El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que más de un centenar de estudios y artículos científicos, tanto nacionales como internacionales, respaldan la necesidad de garantizar una asignación adecuada de pacientes por cada enfermera/o para evitar las complicaciones y riesgos en cualquier proceso asistencial, así como la mortalidad, los reingresos y el incremento del tiempo en las estancias hospitalarias.

SATSE denuncia que, mientras la evidencia científica a favor de garantizar una ratio segura de pacientes por cada enfermera es «absolutamente incuestionable», la ley que haría posible este objetivo en España lleva bloqueada en el Congreso de los Diputados cerca de 15 meses «por la grave negligencia política, incoherencia e insensibilidad de algunos representantes políticos». «Si bien la responsabilidad del Gobierno recae en el partido que recae», ha apuntado.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería recalca que la actitud «obstruccionista e irresponsable» de los políticos contradice también lo expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión a la pandemia de la Covid-19, cuando dijo que «elcriterio de la ciencia debe anteponerse a todo por el bien común».

Entre los estudios científicos que alertan de la seguridad asistencial, SATSE destaca el realizado por los expertos María Schubert, Sean Clarke, Linda Aiken y Sabina de Geest, que concluye que en los hospitales con una ratio de diez pacientes por enfermeraexiste un 37 por ciento más de riesgos de fallecimientos, mientras que el publicado por Jaana K. Junttila, Aija Koivu, Lisbeth Fagerström, Kaisa Haatainen y Pirkko Nykänen sostiene también que una elevada ratio de pacientes por enfermera provoca que el riesgo de fallecimiento aumente hasta trece veces más.

En el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de los hospitales, cuando la ratio supera los 2,5 pacientes por cada enfermera, el riesgo de fallecimiento se incrementa en 3,5 veces, según estudios realizados por Kate Bray, Ian Wren, y Andrea Baldwin, o por Antoine Neuraz, Claude Guérin y Cécile Payet, entre otros.

En el ámbito de las residencias y centros de mayores también se ha constatado una relación directa entre la ratio de residentes por cada enfermera y la aparición de mayores complicaciones, como es el caso del estudio de la experta Leah L. Curtin, que señala que una mayor ratio de pacientes conlleva un mayor número de pacientes diabéticos mal controlados.

«Existe un rotundo clamor científico en favor de garantizar la seguridad asistencial en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, por lo que no valen más excusas para que nuestro país cuente con una norma que establezca las líneas rojas que nunca se deben sobrepasar para que más de 47 millones de personas reciban la atención y cuidados que se merecen», ha concluido SATSE.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) han hecho un llamamiento a seguir trabajando por la igualdad real entre mujeres y hombres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la FAPE ha recordado que «todavía queda mucho camino por recorrer con el objetivo de lograr la igualdad real en un mundo en el que las mujeres se ven discriminadas tanto en el ámbito laboral como social».

Además, la organización que preside Nemesio Rodríguez ha resaltado que la pandemia vivida los últimos años «ha hecho crecer las diferencias, como ponen de relieve todas las estadísticas, y hace que sea más necesario que nunca seguir reivindicado que finalice la brecha salarial, que haya más mujeres en los cargos directivos de los medios y, por supuesto, que acabe el acoso y los ataques a las periodistas».

Igualmente, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha reivindicado de nuevo la igualdad para las mujeres periodistas, «quienes siguen registrando niveles de paro más altos que los hombres, una injustificada brecha salarial y dificultades para acceder a puestos directivos tanto en los medios como en las agencias de comunicación.

«La pandemia sigue causando un impacto negativo entre las profesionales del periodismo», ha recalcado la asociación que preside Juan Caño, que recuerda que sigue siendo mayor el porcentaje de mujeres periodistas que «se ven obligadas a acogerse a la condición laboral de autónomas presionadas por las circunstancias, con la mayor inestabilidad y los altos costes de impuestos y cotizaciones sociales que ello conlleva».

Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han reclamado «acciones urgentes para recuperar y mejorar las condiciones laborales y profesionales de las mujeres periodistas». «La pandemia de la COVID-19 ha impactado de manera muy específica en las profesionales de la información, con un incremento de la precariedad y la desigualdad, pérdida de calidad del empleo y peores condiciones de teletrabajo, ha incidido.

Por su parte, la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) considera que el aumento de las mujeres que trabajan por cuenta propia, el trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales y la «escasa» participación de las mujeres en los puestos directivos «configuran una realidad que daña a las trabajadoras en los medios de comunicación». «Hay que cambiar esta situación fomentando la contratación indefinida y limitando la contratación temporal», ha subrayado.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha editado la publicación digital ‘Hacia una comunicación inclusiva de la ciencia: reflexiones y acciones de éxito’ para abordar los principales aspectos que se deben tener en cuenta para el diseño y ejecución de proyectos de divulgación y comunicación científicas inclusivos.

Para ello, se han analizado estudios recientes sobre el tema y se ha contado con la colaboración de un equipo experto en este ámbito, así como con entidades que están trabajando en esta línea.

Se trata de una obra que aborda, a modo de libro blanco, aspectos fundamentales en torno a reflexiones sobre el acceso democrático y justo a la ciencia y las estrategias de comunicación científica inclusiva que se están desarrollando en proyectos ya implementados, a través de cuatro grandes áreas seleccionadas: género y situación sociocultural; grupos culturales y en riesgo de exclusión social; discapacidad; y personas LGTBI+. Estas áreas, aunque aparezcan como apartados separados, se han tratado desde una perspectiva interseccional.

Para la identificación de los proyectos que contienen actuaciones de éxito se han seguido los cuatro criterios de identificación, selección y análisis que emergen de los consensos de la comunidad científica y especialmente del programa Horizonte Europa: Avanzar hacia la inclusión; Evidencias científicas de impacto social; Replicabilidad y sostenibilidad; y Enfoque bottom-up. La selección final de las prácticas se ha realizado a través de un proceso de ‘open dialogic peer review’.

Para la identificación de los casos y acciones de éxito incluidos en la publicación, se ha contado con el trabajo de personas expertas en las áreas consideradas en el análisis: Milagros Sáinz Ibañez, Grupo de Investigación GENTIC del Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya; Teresa Sordé Martí, del Departamento de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona; Diego Ortega-Alonso, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén; y Gracia Trujillo Barbadillo, del Departamento de Sociología aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación científica del libro ha estado a cargo de José Ramón Flecha García, catedrático de Sociología de la Universitat de Barcelona. El libro contiene, además, artículos de Emily Dawson, del Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnología del University College of London y Londa Schiebinger, del Departamento de Historia de la Universidad de Stanford.

El equipo de PDICIENCIA, un proyecto de divulgación científica que acerca a la ciudadanía la cultura y el conocimiento científicos desde una perspectiva inclusiva, a través de un programa audiovisual que utiliza el arte, el humor, las redes sociales y las TIC como herramienta de comunicación, ha realizado un programa en su canal de YouTube sobre esta guía.

A través de una serie de entrevistas al equipo de trabajo, acercan al público contenidos importantes y necesarios para ampliar la transferencia del conocimiento científico a todo tipo de públicos, con especial énfasis en aquellos tradicionalmente alejados del mismo.

La publicación está disponible en formato digital en la web de FECYT para su descarga y consulta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este lunes como «situaciones extraordinarias» los diferentes intentos de asaltos vividos la pasada semana en la valla de Melilla pese a subrayar que «mantengamos el nivel de cooperación y coordinación excelente con las autoridades marroquíes».

Marlaska, ante las preguntas sobre la investigación de la respuesta policial ofrecida para reprimir el intento de asalto, ha subrayado el nivel de «violencia inusitada» de los asaltantes, que ha concretado en el uso de «garfios, palos más grandes que las defensas y en sus zapatos había tornillería» e indicar como corolario de la situación vivida que «50 guardias civiles y tres policías nacionales tuvieron heridas y algunos de ellos de entidad importante».

Durante una rueda de prensa en Cádiz, tras participar en la lectura del manifiesto del PSOE con motivo del 8M y presidir una reunión sobre el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para 2022 y 2023, Marlaska ha declarado que «garantizamos las fronteras porque estamos incrementamos el número de efectivos de Policía y Guardia Civil» al argumentar que «hemos recuperado 10.000 plazas netas de los 12.000 efectivos que se perdieron en los siete años con el Gobierno del PP».

El ministro del Interior ha explicado que «he estado este sábado y domingo en Melilla» para conocer la situación vivida el miércoles y jueves de la pasada semana, cuando ha detallado que en el primer día fueron 480 personas quienes lograron saltar la valla de Melilla y que el segundo lo hicieron otros 380, para poner de manifiesto que «había grupos de más de 2.000 personas, 2.500 personas, que intentaron hacer ese salto».

A esos dos intentos, Grande-Marlaska ha sumado un tercer intento el viernes protagonizado por otras 1.000 personas, por lo que ha querido remarcar la cooperación marroquí, así como que este país está afrontando «una presión migratoria importante».

El ministro ha querido poner de manifiesto que «tenemos unos efectivos dignos de ser mencionado» y la capacidad de respuesta ofrecida ante los episodios para «dar una respuesta importante, rápida», que ha concretado en «la entidad de los dispositivos materiales y tecnológicos» con que cuentan las fuerzas de seguridad españolas «para garantizar la integridad de la frontera».

«Un Estado de Derecho no se puede permitir fronteras agredidas ni que los agentes, como cualquier servidor público, sea agredidos», ha sostenido Marlaska sobre la situación vivida en Melilla, quien ha apuntado sobre la interpretación de los hechos que «siempre nos evaluamos sobre las acciones que desarrollamos como es propio en un Estado de Derecho».

«Estamos trabajando en la valoración, en la evaluación, en el análisis», ha indicado el ministro del Interior, quien ha apuntado sobre la presión migratoria que soporta Marruecos el hecho de que «si la Covid ha afectado a Europa, a países con músculo importante para afrontar el presente y el futuro ante la pandemia, en países con PIB muy inferiores esa situación conlleva también flujos migratorios importantes», por lo que ha esgrimido que España trabaja con la Unión Europea sobre «la dimensión exterior, y el desarrollo de África».

Marlaska ha recalcado «el trabajo, profesionalidad, eficacia y eficiencia» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía, en ámbitos como «el Campo de Gibraltar, Cádiz, o la Costa del Sol» para trasladar que «habéis podido comprobar que todos nos podemos sentir un poco más seguros».

Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación del Congreso, para reducir las desigualdades del alumnado en el ámbito de las actividades extraescolares.

Según la proposición, los ‘morados’ instan al Gobierno a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, actuaciones con el fin de garantizar el acceso a las actividades complementarias, de apoyo escolar y extraescolares directamente relacionadas con contenidos educativos al alumnado en situación de vulnerabilidad social y educativa.

La iniciativa también reclama al Ejecutivo colaborar con las comunidades autónomas en los proyectos educativos e iniciativas públicas que ayuden a ampliar la capacidad de personalización en la atención y las oportunidades de aprendizaje del alumnado, enmarcados en los programas de cooperación territorial en el desarrollo y aplicación de la legislación educativa vigente.

El grupo parlamentario subraya la existencia de dos «factores preocupantes». Por un lado, el crecimiento de la denominada «educación en la sombra» (clases particulares, tutorías privadas, academias de preparación, empresas que ofrecen estos servicios en línea) en España, y en segundo lugar, el «lujo» en el que se están convirtiendo las actividades extraescolares para los niños.

Sobre esto último, el Ministerio de Educación y FP señala, con datos de hace más de una década, que el 90% de los alumnos de Primaria dedica las tardes después de clase a actividades deportivas, aprendizaje de idiomas, música o baile. Pero la Encuesta de hábitos deportivos de población en edad escolar de 2018 de Barcelona destaca que solo el 48% de los menores tienen acceso a extraescolares no deportivas en la ciudad.

Así, para los de Unidas Podemos, el acceso a las actividades extraescolares se muestra como un «elemento importante» para reducir las desigualdades sociales, especialmente para aquellos sectores socioeconómicos más vulnerables.

El Arzobispado de Granada ha activado un dispositivo para recoger y acoger refugiados que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania, en el marco del cual prevé la apertura de parroquias que reúnan las condiciones, y de la Catedral si fuera necesario, y la movilización de familias que quieran ofrecer sus casas en un «momento de emergencia» que ha considerado «sin precedentes».

En una rueda de prensa en la que también ha anunciado que se adelanta la apertura de la iglesia de San Nicolás, patrón de Rusia, la cual está siendo restaurada, en el Albaicín, al próximo viernes para «orar por la paz» con un altar provisional, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha anunciado que ya se trabaja en el traslado de un autobús con 65 personas desde Polonia para que puedan ser alojados en la provincia, en el marco de un dispositivo en el que se sumarán también casas particulares, que cumplan con la seguridad necesaria.

«La mayoría» de los que vengan serán «mujeres y niños», ha advertido a este respecto monseñor Javier Martínez, quien ha incidido en este aspecto para señalar que antes abre la Catedral que poner en riesgo a estos refugiados, partiendo de la base de que «el pueblo granadino tiene una generosidad increíble».

De momento, los primeros refugiados llegan en la madrugada de este martes, segun ha especificado a los periodistas el sacerdote ucraniano Svyastoslav Myronyuk, que ha acompañado al arzobispo, y que alojará a seis familiares llegados desde Kiev, en Ucrania, en una casa del Albaicín, mientras su hermano se queda a luchar en la resistencia contra Rusia.

En cuanto a las parroquias, se les está escribiendo desde el Arzobispado para ponerles al tanto de esta iniciativa, con un formulario en que puedan estipular si reúnen o no las condiciones para acoger refugiados, además de espacios donde hacer acopio de medicamentos, alimentos no perecederos que puedan ser de utilidad, o ropa como botas australianas y calcetines de lana.

Lo importante no son los «donativos» sino «ponerse en movimiento», ha especificado el arzobispo, que ha incluido dentro de los espacios que se movilizan el propio edificio de la Curia, en el centro de Granada, frente a la Catedral; los seminarios mayor y menor; el Centro de Magisterio La Inmaculada y las casas de hermandad. En cuanto al adelanto de la apertura de San Nicolás, lo hace con una imagen de San Andrés, patrón de Ucrania, subida desde la parroquia de su nombre en la calle Elvira hasta el templo del Alto Albaicín.

«ESTÁN SIENDO CRUCIFICADAS»

Se ha congratulado, en este sentido, de que este año se puedan sacar las procesiones de Semana Santa a la calle, pero ha pedido reforzar la ayuda, también a las hermandades, y destacando que Cáritas ya está colaborando en los dispositivos de ayuda articulados, porque en estos momentos «hay otras imágenes del Señor que están siendo crucificadas».

Se ha emocionado al reconocer que este es un «toque a rebato» que se da a nivel europeo, tras comenzar su intervención incidiendo en que a sus 74 años el ataque a Ucrania ha supuesto un «momento sin precedentes en la historia» de su vida. «No vamos a dejar que nuestro corazón se enfríe».

Por su parte, el padre Myronyuk, que oficia con la comunidad ucraniana del rito bizantino en la parroquia del Santo Ángel, en el Zaidín, que enviaba hace una semana los primeros convoyes con ayuda humanitaria a la zona desde Granada, ha especificado a los periodistas que el grupo cuya llegada está prevista este martes son la mujer de su hermano, con cuatro niños de entre 13 y nueve años, y otra sobrina.

Ha agradecido en la rueda de prensa toda la colaboración que se está prestando desde España en estos momentos excepcionales, y ha indicado que desde la parroquia del Santo Ángel se busca otro local ante la necesidad de espacio para ayuda humanitaria llegada desde distintos puntos de la provincia, que asimismo se coordinará con el Arzobispado.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado un informe después de que una jueza de Trujillo elevara exposición razonada al Alto Tribunal en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Extremadura del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero. El Ministerio Público entiende que existen indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, según confirman fuentes de la Fiscalía.

Este escrito, adelantado por El Español, se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar a Casero, quien ha sido la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.

Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según recoge la exposición, que adelantó El Plural.

EL CONTRATO AL PSICÓLOGO

La exposición apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.

Según indica, Casero «no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género «a la que no le consta ninguna actuación» por parte de esta persona.

Recoge la exposición que, además, Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.

CÁMARA COMERCIO DE PERÚ

El escrito remitido al Supremo indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda el escrito de la juez que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.

La exposición razonada recuerda que la Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor

EL POP EYE DE TRUJILLO

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala ‘Pop Eye’ a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros.

Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.

También en 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado porque era un servicio periódico y previsible año tras año.

En el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. Al igual que ocurriera en otras ocasiones, la empresa acabó llevando a los tribunales al ayuntamiento para poder cobrar las facturas.

Tras detallar los hechos, la jueza Patricia Gutiérrez indicaba que podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa, y recordaba que éste suele sancionar supuestos en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente a voluntad de la autoridad. Pero a ese delito, el MInisterio Público suma el de malversación,

Apuntaba la magistrada que de las diligencias practicadas, que incluyen testificales y documental, se deriva la participación de Alberto Casero en los hechos en calidad de alcalde. Apuntaba que como tal participó en los contratos «omitiendo el procedimiento legalmente establecido».

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este marte, su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2022, que este año es un monográfico dedicado a mujeres y frontera. En él, la organización alerta de que las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres migrantes «son aún más profundas» que las que padecen los hombres, «muestra de ello es que la posibilidad de perder la vida en el trayecto por mar es doble por el hecho de ser mujer».

Así lo demuestran los datos de este año pasado cuando –a pesar de que las llegadas de mujeres suponen solo el 10% del total– «al menos 10 de cada 100 mujeres murieron o desaparecieron intentado acceder a España huyendo de la guerra, el hambre o la persecución, mientras que perdieron la vida al menos 5 de cada 100 hombres».

«Las razones de este elevado número de muertes –404 mujeres, el 19% de las víctimas totales–, obedecen a que, a las mujeres, con frecuencia embarazadas o acompañadas de menores, se las coloca en trayectos largos en el centro de las embarcaciones, lo que en caso de naufragio limita sus posibilidades de sobrevivir, que se reducen aún más con la responsabilidad de salvar a su hijo o hija», precisa la organización en nota de prensa.

El informe, avanza la Apdha, pone de relieve que «las vulneraciones de derechos que soportan las mujeres en la frontera van más allá de los riesgos del propio tránsito migratorio». Se trata, además, señala, de «una situación invisibilizada ya que, estos análisis, normalmente, se vinculan cual apéndice, a los estudios de las migraciones de los hombres».

«Las mujeres tienen sus propios proyectos migratorios, sus propias realidades, que van más allá de la tradicional imagen migratoria en la que la posición de la mujer se condiciona permanentemente al rol de hija-esposa-madre-víctima, en contra del análisis heroico o del espíritu aventurero con el que se analiza la migración masculina», afirma.

Añade la organización que «es preciso reconocer que la migración para muchas jóvenes y mujeres es una opción estratégica para sobrevivir y confrontar los contextos de agresión física, psicológica, sexual o estructural que experimentan ellas, sus familias o sus comunidades». Pero «la condición de discriminación múltiple, irregularización y falta de acceso a pleno derecho con la que recibimos a las viajeras es un punto clave de partida para seguir perpetuando y legitimando otras violencias», lamenta.

La asociación explica que el informe traza un recorrido por las experiencias de algunas de estas mujeres. Mujeres subsaharianas que esperan en Marruecos para completar su viaje hasta Europa y que «sufren detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados hacia el sur, como Isatu, mujer que aparece en el informe, que huía de un matrimonio forzado, pero que fue deportada a Guinea y tuvo que regresar con su marido».

«Mujeres marroquíes que ya se encuentran en España y a las que el discurso hegemónico ha estereotipado con una interpretación sesgada y con un perfil unificador y revictimizador aunque, como dicen muchas mujeres musulmanas activistas: ‘el velo me tapa el pelo, no el cerebro’, apuntan desde la Apdha.

Estas situaciones generan «graves vulneraciones» a ambos lados de la frontera, precisa, para agregar que en el informe se presenta la situación de las mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o las de las trabajadoras agrícolas temporeras, pero también las de las porteadoras en Melilla o las de las trabajadoras transfronterizas «que siguen sufriendo una situación terriblemente inestable, vinculada a la pandemia y al cierre de fronteras», añade.

«La desigualdad también genera situaciones de precariedad en origen, como las de las madres solteras en Marruecos o las mujeres que trabajan en las fábricas textiles», advierte.

La organización recuerda que «el color morado del movimiento feminista proviene de un incendio en una fábrica textil en Nueva York en el que murieron 129 mujeres. En 110 años poco o nada han cambiado las condiciones y quienes trabajan en la mayoría de las fábricas textiles. Las víctimas de la construcción de la desigualdad siguen siendo las mismas: mujeres empobrecidas y racializadas, aunque ahora las mujeres no cruzan fronteras para trabajar en esos talleres, lo hacen los bienes que fabrican gracias a la deslocalización de las grandes empresas en países empobrecidos».

EL MOVIMIENTO FEMINISTA DEBE SER «ANTIRRACISTA Y DESCOLONIAL»

Asegura la Apdha que este informe se presenta en la semana del 8M para reafirmar que el movimiento feminista «debe ser antirracista y descolonial». «Y para poner en valor la necesidad de que las viajeras ocupen el espacio público de las rutas migratorias. Las mujeres que llegan a nuestras orillas portan la urgencia de un cambio estructural que asegure la no-exclusión y que resuelva generar propuestas sociales que garanticen una vida digna de toda persona, de toda mujer, de toda caminadora de territorios», reclaman desde la asociación.

La organización se une este 8M en la defensa de las mujeres que desarrollan su trabajo «en condiciones de precariedad, explotación y, por tanto, en condiciones injustas», como son muchas de las empleadas de hogar, las kellys, las trabajadoras sexuales, las porteadoras, y transfronterizas, las jornaleras, mujeres que son excluidas e invisibilizadas y «ni siquiera han sido tenidas en cuenta en la nueva reforma laboral».

Por último, exige «el fin de las violencias sexistas, los malos tratos, el acoso laboral y las prácticas discriminatorias hacia las mujeres migrantes, las mujeres en prisión y hacia las personas trans, homosexuales y travestis que, por su condición de raza, por su libertad penalizada, su orientación sexual o de género, van quedando en las cunetas de nuestra sociedad».

La Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat prevé abrir este año seis nuevas delegaciones del Govern en el exterior, que se sumarán a las 14 ya existentes y que potenciarán la presencia de la Generalitat en África, América y también Asia, continente en el que abrirá sus primeras delegaciones.

Las nuevas delegaciones serán las de Japón, Corea del Sur, África Occidental, África Meridional, Brasil y Andorra, ha anunciado la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, en el acto ‘Més Cataluña al món’ con cargos del departamento, delegados, cónsules y agentes sociales en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Alsina ha defendido que «hay que tener un pie en Asia», motivo por el que el Govern ha optado por abrir delegaciones en Japón y Corea del Sur, que tendrán sus sedes en Tokio y Seúl, respectivamente, mientras que la sede de la de Brasil estará en Brasilia, y la de Andorra, en Andorra la Vella.

La delegación de África Occidental tendrá la sede en Dakar (Senegal) y cubrirá también Gambia, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Mali, mientras que la de África Meridional estará en Pretoria (Sudáfrica) y actuará también sobre Angola y Mozambique.

OFICINAS Y ENVIADOS ESPECIALES

Además, la Conselleria creará tres oficinas que colgarán de delegaciones existentes y que se ubicarán en Quebec (Canadá), Dublín (Irlanda) y Liubliana (Eslovenia), y tendrá dos nuevos enviados especiales en lugares que considera que requieren especial atención: Polonia y Escocia.

Estas oficinas dependen de delegaciones y se abren cuando se considera que una zona no puede cubrirse sin una presencia y equipo físico –hasta ahora había en Nueva York (Estados Unidos) y en Alguer (Italia)–, mientras que los enviados especiales son cargos unipersonales temporales para situaciones de un interés particular.

CAMBIOS EN DELEGACIONES

La Conselleria también ha promovido una reordenación y ampliación del alcance de algunas de las delegaciones ya existentes, como la de México, que pasará a ser la delegación de México y América Central, y la de Argentina, que también cubre Chile, Uruguay y Paraguay y que pasará a llamarse delegación del Cono Sur.

La delegación del Govern en los Balcanes será la delegación en el Sudeste de Europa, mientras que la de Estados Unidos cambiará el nombre para incluir también a Canadá, y la que se ubica en Túnez y cubre también Marruecos se trasladará a Rabat (Marruecos) y será la delegación en el Norte de África.

«Pasamos de tener 44 a 63 países en los que Cataluña tendrá presencia institucional como Govern», ha destacado Alsina, que ha subrayado que se trata de un salto cualitativo y cuantitativo que se irá plasmando en los próximos meses.

DEFENSA DE LA ACCIÓN EXTERIOR

Ha celebrado la «rectificación del Tribunal de Cuentas», que ha aceptado los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para excargos del Govern por la acción exterior entre 2011 2011 y 2017, que Alsina cree que tienen este proceso abierto por haber hecho su trabajo y una labor recogida en el Estatut.

Ha defendido que Cataluña tenga una voz en el mundo sin tutelas ni intermediarios, y ha avisado a quienes rechazan la acción exterior catalana de que Cataluña viajará como nunca antes: «Para una nación como Cataluña, hacer acción exterior es como respirar».

«Es una mala noticia para las personas que han querido que nos quedemos en casa. Diría que para las que han querido que actuemos como una diputación provincial o un ayuntamiento, pero eso no sería justo, porque las diputaciones y ayuntamientos hace muy buen trabajo internacional», ha añadido la consellera.

Ha asegurado que los catalanes llevan siglos soñando con el reconocimiento internacional: «Despertémonos, porque la mejor forma de prepararnos para ser un Estado es empezar a actuar tanto como podamos como si lo fuéramos».

El acusado del crimen de Gros ha renunciado este lunes a su derecho a la última palabra pese ha afirmar que le gustaría «contar un poco la historia». Asimismo, la juez ha entregado el objeto del veredicto al jurado popular del juicio que, desde el pasado 14 de febrero, se ha desarrollado en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa contra el joven, de 27 años y origen cubano, acusado de matar a otro varón, de 47 años, asestándole más de 40 cuchilladas.

En la undécima jornada del juicio, el acusado ha ejercido su derecho a la última palabra. En primer lugar ha señalado que le gustaría «contar un poco la historia», pero tras decirle unas palabras su letrado al oído ha afirmado que no tenía «nada que añadir».

A continuación, el acusado, que durante el juicio ha sido expulsado en varias ocasiones de la sala de vistas por insultar al fiscal y al letrado de la acusación particular y encararse a la magistrada, ha abandonado la sala, acompañado de dos agentes de la Ertzaintza, y se ha despedido de su madre y su tía, presentes en la sala, con la mano.

La jueza ha suspendido el juicio hasta las once de la mañana cuando ha hecho entrega al jurado popular del objeto del veredicto para su deliberación.

La fiscalía pide 25 años de cárcel para el principal acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y un año y medio para la joven que le acompañaba la madrugada de los hechos, procesada por encubrimiento.

La acusación particular, que ejerce la familia del fallecido, pide una pena de 25 años de prisión para el procesado y dos años para la chica. La defensa del acusado pide su absolución, pero en caso de que se le condene pide que se le apliquen las eximentes de alteración psíquica y de intoxicación por drogas y alcohol. La defensa de la joven también solicita que quede libre de cargos.

El encargado de negocios de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, ha llamado este lunes a boicotear los productos rusos en España porque ese dinero servirá para comprar armas con las que seguir matando a civiles en su país.

«Cualquier céntimo que los españoles pagan de los productos que provienen de Rusia va a estar en los presupuestos utilizados por el Kremlin para comprar armas y matar a civiles», ha advertido Matiushenko en un acto en Madrid, animando al boicot.

«Estoy seguro de que dentro de poco, mostrando todos resistencia y solidaridad, venceremos, la cuestión es el precio que el pueblo ucraniano tendrá que pagar», ha reconocido durante la visita junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al centro de coordinación logístico habilitado por el Gobierno regional en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.

Para que este coste «sea menor», ha sostenido el diplomático, hay que «ayudar más a Ucrania, a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo aumentar la presión contra Rusia en todos los frentes, en el frente de las sanciones, en el de la presión política y en todo lo que se refiere a boicotear los productos rusos».

Matiushenko ha agradecido la solidaridad y el apoyo que los españoles están brindando a los ucranianos. El encargado de negocios ha reconocido que la situación humanitaria en su país es difícil y «no va a pasar en una o dos semanas» sino que ha que estar «preparados para el largo plazo».

La Fiscalía de Madrid ha alcanzado un acuerdo de conformidad con 19 de los 23 acusados de integrar una red que organizaba a nivel nacional e internacional peleas ilegales de perros, a los que administraban sustancias dopantes para mejorar su rendimiento y sometían a un «cruel maltrato» desde su nacimiento, han informado fuentes jurídicas.

El macrojuicio ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid en una primera sesión centrada en cerrar los acuerdos previstos meses antes para la reducción de penas. En el banquillo de los acusados se sienta un policía local de Adeje (Tenerife), dos veterinarios y varios criaderos de perros.

El fiscal solicitaba penas de entre tres y siete años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos y que sumaban un total de 102 años. En la causa está Podemos y la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas.

Al inicio de la vista, las defensas de 19 acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal ante el reconocimiento de los delitos imputados. Las acusaciones populares se han negado a sumarse al pacto con el fiscal.

Conforme al acuerdo, las penas a imponer en el caso de los 19 acusados que han aceptado se verán reducidas de forma considerable por la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño. A no todos se les aplicará las dos atenuantes.

La red fue desarticulada en 2017 en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y Andalucía. Los agentes rescataron a 230 perros potencialmente peligrosos preparados para participar en peleas de perros.

La investigación arrancó después de que agentes irrumpieron en un evento que se celebraba en Tenerife y en el que estaban previstas cuatro peleas ilegales, organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba con el tráfico de estupefacientes.

En la Comunidad de Madrid, operaban seis de los procesados, con los apodados como ‘Rafa’ –el «maestro»– y ‘Profe’ como líderes principales, así como un veterinario que colaboraba con la organización.

RAZAS PELIGROSAS

En su escrito de acusación, el fiscal señala que la red adiestraba a perros de razas potencialmente peligrosas a base de fármacos y sustancias dopantes «muy perjudiciales para los canes» con el objetivo de que fueran más agresivos y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular.

Así, los animales están sometidos a una situación de «cruel maltrato» desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y «duros» entrenamientos físicos.

Desde la Fiscalía se remarca que incluso se llegaba a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica «llevando al animal hasta su extenuación».

Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido lo utilizaban como «sparring» o les mataban «cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por todo el territorio nacional o al extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea».

Entre los miembros de esta organización existía una división de funciones y también territorial con grupos «claramente» identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En sus territorios formaban pequeños grupos interconexionados entre sí que, a su vez, tenían ramificaciones a nivel internacional, para llevar a países como Italia, Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes «a los perros que destacaban por su agresividad».

La Fiscalía señala también que cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica, de modo que mientras unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos «apostando en los mismos».

Los acusados, muchos de ellos criadores de perros peligrosos, pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y lugar. En estas actividades solo podían participar los miembros de la organización, «u otras personas que fueran apadrinadas por uno de sus miembros, encontrándose todos los miembros de la organización especializados en esta materia, y disponiendo de una jerga propia», según el escrito de acusación.

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En el caso de la Comunidad de Madrid, el líder era conocido como ‘Rafa’, con un papel de claro liderazgo dentro de la organización –el «maestro»– y se encargaba de mantener los contactos fuera de España. En concreto, en un papel de «cazatalentos», tenía varios perros que criaba en una finca de Batres y allí celebraba «topas» (enfrentamientos previos a una pelea) con el fin de seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados de cara a promover su lanzamiento a peleas internacionales, «donde el lucro obtenido siempre era muy superior».

En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros «en estado lamentable de salud e higiene». La mitad de ellos fallecieron debido al estado de salud en que se encontraban, «siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias».

CRIADERO PARA ADIESTRAMIENTO EN UN RING

En otra finca situada en el término municipal de Fuente El Saz de Jarama, se localizó otro criadero de perros para adiestramiento en un ring para la celebración de las peleas. Además, realizaba funciones de asesoramiento a otros miembros del grupo en materia de cría, cuidado y adiestramiento, de los animales.

En su finca se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos». En este lugar, otro de los acusados era el encargado de supervisar las funciones de adiestramiento y suministraba a los perros «medicación específica para potenciar su agresividad de cara a la celebración de las peleas, tratándose de fármacos y sustancias dopantes muy fuertes y perjudiciales para la salud de los canes».

Entre el grupo de seis acusados que operaban en la comunidad de Madrid se encuentra también un veterinario encargado de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, «medicación que es de exclusivo suministro veterinario».

Al mismo tiempo aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico de los perros, «a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando» con los perros.

Según la Fiscalía, el acusado era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, «evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales».

El PNV defenderá este martes en el Pleno del Congreso una reforma del Reglamento de la Cámara para que se examine periódicamente el cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas parlamentarias no legislativas que se vayan aprobando, fundamentalmente proposiciones no de ley, mociones y resoluciones.

Se trata de una proposición de ley que los nacionalistas vascos ya presentaron en 2017, que llegó a ser tomada en consideración pero que no pudo concluir su tramitación. Ahora vuelven a la carga recuperando para esta legislatura aquella proposición cuyo debate y votación llegará este martes al Pleno del Congreso.

En su iniciativa, el grupo que capitanea Aitor Esteban señala que, con el actual Reglamento, es «imposible» constatar si el Ejecutivo toma o no en cuenta los mandatos sin rango de ley del Parlamento lo que, a su juicio, contribuye al «menoscabo» de la Cámara.

INFORME Y COMPARECENCIA DEL GOBIERNO

Y, para «subsanar» esta situación, el PNV propone que, durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones (febrero y septiembre), el Gobierno remita a la Cámara «un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores».

Y en la quincena posterior a la entrada en Registro de la Cámara del informe, añade el texto, «comparecerá en la Comisión del Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios».

La formación nacionalista recuerda en el texto registrado que la reforma reglamentaria propuesta se realiza «tomando como base modelos que ya están funcionando en la práctica en otras asambleas legislativas».

EL GOBIERNO PASA POR ENCIMA DEL PARLAMENTO

El PP también ha registrado recientemente una iniciativa en la misma línea que la de los nacionalistas vascos. En su texto, denuncia que ninguna de sus más de 60 proposiciones no de ley aprobadas en lo que va de legislatura se han cumplido sin que se conozcan las razones.

Así las cosas, el primer partido de la oposición insta al Gobierno a cumplir «de forma efectiva» los mandatos no legislativos del Congreso aprobados tanto en Pleno como en comisión para garantizar la calidad de la democracia.

Al mismo tiempo, requiere al Ejecutivo que comparezca en la Comisión Constitucional al inicio de cada periodo de sesiones, previa remisión del correspondiente informe, para detallar el grado de cumplimiento de las iniciativas que hayan sido aprobados en el Congreso en el periodo de sesiones anterior al de su presentación.

El PP justifica esta iniciativa en que «no existe en nuestra democracia antecedente alguno del total desprecio a las funciones de los parlamentarios como la llevada a cabo por el actual Gobierno», al que acusa de vulnerar y forzar de forma permanente el Reglamento del Congreso para eludir el control parlamentario. «El Gobierno se ha colocado en una posición de primacía sobre el Parlamento», sentencia.

Podemos ha asegurado este lunes que no va a salir del Gobierno de coalición pese a las diferencias sobre el envío de armas a Ucrania y ha aclarado que su líder y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no se refería al PSOE cuando ayer, durante un acto sobre feminismo, criticó a los «partidos de la guerra».

Así lo ha indicado en rueda de prensa la corportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, para garantizar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede contar con el espacio confederal dentro del Ejecutivo, aunque seguirán defendiendo su rechazo a la estrategia de la Unión Europea sobre el envío de material ofensivo a la resistencia ucraniana y reivindicar más peso a las vías diplomáticas.

También ha resaltado que aunque es el socio minoritario del Ejecutivo, su presencia garantiza más ambición en las políticas del Ejecutivo, como la subida del salario mínimo interprofesional, la Ley de Vivienda o los mecanismos de protección de los ERTE.

En cuanto a las palabras de Belarra al cargar contra los «partidos de la guerra» aludía al «fervor belicista» que impera en la derecha para que se tome la «escalada bélica» en el conflicto y aludir a la «presión enorme» dentro de la UE por esta vía.

De hecho, ha denunciado que es «hipócrita» que la UE opte por una estrategia de remitir armamento a Ucrania, con un fondo de unos 450 millones, y luego compre gas a Rusia por un importe diario de 660 millones de euros

A su vez, ha reconocido que existen diferencias dentro de Unidas Podemos, dado que sectores como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ‘comunes’ han apoyado el envío de armas, pero ha subrayado que su apoyo es total hacia la titular de Trabajo, reafirmando que es su «candidata» y la mejor persona para liderar un proyecto progresista.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha hecho público un manifiesto este lunes, dia previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que ha denunciado la falta de atención a las necesidades de las mujeres sordas y, en este sentido, reclaman más información y atención accesible para ellas.

«Es tiempo de que nuestra realidad, nuestras demandas y nuestros derechos se contemplen en las leyes, en los presupuestos y en todas las políticas públicas», ha destacado el texto de la entidad.

En este documento, CNSE critica los estereotipos y prejuicios acerca de las capacidades de las mujeres sordas por ser mujeres, por ser personas sordas, y por utilizar la lengua de signos española o catalana, y reivindica que se ponga a su disposición los recursos necesarios para garantizar su participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida.

«Han de darse los pasos necesarios para que las mujeres sordas lleguemos a ser lo que queramos ser sin que ninguna creencia o actitud inculcada por la opresión, el miedo y la ignorancia nos lo impida», recoge el manifiesto del colectivo.

LA SALUD, UN «PRIVILEGIO» PARA LAS MUJERES SORDAS

Una de las exigencias que plantea la CNSE es que la prevención y el cuidado integral de la salud deje de ser un «privilegio» para las mujeres sordas.

En este sentido, reclama el acceso al sistema de salud en todas sus formas (desde la gestión administrativa hasta la atención sanitaria), solicita información y recursos accesibles en materia de educación y salud sexual, reproducción, maternidad, y libertad sexual, y reclama equidad en el acceso de estas mujeres a los servicios públicos de reproducción asistida.

La entidad aboga a su vez por fomentar la coeducación y promover una educación libre de sexismo bilingüe en lengua de signos para la infancia y la juventud sorda, y pide la puesta en marcha de medidas de acción positiva que redunden en una mayor tasa de empleabilidad de las mujeres sordas y contribuyan a eliminar la precariedad laboral que les afecta.

«Necesitamos que se nos brinde una formación plenamente accesible de cara a nuestra inserción laboral, al mantenimiento de nuestro puesto de trabajo, y a la promoción en el mismo», ha explicado la entidad.

Del mismo modo, llama a que este compromiso con la accesibilidad se haga extensivo a servicios de emergencia como el 112, ya que, a su juicio, debería incorporar tanto lengua de signos como chat en todo el territorio nacional, y a cualquier otro servicio a disposición de la ciudadanía a través de servicios de interpretación y videointerpretación.

PROTECCIÓN A NIÑAS Y MUJERES SORDAS

Otra cuestión a la que alude la Confederación es a la aplicación de las medidas contempladas a favor de las mujeres sordas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así, piden que se asegure la presencia de intérpretes de lengua de signos y de mediadoras en todo el proceso de salida de la violencia machista, en comisarías y juzgados, en las casas de acogida, y en toda la red de servicios para víctimas de esta violencia.

También urge a la protección de las mujeres y niñas sordas frente a su cosificación, frente a la misoginia, la esclavitud, la trata, la mutilación genital femenina y toda forma de explotación sexual, «garantizando recursos y asistencia en lengua de signos y las medidas de accesibilidad a la información y la comunicación que precisen».

Por último, la entidad insta al apoyo a los servicios específicos dirigidos a mujeres sordas que prestan la CNSE y su movimiento asociativo en tanto que entidades expertas en el ámbito de la protección de los derechos de este colectivo.

«Es fundamental incentivar los servicios de atención en las distintas comunidades autónomas a través de las propias federaciones de personas sordas, ya que además de conocer la idiosincrasia de las mujeres sordas y las especificidades de cada territorio, atesoran una amplia experiencia en materia de atención directa», apunta el documento.

Greenpeace reclama la protección de los océanos de su actual «industrialización» a través de un Tratado Global de los Océanos que proteja al menos el 30% de todas sus aguas y que está en la cuarta y última ronda de negociación en Naciones Unidas.

La ONG lleva años reclamando un Tratado Global de los mares y con motivo del inicio de las negociaciones en la ONU este lunes –se prolongarán hasta el 18 de marzo– ha publicado un informe en el que denuncia la «pesquería sin control del calamar» y que calcula que se ha multiplicado por diez desde 1950.

El informe ‘El calamar en el punto de mira: Receta para el desastre’, afirma que el calamar es una especie vital y su pesca se ha multiplicado hasta los casi 5 millones de toneladas anuales en la última décadas.

Además, denuncia que la pesquería del calamar opera fuera de la vista, en aguas internacionales y ha experimentado un «ascenso meteórico» debido a una demanda que «no tiene precedentes históricos». De hecho, afirma que en algunas zona ha crecido un 800 por ciento el número de barcos en los últimos cinco años.

El documento afirma que flotas de más de 500 embarcaciones han accedido a las aguas internacionales para «saquear el océano», con sus lámparas encendidas para faenar visibles desde el espacio. «He visto algunas de estas flotas de calamares en mar abierto; por la noche, los barcos están iluminados como estadios de fútbol y parece que el mar es un polígono industrial», ha declarado la responsable de Océanos de Greenpeace España, Pilar Marcos.

Marcos alerta de que los océanos se están industrializando y que más allá de las aguas nacionales la situación es «una batalla campal» ante una falta de control que es un «claro ejemplo» de por qué están fallando las normas actuales para proteger los océanos.

«Es una visión inquietante que nunca voy a olvidar. Pero aunque esto esté sucediendo fuera del punto de mira no significa que deba estar fuera de nuestro conocimiento», subraya Pilar Marcos.

Por ello, considera que esta conferencia sobre los océanos es «demasiado importante para que se quede en un mero debate» y exige medidas urgentes par proteger el ecosistema más grande de la Tierra.

«Todos dependemos de los océanos, lo sepamos o no: para ayudar a abordar el cambio climático, garantizar ecosistemas sanos y garantizar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. Necesitamos urgentemente un Tratado Global de los Océanos ambicioso que nos permita crear una red de santuarios oceánicos en todo el mundo y poner freno a la creciente industrialización de nuestros bienes comunes globales», insiste Marcos, que forma parte de la delegación de Greenpeace de las negociaciones de la ONU.

La importancia del calamar es «vital» porque su sobrepesca representa una «seria amenaza para todo el ecosistema, incluidas las poblaciones vulnerables de ballenas y delfines». De ese modo, añade que su disminución tendría «consecuencias catastróficas para la vida marina y las comunidades costeras que dependen de la pesca para su sustento y seguridad alimentaria».

En la actualidad no hay un sistema regulatorio y monitorización específicos para seguir el comercio global del calamar. Según datos de la organización, en 2019, sólo tres naciones pesqueras fueron responsables de casi el 60 por ciento de la captura mundial de calamar, China continental, Perú e Indonesia. Y solo tres mercados (China continental, España y Japón) lideraron la mayoría de los movimientos del mercado global entre 2000 y 2019.

La ONU acoge desde hoy hasta el 18 de marzo las reuniones para negociar un Tratado Global de los Océanos. La petición de Greenpeace ha sido respaldada por casi 5 millones de personas, que apuestan por la creación de una red de santuarios oceánicos (áreas libres de actividad humana dañina) en al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030.

Greenpeace considera que estas negociaciones son una «oportunidad histórica» para cambiar la gobernanza de los océanos que no reemplazará a las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, competentes para gestionar la pesquería de calamar, pero valora que completará y fortalecerá su trabajo para garantizar la sostenibilidad y la salud integral de los ecosistemas al llenar los vacíos y mejorar la cooperación entre los órganos de gestión responsables de la regulación de actividades específicas en alta mar.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos clanes familiares dedicados al cultivo y suministro de marihuana en Madrid, arrojando un total de 17 personas detenidas, ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Las pesquisas arrancaron el pasado mes de enero durante un operativo destinado a la prevención de delitos contra la salud pública, averiguando la posible existencia de diversos cultivos de marihuana en el interior de viviendas del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Por ello, se llevó a cabo una entrada y registro en dos domicilios, localizando más de 400 plantas de esta sustancia, así como una escopeta, un machete, casi 5.000 euros en efectivo y diversos útiles destinados al cultivo.

Los agentes detuvieron a cinco personas pertenecientes a un mismo clan familiar como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico, al comprobar también que habían realizado diversos enganches eléctricos ilegales.

OPERACIÓN LABERINTO EN TETUÁN

Asimismo, tuvo lugar un segundo operativo el pasado 28 de febrero en el distrito de Tetuán, donde agentes de la Policía Nacional desarticularon un grupo criminal formado por diez personas de un mismo clan familiar, por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

A raíz de múltiples vigilancias y seguimientos, se descubrió que los presuntos responsables se encargaban de suministrar importantes cantidades de hachís y marihuana, así como de gestionar una plantación de marihuana en la provincia de Toledo.

La operación comprendió un total de seis entradas y registros –cinco en Madrid y uno en la localidad de Escalona de Alberche (Toledo)– donde incautaron 359 plantas, más de 25.000 euros en efectivo y múltiples cantidades de hachís y cocaína.

OPERACIÓN PANTANO EN VILLA DE VALLECAS

Además, en otra operación paralela desarrollada en el distrito de Villa de Vallecas, se ha desmantelado otro punto de cultivo indoor con casi 100 plantas, donde resultaron detenidas dos personas.

Las indagaciones comenzaron cuando los investigadores constataron que el consumo del contador del domicilio era demasiado elevado para el habitual uso doméstico, además de emanar un fuerte olor a marihuana que se percibía desde las inmediaciones.

Tras la entrada y registro, se localizó una habitación acondicionada para el cultivo de esta sustancia, conteniendo plantas de gran tamaño a punto de ser recolectadas. También se incautaron dos básculas de precisión y diversas armas blancas.