El Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica y sometida a consulta pública por la CNMC constituye una oportunidad para adaptar el marco a la realidad actual del mercado español de fibra. A juicio del Instituto, la propuesta debe analizarse como “cuestión estratégica” para garantizar la inversión futura en redes, preservar el liderazgo español en conectividad y asegurar que el acceso a las infraestructuras civiles se produce bajo condiciones económicamente sostenibles y accesibles.
La CNMC abrió el 30 de junio de 2026 un trámite de consulta pública para realizar la prueba de mercado de la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica en relación con el mercado mayorista de acceso a la infraestructura física. La propuesta revisada, comunicada al regulador el 15 de junio de 2026, prevé una vigencia de cinco años, prorrogable por un año adicional, mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la oferta MARCo vigente, conserva el Procedimiento de Gestión de Operadores y establece una senda de actualización de las cuotas recurrentes durante el periodo de vigencia
Para el Instituto, estos elementos son relevantes porque permiten desplazar el debate desde una lectura puramente tarifaria hacia una reflexión más amplia sobre la sostenibilidad de las infraestructuras digitales. La propuesta no plantea la desaparición del acceso ni el cierre de las infraestructuras a terceros, sino una actualización ordenada de las condiciones económicas bajo supervisión regulatoria. En este sentido, el debate de fondo no es si debe mantenerse el acceso a conductos, arquetas, postes y canalizaciones, sino cómo garantizar que ese acceso siga siendo viable sin deteriorar los incentivos de inversión de quienes construyen, mantienen, amplían y gestionan esos activos.
“La propuesta sometida a consulta apunta en la dirección correcta: mantener el acceso, preservar la competencia y avanzar hacia unas condiciones económicas más alineadas con la realidad de los costes y con la necesidad de seguir invirtiendo en redes”, señaló Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
El Instituto considera especialmente relevante que la segunda oferta mantenga los principales elementos operativos de la oferta MARCo vigente, incluidos los plazos de provisión, los tiempos de resolución de incidencias y el Procedimiento de Gestión de Operadores. A juicio del think tank, esta continuidad contribuye a despejar la idea de que la revisión del marco suponga una limitación al acceso o una ruptura del modelo mayorista existente.
La propuesta incorpora una senda de precios conocida para los próximos cinco años: un incremento inicial del 30% respecto de los precios vigentes, incrementos anuales del 16,96% durante los tres años siguientes y actualizaciones equivalentes al IPC previsto, del 2%, en los años cuarto y quinto. Las cuotas no recurrentes no se modifican y se mantienen en sus niveles actuales.
La previsibilidad es uno de los valores centrales de la propuesta. En un mercado intensivo en capital, la inversión requiere reglas claras, horizontes temporales estables e hitos económicas consistentes. Una senda plurianual de actualización, sometida a consulta y supervisión, permite a los operadores planificar sus decisiones y evita que el debate regulatorio quede anclado en controversias coyunturales.
“La seguridad jurídica no consiste en congelar indefinidamente las condiciones económicas de 2009, sino en establecer reglas transparentes, revisables, predecibles y compatibles con la inversión a largo plazo”, añade Sánchez Lambás.
ACTUALIZAR PRECIOS
Para el Instituto de Coordenadas, la actualización de las condiciones económicas de acceso a las infraestructuras civiles no debe interpretarse como una limitación competitiva ni como una restricción del acceso. Al contrario, en un mercado maduro como el español, revisar precios de forma ordenada, predecible, transparente y supervisada es una condición necesaria para preservar la inversión, evitar distorsiones y garantizar que las redes que han situado a España entre los líderes europeos en fibra sigan siendo sostenibles en el tiempo.
El 'think tank' considera que el debate público no debe centrarse únicamente en porcentajes agregados de subida, sino en el punto de partida, la evolución histórica de las tarifas, la comparación con los costes reales y la necesidad de mantener infraestructuras cada vez más críticas para la sociedad digital. Según la información publicada por la CNMC, la propuesta sometida a consulta mantiene el acceso a la infraestructura física, conserva elementos operativos esenciales de MARCo, mantiene las cuotas no recurrentes en sus niveles actuales y plantea una senda plurianual de actualización de las cuotas recurrentes, lo que aporta previsibilidad al mercado, fundamento de la competencia.
A juicio del Instituto, recuperar razonablemente los costes no implica restringir la competencia, sino asegurar que el acceso abierto pueda mantenerse en condiciones sostenibles. Conductos, arquetas, postes, canalizaciones y centrales no son activos estáticos ni gratuitos: requieren mantenimiento, renovación, gestión operativa, adaptación a nuevos desarrollos urbanos y capacidad para soportar redes más densas, resilientes y preparadas para la escalada imparable de nuevas demandas digitales. Por ello, una regulación que impida reflejar adecuadamente los costes dinámicos puede terminar debilitando la infraestructura que sostiene la propia competencia en el contexto europeo e internacional.
El Instituto advierte de que mantener precios alejados de costes de mercado durante periodos prolongados puede generar una transferencia estructural de valor desde quienes soportan la inversión, el mantenimiento y la disponibilidad de las infraestructuras hacia quienes las utilizan. Este tipo de desequilibrio pudo tener sentido en una fase inicial de apertura del mercado, cuando el objetivo prioritario era reducir barreras de entrada y acelerar el despliegue de redes alternativas. Sin embargo, en un mercado maduro y consolidado, con una amplia cobertura de fibra y un ecosistema competitivo consolidado, la regulación debe evolucionar para evitar nuevas asimetrías estructurales, que se convierten en subvenciones opacas.
En este sentido, la entidad considera que la sostenibilidad económica del acceso es inseparable del liderazgo español en fibra. España afronta una nueva etapa en la que el reto ya no consiste únicamente en extender red, sino en mantener infraestructuras más resilientes, seguras y capaces de soportar inteligencia artificial, servicios en la nube, digitalización empresarial, comunicaciones críticas, servicios públicos digitales y conectividad rural. Sin señales económicas adecuadas, la inversión necesaria para sostener esa nueva etapa puede verse comprometida.
“La competencia no se protege congelando indefinidamente precios diseñados para otro momento del mercado. Se asegura garantizando acceso, previsibilidad regulatoria y capacidad de inversión. Actualizar las condiciones económicas de MARCo no es restringir la competencia; es asegurar que la infraestructura que la hace posible siga disponible, mantenida, actualizada y preparada para el futuro”, señalÓ Jesús Sánchez Lambás.
COHERENCIA EUROPEA
Por último, el Instituto considera que la propuesta debe interpretarse también en clave europea. El precedente francés demuestra que es posible actualizar de forma significativa las condiciones económicas de acceso a infraestructuras civiles manteniendo el acceso abierto, la competencia y la protección de los consumidores.
Indica que la experiencia francesa muestra que una regulación madura puede combinar tres objetivos: acceso efectivo a infraestructuras, supervisión pública y precios más alineados con la sostenibilidad económica de los activos físicos. España no debería situarse al margen de esa evolución. Si otros mercados avanzados han revisado las condiciones económicas de acceso sin que ello haya destruido la competencia, España debe poder abrir el mismo debate con rigor, garantías y proporcionalidad que nos protejan de los estigmas proteccionistas.
El Reglamento Europeo de Infraestructura Gigabit impulsa el uso compartido de infraestructuras físicas existentes para acelerar el despliegue de redes de muy alta capacidad, pero bajo condiciones equitativas y razonables, incluido el precio. Por tanto, la actualización de MARCo debe entenderse como parte de una evolución regulatoria europea que busca facilitar el despliegue, pero también preservar los incentivos de inversión, concluye el Instituto Coordenadas.
