La Fiscalía del Supremo ha archivado las tres denuncias contra Ayuso por el ático de 6,3 millones. El caso de Begoña Gómez, en cambio, avanza hacia el jurado popular. Son dos causas nacidas de recortes de prensa con finales opuestos.
El Ministerio Público ante el Alto Tribunal no ha encontrado por dónde investigar. La fiscala María Ángeles Garrido Lorenzo ha firmado el archivo tras concluir que los escritos de tres particulares se apoyaban, únicamente, en información periodística sin el mínimo apoyo probatorio. Faltaban, según su resolución, 'datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido'.
Qué ha decidido la Fiscalía del Supremo
Todo arranca en la compra, por parte de la Comunidad de Madrid, de un ático de 400 metros cuadrados por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. Los documentos que se han hecho públicos no aclaran quién ordenó la operación ni con qué criterios se eligió ese inmueble concreto.
La decisión de la fiscala no es un detalle menor. Isabel Díaz Ayuso tiene aforamiento: por su cargo, solo puede ser juzgada por el Tribunal Supremo. Y la doctrina del Alto Tribunal es firme: una denuncia no puede sostenerse solo en noticias sin ningún otro indicio de criminalidad. El listón se eleva todavía más cuando el investigado tiene condición de aforado.
Dos casos parecidos con finales opuestos
El contraste con el otro asunto es inevitable. Una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, también apoyada en recortes de prensa, fue admitida a trámite por el entonces juez de la plaza 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Su instrucción ha llevado el caso a juicio oral ante un jurado popular.
Hasta el propio líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, reconoció que su escrito solo sumaba informaciones de diarios digitales. 'Será ahora el instructor el que tenga que comprobar si son ciertas o no', llegó a señalar. Jueces de instrucción y fiscales consultados coinciden: la actuación de la fiscala es la correcta; la de Peinado, extravagante.
El Supremo archiva lo que nace solo de recortes de prensa; otro juzgado admitió un escrito idéntico y ya va camino del banquillo.
Lo que revela el goteo de denuncias contra aforados
La Sala de lo Penal del Supremo recibió en 2024 más de 1.700 denuncias y querellas contra aforados, una cifra que crece cada año. La magistrada Ana Ferrer lo describió en un informe como un 'incesante ingreso' de escritos de actores políticos y grupos de presión con el afán de instrumentalizar la justicia.
No es un fenómeno nuevo. El Supremo ya rechazó en 2016 una querella de Manos Limpias contra dirigentes de Podemos por el llamado Informe Pisa, y en 2021 tumbó otra contra varios magistrados del Constitucional. En ambos casos pesó el mismo argumento: la mera publicación en medios no abre una causa penal.
Cuando el investigado es aforado, el camino es otro. La causa suele subir al Supremo mediante una exposición razonada, la vía por la que un juez inferior eleva un caso con aforados. Con Ábalos, el tribunal envió el suplicatorio al Congreso y abrió una causa que terminó con su condena a 24 años de cárcel el pasado 22 de junio.
En el caso de Ayuso, la pelota sigue en otro tejado. La jueza de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa Merlo, recibió el pasado 10 de agosto las denuncias de tres particulares y del PSOE contra el consejo de administración de Planifica Madrid. Ahora ha pedido un informe a la Fiscalía para decidir si es competente para investigar la compra.
Ese dictamen, y no el de la fiscala del Supremo, marcará el próximo movimiento. Si el Ministerio Público aprecia indicios de criminalidad, la causa podría abrirse en Madrid. Si no, el archivo quedará como la palabra final sobre las denuncias contra Ayuso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía del Supremo ha archivado las tres denuncias de particulares contra Ayuso por la compra de un ático de 6,3 millones al ver solo recortes de prensa.
- Por qué te importa: Marca el listón de pruebas que exige el Supremo a las denuncias contra aforados y aviva el debate sobre si la justicia actúa igual para todos.
- A quién afecta: A la presidenta madrileña, a la empresa pública Planifica Madrid y a cualquier cargo aforado denunciado sin más pruebas que una noticia.
- Hacia dónde vamos: La jueza de Madrid espera un informe de la Fiscalía para decidir si investiga la compra. Ese dictamen definirá el siguiente paso del caso.
