Si eres una de las más de un millón de personas que han pedido la regularización extraordinaria en España, esta medianoche se acaba el plazo. Te contamos qué ha pasado y por qué miles de solicitudes corren el riesgo de quedarse fuera.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a más de un millón de personas migrantes en situación irregular, con un efecto directo en sus derechos laborales, en el mercado de trabajo y en las administraciones públicas que tendrán que tramitar la avalancha de peticiones.
El plazo se cierra hoy a medianoche con más de un millón de solicitudes
La regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno llegó a su recta final. Cuando el reloj marque las 23:59 horas de este 30 de junio, terminará la ventana para presentar las solicitudes. Los datos provisionales superan ya el millón de peticiones, muy por encima de las 750.000 que esperaba el Ejecutivo. De todas ellas, el Gobierno calcula que aceptará alrededor de medio millón.
La cifra extra no sorprende a las organizaciones que impulsaron la medida. Siempre es difícil calcular cuántas personas viven en España sin papeles. Las largas colas de las primeras semanas se han ido disipando, pero colectivos como Regularización YA mantuvieron dispositivos de ayuda hasta el último minuto. “Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, resume Victoria Columba, portavoz de la plataforma.
Las trabas que están dejando fuera a miles de personas
El camino hasta apretar el botón de ‘enviar’ no ha sido fácil. Los propios impulsores de la regularización reconocen que muchas personas se han topado con muros burocráticos inesperados. El más sonado: la exigencia del informe de vulnerabilidad, un trámite que los servicios sociales no siempre han emitido a tiempo y que ha retrasado los expedientes más de un mes, según Columba. A eso se han sumado los problemas para legalizar los antecedentes penales desde determinados países.
Los consulados españoles en Argelia, Cuba, China o Haití no han dado respuesta con la agilidad necesaria. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, explica que ha dejado para el último día los nueve expedientes de ciudadanos argelinos que lleva. La razón es técnica: el Convenio de la Haya no está en vigor para Argelia hasta el 9 de julio, así que han usado una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes, esperando añadir el certificado después.
No todos los afectados han contado con asesoría legal o el apoyo de una ONG. El movimiento Regularización YA teme que “mucha gente” haya desistido. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, pero tememos que las rechacen”, lamenta Columba.
La historia de Miriam refleja otro perfil vulnerable. Trabajadora interna en una casa de Madrid, no pudo hacer los trámites hasta el último fin de semana porque sus empleadores no le dieron permiso y uno de los ancianos a su cargo enfermó. El sábado acudió a la sede de SEDOAC para obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar su petición. “Si consigo los papeles, ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas”, contaba mientras esperaba.
¿Y ahora qué? La batalla de las citas de huellas y el futuro del proceso
Una vez cerrada la admisión de solicitudes, la Administración tiene tres meses para estudiarlas desde que las admite a trámite. Si la resolución es favorable, los beneficiarios deberán pedir la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), un paso que ya está generando cuellos de botella. Conseguir cita para la toma de huellas en comisarías se ha convertido en una carrera de obstáculos. El sindicato Comisiones Obreras reclamó ayer mismo al Ministerio del Interior que refuerce los recursos de la Policía Nacional ante la previsible avalancha.
Este no es el primer proceso masivo de regularización en España. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió un procedimiento extraordinario que recibió más de 700.000 solicitudes. Entonces, como ahora, los retrasos en la emisión de las tarjetas y las citas policiales fueron la principal queja. Ahora, el factor digital agiliza la presentación pero también genera nuevos tapones: la plataforma Mercurio, donde se suben los expedientes, ha sufrido interrupciones puntuales.
Más de un millón de personas han logrado presentar su solicitud, pero otras miles se quedan fuera por un sistema que no ha respondido a tiempo.
Mientras las organizaciones celebran el hito de haber forzado un proceso de esta envergadura durante un Gobierno con apoyos frágiles, ya miran al siguiente escollo. “Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite”, vaticina Columba. El foco se traslada ahora del último clic de la medianoche a la capacidad de la Administración para cumplir los plazos y no convertir la segunda fase en un nuevo calvario.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Esta medianoche finaliza el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes. Se han presentado más de un millón de solicitudes, muy por encima de las 750.000 previstas.
- Por qué te importa: Afecta directamente a la vida de cientos de miles de personas que podrán acceder a empleo legal, derechos sociales y una residencia estable. También influye en sectores económicos que dependen de su trabajo.
- A quién afecta: A los más de un millón de solicitantes, a sus empleadores, a las ONG que los han acompañado y a las administraciones que deberán tramitar las peticiones y emitir las tarjetas de identidad.
- Hacia dónde vamos: En los próximos tres meses se resolverán las solicitudes. El cuello de botella puede trasladarse ahora a las citas para la toma de huellas en las comisarías, donde ya se reclaman más recursos.
