Una gestora, conformada por una nueva ejecutiva, regirá la Unión General de Trabajadores (UGT) de la Comunidad de Madrid hasta la celebración del próximo congreso autonómico, y colaborando con la Policía y la Justicia para investigar hasta el final la supuesta trata de corrupción denunciada, han indicado fuentes sindicales.
Liderará esa gestora Rafael Espartero, vicesecretario general de UGT estatal y policía municipal de Madrid, al que acompañarían otros miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid.
Hace unos días el secretario general de la Unión de Madrid, Luis Miguel López Reillo, presentó una denuncia en comisaría y, hoy mismo, ampliando los hechos la Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por Delitos Económicos, por una presunta estafa ejercida contra el sindicato.
«Aunque la cuantía está aún por determinar, en esta trama, presuntamente pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al mismo», tal y como ha explicado el sindicato en una nota interna. El secretario general de UGT Madrid en su escrito de renuncia expone que dimite para facilitar las investigaciones existentes.
Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la Comisión Ejecutiva Confederal y la Unión de Madrid de la UGT, han indicado las mismas fuentes.
De momento, según la información conocida por ellos, «no existe ningún trabajador externo afectado por esta trama al que no se le haya pagado lo que legalmente le corresponde por resolución judicial». «En consecuencia, no existen demandas de trabajadores contra UGT. La afectada por la estafa sería la propia organización», recalcan.
«La CEC de UGT, las federaciones y la Comisión gestora están actuando internamente para esclarecer los hechos, pondrá en manos del juzgado todas las pruebas de que dispone contra esta trama y trabaja para continuar dando la respuesta sindical debida en la Comunidad de Madrid», aseguran.
LA PRESUNTA TRAMA
Fue el ya exsecretario regional, Luis Miguel López Reillo, el que primero denunció en comisaría el presunto caso de corrupción descubierto en el interior de UGT Madrid. Luego dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», explicando en redes sociales que proseguirán «las investigaciones policiales para esclarecer los hechos» y, según el sindicato, para «facilitar las investigaciones existentes».
Luis Miguel López Reillo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en su XIV congreso. Revalidó su cargo en marco por un período de cuatro años con el 96,16% de los votos emitidos por los delegados de la región, ya que no tuvo contrincante.
Lideraba una candidatura única y 176 delegados votaron a favor de la comisión ejecutiva encabezada por él hasta este lunes secretario general, de 183 votos totales, con seis votos en blanco y uno nulo. Afirmó que iba a ser su último mandato.
Reillo presentó hace diez días una denuncia a la Policía Judicial con indicios, aunque sin documentación relevante, de un presunto desvío irregular de dinero público que recibe UGT, como otros sindicatos del Ministerio de Trabajo, para gestionar pagar a los trabajadores acogidos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han confirmado fuentes policiales.
Según ha detallado el diario ‘El Mundo’, el desvío de dinero público se habría situado entre el millón y los dos millones de euros. Y apuntan que en el entramado ‘mafioso’ se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos. Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.
El hasta ahora dirigente de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado «descuadres y descontrol absoluto» en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.
