El Gobierno Vasco ha considerado, tras denegar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco su autorización para poder exigir el ‘pasaporte covid’ como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y determinados restaurantes, que, a Euskadi «se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia», por lo que ha mostrado su «sorpresa e incomprensión» ante la decisión del tribunal, aunque no la recurrirá.
Tras la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la solicitud del Ejecutivo para exigir el uso del certificado covid de la UE, el Gobierno Vasco muestra «sorpresa e incomprensión» porque, además de «opiniones previas conocidas del propio sistema judicial», medidas que en otras comunidades autónomas «se dan por buenas», en Euskadi «se considera que vulneran derechos fundamentales».
Desde el Gobierno Vasco han apuntado que el Tribunal dice que su función «no consiste en aplicar criterios científicos, técnicos, ni médicos», y es por eso que exige, «a diferencia de posicionamientos anteriores», que los informes se «deben aportar en términos inteligibles y deben justificar por razones médicas y epidemiológicas la limitación de derechos fundamentales».
«Esto es precisamente lo que ha hecho el Gobierno Vasco, que es el competente en la aplicación de criterios científicos y médicos: poner en evidencia el riesgo que la extensión de la pandemia supone y proponer las medidas necesarias para su contención», ha remarcado.
El Ejecutivo vasco ha señalado que los derechos que, en opinión del Tribunal, se «vulneran», son «los de igualdad e intimidad; el de reunión; el de la libertad ambulatoria; las libertades de expresión; y creación artística y libre desarrollo de la personalidad, estos últimos relacionados con los karaokes». Para el Gobierno Vasco, «cualquier persona vacunada, o cualquiera que sin estarlo disponga de una prueba PCR negativa reciente tiene garantizados esos derechos».
Con respecto a la «creciente» tasa de incidencia acumulada, el Tribunal considera que no debe aplicarse la medida de manera uniforme en toda Euskadi. Desde el Gobierno Vasco, se entiende que «en una comunidad con alta densidad de población y con un alto grado de movilidad como la de Euskadi, la naturaleza de las medidas propuestas debe aplicarse de manera uniforme para que sean efectivas». Además, ha remarcado que, en audiencia previa con los sectores afectados «se compartió este aspecto».
En lo que se refiere a la «creciente presión» del sistema sanitario (hospitalizaciones y UCI), el tribunal se acoge a que el indicador en estos momentos «no es tan grave como en otras ocasiones». «Ciertamente ahora mismo no lo es; lo que se trata de evitar es que aumente esa presión pudiendo llegar a comprometer el sistema», ha advertido el Ejecutivo vasco.
Con respecto a la vacunación, el Tribunal recuerda que, con un 90% de población diana vacunada, las consecuencias para la salud se han visto, «efectivamente», reducidas en intensidad y peligro. Pero el Gobierno Vasco había previsto esas medidas, precisamente, «para evitar que el 10% no condicione al 90% de la población», según ha precisado.
El Gobierno Vasco tampoco encuentra sentido a que no se deba exigir certificado covid en determinados establecimientos «solo porque al personal o a los menores de 12 años no se les pueda exigir tal documento».
En este contexto, el Gobierno Vasco considera que, a diferencia de otros Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, a Euskadi «se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia».
Según ha advertido, Euskadi «no puede esperar para tomar medidas de este calado a que siga creciendo los niveles que pongan en riesgo el cuidado de la salud de la ciudadanía vasca, con una alta presión sobre los hospitales y las UCI, y con la cifra de personas fallecidas creciendo».
Gobierno Vasco ha defendido que «las medidas se deben tomar antes» y ha asegurado que «ése era el objetivo de la solicitud realizada al TSJPV, como así lo ha sido desde el 13 de marzo de 2020 al adoptar la Declaración de Emergencia Sanitaria y todas las medidas propuestas y adoptadas desde entonces».
Por último, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno Vasco «no judicializará esta cuestión, no presentará recurso a este auto». «Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia», ha concluido.
