convierta en una tribuna en la que pedir cosas de forma partidista.

De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha dirigido expresamente esta mañana a los ‘barones’ del PP para pedirlos que utilicen este foro para el «diálogo» y no para una «lucha partidista», poniendo en valor la «unidad» para la recuperación.

Uno de estos ‘barones’ socialistas, el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado la importancia que a su juicio tiene la Conferencia de Presidentes, ya que es el único espacio donde se reúnen los mandatarios autonómicos, aunque ha abogado por «reglamentarla» y «en la primera oportunidad», incluirla en la Constitución Española.

ABRIR EL DEBATE DE LA FINANCIACIÓN

Asimismo, varias CCAA quieren aprovechar este foro para plantear ante Sánchez el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. De hecho, las autonomías están divididas en al menos dos bloques: las que defienden que se atienda al coste de la prestación de servicios por habitante y las que reivindican que sea el criterio poblacional el que prime.

A lo largo de estas semanas las autonomías han vuelto a reivindicar la reforma del modelo de financiación autonómica en medio de la polémica por la intención de Cataluña de abordar este asunto en la Mesa de Diálogo con el Gobierno.

Así, Andalucía y la Comunidad Valenciana mantuvieron la semana pasada una reunión con la que pretenden buscar un frente común junto a Murcia y a Castilla-La Mancha para plantear una propuesta al Ministerio de Hacienda de reforma del modelo de financiación autonómica.

Del otro lado, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que hay contactos entre comunidades autónomas para ir con posiciones compartidas en el tema de la financiación. Al respecto, se ha referido a la Declaración de Zaragoza de septiembre de 2018, suscrita por varias autonomías con problemas de despoblación, y que es un «documento muy potente para caminar millas»: «Aragón está alineado con quienes comparten nuestros problemas y no nuestra ideología».

FONDOS EUROPEOS

El presidente del Gobierno anunció la celebración de este órgano de reunión con los mandatarios autonómicos, que llevaba sin convocarse desde el pasado 26 de octubre de 2020, con la intención de abordar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la llegada de los fondos europeos.

Las Comunidades Autónomas ya han ido avanzando a lo largo de esta semana lo que plantearán a Sánchez en esta Conferencia de Presidentes, y además de abrir el debate sobre la financiación autonómica, los mandatarios defenderán sus proyectos para la recepción de estos fondos europeos.

En este contexto, Lambán trasladará que «es la hora de las comunidades autónomas que defienden la unidad de España». «Hay quien tiene una prevención, no se si excesiva o atinada sobre que los fondos europeos pueden ir a parar al País Vasco y Cataluña que, secularmente, ha recibido más aportaciones de fondos y atención por parte del Estado. Creo que ha llegado la hora del resto de las comunidades autónomas que conforman el resto de España», ha subrayado.

Otro de los puntos que se abordará será la situación epidemiológica de España y la situación de la campaña de vacunación. Así, autonomías como La Rioja, Asturias, Andalucía o la Comunidad Valenciana han adelantado ya su predisposición a hablar sobre estos asuntos.

La secretaria general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado este jueves, frente a la verja de Gibraltar, que «hay que cerrar la verja para ahogar cualquier posibilidad de acceso a Gibraltar, sea terrestre, marítimo o aéreo porque se está ante una cueva de auténticos piratas, con el pirata mayor al frente, el señor Picardo», y ha añadido que «quienes pagan las consecuencias son todos los ciudadanos, de manera particular, que viven en el Campo de Gibraltar».

En declaraciones a los periodistas, Olona ha detallado que «acabar el viaje en la verja de Gibraltar es algo que hace particular ilusión por tener la oportunidad, en representación de Vox y de millones de españoles de decir alto y claro ‘Gibraltar español'».

En este sentido, ha apuntado que «hay que defender la soberanía española y, desde luego, hay que dejar de ser cómplices de unas mafias y del narcotráfico de élite que opera en el Campo de Gibraltar». Al mismo tiempo, ha anunciado que va a reunirse «con más de 20 asociaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite» que le han explicado «cómo son las circunstancias tan desastrosas bajo las que operan y protegen la seguridad en el Campo de Gibraltar».

De esta forma, Olona ha desarrollado que ha acudido a Gibraltar «a elevar también la voz en su nombre porque el Ministerio del Interior les tiene abandonados y les hace poner en riesgo sus vidas cada vez que salen a las calles a defender la seguridad y el orden público» porque «hay un narcotráfico de élite, que es el que opera en el Campo de Gibraltar, y unos agentes que reclaman que se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que de una vez rija en España el principio de autoridad, porque se advierte un cambio evidente en el modus operandi de los narcotraficantes que no ha ido acompañado de una evolución necesaria en los medios materiales y personales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden hacer frente a esta amenaza».

Por otra parte, la secretaria general ha argumentado que «Vox reclama, como medida inmediata, el cierre automático y absoluto de la verja para ahogar cualquier posibilidad de acceso terrestre, marítimo o aéreo, a Gibraltar», aunque ha matizado que «para ser una medida que no sea una irresponsabilidad para los trabajadores que cada día acuden a Gibraltar, tiene que ir acompañada de unas medidas de apoyo adecuadas, pero no se puede seguir siendo cómplices de un chantaje y de una invasión de un territorio español».

No obstante, ha insistido en que «sólo Vox dice alto y claro que un país que no defiende sus fronteras es como una casa que no tiene paredes, no es un hogar» y ha recordado que «la primera obligación de un Gobierno es defender de manera efectiva sus fronteras, y este Gobierno no lo está haciendo, por eso Gobiernos como el marroquí lo que hacen con España es someterla a un chantaje que va incrementando, hasta el punto de llamar a Ceuta y Melilla territorios ocupados, pero con Vox habrá soluciones».

Por último, en relación a la supuesta orden de detención emitida por las autoridades gibraltareñas contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, Olona ha recordado que «se habría emitido una orden de detención con ocasión de una actuación de la que hay que sentirse orgullosos, porque él y otros valientes españoles vinieron a Gibraltar y, frente a unas autoridades desleales, que lo que estaban haciendo era arrojar al mar bloques de hormigón para impedir que los pescadores españoles pudiesen faenar en las aguas españolas, lo que hizo fue recoger esos bloques de hormigón que hoy se luce con orgullo en la sede de Vox en Madrid».

El portavoz de Hacienda del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha instado al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, a «alzar la voz» este viernes en la Conferencia de Presidentes y exigir una financiación autonómica justa ante el «ninguneo» del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

«Que se plante ya ante Sánchez por que nos ningunea y se ríe de los valencianos», ha urgido al líder del PSPV un día después de la reunión de la ministra con los consejeros de Hacienda. María Jesús Montero anunció un CPFF antes de fin de año para presentar las conclusiones respecto a los criterios para la reforma de la financiación.

El ‘popular’ ha denunciado que «los valencianos han vuelto a perder 1.136 millones de euros entre entregas a cuentas y fondos COVID», con lo que «la Comunitat ha vuelto a salir perjudicada por el Gobierno». «Nos vuelven a castigar», ha lamentado a los periodistas en el parlamento.

A su juicio, aunque el CPFF aprobó un aumento de las entregas a cuentas para 2022 y esto «en principio parece una buena noticia para todos», ha advertido que «pronto se convierte otra vez en un desagravio para los valencianos».

«La media de todas las comunidades es del 6% más y la Comunitat solo va a recibir un 5,5%; somos de las comunidades más castigadas por el modelo de financiación. Cuando se va a ayudar a los territorios con fondos extraordinarios, nos vuelven a dejar a la cola y el Consell callado, sin rechistar, sin levantar la voz», ha aseverado.

«SÁNCHEZ NOS HURTA 73 MILLONES»

Ante esta situación, ha insistido en que «Puig que se plante ya» porque ve intolerable que «se reparta más dinero pero los valencianos sigan recibiendo mucho menos de lo que les corresponde». «A los 1.058 millones que hemos perdido –ha ahondado–, Sánchez nos acaba de hurtar 73 millones a todos los valencianos. 73 millones para sanidad, educación y políticas sociales».

Para el diputado del PP, se trata de un grave problema para los valencianos que demuestra que «Puig no pinta nada y Sánchez se está riendo en la cara de todos los valencianos».

También ha denunciado que no habrá fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación, alertando que la Comunitat seguirá «pagando la falta de iniciativa y el miedo de un gobierno preso por sus socios». «No podemos consentir que se chantajee a las comunidades autónomas: los valencianos queremos justicia, que nos paguen según nuestras necesidades y que no nos ninguneen», ha reiterado.

Por todo ello, el ‘popular’ ha reclamado que Puig «alce la voz de una vez por todas» en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Salamanca y que pida el cambio de modelo de financiación de manera inmediata: «Ya no puede ser sine die, hay que concretar ya».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves la aspiración de que un general español asuma el próximo año la misión de Naciones Unidas desplegada en Líbano y lo ha señalado como un «compromiso» con Naciones Unidas y con la paz.

Robles ha hecho este anuncio durante su segunda jornada de visita a las tropas españolas en Líbano después de habérselo trasladado ya de forma informal este miércoles mediante videoconferencia al vicesecretario general para Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix.

Actualmente la misión UNIFIL está liderada por el general de división del Ejército Italiano Stefano del Col y suma cerca de 11.000 ‘cascos azules’ de 45 países.

España cuenta en el país con algo más de 600 efectivos y lidera la Brigada Multinacional Este, que en total está compuesta por unos 3.500 militares de nueve nacionalidades. Robles ha apuntado que el mandato de la misión no implicaría un aumento de los efectivos españoles.

Sería la segunda vez que un general español asumiera el liderazgo de esta operación de la ONU. La primera fue entre los años 2010 y 2012 bajo el mando del general Alberto Asarta, ahora diputado de Vox. Además, España ya lo intentó en anteriores ocasiones sin que su candidatura lograra el éxito.

La misión tiene como objetivo la vigilancia del cese de hostilidades en la denominada ‘blue line’ en la frontera entre Líbano e Israel. Precisamente Robles ha visitado este jueves una posición de observación de la Brigada española en la ‘Blue Line’ acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro López Calderón, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y el comandante del Mando de Operaciones, el teniente general del Ejército del Aire Francisco Braco.

En este sitio, Robles ha agradecido todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas libanesas, que cuenta con el acompañamiento y asistencia de la Brigada Multinacional para poder en un futuro asumir el control de la zona.

Previamente, han asistido a una reunión de coordinación de la Brigada, con todos representantes de los contingentes extranjeros, y han recorrido algunas instalaciones de la base ‘Miguel de Cervantes’, sede de la Brigada Multinacional del Este que lidera España en el marco de la misión UNIFIL.

En el hospital de campaña ROLE 1 (equipado con sala de emergencias, hospitalización y estabilización), el coronel Bullido y la comandante Córdoba han explicado cómo funciona la teleasistencia médica.

Asimismo, se han detenido en la unidad canina para conocer a sus cuatro perros (Ita, Tai, Mora y Fox) capaces de detectar explosivos, una capacidad imprescindible para nuestras las Fuerzas Armadas.

Además, Robles ha inaugurado un proyecto de colaboración antiincendios con la defensa civil y ha sostenido que «España puede sentirse muy orgullosa» del trabajo de las Fuerzas Armadas en Líbano. «No cabe mayor honor en la vida que poder servir a España defendiendo la paz en el mundo», ha sostenido.

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha criticado el «juego sucio» de quienes «ya ven al PP como la única alternativa de gobierno» y ha negado cualquier incremento irregular de su patrimonio argumentando que nunca ha hecho una amortización extraordinaria de un préstamo hipotecario y asegurando que siempre lo hizo mes a mes hasta que salió del préstamo tras su divorcio.

Prohens ha comparecido en la sede del PP a raíz de una denuncia anónima presentada ante la Oficina Anticorrupción que la acusa de haber incrementado su patrimonio de manera no justificada entre 2015 y 2019. La denuncia habla de una amortización de 160.000 euros de un préstamo hipotecario.

La líder del PP ha asegurado –lo ha hecho mostrando documentación bancaria y sobre su divorcio– que mes a mes entre 2016 y 2019 hizo las amortizaciones constantes y ha negado un incremento no justificado.

Según ha explicado, además, tras su divorcio en 2019 salió del préstamo de la vivienda en la que residía con su exmarido, que quedó como propietario del inmueble.

«Haré todo lo que esté en mi mano para saber quién e incitado por quién ha presentado esta denuncia anónima generando esta situación personal de indefensión», ha señalado.

Visiblemente emocionada en algunos momentos de su comparecencia, Prohens ha criticado duramente que se haya utilizado «un proceso duro» como el de un divorcio. «Nunca imaginé que tuviera comparecer para dar explicaciones de mi vida personal», ha añadido.

«DOLIDA PERO TRANQUILA»

La presidenta del PP se ha mostrado «dolida pero tranquila» y ha criticado que se trate de una denuncia anónima que, a su juicio, «falta a la verdad».

Además, Prohens ha asegurado que ya se está trabajando para averiguar quién está detrás de la denuncia presentada el 20 de julio ante la Oficina Anticorrupción, que permite la presentación de denuncias anónimas.

En este sentido, ha animado al denunciante o denunciantes a salir del anonimato y presentar la denuncia ante los tribunales.

Aunque sin concretar en el posible origen de la revelación y la filtración, Prohens ha hecho hincapié en que se produjo solo cuatro días antes del congreso que la situó al frente del PP, por lo que la ha achacado a quienes ya ven al PP «como la única alternativa» al gobierno.

«La izquierda está nerviosa, pero no todo vale», ha reiterado, al tiempo que ha alertado de la «intencionalidad de hacer daño» que ha quedado manifiesta.

Prohens ha defendido, además, su voluntad de transparencia argumentando que se ha presentado ante los medios cinco horas después de conocerse la información, «el tiempo que ha tardado en recopilar la información fiscal y bancaria».

La presidenta del PP de Baleares ha insistido en que lamenta profundamente que su exmarido –«una persona honrada y el padre de mi hijo»– se esté viendo involucrado en este asunto por una denuncia «anónima y cobarde».

DECLARACIONES DE BIENES

Respecto a sus declaraciones de bienes y de IRPF en el Parlament, Prohens ha justificado que en la anterior legislatura no era obligatorio presentarlas y ha añadido que en 2019 no la presentó porque ya estaba en el Congreso y que tampoco la presentaron otros parlamentarios que abandonaron la Cámara autonómica.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de la querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio en relación con hechos presuntamente cometidos contra miembros del pueblo saharaui entre 1975 y 1990, al considerar que hay una «manifiesta insuficiencia» de indicios que apunten a que participó en las presuntas torturas.

ASADEDH denunció que agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y de la seguridad argelina cometieron numerosos abusos, que describe como torturas, en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que comprendería entre 1975 y 1990.

Calificó lo sucedido de presuntos delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, si bien el magistrado considera que la responsabilidad penal por estos hechos ha expirado porque el Código Penal aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.

Pedraz argumenta además que, incluso si se aplicara el actual Código Penal, «las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio», por cuanto no observa la «intención conjunta» de los acusados de «destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen», aduciendo asimismo que «no hay rastros de esos subgrupos» en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.

Contesta de esta forma a ASADEDH, que en su querella sostenía que el Frente Polisario llevó a cabo una «limpieza étnica» desde mediados de los años 70 contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

Sin embargo, para el instructor, «se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada y evitar la aplicación de la figura de la imprescriptibilidad del delito de genocidio contemplado en el Código Penal actual».

TESTIMONIOS DÉBILES

El juez señala también que en los testimonios escuchados hasta ahora «se aprecia una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación de Ghali», lo cual «resta credibilidad» a los mismos.

Pedraz observa las mismas «contradicciones» denunciadas por la defensa entre las afirmaciones de la querella sobre la participación de Ghali en los hechos denunciados y las declaraciones de los testigos en sede judicial.

El último testigo en comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 fue la de Ahmed Tarouzi el pasado martes. Según su relato, estuvo detenido entre 1982 y 1995 en una cárcel del Frente Polisario en Tinduf donde sufrió torturas. En concretó, afirmó que le arrancaron dientes, le quemaron con cigarros y hierros candentes, prácticas que le habrían dejado cicatrices por todo el cuerpo.

Tarouzi atribuyó las torturas que sufrió a miembros del Frente Polisario y militares argelinos. Interrogado directamente sobre Ghali, contestó que le vio varias veces en la prisión dando órdenes.

OTRA QUERELLA CONTRA GHALI

La querella de ASADEDH se presentó inicialmente en 2008 contra trece miembros del Frente Polisario, si bien posteriormente se amplió a más de una veintena, incluido Ghali, y a cuatro militares argelinos. La querella seguiría viva, por tanto, respecto al resto de acusados.

Hay que tener en cuenta además que Pedraz tiene en sus manos una segunda querella contra Ghali. Se trata de la presentada en 2020 por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requisaron durante 2020 un total de 9.229 artículos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual y que están valorados en 862.401 euros. Adicionalmente, los agentes investigaron 138 posibles infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual que afectaron a 133 presuntos infractores.

Así se refleja en el Balance 2020 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual publicado este jueves por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y Deporte –en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio–.

Este documento recoge el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d’Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

En esta línea, las investigaciones policiales permitieron esclarecer el 59% de los casos. La lista de actuaciones la encabeza la Comunidad Valenciana con 24, Andalucía terminó con 22, Cataluña con 21 y Madrid finalizó el año con 18 intervenciones, lo que los convierte en los territorios con más casos investigaciones durante 2020.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es el territorio donde se intervino un mayor número de objetos con 5.278 productos del total, seguida por Cataluña con 1.495 y la Comunidad Valenciana con 1.083 objetos.

En este contexto, el balance señala que la mayor parte de las incautaciones policiales realizadas durante 2020 se han llevado a cabo en naves, fábricas o almacenes lo que supone el 72,7% siendo el 13,4% de los decomisos en establecimientos, locales u otros recintos

BLOQUEAN OCHO WEB INFRACTORAS Y 107 DOMINIOS

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual –Sección Antipiratería– del Ministerio de Cultura y Deporte bloqueó en 2020 ocho páginas web infractoras a través del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

Así, estos bloqueos se llevaron a cabo a partir de las denuncias presentadas por titulares de derechos de propiedad intelectual, cuyos contenidos estaban siendo explotados sin su autorización.

Al amparo del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Ministerio de Cultura solicitó a la entidad pública empresarial Red.es la cancelación de los nombres de dominio «.es» de las webs denunciadas.

En este sentido, en las web denunciadas se había constatado la ausencia de datos identificativos de sus responsables que permitieran comprobar su veracidad y exactitud. De esta forma, hasta 2020 Red.es ha cancelado once nombres de dominio a solicitud de la Sección Antipiratería.

Así las cosas, las 15 respuestas emitidas por Cultura y Deporte han afectado, directamente, a 107 dominios infractores, a más de 321 subdominios y a cientos de miles de URL vulneradoras que enlazaban ilegalmente a contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, permitiendo su suspensión o bloqueo.

Interior ha recordado que la vulneración de derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como a través de Internet, puede constituir un ilícito civil ante el que cabe la interposición de la correspondiente demanda con el fin de indemnizar el daño causado y, en los supuestos más graves, un ilícito de naturaleza penal.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este jueves un cambio de «inercia» en las políticas públicas del Gobierno y ha insistido en que los fondos europeos destinados a la reconstrucción tengan en cuenta la lucha contra la despoblación, el medio rural, la España interior «que durante décadas ha estado olvidada de las grandes inversiones».

Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa ‘Espejo público’ de Antena 3 y donde se ha referido a la Conferencia de Presidentes que este viernes se celebra en la capital salmantina.

Alfonso Fernández Mañueco ha lamentado que no haya habido un trabajo «previo» a esta Conferencia de Presidentes que hubiera permitido llegar a acuerdos ya que, según sus propias palabras, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, o en las sectoriales que se han celebrado estas semanas «ha sido un diálogo exclusivo del Gobierno diciendo a cada Comunidad te toca este dinero y lo tienes que gastar de esta manera».

Y esta postura «de imposición y no dialogar», según el presidente de la Junta de Castilla y León «no es buena tarjeta de presentación» por parte de Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado a las comunidades, a través de la CPFF que en 2022 no habrá un fondo covid no reembolsable, ha recordado Fernández Mañueco, quien considera que el presidente del Gobierno «actúa como si no hubiera pandemia», ya que ni coordina a las diferentes autonomías ni les da un instrumento jurídico «intermedio» al Estado de Alarma.

Asimismo, ha lamentado que, al igual que en las cumbres de jefes de Estado o de países como el G-8 siempre hay un trabajo previo preparatorio, no haya sido así en el caso de la Conferencia de Presidentes, ya que este trabajo previo permitiría llegar a «acuerdos» a cuestiones como los fondos europeos destinados a la recuperación.

Y es que según Fernández Mañueco, «es fundamental» que esos fondos «apuesten por la lucha contra la despoblación, por el medio rural, por la España de interior, que durante décadas ha estado olvidada de las grandes inversiones» por lo que le ha pedido a Sánchez «un cambio de inercia de las políticas públicas» del Gobierno central.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha tachado de «error» que haya una Comunidad, Cataluña, que esté en el encuentro de Salamanca, ya que, como ha recordado Fernández Mañueco, en «prácticamente todas las conferencias de presidentes», durante la pandemia, ha estado el anterio responsable de la Generalitat, Quim Torra.

Por ello, a Fernández Mañueco le da que pensar que esta ausencia de Pere Aragonés sea porque «puede haber una negociación bilateral, especial, con la Generalitat, a espaldas de las otras comunidades. Lo que hay que rechazar».

Sobre el Lehendakari, Iñigo Urkullo, que hasta este miércoles no confirmó su presencia, ha explicado que el País Vasco tiene una fiscalidad diferente, pero ha rechazado «que haya excepciones» porque , «lo que es común a todos debe ser negociado por todos».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado la prórroga hasta el 5 de agosto del toque de queda solicitada por el Gobierno foral entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo extremo por la Covid-19 durante los fines de semana, en festivos y en las fechas (incluidas las vísperas) en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales.

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que se trata de «una medida idónea, esto es, eficaz para la contención de los contagios al evitar la interacción social en momentos en que se relajan las medidas de prevención como el uso de mascarilla y la distancia social», ha informado el TSJN.

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, esta medida «es necesaria dada la gravedad de la situación con un ritmo de contagios que colocan a las poblaciones en las que se establece en riesgo extremo y puesto que el adelanto del cierre de locales de hostelería a la 01:00 horas, medida que también incide en el ocio nocturno acordado por Orden Foral 22/2021 y prorrogada por la Orden Foral 24/2021, no ha sido suficiente para controlar la expansión del virus en las localidades para las que se propone la limitación de la circulación nocturna».

Al respecto, el tribunal recuerda que la medida se considera «proporcionada» porque se adopta en el «mínimo imprescindible» para reducir la cadena de contagios, toda vez que no impide la movilidad de forma absoluta, ya que existen varias excepciones a dicha limitación y no se extiende a toda la Comunidad foral, sino que es aplicable únicamente en los municipios en riesgo y no se aplica todos los días de la semana.

Asimismo, la Sala ha autorizado la prórroga hasta el 2 de septiembre del resto de restricciones, como la limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, que quedó fijado en 10. Además, los jueces avalan el mantenimiento de la suspensión de kalejiras y pasacalles, comidas populares y festejos taurinos.

«También desde el punto de vista temporal, se consideran proporcionadas en las circunstancias actuales de la evolución de la pandemia, en la que hay que mantener un nivel de prudencia alto en la flexibilización de las medidas porque, como se destaca en la Orden Foral, el alto número de casos acumulados hace prever un mayor incremento de hospitalizaciones en las semanas próximas que debe ralentizarse para evitar que impacte en la planificación de la actividad no COVID-19 del hospital, como así ha ocurrido en otras olas anteriores», subrayan los magistrados.

La Organización Colegial de Enfermería y la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC) han solicitado al Ministerio de Sanidad que las embarazadas sean reconocidas como grupo de vacunación prioritario, dado el elevado riesgo de complicaciones si contraen la enfermedad. Además, han reiterado su recomendación para que las embarazadas se vacunen ya que son «seguras y eficaces» para ellas.

«En un primer momento las embarazadas quedaron excluidas de la vacunación frente al Covid-19, porque no había estudios científicos que la avalaran. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la evidencia científica lo primero que debemos tener claro es que las vacunas de ARN mensajero, que son las que se han analizado en este colectivo, son seguras y eficaces también para las mujeres embarazadas, por lo que enfermeras y matronas, enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia deben recomendar la vacunación a las pacientes en sus consultas, tanto en el embarazo como en la lactancia», ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

A este respecto, el presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, ha recordado que con esta vacuna se está protegiendo a la mujer de los riesgos derivados de infectarse por coronavirus durante el embarazo, evitando así que se convierta en un embarazo de riesgo. «Si se contagia durante la gestación tiene más riesgo de desarrollar un COVID-19 grave, pero también de parto prematuro, preeclampsia y trombos», ha subrayado.

De hecho, la vocal matrona del CGE, Montserrat Angulo, ha recordado recuerda que sobre todo si está en el tercer trimestre, la evidencia científica dice que hay más riesgo de que el bebé llegue antes de tiempo, que tenga un parto pretérmino. «Si ella se vacuna va a pasar inmunidad a su bebé, con lo que en el nacimiento estará protegido frente al Covid-19. Por ello, lo que se está recomendando es la vacunación», ha añadido.

De hecho, para resolver todas las dudas que plantean las embarazadas, o en periodo de lactancia, frente al COVID-19, el CGE y ANENVAC publicaron a primeros de julio una infografía y un vídeo animado. En ellos se cubren todos los aspectos relacionados con la vacunación para mujeres en edad fértil, tanto antes del embarazo, como en la lactancia o en caso de tratamientos de fertilidad.

«Así, según la última evidencia disponible, lo que sabemos es que no es necesario ni posponer ningún tipo de tratamiento de fertilidad o de fecundación in vitro, ni esperar ningún tiempo para buscar el embarazo. La vacuna ni causa infertilidad ni aumenta el riesgo de aborto espontáneo. La única precaución es evitar la vacunación tres días antes y después de someterse a una recuperación de ovocitos, transferencia de embriones o inseminación, pero por poder vigilar mejor los posibles efectos secundarios del tratamiento, no porque suponga ningún problema con la vacunación», ha subrayado Angulo.

Tampoco supone ningún tipo de inconveniente con la lactancia, más bien al contrario, pues a través de la leche materna, la inmunidad que adquiere la madre se transmite al bebé. Al final, la última decisión será de la madre, pero en caso de duda recomiendan que valore con su matrona o con el profesional sanitario de referencia que controle su embarazo, su nivel de riesgo a la exposición, pues no es lo mismo estar teletrabajando que atendiendo al público, así como los riesgos de contraer la enfermedad tanto para la madre como para el bebé, así como los beneficios que ya se conocen de la vacunación y la evidencia de la seguridad de la vacuna en el embarazo.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de cinco años y siete años de prisión a los dos patrones de una patera que fue interceptada con 13 personas más a bordo en agosto de 2020 después de que ambos intentasen huir de la Guardia Civil con «maniobras evasivas» que pusieron en «peligro» a la patrullera.

La sentencia de la Sección Tercera, impone a N.B. y a M.S.I., de 24 y 30 años, cinco años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y siete meses de prisión por sendos delitos de resistencia a la autoridad.

El tribunal considera probado que, de común acuerdo y con la intención de enriquecerse ilícitamente, promovieron de forma directa la inmigración clandestina de personas con destino España.

Indica que, en ejecución de dicho plan, junto a 13 personas, salieron en la madrugada del 14 de agosto de 2020 desde Orán (Argelia) a bordo de una embarcación de fibra de cinco metros de eslora por dos de manga, con motor fueraborda de 115CV, con una bomba de achique que no funcionaba, y «sin pericia ni capacitación técnica ni práctica exigida para navegar en alta mar, usando un GPS portátil, así como repostando combustible».

La embarcación fue detectada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a 15 millas náuticas de las costas de Almería pero cuando la patrullera se aproximó para que detuviera la marcha, el tribunal señala que los acusados, sin respetar las señales de detención, incrementaron la velocidad para no ser detenidos.

Media hora después, sin ser perdidos de vista por los agentes del Servicio Marítimo, la embarcación llegó cerca de la playa, y sin detener la marcha, los 13 ocupantes de la embarcación saltaron al agua y los acusados emprendieron la huida rumbo de vuelta a las costas argelinas, superando los 30 nudos de velocidad, según recoge el fallo.

Tras varias millas siguiendo su estela en persecución, la Guardia Civil le dio alcance y les indicó que detuvieran la marcha, pero los acusados, «lejos de deponer su actitud, con total desprecio al principio de autoridad y a la función que los agentes desempeñan, realizaron múltiples maniobras evasivas tales ciabogas con grave riesgo para la patrullera, que tuvo que recortarles varias veces, hasta que finalmente detuvieron la marcha», señala.

El tribunal relata que uno de los acusados arrojó al mar el GPS que portaba en la mano siendo recuperado e intervenido y destaca que ambos se le encontró encima 500 euros en efectivo.

Destaca para apreciar el subtipo agravado que, durante el viaje, ambos «pusieron en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo de la embarcación, al no reunir la misma las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar».

La sentencia detalla que la patera, por sus características técnicas, «no estaba capacitada para realizar trayectos de 100 millas náuticas» ni para el número de ocupantes que transportaba ya que la capacidad máxima era de la mitad.

Subraya el tribunal que el peso se vio «incrementado» además «por las garrafas de gasolina que portaban» en tal número, según concreta, «que creaba un gran peligro de incendio o deflagración a bordo tanto por ser sustancia volátil como por el modo de repostaje en movimiento mediante manguera».

Añade que carecían de equipo de navegación salvamento, contraincendios, achique o radiocomunicaciones, pues la embarcación «solo contaba con un chaleco salvavidas para 15 personas, un GPS portátil, un compás magnético, y los cubos con los que sacaron el agua de la embarcación por falta de funcionamiento de la bomba de achique».

«De igual modo, la falta de seguridad en la navegación se vio agravada por las características concretas del tráfico en la zona por la que discurrió la embarcación durante el viaje, al ser utilizado por 23 buques mercantes», concluye.