Mientras Madrid seguía pendiente de la zona de Retiro y el triste desahucio de la anciana de 87 años Maricarmen que ha conmocionado a sociedad y política española, a unos kilómetros de allí, en el Ensanche de Vallecas, se producía otro desalojo. El mismo miércoles 23 de septiembre, David Bonachera, de 52 años, y su hijo, de 21, fueron desahuciados de la vivienda en la que residían en la calle Mazaterón número 10. El de David y su hijo puede ser el primero de decenas de desahucios de esos pisos que eran de obra social y que se quedan sin protección tras el vencimiento de los contratos. La protesta vecinal no logró frenarlo.
Esas viviendas nacieron con otro propósito. Las tres promociones de Vallecas, Vicálvaro y Pinto se sortearon en 2005 entre personas con dificultades de acceso, para más tarde ser vendidas por InmoCaixa en octubre de 2025 a dos fondos. El de Pinto, a Farley ITG S.L; los de Vallecas y Vicálvaro, a Mosaic Propco S.L. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) calcula que son más de 500 familias las que, de la mano de PAH Vallekas, luchan por quedarse en sus casas tras la no renovación de sus contratos. Han llevado el asunto a los tribunales con una demanda judicial contra Caixabank por cláusulas abusivas y por especular con viviendas destinadas a fines sociales.
El conflicto viene de lejos. En marzo, los inquilinos denunciaron ante Telemadrid que la nueva propiedad les presionaba para marcharse, llegando a ofrecer 6.000 euros a cambio de marcharse de inmediato. Un portavoz de ambos fondos respondió entonces que los problemas se reducen a 14 viviendas de las decenas que gestionan en Madrid y Pinto. La salida que proponen los propietarios es la compra, pero a precios de venta por encima de los 250.000 euros que las familias no pueden pagar. La PAH Vallekas reparte responsabilidades entre La Caixa, los fondos, el Estado, que tiene el 18 % de las acciones de Caixabank, y el Ayuntamiento, que cedió suelo público para edificar algunas de estas promociones.
Y es que el caso de Maricarmen es solo uno de tantos. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que acompañó a Maricarmen hasta el último día, lleva meses recordando que el pasado febrero la mayoría del Congreso tumbó por segunda ocasión la moratoria de desahucios, lo que a su juicio reactivará miles de procedimientos. Este mes de septiembre, la Cámara tumbó la propuesta de vivienda contra los fondos de Sumar.
Tras el desalojo de Maricarmen, los sindicatos exigen al Gobierno que desbloquee de inmediato el RDL, mientras que entre sus reivindicaciones de fondo figuran la bajada de alquileres al 50 %, la expropiación de fondos y vivienda vacía, los contratos de alquiler indefinidos y el fin de todos los desahucios.
Desahucios y fondos buitre en bloques enteros de Lavapiés y Arganzuela
Ya os hemos contado en otras ocasiones el conflicto en Tribulete 7. El bloque de pisos de Lavapiés sigue siendo el símbolo de esta pelea. Poco más de una decena de familias resisten en este portal, todas al corriente de pago, y han empezado a recibir demandas individuales de desahucio mientras sigue abierta la querella colectiva contra Elix Rental Housing, la socimi propietaria, la primera por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión admitida a trámite. La abogada Alejandra Jacinto anunció que la defensa alegará prejudicialidad penal, un mecanismo jurídico por el cual el proceso penal paraliza el civil.
Pero la vía penal avanza despacio. En febrero declararon directivos y empleados de Elix, que negaron las acusaciones de acoso, y todavía faltan meses para conocer el desenlace. La empresa sostiene que las obras del edificio buscan mejorar la accesibilidad y reforzar la estructura, y asegura que han llegado a acuerdos con una treintena de vecinos. Preguntada por las demandas, se limitó a responder que no hablará hasta que el procedimiento esté cerrado.
A menos de dos kilómetros, en Arganzuela, los vecinos de General Lacy 22 vivieron su primera cita judicial el pasado 16 de septiembre. Ese día, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid vio la demanda de la propiedad contra Blanca, una inquilina que lleva 26 años en el edificio. Es el primer juicio por la salida de uno de los vecinos, pero en el bloque quedan actualmente 33 familias que temen seguir el mismo camino a medida que venzan sus contratos. Según Somos Madrid, la finca, vinculada a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quedó canalizada a través de sociedades como FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L.
Contaban el caso de Blanca, donde una gotera dejó su cocina inutilizada durante meses y, antes del juicio, recibió una propuesta que consideró inasumible. La documentación que recibió planteaba abandonar la vivienda y pagar una cantidad de alrededor de 6.000 euros para evitar la demanda. Los residentes también denuncian la reciente instalación de 14 cámaras de seguridad en las zonas comunes del edificio, que interpretan como una forma de intimidación. El Sindicato de Inquilinas sostiene que el objetivo es transformarlo en alquiler de temporada, para supuestos "nómadas digitales".
Lo más curioso de todo es que tampoco es un caso aislado dentro del mismo patrimonio. En julio de 2025, los vecinos de General Lacy acudieron al Ministerio de Consumo junto a los de Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8, propiedad de los mismos caseros. Entre los tres edificios sumaban entonces, según sus portavoces, más de 100 familias a las que pretenden expulsar de golpe.
La venta de miles de pisos de Blackstone y Azora
Pero los fondos buitre actúan en múltiples lugares de la capital, y otro ejemplo es el de los vecinos que residen en viviendas de los fondos de inversión Nestar-Azora, el tercer casero de España, y Fidere/Testa (Blackstone). Estos lanzaron en febrero una campaña para frenar la venta de más de 17.000 inmuebles, y piden que el Gobierno los recupere a través de Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda. El sindicato pone como ejemplo las 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid, bajo el gobierno de Ana Botella, entregó a Blackstone en 2013 por apenas 68.000 euros cada una.
La operación de salida ya se ha puesto en funcionamiento porque Idealista informó en febrero de que Brookfield negociaba con Blackstone la compra de Fidere, una Socimi residencial con unas 5.300 viviendas en alquiler, en una operación cercana a los 1.200 millones de euros. Los inquilinos de más de treinta bloques entregaron cientos de cartas en el Ministerio de Vivienda para pedir que sus casas pasen al parque público. A su vez, las inquilinas de Nestar-Azora mantienen desde hace más de un año una huelga parcial de alquileres para denunciar cláusulas abusivas, como el cobro de IBI, comunidad y otros gastos que no les corresponden.
Sea como fuere, no todos los conflictos han terminado con las familias en la calle, y el propio movimiento inquilino recurre a sus antecedentes para sostener que resistir sirve. En 2021, tras años de presión y más de 100 hogares organizados en la campaña #NosQuedamos, el Sindicato de Inquilinas forzó a Blackstone a firmar la mayor negociación colectiva del país. El resultado fueron más de 80 nuevos contratos de alquiler sin subidas abusivas, por 7 años y 3 prorrogables. Algo parecido ocurrió en Vallecas con la socimi Vivenio, donde, junto a la PAH Vallekas, más de 100 familias pudieron firmar contratos nuevos sin subidas.
En Lavapiés, los vecinos de Santa Ana 8 plantaron cara al fondo Ares y lograron quedarse dos años más tras el fin de sus contratos o cobrar indemnizaciones equivalentes. En los tribunales, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid declaró en julio de 2025 abusivas seis de las siete cláusulas denunciadas contra Nestar-Azora, y los vecinos de Martín Muñoz de las Posadas 7 recibieron indemnizaciones de hasta 20.000 euros. Esos acuerdos, sin embargo, no han evitado otros desenlaces como los de Maricarmen y David, ejecutados ambos este mismo miércoles en Madrid.
