La noticia sobre los planes del Rey emérito Juan Carlos I de crear una fundación en Abu Dhabi junto a sus hijas ha generado una gran polémica en España. Diversos portavoces políticos han calificado esta maniobra como "absolutamente inaceptable" e incluso han sugerido que podría justificar la derogación del decreto que le concedió el título de emérito.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha sido uno de los más críticos con esta iniciativa. Ha manifestado que con el emérito "llueve sobre mojado" y que esta maniobra es un "insulto" a la ciudadanía española. Urtasun ha cuestionado que Juan Carlos siga paseándose por España "sin haber dado ningún tipo de explicaciones" sobre sus presuntas irregularidades y ha exigido que comparezca ante la opinión pública para "rendir cuentas de todo lo que ha hecho".
La Creación de la Fundación en Abu Dhabi
Según la información disponible, la fundación que el Rey emérito planea crear en Abu Dhabi tendría como objetivo, además de promover sus casi cuatro décadas de reinado, facilitar la transferencia de su herencia a las infantas Elena y Sofía. Gerardo Pisarello, diputado del grupo plurinacional y dirigente de los 'comunes', ha calificado esta maniobra como una "desfachatez".
Pisarello ha señalado que "Juan Carlos I cambió su residencia fiscal a un régimen teocrático y acaba de montar una sociedad para dejar una fortuna a sus hijas evadiendo impuestos". En su opinión, este movimiento "justificaría la derogación fulminante del decreto aprobado, tras su abdicación, por el Gobierno del PP que otorgó a este señor título y honores de rey.
Llamado a la Rendición de Cuentas
La creación de esta fundación en Abu Dhabi ha sido interpretada por los críticos como un intento de Juan Carlos I de evadir impuestos y mantener el control sobre su patrimonio, incluso después de su abdicación. Urtasun ha señalado que esta maniobra es un "insulto" a la ciudadanía española y ha exigido que el emérito comparezca ante la opinión pública para "rendir cuentas de todo lo que ha hecho".
Pisarello, por su parte, ha sido aún más contundente al calificar esta iniciativa como una "desfachatez" que, en su opinión, justificaría la derogación del decreto que le otorgó el título de emérito. Esta posición refleja la creciente presión política y social para que Juan Carlos I asuma responsabilidades por sus acciones pasadas y rinda cuentas a la ciudadanía española.
