La compra de mascarillas sacudió el Partido Popular hasta el punto de que su presidente, Pablo Casado, se vio obligado a dimitir, tras acusar a Isabel Díaz Ayuso de haber favorecido a su hermano y haberle pagado una comisión de casi 300.000 euros. El asunto todavía colea en el Parlamento Regional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido de nuevo que se hizo «todo legal» en la compra de mascarillas durante la pandemia y ha censurado que Unidas Podemos ataque a «empresas honradas» con tal de hacer daño al Ejecutivo autonómico.
«Me han llevado en casi 20 ocasiones a tribunales y no lo han aceptado. Están llevando insidias a los juzgados para dañar al Gobierno«, ha lanzado la presidenta durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid al ser preguntada por la portavoz adjunta de Unidas Podemos Alejandra Jacinto por si la compra de material sanitario con fondos europeos fue legal.
Ayuso ha detallado que en los meses «más difíciles» de la pandemia se hicieron más de 5.000 contratos con distintas empresas a las que se están utilizando para «hacer daño» cuando lo que hicieron fue «traer mascarillas» cuando los mercados estaban «bloqueados» y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no «trajo ni una».
«Hicimos todo legal y si quieren hablamos de otra de sus artimañas fracasadas», ha insistido Ayuso, quien ha afeado a la izquierda que cuando se archivan las denuncias contra ella «se cambie de tema» y no pregunten por «las siete empresas» investigadas que son «sus colegas». «La Fiscalía española investiga la corrupción de la izquierda y nos da la razón todo el rato«, ha concluido Ayuso.
